DELINQUEN LAS PERSONAS NO LAS INSTITUCIONES

Los colombianos no salimos aún del horror que nos causó  el grave y aberrante delito de abuso carnal violento que rechazamos por completo,  cometido en la joven niña indígena con tan solo escasos doce o quizás trece años de edad, perteneciente  a la comunidad  embera katio,  cometido por seis soldados regulares que prestaban servicio militar obligatorio que contó con un cómplice, todos los cuales en la diligencia de imputación adelantada por la fiscalía  el pasado 25 de junio, aceptaron los cargos por los gravísimos hechos ocurridos el 22 de este mismo  mes.  

El Fiscal General Francisco Barbosa, presurosamente convocó desde la ciudad de Cali, una improvisada rueda de prensa para dar a conocer el exitoso trabajo investigativo en tiempo record de la entidad a su cargo. Bien reza el dicho que de las carreras solo queda el cansancio y enterados los colombianos de la diligencia de imputación a los siete soldados, no se hizo esperar el rechazo por la conducta imputada como fuera el de acceso carnal abusivo, cuando se trató según el relato conocido de un acceso carnal violento. Llegar a indicar que fue lo primero, es por completo cuestionable, en consideración a que una niña de escasos 12 o 13 años, ante un ataque miserable no puede ser de recibo que haya expresado o consentido en el acto sexual cometido. La celeridad de esta actuación, confiemos no sea mañana sorprendida con la instauración de una nulidad que se impetre por falta de asesoría o defensa técnica por quien (es) fungiera (n) como apoderado (s) de los autores del hecho.

Cierta doble moral que aqueja a los colombianos, que se desgarran con prontitud sus vestiduras y se oponían al proyecto de cadena perpetua, a la par que otros medios periodísticos se dieron a la tarea de difundir la desgarradora noticia, más en ánimo de amarillismo y conseguir audiencia que realmente en ahondar en las causas que motivaron tan deplorable hecho. Los que más se oponían en el Congreso de la Republica a esa condena para violadores, fueron los primeros en salir a exigir su aplicación para los soldados en cuestión. Pero su señalamiento no quedó en eso, atrevidamente señalaban al Ejército como responsable e incluso, algún medio nacional, dejaban saber que el hecho ocurrió en una instalación militar en el departamento de Risaralda, aunque la declaración de un familiar informó que la niña la encontraron en una escuela al amanecer de aquella noche infernal.       

La noticia desgarradora impactó al señor Presidente de la República quien más como padre de familia que como Jefe de Estado, dolido por lo ocurrido anunció que los soldados que cometieron el acto, “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos lo haremos”. Muy desafortunada declaración ya que el acto legislativo ni siquiera en ese momento había sido sancionado y promulgado. Tampoco entra a regir de inmediato toda vez que se requerirá de una ley que lo reglamente. Bajo ninguna circunstancia es aplicable esa posible condena a cadena perpetua.

Este hecho es politizado y utilizado, entre otros, por los senadores Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y la representante Aída Avella. El primero por un twitter de la Dra. María Fernanda Cabal quien debió documentar más el tema pero que ya borró, lanzó toda clase de insinuaciones a manera de fábula o mejor dicho camuflado de fábula para querer decir lo que la senadora no dijo; mientras que el segundo atrevidamente señaló en su cuenta de Twitter que “Colombia debería parar un día ante la brutalidad del estado en contra de la niñez en nuestro país”. Por su parte, la representante Avella, le preguntaba al Sr Ministro de Defensa ¿Qué clase de formación les dan? Estos mensajes e invitaciones son por completo desafortunados, oportunistas y se aprovechan de la desgracia y el dolor ajeno para hacer populismo mediático. Todo acto criminal es obra de personas no de instituciones. Calumniar de esa forma al estado como lo hace Petro, en su estilo  guerrerista, afrenta las instituciones democráticas y es un mensaje no subliminal sino directo a desistitucionalizarlas.  

