UN MONUMENTAL SALDO EN ROJO

Por: Bernardo Henao

Se ha cumplido el pasado 24 de noviembre cuatro años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que se efectuara en el emblemático Teatro Colón de Bogotá, y que en su momento se suscribió con pompa y alegría por el entonces Presidente Juan Manuel Santos y el comandante del grupo subversivo Farc Rodrigo Londoño, y la inmediata conclusión que se impone, es que no se dio la terminación del conflicto, pues las disidencias de las Farc no le suscribieron y siguieron en armas contra la República y ni se diga de la construcción de una Paz estable y duradera que tampoco se dio y por el contrario, arreció una mayor violencia y derramamiento de sangre.

Por siempre en ese balance que se efectúa sobresale la notoria forma como se desconoció la voluntad soberana del pueblo. Contrario a lo que se esperaba, el plebiscito del 2 de octubre de 2016 negó mayoritariamente el Acuerdo que no ha debido suscribirse. Pero en forma maquiavélica y a través de una respuesta a la propuesta del Pacto Nacional que presentaron los principales y destacados patrocinadores del NO, liderados por el entonces expresidente Alvaro Uribe Vélez, el Primer Mandatario Juan Manuel Santos tejió una telaraña infernal, no aceptó los puntos del pacto propuesto, y por el contrario les engañó hasta llevar a una cuestionable aprobación del Congreso en esas leyes de trámite rápido y desconociendo la primacía de la Constitución Política. Desafortunadamente, no estuvo a la altura del crucial momento la Corte Constitucional de quien se esperaba una decisión jurídica, pero primó una política y le impartió su bendición y beneplácito blindándole de controvertible legalidad y constitucionalidad que hoy, en todo momento es invocada cuando se llega a cuestionar la mentada y ausente Paz.

El nuevo movimiento político FARC, en cada oportunidad señala al gobierno como primer responsable de haber incumplido, cuando son enormes los esfuerzos del Gobierno Duque por implementar el acuerdo y si algo es demostrable en el balance es que si puede indicarse que ha tenido voluntad y decisión en cumplir en todos los frentes que le pactó el gobierno anterior como lo registraron los comisionados Emilio José Archila y Miguel Antonio Ceballos lo que no se puede decir del nuevo movimiento FARC que ni siquiera su nombre cambió para contribuir a la Paz.

Se aplaudió en su momento como gran logro la entrega de armas, secreta por supuesto, sin mayor supervisión ni revisión, y hoy en el lapso transcurrido queda claro que no entregaron la totalidad de las armas y dejaron guardadas para las disidencias seguramente las mejores. La entrega de bienes se ha cumplido en nimia proporción y cada vez se les prorroga el plazo para que cumplan. En medio de sus estruendosas mentiras, el guerrillero alias Romaña se las destapa y deja conocer toda la existencia de cuentas en el exterior, en Turquía y Grecia, oro en su poder que el principal beneficiario de ello, el senador confeso de asesino Julián Gallo, sólo atinó a decir en su defensa que la carta era apócrifa, mamola como dijera otrora Horacio Serpa. En diciembre, si no lo hacen la entrega definitiva de bienes, como es seguro se anticipa va ocurrir, quedarán por completo incumplidos y confiemos que no se les vaya alargar nuevamente el plazo, sino que se documente el incumplimiento, y por supuesto se determine y compruebe el ocultamiento de los bienes.

El mayor saldo en rojo de este lamentable balance es sin lugar a dudas la completa ausencia de verdad y desde luego de justicia que en los ya tres años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sólo hasta la fecha, es de una total impunidad. Las víctimas que han debido ser por completo las que primaran más bien al parecer siguen siendo revictimizadas como ocurrió con el tratamiento de error al delito de reclutamiento de menores denunciado. De los siete macro casos aperturados, no se ha proferido sentencia alguna y ahora en procura de proteger a varios de los integrantes de la entonces subversión, en una actuación controvertible que le antecede también una entrega de aparente verdad, se erigen cual escudo protector y armadura a tratar de impedir que la justicia ordinaria cumpla la labor de investigar y acusar a los presuntos responsables del magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).

Por supuesto, desde el pacto de la Paz se omitió gravemente delimitar hasta donde era y es la competencia de la JEP y la propia de la Justicia Ordinaria. Se dio posesión a unos magistrados sin siquiera tener organizadas las salas en las que se iba a trabajar que hizo que devengaran gran asignación y nulo o escaso trabajo por meses sin resultados, ya que sin marco normativo y reglamentario no era viable o posible funcionar. De no olvidar la actuación prevaricadora de los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados, integrantes de la Sala de Revisión oportunamente denunciados, que de hecho si le concedieron la garantía de no extradición del narcotraficante alias Jesús Santrich, con el lamentable hecho de su burlesca fuga.

Pero el epílogo de este deplorable balance lo incrementa en su saldo teñido en completo rojo dos hechos inimaginables y sin precedentes en nuestros anales de la historia. El primero de ellos es la actuación de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, quien el pasado 25 de noviembre hizo concurrir en diligencia inadmisible, que no encaja en la misión y trabajo de la JEP, al alto gobierno, citando a unos ministros y consejeros y al propio Fiscal General de la Nación para ocuparse de las medidas de protección para los escasos excombatientes de las Farc que aún quedan en el proceso, que se recuerda de cerca de trece mil quinientos guerrilleros desmovilizados apenas quedan unos tres mil. ¿Con qué fundamento después del marco de acción establecido en claros actos legislativos para funcionar la justicia transicional de la jurisdicción especial se auto habilita este tribunal para hacer esa clase de citaciones?

El segundo si es para enmarcar en los absurdos más evidentes que nadie alcanzase imaginar que ocurriera, como ha sido el largo debate de control político cumplido al interior del Congreso convocado por el senador cabeza de la oposición Gustavo Petro, en los que no se hizo esperar la intervención del senador Iván Cepeda y de uno de los nuevos mejores amigos que han hecho como es el senador Roy Barreras, que todos al unísono como en fuente ovejuna llegaron a absurda conclusión que todo fue un montaje de la DEA para incriminar al angelito Seuxis Hernández Solarte más conocido con su alias, propio de bandidos y hampones, de Jesús Santrich con el narcotráfico y con clara finalidad afectar el proceso de paz, dejando saber que en imaginario e inexistente complot, había participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez de quien se anticipó, sería denunciado por el delito de traición a la patria.

Quien lo creyera, el pésimo debate fue presidido por la compañera otrora de Tirofijo Griselda Lobo Ramírez más conocida como Sandra Ramírez que demuestra que el famoso recinto congregacional, del que los anales de la historia registran intervenciones magistrales de Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez Castro, Gilberto Álzate Avendaño, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Alvaro Gómez Hurtado entre otros destacados políticos, llegó a unos niveles insospechados en el trasegar republicano, como fuera que unos cuestionados citantes, se convirtieron de buenas a primeras en defensores de oficio de un narco terrorista alzado en armas contra el país alias el no ciego Jesús Santrich. Vergüenza se siente y arde la sangre al presenciar tamaño ignominia. Por fortuna, el exfical general de la Nación Dr. Néstor Humberto Martínez en intervención puntual le demostró y probó con lujo y conocimiento que la DEA y el Gobierno de los Estados Unidos no hacen entrampamiento sino por el contrario demostró que el delincuente de marras delinquió después de acogerse al acuerdo y prueba adicional de ello está también su fuga y alzamiento en armas.
Bogotá, D.C. noviembre 28 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

EL DESTIEMPO DEL GENERAL MORA

En muchas latitudes así no se desempeñen funciones de juez, es muy propio de las personas emitir juicios y anticipar resultados y ello está bien pero no lo está cuando se tuvo la oportunidad de actuar y por temor, miedo, pusilanimidad o cobardía se guardó silencio. Eso ni más ni menos es lo que hoy le acontece al General Jorge Enrique Mora Rangel que en reciente Foro impulsado por la Universidad Militar que se ocupó del balance de los cuatro años de la celebración del Acuerdo de Paz, se vino lance en ristre con lo pactado y aprobado en la Habana.  

Otros pueden cuestionar y controvertir el Acuerdo de Paz de la Habana, del que soy por completo el primer ciudadano en rechazarlo y reprocharlo, pero que un integrante que fungió como negociador plenipotenciario venga a criticarlo como lo hace ahora el general, no le queda nada bien hacerlo. En estricto sentido, cuando se participa en cualquier negociación y vaya si el Acuerdo de la Habana lo fue, que por demás se encuentra viciado de absoluta nulidad, le compete mantener y respetar la confidencialidad que regía los términos de la discusión y negociación. 

Venir ahora hacer público su total rechazo extemporáneo al Acuerdo de la Habana, en claro y evidente conflicto de intereses, por su posición del pasado, no es solo reprochable es por completo un abuso de quien lo hace que todo indica que entre los motivos que lo llevan hacerlo, lo es por para procurar promover, entregar y comercializar un libro de su autoría, otros pensarán que es para recuperar el espacio perdido ante la Reserva Activa por tanto controversia que desata. No, la vida enseña que no es posible estar del lado de la luz y la oscuridad al mismo tiempo. 

Otrora, cuando se adelantaban en el 2012 la conformación del equipo negociador que representara al gobierno, al conocerse que uno de los elegidos era el general Mora, se entendió en su momento que su destacada hoja de vida era garantía que serían defendidas las FFMM y de Policía por un alto oficial que había ocupado destacadas posiciones castrenses llegando a ser Comandante en Jefe de las FFMM. No en vano una carrera militar de 42 años en la que desempeñó con lujo todas las posiciones en que fuera nombrado y condecorado por sus acciones anticipaban que estaría a la altura de la delicada responsabilidad, pero si se dio una excepción, como lo fue en la voz no escuchada en ese momento del expresidente Andrés Pastrana que expresó su oposición, el tiempo le da la razón.

Hoy en ese juicio al que siempre la historia somete al escrutinio a los protagonistas de decisiones que trascienden y afectan el futuro de la Patria, lamentablemente el General Mora Rangel no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él quien en su mejor  momento del comandante de la FFMM al ingresar al Congreso de la República le recibían de pie, con admiración y apoyo saludándole efusivamente,  menos por los contradictores mamertos de entonces que seguían sentados; por eso, no hay duda, se pensó que la defensa institucional que se entendía debía cumplirquedaba en las mejores manos. Hoy, venir a cuestionar el general Mora que cualquier decisión gubernamental que se quiera adoptar en el país implica que “tengan que estar las FARC”, o que se trató de un “error mortal” haber incluido las instituciones en el proceso, es desde luego culpa suya también. No podrá soltarse ni distanciarse fácilmente de su responsabilidad.

En los anales del Acuerdo de la Habana, no se conoce constancia alguna de su rechazo a los puntos de acuerdo aprobados. Tampoco hizo efectiva en su momento una renuncia irrevocable al cargo de negociador, si era que sus puntos no se tenían en cuenta, como debió acontecer. La mera intención dehaberlo querido hacer no bastaba. El libro que se dice está próximo a publicar como constancia ahora de ello, es por completo extemporáneo y será la fehaciente prueba de su discutible y controvertible moralidad que pareciera quiere pregonar, ya que no podrá eludirse de la responsabilidad que él tuvo de  participar en la creación de ese Pacto de fallida Paz,  que hoy, tiene al país en vilo,  polarizado,  dividido y lo que es peor, se hace política con esas banderas que involucran conceptos propios de todos los ciudadanos, esto ni más ni menos es lo que acontece con la Paz. Ella, es de todos, la queremos todos. Los ciudadanos en general, sin excepción, queremos vivir y estar en paz, pero vaya encrucijada y contradicción en la que nos encontramos, por ella no quepa duda ahora estamos y seguiremos en ferviente conflicto y discusión.  

No hay duda el único fallo claro, puntual y categórico, fue el emitido en las urnas al decidirse el Plebiscito del dos (2) de octubre de 2016, día de grata recordación cuando triunfó categóricamente el NO, gloriosa e imborrable fecha. Ese día, contrario a lo que los resultados estimados de las proyectadas encuestas se emitió una sentencia inapelable, definitiva e insobornable: El pueblo soberano de Colombia mayoritariamente rechazó el Acuerdo de Paz discutido en la Habana. Ese es por siempre y para siempre el fallo que quedo labrado en el acero de la más dura resistencia ciudadana que jamás la historia nacional olvidará. 

Hoy no encontramos en medio de la controversia porque no se respetó la decisión soberana que el mandatario de entonces dijo que si eso ocurriría “se acababa el proceso de paz”; pero como buen jugador de póker, que lo ha sido por siempre, jugó con cartas marcadas, traicionero  por donde se analice, irrespetó olímpicamente la voluntad popular; incluso de manera incomprensible y desafortunada contó también con el apoyo y respaldo que recibiera de unos sectores políticos que como vencedores no tenía nada que renegociar, y era obvio que la única posición admisible era hacer respetar la decisión mayoritaria de los votantes; por supuesto, siempre se tendrá que tener presente que el pueblo autónomo en su más amplia soberanía no le confió a nadie jamás su representación para que cambiasen su firme y acertada decisión. 

Bogotá, D.C. noviembre 21 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

Monseñores, curas y asesinos

Por John Marulanda -November 19, 2020


En el seminario arquidiocesano de Santa Rosa de Cabal, intentaba saber si el llamado al apostolado de Dios era mi destino en esta tierra. Medraba en esas silenciosas aulas una nueva iglesia, supuestamente más militante y comprometida con los pobres y la propuesta tenía el sabor romántico de las órdenes mendicantes del siglo XIII, muy atractivo para jóvenes deseosos de compromiso. La carga del celibato fue mucho para mí y renuncié al sacerdocio. Años después, como comandante militar en áreas azotadas por el ELN y las FARC, percibí simpatía de algunas monjas y curas veredales por los bandoleros que exhibían a Camilo Torres como un profeta elevado al cielo cuando intentaba quitarle el fusil a un soldado, en su primer –y último– combate. El ELN, organizado, entrenado, equipado y sostenido por la dictadura castrista, acogió en 1969 a unos curas aragoneses que llegaron a Colombia a lomo de esa nueva iglesia cristiana, a asesinar soldados, policías y campesinos dizque para liberarnos. Nunca ha sido claro de quién o de qué aún nos quieren liberar. Posteriormente, mientras estudiaba Filosofía e Historia en la U de Santo Tomas, me paseé por los textos del presbiteriano brasileño Rubem Alvez, del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, de Helder Cámara, Paulo Freire, los hermanos Boff, monseñor Gerardo Valencia Cano, el Pacto de las Catacumbas, la Conferencia de Medellín de 1968 y en, fin, la revista Cristianismo y Revolución y otras diletancias para nada liberadoras. “El buen cristiano es un apóstol de la acción”, me aleccionó un dominico.
Acostumbrado a ejecutar sin miramientos a quienes consideraban revisionistas o traidores y arropado en la bandera de la Teología de la Liberación, el ELN asesinó en 1999 al obispo de Arauca, monseñor Jaramillo Monsalve, de 73 años, ejecutado de cuatro disparos de R-15 por la espalda, en absoluto estado de postración. Así marchaba la tal Teología que debía “…siguiendo el ejemplo de Cristo, observar un amor especial por los pobres”.
Medio siglo después de su fundación, el ELN, otro cartel del narcotráfico y la minería ilegal, del crimen organizado transnacional, realiza actos terroristas como el de la Escuela Santander (21 estudiantes muertos) en enero de 2019, comete los peores ecocidios de Latinoamérica con sus voladuras de oleoductos y cuenta con el respaldo del gobierno venezolano mientras el cubano protege a sus octogenarios cabecillas. Gracias a estas circunstancias, la banda ha crecido en pie de fuerza, en armamento y ya hace presencia en la frontera con Perú, en la provincia de Loreto.
En julio de este año, el obispo de Cali, Dario Monsalve, reconocido por su manifiesto amor cristiano por las bandas narcocriminales de las FARC y del ELN, acusó al gobierno de “venganza genocida”, lo que obligó al Vaticano a apartarse de tal pronunciamiento, a todas luces irreal y mentiroso. Un grupo de ciudadanos caleños ha pedido que se releve de su responsabilidad pastoral a este controvertido obispo. Desde otro escenario, en la Comisión de la Verdad, el cura de Roux, su director, otro manifiesto afecto a los objetivos del ELN, impostando mansedumbre y con voz venenosamente queda, adelanta su apostolado ideológico con fondos del mismo sistema que aspira a destruir. Todo eso complementado con la tal JEP, un engendro creado por el secretario del Partido Comunista español, que como se acaba de demostrar, miente descaradamente con el cuento falsificado por uno de sus magistrados sobre un desaparecido en Urabá, que nunca lo fue y que, como es la consigna, lo quieren cargar a la lista de ejecuciones extrajudiciales del Ejército.
Por supuesto que La Habana y Caracas se frotan las manos mientras ven avanzar en Colombia estos fracasados endriagos socialistas, con el avinagrado apoyo de solideos y bonetes. Y de Ak-47, claro. Pero, a pesar de esta ofensiva, la opinión pública colombiana, curtida en violencia y corrupción, continúa en su inmensa mayoría despreciando las propuestas asesinas de la tal Teología de la Liberación.
En este escenario, ojalá y el próximo presidente de Estados Unidos, desarrolle un Plan Colombia II, so pena de que Colombia se convierta en el foco definitivo de miseria comunista para toda la región y esta, en el bocado favorito de China y la amenaza principal a la seguridad de la potencia

Monseñores, curas y asesinos

Guardián de la verdad revelada

¿Sabía usted querido lector que Colombia tiene un “comisario de la verdad”?  Yo no lo sabía. Acabo de descubrir esa maravilla, gracias a un artículo de El Colombiano. El comisario se llama Carlos Martín Beristain o Beristaín. Es vasco y trabajó en varios países latinoamericanos. En México trabajó en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del que hizo parte Ángela María Buitrago, ex fiscal cuya escandalosa parcialidad conocemos los que hemos escrito sobre la arbitraria detención, de más de ocho años, que sufrió el coronel Alfonso Plazas Vega, por haber derrotado al M-19 en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Si mal no recuerdo el GIEI fue expulsado de México por mentirle al país y ser desleal con los familiares de las víctimas.

Sin embargo, la prensa colombiana presenta a Carlos Martín Beristain como un sabio y un santo laico. Pero es muy difícil saber siquiera cuándo nació (supe por un artículo de una universidad española que había nacido en Euskadi) y en qué universidad obtuvo los títulos de médico y psicólogo. Parece como si el comisario de la verdad hubiera borrado esos detalles en Internet. 

¿Cómo es posible que nadie se pregunte qué hacen en Colombia personajes extranjeros en altos cargos oficiales y con biografías tan poco transparentes? 

La página web de la Comisión de la Verdad dice que la especialidad de Beristain es  la “atención psicosocial de víctimas en el mundo”.  Nada menos. Su ascenso en Colombia ha sido vertiginoso. En julio de 2018 él era miembro de esa comisión, hoy es el comisario, es decir es el hombre de las galletas, de la verdad única, quien dice qué hay que creer y pensar. Beristain actuaba en Colombia desde antes. Un artículo de la prensa vasca dice que, en 2015, él ganó un premio de la Fundación Gernika Gogoratuz, del País Vasco español, “por su labor durante los últimos treinta años, en apoyo y acompañamiento a las víctimas de los conflictos violentos, tanto del País Vasco como en diversas partes del mundo como Guatemala, Colombia o el Sahara Occidental pero también en Bosnia, México, República Democrática del Congo o Ecuador, entre otros”. 

El comisario de la verdad es un amigo del colectivo de abogados Alvear Restrepo (Cajar) y tiene los reflejos acusadores de los mamertos. En mayo pasado, el doctor Beristain declaró que la empresa privada colombiana es “criminal”. Un  folleto de Alirio Uribe Muñoz, directivo del Cajar, recibió su total respaldo. “Ese informe, dijo el comisario, busca evidenciar algunas prácticas criminales de empresas privadas de los sectores extractivo, minero-energético, alimentario, industrial y ganadero, en el contexto del conflicto armado colombiano”.  Toda la Colombia que trabaja está en esa frase.   

En manos de un comisario, la verdad deja de ser un derecho, un aliciente del ser humano, para convertirse en la cosa de un individuo o de un grupo.  Bajo el control de una “comisión” o de un “comisario”, la verdad de las víctimas puede ser manipulada para servir a una casta.  

Beristain viaja mucho, por cuenta del erario público. En estos días su misión consiste, según El Colombiano, en  “ubicar y escuchar a los cerca de 500 mil colombianos que viven en el exilio para motivarlos a que aporten su verdad”. Para escuchar esa muchedumbre “ya ha visitado 18 países, en varios continentes”, explica por su parte El Espectador.

El comisario le echa la culpa de esos exilios a dos entidades: a los gobiernos colombianos y al “conflicto armado”. Jamás ha dicho que el terrorismo de las Farc, del M-19, Eln, Epl, Quintín Lame, tuvo algo que ver con la salida del país de miles de compatriotas. Las víctimas de los aparatos comunistas de terror, y de las AUC de extrema derecha, no cuentan, o son encasilladas por él de tal manera que no son visibles: todo cae dentro del pozo sin fondo del llamado “conflicto armado”.

En una entrevista atribuyó esos exilios al expresidente Turbay Ayala quien luchaba contra la barbarie del M-19. Y sin nombrarlos, explica que otros exilios se deben a Pastrana, por el fracaso de sus negociaciones en el Caguan y a Uribe, por su lucha contra los paramilitares de extrema izquierda (Farc/Eln) y de extrema derecha (las AUC), y a Duque por el “asesinato de líderes sociales”, sin mencionar una palabra sobre el papel central que juegan en esas matanzas las Farc/Eln y los carteles narcotraficantes.

Otra muestra de desequilibrio: según la Comisión de la Verdad, “en la década de 1980 los colombianos huían hacia Suecia, Francia y España por las llamadas ‘listas de la muerte’, alimentadas por nombres de líderes bajo la sospecha de ideología de oposición”, cuenta El Colombiano. Es decir, según esa comisión, había personas que debían huir pues el gobierno los perseguía por pensar (ideología de oposición), no por cometer crímenes. ¿Qué dice el doctor Beristain sobre los trece que secuestraron y asesinaron en 1982 a Gloria Lara de Echeverri, ex directora nacional de la Acción Comunal, después de mantenerla durante seis meses y cinco días en infame cautiverio? En octubre de 1983 ellos salieron del país hacia cuatro países europeos. ¿Se refiere a ellos cuando habla de perseguidos por “ideología de oposición”? 

En el portal de la Comisión de la Verdad, en cuatro líneas asombrosas (2), Beristain elogia discretamente la violencia como recurso para seguir vivo: “De la gente que, en medio de esa tragedia, se pasó de la UP a las Farc, todos están vivos. De los que se quedaron a luchar por la paz porque no creían en las armas, están todos muertos o en el exilio”. En claro, no en el novlangue fariano, Beristain dice: las Farc protegieron a los miembros de la UP que se fueron a disparar en sus filas y los que rechazaron la lucha armada “están todos muertos o en el exilio”. ¿Es necesario explicar por qué esa conclusión es grotesca y mentirosa? 

Si la imparcialidad de Beristain es discutible, también lo son sus métodos de trabajo. La compilación de los testimonios de las víctimas “del conflicto” es hecha de forma rarísima. Esa labor transcurre en las 40 o más “Casas de la Verdad” que la Comisión de la Verdad ha construido en el país.

 ¿Que son las “Casas de la Verdad”?

Son viviendas erigidas en algunos municipios por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Este organismo fue pactado en La Habana entre JM Santos y las Farc. En esas “casas de la verdad” les toman declaración a ciertas víctimas del conflicto, bajo el decorado cuasi esotérico que le imprime el jesuita Francisco de Roux, jefe máximo de la Comisión de la Verdad, desde mayo de 2018.

 ¡Qué raro todo eso! ¿Por qué no reciben esos testimonios en despachos oficiales? ¿Quién garantiza la seguridad de los declarantes? ¿Quién se hace cargo de la cadena de custodia de esos testimonios? ¿Quién impide que la interpretación tendenciosa de esos testimonios sea explotado con fines políticos? Nadie lo sabe. 

Ese estilo de trabajo significa que el aparato de Estado legal, constitucional,  tiende a desaparecer y es substituido por un aparato paralelo invisible o casi. El “acuerdo de paz” no es sólo un papel. Es, sobre todo, la construcción de un aparato de Estado paralelo cuya expresión más visible y aberrante es hoy la denominada “Justicia especial de paz” (JEP). Pero hay otras construcciones. Las “casas de la verdad” hacen parte de ese aparato etéreo sin respaldo constitucional.

¿Por qué la verdad de las víctimas debe pasar por el tamiz de un “comisario de la verdad” y ser enseguida el monopolio de una “comisión de la verdad”? Porque en la sociedad totalitaria, como explicó George Orwell, la verdad debe ser triturada, remodelada, lacerada para que el Big Brother estalinista pueda alterar el pasado y controlar el futuro. 

No podemos dejar la verdad de las víctimas de la subversión narco-comunista en manos de un “comisario”, ni en las cajas de una “comisión”. La verdad debe ser ventilada en libertad. En lugar de manipular y sojuzgar la verdad, los países en conflicto requieren, antes que nada, tribunales de justicia que verifiquen los hechos y castiguen a los criminales.

En Colombia no tenemos, en estos momentos, quien haga ni lo uno ni lo otro. ¿Cuándo el gobierno de Duque pondrá fin a esas anomalías y podrá las cosas a marchar normalmente?

(1).- https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/una-parte-de-la-verdad-del-conflicto-esta-exiliada-carlos-beristain-articulo-879122/

(2).- https://comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/para-pacem

¿Joe Biden gran amigo de Colombia?

El Plan Colombia, en marzo de 2000, no tenía como objetivo atacar y vencer a las guerrillas marxistas. Ese plan fue diseñado para luchar contra el tráfico de drogas. La línea del plan Colombia, respecto de las FARC y el ELN, era muy preciso: “hacer la paz con las guerrillas izquierdistas”. Esa era la línea que el gobierno de Bill Clinton había trazado para el Plan Colombia. El iniciador de ese plan, el presidente Andrés Pastrana, aceptó ese esquema y éste no cambió en las versiones que adoptó a lo largo de esos años.

La idea de que el senador Joe Biden es “un convencido de la lucha contra el terrorismo” y de que él “se dio cuenta de que el Plan Colombia era la única salida a una guerrilla penetrada por el narcotráfico” (1) es imprecisa y equívoca. Esa “salida” consistía en ceder ante la guerrilla en una “negociación de paz” como la que Pastrana impulsó desde octubre de 1999, con ayuda de Clinton y durante tres años, lo que condujo al reforzamiento de la narco-guerrilla.

El presidente Clinton se empeñaba en no ver que las guerrillas marxistas colombianas eran el principal enemigo de la democracia. Estas estaban ya metidas hasta el cuello en el narcotráfico y dirigían esa actividad en varias regiones de Colombia, pero no debían ser desmanteladas, según Washington. Las FARC y el ELN, empero, no querían sólo traficar con drogas sino derrotar al Estado, tomarse el poder y destruir el sistema democrático.

La Casa Blanca de esa época, bajo orientación demócrata, deslindaba, por puras razones ideológicas, esos dos campos inextricables. Su línea progresista era: para los narcos y paramilitares de extrema derecha, la guerra, y para la subversión narco-comunista, una “salida negociada”.

Colombia duró mucho tiempo escandalizada por el hecho de que los helicópteros de combate que el Pentágono daría a las Fuerzas Armadas de Colombia, como resultado del Plan Colombia, no podrían ser utilizados para atacar a las FARC ni al ELN. Hacerlo podría llevar a la suspensión del Plan Colombia.

Esa era la línea que Joe Biden defendía sobre el Plan Colombia. “Quiero ser enfático en que las armadas del mundo y en especial las americanas deben trabajar hombro a hombro para atajar el narcotráfico y cerrarle el paso a sus nefastas consecuencias”, reiteró Andrés Pastrana en su discurso ante la Conferencia Naval Interamericana en Cartagena, el 27 de marzo de 2000. No dijo allí nada sobre “atajar” la subversión armada.

Esa orientación de lucha, exclusiva “contra el narcotráfico”, no cambió en ninguna de las cuatro versiones del Plan Colombia redactadas a lo largo de ese periodo.

En enero de 2000, el gobierno de Pastrana había suspendido las órdenes de captura contra seis jefes de las FARC y organizado para ellos un viaje de estudios a Europa para que esos criminales, con los que estaba en “diálogos” de paz, “recogieran experiencias sobre el desarrollo económico y social que puedan ser aplicadas en el país”, según declaró en esos días, a la agencia AFP, Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Así, Raúl Reyes, Iván Ríos, Simón Trinidad, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez y Felipe Rincón, partieron ese 2 de febrero de 2000, bien encorbatados y con pasaportes nuevos,  en avión hacia Oslo, en compañía de Victor Ricardo, Comisionado de Paz del gobierno. Esa gente visitó cinco o seis países y realizaron una conferencia de prensa en París, el 24 de febrero de 2000, antes de regresar a Bogotá. Todo pagado por Colombia y por el Plan Colombia.

Tal era el espíritu que reinaba en esos momentos.

El “zar antidrogas” de Estados Unidos, Barry McCaffrey, nombrado por Clinton, durante su visita a Bogotá, a finales de febrero de 2000, dijo que “la estrategia integral” del Plan Colombia era “luchar contra las drogas, hacer la paz con las guerrillas izquierdistas y reactivar la economía”.

El general Charles Wilhem, jefe del Comando Sur, y el congresista americano John Murtha,  le confirmaron el 17 de mayo al presidente Pastrana, en entrevista oficial en la Casa de Nariño, que Washington aportaría 1.300 millones de dólares de los 7 500 millones de dólares que comportaba  el Plan Colombia (Colombia aportaría 4 000 millones de dólares a ese plan) para “luchar contra el narcotráfico, impulsar el proceso de paz con las guerrillas, promover el desarrollo social y reactivar la economía”.

La víspera, las FARC habían dado un paso más en la escalada de barbarie: asesinaron a doña Elvia Cortés, de 55 años, en Chiquinquirá, tras obligarla a portar durante seis horas un collar de dinamita por negarse a pagar un rescate de 7.500 dólares. Jairo López, el policía que trató de desactivar la bomba, también murió. Un mes antes, en plena negociación de paz, las FARC habían anunciado, que cobrarían un “impuesto a los ricos” y que secuestrarían a quien no lo pagara. Pastrana canceló la reunión sobre la droga con delegados de 18 países, incluido Estados Unidos, en la zona controlada por las FARC, para finales de mayo, pero siguió el “proceso de paz”. Tras los hechos de Chiquinquirá, Luis Garzón, el presidente comunista del sindicato CUT, rechazó el Plan Colombia diciendo que eso llevaría a una “intervención militar extranjera” en Colombia.

En el comité del Senado americano que discutía el Plan Colombia había gente que no quería saber que Colombia vivía semejante tragedia. La senadora demócrata Nancy Pelosi propuso que el dinero del Plan Colombia fuera utilizado más bien para luchar contra la drogadicción en Estados Unidos. Gene Taylor, Jim Ramstad y otros intentaron hundir la ayuda antinarcóticos. Las transacciones no avanzaban. El impasse terminó gracias a un acuerdo entre republicanos y demócratas. Los papeles centrales fueron jugados por Dan Burton, demócrata; Benjamin  Gilman, republicano; Porter  Gross, republicano;  William Delahunt, demócrata, y Sam Farr,  demócrata. Los archivos no muestran a Joe Biden como el gran defensor del Plan Colombia en esos momentos cruciales.

Los obstáculos continuaron. Los Comandantes de la Fuerza Aérea y de la Policía colombianas, generales Fabio Velasco y Rosso José Serrano, se quejaron, en mayo de 2000, por la decisión de ese comité de cambiar los helicópteros Black Hawks por helicópteros Hueys fuera de servicio que tenían menos capacidad de carga y transporte de tropas, autonomía nocturna y menor techo de vuelo.  De los 30 Black Hawks y los 33 Hueys anunciados, la comisión autorizó 60 Hueys “repotenciados”. El subsecretario de Estado Thomas Pickering tuvo que admitir después que tal cambio “perjudica los esfuerzos por reducir la producción de drogas y ocasiona un mayor costo material y humano”. Gracias a gestiones del senador Chris Dodd, no a Biden, algunos Black Hawks regresaron al plan.

La economía colombiana estaba al borde del colapso por la acción de la narco-guerrilla. Solo en los tres primeros meses de 2000 la escalada dinamitera de las FARC y el ELN había derribado 110 torres de alta tensión y causado pérdidas al sector eléctrico por valor de 6.1 millones de dólares. El 22 de marzo, esas guerrillas provocaron un apagón en Bogotá y en los departamentos del centro y noroeste de Colombia, que dejó pérdidas por valor de 10.2 millones de dólares a la economía nacional. Ese día, una agencia de noticias resumió: “Desde 1999, las FARC y el ELN han dinamitado unas 360 torres de conducción eléctrica en diversas localidades de Colombia”.

Sin embargo, el gobierno había cedido a las FARC, en ese mismo periodo, el control de un inmenso territorio desmilitarizado, de 42 000 km², para adelantar allí las inútiles “negociaciones de paz” del Caguán. Y trataba igualmente de llevar a una “mesa de conversaciones” al ELN. Pastrana quiso darle al ELN una zona desmilitarizada de 4 727 km², entre Antioquia y Bolívar, pero la oposición a ese plan, expresada tanto por las fuerzas militares como por los alcaldes de los tres municipios afectados, obligaron a Pastrana a echar marcha atrás.

La libertad de la prensa estaba agonizando. Tirofijo había acusado a los periodistas y a los dueños de los medios de estar “al servicio de los grandes monopolios”. La periodista María Helena Salinas había sido asesinada y el periodista Guillermo “La Chiva” Cortés, de 73 años, había sido secuestrado el 22 de enero de 2000 por las FARC. Siete periodistas habían sido asesinados en 1999, 300 habían recibido amenazas de muerte y 200 jueces también habían sido amenazados. En marzo de 2000, Francisco Santos, uno de los directores del matutino El Tiempo, y el periodista Fernando González “Pacheco”, habían tenido que huir del país por las amenazas de las FARC. Tirofijo estaba furioso contra “Pacho” Santos por las manifestaciones que él organizaba contra la ola de secuestros de civiles de las guerrillas y de los paramilitares.

En el exterior, Piedad Córdoba hacia un eficaz lobby contra el Plan Colombia.  La propaganda de las FARC/ELN, que definía el Plan Colombia como “una declaración de guerra”, hacia estragos. Los congresistas demócratas y algunos republicanos veían a la fuerza pública colombiana como un problema y le imputaban a ella la degradación de los derechos humanos que cometían sobre todo las guerrillas. Y veían erróneamente a los paramilitares de la AUC como apéndice de la fuerza pública.

La Ong izquierdista Human Rights Watch y el sueco Anders Kompas,  de la ONU en Bogotá, acusaban no solo a los paramilitares sino también al gobierno y a la fuerza pública de ser los causantes de la “degradación  de los derechos humanos”. La respuesta a esas presiones fue aprobar una ley confusa sobre el crimen de genocidio, que el gobierno objetó tímidamente pues “violaba normas constitucionales que facultaban a los cuerpos de seguridad para combatir a los grupos alzados en armas”. El resultado final no fue brillante. El Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, dijo que esa ley podría “tolerar (el genocidio) cuando se trata de grupos no legalmente permitidos”.

La ayuda americana al Plan Colombia fue finalmente firmada por Clinton el 13 de  julio  de 2000. La Unión Europea rechazó el Plan Colombia, el 24 de octubre de 2000. Ese enfoque de lucha exclusiva contra el narcotráfico y de ceder ante el comunismo armado significó para Colombia una enorme pérdida de vidas humanas, de riqueza y de tiempo. El senador Biden jamás trató de corregir ese grave error. Sólo hasta noviembre de 2001, el presidente Pastrana le pidió al nuevo jefe de Estado americano, George Jr Bush –republicano y en el cargo desde el 20 de enero de 2001–, permitir que la ayuda estadounidense del Plan Colombia pudiera ser utilizada para entrenar los batallones anti guerrillas. Washington respondió afirmativamente.  El 20 de febrero de 2002, ante la ausencia de acuerdos serios y el aumento de las matanzas y secuestros de las Farc, Pastrana le puso fin al experimento del Caguán.

Durante el gobierno de Pastrana, las FARC realizaron 907 ataques armados. Las perdidas industriales de Colombia fueron de 48,6% entre 1988 y 2002, según la ministra de Defensa del presidente Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, en octubre de 2002 (2).

Por fortuna, el enfoque del Plan Colombia tomó la dirección correcta tanto en Colombia como en Estados Unidos con la llegada al poder, respectivamente, de Uribe y de Bush.

La política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe impidió la caída de Colombia en la esfera socialista y desmanteló en gran parte la narco-guerrilla, así como a los narco-paramilitares. Desafortunadamente, la línea clintoniana de ceder ante las guerrillas fue resucitada por el presidente Barack Obama (enero 2009-enero 2017). El nefasto acuerdo de La Habana entre JM Santos y las Farc, que fue rechazado por los colombianos en el referendo nacional de 2016, condujo a un fuerte aumento de la producción y tráfico de cocaína, a un refuerzo de las FARC y del ELN y empujó una vez más a Colombia hacia el borde del abismo castro-chavista. Nada indica que la política de Joe Biden, en caso de resultar ser elegido presidente, sea la de ayudar a Colombia contra la subversión armada ni la de luchar exitosamente contra los regímenes totalitarios que atentan contra la paz y la prosperidad en el mundo. Con el factor agravante mayor: el partido demócrata americano, y la prensa y otros medios de información americanos, son hoy mil veces más radicales y marxistas que los de la época de Bill Clinton.

(1).- Ver el artículo de Andrés Pastrana en El Tiempo del 8 de noviembre de 2020: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-pastrana-arango/el-presidente-biden-un-gran-aliado-de-colombia-columna-de-andres-pastrana-547862/

 (2).- Ver Eduardo Mackenzie, Las Farc fracaso de un terrorismo, Random House Mondadori, Bogotá, 2007, página 469.

Basta ya de tanto abuso Sra. alcaldesa

Sin siquiera llegar a un año de ejercicio como alcaldesa de Bogotá, ya son demasiadas las actuaciones reprochables que la muestran como una gobernante que sólo piensa y actúa por la ideología que la distingue y no por el bienestar de los ciudadanos residentes en la ciudad capital que es a quienes debe gobernar por igual.

Ya cuando en diciembre cumpla un año al frente de la alcaldía, será de inmediato el comienzo por los contradictores como el punto de partida del inicio de la revocatoria al mandato, posibilidad que puede llegar a conseguir ese resultado que se ve más cercano si en un repaso rápido de algunas controvertibles decisiones, se muestra y demuestra el talante arbitrario, impositivo de la gobernante local que, como siempre, con teatral habilidad se erige con su dedo acusador en culpar a los demás de sus crasos errores, en particular de señalar al gobierno nacional como causante de ellos.

Las páginas de una columna no alcanzan para registrar tanto desacierto, por lo que solo se analizarán una pocas. De las más cuestionables actuaciones desde el inicio se marcó su clara pretensión de maniatar e impedir que el Esmad cumpliera con su labor constitucional. Al inaugurarse como burgomaestre de la capital adoptó medidas que dejo saber pretendían facilitar la protesta ciudadana, pero que realmente enfilaron sus baterías a limitar el accionar del Esmad y al final para dificultar el accionar de la policía nacional. El denominado protocolo que adoptó quedó claro que su finalidad principal fue cercenar herramientas con las cuales la policía actuaba contra los desadaptados vándalos que afectaban y destruían bienes en la ciudad y desde luego, con esas dotaciones protegían su humanidad

Quiso después en febrero cambiar el color marca y distintivo Rojo de los buses de Transmilenio por distinguirlos con unos colores multicolores dizque para reflejar el “estándar de emisión”, que se entendió rápidamente como pretender respaldar a los seguidores y defensores de los movimientos LGTBI; como no le fue bien en esa pretendía actuación que ocasionaba serio perjuicio a las finanzas de la ciudad, optaron aún sin decidirse, proponer pintar de amarillo los buses Euro V con filtro y Euro VI, y los de «cero emisiones» serían de color verde fluorescente; es decir, los que son a gas o eventualmente los eléctricos. Es claro que pretende adueñarse con los recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos explorar una manipulación a la agenda proyectada ambientalista.

En el mes de marzo a tres meses de su gestión precipitó el encierro de los ciudadanos con ocasión del Covid 19 en aquel fallido simulacro de aislamiento que terminó en desbandada vehicular de paseo a regiones cercanas de Bogotá convirtiéndose por cuenta de absurda medida en un transmisor a regiones aledañas a Bogotá de peligroso virus. Las posturas por el manejo del aeropuerto Internacional del Dorado son francamente bipolares, de la postura inicial a la ahora final.

Cuando los movimientos de la izquierda en todo momento exigen de consultas ciudadanas y que quieren ahora posicionar con el tratado de Escazú, hacer renunciar a la soberanía nuestra, se produce, aprovechándose del obligado aislamiento decretado por el gobierno nacional, el monumental “asaltó” a los ciudadanos propietarios de vehículos automotores que transitamos por las vías de la ciudad quien pagamos costosos impuestos, gravámenes y valorizaciones, incluyendo en particular el de rodamiento, al cercenar en las principales vías capitalinas, de un tajo, mejor de un plumazo, un completo carril en la Carrera 11, Calle 13, Carrera 7ª, Carrera 50 entre otras y ya se anuncia la carrera 15 al norte de la ciudad.

No hay derecho, que los ciudadanos trabajadores que se movilizan en su automóvil a su lugar de trabajo, so pretexto de protección de contribuir con el medio ambiente e incrementar el uso de la bicicleta, sean vulnerados sus derechos en la forma abusiva como se hizo de impedirles el uso de un esencial carril necesario y fundamental para la movilización. No es solo abuso es un completo atropello a los ciudadanos que ya en el caso de la Avenida Jiménez acusa gravedad inmensa y tiene desesperados a sus vecinos que le silbaron y protestaron enérgicamente, eso no pinta nada bien. La justicia debe enmendar tamaño despropósito. Ya al momento de escribir estas líneas se apresta un grupo de ciudadanos y organizaciones a impulsar una acción popular para restablecer el uso de las vías y exigir de la mandataria que responda, incluso con su propio pecunio.

La notoria diferencia en el trato a los visitantes de la minga que sin importar la exposición y expansión del virus les albergo en la ciudad, exponiendo por completo al residente y en particular a los vecinos del centro de los deportes donde les diera refugio y alojamiento, muy distinto al acompañamiento que les niega a otros actores de la sociedad que les negara los permisos para trabajar en la capital como no les fue permitido a los campesinos de Boyacá, vender la producción de papa.

Alejada por completo de combatir la escandalosa y miedosa inseguridad, jamás vista en los actuales niveles, procede actuar la Sra. Claudia López con declaraciones inapropiadas, incendiarias que en vez de tratar de rescatar la seguridad que urgen los ciudadanos, producen todo lo contrario, esto es, la incrementan e incentivan por efectos de su declaración xenofóbica en contra de los ciudadanos venezolanas que migraron por efectos de la huida al genocidio que vive el vecino país causado por el tirano gobernante Maduro, que los llevó a buscar su sustento y comida en esta latitudes.

Fue tan grave esta declaración discriminatoria que la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) la declaró el jueves de esta semana, persona «non grata”, quien reclamó también del gobierno que trate de impedir que esas manifestaciones tengan repercusiones violentas como seguro va acontecer o ya ha ocurrido.

Desconociendo que en épocas de escasez, que imponen gasto mesurado, contrata a dedo amplia publicidad para buscar mejorar su imagen que lo hizo dejando disque saber que era para prevención del Covid 19 cuando se demostró que lo fue en cuantía de 6.000 millones para pauta digital, como en su momento lo denunció el concejal Emel Rojas.

En medio de la expansión de Covid 19 demostró habilidad para culpar y a su vez, tratar de hacerse con las victorias del gobierno, vino a respaldar impulsar un adefesio, como es un día sin carne, cuando lo elemental es que fuera lo contrario. Impulsar una campaña para que se dé un día con carne para millones de ciudadanos que no pueden tener en sus comidas esencial proteína. Los mal denominados animalistas que de animales tienen mucho, pero de humanidad poco se han dado a la tarea de imponer sus creencias contrarias a cientos de años de historia que demuestran que la carne, por la proteína que tiene, es esencial y crucial en el desarrollo humano.

Sus nimios resultados en la cercanía de cumplirse un año hacen que su gestión la utilice más como una plataforma electoral, con alianzas extrañas con otrora contradictores, como acontece con el ex gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, otrora cuestionado por ella por un cuestionado manejo de volteo de tierras que la hace ver como si estuviese en campaña futura presidencial para pretender aspirar a dirigir la nación, que en ocuparse de la grave problemática que acusa la ciudad de Bogotá, D.C. en estado de completa gravedad, desmoronándose por todas partes por la inseguridad galopante, el desempleo creciente, la informalidad en aumento, la economía al borde de la quiebra, el odio y lucha de clases en aumento que imponen que el buen gobernante que reclama la ciudad, encuentre en la unidad y trabajo en equipo de todos los sectores la respuesta al difícil y crucial momento.

La JEP puede y debe ser derogada

Por: Bernardo Henao

La saliente Presidenta de la JEP Dra. Patricia Linares, organizó el Encuentro Internacional de Justicia Transicional en el que buscó que su tarea y la de la JEP, tuviera el reconocimiento internacional de aquellas organizaciones que se identifican ideológicamente con la izquierda, pues anticipaba que seguro su balance y gestión tendría fuerte rechazo en los colombianos como lo ha sido. Pero el señor Presidente de la República le aguó la fiesta. En claro mensaje en la instalación del citado evento expresó que la JEP está “permeada por verdades parciales, amañadas, inverosímiles, por impunidad y declaraciones revictimizantes”, enfatizando la ausente reparación de las víctimas.

Nuevamente en el sentido homenaje por el 25 aniversario de la muerte del destacado dirigente político Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) organizado por la Universidad Sergio Arboleda, el Primer Mandatario de los colombianos puso en duda la confesión y participación en el magnicidio por parte de las Farc, y si bien no le mencionó, a los asistentes y quienes escucharon la noticia por los medios les quedó más que claro que se refería en particular a la confesión del senador Julián Gallo conocido con el alias “Tornillo” o “Carlos Antonio Lozada” quien confesó ser el ejecutor de la orden de asesinar al gran caudillo conservador colombiano.

El pasado 4 de noviembre de 2020 se produjo el relevo de la Presidencia en la Jurisdicción Especial para la paz. Al asumir como nuevo Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, en su discurso de posesión ya tuvo el primer desacierto al afirmar irresponsablemente que la JEP es inderogable, agregando que el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz; tamaña mentira ha dicho. De otra persona es posible que se comprendiese que lo dijera pero que lo exprese un exmagistrado de la Corte Constitucional es francamente imperdonable y hasta cuestionable por lo que envuelve la afirmación. Desde que se cursan en las aulas universitarias los estudiantes de derecho aprenden siempre un puntual aforismo que jamás se olvida “Las cosas se deshacen conforme se hacen” y eso, lo sabe de sobra el funcionario.

Pretendiendo quizás enmendar su error dejo conocer en reciente soberbia declaración a la W Radio, en tono un amenazante que la JEP llegó para quedarse que recuerda a cierto nefasto expresidente colombiano e indicar que es “un tren de justicia que no lo puede parar nadie” e insistió que el tribunal está protegido por la constitución y el derecho internacional. Inquietante y preocupante declaración que debe asustar a todo demócrata y que preocupa enormemente saber el alcance del nuevo conductor de esa desacreditada jurisdicción. Al hacer su juramento convocó a un movimiento ético y espiritual por la paz desconociendo que esa no es su tarea presidencial. La finalidad y prioridad de ese tribunal era llegar a la verdad, la justicia, y la reparación que hoy si brillan en intensidad y que parodiando su equivocada frase ese tren se encuentra hace rato descarrilado y solo queda recoger sus escombros.

En Colombia lo que se requiere y exigen los colombianos es un verdadero tribunal objetivo, sin sesgos ideológicos integrado ojalá como se expone pueda ser en el próximo referendo, en una sala especial de la CSJ que trabaje y registre sin tapujos en encontrar la verdad y aplicar justicia imparcial, frente a esos graves hechos ocurridos en esos 53 años de conflicto. Hoy en el verdadero balance que se hace a la JEP salta de bulto la ausencia de resultados, pero si el favorecimiento a criminales con indultos o en el peor de los casos, por adoptar decisiones contrarias a la ley haber permitido la fuga de peligroso terrorista como aconteció con Jesús Santrich y otorgar indulto a Mary Luz Ramírez alias “Mata Hari” que participó en el atentado perpetrado con un carro bomba que detonaron al interior de las instalaciones de la escuela Superior de Guerra en el año 2006. Incluso, se promueven actuaciones que en estricto sentido frente aforados constitucionales son del resorte de la justicia ordinaria.

Hasta ahora en la JEP en su ya larga existencia han brillado por su ausencia la justicia, no se diga de la verdad y reparación. Por un cambio en su presidencia no va cambiar el derrotero trazado en la Habana. Si se comparan los resultados de los dos procesos transicionales recientes se constata que el seguido con los paramilitares produjo concretos resultados, mientras que los de la JEP en sus siete macro casos, brillan por su completa ausencia en tres años largos de costosa existencia.

CUADRO COMPARATIVO 

Proyecciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.Proyecciones de la Ley de Justicia y Paz – ley 975 de 2005.
Macrocaso 001 – secuestros –  40 versiones y 350 comparecientes.Judicialización de mas de 13.000 hechos victimizantes.
Macro caso 002 – Situación de los municipios Ricaurte. Tumaco y Barbacoas Nariño – 44 versiones y 22 comparecientes.Sanciones penales relativas a mas de 34.600 delitos.
Macrocaso 003 – Ejecuciones Extrajudiciales – 265 versiones y 265 comparecientes.Se han declarado responsables a mas de 642 miembros postulados al proceso penal especial. 267 comandantes considerados como máximos responsables.
Macrocaso 004 – Situación en el Urabá – 35 versiones y 27 comparecientes.16.000 compulsas de copias a terceros auspiciadores. Y mas de 1400 agentes del Estado.
Macrocaso 005 – Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca – 12 versiones y 12 comparecientes.Mas de 6000 fosas comunes, de los cuales 3453 se entregaron a sus familiares.
Macrocaso 006 – Victimización de miembros de la UP – 0 versiones, 0 comparecientes.Extraditados 32 miembros postulados de dicha Ley.
Macrocaso 007 – Reclutamiento de niños y niñas en el Conflicto Armado – 13 versiones y 13 comparecientes.Proferido 70 macrosentencias

Fuente. Datos tomados de

https://twitter.com/JuanitaGoe/status/1316718226240409602/photo/1  en lo que respecta a los avances de la JEP, y alocución presidencial hecha por el presidente Ivan Duque en el Encuentro Internacional de Justicia Transicional ‘Respuestas Emergentes a Atrocidades Contemporáneas.

Tanta preocupación se tiene porque no se modifique, reforme, o derogue la JEP que ya no solo muestran miedo sino que dejan conocer angustia más ahora con ocasión de la invitación que ha propuesto el señor Expresidente Alvaro Uribe Vélez de incluir en el proyectado referendo la posibilidad de derogar o modificar integralmente la JEP. Esa Jurisdicción hasta ahora como registra su balance precario es por completo ya inviable y exageradamente costosa. Su presupuesto asciende anualmente a más de trescientos mil millones de pesos ya su funcionamiento en tres años se acerca al billón de pesos y sin ningún resultado, llámese sentencia a la vista en contra de ninguno de los subversivos, vendrán seguro las de policías, militares y agentes de estado; las de los integrantes del secretariado huelen más a indulto que a condena por sus oprobiosos crímenes.

Desde que confesó Rodrigo Echeverri (A. Timo) que la JEP la habían hecho ellos, quedo claro que como hoy se sabe lo era para limpiar y lavar sus delitos. Tres años en funcionamiento y ninguna sentencia lo demuestran. Siete macrocasos en los cuales 5 de ellos los excluyen y solo se ocupan en perseguir a militares, policías y agentes de estado. Los bandidos son los que delinquen las FFMM y de Policía son las que nos defienden y nunca estará jamás bien igualarlos al lado de los terroristas y bandidos. El macrocaso uno, mal llamado indebidamente “retención ilegal de personas por parte de las FARC_EP” ya se deja saber el sesgo. Fue y será por siempre delito atroz el secuestro que lo fue en miles de personas. El macro caso siete “reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano”, que no incluye el abuso sexual ni los graves abortos a los que les sometieron. Hoy, por lo declarado algunos medios por algunos de estos individuos, solo se conocen burlas, nada que avanzan y nada de aceptación de responsabilidad y menos de condena.

Una jurisdicción confeccionada desde la Habana e integrada con la participación foránea, solo podían crear ese esperpento que más que querer conseguir justicia, verdad y reparación, es una trinchera, utilizada indebidamente para esconder hasta ahora sus delitos, burlarse con cinismo de las víctimas y revictimizarlas. Por fortuna Colombia en su negativa al Plebiscito del dos de octubre se expresó mayoritariamente rechazando el mal denominado Acuerdo de Paz que más bien hoy se muestra como el Acuerdo engañoso de la Habana, en el que tanto se escudan e invocan, pero no se dan cuenta o se hacen los de la vista gorda que, sin justicia, verdad y reparación, jamás olvido, nunca habrá Paz.

En el conflicto hubo miles de víctimas, cientos de desaparecidos, jóvenes no regresados al seno de sus hogares, muerte y desolación por doquier, mutilaciones e incapacidades psicológicas de por vida, familias de los sobrevivientes destruidas no los van a borrar porque han dejado saber y confesar muy tardíamente, más no probar, que son los causantes y autores de la causa de muerte de Alvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León Gómez, José Fedor Rey, José Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Eso si el referendo que se impulse debe tener puntual pregunta para todos los colombianos que expresen que lo que allí se decida mayoritariamente por el pueblo soberano de Colombia, no podrá ser desconocido, ignorado ni modificado por ninguna decisión de las altas Cortes y menos por una delegación inexistente a través del Congreso de la República. Ya se aprendió con gran dolor lo ocurrido y de como nos aplastaron el NO que triunfó el dos de octubre de 2016.

Bogotá, D.C. noviembre 7 de 2020
Columnista de opinión

EL “INCUMPLIMIENTO” COMO ARGUMENTO Y EL “GENOCIDIO” COMO PROPAGANDA

Los voceros farianos ahondan su desprestigio al eco de lemas del mejor estilo comunista. ¡¡Genocidio!!, ¡¡Incumplimiento!!, son sus proclamas favoritas por estos días, en los medios que les dan pantalla y de paso los utilizan para presionar al gobierno por pauta. Los que creemos que hay que acoger y ayudar a quienes durante tantos años estuvieron por el camino equivocado y se arrepintieron, también nos acongojamos por el asesinato de 171 exmiembros de esa organización tenebrosa y criminal.
Pero es mas doloroso como los que impunemente pasean su indignidad, se aprovechan de la muerte de sus ex camaradas para intentar hacer política lastimera imitando el montaje político de la Unión Patriótica e inculpando de un supuesto genocidio al gobierno, desconociendo que son las propia farc las que vienen ultimando a la mayoría de sus excompañeros por asuntos de narcotráfico.
En cuanto al incumplimiento de los acuerdos, son las farc las que no nos han dicho a los colombianos nada sobre sus armas sin entregar, sus niños no devueltos a la sociedad, su indemnización a las víctimas que está en ceros y sus rutas y contactos del narcotráfico que siguen vigentes.
Es un descrédito oir a esos prospectos de tiranas y tiranos, que se mueven en blindados con guardaespaldas de su confianza armados por el gobierno, que chupan millones de nuestros impuestos, con una justicia fabricada a su medida por un comunista español, atacando las instituciones que no pudieron destruir con sus armas. No se dan cuenta que son despreciados por la gran mayoría de colombianos y poco hacen para ganar algún prestigio político que supere su paupérrima cauda electoral de siempre.
Alias Andrés Paris, miembro de la camarilla del fracasado proyecto político-militar, dice en un documento para el congreso del partido “Ellos (Timochenko y Compañía) han hecho una combinación de todos los métodos para destruir el partido. Lo que hay es un proceso interno de conducción consciente de un núcleo que ha tomado la dirección del partido para destruirlo de adentro”. Paris, Fabián Ramírez, ex comandante del Bloque Sur, Julio Rincón, ex comandante del Frente 18 y unos 2000 exguerrilleros han sido expulsados de la Rosa Roja, acusados de “fraccionalistas”.
Así son los marxistas. Mientras se devoran entre ellos, buscan por todos los medios legales e ilegales, semana a semana, destruir las instituciones que los han combatido, para transformarnos de apáticos y no militantes ciudadanos en hambreados trashumantes. Como en Venezuela.