¿Colombia necesita una Thatcher o una Merkel?

Mujeres heroínas del país, en momentos delicados y claves cumplieron destacado papel cambiando el rumbo de la historia, carácter que actualmente se necesita ante la caótica situación que se vive, liderado por quienes deberían ser la esperanza de un país, que no su destrucción. La anunciada continuidad del paro, unida a unas peticiones “extorsivas y chantajistas” anunciadas desde Neiva por el miembro del “Comité del Paro” Francisco Maltes,  como Presidente Nacional de la CUT, quien sin tener ninguna representación las formula, pese a no traducir ni las necesidades ni el querer de la mayoría de los colombianos. El escenario que tratan de imponer para las próximas elecciones será contrarrestado por la cordura y el patriotismo y ahí es, cuando puede visualizarse la presencia femenina en la política

Las próximas elecciones definirán si Colombia mantiene su democracia o si prefiere otra clase de gobierno. En esa jornada electoral, que tendrá en mayo 29 de 2022 la primera vuelta para escoger Presidente de la República, y en junio 19 del próximo año la segunda vuelta se erige la figura de la mujer como ese ser,  que a imagen de lo que fueron las damas Thatcher o Merkel,  pueda enrumbar nuestro maltrecho Estado.  Van a ser unas elecciones cruciales en medio de un país altamente convulsionado, en el cual, no se dude, va tener papel destacado la participación femenina.  

La reciente historia republicana nuestra nos deja saber que los destinos del país los han conducido los hombres y las posibilidades tanto en épocas del frente nacional, como después de terminado aquél, han sido esquivas para la gobernanza en cabeza de una mujer, no por falta de candidatas, sino, quizás, por un mal entendimiento del papel que éstas pueden hacer. Algunas de ellas, como Nohemí Sanín, para citar un caso, han logrado una votación representativa de un cambio en ese parecer. Así también lo corrobora la votación obtenida por Martha Lucía Ramírez, que a fuerza de trabajo político consolidó las bases en el partido conservador y con su tenacidad hizo posible y consiguió ser la compañera de fórmula al lado del hoy Presidente Iván Duque.

Para el ciudadano común que parodia el Estado con su hogar, con el espacio en que habita, no hay incertidumbre alguna que esta última se encuentra en medio de un desorden, y que el necesario orden con amor sólo lo logra la mujer, y en tal virtud invito a los lectores a que piensen, cómo yo lo creo, que es el momento de entregarle el mando de nuestro país a una ilustre fémina, que se distinga por su conocimiento, coherencia, experiencia, firmeza, carácter y autoridad.  

Existen muchas aspirantes que reúnen condiciones para hacerlo. El Partido Centro Democrático tiene en sus filas mujeres que brillan con luz propia. Se destacan Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Margarita Restrepo, Paola Holguín y ahora María Fernanda Cabal quien se ha mostrado como la nueva revelación en materia de precandidaturas por su firme posición en contra del paro y los voceros del mismo, a los cuales calificó con la firmeza de su estilo característico de guerra urbana. 

A través del tiempo y de sus ejecutorías, en las cuales resalta su entrega, patriotismo y perfil democrático tenemos varias candidatas. Su rol en este período aciago por el que atravesamos ha sido decisivo para orientar los pasos que debemos seguir, para defender el orden y la libertad que como emblema lleva nuestro escudo, para, con carácter, comparecer ante autoridades e instituciones extranjeras a defender el honor de los colombianos.      

En las encuestas ya algunas de ellas empiezan a brillar con luz propia, como una esperanza de los votantes, alguna puede llegar a constituir una sorpresa electoral toda vez que materializa el anhelo ciudadano de un país con seguridad, orden y justicia como base para la prosperidad y la consolidación de los sueños en libertad, tomando distancias filosóficas del vecindario, sin ambages,  al ser capaz de presentar una oferta distinta y mejor a la de sus contendientes, en la que, dado su espíritu maternal, involucre asertivamente a nuestra juventud,  así como también pueda convencer a los abstencionistas, que son hoy la mayoría, sobre la importancia crucial de su voto máxime que su indiferencia podría revertirse gravemente en sus propios intereses y de toda la nación.   

Deseable sería que partidos políticos como el conservador, cambio radical, y similares impulsaran a sus afiliadas para que participen en las próximas contiendas electorales, para lograr con su eficaz aporte el cambio por el cual clama nuestro pueblo y, a través suyo, alcanzar la paz verdadera.  Considero que el empoderamiento de la mujer, que es la base del universo, lleva a construir una mejor sociedad. Ya es hora de que tengamos nuestra Thatcher o nuestra Merkel.           

Pildorita Uno:  Rechazo por completo el atentado al helicóptero en que se desplazaba el señor Presidente de la República en Norte de Santander. Expreso total solidaridad para con el señor Presidente y la comitiva que le acompañaba

Pildorita dos: Abusivo y descarado el senador Gustavo Bolívar que cree pareciera estar escribiendo un libreto cuando indicó: “Por defender la vida y los ojos de los valientes jóvenes de la primera línea y sus mamás, tengo procesos en la Corte Suprema y la Procuraduría y serias amenazas de muerte. Sería un honor ser condenado por esta causa”.

Bogotá, junio 26 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

¿Se reformó la administración de justicia?

La justicia del latín iustitĭa, que, a su vez; viene de ius —derecho— y significa en su acepción propia «lo justo», es un derecho esperado y reclamado con urgencia por los estamentos públicos y privados en Colombia, quienes ante la monumental crisis que afecta la credibilidad en la administración de justicia en nuestro país urgían por su reforma, la que en el pasado fracasó en cerca de veinte proyectos. Ayer se aprobó la denominada reforma a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, pero al conocer su contendido emerge, como primera conclusión, que en verdad no se efectuó ningunatransformación trascendental a la justicia, como lo reclama la comunidad y la situación viviente del país, más bien se plasmó una iniciativa de reorganización burocrática de la justicia que demandará cuantiosas e inoportunas inversiones, superiores a los tres billones de pesos.   

Era el momento preciso y puntual para hacer una gran y efectiva reforma a la justicia, era la oportunidad de restituir la fe en una institución fundamental para el bienestar de la sociedad y la verdadera paz social, de donde debió comenzar por la ética que deben tener sus funcionarios y empleados, para enseguida continuar con la reducción de las Altas Cortes y dotar de funcionabilidad práctica la administración de justicia, como lo reclaman los ciudadanos del común. No se hizo. Por el contrario, el artículo 6 de la nueva ley se limita a señalar que la Rama Judicial del Poder Público está constituida por los mismos estamentos que hoy la integran, sin incluir a la Jurisdicción Penal Militar y la Indígena que no se entiende porque no tiene esa calidad. ¿Será, que éstas, a partir de la vigencia de la ley no administran justicia?  ¿Y la JEP?  Así mismo, habrá que sumarles la que se acaba de conocer, en el nuevo Código Disciplinario se le asigna a la Procuraduría General de la Nación.  

No se desconoce el propósito de la ley para ingresar a la era de la digitalización para el expediente virtual. Sin embargo, surgen algunas preguntas ¿Actualmente la Rama Judicial cuenta con una infraestructura y avance que permita a todos los ciudadanos en el territorio nacional acceder a esas redes digitales? ¿Será que, a través de esos procesos, se obtiene la justicia esperada? ¿El expediente digital logrará que los jueces sean independientes e imparciales en sus decisiones? No me aventuro a dar respuestas, los lectores conceptuarán si esa era la evolución que esperaban del Congreso frente a la necesidad de justicia del pueblo colombiano, máxime cuando simultáneamente se está informando que el Senado acusó formalmente a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia por “Cartel de la Toga”. 