El estado nunca será responsable por la conducta abusiva de las personas sean civiles, policías, soldados, sacerdotes, políticos, actores, en fin, de cualquier profesión liberal. En materia criminal toda conducta es individual y no colectiva. No se puede caer en la trampa de las irresponsables generalizaciones. Culpar al Ejército o a las FFMM es por completo desafortunado. Quienes cometieron ese delito, son jóvenes, soldados regulares, que prestaban el servicio militar obligatorio, no son ni sub oficiales ni oficiales de carrera; son personas que acorde con los mandatos legales prestaban el servicio militar para conseguir su libreta, no ingresaron voluntariamente lo hacer por ser obligatorio, su equivocada formación ya venía con ellos por falta de educación en valores y principios. El servicio militar no es ni será para suplir la función formativa de los padres; nunca se puede pensar como equivocadamente se cree que el Ejercito sea un reformatorio. 

Si de encontrar culpables se tratara, debemos ir a los orígenes de la falta de educación en principio y valores desde la infancia en los hogares colombianos. Cuando por fuerza de la pandemia hemos regresado a la casa alejados del ajetreo laboral y social, echamos de menos y recordamos la importancia del diálogo formativo en los hogares; en un país católico por mayoría como es Colombia, se aprecia también el alejamiento de Dios. No hay respeto. Al no haberlo y no forjar el carácter de los jóvenes en ese respeto a los valores, principios y tradiciones no se extraña que algunos desadaptados incurran en actos por completo demenciales que ya les marcó de por vida su existencia.

Bogotá D.C., junio 26 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

DOLOR DE PATRIA

Termina la semana con difusión en la red el maltrato animal que cuatro soldados que prestaban servicio militar con crueldad matan una perrita al lanzarla al vacío desde una edificación en construcción; acto por completo rechazable que condenamos y debe ser objeto de sanción, pero no comprendemos al tiempo que se dio este hecho, el asesinato aleve de seis soldados profesionales  y ocho gravemente heridos en Puerto Lozada, zona rural de la Macarena (Meta), no haya sido tendencia ni generara una reacción y condena por acto execrable de lesa humanidad. 

Trataron infructuosamente algunos medios de encontrar responsables donde no los había, queriendo dejar saber que había sido dados de baja en operaciones mal planificadas o que habían sido emboscados. No hay derecho que un acto criminal de esa barbarie, no sea previamente confirmado en las fuentes y que dieran real cuenta de lo ocurrido.

Los soldados profesionales: JUAN GABRIEL SEVILLANO GRUESO,  JUAN PABLO TITISTAR LOPEZ, JHON MANUEL VALENCIA COSTÉS, YORLIN VALENCIA ANGULO,  YEISON DAVID VALENCIA VALENCIA y NICOLÁS VARGAS MEJÍA (Q,E,P.D.n), pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano,  luego de cumplir el pasado miércoles  17 de junio  una labor, contraria al claro precepto constitucional, desempeñaban labores de erradicación manual de matas de coca,  misión para la cual nunca se prepararon, ni es la razón de ser de los soldados profesionales, fueron a su descanso y en la profundidad de su sueño, en la plena oscuridad de la noche fueron atacados por columnas guerrilleras de las mal llamadas disidencias de las FARC, dirigidas por alias ‘Álvaro Boyaco’, con un desenlace fatal provocándoles su muerte, en un acto que es y será siempre un genocidio o crimen de lesa humanidad.

Embarga el alma presenciar el video cuando los cuerpos de los gloriosos soldados profesionales se embarcan en el avión que los llevará a su última morada que impone obligada reflexión a la sociedad civil colombiana del ¿porqué no alzamos un grito profundo de defensa de las FFMM y de rechazo contundente a las mal llamadas disidencias de las FARC que los sacrificaron? 

La vida humana es invaluable, cegarla  con sevicia en medio del sueño es propio de cobardes; tanto les temían que por eso les sacrificaron a mansalva. Ellos, hoy mártires y héroes por siempre, seguro cuando partían a operaciones especiales para las cuales se preparaban siempre se encomendaban al Dios misericordioso y hacían suyas las palabras de todo soldado combatiente, más si es profesional, quienes juran defender la Patria y quienes siempre “suelen pedir a Dios antes de cada operación, dos cosas: la victoria y el regreso. Pero si sólo ha de concederles una, que sea la victoria, y la victoria es el Cielo”. Lo consiguieron, pero no en medio de operaciones militares sino por un ataque aleve y medroso.

El mando militar esta en mora de exigir respeto y acatamiento a puntual disposición constitucional (Art. 217 CN) que sin asomo de duda precisa el papel a desempeñar por las FFMM que nunca será erradicar cultivos ilícitos. El no cumplir claro mandato constitucional les hace a los altos mandos militares actuales y pasados, verles como “silenciosos cómplices” de esta desgracia y otras tantas que causan los narcotraficantes, que es en lo que realmente se volvieron los subversivos.  No se dude, los llamados a erradicar esos cultivos de coca, de no abrirse paso la aspersión aérea con Glifosato que tanto obstaculiza la Corte Constitucional, son los desmovilizados de las FARC que las sembraron y así se contempla en el    Acuerdo de la Habana como estrategia de reparación a la par del desminado.  

Bogotá, D.C. junio 20 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

A nuestros gloriosos soldados

A nuestros gloriosos soldados profesionales mártires sacrificados a mansalva en labores ajenas al objetivo de nuestras FFMM en la región de la Macarena, nos solidarizamos con su prematura partida que descansen en Paz. A los asesinos que los mataron a mansalva haremos que paguen ante la justicia; no más alcahuetería con esos crimínales de las Farc

CONDUCTA REPROCHABLE DE UN PATRULLERO.

No era imaginable, pero en nuestro macondo colombiano acaba de acontecer. En un operativo de desalojo a invasores, que ocuparon un predio en una región al sur de Cali, concretamente en el municipio de Pance, el patrullero Ángel Zúñiga Valencia se reveló y resistió a participar en un desalojo decretado por el Corregidor; procedimiento que le antecedió el agotamiento de dispendioso trámite iniciado en noviembre de 2018, que tuvo que ser suspendido por parte del Mayor de la Policía y el Corregidor para impedir una posible asonada. Posteriormente, se cumplió como ha debido ser, el desalojo.  

Sea lo primero indicar que la forma como se dio el hecho deja pensar que todo fue calculado por el patrullero en cuestión que incluso si se aceptara en gracia de discusión que fue espontáneo, siempre habrá la duda de la forma como procedió, al mejor estilo de adoctrinamiento, tuvo cuidado en hacer su declaración pública ante una cámara, anticipando lo que podría acontecerle por su grave conducta de incumplir sus deberes como servidor público.

En muchos lugares del territorio nacional y en especial en zonas apartadas los anales judiciales dan cuenta de la existencia de carteles u organizaciones que invaden predios para hacerse a ellos en detrimento de los legítimos derechos de los propietarios. Si las acciones policivas inmediatas no se agotan casi concomitante con el hecho, les corresponde a los dueños adelantar ante la justicia ordinaria dispendioso trámite para recuperar su predio.

Esto es lo que pasó en Pance y ya el propietario después de larga lucha jurídica consiguió la orden de desalojo que de buenas a primeras este patrullero, con sentimientos de dolor que parecen más bien de manipulación, se opuso a cumplir clara orden judicial, entorpeciendo una diligencia legítima que le hace incurrir en una conducta sancionable, amén del incumplimiento de sus obligaciones y deberes de patrullero de la policía.

Este hecho aislado de buenas a primeras en la estrategia desestabilizadora, es exaltado por el siempre cuestionado expresidente Samper y por el grueso de congresistas de la bancada  Alternativa que no solo aplauden el gesto del patrullero,  sino que llegaron al ridículo de proponer que sea condecorado, y cometen el atrevimiento de indicar en su proposición, que  el patrullero Zúñiga  ¨… antepuso los derechos fundamentales  del pueblo, que juró defender al cumplimiento de una orden injusta por parte de sus superiores , poniendo en riesgo su propia investidura”.

Se nota la ligereza de los congresistas firmantes, aquí no se impartió orden de los superiores, se emitió una decisión judicial que en desarrollo de su labor la policía debe acompañar el procedimiento. Quien expidió la orden, luego de agotarse un proceso de dos años, fue el Corregidor que para el caso se asimila a un Juez de la República y la propuesta en mención es francamente violatoria de la ley, que permite inferir que es viable desconocer una orden judicial cuando sabido es que esa conducta es delictiva.

Estas situaciones de apoyos solidarios tipo espectáculo son de un riesgo inmenso para el normal desenvolvimiento de la sociedad en su acontecer diario. Con esta absurda clase de justificaciones que rayan en el otorgamiento de premios por no respetar decisiones judiciales y deberes y obligaciones, se abre un boquete de consecuencias impredecibles. Razón tenían nuestros mayores cuando acuñaron célebre frase de dominio popular “¡Aquí las ordenes se cumplen o la milicia se acaba!”.

Cuando por efectos de la pandemia se conocen movimientos que destruyen la propiedad y la historia, como ocurrió gravemente en Chile y acontece ahora en algunos territorios de los Estados Unidos, que ya lo aprovecha el senador Cepeda para hacen un llamado peligroso y destructivo cuando indica en sus cuentas de twitter “…. Espero que en Colombia también acabemos pronto con estatuas e íconos de conquistadores y políticos esclavitas y mafiosos”. 

Grave esa incendiaria manifestación. No debemos jamás permitir que la historia se destruya y menos no olvidar que todos derechos de los ciudadanos se deben respetar como lo dispone la Constitución Política. A la policía y sus servidores debemos por siempre recordarles la ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional que contempla con claridad la finalidad de la ella, así: 

ARTÍCULO 1°Reglamentado por el Decreto Nacional 1028 de 1994. Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos”.

Bogotá, D.C. junio 11 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

¿Uribe sospechoso de espionaje?

Autor: Eduardo Mackenzie

9 junio de 2020 – 12:02 AM

Lo que insinúa el cable de la AFP es que ese tribunal quiere investigar al expresidente por puro capricho, pues carece de motivos y de pruebas para hacer eso.

Álvaro Uribe Archivo EL MUNDO

¿Álvaro Uribe Vélez sería un “espía”? ¿De quién, para qué, cómo, cuándo?

Un grupo de jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de hacer un anuncio: que abrirá una indagación preliminar “contra el expresidente Álvaro Uribe”. Esa afirmación tuvo un rápido impacto en Europa. Dos diarios importantes, Le Figaro, de París, y La Tribune, de Ginebra, basados en un cable de la AFP, lanzaron la noticia e inventaron un titular grotesco: “L’ancien président Álvaro Uribe soupçonné d’espionnage” (1).

Uribe es pues mostrado en el Viejo continente, gracias a la proclama de la CSJ, como un “espía” sin que las embajadas de Colombia en esos dos países se tomen la molestia de abrir la boca para rechazar ese titular difamatorio.

¿Álvaro Uribe Vélez sería un “espía”? ¿De quién, para qué, cómo, cuándo? No se sabe nada. Nada de nada. El cable de la AFP no utiliza siquiera esa palabra. Sin embargo, los dos diarios crearon esa imagen. En Bogotá, los enemigos de Uribe deben estar contentos. Sin embargo, el despacho de la AFP dice algo que muestra el absurdo de esa acusación: “Si las pruebas son encontradas, la Corte Suprema puede lanzar un proceso penal contra el ex jefe de Estado”.

