Mes: octubre 2021

Las leyes que rigen en un Estado de Derecho imponen las reglas del juego democrático y, consecuentemente, permiten una convivencia ordenada y en paz. Todos los ciudadanos, sin excepción, están obligados a cumplirlas. En Colombia, entre otras, encontramos los artículos 40 y 270 de la Constitución Política que reconocen el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y las formas y los sistemas de participación ciudadana, así como la normativa que regula el debate electoral, incluido el calendario electoral, disposiciones que en su conjunto existen para permitir la transparencia y equilibrio en las jornadas electorales, de donde quien pretenda ser el sucesor del Presidente de la República debe dar ejemplo de cumplimiento y acatarlas rigurosamente.

En cada elección, que idealmente deberían unificar a las nacionales para Congreso de la República con las regionales para Asambleas y Concejos municipales, siempre precede la expedición del decreto correspondiente para la conservación del orden público y ahora, de seguro debe incluir, prevenir y acatar todas las normas de salubridad ante la pandemia de coronavirus.

Para las elecciones presidenciales próximas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 29  de mayo de 2022, según se estableció en el calendario electoral adoptado en la Resolución 4371, expedida en mayo 18 del presente año, se estableció el día 29 de enero de 2022, 4 meses antes, como fecha de inicio de la campaña presidencial.

No obstante, el candidato de “Colombia Humana”, vocero del llamado “Pacto histórico” resolvió por sí y para sí comenzar su campaña desde ya. A través de los medios de comunicación los colombianos hemos sido enterados que, además, de la convocatoria en Barranquilla el 10 de septiembre del año en curso, ha llevado a cabo otras dos manifestaciones con esa finalidad, la primera de ellas el 21 de octubre en la ciudad de Cartagena la que, en forma errada y al parecer discriminatoria, se denominó “manifestación del poder negro”, disque, para gritar al lado de Benkos Biohó, asesino de Bojacá (porque no existen ex asesinos),   “Libertad”. La otra, en Ibagué el pasado 24 de octubre, jornada iniciada en la Asamblea Departamental en donde Gustavo Petro reinvindicó indebidamente el Acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D.), para luego, al lado del senador Luis Fernando Velasco, presidir la manifestación en el parque Murillo.

Sí es tan claro que solo a partir del 29 de enero del próximo año pueden dar comienzo las campañas políticas, cabe preguntarse ¿Porqué el señor Gustavo Petro incumple esa regla?  ¿Porqué se le permite a Gustavo Petro estar por encima de la legislación colombiana, rompiendo la transparencia y equilibrio que debe tener la contienda electoral?

El Consejo Nacional Electoral y los otros organismos de control, en particular la Procuraduría, en ejercicio de sus poderes deben asumir la investigación de oficio que les compete, ante la evidente y notoria participación en mítines políticos no permitidos que irrumpen y desestabilizan el juego democrático, para juzgar esa conducta y adoptar de inmediato las medidas que correspondan respecto al infractor de marras.

Pero no sólo como hecho notorio está comprobada esa violación a las normas electorales vigentes que preceden cualquier elección,  sino que, además, es por completo procedente ocuparse y llegado el caso también aperturarle proceso, por las recientes declaraciones del ex agente de inteligencia del gobierno Chávez,  Hugo Carvajal, más conocido con el apodo del Pollo Carvajal, entregadas a la Audiencia Nacional de España, de quien ya se acordó hacer efectiva su extradición  a los Estados Unidos de América, y que recogieron destacados medios periodísticos internacionales,  como el País y ABC .

Según esas declaraciones y en particular lo referente a las financiaciones que el chavismo efectuó a candidatos y partidos en distintos países, entre los que mencionó a Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Vicente Humala en el Perú, Luis  Zelaya en Honduras, el Partido Podemos en España,  Circo Soles en Italia, no podía faltar el amigo de todos ellos,  partidarios y defensores del Socialismo del Siglo XXI, Gustavo Petro, en Colombia.

Este personaje sabe y procura anticiparse al tsunami que deben causar tremendas acusaciones. Salió a desmentirlas y a indicar que no conoce al pollo Carvajal, cosa que poco importa, pues lo grave son los dineros que, se dice, beneficiaron su campaña pasada electoral.  Testimonio que coincide con un antecedente que no se puede ignorar, lo informado por el propio Diosdado Cabello quien expresó que el señor Gustavo Petro concurrió al vecino país a pedir apoyo financiero, a quien trató de guabinoso, término que en Venezuela significa: “Calificativo del que evade compromisos y no tiene firmeza para tomar decisiones ni asume responsabilidades. Personas que no cumplen con su palabra. Gente por lo general impuntual e irresponsable que solo piensa en si mismo desvalorando a los demás. Individuos que viven una constante dualidad entre lo que dicen y sus acciones convirtiéndose en seres impredecibles no merecedores de confianza, por lo general nadie los toma en serio”.

No puedo concluir sin recordar que el archivo de la investigación penal, en el asunto gravísimo del video de las bolsas en el que se registra a Gustavo Petro recibiendo dinero contante y sonante, tuvo por fundamento la aplicación de la figura de la prescripción, pues, consideró la Corte Suprema de Justicia que ese ingreso de caudales fue para la campaña de 2006, que no para la reciente de 2018, como sí se infería de la declaración del arquitecto manizaleño Simón Vélez, inferencia que, ante las declaraciones del Pollo Carvajal y las manifestaciones de Diosdado Cabello, siembran en los colombianos de bien una seria y fundada duda de la oportunidad en la cual le fueron entregados esos dineros y de la procedencia de los fondos que utiliza el referido precandidato para efectuar su campaña política, fragmentando los cánones de la contienda electoral y por esa vía llevando al traste la convivencia ordenada y en paz que debe reinar en nuestra sociedad. Oportuno es citar lo dicho por Nassin Nicholas Taleb “Tu deber es gritar las verdades que solo se sussurran”.

Pildorita. Aunque todo es posible en Colombia, nos adelantamos a decir que pese a las voces, por conocidas razones, para que la JEP asuma el conocimiento del caso del detenido narcotraficante Dairo Antonio Usaga, más conocido con el alias de  Otoniel, la mencionada autoridad judicial carece totalmente de competencia para así proceder, dado que el Acuerdo no cubre a los narcotraficantes, como tampoco cobija a quienes delinquieran después de diciembre de 2016. Roguemos que no ocurra al igual que sucedió en el pasado con algún miembro de la Farc y que la CSJ actúe con celeridad respecto a la solicitud de los Estados Unidos para su extradición. Esperamos ansiosos todos los colombiano ver con el overol naranja de los presidiarios en el país del norte a este temible criminal que dirigía el Clan del Golfo.

En verdad, resulta inquietante y preocupante el caos que vive nuestro país. La división de poderes, propia de los Estados de derecho y democráticos está “refundida”, la Rama Judicial se arroga competencias del legislativo, y por ese camino ejemplariza vías para que el legislativo haga lo propio con las facultades del ejecutivo, basta ver la aprobación del Senado para la normalización de las relaciones con Venezuela, asunto propio del Ejecutivo según lo previsto en el artículo 189 de nuestra Constitución Política; o a la Corte Constitucional otorgando personería jurídica a partidos políticos, facultad otorgada por los artículos 108 y 265 de la Carta Fundamental al Consejo Nacional Electoral

Desorganización que también se evidencia ante las precipitadas y oportunistas declaraciones que, sin mayores soportes, a mediados de la semana, emitió el  Registrador Nacional Dr. Alexander Vega Rocha, al señalar que no son confiables las cifras que la autoridad competente posee sobre la población y preguntar ¿Cómo explican que en el DANE somos cincuenta millones de habitantes y en la Registraduría, en el registro civil, somos cincuenta y cinco millones, dónde están los otros cinco millones de colombianos, (…)?, interrogante que reposadamente respondió el Doctor Juan Daniel Oviedo, Director de esa entidad,quien  luego de informar que desde 2017 vienen trabajando las dos entidades de manera articulada, afirmó “De los 60 millones de registros que tiene la Registraduría, hay unos 3,8 de millones de fallecidos y 3,5 de millones de marcas asociadas con cancelación. Es decir, a esos 60 millones de registro habría que restarle unas 11 millones de personas, dando los 49 millones de personas que certificó el DANE en 2018”, para concluir que el debate se debe dar con cifras.Surge un interrogante, ¿Porqué el Registrador Nacional cuestiona hasta ahora la estadística poblacional del DANE?

Cabe advertir a los lectores que desde 2017 entre las dos entidades tienen en marcha un convenio de cooperación, el identificado con el No. 02 de 2017, por lo que el cuestionamiento adquiere mayor relevancia.Es lo cierto que a 30 de junio de 2021 existen 51.049.498 habitantes certificados. Por su parte, el registro nacional en cabeza de la Registraduría, al 31 de diciembre de 2018, cuenta con 60.220.894 registros, de los que deben descontarse 3.724.619 números de identificación de personas fallecidas, 3.563.954 cancelados por errores en su expedición y 3.024.263 que viven por fuera del país, lo que hace que las cifras en poder del DANE sean consistentes y contesten la pregunta formulada por el Registrador. Con todo, el Director del DANE expresó que el censo del año 2018 no puede ser utilizado legalmente para los próximos comicios electores porque el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley que lo legalizaba, de donde el vigente es el de 1985.

No hay duda que el censo electoral es un instrumento clave para la transparencia del proceso electoral que se avecina, razón suficiente para que las sorpresivas declaraciones del Registrador aumenten la zozobraante la proximidad de las elecciones del 2022 para elegir en marzo el Congreso de la República y en mayo el sucesor del Doctor Iván Duque Márquez, inquietud que crece ante la falta de claridad sobre la ley que se aplicará en dichas elecciones. El 18 de diciembre del 2020, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria el Senado aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley que buscaba reformar el Código Electoral, naciendo así la Ley Estatutaria del nuevo Código Nacional Electoral, el cual pasó, como corresponde, a control de la Corte Constitucional, que,a la fecha, no ha emitido su pronunciamiento, fallo que, quiérase o no, afecta la contienda electoral.

De impartirse aprobación al nuevo código entrarán a regir sustanciales cambios producto de la aplicación de nuevas tecnologías de identificación biométrica, la extensión de la verificación tecnológica de la huella dactilar y por supuesto se contará con otras nuevas formas en materia de registro, depuración de inscritos, demografía electoral, auditoría para contar con la trazabilidad y veracidad de los resultados y otras interesantes materias que serán a futuro objeto de una columna, pero que, necesariamente, influyen en el próximo debate electoral. 

Si a los anteriores factores se une el ilícito de compra de votos, no cabe duda, que reina el caos. Nuestro país, lamentablemente, ocupa el cuarto lugar en América Latina de mayor índice de compra de votos, según informe de transparencia internacional del 2019 

Hoy, con lo que está aconteciendo, se infiere que estamos frente a un completo salpicón que impone la consabida frase que donde no hay orden gobierna el caos. O, más aún, puede llegar a patentizarse elconsabido pensamiento que de antaño hizo carrera, “el que escruta elige”, dando al traste con la democracia, lo que obliga a todos los colombianos a que propendamos por las garantías necesarias para que tengamos unas elecciones transparentes que respeten la voluntad del pueblo, como corresponde a un Estado Social de Derecho.

Pildorita: La salida del país del mal entonces denominado Canciller de las Farc   Rodrigo Granda a México y su deportación posterior, dejó conocer la vulnerabilidad de los permisos que concede la JEP para la salida del país de ciertos “personajes”, así como la necesidad de justicia que reclaman otras Naciones, como Paraguay, las que están vigilantes y a través de circular roja exigen que el presunto causante de hechos delictuosos responda, ya que en su país no rige el llamado “Acuerdo de Paz”. Deplorable que México no haya estado a la altura, como correspondía.

Bogotá, D.C. octubre 23 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión 

Abraham Lincoln expresó “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”, pensamiento que resulta aplicable a lo sucedido al interior del Congreso de la República, en la Comisión Primera, hace tres días, cuando el senador Gustavo Petro sorprendió a los colombianos con una irrazonable propuesta, la compra de las tierras directamente del expresidente Uribe, único propietario que mencionó, utilizando, como siempre, un sofisma de darles un “uso productivo” y que en ellas se pueda “producir comida”.Valga indicar que, hasta donde se conoce, dichas propiedades, lícitamente adquiridas no están en venta.

El por qué de su planteamiento no tiene otro objetivo que reversar su caída en las encuestas, por lo quesólo atinó a tratar de reinventarse políticamente acudiendo al populismo que le es propio y a través del cual quiere alebrestar los ánimos, encausando el odio que acostumbra destilar, dejando conocer equivocadamente que la tierra dizque está en manos de un “pequeño grupo de personas” en un 70%,cuando la realidad es totalmente diferente. “Miente, miente, que algo queda” (Churchill), por lo que es importante desvirtuar esas manifestaciones inexactas y tendenciosas para que no logren el objetivo de desviar la verdad.

Basta señalar, por ejemplo, al autor Julián García en su texto Evolución de la Distribución de las Fincas Cafeteras. En hacía una regionalización de la caficultura colombiana precisa que “El análisis de los cambios ocurridos en la distribución del suelo entre el Censo Cafetero de 1970 y la Encuesta Nacional Cafetera (ENC) de 1993-1997 que a la par que el área de la zona cafetera pasaba de 4.4 millones de hectáreas en 1970 a 3.6 millones en 1997, el área cultivada con café se reducía de 1.05 millones de hectáreas a 869 mil. De manera paralela, en el mismo lapso, el número de fincas se incrementó de manera sorprendente, al pasar de 297 mil en 1970 a 668 mil en 1997. En consecuencia, el tamaño medio de las fincas cafeteras paso de 14.8 hectáreas a 5 hectáreas, mientras que el tamaño medio de los cafetales se redujo de 3.5 a 1.3 hectáreas”.

De otro lado, la afirmación del mencionado congresista no tiene sustento alguno, en cambio, ignora estadísticas en punto a la participación de la ganadería colombiana en el PIB Nacional.

Fedegan, gremio que aglutina los ganaderos, quienesbenefician a más de seiscientas mil familias en laexplotación lícita de sus tierras, indica: “las cifras recolectadas durante los ciclos de vacunación del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, arrojaron para 2016 un poco más de 512 mil predios con presencia de bovinos en el país. – Del total de predios, el 67.1% (343.523), tiene menos de 25 animales por predio. Dentro de este rango se inscribe la producción lechera minifundista de trópico alto, que se puede calificar como pequeña ganadería o ganadería de subsistencia inclusive, pues el 43.6% está en el rango de menos de 10 animales por predio.  El 31.5% de los predios alberga entre 26 y 500 animales por predio, de lo cual se puede inferir la existencia de una significativa clase media ganadera que ocupa 161.265 predios”.

Empero, no se refiere el congresista a los Resguardos Indígenas, los que hoy tienen 28.9 millones de hectáreas, en su gran mayoría improductiva,pretendiendo hacerse a más tierra, como sucede en el Cauca y en otras regiones del país, cercanas a la frontera con otros países. Esa cifra traduce que esos resguardos poseen el 25.3% de hectáreas del total nacional, cantidad muy superior a la que pretende comprarle al expresidente Uribe. Lo grave del asunto no es la gran cantidad de tierra en poder de las comunidades indígenas, sino que, por razones históricas por completo discutibles, además de no aportarle a la productividad del país, gozan deespeciales protecciones, entre ellas, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y para aquellos que quizás no lo sepan, están exentas de la norma fiscal que se tiene en el resto del territorio nacional para los demás propietarios.

Es oportuno informarle al senador demagogo que el censo indígena del DANE 2019 dejó saber que hay una población de 1.9 millones de personas que se identifican en esa colectividad. Traducido en cifras, en la práctica, se concluye que sobre el total de tierra que tienen y poseen los resguardo le corresponden a cada indígena  15.1 hectárea, lo que significa que, en esos territorios asignados a esas comunidades administradas por sus Cabildos, se está por encima del indicador de tierra promedio para cada colombiano que es tan sólo de 1.8 hectáreas. ¿Será que también propone el mencionado candidato la adquisición de esas extensiones para darles un uso productivo?

Tanta labia engañosa de Gustavo Petro, para disfrazar de interés general su interés particular, lo llevó autilizar trajeadas frases como que la “mayoría de la tierra está en manos de un pequeño grupo de personas”, mensaje que llega por sus redes a tantos colombianos que o no tienen el tiempo o les da pereza documentarse sobre esas afirmaciones temerarias, para ver que no son realidad y que, por el contrario, dan paso a narrativas fake o falaces, que tanto daño le hacen a la democracia en nuestro país y en otros del hemisferio.  

Como se aprecia de la tenencia de hectáreas en la región cafetera, ganadera y de los resguardos indígenas la distribución de la tierra está en muchas manos y familias, pero lo que esos destinatarios del mensaje mentiroso deben es dar la lectura correcta al decir del sofista senador; su interés en el fondo es afectar el aparato productivo, perjudicar la producción agrícola y ganadera y, por supuesto, crear el caos económico para imponer su particular visión política.  Si de sana lógica se tratara su propuesta se ha debido encauzar hacia las tierras improductivas de los resguardos, el despojo por los grupos subversivos a los campesinos y su desplazamiento; pero no, su ideario, al igual que en vecinos países, es ponerle el ojo a las tierras trabajadas, fértiles y productivas, que generan positivos ingresos para la economía nacional.

Toda esa clase de manifestaciones son medidas y calculadas. Como lo destaca en el libro que por estos días lanzó, es innegable su amistad con Hugo Chávez, promotor de la política que hoy tiene en crisis a Venezuela. Sería menester repasar la revista Dinero del 27 de junio de 2003, cuando quedó claro que fungió como vocero y uno de los más cercanos asesores de Chávez en el nuevo modelo que se estaba gestando en Venezuela.

Despertemos, ese modelo llevó a dar curso a la expropiación de sus mejores bienes, tierras y desdeluego de su aparato productivo. La consigna del nuevo socialismo del siglo XXI, mal llamado progresismo, esla total pauperización del país, claro ejemplo es lo ocurrido en Venezuela, que ocasionó la migración de más de 6 millones de habitantes obligados a salir de su país para buscar medios de subsistencia para sí y para alimentar a los suyos e impedir que muriesen de hambre o se alimentaran de la basura, como ya se sabe acontece en el vecino país.

Lo realmente peligroso de Gustavo Petro no es que su discurso tenga adeptos, sino que éstos no se ilustren sobre la veracidad del mismo. Sin embargo, quienes nos oponemos a él y a sus propuestas nos fundamos en el convencimiento, por conocimiento, de que con él en el poder la economía y la democracia colombiana están más que en peligro, llegando hasta desaparecer como pasó en Venezuela. 

La amenaza que se cierne, entre otras, sobre la propiedad privada, nos impone unirnos en su defensa, al igual que seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de adelantar el programa de aspersión aérea contra los cultivos ilícitos que superan las doscientas mil hectáreas en el territorio nacional y proveen los recursos a las distintas fuerzas desestabilizadores interesadas en afectar el agro nacional, sembrando caos y destrucción. Analicemos concienzudamente hoy quién nos debe gobernar, para no arrepentirnos en el mañana, cuando ya nada puede hacerse. 

Creo oportuno acompañar a esta columna el video de respuesta que se acaba de conocer entregó el expresidente Uribe el riesgo al que le expone el cobarde senador.

Bogotá, D.C. octubre 16 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión