Mes: mayo 2021

Como lo expresó Arthur Neville Chamberlain “para hacer la Paz se necesitan dos: pero para hacer la guerra basta con uno sólo”. La semana que concluye será recordada en los anales de la historia por un minúsculo grupo que sembró el terror y la violencia en nuestro país. Sin importarles que se vivía la peor época de la pandemia en nuestro territorio, que registra ya más de 83.719 muertes de compatriotas y las UCI en la mayoría de los principales hospitales se hallaban copadas, no les interesó ni la vida ni a salud de los colombianos, por lo que no solo siguieron en su delirante desfogue de resentimiento y odio, sino que llegaron a impedir la atención médica que requerían las personas. 

Ellos, los de la manifestación pacífica nos estaban haciendo la guerra. Y esa posición de quienes persisten en el paro llevó a tener las repercusiones que nos dan dos grandes noticias, las que, por supuesto, por sus efectos impredecibles agravan y complican aún más el bienestar de todos los habitantes de esta patria y la recuperación de su economía. Guerra es guerra, dicen ellos, sin ni siquiera tener conciencia de su significación. La primera de las noticias tiene que ver con el quebrantamiento del orden público en Buenaventura y el consecuente bloqueo de la vía que conduce de Cali a ese principal puerto; caos y ataques que subieron el nivel de riesgo, por primera vez en su historia, a grado dos, por los que las navieras adoptaron decisiones perjudiciales para nuestra nación. Así, Meditarranean Shiping resolvió cancelar los itinerarios de buques a Colombia: Hamburg Sud, por su parte, la de no enviar barcos a la zona portuaria de Buenaventura, como también lo hará Maersk, mientras Evergreen está evaluando la posición que va a asumir. (Fuente Cámara Portuaria de la Andi y Asonav, gremio naviero).

Pero ahí no paran las funestas consecuencias de los desórdenes y la violencia de quienes nos han declarado la guerra. Se conoció que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings bajó la calificación crediticia en moneda extranjera de Colombia a BB y S& a su vez Global Rating rebajó las calificaciones, por riesgo país, al Banco Davivienda, a la Financiera de Desarrollo Nacional y a la Financiera de Desarrollo Territorial. ¿Será, por ventura, que los “guerristas” comprenden el daño que le están causando a la población más vulnerable y a sus descendientes? Imposible pensar que si, pues ello nos llevaría a predicar un actuar doloso, entonces, únicamente podemos recurrir a la ignorancia de quienes actúan en ese sentido, para medianamente entender su comportamiento devastador, con el cual, unido a la pandemia, hasta ahora han desaparecido diez años de crecimiento económico, con grave afectación en el PIB.

Los colombianos somos por completo los perdedores. Aquí, no hay victoriosos. Están arrasando con la construcción de país de anteriores generaciones, sin la más mínima responsabilidad y con total ausencia de liderazgo y autoridad. La indefensa sociedad civil se ha visto presionada a salir a proteger sus legítimos derechos, la policía se encuentra atada para actuar, el ejército no es autorizado para ejercer su función, al exterior se envían mensajes torticeros, mal intencionados y equívocos que no son contradichos, salvo por contadas excepciones, como por ejemplo el embajador ante la OEA, Dr. Alejandro Ordoñez, quien puso en evidencia la razón de las protestas “Hay una verdad que no podemos ignorar, pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje, de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo (…) Hay una fuerza que quiere causar la desestabilidad contra la institucionalizad y que nada tiene que ver con los reclamos legítimos”, motivo que por demás, se ha tenido conocimiento, tiene un reconocimiento económico para quienes ejercen el vandalismo y la violencia, persiguiendo la ruina del país, que, por supuesto, en la generalidad es la suya propia.

Las protestas que se dice de palabra son pacíficas, por su desarrollo, prolongación y consecuencias no lo son. En cambio, dejan entrever la existencia oculta de intereses personales y políticos para hacerse por cualquier medio al poder. Dolor de patria. ¿Cómo siquiera imaginar que quien de esa manera procede puede ser el represente del pueblo colombiano? Imposible. Si nos detenemos y analizamos con cuidado los bloqueos de vías, el desabastecimiento, la destrucción de los bienes de producción y de todo en cuanto a su alrededor encuentran los manifestantes, es evidente inferir que nos quieren llevar a un grave conflicto social para desembocar, quizás, en una guerra civil, de efectos impredecibles, propósito que siempre ha tenido la izquierda radical. Lo que se vive y padece es lo que los analistas denominan guerra asimétrica, en la que resultan afectados gravemente los pobres y llegan a arrastrar a la clase media, la que se destruye para ser aprovechada por quienes desde la oscuridad manejan esa peculiar situación para obtener el poder. En esa contienda asimétrica, como lo anticipara Diosdado Cabello, la “guerra se hará al interior de Colombia” y el régimen tiránico para lograrlo da refugio y apoyo al ELN y a las disidencias de la FARC, grupos financiados con el tráfico de drogas y la minería ilegal. Ahí se halla la fuente del pago a quienes participan en las protestas.

En medio del caos también se presenta recurrente actividad en las redes llegándose a descubrir que son más de 7.000 cuentas de trolls que desinforman y a su vez tratan de impedir que se critiquen las protestas atacando aquellas campañas que se identifican como hashtag (#) que con escasa fuerza y organización tratan de mostrar la verdadera y trágica realidad del paro y sus marchas. Por el contrario, existe un nutrido número de atacantes que las bloquean, montan narrativas en contra de la policía y las FFMM queprontamente son replicadas en el exterior. Es lo que se conoce como la “guerra” de la desinformación. Lo más preocupante es que el análisis forense revela que estas cuentas son operadas desde Bangladesh, México y Venezuela, y sin confirmar, quizás administradas por servidores en Rusia y China. Rusia lo niega.  

Contribuyen alebrestar los ánimos y a ser impulsores de la desestabilización los viajes de los senadores incendiarios Gustavo Bolívar y Alexander López quienes trataron infructuosamente de conseguir una visita oficial de la Comisión de Derechos Humanos del país del norte  supuestamente para que constaten la “brutalidad policial”, cuestionando el legítimo trabajo del Esmad; se reunieron con Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes y co-presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso estadounidense. Fracasaron por completo. Estos apátridas deberán demostrar que cumplieron con los requisitos del reglamento del Congreso para efectuar el viaje. 

El llamado que si se debe atender prioritariamente es el formulado por los 29 gremios del Consejo Gremial Nacional que extendieron a destacadas organizaciones internacionales para que haga presencia en el país y constaten el grave daño que hacen los bloqueos, que los califican por “completo de criminales”. 

Bogotá, D.C. mayo 22 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión.

Desde lejanas tierras, más allá de nuestras fronteras, llegan voces pidiendo que el gobierno Colombiano proteja los derechos humanos y, estamos de acuerdo, solo que los derechos que se deben amparar son los de la mayoría de nuestros compatriotas que han venido estoicamente soportando el horror y el vandalismo de ya largos 16 días de paro, iniciado bajo el pretexto de la presentación de una reforma tributaria, hoy inexistente, lo que de suyo corrobora que su propósito no era ese, sino sembrar el pánico, desestabilizar las instituciones a través de evidentes vías de hecho, crear el caos para hacerse al poder que democráticamente no obtuvieron.××

Por eso, encontramos a senadores de la oposición como, por ejemplo, Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, así como los movimientos Colombia Humana, Fecode, la CTC, el CRIC, entre otros, atacando la gobernabilidad, a quienes, sin duda alguna, se unen desde la clandestinidad quienes hicieron parte del mal llamado proceso de paz, como lo demuestra el video, que debió ser censurado por Twitter, emitido por el narco terrorista Iván Márquez y su combo, quienes utilizaron el brazalete FARC-EP. 

Entonces, ¿cómo se pueden calificar de pacíficas las manifestaciones, cuando su origen no tiene soporte actual y quienes las prohíjan tienen intereses que vulneran los derechos fundamentales de los colombianos, como el de a la vida, a la salud, a la locomoción, al trabajo, a la educación y, en general, a tener una sociedad en paz? Imposible, no son reuniones pacíficas y por tanto no están salvaguardadas por la Constitución. En fin, lo que nos acontece es, ni más ni menos, el secuestro masivo de la sociedad civil, como así se ha denunciado por pobladores de Cali y Popayán, llegando al extremo, en Cali, de tener que someterse a requisas de la minga indígena quienes, alusivamente, desplazaron a la fuerza del orden, la policía. 

Pero ahí no para el paro. En un accionar criminal impiden que quienes requieren asistencia médica la obtengan, como, entre otras, se supo de la muerte del bebé de Luz Mary Arévalo en la ambulancia que vilmente retuvieron los manifestantes “pacíficos” en Tocancipá, protestantes que tampoco permiten la llegada de insumos y medicamentos y quienes están causando el desabastecimiento en el país, trayendo hambre al pueblo y un incremento en los precios de los alimentos por un valor muy superior al que preveía la reforma tributaria.

Estas conductas se enmarcan en el Código Penal, que no en una protesta pacífica. Varios de esos manifestantes, en cambio, reciben “una paga”, que la mayoría de los Colombianos sabemos de dónde viene, pero que, al parecer, algunos jueces, ausentes de la realidad, desconocen, razón por la cual se conocen sentencias, como la del Tribunal Administrativo de Pasto, prohibiendo la erradicación manual de cultivos ilícitos en los resguardos indígenas, lo que, podría entenderse, como una extraña complicidad de apoyo al delito y a los hechos vandálicos que se presencian, lo que contraría su función constitucional de perseguir y sancionar los delitos, en algunos países castigados con la pena de muerte. 

Tremendo despropósito, decisión alejada del sentido común, la autoridad que debe erradicar el insumo de la mayoría de los “males” que aquejan a nuestra sociedad, los cultivos ilícitos, deben pedir permiso a los narcotraficantes para proceder a cumplir su misión. Ni en Macondo se podría pensar algo así.

Y ¿qué decir de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle que niega la medida cautelar pedida en una acción popular, para en su lugar ordenar que se garantizara el corredor para el ingreso de alimentos, medicinas en general, combustibles, ambulancias, médicos, enfermeras y personal de la salud, será que implícitamente legaliza y cohonesta el paro la administración de justicia? ¿Será que esas decisiones judiciales deben cumplirse o pueden seguir por el camino de la desobediencia, como sucediera con la emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por los protagonistas y manifestantes? 

El gobierno de los jueces, como el que estamos viviendo, impone que éstos actúen, al menos, con imparcialidad y mesura, que no contribuyendo a la desaparición del Estado Democrático, en el que justamente para evitar el abuso del poder, no se permite esa concentración en una sola rama, sino que, se establece la competencia de ella, pero también de la ejecutiva y la legislativa, siendo la judicial, columna vertebral del Estado, la que debe dar ejemplo de respeto y acatamiento a esa división. 

Es inaudito que la autoridad no imponga el orden, pero es más perjudicial que el poder judicial “acompañe” la “guerra” que la mayoría de la gente trabajadora y productiva del país vive y siente con el paro. Los balances preliminares dan cuenta de más de 717 personas heridas con elementos contundentes, 99 con armas corto punzantes, 19 con explosivos, 12 con armas de fuego, 5 con armas traumáticas y 18 fallecidos, sin contar a los policías, 853 afectados, entre ellos, al capitán Jesús Alberto Solano, cobardemente asesinado; como tampoco a los muchos que contraerán y contagiarán el virus de COVID. 

Las pérdidas y daños, de conformidad con lo calculado por el Ministro José Manuel Restrepo, ascienden a más de $6 billones; por cada día de interrupción arbitraria de las actividades hay un costo de $484.000 millones; el sector agrícola acumula pérdidas de 1.7 billones, las del sector mercantil van por encima de 1.5 billones y la de la industria avícola es inconmensurable, está completamente devastada y son los encargados de brindar la principal proteína que consume el pueblo colombiano. ¿Se podrá, en verdad, decir que es una protesta pacífica por los derechos de los más necesitados? Creo que no. Imposible pensar que causar pobreza y destrucción corresponde a la lucha por un ideal de bienestar. 

Ningún aporte sano a ese doloroso estado de postración le hace ciertos periodistas y medios de comunicación que pierden la objetividad y se suman al desorden, como tampoco quienes desde su labor pastoral se aprestan a confundir y mal interpretar el mensaje de amor que trae la religión, como lo suele hacer Monseñor Darío Monsalve. Pese a todas esas adversidades la sociedad colombiana, en su mayoría, defiende valientemente el recto curso que se debe seguir. Solo exige que, como debe ser, se imponga la autoridad; que se elimine la tibieza y se hagan cumplir los conceptos que enarbola nuestro escudo, orden y libertad, que para cualquier decisión se piense que primero está el interés general que el particular, que observe que lo que ahora se pide, ingreso solidario, educación gratuita, etc. era el objetivo de la reforma que se retiró para complacer a los manifestantes pacíficos. 

Señor Presidente apóyese en sus Fuerzas Militares y de Policía, devuélvales el respeto que la población debe tenerles, fortalézcalas, recupere el Arma de Inteligencia. Son ellas, las que, a través de la historia de Colombia, han defendido con honor y grandeza la soberanía y democracia de nuestra patria, por eso la sociedad civil siempre las ha rodeado, las respalda y continuará haciéndolo. Unidos vamos a vencer a propios y extraños que quieren destruir nuestro tesoro más grande: Colombia.

Pildorita. Hermoso y espectacular la Ceremonia del Tercer Rosario Mundial Mater Fátima que, desde la Basílica de Chiquinquirá, se transmitió a 150 países del mundo, cuando se conmemoró el pasado 13 de mayo, Día de la Virgen, fecha igual en la que se consagró al Sagrado Corazón y de la Virgen Santísima pidiendo la Protección del Inmaculado Corazón de la Virgen por el fin de la pandemia que azota al mundo e implorar por la Paz de Colombia

Colombia es un país creyente, y su grandeza se ha estructurado en el respeto por
sus tradiciones y valores. Desde comienzos de su vida republicana la familia ha
sido el eje central de su sociedad, porque sabido es que tal constituye el núcleo
donde se aprenden y afianzan los principios y valores. La iglesia y la cristiandad,
en que se inspira, otrora marcaron la consolidación de la nación. Hoy, el
camuflado nuevo socialismo del siglo XXI percibe que solamente en la destrucción
de esos principios podrá difundir su proyecto expansionista, cuyos orígenes, si se
revisa la historia, se encuentran desde 1960 en la era de Fidel Castro. No nos
quepa la menor duda que ese fue su comienzo, el que ahora es seguido por
algunos mandatarios latinoamericanos, ya el expresidente Pastrana nos recordó
como el Presidente Lenin del Ecuador acusó al dictador Maduro de ser el
“incitador y financiador” de la violencia en Colombia. Por supuesto, todos
conocemos que el tirano venezolano es guiado, orientado y movido por el aparato
cubano que es, al fin de cuentas, el que siempre tuvo interés en exportar su
revolución armada y, ante su fracaso, ahora exporta su revolución ideológica.
Es a la historia a la que se debe acudir para entender los hechos, en vez de
darnos a la tarea de las especulaciones y explicaciones aventuradas, como
actualmente sucede en las llamas redes.
Somos testigos que ante la grave situación que atraviesa el país las redes
expanden toda clase de tesis amorfas y verdades a medias, las que en vez de
contribuir a la solución, confunden. Muchos mensajes son manipulados, la
posverdad está a sus anchas y algunos medios de comunicación en vez de
trabajar y registrar con ética y objetividad la multiplicidad de noticias, toman partido
y enfatizan la solidez de las marchas en inexistente contenido pacífico, cuando
para nadie es desconocido ni secreto que lo que ha primado es el daño sin razón,
a través de la destrucción de vidas, bienes públicos y privados.
La inmensa mayoría de los colombianos y en particular los mayores, ante el
caótico momento que se vive en nuestra nación, sitiada por aquellos que desean
hacerse por las vías de hecho al poder, vuelven sus ojos a los valores que están
impregnados en su conciencia y luchan por mantener la Patria libre y democrática,
bajo la absoluta creencia de que es esa su responsabilidad con las nuevas
generaciones, advirtiéndoles de los graves peligros que se ciernen sobre ellos aun
cuando así no lo crean, porque son manipulados y utilizados como carne de
cañón. Los adoctrinadores son expertos en lavarles el cerebro y convencerles de
causas que ya ni siquiera se advierten en el ocaso, pero que, para sus intereses,
tratan de mantener vigentes a través de movimientos y minorías a las que
alimentan, esos adoctrinadores, en el odio y la destrucción. Entonces, es
fundamental la tarea nuestra en apadrinarles, compartir vivencias con sus amigos
y compañeros de estudio, mostrarles que la consolidación de una nación se hace
con esfuerzo y trabajo. Demostrarles, con diálogo permanente, que las economías
que concurren a los sistemas de auxilios, ayudas o asistencialismo permanentes
marcan más temprano que tarde su futura pauperización.

En la gran depresión de los años 30 dijo uno de los más grandes presidentes de los
Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, en su discurso de posesión “Éste, en
especial, es el momento de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y valor.
No debemos rehuir hacer frente sin temor a la situación actual de nuestro país.
Esta gran nación resistirá como lo ha hecho hasta
ahora, resurgirá y prosperará.” Y agregó: Por mi parte y por la vuestra, nos
enfrentamos a nuestras problemáticas comunes que, gracias a Dios, sólo
entrañan cuestiones materiales. Los valores han caído hasta niveles
inverosímiles, han subido los impuestos, los recursos económicos del pueblo
han disminuido, el Gobierno se enfrenta a una grave reducción de ingresos, los
medios de pago de las corrientes mercantiles se han congelado, las hojas
marchitas del sector industrial se esparcen por todas partes, los agricultores no
hallan mercados para su producción, miles de familias han perdido sus ahorros de
muchos años”.
Ahora, cerca de cumplirse cien años del pronunciamiento de ese célebre discurso,
pareciera que fuera de ayer, pues describe nuestra actual situación. Por supuesto,
la gran nación del norte no salió de la crisis a base de asistencialismo. Lo hizo a
través del llamado a la unidad nacional, desde luego, optimizando el aparato
productivo. Ahí radica buena parte de la solución. La empresa privada, a la que
tanto se cuestiona y ataca en la actualidad, fue motor trascendente de aquella
reconstrucción y lo va ser en la nuestra. Los convocados a las marchas no se han
dado cuenta que el pretexto que les dieron para salir a las calles ya no existe, sin
embargo el movimiento continúa. La Reforma Tributaria se retiró y se consiguió la
salida del ministro y del equipo económico, pero el paro sigue; naturalmente que
se prolonga porque su finalidad no era eliminar la reforma tributaria, como
tampoco es dialogar, su propósito es hacerse con el poder sea anticipando
elecciones o a través de una vía de hecho o golpe civil.
Hoy, por los bloqueos de las vías que es claro delito en las voces del Código
Penal (Artículo 353 A) y el vandalismo, la carestía se ha hecho presente. La
pobreza monetaria en Colombia registra un record jamás visto en el 2020, se situó
en el 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue 15,1% en el total nacional. Luego,
se aprecia que con la paralización del aparato productivo, agrícola y ganadero
todos perdemos y de persistir en ese cese, de lo que no se dan cuenta, es que
van a ocasionar, como ya empieza a darse, un mayor desempleo productivo que
obviamente hará que los índices de pobreza en vez de mejorar se agraven y
crezcan y de contera la carestía en los artículos de la canasta familiar se eleven,
perjudicando los intereses de quienes dicen estar defendiendo. Por el paro y el
Covid 19 muchas familias Colombianas se acuesten sin probar el alimento diario
necesario. Ahora bien, con el fin de recuperar toda la infraestructura banalizada
durante el paro, el Estado se va a ver abocado, a aumentar los impuestos,
situación que agudiza la pobreza de más de 21 millones de ciudadanos, que a la
sazón la padecen.

El Presidente Iván Duque tiene una difícil tarea. Es clave que convoque, como lo
ha hecho, a la unidad, pero debe tener mucho cuidado con un diálogo abierto, sin
una clara agenda, él no puede por la presión y vías de hecho entregar el Estado,
por el contrario, debe afianzarlo y asegurarlo. No puede permitir que oportunistas y
solapados cercanos a los instigadores e incluso incitadores como los senadores
Alexander López y Wilson Arias y otros afines a ellos se cuelen. Es imperioso
defender y hacer respetar las FFMM y de Policía; debe devolverles cuanto antes el
uso de las armas al Esmad. Sin falta los desmanes abusos y destrozos deber ser
judicializados. A los promotores de la protesta y paro, antes de sentarse con ellos,
debe condicionarlos a que para hacerlo y escucharlos deben levantar el Paro y
desbloquear las vías. Hacerlo en medio de esas perturbaciones del orden, es
tanto, así como negociar chantajeado, parodiando la figura es hacerlo con una
“pistola en la frente”. Como expresó el Dalai Lama “Abre tus brazos al cambio,
pero no dejes ir tus valores”.

Bogotá, D.C mayo 8 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión

Nos hemos acostumbrado a la distorsión de los conceptos para darle paso a la admisión de lo que no debe ser por lo que debería serlo. Como abogado, columnista y padre de familia soy consciente que las manifestaciones – protesta pacífica son legítimas en una sociedad democrática y dentro de un marco constitucional, que tal constituye una garantía intemporal y un gran triunfo de la humanidad, pero es inaceptable que bajo ese rótulo se cobije el terrorismo urbano, que es lo que en verdad acontece en nuestra sociedad, para convocar e incitar al vandalismo – desorden, en perjuicio de los intereses generales y aún de la propia vida de quienes concurren y de la de su familia. Ese bandidaje merece el reproche enérgico de todos, en primer término, de las autoridades, y la judicialización inmediata de los responsables.

El espectáculo de resentimiento, odio y violencia que se transmitió por los canales de tv, por la radio y a través de los videos enviados por WhatsApp de la serie de actos fieros y aún inhumanos causados el 28 de abril de 2021 por una horda de “manifestantes” que se dieron a la tarea no sólo de destruir los bienes públicos y privados, que con tanto esfuerzo se han construido por los colombianos, sino de atacar en su humanidad a miembros de las fuerza policial, sólo permite experimentar sentimientos de ira, angustia, tristeza, desolación y, quizás hasta de compasión, que no sensibilizar a la comunidad para que considere que su motivación corresponde a exigencias razonables.

Menos aun cuando se tienen antecedentes del origen y finalidad de esas “protestas”, uno el 10 de septiembre del año anterior, que registró 27 CAI vandalizados, y 12 incendiados; 21 uniformados lesionados de consideración, 5 motos afectadas y un vehículo vandalizado; el otro, el paro de noviembre 21 de 2020 que causó gran destrucción en buses y estaciones de Transmilenio, entre otros. Es necesario, entonces, como en su momento lo advirtió el Ministro de defensa Guillermo Botero, llevar a cabo la reglamentación del derecho a la protesta, para que éste tenga la connotación de protección a los derechos, que no de destrucción inmisericorde.

Huelga recordar que el pasado 26 de marzo de 2021 reapareció en video el terrorista mayor de las Farc-Ep, Iván Márquez, que hoy se distingue como  “narcotalia” e invito a salir de los “huecos de la exclusión para luchar unidos por una patria nueva, necesariamente tendremos que convertirnos en nuestros propios libertadores a través de este pacto nacional”, y habló de un supuesto legado de Tirofijo “y su discurso político y el ideal de una Nación en masa (…) hacía la destrucción del mal gobierno”. ¿Serán meras coincidencias? Como también que Gustavo Petro sea uno de los defensores de esos movimientos de “masas”; que, desde el año anterior, cuando comenzó su estrategia electoral, llamara a hacer un “pacto histórico”; y que luego de haber perdido las elecciones presidenciales pasadas, al aceptar su derrota, dejara saber que las calles les esperaban.

Por otra parte, resulta inquietante que promotores y defensores de la realización de las “manifestaciones” no hubieran acatado la decisión judicial que impedía llevarlas a cabo por el momento epidemiológico que se vive en el país, cuando otrora habían expresado que las decisiones judiciales son para cumplirlas y que “Colombia debe respetar la justicia. ¿Será que ellos no hacen parte de lo que llaman Colombia y por tanto pueden proceder de la manera que mejor les parezca?

Sin que, de otro lado, la proyectada reforma tributaria, se considere equivocada e inoportuna, pueda servir de pretexto a los irresponsables organizadores y promotores del paro de abril 28 de esta anualidad, pues su llamado a esa movilización ya estaba listo desde antes de conocerse dicha iniciativa, convocatoria precedida de una actuación totalmente dolosa por conllevar la confección de un plan previo preparatorio, aprovechado por los que instigan y promueven el vandalismo, hecho que quedó al descubierto con lo sucedido en las principales ciudades del país, pues, de los ataques de que fueron víctimas se advierte la ejecución de un estratégico plan completo de desestabilización, debidamente financiado, que demandó instrucciones y entrenamiento previo, así como el señalamiento de objetivos a devastar y vandalizar. Lo acontecido es clara demostración de que la Revolución Molecular Disipada está en curso y tiene en la mira hacerse con nuestro país. La extrema izquierda radical, cercana a esos grupos disidentes y a otros alzados en armas, saben que por los medios democráticos no se harán con el poder y quieran conseguirlo través de provocar un levantamiento popular; esa es otra de sus formas criminales de lucha, a la cual nos corresponde oponernos con una resistencia – protesta verdaderamente pacífica.

Y es que no podemos seguir soportando ataques de las magnitudes ocurridas en Cali, Pasto, Bogotá y Manizales. Pavorosos escuchamos y vimos testimonios y videos de saqueos y actuaciones que pusieron en jaque a la sociedad civil en Cali, aun resuena en los oídos de los colombianos el grito de desespero de los empleados bancarios cuando les destruyeron su sucursal y que solamente los vidrios de protección blindados impidieron que les afectaran su humanidad. ¿Qué pensar de los reportes de tiroteos como si la “guerra” antes en los campos se abriera paso en la ciudad?

Espanto y horror causa lo acontecido en Pasto, en donde con bombas incendiarias lanzadas a los policías del Esmad, que cumplían heroicamente con su trabajo, les prendieron fuego. Ataque aleve, miserable, por completo desmedido contra la fuerza pública. No hay derecho a que a los miembros de la policía para que se defiendan y hagan lo propio frente a la vida y bienes de las personas solo se les permita contar con un escudo, mientras que los milicianos terroristas pueden atacarlos con bombas, papas bomba y otros instrumentos que les afectan por completo su humanidad. En Soacha por impedir un saqueo fue asesinado el Capitán Jesús Alberto Solano (q.e.p.d.). Nuestra fuerza pública, tanto Policía como Ejército, tiene el apoyo irrestricto de la sociedad legal, pero no es sólo manifestarles nuestro respaldo sino que tenemos que rodearles y exigir a los líderes políticos que a través de proyectos de ley les retornen y otorguen las garantías que les son indispensables para desempeñar tan estoica labor. Los extremos a los que se han visto abocados son consecuencia directa del fallo de la Corte Constitucional que les impide el justo uso de las armas propias para contrarrestar el actuar delictivo contra los integrantes del Esmad. No debe olvidarse, como lo hizo la mencionada sentencia, que la fuerza pública es la institución que constitucionalmente materializa la fuerza coercitiva del Estado y actúa como colaboradora y defensora de él. Ahora, por cuenta de algunas decisiones judiciales, ellos y nosotros estamos en manos de los bárbaros.

Todos los colombianos, sin excepción, hemos padecido los graves efectos de la pandemia del Covid 19, la economía se ha resentido bastante y los indicadores de pobreza muestran su aumento a cifras y records inquietantes. Hay desolación y, para agravar la situación, se presenció como el gobierno no escuchó el clamor ciudadano ni el de los principales y destacados líderes políticos, menos el de unas fuerzas institucionales y gremiales que dejaron saber que no era el momento de impulsar una reforma tributaria. Equivocadamente persiste en hacerlo, aunque ahora tardíamente decidió sustituirla, pero quedó en el ambiente visto como cómplice silencioso al dar esta clase de “combustible” para alebrestar los ánimos. Lo obvio y elemental que le compete al jefe de estado es impulsar una reforma que adelgace el estado, reduzca sustancialmente el gasto público y refuerce la creación de empresas para que todos tengan posibilidad de trabajar, con mayor razón si los promotores de la protesta lo hacen para que se elimine la reforma tributaria que contempla lo que piden: renta básica universal con ingreso solidario. En verdad, otros deberíamos ser los que protestáramos.

El balance de destrucción será aún más billonario de continuar con los disturbios de quienes son llamados movilizarse y no habrá recursos ni reformas para reparar los monumentales daños. Tendrá el gobierno que hacer obligatoriamente uso de los estados de excepción. Lástima que ya no se tenga el estado de sitio que otrora estaba previsto en la mejor Constitución como lo era la de 1886.

Queda por completo claro o despertamos las mayorías o las minorías vandálicas nos acaban la Nación.

Pildorita. Se conoció el sondeo que realizó Polimétrica en abril de 2021 sobre “Qué piensan los jóvenes”, el 76% de la muestra registra que no tienen afinidad con ningún partido político; es entonces ahí donde se debe concentrar en la próxima campaña en comenzar a despertar esta futura participación electoral que, contrario a lo que se cree, tan solo registra un 6% de identificación con la Colombia Humana que orienta Gustavo Petro.