Ese es el punto central: la CSJ se embarca en una nueva “investigación” contra Álvaro Uribe sin tener pruebas ni indicios. Lo que insinúa el cable de la AFP es que ese tribunal quiere investigar al expresidente por puro capricho, pues carece de motivos y de pruebas para hacer eso. Ya puede uno imaginar la contrademanda penal del abogado del expresidente contra los instigadores de esa “investigación”.

La CSJ, según la prensa, presenta así la cosa: que abrirá esa investigación pues una magistrada recibió en su oficina “un [texto] anónimo”. Un anónimo. Es decir, un papel sin firma, sin nombre de autor. Un papel en el que alguien dice que “los perfilamientos presuntamente ilegales que realizaba un sector del Ejército a periodistas, congresistas y opositores en 2019 [acusación no comprobada ni sancionada judicialmente], terminaron en manos del expresidente Álvaro Uribe”. Ese detalle del anónimo la AFP parece haberlo omitido. ¿Por qué?

El expresidente Uribe, en todo caso, niega categóricamente toda esa historia.

La conclusión de algunos es que estamos, de nuevo, ante un capítulo más de la turbia guerra de guerrillas que adelanta esa Corte, desde hace años, infructuosamente, contra el expresidente Uribe. Pero esa vieja querella, esa vieja campaña de hostigamiento judicial que dirige esa oficina judicial no es conocida en Europa. El lector corriente ve ese titular y queda con la idea de que acaban de descubrir en Colombia que un expresidente está ligado a un affaire de espionaje.

Ese lector estas lejos de saber que esa misma Corte es uno de los organismos de justicia más extravagantes y desprestigiados de Colombia.

Wikipedia habla en los siguientes términos de la famosa Corte Suprema de Justicia de Colombia: “El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales con funciones de vigilancia, cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal. Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones.”

La “Enciclopedia libre” continua: “Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anti-Corrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como ‘Yayo’, y Leonardo Pinilla, también conocido como ‘El Porcino’– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.”

El diario El Tiempo, de Bogotá, fue aún más preciso. El 7 de junio de 2018 escribió: “La Fiscalía señaló que magistrados del más alto nivel (Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez) promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, extraditado el mayo pasado a Estados Unidos; el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández.” Antes de rematar así: “Esta organización a la que se llamó el ‘cartel de la toga’ estaba ‘dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal’ y ‘manejar los procesos’ a cambio de jugosas sumas de dinero.”

La CSJ, desde entonces, hizo retoques a su nómina de magistrados pero no ha sufrido la remodelación a fondo que el país esperaba. Por eso siguen los escándalos sobre la cuestionable ética de algunos de sus miembros. El caso más reciente es el de Hugo Quintero Bernate, cooptado (de manera opaca) en febrero pasado. Quintero profesa públicamente una violenta hostilidad contra el expresidente Álvaro Uribe y anuncia que no se desistirá en los asuntos de la sala penal que tengan que ver con el exjefe de Estado. El portal Web El Expediente estima quela cooptación de Quintero “mostró que llegó a la Sala Penal de la Corte a participar en la manguala contra la cabeza del [partido] Centro Democrático”. Quintero, en efecto, actuó en procesos contra personas cercanas al expresidente Uribe, como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, y durante mucho tiempo se dedicó a insultar y a difamar al expresidente desde las redes sociales.

La CSJ agravó su caso ante la opinión pública cuando dejó escapar, en mayo de 2019, a Jesús Santrich, un narcotraficante internacional, capo de las Farc, pedido en extradición por los Estados Unidos.

Ese es el organismo judicial que quiere la muerte política del expresidente Uribe. Este, durante sus dos gobiernos (2002-2010), desbarató a las Farc, desmovilizó a los paramilitares de extrema derecha y desmanteló varios carteles de la droga.

Con la ayuda del “cartel de la toga” y la connivencia del expresidente Juan Manuel Santos y de su fiscal de bolsillo, de esa época, Eduardo Montealegre, la CSJ intensificó la cacería de brujas contra Uribe y llegó hasta a atacar y poner en la cárcel injustamente a miembros de la familia del expresidente, como su hermano Santiago Uribe y a su primo Mario Uribe y a uno de sus exministros, Andrés Felipe Arias.

Esta no es, pues, la primera vez que la CSJ amenaza a Uribe con una “investigación preliminar”. Lo de ahora es más de lo mismo: acoso político-judicial injustificado. Este episodio comenzó con un falso reportaje de un periodista del New York Times, Nicholas Casey, quien decidió que el comandante del Ejército Colombiano había expedido unas “new kill orders”. Casey nunca presentó la prueba de lo que decía y huyó hace un año del país. Ahora la operación es redirigida contra el expresidente Uribe con el apoyo de la polémica Ong Human Rights Watch, financiada en buena parte por el millonario americano George Soros. Casey y Vivanco, el director de HRW, dicen que fueron “escuchados ilegalmente por la inteligencia militar” colombiana y que las intercepciones telefónicas fueron entregadas al expresidente Uribe. Y de nuevo: las pruebas son inexistentes. Pero un grupo de la CSJ cree que un papel con unas líneas anónimas puede llenar ese terrible vacío. Así va la justicia en Colombia.

(1).- https://www.lefigaro.fr/flash-actu/colombie-l-ancien-president-uribe-soupconne-d-espionnage-20200603

El plan contra Uribe El problema no es que investiguen a Uribe.

https://www.semana.com/opinion/articulo/el-plan-contra-uribe-por-vicky-davila/677738

Yo voté por Sergio Fajardo porque me convenció. Los uribistas dicen que soy petrista. Los petristas juran que soy uribista. La izquierda asegura que soy de derecha y la derecha que soy de izquierda. Nada de eso me importa. No tengo compromisos con nadie. Hoy pueden decir lo que quieran, pero les hablaré sobre Álvaro Uribe Vélez con mucha franqueza: no creo que Uribe sea el culpable de todos los males de Colombia. Reconozco sus errores, pero también todo lo bueno que ha hecho por este país, aunque decirlo sea impopular y políticamente incorrecto. Lo que pasa es que está de moda responsabilizarlo de absolutamente todo. Ultrajarlo se volvió deporte nacional, cualquiera se siente con el derecho a irrespetarlo y calumniarlo, con la excusa de la libre expresión. Sus detractores y odiadores tienen como única meta ponerlo preso. Un plan que terminó de cocinarse en La Habana en tiempos de Santos. 

Durante su gobierno, entre 2002 y 2010, llegaron 186 denuncias contra Uribe a la Comisión de Acusación; hoy más de 50 siguen vivas. Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia la indagación que más lejos ha llegado es la del caso Monsalve. Uribe no está por encima de la ley y debe comparecer cuantas veces sea necesario ante la justicia. Si lo encuentran culpable debe pagar. Pero el expresidente no ha perdido sus derechos ni ha sido vencido en juicio. Hoy Uribe es inocente de todo lo que lo acusan, hablando en estricto derecho. ¿Por qué frente a Uribe no opera la presunción de inocencia? ¿En qué momento perdió su derecho a la honra y el buen nombre? ¿Esos derechos solo operan para los antiuribistas? 

El problema no es que investiguen a Uribe. Lo inaceptable es que la justicia solo actúe frente a él. A diario llegan a los despachos judiciales decenas de anónimos contra los más encumbrados personajes en el país. Nada pasa. Pero al expresidente sí le abren indagación preliminar por un anónimo “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”, sentenciaba en Twitter la corte. Aunque respeto inmensamente a los magistrados, de sus actuaciones frente a Uribe se infiere un sesgo. Como si quisieran mantenerlo sub judice. El culpable de todo, el investigado por todo: por las chuzadas, el hacker, los perfilamientos. ¿Y los demás? Los Buldócer, el Petrovideo, las acusaciones contra Arturo Char, que está a punto de ser presidente del Senado, el caso impune de los congresistas que se robaron estupefacientes, la Farcpolítica y los computadores de Raúl Reyes que invalidaron. ¡Tanto aforado corrupto que se lavó la cara y se blindó con la paz! ¿Por qué la agudeza y la celeridad de los magistrados no se activaron para escuchar al Ñoño Elías, que hace más de un año intentó contar todo lo que sabe sobre Odebrecht y la financiación del plebiscito y la reelección de 2014? ¿Por qué los magistrados no escucharon a Musa Besaile sobre la ruta de la mermelada, durante el anterior Gobierno? Esa mermelada que se repartía en los despachos de algunos ministros. ¿Por qué solo contra Álvaro Uribe?

Que Uribe es culpable de los falsos positivos, dicen. De ser así, Juan Manuel Santos también lo es. Era su ministro de Defensa. Pero sus amigos argumentan que Santos destapó las abominables ejecuciones. Un sofisma de distracción para protegerlo. No, él también hacía parte de ese Gobierno. Entonces que respondan juntos al lado de los generales de la época.    

Que la justicia investigue con rigor a Álvaro Uribe por la Yidispolítica, dicen. Pero son cómplices de la impunidad de Santos por la financiación de Odebrecht en sus campañas y todo el plan para tapar la verdad. En serio, ¡qué autoridad moral tienen!

Que lleguen hasta las últimas consecuencias por las chuzadas del DAS. Perfecto. Que investiguen todo, que caigan todos. Incluidos los del proceso 8.000 y los de la alianza con los Pepes.

Uribe ha puesto presidente tres veces. Nadie duda de su poder. Pero desde hace un buen tiempo enfrenta a un movimiento feroz que no descansa y quiere destruirlo políticamente con armas judiciales y bombas atómicas de desprestigio. Su retórica lo muestra como un monstruo capaz de cometer los peores crímenes. Quienes están detrás callan y protegen a otros poderosos muy cuestionados. A los que nadie toca. A los que se resguardan en eso que llaman el establecimiento. A los que tienen la aprobación del circulito bogotano. Es indignante ver a los exguerrilleros de las Farc, que mataron y secuestraron por miles, calificando a Uribe de asesino desde sus curules. Peor aún, escuchar a los que hicieron hasta lo imposible para que Santrich quedara libre exigiendo que Uribe vaya a la cárcel. Timochenko es un señor, Uribe es un bandido. ¡Qué exabrupto!

Uribe se ha equivocado. Pero han sido muchos más sus aciertos. A mí no se me olvida lo que era Colombia cuando ese señor llegó a la Casa de Nariño. Las Farc y los paramilitares nos tenían sitiados. 

Uribe también ha probado la ingratitud. Santos lo usó para elegirse y luego lo traicionó. Este Gobierno, que existe también por los votos del expresidente, hace todo para desmarcarse de él y lo dejó solo. Ni qué decir de aquellos que chillaban pidiendo el voto para reelegir a Uribe y luego se le voltearon.  

No vine a defender la inocencia de Uribe, no me corresponde. Pero la justicia, que es un bien supremo de la democracia, solo puede ser respetable cuando se ejerce con igualdad y no de manera selectiva. Necesitamos saber la verdad completa, no la película que algunos nos quieren montar. ¿Cuál será el futuro de Uribe?

https://www.semana.com/opinion/articulo/el-plan-contra-uribe-por-vicky-davila/677738

DE FRANZ KAFKA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Quien lo creyera en pleno Siglo XXI se revive por cuenta de la Corte Suprema de Justicia la célebre obra de “El Proceso”, escrita porFranz Kafka (3 de julio de 1883 – 3 de junio de 1924) nacido en Praga en época del Imperio austrohúngaro, que fuera publicado de manera póstuma en 1925;  obra que comienza con el arresto por la policía de Josef K,  sin que se le deje nunca saber la causa o motivo; el juicio le caracteriza siempre similar posición, incluso no supo nunca que tribunal le juzgó  y el final o epílogo,  termina trágicamente con la ejecución del inocente.

Es eso sin lugar a dudas lo que pretende este si conocido tribunal en Colombia. La Corte Suprema de Justicia que de tiempo atrás con algunos de los que son parte del denominado “Cartel de la Toga”, se dieron a la inmensa tarea persecutoria, no perdón, de cacería del señor Expresidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez.

Los anales de la historia judicial en Colombia y me atrevo quizás a registrar en el mundo no dan cuenta de tan ignominiosa persecución, que ya es sin lugar a dudas un gran Record Guinness en los anales judiciales.  Ahora, es incluso más desalentador y perjudicial cuando por obra y gracia de un perverso y depravado escritor, se empeña en injuriarle y afectar su buen nombre, so pretexto de ejercer el derecho a la libre expresión. Jamás el derecho de expresión está establecido para injuriar, calumniar e irrespetar a cualquier ciudadano y menos para hacer negocios comerciales so pretexto de explotar una mediocre serie que en lo que se conoce carece por completo de pruebas. 

En resumidas cuentas, son tantos los intentos en judicializar al señor Expresidente tendientes a tratar de privarle de su libertad que ante ausencia de acusadores que siempre deben mostrar su cara, ya sin vergüenza alguna, le dan trámite procesal nada más y nada menos que a escritos anónimos como acontece en el fracasado y estruendoso caso del Hacker y ahora en el que se dice se da con motivo del caso de los perfilamientos.

No es viable, es aberrante indagar y menos juzgar apoyados en escritos anónimos. Peor ahora, es apreciar como en Twitter la CSJ al parecer queriendo justificar y defender su posición, el pasado 3 de junio a las 5.54 pm en su cuenta de twitter deja saber que “Copias de correos electrónicos pueden aceptarse como pruebas, si no fueren tachadas de falsas y permiten su mínima individualización, al señalar de dónde provienen, o quién o quiénes van dirigidos y cuentan con fecha de emisión: @Corte Suprema SL5246-2019 bit.ly/3cxkZmW

Esa sentencia en la que se apoya la CSJ es por completo inadmisible, por no indicar risible, pues saca de contexto lo dicho por la entonces Sala Laboral:  “aquí, cabe recalcar, que no desconoce la Sala, conforme a los términos del artículo 11 de la ley 527 de 1999, que la autenticidad de los mensajes de datos, encuentra sustentó (sic) en su confiabilidad, la cual se determina en la forma como se hubieran generado y conservado, así como la identificación de su indicador”, ya que desconoce abiertamente un derecho universal y constitucional que deben velar, proteger y garantizar como es la presunción de inocencia en materia penal.

No nos vengan ahora a decir que se trata de un aforado cuyo caso se rige por los postulados de la ley 600 de 2000, para no dar aplicación concisa y precisa al artículo 430 de la Ley 906 de 2004 que desarrolla el Procedimiento en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, norma en la cual se registra con acierto que “Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en el código penal, se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”. 

Dicha prohibición opera para todos los medios o fuentes de información que tengan la condición de anónimos, en aplicación del principio lógico jurídico que enseña que donde existe el mismo supuesto fáctico debe existir la misma consecuencia jurídica, o que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, pues no tendría sentido que siendo la razón de ser la misma (el origen desconocido de la fuente informativa), la prohibición solo operara para los documentos. de manera, pues, que las declaraciones anónimas resultan inadmisibles como prueba y sólo sirven a manera de criterio orientador por el órgano investigativo para sus labores de averiguación, cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan verificar su contenido.

Confiemos en que en la persecución al señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez se logre cesar y de contera cambiar el resultado final injusto y trágico de la obra El Proceso de Kafka. Como consecuencia de ello, se debe disponer de inmediato corregir la actuación que se abrió en indagación preliminar para que sea por completo revocada y desestimada, máxime que al carecer de valor probatorio los escritos en correos anónimos no conseguirá producir ningún efecto en desvirtuar la garantía universal del derecho a la presunción de inocencia que cobija al señor Expresidente de la República.

Bogotá, D.C junio 4 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO