¿Activismo judicial o tiranía de la justicia?

Se sostiene, desde hace más de 270 años, cuando se escribió “El espíritu de las Leyes” por Montesquieu, la tesis de que la verdadera libertad en una organización política se alcanza si la potestad del Estado se divide en varios poderes que sirvan de contrapeso y secontengan entre sí. Ya Aristóteles había expresadoque el poder concentrado se convierte en tiranía. Entonces, cuando uno de los poderes absorbe, invade o no cumple con su función el Estado de Derecho queda en entredicho, más aún cuando tal proceder viene del Poder Judicial, como se observa en Colombia de sus decisiones controvertibles, acompañadas por claros y puntuales salvamentos de voto, que hacen temer por la estabilidad institucional. No se trata de hacer un extenso examen de fallos controversiales en esta columna, pero los que se consignan a continuación, dan paso a esa creencia que se está frente a cierta tiranía judicial, politización de la justicia o peor aún, al denominado “gobierno de los jueces”. 

Ha quedado ya en firme la decisión en el caso del petrovideo, en el cual públicamente se vio a Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo y guardándolo en una bolsa, resolviendo la CSJ inhibirse de conocer de fondo porque consideró prescrita la acción, decisión de la que salvará su voto la magistrada Cristina Lombana. Pero nadie alcanzó siquiera a imaginar que en este país que supera la ficción de Macondo, a quien grabó y entregará esos sospechosos dineros, como fuera el ingeniero Juan Carlos Montes, se le imputaran cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato del Parque Porvenir en Bogotá, librándose en su contra Circular Roja de Interpol. 

También es de conocimiento público que el proceso que hoy se sigue en la justicia ordinaria en contra del Sr Expte Alvaro Uribe Vélez tuvo su inicio en denuncia que él formulara ante la CSJ, decidiendo desechar las acusaciones, para paradójicamente abrirle formal investigación al denunciante por los delitos de fraude procesal y soborno. Hoy llama intensamente la atención la permisión para el desfile de cierta cantidad de víctimas que a lo largo del controversial proceso han pedido su reconocimiento.  Todo apunta a que sería un excelente caso para inscribir en el libro Guinness de Récords esa extraña e inaudita situación. La última que se conoce, que sorprendió por completo a la audiencia que adelantaba la Juez 28 Penal del Circuito se trata de una persona que dijo ser abogado de nombre Luis Alfredo Castro Barón, quien aseguró en la citada audiencia, en confusa y enredada participación, representar al sacerdote de nombre Abel de Jesús Barahona, que se informó se encuentra desaparecido ya hace 25 años. La juez de conocimiento, ante asombrosa solicitud, luego de escuchar a los intervinientes en la audiencia, la suspendió para decidir la otra semana. Con las actuaciones de éste y otros más que han pretendido “colarse” en ese proceso se ha impedido adelantar la audiencia de preclusión.

En medio de la controversia ya desatada por esa intervención se vino a conocer ayer que la Corte Suprema de Justicia, decidió temporalmente concederla tutela a la señora Deyanira Gómez Sarmiento, como víctima en este mismo caso, bajo la especial consideración, según se ha informado, de que bajo la perspectiva de género los administradores de justicia están compelidos a “(…) investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra la mujer (…)”.

Igualmente se encuentra que la Corte Suprema de Justicia, decidiendo un recurso extraordinario de casación, profirió una controvertible sentencia que dejó conocer a la Corporación Club El Nogal como presunto responsable del atentado que sufrió, para lo cual adujoque incurrió en omisión al deber de cuidado en la escogencia de uno de los accionistas, lo que llevó a que además de ser la víctima se viera condenado al pago de una cuantiosa suma,  cuando sabido es y así lo comprobó la justicia ordinaria que el responsable del atentado fue la subversiva Farc, posición que también registró la Corte Constitucional al revisar un fallo de condena a la Nación por ese hecho y ordenó al Consejo de Estado volver a pronunciar la decisión.

La semana que concluye se cierra con discutible fallo judicial contenido en la sentencia C-233 de 2021, porel cual la Corte Constitucional amplía las causas para la muerte digna, aduciendo que el Congreso de la República no ha avanzado en el tema. Decisión de esa importancia se adoptó, según se informó, por seis votos a favor y tres en contra, a la vez que cambió lo decidido en la sentencia emitida en 1997 que admitió la eutanasia para pacientes terminales. Con independencia de la posición que se tenga sobre el derecho a la vida, que es el consagrado en la Constitución, invito al lector(a) a que desprevenidamente consulte en la Carta Política si la Corte Constitucional ostenta competencia para adoptar esa determinación. 

Ya en similar sentido, en el año 2006 profirió la Corte Constitucional puntual sentencia despenalizando parcialmente la interrupción voluntario del embarazo en tres puntuales casos:  que la vida de la mujer está en riesgo, cuando el feto tiene alguna malformación o cuando el embarazo fue producto de una violaciónpermitiendo que la mujer embarazada disponga autónomamente de su cuerpo y no protegiendo la vida del no nacido; decisión que ahora se encuentra en discusión queriendo quitar toda barrera y pretendiendo que se pueda disponer libremente del feto.

Otra decisión judicial debatible, esta vez proferida por el Consejo de Estado, es la relacionada con la suspensión provisional del Decreto 575 del 2021 por el cual se adoptaba la asistencia militar para conjurar problemas de orden público durante manifestaciones, ordenada en un trámite de tutela, en la cual también se encuentra un juicioso salvamento de voto, en el que, aplicando la naturaleza de ese mecanismo constitucional, denota su improcedencia, no sólo por existir otro mecanismo de defensa judicial, sino por la ausencia de argumentos que permitan suponer la amenaza a derechos fundamentales.

Podría seguir en una lluvia de esa clase de providencias, pero el espacio de esta columna no lo permite, debiendo sí destacar que impactan y preocupan algunas de las decisiones judiciales adoptadas en medio del Paro Nacional, pues con estupor observamos que la labor de las autoridades que detienen en flagrancia personas cometiendo actos vandálicos, por diversas razones, no tienen eco en la justicia, pues los jueces con prontitud proceden a dejarlas en libertad, afectando por completo la labor policial, bajando la moral de la fuerza pública que las enfrenta y dejando desprotegida a la población civil. Así acaba, por ejemplo, de ocurrir en el Quindío, un juez de garantías dejó en libertad a siete detenidos que fueron señalados de pertenecer a la “Primera Línea”, pero sí, por fortuna, fueron imputados. 

En fin, como van las cosas con la justicia se hace imperioso recordar perenne frase del célebre escritor Francisco de Quevedo (1.580-1645) “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.   

Bogotá, D.C. julio 24 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión

La tutela no puede ser un mecanismo del que se abuse

e los pocos logros que resaltan de la expedición de la Constitución Política de 1991, que ya cumplió 30 años de su promulgación, es la creación de la figura de la tutela que, en su momento, ante la Asamblea Nacional Constituyente tuvo en el Dr. Juan Carlos Esguerra Portocarrero su mayor defensor e impulsor. Quedó plasmada en el artículo 86 de la Carta Fundamental. Al ser la vía para acercar al pueblo a la justicia no es propio que, justamente, quienes mayormente deben respetarla, no solo porque deben conocer su naturaleza y finalidad, sean, como el senador Gustavo Petro, que en un claro abuso de ese instrumento la utilicen, no para defender derechos humanos, sino para congestionar la justicia y buscar la protección de asuntos ajenos a su objetivo.

Cumpliendo con todos sus trámites el pasado 16 de junio se aprobó en el Congreso de la República la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación con una amplia mayoría que ahora, utilizando equivocadamente la acción de tutela, se trata de impedir su sanción presidencial.  

En efecto, el senador Gustavo Petro en consideración a que ese proyecto de ley se tramitó con motivo de ladecisión que le favoreció, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le restableció sus derechos políticos, con ocasión de la fulminante destitución que tuvo en el 2013 que,  en riguroso sentido, no se aceptaron los reales alcances de los fallos de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria que si han operado y deben operar con consecuencias con pleno alcance judicial, se entendió que solamente debían provenir de un juez de la república.

La improcedente tutela que pueda discutirse si ha debido o no admitirse contempla en sus pretensiones el absurdo de que “se ordene al presidente de la República, Iván Duque Márquez, abstenerse de sancionar el proyecto de Ley 423/21S, 595-2021C y en su lugar, presentar objeciones por inconstitucionalidad sobre el mismo al Congreso de la República, conforme lo aquí argumentado y lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 5 de 1992″eso si es por completo abusivo de dicho servidor; la tutela no está concebida para impartir jamás esa clase de orden que afectan por completo la independencia de las ramas del poder público, pero la supina ignorancia del senador que sabe que igualmente, en el trámite de esa ley,  hay por derecho propio su control constitucional. 

Los ciudadanos colombianos, al igual que los funcionarios judiciales del país estamos en la obligación moral de proteger esta, la joya de la corona de nuestra Constitución: la acción de tutela. No se debe permitir entonces que personas como el senador Petro, abusen de ella. La tutela fue un logro para todos, para nuestros derechos y respondió a una necesidad sentida que debe respetarse. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde la creación de la Constitución Política de 1991, se ha dirigido a manifestar que la acción de tutela encuentra unos límites en su ejercicio. Así, se ha encargado de delimitar los requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra el requisito de subsidiariedad. Este pretende que tan solo se acuda a este mecanismo cuando ya se han usado todas las demás acciones que resulten idóneas para la protección del derecho que se cree vulnerado

Ahora para impedir que sea sancionado este proyecto argumenta una posible vulneración de sus derechos fundamentales a la justicia que, ya la obtuvo, y en que se vulnera su derecho fundamental futuro de elegir y ser elegido que, desde luego se equivoca anticipando el futuro favor popular. Hoy, tiene con motivo de la “revocada” sanción impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, restablecido por completo sus derechos políticos.   

Al nacer la tutela nadie anticipó o vaticinó que se convirtiera en la forma novedosa de buscar pronta y cumplida administración de justicia. La propia Corte Constitucional en el informe que entregara su Presidente por la actividad cumplida en el año 2020 indicó que recibieron 248.246 tutelas para el trámite eventual de revisión. Acorde con el informe que se conoció de la Defensoría del Pueblo en el año de 2019 se interpusieron 620.257 acciones de tutela, de las cuales, por presuntas violaciones a un derecho fundamental, “de petición (244.553); a la salud (207.368); al debido proceso (76.447); al mínimo vital (39.284); a la ayuda humanitaria (23.154); a la seguridad social (21.887) y a la vida (15.325).

Así mismo, no se puede ignorar o desconocer que, en la práctica, también se ha convertido en una instancia más para controvertir actuaciones judiciales que contengan fallos adversos a las pretensiones de demandante o demandados, según el caso, o en otros para aprovecharse de ella para tratar de interferir con otras ramas del poder público y por esa vía excepcional incluso conseguir legislar.  

Confiemos en que el fallo futuro de esta tutela, permita sentar clara posición jurídica que este mecanismo no está instituido para esa clase de controversias. Con esta tutela, el senador pretende distraer la justicia y hace perder valioso tiempo a los operadores judiciales en su atareada congestión judicial en que se desenvuelven e igualmente que en el obligado balance con motivo de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política, se hace improrrogable reglamentar el uso de la tutela contra fallos judiciales y  limitarlo para impedir tantas otras actuaciones llenasde nimiedades en las que no está en juego ni en riesgo derechos fundamentales.   

Bogotá, D.C. julio 17 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión  

¿La Jep de verdad administra justicia?


El valor de la justicia en un país es un bastión de la democracia y representa la verdadera paz en una nación. Entonces,  compete averiguar  si la Jurisdicción Especial para la Paz, cumple con esa sagrada misión, y se encuentra que hasta hoy, se ocupa de siete macro casos,  de los cuales ya en tres largos años de investigación, sólo el pasado 26 de enero de 2021 profirió el auto número 19  que tuvo por finalidad determinar los Hechos y Conductas atribuibles a ocho de los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP:  Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, a quienes se les concedió un plazo de 30 días hábiles para que comunicaran su decisión ante el señalamiento del que fueron objeto.  Vencido el termino en abril 4 de 2021, los exlíderes de las Farc mencionados aceptaron que 21.396 personas fueron secuestradas. A la fecha no se conoce la decisión final que se adopte y los responsables continúan en pleno goce de su libertad, pese a la gravedad de sus crímenes. 

Por supuesto, era de esperarse que en las investigaciones de los 7 macrocasos, de alguna manera como si se tratara de equiparar e igualar el actuar subversivo con el militar, se anticipaba que el siguiente macrocaso en determinar responsables tenía que ser el distinguido con el No. 3, identificado como: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado”, más conocido como “falsos positivos”. Al respecto, el pasado dos de julio la Sala de reconocimiento de la Jep, mediante auto 125imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al Brigadier General Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; a los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15, al teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, ex oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 y el mayor Juan Carlos Chaparro, excomandante del BISAN, dentro del subcaso Norte de Santander del Caso 03, ahora llamado asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, en la región del Catatumbo. Se les señala de haber participado en el asesinato de 120 personas en estado de indefensión entre enero de 2007 y agosto de 2008.

A sabiendas que la responsabilidad en materia penal siempre es individual, sorprende, inquieta y preocupa,  de entrada que se haya manifestado, por la JEP, en el comunicado distinguido con el No. 071 de julio 2021, que esos graves “hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate», y sin la estigmatización de la población civil”, dice la Sala de Reconocimiento”.

En forma prematura los magistrados de la sala de reconocimiento expresan que los mencionados militares y personal civil, actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad, cuando aún incluso no se ha conocido la decisión de ellos, de si aceptan o no los señalamientos. Sabido es que, en Colombia, toda persona goza de su presunción de inocencia que, ya acá en lo registrado, tanto en el auto 125 de julio 2 de 2021, como lo expresado en la rueda de prensa y el propio comunicado 071 ya lo desconoce. Se podrá decir que por la naturaleza de la JEP se parte del principio de aceptación de responsabilidad para reducción de pena. 

Ya es momento de terminar esta justicia espectáculo, televisiva y radial que tanto daño le ocasiona a la propia Justicia. No me cansaré de indicar que los jueces sin importar su rango, categoría, juzgado, tribunal o corte a la que pertenezcan, deben actuar solo a través de autos, providencias y sentencias. Esta forma de hacerlo a través de comunicados y ruedas de prensa es francamente inquietante y preocupante frente al respeto de los derechos de todo compareciente, así fuere imputado o acusado.

Incluso, con el respeto garantista que debe regir la actuación de todo magistrado lo es más cuando se ostenta la condición de Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la vez miembro principal integrante de la sección de Apelación de esa jurisdicción transicional. El   Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, en su afán protagónico de estar en los medios noticiosos y en una rueda de prensa realizada el 6 de julio del año en curso, incurre en falta que ya impone que a futuro sea separado del conocimiento del caso, si cualquiera de estos encartados decide apelar la decisión. 

No tiene ninguna justificación ni explicación y menos aún de un exintegrante de la Corte Constitucional y ex defensor del pueblo, se haya hecho presente en la rueda de prensa convocada por la Jep el seis de julio. El magistrado Eduardo Cifuentes M. no es la primera vez que deja conocer su deseo de figuración y actuación, pero acá quedo en total evidencia haber incurrido en una de las inhabilidades e impedimentos que se predican para los jueces de la república, aplicables a los magistrados de la Jep según su reglamento que remite a la ley 906 de 2004 y a la ley 600 de 2000. El magistrado Eduardo Cifuentes pertenece a la sección de Apelación y nada, así sea y funja como Presidente de la Jurisdicción Especial, por haber participado en esa entrega a los medios, nacionales e internacionales, ya debe moral y jurídicamente separase del conocimiento del macrocaso No. 3, en la totalidad de los seis sub-casos. 

Todo falso positivo es repudiable y condenable por completo. Aquellos individuos que acepten o se les demuestre haber incurrido en esa conducta criminal debe recaerles todo el peso de la ley, pero no se puede dar irresponsablemente comienzo a una generalización de una inexistente política institucional del Ejercito que siempre es y ha sido respetuoso del Derecho Internacional Humanitario en su larga trayectoria y existencia. Por supuesto que aún se está a tiempo en corregir y no llegar por exceso de velocidad y protagonismo a un falso positivo judicial que perjudicaría a nuestra gran institución militar. 

En fin, hasta ahora es menester concluir entonces que la Jep no ha cumplido con la delicada misión de administrar justicia y que, en su corta existencia, sepresta a pensar que deja delicado mensaje como que ser “pillo paga”.   

Bogotá, julio 10 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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