No se debe ni pensar en desmontar la Policía

No se debe ni pensar en desmontar la Policía

El desconocimiento de la misión e importancia de la fuerza pública en nuestro país, no solo por muchos de sus habitantes, sino por las autoridades, ha llevado a que estas efectúen pronunciamientos exacerbantes en cuanto contrarían la defensa del Estado, la protección de los ciudadanos y la garantía de la democracia, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Quizás ese es el propósito, porque conocido como es que nuestra fuerza pública ha sido un claro y seguro soporte de la institucionalidad, de la lucha constante contra las organizaciones violentas, ilícitas y la inseguridad, que ha sido ella la que mantiene el orden constitucional, incluso a costa de la propia vida de sus miembros, imposible resulta darle una significación diferente a las actitudes que a diario se observan en su contra. Hoy en sus filas se encuentran más de mil quinientas víctimas, entre hombres y mujeres afectados y lesionados, según balance consolidado desde el 28 de abril y hasta el 27 de junio de 2021, tal como lo registra el Balance General de Afectaciones, publicación del Ministerio de Defensa. Entonces, en vez de continuar debilitándolas se debe propender por su fortalecimiento.

Empero, ocurre que especialmente en tres ciudades colombianas que electoralmente escogieron alcaldes de cierta ideología radical, como son Bogotá, Medellín y Cali, particularmente respecto a la Policía Nacional se le hace ver, más bien, como al “enemigo”, con olvido de que justamente ella es el apoyo insustituible de su jefe, quien es el responsable de la preservación y conservación del orden público, esto es, de la primera autoridad, la que en los municipios es el Alcalde, lo que ha conllevado no sólo al desconocimiento del respeto y colaboración que debe brindársele al único medio efectivo constitucional para enfrentar y combatir la inseguridad rapante y galopante, sino a que ésta se incremente y ocasione en sus habitantes permanente preocupación e intranquilidad.

La capital, como es Bogotá, registra sus peores índices de inseguridad y, cuando el sentido común y la lógica imponen blindar  la Policía, a la señora Alcaldesa se le ocurre, nada más y nada menos, que plantear desmontarla, entiéndase, desaparecer a la Policía; posición que se debe rechazar por completo por la ciudadanía, porque lo pretendido va en contravía de sus legítimos intereses.  Aquí no quede la menor duda, la burgomaestre capitalina con esa nefasta intervención hace su populismo conocido y expresa sin equívocos su permanente persecución a los servidores públicos que nos cuidan y que protegen el orden democrático. Desde que comenzó su tarea, hoy en buena parte cuestionada y rechazada, como lo registran los índices que califican su gestión, ha visto en la Policía un claro enemigo, de pronto siguiendo programas “reformistas” que permiten manipular el actuar de los efectivos policiales, en particular de los integrantes del Esmad.

Pero la Alcaldesa en su afán y propósito permanente de desacreditar a la Policía, la que erradamente busca que se desmilitarice, le sugiere abandonar “viejas prácticas del conflicto armado”, las que no menciona ni insinúa, porque no existen, posición que encuentra apoyo ahora en un aberrante fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado, el cual, invadiendo esferas y escenarios que no le competen ni corresponden, profirió una cuestionable decisión disque para impartir nuevas directrices para salvaguardar  los derechos de los manifestantes, uniformados y demás ciudadanos, en el marco del paro nacional.

Es tanto el afán persecutorio contra la Policía que en esa sentencia, con ponencia del Consejero CÉSAR PALOMINO CORTÉS Rad. 11001-03-15-000-2021-02367-00–Acumulados … Actor: JEIMMY ACUÑA NARANJO Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ACCIÓN DE TUTELA, dispuso que en próximas movilizaciones ciudadanas la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que verificar, antes y después de cada jornada, el personal y el armamento de los que hagan uso los agentes partícipes en los operativos de control, patrullaje, y acompañamiento a las protestas”.  ¿Habrase visto tamaño despropósito?. Inconcebible que sea la Rama Judicial la que, se repite, sin competencia, invada las funciones de otros poderes para afectar e impedir el actuar legítimo de la Policía. El tratamiento que a ésta se le da no se acompasa con los fines del Estado, como son el orden, la justicia y la paz social.

Pareciera que al Consejo de Estado no le bastara con aquella otrora decisión de la Corte Suprema de Justicia, proferida en septiembre 22 de 2020, que fuera  la primera causante de abrir tremendo boquete en el funcionar normal de la Policía Nacional, la discutible sentencia en otra acción de tutela, la  STC7641-2020, Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02, MP Luis Armando Tolosa, en la cual,  invadiendo esferas del Congreso de la República y del propio Jefe de Estado, entre otras,  comenzó a restringir la actividad de la Fuerza Pública, recortándoles sus medios de defensa y exponiendo a la indefensión a la mayoría del Pueblo Colombiano. Atendiendo la participación ciudadana le ordenó a los órganos de control y a los mandatarios regionales y locales adoptar un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que denominó: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”. ¿Será propio de una acción de tutela tal pronunciamiento?

Los antecedentes narrados ponen en evidencia que en Colombia se están protegiendo los desmanes, atropellos, abusos, con el pretexto de amparar el derecho a las manifestaciones “pacíficas”, desconociendo la realidad e ignorando el nivel de preparación y entrenamiento que rige a la Policía Nacional y al Esmad, lo que perfectamente debían y estaban obligados de constatar, buscando la consolidación de la fuerza coercitiva legítima del Estado con la comunidad, que no inculpaciones y medidas que no atañen a la naturaleza jurídica de la acción de tutela.

Aquí los que requieren ser sometidos a un proceso de resocialización son toda esa serie de manifestantes que se arman de cascos, gafas y escudos para enfrentar a la Fuerza Pública. Jamás será de recibo que todos esos protestantes, muchos ya detenidos, que tienen derecho a marchar siempre y cuando lo hagan de manera pacífica, reciban el aval de las autoridades cuando concurren predispuestos y decididos a enfrentar al Esmad. Se entrenan y preparan para ello.

Si hay algo claro y contundente al interior de la Policía es su formación y capacitación en respeto del DIH. Hoy más que nunca hay que rodear a la Policía, desmontarla es abrir una puerta inmensa al ingreso del caos y la anarquía. Solamente una Fuerza Pública, debidamente dotada y preparada nos podrá llevar a recuperar la seguridad que tanto reclamamos los ciudadanos.  Al tiempo de escribir esta columna se conoce de otro proyecto presentado por congresistas de la oposición, acompañados de supuestas víctimas de maltrato policial, con el cual, se dice, pretenden combatir la impunidad implementando una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entregara con ocasión de su reciente visita de trabajo a Colombia, aclarándose que esas sugerencias o recomendaciones de ese organismo internacional, en esta etapa, carecen de fuerza vinculante por completo.

De llegar a desaparecer o reformarse la Policía, en la forma equivocada que se presenta, antes que mejorar la situación la agrava. Ya la historia reciente de Colombia recoge en sus anales, todo lo grave que fue tener a la policía como cuerpo civil. No se puede repetir esa tragedia. Es imperioso, y urgente entender que la Policía Nacional es indispensable en el devenir y transcurrir de nuestra sociedad.

En fin, parodiando al Chapulín Colorado tengamos bien presente que de acabarse la Policía tendremos que decir y ahora quien podrá defendernos. Por ello, recordemos al escritor novelista francés Honoré de Balzac: “La policía y los jesuitas tienen la virtud de no abandonar jamás ni a sus enemigos ni a sus amigos.”

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