NO BASTA CON QUE SÓLO DIGAN LA VERDAD

Que enseñanza y aplicación de lo que es la DIGNIDAD. Los colombianos nos quedamos admirados de la actitud decente ejemplar y por supuesto admirable de la postura de la Sra. Carmenza López que, en un evento promovido por la Alcaldía de Bogotá, rechazó de manera clara, humilde y respetuosa no aceptar el abrazo hipócrita que le propuso la señora Griselda Lobo Silva que le encanta presentarse con su alias o nombre de pila Sandra Ramírez, quien en el pasado fuera la compañera permanente del peligroso terrorista alias Tirofijo.

En forma categórica la víctima de las Farc fue clarísima en indicar: “Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad, una verdad justa y honesta”. Que claridad y que profundidad la calificación “justa y honesta”, a contrario sensu como decimos los abogados, no quiero una verdad mentirosa y deshonesta.,

Doña Carmenza, expresión de respeto para aquella persona que se lo ha ganado, no sólo por su gesto y respuesta, sino por provenir en ser de origen noble, le asisten todos los derechos para exigir sea enterada a cabalidad de la circunstancia en que ocurrió la muerte de su marido.  Se necesita sin rodeos,  alabanzas y engaños que le entreguen la verdad de lo que pasó con su cónyuge Guillermo, quien fuera secuestrado y asesinado por el grupo subversivo de las Farc, en el año 2008 en el Sumapaz. A ese resonante grito, nos sumamos todos los colombianos a través de la sociedad civil, pero agregamos que no basta que sea sólo que digan la verdad, deben también cumplir con la justicia, desde luego con la reparación y no repetición.

Esos postulados, no se han cumplido hasta ahora. Los perdones públicos parecen más bien actos calculados de populismo. Es que no hay derecho a tanto muestra que pareciere “cínica e hipócrita” de querer abrazar a una víctima que, de haberlo permitido, la hubiese re victimizado más esa exguerrillera que por una concesión en la negociación con Santos, funge como Vicepresidenta del Senado. No se olvide que ella es conocedora de todos los secretos y actos de maldad y criminalidad ordenados entonces por su amante compañero Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”, apodo por las bajas que infringiera con un rifle 22 a los soldados de la Patria y, quien no se olvide, tiene un hijastro hoy levantado en armas contra la República. 

Si la verdad que dicen van entregar sea como la que se conoció ahora extendió en su versiónPastor Lisandro Alampe Lascarlo, en la que dejo saber que “desconoce de una serie de casos mientras se encontraba en las filas y al frente del Bloque Magdalena Medio” es entonces procedente que refresque su memoria con el relato que en el programa de la Hora de La Verdad entregó valientemente Alexander Vargas. El país quedó atónito con su crudo y documentado relato.

Quien comete falta o crimen siempre es amigo que su pecado se esconda al abrigo de la oscuridad. La forma como se conocen las supuestas versiones de quienes hasta ahora han concurrido hacerlo, extrañamente en un tema de tan magnitud lo hacen a puerta cerrada, bastante contrario como le corresponde hacerlo a los agentes de estado, militares y policías al entregar sus versiones que lo es en público.

Es tan inequitativo y tan absurdo el procedimiento para salvaguardar estos individuos que se les conoce un nuevo estilo de informar. Lo es a través de comunicados, como las altas cortes, de tal manera que no se permite que se escuche el relato en la JEP, que se recuerda en las voces de Rodrigo Echeverri alias Timoleón Jiménez o Timochenko fuera hecha a la medida del vestido que necesitaban. Son tan precarios y ofensivos esos comunicados que para formarse un criterio de ellos basta registrar el que acaba de extender Martín Cruz Vega, compareciente ante la JEP

“Con profunda tristeza me permito manifestar ante Colombia que nos equivocamos, y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras, fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las Víctimas”. (https://twitter.com/partidofarc/status/1298825580352278528?s=12)

Grotesco ver que este vocero de ese movimiento FARC trate un crimen atroz de lesa humanidad como es el reclutamiento de menores de esa manera. Disfrazarlo de error, vaya voluntad de paz y verdad la que quieren entregar si de esta forma descarada camuflan su atrocidad. Ese equivocado proceder es volver a revictimizar más a los niños reclutados muchos de ellos muertos, otros desaparecidos y los que sobrevivieron con secuelas físicas y afectaciones psicológicas de por vida.

Si hay algo claro y contundente frente al tema del reclutamiento son las denuncias públicas que han formulado la Corporación Rosa Blanca, Fevcol y Manos por la Paz. En los oídos de los ciudadanos no se olvidan los testimonios desgarradores de las jóvenes de Rosa Blanca en la forma que fueron reclutadas y obligadas abortar. Ahora se anticipan ya dos informes entregados por el valiente periodista Herbin Hoyos sobre el reclutamiento de menores que dejan saber la gravedad de los delitos que no sólo son el reclutamiento sino también el fusilamiento.

Si la Jurisdicción Especial para la Paz fue hecha a la medida que dejo saber Timochenko, pareciera se anticipa que no se vaya a cumplir conocer la real verdad de lo ocurrido en el largo conflicto interno (53 años), por supuesto la reparación no va llegar, la no repetición tampoco pues baste ver lo que hacen las denominadas disidencias que siguen delinquiendo y desde luego, la total ausencia hasta hora de justicia,  que permite concluir sin asomo de duda que hasta el momento los señalados victimarios gozan de completa impunidad.

Bogotá, D.C. agosto 29 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

SE “COLÓ” IVÁN CEPEDA EN EL PROCESO QUE SE SIGUE CONTRA EL SEÑOR EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La dificultad que representa para las personas entender lo ocurrido en el caso del señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez se complica aún más si en estricto sentido no se puede comprender porque la Corte Suprema de Justicia, admitió como parte civil, al senador Iván Cepeda Castro quien no es propiamente la víctima, más pareciera fungir como victimario a través del aparato judicial.

Este denominado viacrucis judicial para el señor expresidente comenzó el 16 de febrero de 2018 cuando el Magistrado Jorge Luis Barceló se pronunció en torno a la solicitud del defensor de Iván Cepeda de proferir un auto inhibitorio y de la del apoderado del Dr. Álvaro Uribe Vélez de solicitar la apertura de la investigación al senador Cepeda.

La decisión le dio la razón al defensor de Cepeda y se abstuvo de abrirle investigación. Por el contrario, en lo que no se pensaba ni se imaginaba, el magistrado que le era conocida la animadversión al doctor Álvaro Uribe Vélez, dispuso compulsarle copias para que fuera investigado, quien lo creyera, de denunciante pasó adquirir la calidad de denunciado. 

Se dan otra serie de actuaciones que resultan extrañas y poco convincentes del porque no se remitió de inmediato el proceso a conocimiento de la primera instancia en la propia CSJ que era ya la Sala especial de Instrucción, las que se recuerda se crearon en enero 18 de 2018, con la expedición del Acto Legislativo 01 de aquel año.  En julio 24 de 2018 se formalizó la investigación en contra del senador Uribe y sin fijar fecha el magistrado Barceló ordenó escucharlo en indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

Cuando era más que evidente y notorio que el Magistrado de la Sala de Casación Jorge Luis Barceló no podía adelantar la investigación, la sala de instrucción No. 2, en octubre 17 de 2018, remitió a la Sala Especial de Instrucción el expediente, correspondiendo a la magistrada Cristina Lombana el impulso procesal, quien saliera del conocimiento del proceso por recusación impulsada por el abogado de la víctima que ocurriera en mayo 10 de 2019. 

El dos de febrero de 2019 se aceptó la constitución como parte civil del señor Iván Cepeda y en ese mismo mes no se accedió a las nulidades propuestas por las interceptaciones ilegales al celular del doctor Álvaro Uribe Vélez. Se señaló el 8 de octubre de 2019 para escucharle en indagatoria la que se llevó a cabo y ya se conoce como cerca de cumplirse diez meses, en agosto 3 de 2019, ordenó su detención preventiva

La primera y más grave inconsistencia era que no cabía el inhibitorio sino aperturar la instrucción y con ello seguir el trámite vinculándolo como denunciado pero el giro dado dio por clausurado un proceso legítimo y válido; contrario sensu se generó un nuevo expediente, pero con las condiciones invertidas. El denunciado senador Cepeda se convirtió en parte civil y el denunciante Senador Uribe terminó de procesado.

Ante ese giro, se tiene entonces que es bastante controvertible que se le haya admitido participar como víctima en los presuntos delitos de soborno y fraude que se investigan por cuanto esos delitos salvaguardan el bien jurídico de la administración de justicia, en tanto que sería la misma Justicia la única que podría constituirse en parte civil  y esto exclusivamente para efectos de resolver pretensiones indemnizatorias con posterioridad a una condena pero sin facultades procesales distintas a la interposición de recursos contra los autos inhibitorios, de archivo o sentencia absolutoria. En el presente caso, reprochable habérsele permitido dar trámite a la recusación contra la Magistrada Cristina Lombana en fase de “investigación previa”.

El antiguo Código de Procedimiento Penal tiene claro que, frente a delitos contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. A ese respecto indica el artículo 137 de la ley 600 de 2000: “Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. (El subrayado lo declaró exequible la Corte Constitucional mediante sentencia C-875-02 M.P. Rodrigo escobar Gil).

En palabras de fácil comprensión esa parte civil solo tenía por finalidad buscar un mero resarcimiento meramente patrimonial jamás un impulso procesal como la recusación por parte de la intervención de abogado que representa la víctima y ésta misma. Desde luego, en una tarea propiamente legislativa que judicial, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, amplió el alcance de la participación de la parte civil en el antiguo CPP en procura de que interviniera en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación señalando que esta institución jurídica le permite a las víctimas o perjudicados participar como sujetos en el proceso penal. Dicho carácter civil se había entendido en un sentido meramente patrimonial, pero en realidad puede tener una connotación distinta puesto que refiere a la participación de miembros de la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado. Así la parte civil, es la directa y legítimamente interesada en el curso y en los resultados del proceso penal.

Por lo filtrado del expediente a los medios en particular el auto de 1554 páginas se infiere en los términos que tanto gusta emplear a la Corte que las personas de las que se pretende predicar la realización de la conducta de soborno en actuación penal, serían Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Callejas alias “Caliche”, o la misma Justicia, pero jamás el senador Cepeda.

No cabe la menor duda que es testigo quien presencia un hecho o quien sabe algo que pueda ser objeto de prueba judicial que, puede acontecer antes de recibirse el testimonio y hasta el momento de recepcionar la declaración. Si se hace una pormenorizada lectura de como fue grabada la reunión del 22 de febrero de 2018, en la cárcel la Picota, desprevenidamente se colige que el abogado del señor Monsalve el doctor Héctor Romero fue quien introdujo furtiva e ilegalmente el reloj que contenía la grabadora, obvio que tenía maliciosa ayuda de funcionarios del Inpec para estructurar el ardid.

En efecto a folio 473 el declarante JUAN GUILLERMO MOSALVE en ampliación  de la declaración  rendida el 6 de marzo de 2018 indica: “que fue su abogado quien ingreso el reloj con el que él – Juan Guillermo Monsalve- grabó la entrevista: es que yo entro y mi abogado estaba con Cadena allá sentado en la mesa, el abogado Cadena lo abordó y era con la insistidera de que yo pa´ que hablaran conmigo para ver como era la retractación que si y yo le pido le digo a Cadena que, si me puede dar unos minutos pa´ yo hablar con mi abogado, yo me levanto voy al baño cuando regreso estaba otra vez allá con mi abogado, Cadena y yo ya traía el reloj puesto y lo puse a grabar en ese momento”. A los litigantes ya  hace muchos años que no les dejan ingresar con relojes a las prisiones.

En el inciso 4º del artículo 111 de la Ley 65 de 1993 establece que “Por ningún motivo, ni en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios  de comunicación privados”, y es por supuesto obvio que así sea, pero entonces que puede deducirse de la conducta del abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve incumpliendo puntual disposición, se presta  a realizar actos ilegales, indecorosos y presuntamente delictuales, que  se colige tenían por propósito tender una celada y hacer llegar como en efecto aconteciera  el contenido de la grabación, ilícita e ilegal al expediente. 

Grabaciones ilegales sin que medie autorización judicial no pueden ser tenidas como pruebas, pero en el auto extenso de la Sala de Instrucción amén de otras situaciones que dejan saber la apariencia de legalidad de interceptaciones por completo ilegales, o lo peor las escuchas de las conversaciones reservadas entre cliente y abogado. El hallazgo inevitable es una figura que se da de momento, porque al ser extendida en el tiempo, como lo fue por 32 días de interceptación advertida por el analista a la magistrada auxiliar dejó de ser inevitable o fortuita a convertirse en ilícita, más aún cuando se echa de menos un test de proporcionalidad que les hubiese permitido detectar el error frente a una afectación grave de terceros ajenos a esa investigación, delito por el cual deben responder ciertos funcionarios.

No quepa duda que la participación de Cepeda sólo tiene fines persecutorios en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a quien le pretenden mostrar como determinador a título de dolo, de unas conductas jamás cometidas ni ordenadas por él; esos eventuales  hechos de los que es ajeno el señor expresidente, tampoco son de la gravedad que justificara imponer la detención preventiva; es más es inconcebible que la propia Corte desconociera lo establecido en el numeral 1 del artículo  362 de la ley 600 de 2000 que contempla la suspensión de la privación de la libertad “cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad y la naturaleza o modalidad de la conducta punible hagan aconsejable la medida”. El señor expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene 68 años de edad.

Está prohibido a los jueces hacer manifestaciones sobre sus providencias, pues estas tienen vida propia, en tanto que las explicaciones del doctor Barceló confirman la debilidad jurídica de sus actos como jurista y el evidente trasfondo político que le motivó en sus actuaciones como Magistrado en esta causa penal.

Al final,esta estrategia de hacerse víctima el senador Cepeda, sólo se entiende que lo hizo con propósito instrumentalizar la justicia para sacar del ring al político que la izquierda radical le teme. Sabido es que desde que iniciaron el período legislativo 2018-2022, el libretista Senador Gustavo Bolívar dejo saber que no descansaría hasta ver al expresidente en la cárcel y hasta ahora se cumple la crónica de “una muerte política anunciada”

Bogotá, D.C. agosto 22 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

DE LA INQUISICIÓN A LA CORTE INQUISIDORA

La tan temida y aterrorizante Inquisición nace en el año 1184, mediante bula del Papa Lucio III Ad Abolendam1. En aquel entonces se exigió a los obispos que extirparan la herejía otorgándoseles la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Corría el año de 1252, el Papa Inocencio IV emite  la bula Ad extirpanda a través de la cual autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En época de los Reyes Católicos, se emite en el año de 1483 una nueva bula  que  se extendió a los territorios de América, tanto en  MéxicoLima y Cartagena de Indias se establecieron tribunales de la inquisición nombrándose como inquisidor general a Tomás de Torquemada.

En esa aciaga y oscura época inquisidora, tan pronto “se conocía una denuncia se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes…. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si este adivinaba quien había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto.2

Si pensáramos que ese descriptivo relato es ya historia nos equivocamos por completo. El auto de resolución de la situación jurídica al señor Expresidente de la República de Colombia Dr. Álvaro Uribe Vélez, tiene el mismo sello inquisitivo de aquel entonces, pero que lo sea es en pleno siglo XXI es francamente inconcebible. No cabe duda que ese papel lo encarna la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo lideró el “Torquemada” moderno, el exmagistrado JOSE LUIS BARCELÓ. 

Nadie en Colombia escapa a la posibilidad de ser señalado, indagado, entrevistado, imputado incluso acusado y de ocurrir jamás puede entenderse que sea ya condenado. Le cobija la presunción de inocencia. Lamentablemente, en el auto de 1554 páginas que nadie veló porque se respetara su reserva, visto su contenido y sin prevención alguna, es el anticipo de la sentencia condenatoria al señor Expresidente de Colombia. En su expresión máxima inquisidora la Sala de Instrucción está prejuzgando en tan delicado caso objeto de su conocimiento. 

Arrimar por decisión de un Magistrado, el inquisidor mayor Barceló, pruebas derivadas de grabación ilegal es regresarse al oprobioso tiempo pasado de la inquisición. Allá con torturas físicas se obtenía la confesión; acá ahora con decisiones ilegales se pretende sostener la acusación. El recaudo testimonial se hizo como en los tiempos de la inquisición a espaldas del defensor. No hubo contrainterrogatorio a los bandidos de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Caliche. Arrimar conversaciones con periodistas y fundarse en ellas para decidir  merece toda clase de rechazo. La sana critica en materia penal como método de apreciación impone al Juez, la valoración objetiva, de conformidad con la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente pero no se comprende, entiende y menos que no se haya permitido contrainterrogar a esos dos testigos claves y arrimar a otros que los jueces descartaron por anticipado. La presencia como víctima del senador Iván Cepeda, frente a los delitos que se investiga presunto soborno y fraude procesal es cuestionable, esa representación más bien le compete al ministerio público. 

Si se revisaran los procesos desde la expedición de la ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal) hasta la ley 906 de  2004 nuevo Código de Procedimiento Penal, (Sistema Penal Acusatorio),  se pone en duda que se encuentre una providencia similar a la conocida, no sólo en su extensión sino en su argumentación que es más bien un escrito complejo y confuso de justificación de proceder de la Sala; se conoció según denuncia pública del abogado Jaime Lombana que hay en la decisión una firma que dejo conocer la aclaración al voto emitido, escrito de aclaración que al momento de escribir esta columna, no se sabe si se esfumó o se empapeló para no decir que se ocultó.

Todas las argumentaciones que, en sus primeras páginas del auto, en particular de la página 19 a la 46, lo son para justificar la procedencia de la medida de detención preventiva, que al final se dispuso fuera sustitutiva por la domiciliaria, están llenas de argumentos subjetivos que, si bien traen en respaldo de la posición citas jurisprudenciales en su apoyo, también mencionan una que ha debido primar y lo desconocen por completo. Las medidas de aseguramiento son la excepción y no la regla, buscando privilegiar un sistema penal garantista el cual tenga por objeto la protección de la dignidad humana, y no, la intención dañina de resquebrajar la honra y el buen nombre de quien ha sido concebido como el hasta ahora, el mejor presidente que ha tenido Colombia a lo largo del siglo XXI.

Contempla el artículo 354 de la ley 600 de 2000 lo que es la definición de la situación jurídica, que debe serlo en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva para casos en que el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver la situación jurídica es de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. La diligencia de indagatoria al Sr Expresidente se cumplió en octubre 8 de 2019, por lo que su situación jurídica debió ser resuelta en ese mismo mes de octubre de ese año, o un plazo adicional razonable, pero por motivos por conocer, les llevo a decidir en más de nueve meses, con el agravante que la defensa tan sólo tuvo escasos tres días para recurrir en reposición la imposición de la medida. Ya sabemos que no hizo uso de dicha posibilidad por apreciar el abogado defensor que “dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia, y simplemente facilitaría su legitimación”.

Se invoca en el auto que más bien parece la calificación del sumario o un acto de acusación que la detención preventiva es procedente, no lo creemos ni compartimos y la posición de la Sala de Instrucción es equivocada. El artículo  355 de la ley 600 de 2000, norma que contempla los fines de la medida de aseguramiento es clara en establecer: “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.

La norma general ayer, hoy y mañana es que solamente la personan condenadas por un Juez a través de un proceso que le respete todas sus garantías, puede ser privado de la libertad. La excepción es y será siempre la regla, pero no puede hacerse de la detención preventiva una práctica común para una persona que le ha cumplido a la justicia siempre que le ha requerido. Siempre que el Señor Álvaro Uribe Vélez ha sido citado siempre ha concurrido. Que existiera riesgo de fuga imposible creerlo ni siquiera pensarlo. La imagen del señor expresidente internacionalmente conocida, admirada y respaldada es la mejor garantía que no lo haría. Que vaya a destruir u obstruir la justicia si es francamente risible, Él más que nunca quiere que brille la justicia y que el proceso sea transparente, por eso dejó saber a través de su abogado que solicita se levante la reserva sumarial establecida para la protección del investigado.

Pero si los fines no se cumplen, tampoco se aprecia que se den los requisitos en el artículo 356 de la ley 600 de 2000, que dispone que se impondrá la medida de detención preventiva cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No se encuentra de la lectura cuidadosa del farragoso auto la existencia de esos dos indicios graves de responsabilidad. Hay yerros equivocaciones si se quiere de un abogado investigador que desempeñaba labores de recaudo y aseguramiento de la información que, su actuar frente a entregar unos nimios viáticos u ayudas humanitarias, explicados y defendidos en otro proceso por el abogado Iván Cancino, lo fue por su propia iniciativa jamás consentido por su poderdante.  

Si se revisa el alcance del artículo 357 de la ley 600 de 2000 que contempla la procedencia de la medida de aseguramiento únicamente se cumple el del numeral 1. Esto es que el delito que se investiga tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años, las otras posibilidades allí previstas, no se da ninguna por supuesto.

Lo más elemental y crucial ante un juicio de esta importancia y envergadura es el equilibrio en las posiciones y el respeto a su presunción de inocencia, es el permitirle que se defienda en TOTAL Y COMPLETA LIBERTAD.  Estar detenido así sea con una medida domiciliaria es excesivo por la Sala de Instrucción que no analizó y ponderó cuidadosamente los requisitos y fines de la detención preventiva dispuesta en la ley 600 de 2000. Además, no se está investigando a cualquier persona, así suene peyorativo, se adelanta proceso a quien ostenta una condición de expresidente de la República por ocho años. Su dignidad e investidura que le son propias, reclama y merece un trato digno, garantista de respeto a su sagrado derecho constitucional de estar en completa libertad para defenderse.

Al decir del abogado defensor que no instauró el recurso de reposición ya que al hacerlo facilitaría la legitimación de una decisión injusta queda claro que no solamente se está al frente de una decisión inquisidora, sino que se está también al frente de una decisión política y por supuesto en un juicio político no propiamente judicial. Esa naturaleza de la actuación inquietante por completo que debe corregirse, tiene demoledor efecto ese si en el acontecer político, pues lo que queda claro por ahora es que la detención improcedente, busca que al Dr. Álvaro Uribe Vélez impedirle seguir participando en la orientación política del movimiento que representa y es la forma de aislarlo en su lucha por mantener bien distante al Foro de Sao Paulo y de Puebla que se quiere hacer con la democracia e institucionalidad colombiana.

Bogotá, D.C. agosto 14 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

1 Papa Lucio III, traducción de Fr. Ricardo W. Corleto. «Decretal del papa Lucio III Ad abolendam».

   Pontificia Universidad Católica Argentina.

2 Galván Rodríguez, Eduardo (2001). «El secreto en las causas de fe». El secreto en la Inquisición 

  Española. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. p. 54-99

AL SEÑOR EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ NO LE PODEMOS DEJAR SOLO

El día cuatro de agosto de 2020 será por siempre un día de nunca olvidar. En dicha fecha, mediante una providencia informada más no notificada legalmente, el país conoció que la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “mediante decisión del tres de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Expresó la Sala de Instrucción que la medida se sustituyó por detención domiciliaria, que la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad, que indica “posibles riesgos de obstrucción a la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al Senador Álvaro Uribe como al Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

La noticia no sorprendió por saber quien la profería. Las altas cortes, pero en especial la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal, las cuales se encuentran en el mayor desprestigio por sus propias actuaciones que se evidenciaron y agravaron desde el denominado Cartel de la Toga.  

La balanza equilibrada es por siempre el símbolo que distingue la justicia. Los ojos vendados de la dama desde el siglo XV, representan decisiones objetivas e imparciales, sin ningún tipo de influencia, llámese riqueza, poder, dinero, o fama. (etc).

Obligada pregunta se impone, ¿La majestad de la Justicia le ha caracterizado ese equilibrio, ponderación y transparencia en la decisión de resolución de la situación jurídica del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? Para contestar es necesario comparar dos situaciones protagonizadas por esa Sala.

De todos los colombianos es conocido el tratamiento generoso y amplio que le dieron las altas Cortes al narcotraficante Seuxis Pausias Hernández más conocido por su alias de Jesús Santrich. En ese lamentable caso La Jurisdicción Especial para la Paz impidió su extradición mediante decisión mayoritaria. Quienes la profirieron fueron denunciados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la valiente senadora Paola Holguín. El propio Consejo de Estado modificó por completo la jurisprudencia para permitir su posesión como representante a la Cámara. Pero la Corte Suprema de justicia, en un acto que quiso presentar como de ingenuidad, le privilegió su libertad y a sabiendas del peligro de fuga que representaba, no le mantuvo detenido. Como consecuencia de ello ordenó su libertad convencida que atendería el llamado de la Justicia; efectivamente cuando lo hizo ocurrió lo propio de los bandidos se fugó y por eso esta Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió el siguiente comunicado:  “atendiendo a la inasistencia injustificada de SEUXIS PAUCIAS HERNANDEZ SOLARTE a diligencia de indagatoria programada para el día de hoy, y, pese a que en un primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello, se le privilegió su derecho fundamental a la libertad; ahora considerando las nuevas circunstancias, resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, FABRICACIÓN, TRAFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES….”

Por el contrario, al señor Expresidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ ha recibido un tratamiento riguroso, controvertible y discriminatorio por parte de esa Sala del Máximo Tribunal de Justicia Ordinaria. Sea lo primero indicar que para el común de los colombianos no es entendible ni comprensible que quien procedió a denunciar penalmente al Senador Iván Cepeda, en febrero 23 de 2012 denuncia que ampliara junio 21 de 2013, dadas las continuas visitas a la cárcel en Colombia y en el exterior del Senador Cepeda, que tuvo como premisa u objeto de manipular testigos en su contra, la archivaron. Por el contrario, en esa misma decisión, adoptada el 16 de febrero de 2018, se apertura la investigación en contra del señor expresidente, de la cual le enteran el 26 de julio de aquel año.

En un hecho sin precedentes que demuestra el completo abuso judicial del entonces Magistrado José Luis Barceló, quien se distinguiera por su animadversión al señor expresidente y al movimiento que representa el caudillo, dispuso el 9 de marzo de 2018 la interceptación del teléfono del Representante Nilton  Córdoba Manyoma, por posibles vínculos con el Cartel de la Toga  y dizque por error, tamaño absurdo que no se le cree, terminaron interceptando ilegalmente el teléfono del senador ALVARO URIBE VELEZ. De inmediato ha debido excluirse por su total ilegalidad esas grabaciones, pero el rampante Magistrado Barceló, en un acto sin precedentes, en la historia judicial colombiana, presuntamente delictivo que, no entenderá ningún tribunal en el exterior, legalizó la ilegal interceptación y ordenó el traslado de dichas grabaciones al expediente que se le sigue al señor expresidente para que fueran tenidas como pruebas.

Es claro que ninguna ilegalidad ata ni puede ser prueba valedera, pero en este caso, si es la mejor prueba de la persecución infernal por la Sala de la Corte al destacado líder político de quien incluso así tengan horas largas de grabación,  él siempre dijo en público que cuando se habla, aun por celular se mantiene en la verdad, y así sean largas las horas grabadas no existirá nada que le compromete por más alusión que se haga a la ilegal interceptación ahora en justificación de la decisión de resolución de la situación jurídica que se anticipa contiene más de 1.500 folios.

Ahora, si en gracia de discusión se debatiera la procedencia de la medida de aseguramiento en contra del Senador Uribe Vélez, debe precisarse que la misma jurisprudencia de esa Corte ha señalado que las medidas de aseguramiento son la excepción y no la regla, buscando privilegiar un sistema penal garantista el cual tenga por objeto la protección de la dignidad humana, y no, la intención dañina de resquebrajar la honra y el buen nombre de quien ha sido concebido como el presidente mas importante que ha tenido Colombia a lo largo del siglo XXI.

La Sala de Instrucción de la CSJ ha construido el nuevo símbolo de la imagen que representa la Dama de la Justicia. Hoy posee el ojo izquierdo destapado y con mirada favorable, le concedió a un vulgar delincuente con un prontuario impresionante, privilegiarle la libertad. En cambio, con su ojo derecho por completo vendado, le imprime un tratamiento distinto, discriminatorio y con todos los tintes políticos por doquier, que incluso no respeta el tratamiento de la dignidad que representa el Sr. expresidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez.

Que miedo esa clase de Justicia, pero más temor esos operadores judiciales que subjetivamente se mueven más por razones de índole político que propiamente judicial. El proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la CSJ se rige por ser aforado por el sistema anterior, no por el sistema acusatorio actual. Es entonces la ley 600 del 2000 la que rige la actuación.

De acuerdo con esa norma escuchada la persona en indagatoria se debía resolver su situación jurídica que lo era en escasos 10 días, aunque han debido primero darle la posibilidad de escucharlo en versión libre. Transcurrieron más de nueve meses de mora en decidir. En los presupuestos legales para que se dé una detención en el caso del Sr. expresidente no estaban dados los elementos para que se creyera que se podía adoptar esa drástica decisión presionada por todos sus contradictores de la izquierda radical. 

Dice el comunicado en justificación de la drástica medida que la “providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indican posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas.  Adicionalmente expresan: “La medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción, Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación  como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

La rigurosidad no lo da la extensión de la decisión escrita. Riesgos de obstrucción no existen. Por el contrario, está comprobado, la conducta desplegada por el señor expresidente de total colaboración y cooperación. Todos los llamados de la justicia los ha atendido y todas las pruebas que ha recopilado las ha puesto a disposición del máximo tribunal. Si hay un colombiano ejemplar en acatar las instituciones es el señor Expresidente. La obstrucción es francamente inadmisible, lo era bastante claro para alias Santrich que si se reitera le privilegiaron la libertad. Mencionar el material no basta, hay que individualizar el hecho grave que de él se desprende y brilla por su ausencia.

Las pruebas testimoniales que se han filtrado, amén de ser de por si la prueba testimonial la de menor credibilidad en el derecho penal desde tiempos inmemoriales, ya dan cuenta que no son sólidas y no tienen credibilidad. Las han expresado al parecer en otros procesos como si se tratase de una práctica común por uno de los declarantes.

El haber privado injustamente del don más preciado que tiene el ser humano como es la libertad, no le afecta en esta etapa procesal su completa presunción de inocencia que le cobija, máxime que su condición de estadista que debe merecer respeto a sus calidades personales y laborales, no fue a cualquier personaje al que se le decidió su situación; se trata de un expresidente de la República que ha luchado contra clara ideología socialista y progresista que se quiere hacer con la Nación. Esa decisión, toma partido, repercute e interviene en el proceso electoral del país que se avecina; ese si es una verdadera obstrucción al pleno ejercicio de la política por parte de esa sala de Instrucción.

Contrario a los llamados propios de ciertos líderes de izquierda que lo hacen hasta convocar la desobediencia civil, los colombianos que creemos en la completa inocencia del Dr. Álvaro Uribe Vélez a quien debería permitírsele su defensa en libertad, nos declaramos en pie de lucha, estamos firmes, en contra de la persecución al caudillo líder que no representa; pero no en una lucha armada guerrerista es una lucha por la primacía de las ideas republicanas. Nuestra arma va ser la pluma que destile tinta señalando las injusticias y los oprobios. Todos en las redes a reclamar y peticionar que amparen su derecho constitucional como es que se le permita concurrir a defenderse gozando de plena libertad. El miedo y angustia que hoy tenemos los colombianos, será el mejor motor que nos lleve a convocar la unidad en la acción y actuación. La Patria es la que está en juego, en Venezuela vimos como fue destruida por no enfrentarse a una clara tiranía judicial en ese país, aquí les hacemos saber a estas que estamos firmes y vigilantes en la mejor disposición a enfrentar las batallas que nos esperan. 

Bogotá, D.C. agosto 7 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

FRANCISCO DE ROUX, NO POR SER SACERDOTE SE ESTÁ CON LA VERDAD

En abril 4 de 2017 mediante Acto Legislativo 01, se creó un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Como consecuencia de ello nació La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sujeta a un régimen legal propio. En el artículo transitorio 2° se puntualizó que   la Comisión es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al “esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Mediante decreto 588 de 2017 se organizó entonces la Comisión, que es más conocida como la Comisión de la Verdad.

El artículo 8 del Decreto 587 de 2017 fue enfático en señalar que los procedimientos de postulación y escogencia debían ofrecer garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia, tanto a la sociedad colombiana como a las víctimas. El mentado proceso de selección individual necesitaba contar con la adecuada idoneidad ética de los comisionados, una correcta imparcialidad que evitará un sesgo ideológico en la construcción de memoria histórica, incluyendo la ausencia de conflictos de intereses.

Para la época de su conformación quedó en evidencia la injerencia del Secretario de Naciones Unidas y La Corte Europea de Derechos Humanos para elegir aquellos que serían los llamados a esclarecer la verdad en 53 años del conflicto interno. Se comenzó mal en la forma escogida para hacer la elección, bajo ninguna circunstancia se debió permitir la participación foránea.  El Comité de escogencia dio a conocer once nombres: seis hombres y cinco mujeres que representaban diversas regiones del país. Una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos; fueron elegidos entre 208 personas que se postularon.

La elección de Francisco de Roux dejó bastantes incertidumbres, no sólo por su imposibilidad de ejercer el cargo desde una perspectiva ética y canónica, sino también por su marcada tendencia a reivindicar la lucha de movimientos campesinos e indígenas desde una perspectiva dialéctica. Al respecto, el inciso 3 del canon 285 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, establece que; les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”. Anotando, que la participación en los encargos que tienen como finalidad el servicio a la comunidad desde altas dignidades del Estado, se reservan para los laicos.

Los sacerdotes que sirven al bienestar de su comunidad lo hacen desde los sacramentos que emanan desde los cimientos del catolicismo, apartándose específicamente desde la polarización que implica estar en el debate de los asuntos de la vida nacional. Si bien, el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, su articulado no implica en modo alguno fuerza material de ley, se entiende que su incumplimiento no le es exigible a las autoridades de la nación, pero si, a las correspondientes autoridades eclesiásticas que para el efecto señale la Iglesia Católica. Si esto es así, ¿Estaba Francisco de Roux legitimado moralmente para ser comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición?, y, en ese caso ¿no debería ser sancionado por las autoridades de la Iglesia Católica por incumplir los deberes que le impone el Código de Derecho Canónico?, Con ello, solo se puede concluir que, no extraña ni sorprende el silencio hasta hoy de la iglesia en estas circunstancias, en otras épocas quizás no habría sido así.

Gracias a la firmeza, decisión y valentía del Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis, comisionado de esa entidad se conoció el pasado 24 de julio de 2020, en manifestación que extiende a los comisionados, una contundente denuncia que a manera de interrogantes deja conocer la actuación parcializada y sesgada de esa entidad en la que el Presidente de la Comisión asumió su responsabilidad por la censura o veto conocido. Esos excesos que no están en sus funciones como Presidente de la Comisión, impidieron que se expusieran desde otra perspectiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dieron los hechos que tuvieron lugar, específicamente en el Batallón de la Popa, donde el Coronel (RA) Hernán Mejía Gutiérrez fungió como comandante. 

Tiene pues la CEV la búsqueda de las causas del conflicto que  transversaliza a través de patrones sistémicos y masivos a partir de un enfoque territorial, en la que el papel de identificar a los responsables se hace desde una perspectiva colectiva y no individual. Para lograr tal objetivo, convoca a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces, se impone obligada pregunta ante los hechos que acaba de conocer la opinión pública ¿porqué fue vetado el evento organizado por el comisionado Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis? ¿Cuáles son las explicaciones que se utilizaron para censurar la participación de los panelistas en el evento organizado por el Comisionado Ospina, aún a sabiendas de que la Comisión de la Verdad tiene una función pluralista de escuchar a todo aquel que haya tenido injerencia en el Conflicto Armado Colombiano? ¿Acaso esta en las funciones del Presidente de la Comisión (Articulo 21) citar a un expresidente de la República para abrirle un espacio para contar ese si una “verdad” que nadie cree?.

Mientras se espera se resuelvan los puntuales interrogantes se anticipa de alguna manera que el cargo que ocupa el padre Francisco de Roux, le obnubiló, o como se dice en el común, se le subió el cargo a la cabeza, y deja conocer esa faceta desconocida u oculta de una personalidad arbitraria o para otros autoritarios, llegando a extremos inadmisibles, contrarios a lo que se espera del capitán del barco. Su proceder y justificación de un hecho que no tiene asidero legal le hace estar incurso en una conducta reprochable que debe ser materia de investigación. 

No quepan dudas sobre el propósito que animó la creación de La Comisión de la Verdad, pero el manejo sesgado e irresponsable que le imprime ahora su conductor, deja saber que se perdió el norte, y se casó ideológicamente con una visión de la historia para que sea contada por aquellos que siempre fueron parte del problema de la sociedad colombiana, y hoy, se presentan como figuras intachables que enjuician a todo aquel que se atreve a decir la verdad y lo hacen censurándolos.

En conclusión, o corolario, la censura y veto en que acaba de incurrir la Comisión de la Verdad con uno de sus integrantes, es la clara demostración que primó su sesgo ideológico y sectario, que ya anticipa, descalifica y pone por completo en entredicho la versión o relato final que entregue esa entidad al concluir su mandato que es de tres años de los cuales se han cumplido ya dos. Hoy, la sociedad civil, le compete exigir que se cree y conforme una verdadera “Comisión Civil de la Verdad”, en la que se escuchen todos los autores del conflicto, en particular los militares que en esos 53 años del conflicto tuvieron injerencia y actuaron con sus armas en nombre de la República. La historia triste y sangrienta del conflicto colombiano en cerca de medio siglo, no se puede reescribir con claro sesgo parcializado, las generaciones futuras que conozcan la trágica historia del conflicto colombiano merecen respeto.

Bogotá, D.C. Julio 31 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión