Publicado el

EXMAGISTRADO JOSE LUIS BARCELÓ AL FIN CAMINO AL BANQUILLO

La justicia cojea, pero en determinados y cruciales casos, no se dude, llega; aunque a veces, ante tanta impunidad, ha hecho carrera en la gente del común que es tan inexistente la justicia que solamente se espera y se cree en la celestial. Además, quien mal procede mal termina. Así, lo que por venganza quiere hacerle a su enemigo, la regla común es que se lepuede devolver, a quien así obra, por duplicado. En este mismo espacio en agosto 7 se recordó como en marzo 9 de 2018, por el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló, en su condición de ponente, se impartió la orden de interceptación del teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma, que en un hecho sin precedentes,por completo abusivo, llevó a interceptar ilegalmente el teléfono del entonces senador ALVARO URIBE VELEZ, y pese a ser advertidos de la equivocación, persistieron en seguir escuchándole furtivamente. 

Luego, para hacer más gravosa la situación del encartado expresidente, se dispuso que esas miles de horas de grabaciones formaran parte del proceso 52.240 por los delitos de fraude procesal y soborno por el presunto intento de manipulación al testigo y procesado Juan Guillermo Monsalve, todo lo cual a la postre y ante tamaña e injustificada persecución en su contra no le dejó opción distinta que verse obligado a renunciar a su curul de senador, la que se recuerda fue la de mayor votación en las pasadas elecciones del Congreso de la República, ello, con la única finalidad de tratar de tener un proceso justo, regido por la ley 906 de 2004, ya que su Juez natural como era la Corte Suprema de Justicia por razón del fuero, no le daba, según lo expresara, garantías de tratarle en forma  transparente e imparcial, lo que se corroboró aldemostrarse que sus conversaciones con su abogado Jaime Lombana también fueron escuchadas ilícitamente, y ahora con que el ponente de la decisión de interceptación está incurso en el presunto delito de prevaricato por acción.

En su momento se tuvo conocimiento de la existencia de varias denuncias por ese proceder abusivo e ilegal, todas vigentes, entre ellas una que el propio afectado formuló contra el exmagistrado de marras, a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en una de ellas que le correspondiera por reparto al representante Edward Rodríguez, acaba de disponer, con sobrado acierto, sin concretar aún la fecha para la realización de la diligencia, escucharle  en versión libre, lo que ocurrirá ya en el nuevo año que se avecina y darle aplicabilidad a este medio de defensa por excelencia.

Pese a la gravedad del hecho, contrario a lo acontecido al propio expresidente a quien se le negó toda posibilidad de haber entregado su versión voluntaria, para en su lugar disponer, de una vez,escucharlo a través de indagatoria para que respondiera sobre los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al señalado José Luis Barceló, en cambio, si le han concedido el derecho que él le negara rotundamente al señor Alvaro Uribe Vélez.  Esos son los tratamientos que en actuaciones judiciales dejan saber un tufillo de discriminación, pues dependen de la persona objeto de investigación, que no de lo que la ley dispone.

Es evidente y obvio que la Sala regentada para la fecha de los hechos por el denunciado José Luis Barceló Camacho, sabía y conocía de sobra la precisa jurisprudencia que la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-301 de 2012 puntualizó y enfatizó sobre el secreto profesional en la relación cliente abogado. Sentenció la Corte Constitucional “El secreto profesional tiene como fundamentos esenciales la tutela de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto: “Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga, no necesariamente cuando se revela ante quienes también deben, jurídicamente hablando, compartir la reserva”.

En fin, el entonces magistrado cuestionado y ahora señalado Barceló actuó, y así se espera se demuestre cuando concluya la investigación, con ánimo retaliatorio, de cierta forma con sevicia en contra del señor expresidente y con puntual y expresa violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la obtención de la prueba de las interceptaciones al Dr. Álvaro Uribe Vélez, violando de manera flagrante sus derechos fundamentales al debido proceso y a su intimidad, y en manera alguna, como equivocadamente lo sostuvo la CSJ, deba aceptarse que se trató de un error, no señores se cometió grave delito.

Un año bisiesto, trágico por donde se mire por las consecuencias mortales del virus Covid 19, con una economía en apuros, en esta añorada época decembrina tiene en la decisión de escuchar en versión libre a José Luis Barceló una especie de bálsamo en medio de tanta impunidad rapante de la justicia, en particular de la que se espera les llegue a esos obscuros, dañinos y malévolos personajes integrantes del denominado “Cartel de la Toga”, descredito mundial de nuestra rama judicial.

Pildorita. Para todos los lectores una feliz navidad y un próspero año nuevo que el año bisiesto pronto quede atrás y sea historia, que el futuro nos permita volver a regresar a la normalidad. Que el Niño Dios les colme de salud y bienaventuranzas. 

Bogotá, D.C diciembre 19 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

Publicado el

CONDECORACIONES INDECOROSAS

Por: Bernardo Henao

Las condecoraciones se otorgan como reconocimiento y señal de honor y distinción. Por eso los países para concederla seleccionan a la personalidad que se ha destacado por sus méritos especiales, por su valor, por el sacrificio y entrega en el desempeño de su labor o por la realización de actos heroicos, para exaltarla. No basta cumplir con el deber, tal debe ser la conducta de todos los ciudadanos, es indispensable sobresalir, destacarse, diferenciarse de tal manera que le permitan a la autoridad que la confiere tener la certeza del merecimiento del condecorado, convicción que debe compartir el pueblo colombiano.

Con esa finalidad se creó la Orden del Congreso de Colombia a través de la Ley 2 de 1987, en distintos grados, el de Gran Cruz con Placa de Oro, se dispuso en su artículo 9, para concederse “a Parlamentarios, ex Parlamentarios, Embajadores, Ministros de Estado, Generales de las Fuerzas Armadas, Almirantes, Mariscales, Cardenales extranjeros, Príncipes de Casas reinantes, y a personalidades nacionales o extranjeras cuyas categorías equivalgan a las ya mencionadas”. En estricto sentido la magistratura en la JEP, ni con el mayor esfuerzo que se realice, puede asemejarse a alguna de las calidades que allí se nombran, luego, no puede adjudicársele a los funcionarios que se desempeñan en esa institución.

Condecoración que, además, se entrega por el Gran Maestre de la Orden, que es el Presidente del senado, y salta de bulto que la exguerrillera compañera permanente de alias Tirofijo, Sandra Ramírez militante del partido FARC, no tiene la condición de Gran Maestre. Era y es la menos indicada para participar en ese acto, ya que no puede olvidarse su condición actual de persona sujeta a investigación, al lado de otros congresistas que están sometidos a la JEP, y que aún a la fecha, ésta no se ha pronunciado sobre su conducta delictiva. Imagínense pensar que los investigados condecoraran a su juez por su destacada labor.

En el día Internacional de los Derechos Humanos, la nueva y desconocida hasta ahora Bancada por la Paz, como se registró en los medios de comunicación, fue disque la llamada a condecorar a la magistrada Patricia Linares, cuando la orden tiene clara reglamentación que se obvió mencionar o revisar siquiera. Los tres argumentos que se recogen en la resolución de su otorgamiento refieren a la “brillante carrera profesional” de la condecorada, por haber ocupado importantes posiciones; en segundo lugar, por haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente porque ha hecho, textualmente lo expresan, “titánico trabajo en la lucha por la defensa de derechos humanos velando por la protección de las víctimas de la violencia”.

No se requiere de gran arrojo para refutar que su trabajo en la JEP lo fue, durante su período al frente de la conducción de la Jurisdicción Especial, más en favor de los victimarios que de las víctimas. ¿Cómo no recordar, entre otros, el caso de Jesús Santrich o el del indulto a Marilú Ramírez Baquero alias la Mata Hari quien participó en el atentado con carro bomba en la Escuela Superior de Guerra? Jamás, podrá aceptarse esa argumentación para sustentar que era merecedora de la medalla. Corresponderá revisar si se amerita su anulación. Es solo cuestión de imaginación para concluir que la razón que se tiene para tanta magnanimidad y tal despropósito es la completa lambonería innecesaria de estos adalides de la inexistente paz que con su proceder ofenden; hoy ese tribunal es, sin lugar a duda, el más cuestionado por el papel que hasta ahora cumplido, particularmente por el desconocimiento de las víctimas del conflicto, las que continúan aún como las más ignoradas, por ello, ya algunas tuvieron que acudir ante la Corte Penal Internacional.

En fin sacan pecho y posan para la foto como si se tratara de un ejercicio artístico o farandulero, lejos de la majestad y dignidad que implica impartir justicia, la que supone neutralidad ponderación y legitimidad, obviamente estas características brillan por su ausencia en la “ condecorada “ y sonriente Patricia Linares como a su turno acontece con el macrocaso número 8 que nunca llegó y se conformaron hábilmente con 7 de los cuales cuentan con avances muy mediocres con la expectativa de las víctimas y del país tras un conflicto como el que nos aquejó y que lejos está de ser superado. Eso si extrañamente con celeridad inusitada aperturaron la diligencia de aporte a la verdad temprana en el magnicidio de Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) que dicen las FARC haber ejecutado, sin mostrar prueba alguna de ello, simplemente con limitarse a relatar de oídas que ellos fueron los autores del execrable crimen de lesa humanidad.

El balance positivo de la gestión que se invoca en esa nimia era presidencial de la JEP, se resume más bien en su absoluto fracaso. No se produjo una sola sentencia en el tiempo de su existencia, ya acercándose a cuatro años. Eso si es un verdadero Record Guinness de ineficiencia en la administración de justicia y ese premio si se lo gana con sobrados méritos.

Después no se quejen por tanta falta de credibilidad, cuando con este acto de más tinte social y político de muy mal gusto, se desacredita por completo la misma JEP, así la condecoración la haya otorgado el Congreso de la República. No sobra decir las reiteradas y válidas solicitudes de algunas de las víctimas del Club El Nogal por su reconocimiento en esa Jurisdicción, pero al no estilar sangre y odio e impunidad no tiene cabida, hasta ahora, en la jurisdicción confeccionada como sastre milimétricamente por las FARC y en plena sintonía con el traidor de Juan Manuel Santos.

Pero si la condecoración entregada en pompa y solemnizada a la Sra. Patricia Linares es cuestionable no se olvide de aquella otra condecoración también inmerecida en su otorgamiento como fue la entregada en el aniversario 38 por parte de la Décima Tercera Brigada del Ejército que le confirió a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López La Medalla Policía Militar General Tomás Cipriano de Mosquera disque por exaltar los servicios eminentes en beneficio de la policía militar cuando sabido es que nada o casi nada de respaldo ha tenido en Bogotá.

Pildorita: Celebremos la navidad, pero con responsabilidad. El Covid 19 acecha y perder la vida por una irresponsable celebración no es la mejor forma de terminar el año.

Bogotá, D.C. diciembre 12 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión(Visitas Totales 77 )

Publicado el

DE VÍCTIMA A VICTIMARIO

Por: Bernardo Henao Jaramillo

Podrán emitirse todas las sentencias que se pretenda ya sea en la jurisdicción ordinaria – civil, bien en la contencioso administrativa e incluso en la cuestionada y controvertible ahora “Super Corte” llamada JEP, pero a un ciudadano del común no le cabe en la cabeza la insensatez del reciente fallo de casación emitido el 23 de los corrientes por la Corte Suprema de Justicia, en la que al no casar la sentencia recurrida, deja en firme la condena al Club el Nogal, atribuyéndole, quien lo creyera, la responsabilidad, por descuido y negligencia, por la ocurrencia del atentado terrorista ocurrido en febrero 7 de 2003, con la explosión de una bomba en las propias instalaciones que causó la muerte de 36 personas y ocasionó graves heridas a más de doscientas personas, todas ellas ajenas por completo al mal denominado conflicto interno de entonces.

Las Farc son y serán siempre las responsables de ese execrable crimen. Querer la justicia, con independencia del por qué, exonerar de esa responsabilidad a aquéllas con el nimio argumento que ese horroroso atentado tuvo como antecedente que los explosivos que se introdujeron a la sede del club lo fueron por un asociado, en calidad de beneficiario de una acción empresarial, prescindiendo del rol que éste tenía en esa agrupación, es como si quisieran dejar saber que todo el club, sus directivas, sus socios y personal cohonestaran esa conducta. El Club siempre al ingreso, sea peatonal o vehicular, antes e incluso hoy, sean socios, personal trabajador e invitados, adopta las medidas de control y seguridad que imponen el máximo deber de diligencia y cuidado. El delincuente opera furtivamente, se ampara siempre en la obscuridad.

Quien lo creyera. Tuvo más lógica, carácter y justicia el Juez 6 Civil del Circuito de Bogotá que profirió el 13 de mayo de 2013 sentencia absolutoria al no encontrar responsable extracontractualmente a la institución, que el Tribunal Superior de Bogotá, que en un fallo sospechoso, extenso para sacar por cansancio al lector, y cambiando jurisprudencia reinante, la revocó, decisión que hoy viene a confirmar la máxima autoridad judicial, como es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que le hace honor a la credibilidad que los Colombianos actualmente tienen en la justicia.

El recurso de casación que en su momento se interpuso defendiendo al Club, estaba contenido en un excelente escrito que con lujo de detalles demostraba la tesis equívoca y errada del Tribunal Superior de Bogotá, demanda que a quien desprevenidamente la estudiara lo conducía, por su precisión y juridicidad, a pensar que inexorablemente tendría éxito. No creo que el ilustre profesional del derecho, que otrora fuera magistrado de esa Corte, se haya podido levantar aún de su silla al leer esta reprochable y reciente decisión, perplejidad que también debe acompañar a quienes en justicia y equidad la analizaron o lo vayan a hacer.

Perdonen el dicho, pero “tacan burro” los magistrados que mayoritariamente aprobaron no casar la sentencia, con el absurdo argumento que existió falta de cuidado en la escogencia de los accionistas y beneficiarios de las acciones empresariales, con prescindencia del hecho notorio de como elucubran las fuerzas al margen de la ley sus planes, entre ellos, la macabra decisión terrorista de las FARC de destruir con esa bomba, por completo, la sede principal del edificio del Club el Nogal. Que pobreza de argumentación y que tristeza ver que unos togados justifiquen en forma grotesca el actuar delictivo subversivo para venir a culpar al Club afectado por el accionar criminal de los terroristas. Diríamos, entonces, que los Magistrados de las Altas Cortes fueron los responsables del ataque perpetrado por el M-19, pues, dejaron que ingresaran miembros de ese grupo subversivo a la cafetería ubicada en sus instalaciones. Horror de argumentación, que contradice los tratados internacionales y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Es más, extraña que esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no haya tenido en cuenta la reciente, trascendental y clave decisión que adoptó la Corte Constitucional en sentencia de unificación 353 de 2020, con ponencia del magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero, en la que se dispuso conceder el amparo al derecho del debido proceso de las entidades accionantes, dejando sin efectos la sentencia del 16 de agosto de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso número radicado 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719) acumulado, mediante la cual declaró patrimonial y administrativamente responsables a las entidades demandadas en ese trámite (Nación-Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) por la afectación a la integridad física y la muerte de algunas personas en los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal y, en consecuencia, dispuso que dicha subsección profiera una nueva decisión en aquel proceso judicial, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia. (Sentencia proferida el 16 de agosto de 2018, M.P. Stella Conto Díaz).
El salvamento de voto emitido por el doctor LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA debió ser la decisión que ha debido aprobarse. Dice con total acierto y verdad incontrovertible que el fallo emitido “se aparta de los principios, valores y derechos constitucionales y con la propia tradición doctrinal de la Corte Suprema, guardiana por excelencia por más de 134 años de la doctrina probable por vía del recurso de casación”. Concluye: “Existen unas pautas mínimas que ha señalado la doctrina de esta Sala, cuando hay semejanza en los asuntos objeto de juzgamiento; por cuya virtud, la propia corporación ha tutelado decisiones de tribunales o de jueces cuando se han apartado de la doctrina probable o del precedente. No es que, el suscrito confunda estas dos últimas instituciones, por cuanto el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, alude a una doctrina inserta en tres decisiones; y, el precedente en términos puros, se refiere a una o varias decisiones antecedentes, que tienen la potencialidad de erigirse en criterio para decisiones ulteriores, de donde la diferencia subyace en la cantidad o número de antecedentes y, en el origen de las dos figuras, porque al paso que la primera es una institución vernácula, la segunda, tiene más bien una génesis en un transplante del common law, ligado a los vientos de globalización”.

No sólo son vientos de cambio y globalización, son verdaderos huracanes con fuerza letal y destructora de toda clase de institucionalidad, los que presentes en un mal y equivocado entendimiento de proteger una inexistente Paz le dan un tratamiento a los terroristas otrora de las FARC como de figuras angelicales y benéficas; ellos sin ninguna duda son los verdaderos responsables y están en mora de reparar a todas las víctimas del atentado, incluyendo al Club respetable del Nogal y, reitero, a las cientos de víctimas inocentes que les marcaron de por vida su existencia o la de las familias al arrebatarles, sin razón, sus seres queridos. Ellos, son los asesinos, ellos fueron los que fraguaron el engaño para hacer que ingresara como beneficiario de la acción Invernar, Invernaderos E. U., John Freddy Arellán, que fuera la persona que autorizó el ingreso de Oswaldo Arellán, a quien volaron en mil pedazos para no dejar rastro de su criminal ignominia; ellos fueron los que le entregaron los recursos para pagar la acción proveniente de las actividades delictivas, en fin, ellos son los únicos responsables de tan reprochable crimen, pero, como todo anda al revés, es la víctima quien, según las decisiones judiciales, resulta responsable. ¡Ver para creer!
Esta historia triste, dolorosa que nos afectó por siempre no ha terminado. No se va a olvidar tan fácil. Resta conocer la apelación que se apresta a conocer el Consejo de Estado al fallo que condenó el pasado 13 de mayo al Club El Nogal y a la Nación por el atentado terrorista. Hay más decisiones pendientes de adoptarse.

Hoy son dolorosamente injustos los adversos fallos contra el club, al actuar legítimo de éste se le antepone la benevolencia de la justicia con el terrorismo del que fue víctima, para doblemente revictimizarlo; de otro lado, la JEP, pese al reconocimiento expreso que las FARC han hecho de su autoría en el comentado atentado, niega sistemática y reiterativamente la posibilidad del reconocimiento de las víctimas al interior del supuesto proceso de justicia transicional, todo para cumplir con su misión de proteger la impunidad de los miembros de las FARC.

Tiene hoy el Club la delicada tarea de ocuparse de enfrentar esta agresión legal, que le duele al común de la gente de bien, pues comprende que ese ataque fue contra gente emprendedora, familiar y humana que siente como todos los seres humanos y que luchan para que la justicia sea impartida igualitariamente, sin resentimientos, castigando a los culpables, en este caso a los reales autores del atentado terrorista, los que se demostró y aceptaron planearon, colocaron y explotaron la bomba en aquel lúgubre.

Anexo fallo de casación. Rad No. 11001-31-03-006-2005-00291-02 M.P OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE SC4427-2020