Es improrrogable el término de la Comisión de la Verdad

Un enviado extranjero hace 37 años pronunció una sentencia sobre lo que sucede en nuestro país “Todo aquí es grave, pero nada es serio”. Hoy, al observar que continúa la violencia, el narcotráfico, la vinculación de menores a grupos subversivos, la extorsión, el ataque al Presidente y su comitiva y un sinfín de sucesos de esa índole, no pude menos que rememorar esa frase que tiene plena vigencia, máxime cuando los Colombianos día a día nos vemos sorprendidos por lo que acaeció y sigue sucediendo con el mal denominado proceso de paz, el que ahora sirve de pretexto para que se demande ante la Corte Constitucional la prórroga de la Comisión de la Verdad, la reconciliación y la no repetición.  

Las comisiones de la verdad tienen naturaleza no judicial y son de vigencia limitada; se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativas a lo acontecido en situaciones de conflictos, particularmente por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Éstas deben velar por recopilar, conservar y archivar los testimonios de las víctimas que fueran silenciadas por largos períodos, con ocasión, en muchos casos, de una violencia inusual y generalizada en ciertos y determinados territorios. El trabajo de estas comisiones persigue varias finalidades entre las que prima superar la cultura del miedo y del silencio que a las víctimas les provocan los actores violentos. 

Para conseguir el éxito en las tareas por cumplir esta clase de comisiones deben guiarse por principios y códigos éticos y profesionales que sean garantía de transparencia y objetividad en su actuar, para que su informe final sea un fiel reflejo de la verdad, única vía para alcanzar la no repetición y la reconciliación en la sociedad.  En las comisiones se debe respetar, por norma fundamental, el derecho a ser escuchado, el derecho a no auto-incriminarse, y el derecho a una representación legal en condiciones adecuadas.

Con ocasión de la firma del llamado proceso de Paz de La Habana nació la Comisión de la Verdad en Colombia, la que desde sus inicios fue altamente criticada por la participación foránea con cercanía ideológica a ciertos movimientos subversivos. En lo que respecta a los miembros del comité de escogencia, algunos de ellos se caracterizaban por defender antiguos miembros del grupo terrorista de los Montoneros, al haber colaborado en el indulto de miembros del grupo guerrillero Sendero Luminoso, o por defender procesos secesionistas de Cataluña en España. Ese gris punto de partida permitía inferir que la pluralidad de criterios se concentraría en un lado de la tribuna, dando por sentado que el sesgo político e ideológico de los futuros comisionados sería el determinante, más allá del papel que jugara su hoja de vida o la trayectoria de la defensa de los Derechos Humanos en tribunales nacionales y extranjeros.

Desde ese momento se percibió que tanto los magistrados para la JEP como los miembros de la Comisión no brindaban la suficiente confianza a la sociedad civil y a muchas de las víctimas sobre el rol que desempeñarían al momento de reescribir la historia de Colombia. Actualmente, con los anticipos y entregas que se han conocido por parte del Padre De Roux, surge obligada pregunta ¿cuál verdad es la que está investigando la Comisión?  

Cabe aquí referirse a la reciente entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, transmitida por canales virtuales, en la cual la Comisión de la Verdad, a través de su Presidente Padre Francisco De Roux, quien concurrió acompañado de los comisionados Leyner Palacios y Lucía González, fue objetada de entrada por el entrevistado, lo que imponía, por elemental principio, dar por finalizada la diligencia. Más sin embargo primaron intereses diferentes al conocimiento de la verdad, por lo que tal se llevó a cabo.

Los papeles en ese particular encuentro no fueron los que imponen los cánones internacionales para el desempeño de la Comisión. El Comisionado actuó más como interrogador y por supuesto juzgador, mientras que el entrevistado paso a estar sentado en el sillón de los acusados. No se podía esperar menos cuando desde años atrás la comisionada Lucía González se confesó adepta a la ideología de la guerrilla de las FARC. Tal, una de las razones del anterior interrogante. 

Para el esclarecimiento de lo verídicamente ocurrido, la gravedad del conflicto que padeció y aún subsiste en nuestra sociedad, desde su creación el decreto 588 de 2017 indicó que su duración sería de tres años, término amplio ý suficiente, que por demás no guarda sintonía con el plazo que ha regido a otras comisiones de la verdad en otros países. Así lo entendió la Corte Constitucional al efectuar el control automático correspondiente. Corporación que emitió la sentencia C-017 de 2018, en la cual claramente plasmó la constitucionalidad del decreto y en especial de su vigencia. Por elemental principio jurídico, esta decisión tiene pleno alcance de cosa juzgada material y definitiva, quedando por completo sin razón y fundamento la demanda de inconstitucionalidad presentada. 

De controvertir, cuestionar y reprochar la pretendida argumentación que se esgrime, en la demanda D-14338 que se conoce se acaba de instaurar el pasado 16 de julio de 2021, ” ante la Corte Constitucional por parte del Dr. Édgar Enrique Bermúdez de Ávila, pues su fundamento no corresponde al que origina la acción de inconstitucionalidad -infracción a disposiciones constitucionales-, sino que se edifica en la ocurrencia de hechos posteriores a la expedición del decreto, ajenos a su normatividad, la pandemia causada por el Covid 19, pretendiendo, contra lo que consagra la Carta Política y el Decreto 2067 de 1991, una novedosa y nueva revisión de los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 de 2017, para obtener una “interpretación” sobre el cómputo de los tres años otorgados para su funcionamiento. Extraña, por decir lo menos, que de ser cierto lo considerado por el demandante, la Comisión no hubiera expedido un acto por el cual suspendiera sus labores, con las correspondientes consecuencias salariales y de competencia. Ello no ocurrió. Entonces, puede predicarse que la Corte Constitucional carece de competencia para resolver esa exótica acción, más aún cuando lo que se persigue es una modificación de la sentencia de constitucionalidad, lo que a todas luces resulta jurídica y constitucionalmente inadmisible. 

Valga anotar que, si bien los colombianos nos aislamos por la Pandemia, no significó que dejáramos de laborar tanto en las ciudades como en el campo. Ejemplo de ello es que tanto la Fiscalía como la Rama Judicial – en su especialidad penal -, continuaron adelantando las investigaciones y los procesos correspondientes.  

Con el pasar de los días la mayoría de la sociedad colombiana comprueba, una vez más, que acertó al votar por el “NO” a los acuerdos con las FARC, que no fue por un simple capricho, ni engañados, sino porque era consciente que la anhelada paz no se iba a conseguir, en cambio, ese grupo recibiría prebendas muy discutibles, no cumpliría con lo pactado y como se ha visto sus “disidencias” seguirían atormentado al pueblo colombiano. Además, se advierte la diversidad de tratamiento para quienes estuvieron involucrados en el conflicto, así para quienes durante años protegieron nuestra patria de las nefastas intenciones de la guerrilla no existen condiciones favorables ni garantías en su juzgamiento.

Es un clamor conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado, a todos nos interesa sanar heridas que no solo afectaron a nuestra patria, sino también a nuestros más íntimos círculos y a cada uno de los colombianos. Sin embargo, debemos aceptar que la verdad no puede conseguirse de cualquier manera, ni utilizando “tinterilladas” para prorrogar lo improrrogable. Séneca dijo “El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios”

Pildorita. Preocupa e inquieta que no se haya objetado la ya sancionada Ley 2111 de julio 29 de 2021, por medio de la cual se “sustituye el Título XI ¨de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de la ley 599 de 2000 y modifica la ley 906 de 2004”, penalizando la ocupación de los bienes baldíos, con evidente perjuicio para el agro, desconocimiento del principio de buena fe y de la forma tradicional de adquirir dichos bienes. Habrá que actuar ante la Corte Constitucional. 

Bogotá, agosto 21 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

EPA Colombia, no es sólo vandalismo, es instigación al terrorismo

Las decisiones que emite la Rama Judicial, a través de sus jueces, tienen un gran impacto en la estabilidad y funcionamiento del país, por lo que es imprescindible que se adopten dentro de un certero marco ético, legal, social y cultural. En este escenario serán justas y enfocadas a beneficiar los valores y principios que deben gobernar a una sociedad para alcanzar la convivencia pacífica. Razón suficiente para predicar que constituyen un aspecto crucial en la Nación, máxime que, en múltiples ocasiones, determinan su futuro.

John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, anota “Puede pensarse que una concepción pública de justicia constituye el rasgo fundamental de una asociación humana bien ordenada.”

Siguiendo ese pensamiento encontramos que la organización política y social de Colombia se halla en su Constitución, Carta Fundamental que establece la división de poderes y en su artículo 230, al tratar “De la Rama Judicial”, señala:  “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, disposición que, con independencia de las tesis sobre el contenido de “ley”, además de consolidar el principio de legalidad y seguridad jurídica, esenciales en una comunidad, fija el derrotero positivo legal que deben aplicar los funcionarios judiciales al momento de resolver un conflicto, especialmente si éste es de índole penal, porque sabido es que dicha especialidad tiene como una de sus improntas la tipicidad y la prevención general, lo que traduce que de antemano las personas y los funcionarios conocen las conductas que merecen un juicio de reproche social y legal, de donde si a sabiendas se incurre en uno de esos comportamientos ilícitos, el único camino a seguir es la condena, vía que en este país, por diversas circunstancias se elude, ya sea, entre otras, por una indebida interpretación del acto que se ejecuta, o  por una figurada prescripción pese a contar con el material probatorio indispensable para sancionar el indebido actuar de algún personaje, lo que permite en muchos casos aducir que “la justicia es para los de ruana”,pero obviamente, entre los cuales él no se encuentra. 

Los colombianos aún no olvidamos el acto destructor con claro fin terrorista ocurrido el 22 de noviembre de 2019, cuando se conoció el video por propia decisión de subirlo a las redes de DANEIDY BARRERA ROJAS, más conocida como Epa Colombia, mostrándose muy sonriente, destruyendo una estación de Transmilenio. Se dio comienzo entonces al proceso que, por supuesto tenía como prueba de su actuar destructivo, su propio video. Correspondió el conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado que terminó avalando el preacuerdo entre la fiscalía y la imputada, sentenciándola en forma anticipada, a una condena de tres años, otorgándole la libertad a la procesada.

El fallo en cuestión, no fue aceptado por los restantes sujetos procesales. Por ello, instauraron y sustentaron la correspondiente apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- tanto el representante del Ministerio Público, como el delegado fiscal y los apoderados de las víctimas, en contra de la providencia dictada el 13 de marzo de 2020. 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia del Dr. Efraín Adolfo Bermúdez Mora, ensentencia acaba de modificar la sentencia del Juzgado de origen. Esa decisión que causa revuelo en los medios, tiene como antecedente que no se aceptó la ponencia presentada por el Magistrado Juan Carlos Arias López, quien al final, en oposición al criterio mayoritario, salvó su voto por apreciar que el actuar de la condenada ha debido serlo por actos de vandalismo y no, por instigación al terrorismo. 

Es claro entonces que la conducta en que incurrió la ciudadana Barrera Rojas, no era sólo el vandalismo, la discusión se centró en la sala del tribunal si se cometió el delito de instigación al terrorismo. Con acierto dos de los tres magistrados, en estudio y análisis ponderado y juicioso, así lo consideraron y al respecto se apartaron de la decisión de la juez de primera instancia quien “consideró, la divulgación de una pieza fílmica de autoría de la implicada, en la que protagonizaba la destrucción de la estación del sistema de transporte público Transmilenio, denominada Molinos, era un acto de promoción personal de la inculpada a razón de su oficio de youtuber, de manera que, era una difusión propagandística a efectos de ganar seguidores, es decir un propósito alejado del cometido incitador que le atribuyen”.

Y en forma perentoria sentenciaron: “la acriminada implementó un lenguaje verbal y corporal apto para movilizar a los receptores de la idea transmitida, porque, impulsa a las personas que visualizan el material fílmico a atentar contra bienes públicos como forma concreta de ejercicio de la protesta, sin que sea posible trazar un nexo entre el instigador y los instigados, porque no hay certeza y precisión de la identidad de estos últimos, empero, con todo y la indeterminación del extremo pasivo del mensaje incitador y provocador, no hay resquicio a polémica en que el contenido de la pieza audiovisual publicada es inequívoca, por cuanto las palabras usadas tienen la capacidad de estimular el actuar criminal vertido en la comisión de daño en bien público y/o perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, lo que, en el contexto en el que se desarrolló, entraña cooperar para subvertir el orden público comoquiera que desestabiliza gravemente el funcionamiento del servicio de movilización intraurbana de pasajeros, situación que inquieta a la población al ser generador de alarma en los asociados.”

No es que cause alegría que una joven con un futuro prometedor lo haya desperdiciado por completo por cometer actos de destrucción a bienes públicos de interés de la comunidad bogotana. Se reía y burlaba los millones que costaría reparar los daños que causaba pues ahora esa alegría se convierte gran tristeza por los 63 meses y 15 días de cárcel en establecimiento carcelario. No tendrá el beneficio de la detención domiciliaria.

Seguro su abogado defensor recurrirá la decisión utilizando el recurso extraordinario de casación, pero mientras aquel se desata debe cumplir la pena. Por supuesto, los criminales siempre tratan de borrar su actual delictivo con buenas acciones, a posteriori de cometer el delito, como pareciera lo reclamara cierto sector que reclama por la decisión. Lo cierto es que el delito no paga y al sentenciar la justicia con firmeza este actuar delictivo, entrega igualmente completo mensaje a la sociedad, que quede claro que marchar pacíficamente es un derecho de todo ciudadano, pero cuando desemboca en destrucción y ruina, en forma dolosa y premeditada, es un delito por el que se pierde la libertad y así con firmeza y decisión lo ha fallado el tribunal.  

Un último comentario merece el argumento que por estos días se ha sostenido en redes. Algunos internautas han mencionado que la procesada se resocializó y cambió su actuar luego de ser condenada en primera instancia. A estas personas se les debe recordar que, si bien la reincorporación en la sociedad es un fin de la pena, también es cierto que existen otros fines que no se pueden desconocer. Es necesario que Daneidy entre en un centro de reclusión para que se cumpla el fin de la retribución justa que todos los colombianos de bien esperamos ver y cumplir. 

Por eso merece el aplauso del pueblo nacional e internacional la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no tanto por la condena impuesta a quien flagrantemente infringió la ley penal, sino porque volvió a la justicia por el sendero que le corresponde, lo que nos permite pensar que no todo está perdido, que aún quedan jueces que conocen y saben cuál es el papel trascendente que tienen en el presente y futuro en la sociedad.

Bogotá, D.C. agosto 14 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión

Siete de agosto, día glorioso para el Ejército de Colombia.

Hoy, siete de agosto de 2021, conmemoramos la célebre Batalla del Puente de Boyacá que nos permitió independizarnos del entonces yugo español. En aquella época, ya hace 202 años, por relatos y escritos de historiadores se nos indica que  “en el lugar otrora conocido como la Casa de Teja, cerca al camino que conduce a Samacá, la División Realista es emboscada por el Ejército Libertador, comenzando la batalla, que a su vez se dividió en dos escenarios, un kilómetro al sur de la Casa de Teja en el puente sobre el río Teatinos o Boyacá, donde se enfrentaron las Vanguardias; y el otro, en la misma Casa de Teja, donde se enfrentaron las Retaguardias. Al cabo de 2 horas de hostilidades, el Ejército Libertador copó a la División española”. Así fue como Colombia consiguió la independencia

De esa célebre batalla es de rescatar y destacar la participación decidida, honesta y de total entrega para con la Patria del joven soldado, pre- adolescente de escasos 11 años, Pedro Pascasio Martínez Rojas quien capturó con la cooperación de otro soldado conocido como el Negrito José, al cobarde comandante de las tropas realistas Jesús María Barreiro que huía de la batalla dejando a sus tropas en completo abandono. Nuestro joven soldado colombiano dio ejemplo de rectitud ante el cuantioso soborno que le ofreciera en monedas de oro para que le permitieran huir, contestándole al comandante español “»Ni todo el dinero del mundo podrá comprar la libertad de una nación”. El libertador Simón Bolívar ordenó una compensación de 100 pesos y le ascendió a sargento. Lo triste de la historia es que su pensión se embolató y escasamente recibió tan solo un peso cuando mediante la Ley 93 de 1885 se le concedió. Solo se sabe que alcanzó a cobrar sólo ese monto. Hoy existe y se hace entrega de la Medalla que lleva su nombre a aquellas personas que trabajan en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a prevenir la corrupción; por supuesto se le adelantó por más de doscientos años al Movimiento Verde que promovió su marcha contra la corrupción.

La célebre batalla en el Puente de Boyacá es el antecedente de la creación de nuestro glorioso Ejército Colombiano y de la condecoración máxima que se concede en Colombia, en distintos grados. En ese entonces, el 23 de Julio de 1810, se creó el primer cuerpo armado con el nacimiento del Batallón de Infantería “Voluntarios de la Guardia Nacional” al mando del Teniente Coronel Antonio Baraya, que terminó su vida como prócer de la República siendo fusilado el 20 de julio de 1816. Sin embargo, fue hasta la Constitución Política de Rafael Núñez, en los albores de 1886, que la institución armada tuve su reconocimiento.

Son más de doscientos años de existencia de nuestro Ejército y su participación en el acontecer nacional le tiene hoy como una de las instituciones más respetadas y reconocidas en Colombia y en el exterior. Si algo es contundente y claro, es que la democracia nuestra se mantiene erguida y firme por el papel que cumplen nuestras FF.MM y de Policía en defenderla. 

No obstante, soplan vientos que anticipan tormentas fuertes e incluso hasta tsunamis, a las que se pretende someter y vilipendiar a nuestras gloriosas FF.MM y de policía. Ciertos movimientos globalitas y las minorías resentidas, destacadas por ser cercanas y amigas del ocio y el vandalismo se han dado a la tarea de desprestigiarlas endilgándoles señalamientos y acusaciones muchas de ellas carentes de pruebas, otras más bien inventadas en la era de las fake news, también conocidas como noticias falsas.   

Hay también un tratamiento en materia judicial que inquieta y preocupa. Cursa en la JEP el macrocaso No. 3 denominado “Asesinatos y Desapariciones Forzadas Ilegítimamente Presentados como Bajas en Combate por Agentes del Estado” más conocido como “falsos positivos”. En él se ha dejado conocer, en dos autos de imputación, la eventual responsabilidad de militares que les endilgan haberlos cometido. Vendrán otros más ya que este macro caso lo integran 6 sub- casos.  De todas formas, no debe olvidarse que, en materia judicial por claro mandato constitucional, a las personas les cobija su presunción de inocencia, así fuere que se acogieron a dar aporte de verdad y confiesan haber ejecutado y, hasta tanto no se sentencie a fondo, no podrá jamás generalizarse para enlodar la gloriosa institución. 

Ahora bien, de llegar a encontrar, como seguro lo será, no en el cuantioso número que se indica de 6402 presuntos casos, sino de seguro en número mucho menor, la autoría y responsabilidad en esos execrablescrímenes, serán de autoría individual, pero nunca jamás institucional.  

Lo que a todas luces es inadmisible es que la justicia haga de un asunto supremamente delicado en materia judicial todo un circo al llevar este caso a comentarlo dizque al calor de un café virtual, como consta en el link https://youtu.be/0Qcp2F0bIHc. Esto es otro paso más de la justicia espectáculo y el presidente de esa corporación, está llamado a tomar cartas en el asunto y hacer cesar de inmediato esta clase de actuaciones, más bien de carácter chismoso-radial que propiamente judicial. La justicia no está hecha para tomarse al calor de un tinto, hay que cesar tanta ridiculez. 

Es tan parcializada la entrega radial de la magistrada Catalina Díaz de marras, por cierto muy sonriente en la presentación radial,  que se esmera en explicar que la criminalidad de las Farc en el caso No. 1 más conocido como  secuestro extorsivo que  de toma de rehenes como finalmente se le bautizó,  para dejar un asomo de favorabilidad que no le queda nada bien a quien funge como operador judicial para centrarse, eso sí, en el caso No. 3,  llegando al extremo de prejuzgar e insinuar la presunta existencia de una conducta criminal predicable al parecer de la institución militar y del gobierno de turno en aquel entonces; por supuesto todo un despropósito.  

Extraña también el pronunciamiento del señor Fiscal General frente a la situación del General (RA) Mario Montoya. Esa decisión de modificar la circular expedida entonces por el encargado Fiscal Fabio Espitia que tan sólo permitía avanzar en la investigación, es una actuación que seguro no pasará el examen final ante el Consejo de Estado quien debe y está llamada a anularla, como se demandará en su momento, pues es cuestionable que se crea que está facultado para hacerle imputación como presunto determinador. Acá no se va a presentar choque de trenes. 

En definitiva, los soldados colombianos son los héroes del ayer, el hoy y del mañana. Las entonces subversivas FARC, por más que tengan tratamiento favorable en el organismo creado e impulsado por ellas como lo expresó Rodrigo Echeverri, jamás conseguirán estar en el sitial de honor del glorioso combatiente y protector de los derechos humanos como son los soldados de la patria colombiana. 

Pildorita. Así haya absuelto la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes al expresidente Juan Manuel Santos por la financiación de su campaña con recursos provenientes de Odebrecht, nada hará que cambie el fallo ya emitido por el común de los ciudadanos, acontecerá igual que en el 8.000, la sanción social prevalecerá.  

Bogotá, D.C. agosto 7 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

La historia no debe destruirse

Atónito, por decir lo menos, observé el vídeo en que un vigía boyacense, en solitario, frente a una aglomeración pedía respeto por los símbolos patrios y los monumentos nacionales, solicitando escucharan la historia, y ellos respondían “no queremos escucharhistoria (…)”, con olvido que ésta es la que tiene como objetivo el estudio de la humanidad; que es la ciencia social que permite conocer el producto de las acciones humanas y permite establecer un determinado comportamiento en la sociedad,  de donde su abandono lleva al error de que se puede continuar sin aprender del pasado. El filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana sentenciaba “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”, entonces,incomprensible resulta, a todas luces, la posición de los manifestantes.

Como también lo es la decisión dividida proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, el 26 de marzo de 2009, en la que cuatro de los nueve magistrados salvaron su voto, por la cual se declaró inconstitucional el delito de ultraje a los símbolos patrios que contemplaba el artículo 461 del Código Penal (Ley 599/2000).

Hoy, producto de ese equívoco comportamiento observamos la destrucción masiva de los símbolos que tienen como objetivo darle una identidad al país, trascender a un sentimiento de pertenencia que a todos los Colombianos nos haga sentir unidos e iguales. Así, la ofensa permanente a la bandera colombiana, el destrozo de múltiples estatuas en todo el territorio nacional, solamente nos lleva a la reflexión de que aquellos magistrados que salvaron su voto tenían toda la razón, lo que no evitó, lamentablemente,a que en la actualidad nos lleva a presenciarpermanentemente el ultraje a que son sometidos nuestros emblemas patrios y monumentos, por un vandalismo que no entiende ni respeta la historia nacional.

Las principales ciudades del país, desde el pasado 28 de abril, dan cuenta de ataques irracionales de las estatuas representativas de hechos relevantes en nuestro pasado. Un repaso a las noticias nos deja saber que en el Departamento de Nariño destruyeron la estatua de Antonio Nariño, traductor de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en vísperas de la Revolución Francesa. En Popayán indígenas de la etnia Misak destruyeron la estatua de Sebastián de Belalcázar. En Manizales la estatua del General Santander quien se unió a la lucha independentista y se conoció como el “hombre de las leyes”. En Cali la estatua de Sebastián de Belalcázar,fundador de la Sultana del Valle. En Bogotá, en la Plazoleta del Rosario, la minga indígena destronó de su pedestal al fundador de la ciudad de Santafé de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada y, aún más, el gran daño que le han propinado al Monumento a los Héroes, conmemorativo de las luchas por la independencia, por completo estropeado. Por ventura los vándalos sabían lo que hacían? O como no les interesa la historia ni siquiera conocían lo que esos monumentos representaban.

Ya quisiera uno imaginar cual sería la reacción de los franceses, cuna de la revolución, si su emblemático Arco del Triunfo fuera atacado. Nuestro monumento a los Héroes es de igual significación y la autoridad distrital no actuó para preservarlo. Ha sido renuente para cumplir con su deber y proteger el patrimonio histórico de la ciudad y como tal, debe responder.

Posición contraria a la entereza, firmeza y decisión con la que en el Puente de Boyacá un vigía del patrimonio y guía turístico llamado Julio Ernesto Gómez reclamó con amor y espíritu patriótico respeto por el monumento al Altar de la Patria. Anexo el video, porque es ejemplo de la actitud que se debe adoptarpor salvaguardar nuestra historia y patrimonio.  

Surge una conclusión. La decisión de la Corte Constitucional abrió un espacio que lógicamente no puede considerarse como una forma de protesta, luego ese pronunciamiento debe revisarse y,necesariamente, a través de una iniciativa legislativa, intentar nuevamente tipificar como delito esas conductas, que no pueden ser calificadas como una actividad que se ejerce por efecto de la libertad de expresión.

Bueno es recordar lo que la Corte Constitucional expresó en sentencia C-469 de 1997 Los símbolos patrios -la bandera, el escudo y el himno- son la representación material de toda una serie de valores comunes a una Nación constituida como Estado. Por ello, estos símbolos se han considerado siempre como objeto del respeto y la veneración de los pueblos que simbolizan. Y por ello, también, la mayoría de las legislaciones del mundo los protegen, y sancionan su irrespeto como falta grave, a veces como delito. Así ocurre en Colombia, por ejemplo, donde el Código Penal (Art. 117) consagra como delito su ultraje público y lo sanciona con prisión de seis meses a dos años. No puede ser de otro modo, si se tiene en cuenta que la ofensa infligida a uno de estos símbolos se entiende como hecha al honor y al sentimiento de todo un pueblo que ve en ellos encarnado su ideal de patria.Postura que se debe extender a los monumentos y a las estatuas, las que reproducen la imagen de nuestro pasado.

De esta manera no podemos justificar que un congresista, en el recinto de la democracia, ofenda nuestra bandera, tal no es propiamente una manifestación de libertad de expresión, es un agravio al símbolo patrio, como igualmente de palabra y obra se ofende a los policías y servidores públicos. Peligrosa brecha que se abre al no respetar los símbolos y la propia fuerza pública.

La Libertad de expresión tiene límites y son aún mayores cuando se ostentan honores o cargos que imponer actuar con decoro y respeto. Es hora de revisar aquella premisa que hizo carrera que el derecho penal “está enmarcado en el principio de mínima intervención, lo que supone que el ejercicio del poder de punición tiene que ser el último recurso disuasivo que puede utilizar el Estado para controlar desmanes transgresores de la vida en comunidad. De mantener este postulado, nuestras ciudades continuarán siendo destruidas en sus monumentos y el costo de su recuperación debe estar a cargo de quienes ejecutan esa acción, no del pueblo.  

Es hora de regresar a la senda del respeto que se finca siempre en la aplicación de los principios y valores que han hecho grande nuestra nación y que ahora, ciertos movimientos minoritarios, bastante egoístas, buscan romper con una cultura de antivalores, pretendiendo con sus discursos y narrativas alejarnos de aquellos cimientos que han hecho grande la sociedad colombiana.

Es indispensable salir del letargo en que nos encontramos y al despertar trabajar por recuperar las normas de un comportamiento social con respeto de los derechos de toda la comunidad. 

Finalmente, cabe anotar, que debemos sentirnos orgullosos de conmemorar nuestras fiestas patrias. Triste fue el pasado 20 de julio no tener el tradicional desfile de la independencia que si bien se justificó por razones de salubridad, en el fondo fue más bien por prevenir un eventual encuentro entre las FFMM que desfilarían y el reto de los anarquistas destructores. Vendrá la conmemoración de la Batalla de Boyacá y del día de la raza y la gente buena de Colombia estarápresta para su celebración.

Defendamos, en todos los aspectos, nuestra patria.

Link del video del guía turístico defendiendo nuestro patrimonio:

Boyacá Sie7e Días on Twitter“#Video7días Esta tarde se dio una discusión entre un vigía de patrimonio y un grupo de manifestantes e indígenas de la minga del Cauca a su paso por el Puente de Boyacá. El ‘historiador’ trataba de pedir respeto por los monumentos en el Altar de la Patria. 📹Sebastián Cortés. https://t.co/BLha4PwTP6”twitter.com

Bogotá, D.C, julio 31 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión