¿Revictimiza o no la JEP a los otrora militares y policías secuestrados?

Antier en la tarde, con una morosidad extraordinaria, cuando el país se seguía preguntando hasta cuándo se conocería una decisión de fondo en alguno de los siete macrocasos que investiga preliminarmente y conoce la Jurisdicción Especial por la Paz,  se conoció el auto No. 19 de enero 26 de 2021 a través del cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, procedió a determinar los hechos y conductas del Caso No. 01, que son atribuibles a los comparecientes que son firmantes del Acuerdo Final de Paz y fueron miembros del Secretariado de la extinta guerrilla FARC-EP.

En la extensa decisión de 322 folios, que llevan al cansancio al más acucioso lector, se resume que la Sala de la Jep les hace una especie de acto de imputación a los citados comparecientes, integrantes antiguos del secretariado de la FARC-EP, para que conozcan los hechos y conductas determinados, a fin de que ellos decidan si reconocen o no su responsabilidad en dichos señalamientos. 

En la mencionada providencia se encuentran ciertos apartes que merecen un reconocimiento a los magistrados de la Sala de la JEP por haberconsignado actos, hechos, conductas y relatos inhumanos, en los que describen, sin lugar a duda,como eran tratados los secuestrados, que no los retenidos como favorablemente se les señaló al nacer el macrocaso 01, pese a que siempre se advirtió que no debían emplear esa terminología. Era evidente y obvio que los atroces y graves delitos cometidos, que son de lesa humanidad, debían denominarse por su nombre. Para dicha época, en los largos 53 años de conflicto, en los que se cometieron esos graves delitos, el antiguo Código Penal y el reciente regido por el sistema acusatorio, tipificaron con total claridad el delito de secuestro, el que nunca podía ser tratado como una simple retención ilegal.

Ahora, los señalados subversivos de entonces cuentan con un plazo de 30 días para que contesten los cargos imputados por la JEP. Deberán decir si aceptan o no la responsabilidad en esos lamentables y luctuosos hechos criminales. No creo sea por el momento entrar a calificar la eventual respuesta de los ex subversivos,cuando venza el término y se conozcan las respuestas, nos ocuparemos de analizarlas.

Por el momento, mientras se conocen los descargos de los integrantes ex subversivos del Secretariado de las otrora FARC-EP, si es muy evidente y totalmente deplorable que la Jurisdicción Especial para la Paz haya cambiado o mejor, como ellos dicen, renombrado la tipología o delito por el cual se adelantó el proceso en la fase de indagación preliminar. Ya en esaoportunidad, como se ha reiterado, se le dejó saber a la JEP que nunca serían “retención ilegal” los secuestros cometidos, pero con esa terquedad que lescaracteriza en su posición, persistieron en mantener esa calificación, lo que ya dejaba conocer cierta condescendencia y tratamiento especial a los que seguramente serían imputados si en realidad aportaban la verdad y aceptaban su participación. 

A pesar de esa antigua y equivocada calificación vienen ahora a renombrar ese atroz hecho en dicho auto como “Toma de Rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC- EP” que es por completo cuestionable y reprochable. Las consecuencias graves, dolorosas y preocupantes para los militares y policías que en el largo conflicto fueron secuestrados no se harán esperar, máxime ahora que,por una decisión judicial, conocida como auto interlocutorio no de trámite, pueden resultar gravemente revictimizados.

La explicación y razón de esa delicada conclusión se impone por claras estipulaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el que tiene previsto que las Tomas de Rehenes y privaciones de libertad solo se predican y aplican en asuntos que involucran población civil, no a militares o policías que fueron privados del don más preciado, su libertad, por cumplir claro mandato constitucional de defender la Patria ante la cual juraron bandera y recibieron las armas de la República. Ese es el alcance de la Norma 96 que establece “Queda prohibido tomar rehenes”; la cual igualmente está prohibida por el IV Convenio de Ginebra. 

Hoy, en cuanto a derecho internacional se refiere existe la expresa prohibición de la toma de rehenes que se reconoce como una garantía fundamental para las personas civiles y las personas fuera de combate en los Protocolos adicionales I y II. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la “toma de rehenes” constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. La toma de rehenes se cita también como un crimen de guerra en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, y del Tribunal Especial para Sierra Tribunal Especial para Sierra Leona.

Entonces, tomas violentas como la del Cerro de Patascoy, Mitú, o la de El Billar, por citar solo unas pocas, no quedan comprendidas bajo esa denominación, no obstante que llevaron al secuestro de policías y militares a los que sometieron a ignominiosa e ilegal privación de su libertad por largos años, en las condiciones más aterradoras y torturadoras posibles, como se recuerda en las cárceles del guerrillero Martín Sombra, las quefrecuentaba el criminal distinguido con el alias del Mono Jojoy, quien los exponía a humillaciones y burlas.

Nombres de héroes fallecidos como, por ejemplo, el Capitán Julián Ernesto Guevara Castro (q.e.p.d.) ascendido póstumamente a Mayor, la negativa respuesta al niño  Andrés Felipe Pérez quien falleciera sin poder abrazar a su señor padre el Cabo José Norberto Pérez o el trato inhumano dispensado a otros, entre los cuales se pueden mencionar, alIntendente Pinchao, al General Mendieta o a todos aquellos servidores que estuvieron con IngridBetancourt, víctimas a quienes les quedaron secuelas para toda la vida, no serán tenidos en cuenta en este extraño giro de la JEP. No señores, de la respuesta a la pregunta dependerá que no se revictimicen a los familiares de esos policías y militares que fueron secuestrados y fallecieron, como aún a los que subsisten y padecen graves secuelas todos los cuales legítimamente tomaron las armas para defender la Patria y que ahora, al parecer, les califican en una categoría inferior a la de sus victimarios. Sería Inconcebible e injusto ese tratamiento. 

Bogotá, D.C. enero 30 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Anexo auto del 19 de enero de 2021 proferido en la JEP  

La injusticia de la Justicia. Los intocables salarios de las FARC

La mayor afrenta a la dignidad humana, en todos los tiempos, ha sido la injusticia. Josef Pieper sostenía que el acto injusto representa la “más nefasta corrupción del orden moral”, por la directa intervención de la voluntad humana, que obra con plena conciencia de causar un daño a otro; más grave aún, digo, cuando tal proviene de quienes están encargados de administrar justicia. 

En nuestro país, con finalidad de afianzamiento se instituyeron las medidas cautelares en todos los procesos, sobre las cuales la Corte Constitucionalexpresó, en sentencia C-054 de 1997, que están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelanta y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.

El proceso de Paz que se siguió en la era del expresidente Juan Manuel Santos se fincó, en expresión formal más no en realización, en pretender responderle prioritariamente a las víctimas. Hoy, cuando se venció el tema de la entrega de bienes para responder por la reparación, se aprecia que ese compromiso y obligación sigue ausente por completo. Es nimio lo que se ha entregado por el movimiento otrora subversivo. 

Entonces, para materializar la prometida reparación, en ejercicio legítimo del derecho de postulación y desde luego en representación de víctimas, el abogado Joan Sebastián Moreno en mayo 20 de 2020 fundamentó y peticionó una importante cautelar para conseguir el embargo y retención de salarios de los integrantes de las FARC, a quienes se les obsequiaron inmerecidamente, contrario a lo informado, cinco curules en el Senado de la República y cinco en la Cámara de Representantes.

Sabido es que acorde con el Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 1429 de 2010, dicho embargo y retención de dineros tiene como límite que sea hasta del 50% de la remuneración del congresista. En el año anterior sin contar el reajuste extraordinario recientemente decretado, los congresistas recibieron a título de salario la cuantiosa suma de $34.417.000 millones de pesos mensuales que, de haber sido embargado acordes con la petición formulada, en ese solo 50% por cada mes, se habría obtenido un posible embargo promedio de 170 millones de pesos mensuales, que, a la fecha, desde peticionada lamedida cautelar, arrojaría una suma aproximada de mil doscientos millones de pesos.

Sin embargo, no es comprensible ni se debe permitir,amén de ser objeto de investigación disciplinaria, que incluso puede llegar a tipificar un posible presunto delito de prevaricato que quien deba velar por las víctimas y buscar que sean resarcidas, “engavetó”, entiéndase bien el proceso, si la solicitud cautelar es prioritaria, hoy no se comprende ni se justifica ni explica que no se haya decidido con la celeridad que con urgencia siempre reclama el tema.

Antes este grave hecho el abogado peticionario de la medida cautelar se vio compelido, en actuación diligente, a instaurar una acción de tutela ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la propia JEP, la cual en una decisión controvertible y reprochable, rechazó eso sí la mora en que se incurrió, para a renglón seguido, quien lo creyera convalidarla, protegiendo a los señalados presuntos victimarios en sus copiosos ingresos, y sin una razón lógica, sensata y procedente decide no proteger los derechos fundamentales conculcados. Por el contrario, argumenta que, aunque, es palpable que ha existido mora para resolver la petición, pero que la misma no constituye transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por encontrarse plena y razonablemente justificada, tal como ha quedado acreditado con lo expuesto por la accionada, lo que impone la denegación del amparo. No obstante, se torna necesario exhortar a la SRV para que imprima la mayor celeridad posible al trámite de esa solicitud, a fin de que cese el retraso en la resolución de ese asunto”.

En cambio, conocida la providencia que decide latutela, la que se allega a esta columna, se encuentra que la Magistrada Ponente Dra. Gloria Amparo Rodríguez                       en actuación inadmisible, pretende imponer obligado silencio al ejercicio legítimo de la profesión del abogado Dr. Moreno.

Muy extrañamente se aprecia en el fallo que previo adecidir y sin que fuese objeto del asunto propuesto, quiso saber la magistrada qué otras acciones de tutela, que nada tenían que ver con la solicitud de marras, instauró el profesional, para quizás registrarun mensaje intimidatorio para el desempeño futuro de su labor de profesional del derecho. 

La extraña subjetividad con la que se maneja esta situación tiene y merece ser rechazada y protestada por completo. La investidura del magistrado le impone el sagrado deber de actuar con independencia, trasparencia y objetividad para impartir justicia, características que en el caso mencionado y en la forma explicada se echan de menos por completo, para en su lugar observar un extraño favorecimiento alos victimarios esos sí, sin excusa válida alguna para no responder.

Antes esa clase injustificada de decisiones nuevamente el común de las personas entiende y comprende el alcance de esa Jurisdicción Especial hecha por ellos a su medida. Esta actuación no le abona nada a la JEP y por el contrario deja nuevos interrogantes del porque no se aplica una impone la cautelar que tiene por finalidad contribuir a resarcir tantos millonarios perjuicios causados a miles de víctimas en largos 53 años de conflicto.

Ante esta injusticia de la justicia queda por completo reiterado que, sin Justicia para las víctimas del conflicto, jamás habrá paz en Colombia.

Bogotá. D.C. enero 22 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión 

Anexo fallo de tutela

El terrorismo se enfrenta y combate con decisión

De los recuerdos que deben perdurar de la gestión por concluir del mandatario Donald Trump es la de incluir recientemente a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Clave adoptar esa decisión en tanto esa situación constituye un hecho incontrovertible, como también lo es la actual presencia en esa isla de los terroristas jefes del ELN que huyen de la justicia colombiana, se esconden en la Habana, refugio ayer, hoy y seguro mañana de los más sanguinarios terroristas.

El país del norte, en su largo historial democrático, tiene total claridad que con los terroristas no se negocia, por el contrario las fuerzas del orden les combaten con rigor y profesionalismo. En Colombia, en cambio, nuestra reciente historia da cuenta de la entrega que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, pese al rechazo de su Paz por el pueblo colombiano, así les concedió toda clase de privilegios, prebendas, curules y hasta el momento, transcurridos ya cuatro años de su firma, brilla por su completa ausencia la justicia, pues prima la impunidad; la reparación incumplida por completo, y la no repetición la responde el actuar de las denominadas “disidencias” de quienes integraban el grupo insurgente firmante de esa paz.

El negativo balance demuestra que una paz negociada con toda esa clase de beneficios termina afectando a las víctimas y desde luego a nuestro propio país. No se conoce hoy un argumento que refute esa contundente conclusión que, debe primar ahora que soplan disque vientos para que se reinicie un proceso de negociación con los subversivos terroristas del ELN. Ese es sin lugar a dudas el propósito que anima, a los apátridas congresistas que la suscriben pertenecientes a los partidos Polo Democrático, Colombia Humana, Alianza Verde, Farc y otros alternativos. (Se publica Carta).

No extraña jamás que la carta dirigida al señor Presidente de la República la encabece Iván Cepeda Castro, quien siempre esta pronto en señalar, en tutelar y enjuiciar, pretendiendo que no le digan nada por su proximidad y cercanía con esa clase de individuos que tanto daño le han causado al país. Le siguen en orden de firmas Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe, Jorge Londoño, Germán Navas Talero, María José Pizarro, Luis Alban Urbano, Wilmer Leal, Griselda Lobo, Wilson Arias, Roosvelt Rodríguez, Jairo Reinaldo Cala León, Fredy Muñoz, Julián Gallo Cubillos, Neyla Ruiz Correa, Aida Avella, Abel David Jaramillo, Carlos Carreño, Antonio Sanguino y Victoria Sanguino.

Siete de los firmantes pertenecen al nuevo movimiento de las FARC, quienes por principios éticos y morales deben comprender y entender que se encuentran impedidos e inhabilitados para suscribirla; a los otros no les es ajena su simpatía y cordialidad con los movimientos que otrora en el pasado le causaron tanto daño al país y ahora al pedir ese diálogo quieren descarrilar aún más nuestra dolida Patria. Se echa de menos y sería interesante saber porque el senador Gustavo Petro no les acompaña.

Leer la argumentación que esgrimen como aquella que se retomen “las conversaciones de paz para continuar buscando el fin del conflicto armado” es la confesión que el conflicto no ha cesado. Por supuesto, que no lo ha sido y el común de las gentes, con su más elemental sentido, saben de sobra que los brazaletes otrora de las subversivas FARC, se cambiaron por los brazaletes del ELN. Cuando estos congresistas, a quienes poco les duele su país, destacan como fundamento de su petición el rol cumplido por Cuba en el apoyo a los procesos de Paz de Colombia, olvidan olímpicamente que desde la isla en la época del dictador terrorista Fidel Castro, la consigna fue exportar su sangrienta revolución. Ahí se encuentran los orígenes de esa guerrilla subversiva que albergó tanto cura revolucionario y hoy tiene también otros sacerdotes simpatizantes.

Un somero repaso del prontuario del grupo terrorista del ELN demuestra que ellos solo conocen de voladuras al oleoducto, con lo cual se convierten en los primeros depredadores del medio ambiente, registran records en secuestro y extorsión, delitos claros de lesa humanidad.

De actos terroristas ni se diga. Baste recordar el macabro y dantesco acto criminal perpetrado contra una escuela de formación de oficiales de policía como fue el aleve ataque con bomba contra la Escuela General Santander, cuya autoría la confirmaron y tiene en fuga a los terroristas Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’; Eliécer Erlington Chamorro Acosta, ‘Antonio García’, y Gustavo Aníbal Giraldo, ‘Pablito’ e Israel Ramírez Pineda, más conocido por sus alias de ‘Pablo Beltrán’.

No puede olvidarse que este grupo terrorista ha recurrido a la práctica de homicidios selectivos contra funcionarios locales, líderes sociales, maestros y candidatos, así como contra personas acusadas por las guerrillas de pertenecer a la red de informantes del Estado o de colaborar con los grupos paramilitares, así como el haber perpetrado la masacre de Machuca en Segovia Antioquia, en la que 84 civiles, dentro de los que había mujeres y niños, fallecieron como consecuencia de la voladura ´dantesca de un oleoducto que aún causa tremendo impacto.

El gobierno nacional destinatario de la misiva tiene una magnífica oportunidad para darles puntual y categórica respuesta. Es un magnifico momento para anunciarles que serán perseguidos y dados de baja en forma similar a como lo acaba de expresar el Presidente de los Colombianos frente a las cínicas declaraciones, extraña e ilegalmente difundidas en Twitter y YouTube, del terrorista narcotraficante Iván Márquez, secundado por el desvergonzado alias Jesús Santrich, invitan a revocar al presidente. Será igualmente, inolvidable ocasión para hacerles saber, si así lo decidiese hacer el gobierno colombiano, que ante la negativa de Cuba en entregar los terroristas se les comunica que se romperán relaciones con la Habana. Ya se sabe que hasta la fecha las solicitudes formuladas por el Comisionado de Paz Miguel Ceballos de que entreguen a la Interpol los jefes criminales de esa organización ni respuesta le han merecido.

Una sociedad perdura, mantiene vigencia y presencia cuando actúa haciendo respetar sus principios y valores democráticos, cuando procede con firmeza, respalda y respeta su autoridad y protege a las víctimas del victimario. Una sociedad decae y está llamada a la desgracia cuando a los bandidos y criminales que se dicen subversivos, cuando en realidad son criminales narcotraficantes y delincuentes comunes, se les otorgan concesiones, y es que a no dudarlo lo que pretenden es encontrar en un nuevo proceso de paz un perdón y olvido y unas curules. La paz verdadera jamás se construye con mentiras. Siempre, si se quiere llegar a ella, debe primar la verdad y la justicia. El Estado Colombiano no puede claudicar con un segundo proceso de paz, como el que ya se empieza a insinuar. Colombia nos duele a los colombianos de bien y es hora de que el gobierno actúe con la firmeza y decisión de quienes le elegimos y sin más discursos dilatorios, o le exigen la entrega al gobierno cubano de los terroristas del ELN que allí se ocultan o da un ultimátum de romper relaciones diplomáticas.

Bogotá, D.C enero 16 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

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Inadmisible incumplimiento

Cuando se suscribió el Pacto de la Habana, primeroen Cartagena de Indias y luego en el Teatro Colón, con bombos y platillos se estipuló que el centro del proceso se concentraría en las víctimas para quienes se buscaría conseguir Verdad, Justicia, Reparación y desde luego No repetición.  Hoy, transcurridos más de cuatro años, el balance no puede ser más negativo, desastroso, lamentable y desalentador. 

La Verdad continua pérdida y embolatada, sólo hasta la fecha se conocen discursos evasivos de los entonces subversivos sin sustento probatorio alguno,cuando de asumir y aceptar responsabilidades se trata. La Justicia, a cargo del tribunal creado por ellos, en ese ya largo tiempo, no ha dado ningún fallo condenatorio, por el contrario, han sido exculpatorios o de indulto y amnistía para los otrora bandidospertenecientes al grupo narcoterrorista de las FARC.  

En cuanto a la Reparación de las víctimas, es protuberante el incumplimiento de las FARC frente al evidente cumplimiento del Gobierno. En octubre 1 de 2016, se debe recordar que las FARC emitieron una declaración unilateral, relacionada con los bienes, en la que informaron que los recursos por “inventariar integran su economía de guerra y que por razones de crítica política nunca hicieron ni hacen parte de patrimonios individuales” y remataron indicando que no cuentan con recursos monetarios y no monetarios adicionales, a los que van hacer declarados durante el proceso de dejación de armas.  

Posteriormente, se dijo por los facinerosos que en materia de reparación, según inventario confeccionado unilateralmente por ellos y que pueda aceptarse que ese sea el real monto, que la reparación ascendería a un billón de pesos que distan mucho del nimio valor que se conoció reportó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta entidad informó que hasta ahora se han recibido en “Dinero en efectivo $2.114.350.000; 450 mil dólares equivalentes a $1.442.22.675 (sic) pesos; 206.818 gramos oro comercializados en US11.285.643.36 (40 mil millones de pesos). 37.953 gramos de oro más, pendientes por comercializar y 2.836 granos de oro en joyas pendientes de avalúo. De 722 inmuebles relacionados, y valorados por las Farc en 484.604.000.000, solo entregaron 8; no entregaran213 y están pendientes de entrega 501 inmuebles. De 319 vehículos reportados, la SAE recibió cuatro unidades que fueron vendidos por $14.500.000”. (Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, 2021). En fin, lo entregado escasamente llega a 45.000 millones que corresponde al escaso 4.5% de un billón de pesos.

Vergüenza, por decir lo menos, causa el cinismo del contenido de la declaración de Pastor Lisandro Alape Lascarro entregada en la JEP el pasado 23 de diciembre de 2020, al referirse al estado actual del proceso de inventario y gestión de los bienes de las FARC-EP a escasos ocho días de vencer el término,que ante el ya cercano incumplimiento para la entrega trató en vano de justificar por las “dificultades” que lo han rodeado, pretendiendo, además, que se incluyan dizque miles de kilómetros de carreteras y que el inventario se acoja en su conjunto, esto es, no solo sobre el estimado de comercializable sino que se mida por su “contenido social”, como si con ello resarcieran el dolor causado a miles de víctimas.

En el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” seplasmó y quedó pactado con rigor que quien incumpliese perdería todos los beneficios que le cobijaron al acogerse a la cuestionada paz pactada. Y, observamos que el plazo y su prórroga para la entrega de bienes por parte de los integrantes de la FARC terminó. El primero no se cumplió, y la prórroga o nuevo plazo adoptado en el Decreto 1080 de julio 31 de 2020 fijado hasta el 31 de diciembre de 2020, tampoco. Se evidencia, entonces, el total incumplimiento de las poquísimas obligaciones a su cargo, por tanto se hacen acreedores a perder por completo los beneficios otorgados, tanto como personas individuales como por la propia colectividad.

Al respecto, debe recordarse que los antiguos combatientes de las FARC están sometidos al régimen de condicionalidad, entendido como el conjunto de calidades e incentivos, tendientes a flexibilizar sus consecuencias penales, mientras que ellos garanticen a las víctimas el acceso a una verdad plena detallada y exhaustiva, reparación desde un enfoque integral con claras medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Así las cosas, enseñó la Corte Constitucional en sentencia C-080 de 2018, que el incumplimiento de estas condiciones puede generar: Pérdida de beneficios en el ámbito penal, penitenciario, disciplinario, administrativo, y en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y el artículo 67 de la ley 1922 de 2018 determinó el procedimiento que debe llevar la Jurisdicción para declarar el incumplimiento del régimen de condicionalidad, cuando los comparecientes falten a su deber de: • Entregar a los menores de edad reclutados por el grupo guerrillero• Contribuir a la reparación de las víctimas• Abstenerse de la comisión de delitos después del 01 de diciembre de 2016• Retomar las armas• Aportar verdad plena, detallada y exhaustiva• Dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

No obstante las públicas y reiteradas faltas a sus diferentes deberes, las autoridades encargadas de proponer el incidente de incumplimiento se abstienen de hacerlo, la posibilidad que oficiosamente proceda la JEP es nula, y por completo el gobierno mantiene un silencio cómplice, el mismo que guardan los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Resulta inaceptable que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, luego de informar que están pendientes de entrega 501 inmuebles, el pasado primero de enero de 2021, agregue que “si hay más bienes, aun extemporáneamente serán recibidos”, esto es absurdo, es una forma soterrada de propiciar la insatisfacción de la reparación a las víctimas, cuando lo que le corresponde es exponer y probar el incumplimiento para que se impongan las respectivasconsecuencias.

Dijo este funcionario público que en cumplimiento de sus funciones, enviará los informes pertinentes a la Fiscalía General y a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que son las instancias en que se debe analizar si hay responsabilidades individuales” ; labor que difícilmente será realizada por el Tribunal que desde su creación viene dejando de lado a las víctimas para, en cambio, otorgarles todas las garantías y protección a los miembros de las FARC, lo que parece obvio atendiendo su origen. 

El incumplimiento es individual y de la colectividad de las FARC y lo que le compete al Gobierno es adelantardesde ya el incidente de exclusión de la JEP y más tarde las otras acciones que se dirijan contra la entidad jurídica FARC.  De no hacerlo, consideramos que la sociedad civil puede propugnar por el inicio de ese trámite de exclusión a través de entidades veedoras que salvaguarden la institucionalidad. 

No cabe duda que en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2017 le compete ya a las víctimas, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), y/o a las Salas y Secciones de la JEP la solicitud de apertura del incidente de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad, ante el protuberante incumplimiento, entre otros, de la entrega de los bienes con destino a reparar a las miles de víctimas en 53 años de largo conflicto, cuyo efecto debe llevar a que pierdan por completo todos los beneficios que el proceso de Paz les confirió. Si resultaren otros bienes que seguro serán materia de incautación, esos tendrán ya el tratamiento normal ante la justicia ordinaria,preferiblemente que sean objeto de extinción. 

Antecedente de que es procedente la exclusión se tiene en las ya conocidas expulsiones de alias Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes al retomar las armas y darlo a conocer en vídeo dejó a la JEP sin otra alternativa que retirarlos y así le corresponde hacerloahora frente a los demás miembros de ese grupo ante su flagrante incumplimiento, que trae como consecuencia la total ausencia de reparación y por esa vía alejar a los colombianos de la paz que anhelamos.

Pildorita: Les deseo que este 2021 sea bien distinto al 2020, que superemos la pandemia y que el nuevo año que comenzó nos traiga mucha salud, esperanza y bendiciones. 

Bogotá, D.C. enero 9 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión