Los Comunes, antes FARC, no sólo incumplen sino que …….

Cambalache, un tango con letra atemporal, nos recuerda lo que curiosamente se
vive en Colombia. Dice esa canción “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que
traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es
mejor …” y, agrega “… Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera
es un señor, cualquiera es un ladrón …”, y con ese concepto las víctimas de los
horrendos crímenes de lesa humanidad deben soportar un homenaje por los
Comunes a quien fue su victimizador, “Jorge Briceño Suárez” o llanamente “El
Mono Jojoy”.
Gracias al minucioso cálculo y excelente tarea del Arma de Inteligencia de las
FFMM, en conjunto con la Policía Nacional, se ejecutó la operación denominada
con acierto “Sodoma”. Aquél 22 de septiembre de 2010, fecha para siempre
cargada de gloria para las Fuerzas Militares de Colombia se llevó a cabo una de
las operaciones más certeras contra un despiadado terrorista de connotación
infernal, la cual concluyó de forma más que exitosa, jubilosa. Las tropas
entregaron al país la noticia que había sido dado de baja el criminal Julio Suárez
Rojas, “el Mono Jojoy”, quizás, uno de los más sanguinario terroristas que se haya
conocido.
Su prontuario, que se anticipa no podrá jamás ser borrado por la Jurisdicción
Especial para la Paz y menos por la Comisión de la Verdad, es espeluznante y
aterrador, de espanto dirían otros. En su violento accionar, ocupó el ala militar de
las subversivas FARC, integrante de la cúpula asesina del entonces secretariado.
Sus inicios sangrientos le ubican en la Sierra de la Macarena participando, entre
otros, en el asesinato de 24 soldados. Determinador y responsable directo de la
muerte del Señor General Carlos Julio Gil Colorado en el año de 1.994
Además, secuestrador de oficio, como lo revelan los casos de Rodrigo Turbay
Cote, de Alan Jara en el año 2001, del senador Luis Eladio Pérez, de los
ocupantes del avión de Aires en el año 2002, en el que se desplazaba Eduardo
Gechen Turbay y por supuesto, ante su torpeza, del de la entonces candidata
Ingrid Betancur, así como del de Clara Rojas y, de contera, del niño Emanuel.
También, fue quien ordenó sangrientas tomas y permanentes ataques contra
bases militares; de recordar la de antinarcóticos de San José del Guaviare en el
año 1995 y de la propia de la Uribe en el Meta en el año 1998.
Nunca se olvidará la voladura con cilindros de gas de la iglesia de Bojayá en el
año 2002 que causó la muerte en completo estado de indefensión a 119 seres
humanos, entre ellos, muchos niños. Causante de la muerte de los misioneros
norteamericanos Stephen Evert Wells y Thimothy Van Dick. Responsable directo,
condenado por la justicia ordinaria por la acción violenta con carro bomba
colocado en el Club El Nogal de Bogotá, que cobró la vida de 36 personas civiles

indefensas y causó más de 200 heridos, dejando secuelas y en personas que
quedaron marcadas de por vida, no sólo físicamente sino también
psicológicamente
Pero ya muerto, se creería que cesaría en su itinerario criminal por parte de sus
comandados post mortem. Pero no. En un hecho bochornoso, cuestionable,
presuntamente disciplinable y eventualmente con visos delictuales, algunos de sus
antiguos compañeros de andanzas criminales, que hoy hacen parte del Partido
Comunes, antes movimiento FARC, han procedido a revictimizar, ofender y
agraviar a sus víctimas, promoviendo un grotesco homenaje al criminal Jojoy; no
es la primera vez que lo hacen, ya en años anteriores han hecho lo mismo, los que
también han divulgado, sin arrepentimiento ni vergüenza, recordando, además, la
memoria de los otros dos despiadados criminales consignados en la historia, esto
es, Raúl Reyes y Alfonso Cano, muertos en su ley. Bien establece la Palabra de
Dios que “el que a hierro mata a hierro muere”.
Los medios sensacionalistas y amarillistas, los que ya se encuentran identificados,
en evidente complicidad reprodujeron apartes del homenaje, refiriéndose con
familiaridad a “El mono”, pretendiendo construir la historia de manera artificiosa al
presentarlo como un gran luchador de su causa, cuando, en realidad, fue un
despiadado criminal, condición en la cual debe permanecer en la memoria de los
colombianos y, en particular, de la juventud que no puede llamarse a engaño. Un
asesino cruel como este no merece ni amerita homenaje. ¿Qué se pensaría de
que en Alemania le hicieran un homenaje a Hitler?
A los jóvenes se les debe dar a conocer esa verdad que, si bien no vivieron, sí
corresponde a la realidad. Las pescas milagrosas, el secuestro masivo de
soldados y policías, así como de población civil, la imposición de collares bomba
en los cuellos de inocentes personas y muchos más vejámenes por él cometidos u
ordenados. Aquella línea de pensamiento que ahora se nos quiere implantar como
producto del mal denominado “acuerdo de paz”, que más bien podría denominarse
“acuerdo de impunidad”, busca borrar los atroces crímenes de este criminal y de
los demás que en ellos participaron, sin embargo, es lo cierto, que no
permitiremos que queden en el olvido, nunca.
Lamentablemente, ante nuestra sociedad, fruto de la malograda paz, de la falta de
memoria y de la intervención de algunos medios de comunicación, está haciendo
carrera una narrativa que se finca peligrosamente en el seno de la juventud y de la
gente desprevenida, en la cual quieren hacer ver y mostrar a los terroristas
guerrilleros de entonces como los nuevos héroes patriotas colombianos y a
nuestros insignes militares, que entregaron el don más preciado, como es su vida,
para combatirles, en los villanos de la historia. La paradoja que describe
Cambalache.
El aporte de verdad, al que se comprometieron para gozar de los beneficios que
ostentan los ex Farc, debe ser cierto, sincero y probado, que no el que de forma

falaz y cínica presentan, como lo hiciera la compañera de Tirofijo, la tal alias
Sandra Ramírez, quien con ironía se burló de los secuestrados por años, de
quienes, contra las evidencias, manifestó se les tenía en magnificas comodidades.
Será que considera que no era suficiente vulneración a su dignidad su secuestro,
su pérdida de libertad, sino que el encadenamiento y el mantenerlos en
verdaderos campos de concentración, totalmente alejados de sus familia y por un
prolongadísimo término representa “magníficas comodidades”. Increíble.
Por supuesto, ante el justo reclamo de Humberto de la Calle rectificó su
manifestación, pero ya el daño estaba hecho por completo a las víctimas y a sus
familias.
En ese mismo ofensivo acto intervino Rodrigo Granda, antiguo canciller de las
FARC, quien, sin vergüenza ni empacho alguno, invocó al asesino indicando,
dizque, trabajó por la paz, cuando, contrario a ese dicho, lo único que hizo, de
conformidad con su prontuario, fue sembrar muerte y desolación. 62 órdenes de
captura lo corroboran. Cerró el ramillete de ofensa el representante Sergio Marín
que exaltó los principios del forajido. Hubo más intervenciones en favor del
terrorista, pero no hay que dilapidar la tinta.
La generosidad que se tuvo con la firma del Acuerdo de Paz, que no me cansaré
de decir fue negado por el pueblo, y que cobró vida de una manera que será por
siempre reprochable e inconstitucional, les permitió a esos criminales de guerra y
de lesa humanidad sentarse en el Congreso de la República, donde en vez de
contribuir a realmente conseguir la paz, con su cinismo y su desvergüenza
promueven actos inaceptables de homenajes a criminales, incumpliendo sus
compromisos y rectivizando a sus víctimas.
El partido de los comunes, sus directivos y promotores, están en deuda de hacer
un desagravio a las víctimas de su otrora violencia. Situación que unida al
homenaje al criminal asesino Jojoy y a los comprobados incumplimientos del
Acuerdo, les hacen ya merecedores de perder los beneficios que les concediera la
celebración del Acuerdo de Paz de La Habana.
La sociedad colombiana está en mora de reaccionar con firmeza y claridad, con
programas oficiales de divulgación de la verdad, consistentes y constantes. Aquí
no se puede seguir permitiendo la burla permanente y repetitiva a las víctimas del
secuestro, reclutamiento, asesinato, violación y a los más espeluznantes
vejámenes a los que sometieron a los niños, incluyendo desde luego el delito de
lesa humanidad de su reclutamiento. Llegó la hora de sancionar al victimario,
quien permanece en total y completa impunidad, y amparar a sus víctimas.
Un llamado adicional se debe realizar a aquellas personas que hoy silencian ante
la continuación de la barbarie. A ese grupo y corriente política que se lanza en
ristre contra las Fuerzas Militares pero callan ante las constantes burlas de este
grupo abominable se les invita a que replanteen su posición.

Bogotá, D.C., septiembre 25 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión

Juego limpio

Aunque las elecciones presidenciales para el año 2022 pareciera que están aún
muy lejos, lo cierto es que las precandidaturas esta vez madrugaron. No sucede
exclusivamente en el Partido Centro Democrático, donde ha estado movido el
tema, sino que también en otros partidos y colectividades se presenta similar
fenómeno. Todo apunta a que nos avocamos a presentar una circunstancia
electoral similar a la ocurrida en el Perú, en la cual, ante la proliferación de
candidaturas terminó por imponerse un desconocido para nada descollante.
El señor expresidente Álvaro Uribe Vélez consciente de lo que está en juego en
las elecciones próximas como fundador e impulsor del CD, convocó el pasado 6
de septiembre a los aspirantes para tratar el tema de las precandidaturas y las
posibles fórmulas que debían adoptarse para procurar tener un único precandidato
de unidad que, sería informado el 22 de noviembre y quien tendría la tarea de
concurrir ante otros movimientos y partidos a conseguir una gran candidatura de
coalición en los comicios próximos de mayo de 2022. Concurrieron a la cita María
Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Eduard Rodríguez, Oscar Iván Zuluaga y
Rafael Nieto.
Según los reportes que se conocieron, el encuentro fue cordial y amistoso. El
Señor expresidente dejo claro que él no daría ningún voto para alguno de ellos
individualmente, y existió consenso en que se procedería hacer diversas
actividades, entre las que se mencionaron foros regionales y la aplicación de
encuestas tanto ante la militancia afiliada al CD como ante el uribismo que no está
vinculado al partido. De una manera similar a como se aplicó en la escogencia del
candidato en la elección de 2018, se determinó que el proceso lo adelantarían dos
firmas encuestadoras y una de auditoría.
En cierto sector del partido con cierta afinidad al gobierno de turno, poco tiempo
les duró la alegría, seguro por haber pensado equivocadamente que las encuestas
y sondeos de opinión comenzarían a mostrar al Dr. Oscar Iván Zuluaga como el
líder natural del proceso y sorpresivamente recibieron tremendo baldado de agua
fría, cuando el pasado 9 de septiembre, la Revista Semana dio a conocer su gran
estudio electoral. Los resultados registrados provocaron tremendo tsunami al
interior de esa parte de la colectividad; ahí fue la debacle, puesto que por fin
pudieron constatar que los resultados de la encuesta dieron en el CD a la Dra.
María Fernanda Cabal como la ganadora indiscutible liderando la intención de voto
con el 4% mientras que el precandidato Zuluaga, escasamente obtuvo el 3%,
entendiéndose que lo importante de la medición estadística en esta etapa es la
velocidad de ascenso de la primera frente al descenso del segundo.
Apenas obvio que eso aconteciera, si en cuenta se tiene que el Dr. Oscar Iván
temeroso por la esperada decisión de la Fiscalía en el proceso que tenía
encartado a su hijo David, demoró en pronunciarse sobre su aceptación de la
precandidatura que daba por descontado otrora el apoyo de la propia senadora

Cabal. En medio de esa larga y latente espera, ocurrieron importantes
acontecimientos políticos espontáneos, del que no podía ser ajeno la aguerrida
senadora María Fernanda Cabal, que se tradujo en que un nutrido sector de la
población colombiana, por iniciativa propia en reconocimiento a sus oportunas
intervenciones cuando el resto de activistas políticos guardaban silencio absoluto,
empezó a proponer su nombre como posible precandidata ante su comprobada
valentía de enfrentar a la izquierda radical, así como lo hizo sin titubeos contra los
promotores del paro y aquellos integrantes de la primera línea. Empezaron a verla
como la posible estadista que reclama la nación.
Esa encuesta sumada a los sondeos de opinión y en particular en las que se
impulsaban en las redes la catalogan como la aspirante con mayor posible apoyo
popular. Su acogida oscila entre el 65% al 70% de la muestra de encuestados. Por
su carácter férreo y decisión en llamar las cosas por su nombre, consiguió llegar a
sectores que le admiran y respaldan, de resaltar el de la juventud. Parodiando el
ciclismo, logró desprenderse y encabezar el lote con muy buenas posibilidades de
alcanzar la meta con el triunfo.
En un país en el que la participación femenina se excluyó por completo en los
asuntos públicos al estilo machista de esas épocas, solo se obtuvo en el año
1957, en aquel plebiscito convocado para permitir el voto femenino. El manejo del
estado se le ha confiado desde ese entonces a la participación masculina
aplicando una especie de “capitis deminutio” a cualquier posible aspiración
femenina para dirigir la Nación, que, la rompió en una inicial aspiración Nohemí
Sanín y la afianzó en un logro sin precedente la Dra. Martha Lucía Ramírez quien
consiguió ser Vicepresidente, pero sin llegar a conseguir el éxito y favor popular en
ser designada Primer Mandatario de los colombianos cuando de verdad lo
merecía
Ahora, con el fenómeno político que representa en el momento la Dra. María
Fernanda Cabal, la historia puede y ojalá cambie. Es una aspirante con amplia
trayectoria profesional exitosa. Su hoja de vida así lo confirma. En este
desempeño con su dedicación y estudio, demostró, por ejemplo, los riesgos que
representaba para el futuro agropecuario la gravedad de que fuera aprobado el
Tratado de Escazú, sola comenzó la tarea e incluso contrario al interés del
gobierno en sacar adelante esta iniciativa, consiguió que el Congreso no la
aprobara y finalmente se archivara.
Desafortunadamente, como siempre sostuvo el ciclista colombiano Martín Emilio
“Cochise” Rodríguez, quien sentó perenne frase: “En Colombia se muere más
gente de envidia que de cáncer”, ésta no se hizo esperar. Efectivamente, ciertos
integrantes del partido, senadores y representantes, en forma cuestionable,
reprochable, utilizando el logo de la colectividad, como si se tratase de la posición
oficial del Partido, sorprendieron a los colombianos con su mensaje que titularon
“Respaldamos la candidatura presidencial de Oscar Iván Zuluaga”; mensaje en el

que enfatizan con argumento integralmente sofista, al invocar la unidad del
partido, pero sembrándole tremenda bomba de división. Es claro que ese
comunicado, no respeta ni acata las reglas de escogencia del candidato propias
del CD como tampoco respeta la posición convenida con su fundador Álvaro Uribe
Vélez. Lo anterior se presta para que se pueda pensar que le están dando un
golpe de estado al líder natural de la colectividad del uribismo, o que le están
haciendo un gran matoneo a los restantes acreditados aspirantes de
precandidatos. No hay duda que esos otros aspirantes tienen su legítimo derecho
a participar como acontece con Paloma Valencia, Rafael Nieto, Eduard Rodríguez
y ahora reciente Alirio Barrera
Las divisiones que se advierten en el partido no le benefician a nadie. Por el
contrario, le dan poder a la izquierda radical que sin duda aprovechará este tipo de
situaciones para sacar ventajas políticas. De igual forma, este tipo de divisiones
las observan los ciudadanos y generan que el partido pierda votos. Lo mejor que
pueden hacer los precandidatos del Centro Democrático en este momento es
actuar de acuerdo a los intereses del partido, que son los mismos intereses del
país: evitar que la izquierda llegue al poder. Para esto, es importante que actúan
como un grupo, como compañeros de partido y no como contrincantes.
La madurez política se impondrá, las bases del partido son las que votan. La
dedocracia esta mandada a recoger. El proceso en curso debe seguir y son sólo
los uribistas y los afiliados al partido CD quienes deben escoger su candidato, sin
intromisiones, sin entregar mensajes que se presten a confusión. Una nimia
bancada, así se discutiere que es ampliamente representativa, no puede imponer
un candidato. De persistir en ese error, y no jugar con las reglas acordadas, serán
los únicos responsable de la eventual implosión del Partido CD y por supuesto, de
la debacle que se causaría en las elecciones para Senado y Cámara de
Representantes que se escogerán en marzo de 2022.
Bogotá, D.C septiembre 18 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión

Transiciones: ir para atrás para andar hacia adelante

La mina hizo que viejos oficios y comercios disminuyeran, el arroz y el maíz perdieron popularidad en el comercio. La mina trajo expectativas de ascenso social más competitivas que la arriesgada vida campesina de precios y cosechas fluctuantes.

Es, o era cuestión de tiempo. Los ríos y mares pueden esperar décadas y siglos enteros antes de retomar su lugar a través de crecientes y mareas que suben y bajan; un mordisco a playas superpobladas es una forma de dar una lección que varios han pagado con concreto, vara y espolones pobremente diseñados en el Caribe colombiano, por ejemplo.

Las concesiones carboneras que prometían más de 30 años de exploración y explotación van llegando a su fin. En febrero de este año, tras la caída de los precios del carbón -una de las consecuencias económicas de la pandemia-, la mina Prodeco empezó a gestionar el retorno de sus concesiones y a ofrecer planes de retiro para sus empleados en la Jagua de Ibirico, el segundo municipio productor de carbón en Colombia. La expansión de los hoyos que van al centro de la tierra transforma el paisaje. La vida, la salud y las economías de la enorme cadena de personas involucradas a su paso comenzaron a frenarse. A su vez, empresas como la Drummond implementaron planes de reforestación y recuperación de ecosistemas ubicados en el área de influencia de su actividad en este mismo municipio del Cesar. Los rumores corren. “Es por la transición”, dicen, pero ¿la transición hacia qué? 

“La mina compraba el café que producíamos

Mi esposo trabajaba en la mina, pero lo despidieron

El hijo mío quería trabajar en la mina

Manejaba la volqueta que va tirando el agua para que no se levante el polvo

Se enfermó con el polvillo que sale por ahí, el mismo que ensucia la ropa de todos los que vivimos en la Jagua”

La mina, la mina, las minas. 

La mina hizo que viejos oficios y comercios disminuyeran, el arroz y el maíz perdieron popularidad en el comercio. La mina trajo expectativas de ascenso social más competitivas que la arriesgada vida campesina de precios y cosechas fluctuantes. La mina influye entre un 80% y 90% en las economías del municipio, dice el alcalde de la Jagua. La mina, mejor, las minas, se están retirando y los empleos disminuyen, las compras de café también y las habitaciones que eran rentadas a sus empleados se vacían con el paso de los días.

Una economía en transición que abre paso para que otras sean recordadas.

En Barichara, Piedecuesta y Charalá esa transición se expresa en el contrapunto entre dos productos: el algodón y el tabaco. El señor Ignacio, campesino, tejedor, de familia que de oficio araba la tierra con buey, habla de una de esas transiciones que se sospechaba irreversible:

“Estos campos eran muy algodoneros. A mí me pedían que arara los campos con mi yunta de bueyes para sembrar algodón. Ese algodón lo comerciaban bastante para Boyacá. Y eso fue así hasta que llegaron las tabacaleras y la gente se puso a sembrar fue tabaco… hasta ahorita”

El tabaco, que llegó con la colonización, se fortaleció con la llegada de las tabacaleras a Santander a mediados del siglo veinte (1954). Estas no abrieron profundos hoyos en la tierra, pero sí transformaron los paisajes teñidos de mota blanca y a veces rubia del algodón, con las hojas alargadas y las flores rosadas y blancas del tabaco. El comercio con Boyacá se desestimuló -o bien encontró otros motivos-, y el algodón comenzó a ocupar el lugar de los patios traseros o interiores de las casas de tapia pisada y bahareque típicas de esta región. 

Ya es usual que aquellas especies que pierden popularidad en el mercado, ganan el espacio del pancoger o, por su belleza, terminan ocupando un lugar en la vida cotidiana como decoración. El algodón crece entonces en esos patios y es resguardado junto con las viejas historias de cuando fue bonanza.

Desde agosto de 2020 en estas tierras ocurre otra transición con la retirada de la British American Tobacco(BAT). En este caso, la disminución de la demanda y la caída del bolívar venezolano 

-aliado en la comercialización-, influyeron en la transformación de la economía del tabaco. Los campos se ven y huelen diferente en Santander y las instalaciones de la BAT parecen menos activas. La gente se pregunta qué va a hacer con su tiempo, con su economía. En estos años de bonanza tabacalera, un municipio como Piedecuesta produjo el 70% del tabaco de toda Colombia. 

¿Qué se va a poner a hacer toda esta gente?

La pregunta legítima genera una mezcla de temor e ilusión entre las estribaciones y el piedemonte de la Serranía del Perijá y la de los Yariguíes, la primera rodea a la Jagua de Ibirico (Cesar) y la segunda a Barichara y Charalá (Santander). Pareciera puro sentimentalismo pensar que esta necesidad de transición de las economías del siglo veinte le abre un espacio a la memoria. Inevitablemente surgen las conversaciones sobre los oficios y vocaciones antes de las bonanzas del tabaco y del carbón: el algodón, el maíz, el arroz, el tejido, el fique, las técnicas que surgieron de la necesidad de convertir la hoja en fibra y color, o de fermentar frutos del bosque seco para convertirlos en vinagre y alcohol. Fibras, semillas, técnica y oficios, todos son elocuentes a la hora de pensar y repensar las vocaciones de los territorios y sus gentes en estas coyunturas económicas. Algunos dirán que es necesario ir para atrás para andar hacia adelante.

¡Si no cambiamos la forma de hacer política, nos vamos todos por el voladero!

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez.

Abogado, Economista Agrícola.

Si no cambiamos ya mismo la forma de hacer política, jamás vamos a salir de la cultura individualista que solo nos lleva desbocados y a golpe de engaños, a la miseria y al empobrecimiento colectivo.

Convengamos que, si la política importa y construye, la Politiquería Destruye. La primera se soporta en obrar de manera edificante sobre principios, valores e ideas, la segunda en la perversión del engaño y la mentira con el fin de aventajar a los demás.

Los intereses del Estado tienen que estar por encima de toda otra consideración individualista, familiar, de grupo, partido, religión, secta, creencias, dialéctica o demagogia, que no aporte al progreso de la colectividad. Para garantizar el interés general y el bien común están las instituciones, pero estas tienen que ser honradas y respetadas por la conducta de quienes tienen la responsabilidad de ponerlas al servicio de todos.

Espectáculo grotesco el que están dando viejos y nuevos “muñecos” que posan de líderes y operadores políticos. Es penoso observar, de cuanta protervia son capaces los “rencauchados” al igual que las altivas figuras emergentes que hoy juegan a ser dioses con tal de aparecer en redes, medios y noticiero, diciendo inconsecuentes sandeces o proponiendo ilegalidades.

Está el país convertido en una gallera de perdedores, donde cada picotazo y cada espolazo son enmarcados con gala por el histrionismo de quienes ejercen la comunicación mediática, tan infestada de la desvergüenza, que deja de lado toda consideración a la consolidación de una cultura ciudadana sustentada en conocimiento y estudio de los problemas y sus soluciones.

Hoy en este teatro del clientelismo, solo se valen de la escandalera continua para aumentar las audiencias a cuenta de generar sentimientos de fuerte rechazo y descontento general, apelando al morbo colectivo asociado a la indignación ciudadana.

La promesa del cambio motivado por angurria y resentimiento social e institucional, no cambia nada. Los cánticos populistas, vengan de cualquiera de los extremos, medran en la misma canoa del descontento social y se nutren unos a otros; son “burudanga” para las angustias sociales que despiertan en mayor insatisfacción y desespero colectivo.

Las falsas promesas asociadas al ejercicio del clientelismo son la apelación a la inconformidad de grupos y audiencias causada por el engaño generalizado de toda una clase dirigente irresponsable integrada según conveniencia, tanto por el oficialismo como por la oposición.

Y a todas estas, el ciudadano trabajador se ve obligado a beberse un torrencial de comunicaciones monotemáticas sobre corrupción politiquera, que, en lugar de instruirlo y generarle experiencias positivas, resulta influenciado de forma nefasta por medios y redes sociales, de tal manera que aumenten sus frustraciones, pues lo que se presenta es solo un circo mediático con diarias representaciones magistrales sobre la mentira y el engaño social.

Mientras no cambiemos la forma de hacer política en este país, mientras no pongamos el interés general por encima de los intereses individuales, mientras las candidaturas a presidente, magistrado, congresista o a barrendero, solo sean monumentos a la egolatría y al beneficio personal y no vocación de servir, mientras el elemento transaccional del mercado político no sean ideas que construyan sino componendas por puestos públicos con el objetivo de cobrar favores u obtener contrataciones públicos, asesorías o consultorías inoficiosas temporales e inocuas: “La Mona aunque la vistan de seda, Mona se queda”.

El clientelismo sin duda señores no solo es la máxima expresión del individualismo que se comió viva la vocación de civismo en este país. El clientelismo solo genera corrupción y destrucción de valores, es la forma más clara de auto-engaño social.

Entendamos que nuestra cultura politiquera está directamente correlacionada con la administración perpetua del empobrecimiento colectivo. Si no cambiamos la forma en que se ejercen los poderes públicos en Colombia, el país entero termina en la vil cañería, como ya le pasó a Venezuela.

Fin/ LGEV – V-3.0 Sep. 12, 2021

No se debe ni pensar en desmontar la Policía

El desconocimiento de la misión e importancia de la fuerza pública en nuestro país, no solo por muchos de sus habitantes, sino por las autoridades, ha llevado a que estas efectúen pronunciamientos exacerbantes en cuanto contrarían la defensa del Estado, la protección de los ciudadanos y la garantía de la democracia, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Quizás ese es el propósito, porque conocido como es que nuestra fuerza pública ha sido un claro y seguro soporte de la institucionalidad, de la lucha constante contra las organizaciones violentas, ilícitas y la inseguridad, que ha sido ella la que mantiene el orden constitucional, incluso a costa de la propia vida de sus miembros, imposible resulta darle una significación diferente a las actitudes que a diario se observan en su contra. Hoy en sus filas se encuentran más de mil quinientas víctimas, entre hombres y mujeres afectados y lesionados, según balance consolidado desde el 28 de abril y hasta el 27 de junio de 2021, tal como lo registra el Balance General de Afectaciones, publicación del Ministerio de Defensa. Entonces, en vez de continuar debilitándolas se debe propender por su fortalecimiento.

Empero, ocurre que especialmente en tres ciudades colombianas que electoralmente escogieron alcaldes de cierta ideología radical, como son Bogotá, Medellín y Cali, particularmente respecto a la Policía Nacional se le hace ver, más bien, como al “enemigo”, con olvido de que justamente ella es el apoyo insustituible de su jefe, quien es el responsable de la preservación y conservación del orden público, esto es, de la primera autoridad, la que en los municipios es el Alcalde, lo que ha conllevado no sólo al desconocimiento del respeto y colaboración que debe brindársele al único medio efectivo constitucional para enfrentar y combatir la inseguridad rapante y galopante, sino a que ésta se incremente y ocasione en sus habitantes permanente preocupación e intranquilidad.

La capital, como es Bogotá, registra sus peores índices de inseguridad y, cuando el sentido común y la lógica imponen blindar  la Policía, a la señora Alcaldesa se le ocurre, nada más y nada menos, que plantear desmontarla, entiéndase, desaparecer a la Policía; posición que se debe rechazar por completo por la ciudadanía, porque lo pretendido va en contravía de sus legítimos intereses.  Aquí no quede la menor duda, la burgomaestre capitalina con esa nefasta intervención hace su populismo conocido y expresa sin equívocos su permanente persecución a los servidores públicos que nos cuidan y que protegen el orden democrático. Desde que comenzó su tarea, hoy en buena parte cuestionada y rechazada, como lo registran los índices que califican su gestión, ha visto en la Policía un claro enemigo, de pronto siguiendo programas “reformistas” que permiten manipular el actuar de los efectivos policiales, en particular de los integrantes del Esmad.

Pero la Alcaldesa en su afán y propósito permanente de desacreditar a la Policía, la que erradamente busca que se desmilitarice, le sugiere abandonar “viejas prácticas del conflicto armado”, las que no menciona ni insinúa, porque no existen, posición que encuentra apoyo ahora en un aberrante fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado, el cual, invadiendo esferas y escenarios que no le competen ni corresponden, profirió una cuestionable decisión disque para impartir nuevas directrices para salvaguardar  los derechos de los manifestantes, uniformados y demás ciudadanos, en el marco del paro nacional.

Es tanto el afán persecutorio contra la Policía que en esa sentencia, con ponencia del Consejero CÉSAR PALOMINO CORTÉS Rad. 11001-03-15-000-2021-02367-00–Acumulados … Actor: JEIMMY ACUÑA NARANJO Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ACCIÓN DE TUTELA, dispuso que en próximas movilizaciones ciudadanas la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que verificar, antes y después de cada jornada, el personal y el armamento de los que hagan uso los agentes partícipes en los operativos de control, patrullaje, y acompañamiento a las protestas”.  ¿Habrase visto tamaño despropósito?. Inconcebible que sea la Rama Judicial la que, se repite, sin competencia, invada las funciones de otros poderes para afectar e impedir el actuar legítimo de la Policía. El tratamiento que a ésta se le da no se acompasa con los fines del Estado, como son el orden, la justicia y la paz social.

Pareciera que al Consejo de Estado no le bastara con aquella otrora decisión de la Corte Suprema de Justicia, proferida en septiembre 22 de 2020, que fuera  la primera causante de abrir tremendo boquete en el funcionar normal de la Policía Nacional, la discutible sentencia en otra acción de tutela, la  STC7641-2020, Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02, MP Luis Armando Tolosa, en la cual,  invadiendo esferas del Congreso de la República y del propio Jefe de Estado, entre otras,  comenzó a restringir la actividad de la Fuerza Pública, recortándoles sus medios de defensa y exponiendo a la indefensión a la mayoría del Pueblo Colombiano. Atendiendo la participación ciudadana le ordenó a los órganos de control y a los mandatarios regionales y locales adoptar un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que denominó: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”. ¿Será propio de una acción de tutela tal pronunciamiento?

Los antecedentes narrados ponen en evidencia que en Colombia se están protegiendo los desmanes, atropellos, abusos, con el pretexto de amparar el derecho a las manifestaciones “pacíficas”, desconociendo la realidad e ignorando el nivel de preparación y entrenamiento que rige a la Policía Nacional y al Esmad, lo que perfectamente debían y estaban obligados de constatar, buscando la consolidación de la fuerza coercitiva legítima del Estado con la comunidad, que no inculpaciones y medidas que no atañen a la naturaleza jurídica de la acción de tutela.

Aquí los que requieren ser sometidos a un proceso de resocialización son toda esa serie de manifestantes que se arman de cascos, gafas y escudos para enfrentar a la Fuerza Pública. Jamás será de recibo que todos esos protestantes, muchos ya detenidos, que tienen derecho a marchar siempre y cuando lo hagan de manera pacífica, reciban el aval de las autoridades cuando concurren predispuestos y decididos a enfrentar al Esmad. Se entrenan y preparan para ello.

Si hay algo claro y contundente al interior de la Policía es su formación y capacitación en respeto del DIH. Hoy más que nunca hay que rodear a la Policía, desmontarla es abrir una puerta inmensa al ingreso del caos y la anarquía. Solamente una Fuerza Pública, debidamente dotada y preparada nos podrá llevar a recuperar la seguridad que tanto reclamamos los ciudadanos.  Al tiempo de escribir esta columna se conoce de otro proyecto presentado por congresistas de la oposición, acompañados de supuestas víctimas de maltrato policial, con el cual, se dice, pretenden combatir la impunidad implementando una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entregara con ocasión de su reciente visita de trabajo a Colombia, aclarándose que esas sugerencias o recomendaciones de ese organismo internacional, en esta etapa, carecen de fuerza vinculante por completo.

De llegar a desaparecer o reformarse la Policía, en la forma equivocada que se presenta, antes que mejorar la situación la agrava. Ya la historia reciente de Colombia recoge en sus anales, todo lo grave que fue tener a la policía como cuerpo civil. No se puede repetir esa tragedia. Es imperioso, y urgente entender que la Policía Nacional es indispensable en el devenir y transcurrir de nuestra sociedad.

En fin, parodiando al Chapulín Colorado tengamos bien presente que de acabarse la Policía tendremos que decir y ahora quien podrá defendernos. Por ello, recordemos al escritor novelista francés Honoré de Balzac: “La policía y los jesuitas tienen la virtud de no abandonar jamás ni a sus enemigos ni a sus amigos.”

¿Qué pensar realmente de la Corte Constitucional?

Cuando se acaba de conocer la trascendental decisión de la Corte Constitucional a través de la cual se elimina la norma que había establecido la cadena perpetua para los violadores de menores en Colombia, se desató una inmensa reacción de defensa y rechazo a la argumentación esgrimida por la máxima Corporación.  El asunto no en tan sencillo de comprender, ni en esta columna voy a tomar una posición, mucho menos si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional sigue optando por “notificar” lassentencias a través de comunicados de prensa, en el presente caso, publicado a través de su página deInternet.

En los apartes iniciales de su comunicado, distinguido con el No. 33 de septiembre 2 de 2021, se lee que la Corte Constitucional concluyó que el “Congreso de la  República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la constitución”.

Loable sería que la misma rigidez que tuvo esa Corporación para juzgar la imposición de la pena de prisión perpetua la mantuviera en todos sus pronunciamientos, esto es, el total respeto a la Constitución, al Estado Social y Democrático de derecho y a la dignidad humana, pues de ser esa la línea adoptada por la mencionada Corporación no estaríamos padeciendo las consecuencias de su “bendición” al proceso de paz de la Habana, frente al cual se pronunció el constituyente primario con un certero “NO”. 

Se manifestó en esa ocasión, por su Presidente, que en ese proceso les dieron “una especie de rol como tercera cámara” para revisar la implementación del proceso de paz, el cual, en su mayoría, ejerciendo ese “rol” procedieron a avalar. Posición que, sin duda alguna, no sólo afectó sino destruyó los cimientos de la democracia, del Estado Social de Derecho y sustituyó la Constitución, entre otras, en el poder que el pueblo concede al Estado para que administre justicia, función fundamental, base de la armonía y la paz social.  

En cambio, es importante recordar el clamor del pueblo colombiano para que aquéllos que vulneran no sólo derechos fundamentales de los menores, sino la misma vida de ellos y su desarrollo sean ejemplarmente sancionados. Los protuberantes y execrables crímenes cometidos en contra  de nuestros niños, niñas y preadolescentes llevaron al entonces Presidente del Senado, Lidio García, a expresar su complacencia por la aprobación de la cadena perpetua para violadores, por el poder legítimamente encargado de hacerlo y cumpliendo el trámite que la Constitución contempla. Además, en aplicación del artículo 44 de la Carta Política que expresamente consagra que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Sobre “los demás”, se dice “Adjetivo o pronombre indefinido invariable que designa siempre la parte restante respecto de un todo”, luego, es evidente que los derechos de los menores gozan de una especial protección constitucional, la que de conformidad con el mismo artículo 44 citado, impone al Estado la obligación de ampararlos, entre otras, contra “(…) toda violencia física, (…) abuso sexual, (…)”, lo que de suyo traduce que ese deber es superior y que se impone a todos los derechos de las demás personas.    

Según se conoce quienes demandaron la constitucionalidad de la norma formularon dos cargosen su contra. El primero, relativo a un vicio en el proceso y el segundo, referente a la ausencia de competencia del Congreso de la República para reformar la Constitución, por presentarse, aparentemente, una sustitución de los ejes definitorios de la Carta, concretamente el Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, atendiendo ala resocialización de las personas privadas de la libertad. 

Para la Corte Constitucional fue claro que el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana, en este caso de los victimarios, es el eje definitorio de la Constitución, por lo que el derecho a la resocialización de la persona condenadaes el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural y prima sobre los derechos de los niños. 

No se desconoce que ese fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación. Conforme a lo anterior, la pena de prisión perpetua sin posibilidad de revisión puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad. Empero, en este caso, para la prisión perpetúa se estipulaba su revisión a los 25 años.

Disposición que se encuentra en consonancia con el Estatuto de Roma, ratificado por Colombia desde 2002, normatividad que en su preámbulo señala “Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños (..) han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad” y “Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”, para en el inciso 3º de su artículo 110 consagrar Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos”, en evidente alusión a que la cadena perpetúa revisable es viable imponerla y, lo que permite deducir, en mi opinión, que no es violatoria ni de la democracia, ni del derecho a la dignidad humana.

Surge, entonces, una pregunta que el lector responderá ¿Está en juego la primacía de la protección de los derechos de los menores que fueren violentados o el respeto de los derechos del criminal que los ultrajó y violento, a quien se le debe resguardar su derecho a su futura resocialización?

La Corte Constitucional ya contestó, aunque decisión de tanta importancia y que va a regir el destino de los colombianos y, en especial, de los menores, se adoptó con tres interesantes salvamentos de votos, los que, muy probablemente, coinciden con la posición de la mayoría de la población civil y, por supuesto, de los legisladores. 

Ante el galopante delito, la sociedad colombiana ve con asombro que el exceso de garantías a los delincuentes se convierte en la más descarada afectación de los derechos de los ciudadanos de bien. A más que, para aquellos que deciden denunciar, prontamente se ven sorprendidos y expuestos en su integridad porque la autoridad ante cualquier circunstancia formal los deja con prontitud en libertad. Ahí radica el mayor problema de la justicia indispensable para el ciudadano afectado con la inseguridad rapante, y hace peligrosa carrera que denunciar carece de sentido.

Entonces, para conseguir la paz será siempre puntual y necesario que se imparta una verdadera justicia, la que debe encontrar legitimación en los habitantes del territorio nacional.

Pildorita: Vulgar y por completo salida de los cabellos, muy propia de personas encartadas y señaladas de cierta autoría, la respuesta que brindó a los medios el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien cuestionó a quien exhibiera la carta suscrita por los hermanos Gilberto y Miguel y Rodríguez Orejuela y que le fue entregada al Padre Francisco de Roux en la diligencia cumplida ante la Comisión de la Verdad, para acudir a hechos que nada tenían que ver con la gravedad de la denuncia. Eludir la respuesta constituye grave indicio en su contra.

Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión