El monstruoso senador asesino

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El monstruoso senador asesino

No existe en la lengua castellana un término que recoja una conducta como la confesada por el individuo de nombre Julián Gallo Cubillos, más conocido con su alias de “Carlos Antonio Lozada”, como responsable de la ejecución en total estado de indefensión del inmolado líder conservador ALVARO GÓMEZ HURTADO (q.e.p.d.), pero el del título de la columna es el que más lo retrata. En Colombia y en el mundo no existen los ex asesinos, ni dejan de serlo por ser amnistiados o indultados.

En el prontuario de este avezado criminal se le tiene como responsable de la instalación del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en 2006, de los atentados contra Germán Vargas Lleras en 2002 y 2005 de la activación de una cicla bomba en una sede de la Policía en el barrio Fátima de Bogotá, en 2002. Del atentado con bomba lapa al señor exministro Fernando Londoño Hoyos en el 2006.

Es bastante probable sea también uno de los autores materiales que causó el grave atentado con un carro bomba al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero del año 2003. Se duda mucho que sin la intervención del Frente Urbano Antonio Nariño la temible columna guerrillera de la Teófilo Forero haya podido ejecutar sola tan execrable crimen.

Bastantes consecuencias se desprenden de esta confesión recogida en la carta entregada el 30 de septiembre suscrita por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape y Pablo Catatumbo Torres y sus abogados que la JEP dio cuenta de ella, a través del comunicado No. 132 de octubre 3 de 2020, en la que dejaron saber la disposición de ellos en “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los homicidios” de Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.

Pasados más de dos años de estar en función la JEP, en el entendido que no existe un macrocaso que se ocupe de los asesinatos selectivos sorprende la rapidez con la cual esta justicia transitoria se aprestó a señalar que tiene competencia prevalente y preferente para investigar esos hechos, que dice lo son con ocasión del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016.

Dispuso así mismo, escuchar en versión voluntaria a Rodrigo Londoño Echeverri y Julián Gallo Cubillos. Llama la atención la justificación de esa decisión con fundamento a normas “constitucionales y legales” sin citarlas puntualmente. Este hecho improvisado, adoptado de afán, no tiene cabida en los siete macro casos que son los únicos que deben avanzar, pero no sacando del sombrero cual mago en funciones sin mediar informe previo.
Ese afán de asumir la investigación es la demostración nuevamente que esa Jurisdicción les fue echa a la medida de las FARC. Pero aquí se equivocan y de manera grave la JEP y su Presidenta Patricia Linares, no solo por lo ya indicado sino por algo elemental que, en su celeridad de ayudar a los encartados, olvidó para el caso del asesino confeso senador Julián Gallo Cubillos que él tiene fuero, que su confesión de la participación en el magnicidio es del único conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, la Corte Constitucional dejo claro precedente constitucional al indicar en la sentencia C 674 de 2017 que «cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción, según el caso». La prevalencia de la decisión constitucional que blindara el acuerdo de Paz se impone y la JEP la irrespeta frente al asesino mencionado. Ya está en mora de enviar cuanto antes el expediente ante la Corte Suprema de Justicia que es la competente para juzgarle.

Desde luego esto no va ocurrir y a raíz de la confesión en la si autorizada y permitida investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación quien dispuso de inmediato que Echeverri y Gallo sean escuchados en declaración juramentada el próximo 4 y 5 de noviembre. Al conocer la decisión el máximo vocero de las Farc ya puso el grito en el cielo, seguro por el miedo que tiene que esa no es la jurisdicción confeccionada a su medida, la que no puede manipular a su antojo.

Es más, no se requiere ser un ávido investigador forense para inferir que el asesinato execrable del doctor Álvaro Gómez Hurtado haya sido con motivo del conflicto armado. No señores el magnicidio, ocurrido en noviembre 2 de 1995, que ahora es un crimen de lesa humanidad, lo fue por sus posturas ante el gobierno permeado por el narcotráfico más conocido como el caso 8.000. Ahí lo que hubo fue una posición digna, respetable y sincera como eran siempre las inigualables intervenciones del gran líder conservador.

La confesión por demás tardía de estos facinerosos tiene por propósito pretender lavarle la cara sucia por siempre al indigno expresidente Ernesto Samper Pizano. Él sabe o presume que las investigaciones de la Fiscalía avanzan y según parece incluyen también a su escudero mamola Horacio Serpa. Él sabe que aquella entidad cuenta con un completo equipo de investigación y suena bastante que puedan llegar a ser vinculados con el magnicidio.
En medio de ese lento transcurrir se conoció que la señora Piedad Córdoba con ocasión de la reunión del edificio Alpes dejo saber que ahí estaban reunidos los asesinos del líder inmolado. Aquella comenzó ya a declarar ante la fiscalía y se está pendiente que concluya su testimonio; hay serios indicios que su distanciamiento de las FARC es cierto. Ese presunto atraco que le ocurriera a sus escoltas se debe interpretar más bien como un intento en tratar de amenazarla y silenciarla pues tiene nerviosos e inquietos a los responsables de la muerte del destacado conservador.

Es tan amañada la posición del entonces parte del secretariado de las Farc que parecen olvidar a propósito que ese expresidente liberal no puede ser objeto de investigación de la JEP por puntual prohibición del Parágrafo 1 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo No. 1 de 2017. Los expresidentes tienen fuero. Por lo tanto, su juez natural no es ni será nunca la justicia transicional. Ese inusual favor que pretende las FARC hacerle al responsable del 8000 les salió muy mal. Le revivió por siempre la condena social que lo acompañará de por vida. La JEP no le va servir como si lo hiciera el exrepresentante Heyde Mogollón, de quien vale recordar que William Rodríguez Abadía, el hijo del capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez, informó ante los medios que le entregaron un millón de dólares por absolverlo.

Es claro que ante la JEP se puedan investigar crímenes de guerra que califiquen como de lesa humanidad si acontecieron antes del 1 de diciembre de 2016, pero el presunto crimen de estado en la persona del doctor Álvaro Gómez Hurtado, califica en ser de lesa humanidad como ya fue decretado, pero nunca lo fue por razón del conflicto así ahora lo confiesen quienes dicen ser sus autores materiales y traten de acomodarlo a esa razón que carece por completo de soporte. La tardía confesión efectuada en el presente mes lo es cuando ya se sabía por parte del monstruoso senador asesino que un fiscal de Derechos Humanos en diciembre 19 de 2017, tomó la decisión de declarar el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, como delito de lesa humanidad.

En esa oportunidad un fiscal de Derechos Humanos concluyó que “el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los extraditables¨ en la década de los 80.”

¿Dónde queda entonces que lo fue con ocasión del conflicto armado? La respuesta es elemental. No lo fue. Ocurrió o le motivó las posturas firmes contra el narcotráfico que sostuvo siempre el Dr. Álvaro Gómez H. Lo que se desprende de la confesión es que el cartel del Norte del Valle, encontró en su ideario criminal un ejecutor ideal, como fueron las subversivas Farc de entonces que, si bien entre bandidos se entienden, les servía para ocultar o camuflar su participación por los efectos y consecuencias que sabía tendría el crimen execrable en el devenir de la Nación.
Hoy, es posible como hipótesis derivar una participación tripartita que involucra un presunto ahora determinador en cabeza del gobierno de entonces, un eslabón de intermediario que fuera el cartel del Norte del Valle quien seguro concretó la participación del autor material en la entonces Farc, sin que su participación desnaturalice la causa o razón que motivó el asesinato cometido. Baste con recordar la alianza macabra que se dio y comprobó entre el narcotráfico y los subversivos del M19 que terminó en la destrucción del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Cerca de cumplirse 25 años del magnicidio es claro que la justicia colombiana no ha funcionado ni operado y ahora que se conoce esta extemporánea confesión se infiere que ante la denegación de justicia que incluso llevo a tener por responsables a quienes no lo son y afectar a muchos militares en retiro y a las mismas FFMM mañosamente señaladas por un exembajador de los Estados Unidos, se impone llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, como anticipo se hará oportunamente.

Bogotá, D.C octubre 10 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

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