En medio de la pandemia, sin necesidad de esa ley, la Rama Judicial tuvo que poner en práctica buena parte de su actuación judicial a través de la red virtual, los usuarios de la administración de justicia calificarán sueficiencia. Lo cierto es que la reforma a la justicia requería de profundos y significativos cambios, no limitados a formas sino a lo esencial de su organización, pues probado está que ni la promulgación de nuevas codificaciones, ni el aumento de funcionarios judiciales, entre otras, se ha traducido en el ideal de justicia que añora la sociedad, de pronta y eficaz proferimiento de resoluciones “justas”. Una verdadera reforma debió concebir, en primer lugar, el perfil de los funcionarios judiciales; en segundo término, abordar el exceso de Altas Cortes y como un aspecto más, que acudir a la justicia cueste. No tener mayor costo hace que por nimios hechos la congestionen y saturen. Prueba es lo que acontece con las exageradas acciones en materia tutelar. Por temas de especialidad una verdadera reforma a la justicia ha debido permitir contar con organismos experimentados que puedan desatar soluciones y controversias por su amplio bagaje profesional y no dejar que materias complejas sean solo para ser empleadas por los abogados en ejercicio. 

Es tan burocrática la reforma aprobada que a falta de uno aprobó dos sistemas de estadística como son: (i)Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial y (ii)Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia. Y peor aún, con la nutrida burocracia que la compone, dejan y pactan la paralela de descongestión judicial al señalar que el Consejo Superior de la Judicatura antes del 1 de abril de cada año deba decidir si se adoptan medidas de descongestión y, por supuesto, se le asigna la obligación de confeccionar su presupuesto. 

El Congreso de la República le quedó debiendo al país. No impulsó los valores éticos y profesionales de quien desempeña tan noble y trascendental labor, tampoco un recorte clave en la composición de las Altas Cortes, se debió pensar en suprimir dos o quizás tres de ellas. Ahora próximos a conmemorar los 30 años de la Constitución Política de 1991, que fue laapertura de la puerta giratoria para esta burocracia judicial, recordamos con nostalgia la buena Constitución Nacional de 1886 que tuvo por largo tiempo una única Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado operando a cabalidad. 

Hoy la Corte Suprema de Justicia está integrada por23 Magistrados, el Consejo de Estado por 31Consejeros, la Corte Constitucional por 9 Magistrados, la Comisión Nacional de Disciplina judicial por 7 y el Consejo Superior de la Judicatura por 6. Las comparaciones siempre resultan odiosas, pero a veces son relevantes y necesarias. En los Estados Unidos de Norteamérica existe y funciona a cabalidad una única Corte Suprema de Justicia que tiene 9 magistrados vitalicios, y su población es de 320 millones de habitantes, mientras que acá escasamente llegamos a 50 millones y pasamos ya por más de seis altas cortes, y eso que no incluimos como tal al Consejo Nacional Electoral y a otras Instituciones que tienen el mismo rango.  

Colombia, por falta de justicia, a pesar de todas las Altas Cortes existentes, es un país actualmente convulsionado por una situación caótica causada por unos promotores de un Paro Nacional que sinrepresentar sectores claves saben que “nada les pasará” por incurrir en acciones tipificadas como delito en el Código Penal y por desconocer una decisión judicial proferida en procura de la defensa de la mayoría del pueblo Colombiano -Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca-, como hoy se representa en los afectados por el COVID-19 que este próximo lunes llegará aproximadamente a los 100.000 muertos en sus registros oficiales, superado ese número por tanto caso no reportado, y con un altísimo de contagiados, a más de otros actos de violencia y bloqueos que repercuten en la vida de todos los ciudadanos.

Panorama difícil se vislumbra, mientras tanto el Congreso y el Consejo Superior de la Judicatura, el que propuso el proyecto de reforma, consideran que un avance en tecnología y un aumento de presupuesto es la solución para que haya justicia. El pueblo Colombiano sigue implorando una verdadera reforma a la administración de Justicia. Recordemos frase célebre del pensador francés Francois – Marie Arouet, conocido más como Voltaire “los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por si mismos más tarde o más pronto.

Bogotá, junio 19 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión 

Estimados Amigos 

Como había anunciado ayer se llevó a cabo la reunión ordinaria de asamblea de la Asociación Únete por Colombia en la cual se conoció el informe de gestión se aprobaron sus estados financieros, se designó su nueva junta directiva para el período 2021-2022  y se aprobó una reforma estatutaria para ampliar su objeto, ampliar el período de la junta directiva y del director ejecutivo e incluir una representación legal para fines exclusivamente judiciales. 

La nueva Junta Directiva quedó integrada así: 

ASOCIACIÓN ÚNETE POR COLOMBIA

JUNTA DIRECTIVA

PERÍODO 2021-2022

               PRINCIPALES                                                   SUPLENTES 

BERNARDO HENAO JARAMILLO                        AMY CLARKSON

CHRISTIAN PADILLA DIAZ                                   GUSTAVO CARVAJAL 

MARTHA C. RODRIGUEZ  NEIRA                         FREDDY IDARRAGA       

JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR                   RAMÓN OSPINA                                            

DIANA HADDAD FRANCO                                    JUAN CAMILO PEÑA 

INES ELVIRA DIAZ HURTADO                             RICARDO VARGAS  

ADRIANA PIQUERO ECHEVERRI                        RICARDO RUIZ GUZMAN                                      

BLANCA EUGENIA URIBE  TOBON                    ROCIO CRUZ     

CARMEN SOFIA DIAGO  JAVOIS                        LUIS MIGUEL COTE  

A todos ellos muchas gracias por su permanente disposición en trabajar la causa que no reúne y aglutina. A quienes hasta ayer nos cooperaron igualmente les extendemos nuestros agradecimientos. 

Basta ya senador Iván Cepeda con su abuso en el ejercicio del derecho

Por: Bernardo Henao

Cuando en todo el país se realizan multitudinarias manifestaciones pacíficas para reprobar los bloqueos de carreteras y calles, la violencia, la destrucción de bienes públicos y privados, el asesinato de policías, los continuos desmanes y, en general, una cadena de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Colombia, a quienes los del denominado “paro” mantienen secuestrados desde el pasado 28 de abril, causando, además, desabastecimiento que encarece los alimentos básicos, pérdida de puestos de trabajo, resquebrajamiento de la economía, conjunto que inexorablemente conduce a una grave alteración del orden público, sorprende, por decir lo menos, que algunos de los congresistas, en vez de abogar por la reactivación de la economía, el fortalecimiento del desarrollo productivo, la recuperación de empleos y, particularmente, la reivindicación de la paz en nuestra patria, acudan a acciones constitucionales y legales para “torpedear” las medidas que con esa finalidad adopta el gobierno.

En ese sombrío contexto, entre otros, aparece el senador Iván Cepeda, quien sin atender la representatividad que algunos compatriotas le han otorgado guarda silencio sobre los actos vandálicos y terroristas que en el marco de la protesta se vienen sucediendo, para en cambio señalar que “Es necesario que Fuerza Pública sea controlada en protestas” (6 AM, Hoy por Hoy), postura que resulta inentendible de quien ostenta un cargo en el poder legislativo, empero, que se llega a comprender recordando cuál ha sido la línea de conducta de alguno de sus progenitores y la suya propia, como su incondicional y obsecuente apoyo al parecer fallecido Santrich, al que por los cargos de narcotráfico la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos.
Y como parte de su función, por lo que se ha visto, ya no es extraño que el litigante de oficio Iván Cepeda opte por acudir al arbitrario y abusivo ejercicio del derecho, impulsando actuaciones judiciales no solo en Colombia sino en el exterior ante distintos organismos internacionales.

En esta oportunidad, además de la denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que acusa a miembros de la fuerza pública de varios delitos, nos encima una acción constitucional, que no se dude es bastante temeraria, a través de la cual pretende que se suspenda la aplicación del decreto 575 de 2021, mediante el cual, el señor Presidente de la República impartió puntuales y claras instrucciones a los gobernadores de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva para que conserven y restablezcan el orden público en sus territorios.

Con una argumentación descabellada y por completo sofista quiere desnaturalizar un legítimo decreto reglamentario para restablecer el orden público en nuestro territorio, para lo cual se escuda, a sabiendas, en una interpretación equivocada, como lo es señalar que esa normativa envuelve o es propia de un desarrollo de un imaginario estado de “conmoción interior”, el cual, bien sabe ese senador, no ha sido decretado, ni citado en el texto del mismo, sino expedido en cumplimiento de las funciones que la Constitución le impone al ejecutivo para mantener la democracia y el bien común.
Para el común de las gentes es conocido que la Constitución Política de Colombia, próxima a cumplir sus 30 años, en el numeral 4 del artículo 189 consagra que corresponde al Presidente de la República conservar el orden público en todo el territorio nacional. Los desarrollos que se den por aplicación de esta normatividad tienen claros y puntuales alcances reglamentarios.
Todo Estado para su normal y adecuado funcionamiento debe obedecer al orden que conlleva siempre el ejercicio razonable de la libertad, pero aquel debe ser prevalente, máxime por ser de interés general. Bien ha dictaminado la Corte Constitucional en sentencia C-045 de 1996 que el “orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado”.

Las cuestionables actuaciones del senador Cepeda, no se dude, contribuyen a la confusión y de contera a la propia desestabilización de la Nación. Esa temeraria tutela, alejada de la finalidad para la cual fue instituida, le hacen ver más como cómplice del caos que los del Comité del Paro y otros han traído a nuestra tierras, que no como un ciudadano preocupado por el orden y la institucionalidad, como se lo impone la misionalidad del cargo que ocupa. Su accionar más bien deja ver su querer para que el gobierno no cuente con herramientas legales para preservar y conservar el orden público. El sector que representa el senador Cepeda, a la par de otros personajes que militan en esa ideología radical, pretenden, como lo dejó saber el senador Gustavo Petro ante la pérdida del poder, que acudirían a las calles, lo que han venido haciendo. Los perjudiciales e inhumanos bloqueos impulsados por los promotores y organizadores del paro, que comenzó el pasado 28 de abril les hace ya responsables, al menos políticamente, de la debacle cometida contra los bienes públicos y privados de la Nación, y no se diga de las personas afectadas en su integridad, incluso varias de ella perdieron su vida, por causa de los bloqueos o ataques de desadaptados vándalos.

En esa estrategia perturbadora cobra papel relevante la descarada participación de la denominada “Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos” proveniente de Argentina, la que en audios que se conocieron dejaron saber que su misión u objetivo principal era implementar un plan de desestabilización de la región y del gobierno de Iván Duque, aprovechando la crisis provocada por el paro. Ya desde el 11 de mayo enviaron su avanzada integrada por Federico Fagioli, Daniela Marina Pilar y Fernando Martín Callizolli, invitados por varios congresistas de la oposición, entre ellos, desde luego por Gustavo Petro.

Es hora que los organismos de control y la propia fiscalía asuman con más severidad el impulso de actuaciones para los responsables de tanta violencia y destrucción. Hoy cobra puntual vigencia estudiar y dar aplicación al mandato del artículo 455 del Código Penal que reza: “Artículo 455. Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”, omitieron transcribir o señalar “y multa de …. “

Pildorita: La marcha blanca pacífica del pasado domingo, a pesar de tanta provocación y ataques verbales de los desadaptados y frecuentes consumidores de sustancias psicotrópicas, a quienes les espera de seguro en su futuro una cárcel o un frenocomio, demostró que no nos van amedrentar y que en nuestro país la gente de bien, que tanto les molesta por esa calificación, a pesar del miedo que inspiren, no nos van arrinconar. Se les trasmitió puntual mensaje que ya es hora de cesar la destrucción y regresar a trabajar. Esa marcha es apenas el comienzo de la recuperación institucional.

Bogotá, junio 5 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión