Las víctimas silencio obligado o angustioso grito por ser escuchadas.

Las víctimas, en todos los procesos de paz siempre deben ser lo primero, pero lamentablemente en lo que ha ocurrido desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha son lo último. Los colombianos son testigos de excepción de lo que acontece en el país con las víctimas afectadas en 53 años de violencia durante el “conflicto” y otro tanto, luego de su aparente terminación. Hasta ahora parece que son ignoradas por completo.

Era obvio que el primer macro caso ha debido ser el de las víctimas de la violencia, reclutamiento y abuso,pero extrañamente fue el último que hoy se distingue con el No. 007. (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).Escasamente avanza y aún no se tienen señalamientos y acusaciones lo que sí ha ocurrido con el macro caso 1 de secuestro, ahora denominado “toma de rehenes”, que el 30 de abril, los 8 involucrados que tienen y son muchos más, se va a conocer como se declararán: culpables o inocentes.

Con lo acontecido al Dr. Darío Acevedo Carmona en el Centro Nacional de Memoria Histórica a raíz de la lista de víctimas que entregó a Ana María Abello, incluso desde su posesión le desataron tremendapersecución, por lo que se impone que hay muchos interesados y ciertos victimarios desde luego, que no quieren que las víctimas se visualicen. ¿Será por algo?

La JEP no se queda atrás con lo ocurrido en reciente audiencia que tenía por finalidad conocer el testimonio de la señora Piedad Córdoba en el proceso que se estudia si se debe aperturar para definir competencia por la muerte del doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).  Argumentaron, según se conoció en medios que las víctimas y sus apoderados no podían participar por razones de conectividad. Nimio argumento para impedirles el derecho de contradicción. Un testimonio sin contradicción de la víctima o sus apoderados no tendrá en Colombia ni en el mundo jamás validez así entreguen o participen a las víctimas el video de la grabación. A ¿quién se le ocurre controvertir procesalmente un video? Sólo a la Jurisdicción Especial para La Paz que se sepa. 

Sabido es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es un principio universal que no necesita mayor explicación. Ahora bien, si la declaración de los aportantes a la verdad en los seis casos de asesinatos, consideró la JEP que debían ser públicos y así lo decretó, no se alcanza entender que los testigos que van a soportar o a sustentar las versiones de los declarantes se disponga que sean reservados y que se trata de una simple entrevista. 

O es lo uno o es lo otro, pero no puede lo principal ser público y lo accesorio reservado. Aquí no se sale de la sorpresa de querer impedir que el país conozca como dicen las FARC haber ejecutado los seis magnicidios en aquella carta donde asumieron su responsabilidaden los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado; los exguerrilleros Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey o Javier Delgado; el economista Jesús Antonio Bejarano; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín. Siempre, no nos cansaremos de decirlo, no basta con afirmar haber cometido el hecho. Es crucial y definitivo comprobar y demostrar probatoriamente sin ninguna manipulación, ojalá técnicamente con rigor científico que si efectivamente se cometieron esos graves homicidios.

Acude la JEP siempre al derecho internacional, pero olvida selectivamente que a nivel externo como interno existe algo básico y mínimo, consistente en no adelantar diligencias a espaldas de las víctimas, algo que en elucubraciones de penalistas y doctrina y jurisprudencia extranjera se conoce como publicidad de las actuaciones penales, acá la Jurisdicción Especial las disfraza bajo un principio amañado de dificultades de conectividad que solo sirvió para perjudicar a las víctimas, de contera  favorecer a las Farc y por supuesto para desviar la acuciosa investigación que se sigue ante la Fiscalía por el magnicidio. 

Conocido y sabido es que en ningún caso pueden existir pruebas secretas. Estas siempre deben ser puestas en conocimiento de los intervinientes especiales, otorgándole la posibilidad a los mismos de que indaguen sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el relato de todo declarante. Revisado los antecedentes se indica en el auto 167 de 2020, que en el caso del magnicidio de Alvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos más que conmovieron al país lo siguiente:

“Así las cosas, la SRVR, como la principal encargada de analizar, documentar y promover la construcción dialógica de la verdad frente a los hechos más graves y representativos ocurridos en el marco del conflicto armado o con ocasión de él, es competente para promover espacios en los que sea posible avanzar en el aporte a la verdad y a la asunción de responsabilidad de hechos que, como los mencionados por los comparecientes y señalados en los antecedentes, puedan considerarse hechos graves o representativos del conflicto armado. Estas facultades le permiten a la Sala la generación de espacios que no están limitados a los procedimientos expresamente fijados en las reglas procesales de la JEP ni requieren que existan casos formalmente abiertos que subsuman los hechos de los que se trate, siempre y cuando se respeten las garantías de los sujetos procesales e intervinientes especiales y se permita la participación efectiva de las víctimas -centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)-. Así, la Sala, puede diseñar mecanismos que busquen “privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones” aplicando el principio de justicia prospectiva consagrado en el artículo 4 de la Ley 1957 de 2019”.

Se olvidó entonces la fundamental participación efectiva de las víctimas.

Es bastante controversial, extraña y sin antecedentes conocidos, la postura de la JEP, por no decir amañada. Las víctimas siempre son la voz líder de un pretendido Acuerdo de Paz, y acá son viables por la JEP solo a través de los medios o vía comunicados y noticias para enfrentar a la sociedad y decirles que se trabaja por ellas, pero a la hora de garantizar su presencia, quiérase o no, son sacados, por la puerta de atrás. Sólo a su favor y manera de dulce se les dice y repite que los fueron por problemas de conectividad que no podrán estar presentes, pero descaradamente se les dice que la contradicción de la prueba vendrá después algún día y obvio con limitaciones a los abogados que las representan si deciden cuestionar esa absurda posición. Queda claro que el procedimiento seguido solo pretende favorecedor a las extintas FARC a quienes les siguen sirviendo para mantener impunidad y lesionar indiscreta y veladamente a las víctimas.

Bogotá, D.C marzo 28 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

Hora de desarmar bandidos y permitir armar a ciudadanos en riesgo

Corría el año de 1939 cuando se expidió el Decreto 1449, a través del cual se estableció que sólo con permiso del Gobierno, mediante resolución ejecutiva, podían instalarse en Colombia fábricas de armas de fuego, de municiones, de explosivos de aplicación militar y gases nocivos; la fabricación de cartuchos y perdigones para cacería, no requerían permiso.

Ya en 1979, por Decreto 1663, exclusivamente el Gobierno Nacional era el autorizado para introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra. En ese entonces a los particulares se les permitía portar armas que no fueran de uso privativo de la de las Fuerzas Militares, cumpliendo los requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y mediando el otorgamiento del salvoconducto que,previa acreditación de unos difíciles requisitos, era expedido. 

Próximo a conmemorar los 30 años de la Constitución Política de Colombia, se consagró en su artículo 223 el monopolio estatal sobre las armas de fuego. En elDecreto 2535 de 1993, se contemplaron los requisitos para expedir y revalidar los permisos para porte y tenencia de las armas de fuego, venta de municiones y explosivos.

Esa breve historia normativa demuestra que por cerca de 80 años, siempre con condiciones, era posible portar y tener armas de fuego. Pero lamentablemente vino la era de la mentada e inexistente paz y su principal impulsor Juan Manuel Santos en forma unilateral, reprochable y controvertible, a través de un plumazo normativo, comenzó el proceso de establecer la prohibición del porte de armas. Inicialmente entre el 23 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. El decreto que prohibió el porte hizo que todas las autorizaciones lo fueran solo para tenencia. 

Para el 2019, tanto caudal dispositivo sobre la materia quizás lo fue para contribuir al mentado proceso de paz, ya que coincidiría con el discutible desarme de las entonces FARC que se adelantó en La Habana, y era menester garantizar la seguridad de los guerrilleros, compromiso que el Estado le correspondía asumir en función a lo acordado, o más bien de lo dictado en Cuba. Cuando se creía que el actual gobierno restablecería el porte y tenencia los colombianos recibieron tremendo baldado de agua fría y ad-portasde expirar el 2019 se emitió el decreto 2409 que consagró la suspensión de todos los permisos de porte. Un año después, cuando la situación de inseguridad se tornaba alarmante y se creería que se volvería autorizar el porte cayó tremendo chubasco,con granizada entera, al conocerse la expresa prohibición del porte de armas en el Decreto 1808 del 31 de diciembre de 2020. 

En la ciudad de Bogotá y otras regiones destacadas del país, los índices de inseguridad son aterradores. La circulación de armas sin permiso supera ya los cinco millones y según informe de Small Arms Survey, “en el país había 4.971.000 armas en manos de civiles para el año 2017”. El Distrito Capital cada día se ve situado y amenazado por los delincuentes que en la mayoría de los casos están armados sin importarles si tienen o no permiso para portarlas. Las estadísticas son alarmantes. No se diga de las ahora frecuentes balaceras que dan cuenta los medios locales que tienen al borde del colapso a la ciudadanía. Si ésta pensaba salir después de la pandemia, las plomaceras recurrentes la tienen dudando y al final deciden no hacerlo.

En la reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, quedó claro que el objeto más apetecido y buscado por los atracadores son los aparatos celulares, que ya en varios casos le ha costado la vida a su titular. No cabe duda, a pesar del aislamiento por efectos del Covid 19 que se creería que mejorara la percepción de seguridad resulta lo contrario, la inseguridad es el principal problema que aqueja a los residentes de la ciudad capital.

Hoy, acorde con la información entregada por el Departamento de Control de Comercio de armas,municiones y explosivos (DCCA) hay 281.360 permisos aprobados para el porte legal de armas. Las personas naturales con autorización ascienden a 191.172, mientras que 90.188 lo son para personas jurídicas, mientras que los bandidos poseen más de cinco millones de armas. 

Es evidente, que a quienes se tiene que desarticulares a los hampones que son los causantes de exponer a grave riesgo a los ciudadanos. No se trata tampoco de armar a la ciudadanía en general como quieren caricaturizar a la senadora María Fernanda Cabal,quien con el representante Christian Garcés radicaron interesante iniciativa para restablecer, en un grupo reducido de personas, el porte, para poder ejercer la legítima defensa en situaciones de riesgo inminente y/o en el evento de exposición de su propia vida. Baste saber el costo de un arma para concluir que no está al alcance de toda persona, pero a los detractores ojalá no les ocurra lo que le sucedió al Tino Asprilla,atracado y recién robado, sin tener con que defenderse y con el inminente riesgo de perder la vida o, peor aún, como le pasó al técnico Luis Fernando Montoya a quien por robarle el dinero retirado en cajero automático lo dejaron lisiado de por vida.

Hemos sido testigos que el desarme ha sido de las personas de bien, pues la criminalidad no entrega las armas, ni requiere de salvoconductos para utilizarlas en el ataque contra los ciudadanos inermes, luego si el Estado tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, su misión constitucional de protección al derecho de seguridad personal también se consigue permitiendo el porte y tenencia de armamento, en condiciones rigurosas para el otorgamiento de los salvoconductos.

Pildorita. Recordemos, próximo 6 de abril se conocerán los fundamentos en que la Fiscalía sustentará la solicitud de preclusión en el caso del expresidente Alvaro Uribe Vélez.  

Bogotá, D.C marzo 20 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión

Entendiendo la deconstrucción de Venezuela conferencia virtual 2021

La sociedad civil, en cabeza de la academia (Universidad Sergio Arboleda), varios tanques de pensamiento (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Libertank, Visión Colombia 2022, Únete por Colombia, MEJORASÍ y el Foro Atenas) y un importante medio de comunicación digital (Kienyke.com), han aunado esfuerzos con el propósito de entender el fenómeno de Deconstrucción de Venezuela, para ese fin se encuentran adelantando un ciclo de foros que permitan discutir y divulgar adecuadamente las razones que condujeron a la deconstrucción venezolana.

En consecuencia, esas entidades invitan conjuntamente el próximo 18 de marzo de 2021 a las 5:30 pm al primer foro propiciado por la sociedad civil en el que abiertamente se discutirán las causas de la destrucción económica, petrolera y del sector productivo privado; la decadencia de la justicia y el poder electoral; la devastación de la política internacional; el estado de la oposición en medio de la dictadura y la deconstrucción institucional. Los panelistas, todos venezolanos, son expertos y testigos de excepción del fenómeno venezolano desde cada una de las aristas objeto de análisis:

Pedro Carmona Estanga PHD en Economía, Expresidente de Fedecámaras y docente, explicará la destrucción económica, petrolera y del sector productivo privado.
Miguel Angel Martín, Magistrado Sala Constitucional designado por la Legítima Asamblea Nacional, analizará la decadencia de la justicia y el poder electoral.
Emilio Figueredo, Director y fundador de Analítica, Doctor en Derecho de la Universidad de Roma, explicará la devastación de la política internacional.
Antonio Ledezma, Exdiputado, Exsenador, Ex alcalde de Caracas y líder cívico, analizará el estado de la oposición en medio de la dictadura.
Carlos Blanco, Exministro Venezolano, Investigador y consultor internacional, explicará la deconstrucción institucional.
Los aliados en este proyecto aclaran que serán anunciados en su momento los contenidos y panelistas de los foros subsiguientes.

Suscriben Universidad Sergio Arboleda, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Libertank, Visión Colombia 2022, Únete por Colombia, MEJORASÍ, Foro Atenas y Kienyke.com.

El peligroso bombardeo en lo judicial por el Senador Iván Cepeda

Es innegable que se debe distinguir entre la fuerza legítima y la violencia. La primera es ejercida por el Estado por mandato constitucional. La segunda por quienes de una u otra forma atentan contra el Estado.Hoy está de moda hacer política cuestionando una actuación lícita del Estado por reciente bombardeo al campamento guerrillero del peligroso criminal alias Gentil Duarte, con olvido que las Fuerzas Militares están cumpliendo con su deber, como lo consagra el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, yson el muro de contención y defensa que permite que funcione la democracia, por lo que la sociedad civil debe rodearlas y apoyarlas. Entonces, es claro que la misión del Estado y sus FF.MM es proteger la vida,bienes y honra de los ciudadanos, para eso son sin duda las armas de la república, y su uso legítimo leshabilita para adelantar bombardeos contra lossubversivos que están levantados en armas contra la Nación. Si con ocasión de esas operaciones fallecen o quedan heridos menores de edad, los responsables siempre serán quienes les reclutan y les mantienen en los campamentos, pues a no dudarlo fueron éstos quienes conculcaron los derechos de ellos.

Es una verdad sabida que el temor de quienes traspasaron el límite de la ley durante los 53 años de violencia se cifró en el avión fantasma y el enfrentamiento que se seguía desde el aire. A través de ese medio se les contuvo, pero como para la consecución de la añorada paz se acudió a sofismas y embustes que aprovechó la subversión, quedaron activistas, disidencias y otros peligrosos grupos delictivos que continúan atentando, entre otras, contra el orden constitucional, lo que impone al Estado no renunciar a su obligación constitucional, por lo que es positivo saber que los bombardeos fueron reanudadospor firme decisión y apoyo del Ministro de Defensapara cumplir con los fines del Estado. Esa dirigida y orquestada reacción de los opositores a la operación, lo es para tratar de conseguir que se prohíban los ataques aéreos y de contera impedir que se décomienzo a la cercana reiniciación de la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y amapola que, por controvertibles decisiones judiciales, no ha podido dar comienzo, pero que ciertamente son la única solución para lograr la tan anhelada paz.

A la par del uso legítimo de la fuerza por el Estado,existe una modalidad supremamente perjudicial que puede denominarse “bombardeo judicial” que en cabeza de ciertas organizaciones constituye suconstante práctica. Los denominados grupos de izquierda son expertos por años en impulsar la guerra jurídica, como una más de sus estrategias para lograr sus objetivos de hacerse con el poder. No se requiere ser un acucioso analista para corroborar que quien lolidera y utiliza ese método es el senador Iván Cepeda.Baste leer los principales diarios nacionales y sintonizar la radio o la televisión para oír o ver como se informa de distintas y variadas actuaciones de esefuncionario público; en los anales judiciales no conocemos quien le compita en impulsar actuacionesprocesales, debe ser y habrá que ver si la academia o ciertos centros de pensamiento se ocupan de cuantificar las distintas acciones judiciales que son de su autoría,  en particular querellas, denuncias y tutelasque, en su conjunto, infieren la existencia del ejercicio abusivo y arbitrario del derecho. 

Hoy, los colombianos no salen de su asombro cuando son enterados que la JEP, al parecer saliéndose por completo de su competencia, adoptó una medida cautelar que cobija al Centro de Memoria Histórica,atendiendo a que los senadores Iván Cepeda, Guillermo Sandino y la representante María José Pizarro desataron tremenda persecución para entorpecerle la gestión del director del mencionado instituto, Dr. Darío Acevedo, olvidándose que ya en el pasado varios exdirectores, como Gonzalo Sánchez,entre otros, habían hecho su tránsito por ese Centro y dejaron muchos libros y memorias de su trabajo.

El 19 diciembre de 2019 al senador Cepeda, sin acreditar su condición para actuar, se le permitió tramitar una extraña ampliación de medida cautelar sobre los archivos que reposan en el Centro Nacional de Memoria Histórica porque, según él, calificó de censura las modificaciones a la exposición ‘Voces para transformar a Colombia’”, la cual tuvo lugar en el Museo Nacional de Memoria de la ciudad de Cali. Para el quejoso senador tales “consistieron en la eliminación de expresiones, metáforas museológicas, afirmaciones, cifras y guías de visita al museo”, las cuales se acusa de no tener “fundamento en la ley ni haber sido “concertadas con las víctimas de estas iniciativas«. Destacando de esas modificaciones las que se hicieron a la presentación sobre el genocidio de la Unión Patriótica” en dicha exposición. Ese confuso galimatías pareciera ser el antecedente máspróximo de la inspección judicial decretada. En mayode 2020 el Dr. Acevedo se enteró de la actuación abusiva, arbitraria, e ilegal de la JEP, pues consideróque se extralimitaron de su marco de acción y funcionamiento contemplado en el A.L. 01 de 2017 al ampliar la aplicación de la medida cautelar, por lo que fue apelada. El Superior concedió extrañamente la protección de toda la información, disponiéndose la inspección judicial por el término de 90 días, que bien la calificó de “allanamiento” el director del Centro de Memoria Histórica.   

Crear, diseñar y administrar en el museo establecido para las víctimas es función clave del Director y sabido es que muchos contratistas, no damnificados, no le han hecho caso y han querido imponer cierta clase de piezas que no deben ser parte del museo, porque era claro tenían una finalidad propagandística y doctrinaria, que no correspondía a su finalidad, por lo que, con razón, se opuso. No se dan cuenta que la transparencia y trabajo del Director Acevedo es hasta ahora objeto de gran reconocimiento en el que incluso hay registros de la actividad paramilitar que afecto al país en esa época de sangrienta violencia.

Esa lucha contra el director del Centro Nacional de Memoria Histórica que se conoce, más parece, se trata de un tema personal del senador Cepeda en contra del Dr. Acevedo, ya que la JEP nada tiene que ir a hacer al Centro de Memoria Histórica, porque tal no es jamás una función jurisdiccional, menos aún puede convertirse en un aparato perseguidor del trabajo de una entidad hoy bien administrada y gerenciada. Las víctimas tienen en la actual administración del Centro de Memoria la mejor forma de ser visibilizadas, al contrario de lo pretendido por quienes otrora fueron asesores de ese centro de memoria, como de hogaño lo fue la Magistrada Patricia Linares que fuera presidenta de la JEP y que en la actualidad sigue siendo funcionaria judicial.

Pero, si a Iván Cepeda le atendieron con celeridad el trámite cautelar no se puede entender, por el contrario, que a las víctimas de las FARC que cierto sector desea olvidar, no les den similar tratamiento con la urgencia y celeridad que impone el sufrimiento que padecieron y cuyas consecuencias continúan en el presente, como aquellos daños afectivos, sicológicos, morales y materiales que deben por completo resarcirse. Hasta el momento han sido, de cierta forma, discriminadas si nos atenemos a lo decidido por la propia JEP frente a la solicitud de medidas cautelares como el embargo de los salarios de los congresistas de las otrora FARC, causantes de ese daño.

Consta que el 20 de mayo de 2020 el abogado Joan Sebastián Moreno peticionó dicha medida cautelar, laque fue extrañamente engavetada en los anaqueles que contienen los archivos de las víctimas. Era tan evidente la ostensible omisión que el profesional debió diez meses después acudir a la tutela como mecanismo indispensable para lograr alguna clase de pronunciamiento; obvio era esperar que la Jurisdicción concebida a la medida de los victimarios no concedieran la aplicación de la cautelar. Se argumentópara su negativa que no se demostró la urgencia de la medida, cuando todo el país lo sabe, es un hecho notorio, que vencido el plazo para la entrega de bienes por parte de la entonces subversión no se cumplieron. Nimiamente entregaron escasos bienes y les habilitaron la posibilidad de que vencido el plazo puedan hacerlo, sin que ello, de conformidad con su actuación, vaya a ocurrir. En defensa de las víctimas que representa el abogado recurrió la decisión. Ese es el viacrucis para las víctimas, mientras que a los victimarios les atienden con celeridad inusitada. Es la comprobación que cuando se trate de la Paz y sus principales actores violentos, presenciamos la pantomima que podemos denominar “el mundo jurídico al revés” en el cual está presente, por raras coincidencias, el accionar del senador Cepeda.   

Pildorita. En tiempos de crisis tan grave como la que padecemos por el Covid es incomprensible que se trate de hacer una reforma tributaria, mientras que coetáneamente se emite el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021 estableciendo una prima especial del 30% del salario para los funcionarios judiciales (no para los empleados), agentes del Ministerio Público,Fiscales de quienes se afirma tienen altos ingresos oficiales. Vamos por el excesivo endeudamiento y el aumento del gasto, hacia una recesión económica.  

Bogotá, D.C. marzo 13 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

Senador Iván Cepeda de fiesta cuando le favorecen decisiones judiciales, pero cuando no, incendia la justiciar

Pese a las graves e inadmisibles presiones indebidas que se ejercieron en contra del Dr. Gabriel Jaimes coordinador de fiscalías, quien conduce el proceso que se sigue en contra del expresidente Alvaro Uribe Vélez,   tanto por intromisión del director de HRW, José Miguel Vivanco, como por la manifestación suscrita por 1290 firmantes sino también por la reprochable actuación del propio ex Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien en forma desobligante y por demás amenazante,  dejo saber que decidir solicitar la preclusión era claramente incurrir en un prevaricato, el fiscal que impulsa la actuación no se dejó amedrentar, sin temor alguno,  actuando con la independencia que le es propia,  decidió radicar la solicitud de preclusión. 

Claro resulta que cuando se investiga en una actuación penal un presunto hecho delictivo y se demuestra en medio de la actuación que uno de los indagados es por completo ajeno a los hechos por los que se le investiga, debe, es incluso obligación hacerlo, solicitar terminar la actuación a través de la aplicación de la llamada preclusión, figura procesal legal, que contempla la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas sus etapas procesales, por ausencia de mérito para sostener una acusación. Por esta razón, se indica por parte de la Fiscalía en su comunicado fechado en marzo 5 de 2021: “…. Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que, si lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe.” 

Resultaron en vano todas las injerencias indebidas, pero en especial deja mucho que pensar que una supuesta víctima como está acreditada en proceso como es el senador Iván Cepeda venga insultar, e incluso injuriar al propio Dr. Gabriel Jaimes cuando en recientes declaraciones entregadas al portal KienyKe señaló: “El fiscal Gabriel Jaimes ha menospreciado olímpicamente el acervo probatorio recogido por la Corte Suprema de Justicia. Se ha convertido en el defensor de Álvaro Uribe, y ha decidido practicar pruebas que ya se habían realizado en la Corte Suprema. Las nuevas que ha ordenado son contra el testigo principal Juan Guillermo Monsalve y las víctimas, es decir, no ha practicado pruebas que profundicen lo que debe ser su verdadera función que es investigar al imputado”,

Fácil es refutar al senador Cepeda pues al dar esa irrespetuosa y ofensiva declaración, aún no se había presentado la solicitud que se acaba de conocer, pero falta incluso, la sustentación ante el juez de conocimiento que la vaya a decidir, luego no sólo prejuzga Cepeda, sino que incurre en indebida actuación y de contera viola ostensiblemente uno de los principales deberes de los Congresistas, como es “Guardar para con los Congresistas, servidores públicos y todas las personas el respeto que se merecen, actuando frente a ellos con la cortesía y seriedad que su dignidad le exige” (Literal f Ley 1828 de 2017).  Por supuesto, no basta hacer pormenores análisis para saber la razón de su nerviosismo, miedo y desespero. Colombia ya está cansada del abuso arbitrario del ejercicio del derecho y del litigio por parte de dicho senador y más lo está cuando persiste tercamente y sin fundamento, en mostrarse que él es el único dueño de la verdad y, los colombianos cansados de ello, ya lograron identificarle su mal proceder. 

El expresidente Uribe consigue otra victoria temprana en su “infame” proceso en su contra. Avanza un escalón más en el tortuoso y difícil camino que le espera, ya que el hecho de que se solicite la preclusión, ésta la debe aprobar o negar un juez penal de conocimiento. Efectuado el reparto, se conoce que correspondió a la Juez 28 de Conocimiento Dra. Carmen Helena Ortiz, quien una vez surtidos todos los trámites citará la audiencia en la cual deba decidir. Como es lógico y obvio, en presencia de un proceso garantista, todos los sujetos procesales harán uso de la palabra. Inicialmente el Fiscal Gabriel Jaimes quien fundamentara y sustentará su petición que seguro anticipa la total inexistencia de prueba que comprometan al expresidente Uribe y desde luego refutará las ilegalmente obtenidas como fueron las grabaciones al abonado telefónico del expresidente, por supuesto las de los falsos testigos que ya han dado cuenta ciertos medios. Ya dejo saber que las causales en que fundamentará la solicitud son: “atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”. Tendrá el turno la defensa, las víctimas y sus apoderados, el ministerio público, en fin, le llegará el turno a la Juez 28 de pronunciarse. 

De todas formas, como siempre acontece esa futura decisión es susceptible de apelación, de la que ya han anticipado las víctimas se hará uso. Por eso, poco se comprende y entienda que si saben y anuncian que harán uso de los recursos que la ley concede, vengan a tratar de atemorizar al fiscal de la causa en instaurarle una denuncia penal por señalar que estáincurso en prevaricato al adoptar esa decisión. A esas cuestionada víctimas que  hacen de la justica un espectáculo bochornoso,  de la que son sus principales protagonistas con las no dudar payasadas con las que salen a los medios a buscar figuración, se les recuerda que en los estrados se interviene en las audiencias o se allegan memoriales, para hacer uso de los recursos de ley. Siempre ante los fiscales y jueces la actuación debe surtirse con respeto, el alzar la voz o la grosería es sinónimo de carencia de argumento,  no pueden desconocer la imparcialidad e independencia de la justicia, por lo que también es pertinente  recordarles que el Código Penal tiene contemplado como delito la falsa denuncia. 

Es más, la futura decisión que llegare adoptar la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, será susceptible de ser cuestionada vía tutela y por esemedio, quien lo creyera, volver a llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. No se olvide que el expresidente Uribe por falta de garantías como lo expusiera en su momento, terminó renunciando a su curul de senador, pero por esos laberintos procesales muy propios de nuestro sistema judicial, puede llegar de nuevo a esa alta corte. Este singular y moderno proceso kafkiano, muestra esta posible e imaginable “ironía” judicial, que en tanto llegue a dar vueltas y vueltas en el extraño carrusel de los recursos y acciones, de seguro en el país de macondo todo será posible y acontecerá. 

Bogotá, D.C. marzo 6 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión