Mes: noviembre 2021

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No habia motivo para conmemorar

Por Bernardo Henao Jaramillo

La paz, tema que ha ocupado desde antaño a la humanidad, no tiene una concreta definición, pero en líneas generales puede sostenerse que ese valor y derecho puede verse desde dos perspectivas, una, la ausencia de guerra, la “no agresión” y otra, la que aparece en el texto de Kant “Hacía la paz perpetua”, como la voluntad de entendimiento y concordia. En ninguno de sus dos sentidos –negativo y positivo- podemos hoy los colombianos “sentir” que existe paz en el país, por el contrario, encontramos una soterrada prolongación del conflicto armado, en el que las Farc, utilizando sus estrategias de lucha, obtuvieron por una parte poder en el Estado y por otra continuaron en plena conflagración, a través de las denominadas disidencias en las cuales se encuentran algunos de los integrantes firmantes del Acuerdo de Paz y una cantidad, no despreciable, de guerrilleros que se acogieron al acuerdo regresaron a la subversión.

La paz exige verdad, justicia y reparación, sin que el movimiento insurrecto haya propiciado alcanzar alguna de ellas, por lo que resulta evidente la pregunta ¿Los colombianos tenemos algún razonable motivo para conmemorar el acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016?

Para responder ese interrogante recordamos que el 8 de septiembre del 2017, en la visita papal  a la ciudad de Villavicencio, el Papa Francisco en su homilía se refirió así a la verdad:  “Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos.” Hoy, luego de cinco años de la firma del acuerdo, siguen familias desgarradas por el dolor porque no saben qué pasó con sus parientes desaparecidos, tampoco se conoce lo sucedido con los menores reclutados ni a las mujeres víctimas de violencia y abusos, así como a otras víctimas, se les ha reconocido, como se advierte de la denuncia que éstas formularon ante la Corte Penal Internacional. 

Y qué decir de la justicia? Hasta la fecha solo se tiene una notoria y evidente impunidad respecto a los victimarios de la Farc. Los avances en las investigaciones se encuentran respecto a los agentes del Estado, los militares y policías, quizás la “justicia” que se va a conocer. Y no puede olvidarse el antecedente del plebiscito que votó NO al acuerdo de paz. El cambiar la decisión del pueblo soberano fue como tratar de hacer regresar el cauce de un río a su punto de origen, algo imposible, pero con muchos vericuetos y malabarismos jurídicos lo consiguieron, sólo que a qué precio. Las consecuencias no se han hecho esperar.

Ahora, en el marco de la reparación a las víctimas poco o nada les ha sido concedido, y lo entregado, en su mayoría, ha sido por el Estado. 

Por qué ante la magnitud e impacto de los incumplimientos del Acuerdo de Paz, primordialmente por la guerrilla que lo suscribió, los colombianos no solo guardamos silencio, sino que conmemoramos su firma? Parecemos anestesiados, no reaccionamos ante situaciones que en cualquier otro país, dada su gravedad, provocarían su completo rechazo por la ciudadanía.

Ver en los principales diarios de Circulación Nacional al causante de la entrega de gran parte del país al entonces grupo terrorista de las Farc, Juan Manuel Santos, al lado del expresidente Ernesto Samper, como testigo central del saludo con el Presidente Iván Duque, enardece el espíritu y sólo deja ver la “humillación” a las miles de víctimas que a la fecha no han tenido ninguna respuesta en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

En cambio, los otrora criminales de lesa humanidad, la mayoría integrantes de cuadros directivos que conformaban el secretariado de las FARC, conmemoran el acuerdo sentados en el Congreso de la República, sin haber pagado un solo día por sus crímenes, sin haber reparado a las víctimas y ocultando la verdad.

Muestra de ello es la tozudez y el cinismo del exguerrillero Rodrigo Echeverri en su respuesta a la entrevista al Diario El Espectador en la edición del 23 de noviembre. Al ser preguntado “Con las víctimas, ¿cuál es su balance? contestó: “Le contra preguntaría: ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros con la reparación de víctimas? La verdad, por ejemplo...Estamos con la verdad. Hemos aportado toda la verdad”.

Miente desfachatadamente como es propio de la izquierda radical. Fidel lo hizo en la propia ONU negando ser comunista. Hugo Chávez igual. No extraña que el antiguo subversivo conocido con el alias de “Timo” también lo haga. Todos fueron formados en la misma escuela y persiguen los mismos fines. Lo grave es, que fueron ellos, con la complacencia del gobierno Santos, quienes pactaron los términos de la futura justicia transicional a la cual se someterían, y a la cual le dan su “verdad”.

Así, cambian la narrativa de sus graves crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad, por ejemplo, al secuestro, hoy equivocadamente se le denomina “toma de rehenes”, en el macrocaso No. 1; y pese a las evidencias que todos los colombianos vimos, niegan las condiciones infrahumanas en que los mantenían privados de la libertad.  

Y de ALEXANDER BAYONA CAMACHO, secuestrado el 18 de marzo de 2000 en Palmira Valle, el cabo HÉCTOR VELÁSQUEZ CARRILLO, secuestrado el 27 de junio de 1997 en San Antonio de Atenas – Caquetá; CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, médico capitán de la Policía Nacional, secuestrado el 24 de noviembre en Guamal  (Meta), SAID ALEXIS VILLAMIZAR CARRILLO secuestrado el 14 de marzo 2006 a la salida del Éxito de Envigado (Antioquia), JOSÉ ARBELAY LOSADA, secuestrado el  5 de enero de 2003 en San Vicente del Caguán, CARLOS IGNACIO URIBE ÁLVAREZ, plagiado el 25 de mayo de 1998 en Quibdó (Chocó), y ROSA MILENA BOLAÑOS SALAZAR secuestrada el 28 de agosto de 2001 en Pitalito (Huila), entre otros, solo se sabe que hoy gritan a una sola voz libérennos. Quien lo creyera siguen secuestrados y pareciera que a nadie le importa. Dolor de Patria causa la desgracia del secuestro que sigue a sus anchas en el territorio nacional. ¿Cuál paz se celebra?

Por más eventos, conmemoraciones, entrevistas que se  para mostrar un resultado que no se ha alcanzado, no van a poder cambiar el balance que hasta hoy realizan los colombianos y es que ese proceso solo sirvió a los victimarios, que los tienen en sitio privilegiado, mientras que a las miles de víctimas las tienen en el rincón más olvidado. Molestia y rabia ocasiona ver a los celebrantes de la conmemoración que en sus declaraciones permanentes citan sin sonrojarse, que las víctimas son el centro del acuerdo. Burla y mentiras por doquier.

En conclusión, no obstante las concesiones otorgadas Colombia no obtuvo la paz, en cambio si ve el crecimiento del narcotráfico en los territorios en que las Farc se hicieron fuertes durante su lucha subversiva. No había lugar a conmemoración.

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Derecho o Política, el fallo de la Corte Constitucional

En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.

Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.

Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.

Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.

La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.

Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.

Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.

También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?

A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:

 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.

Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.

Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.

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Debemos acudir a la verdadera memoria histórica

En frase escrita en la entrada del bloque No. 4 del campo de Auschwitz, se encuentra la atribuida al poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”, y aunque la memoria de hechos luctuosos horrendos me taladre el alma, considero que hay que recordarla para no caer en los mismos errores, por eso, evoco dos graves sucesos ocurridos en el mes de noviembre y que marcaron nefastamente el destino de nuestra patria.

El primero de ellos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, con posterioridad a un proceso de paz iniciado por el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas con los alzados en armas, entre éstos, con el grupo guerrillero M-19, el que a sangre y fuego asaltó el Palacio de Justicia, en una acción demencial, coincidente, con el análisis que realizaban los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del tratado de extradición y con las amenazas que a éstos les habían efectuado los denominados “extraditables”, según denuncias que ellos habían formulado. Se trató de una toma bárbara, violenta, que arrasó las instalaciones de la justicia, secuestró a más de 350 personas y le costó la vida a más de 60 personas inocentes, encontrándose entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de excelsas, inigualables e irremplazables condiciones y méritos. Esa reprochable e incalificable acción del M-19 afectó la institucionalidad, el balance de poderes y la vida de los colombianos, marcando el declive de la administración de justicia, propósito que  justamente sirve a puntuales y determinados sectores políticos.

El llamado Movimiento M19, desde la anunciada campaña publicitaria que le antecediera, se conoció como un grupo subversivo que inició su accionar con el robo de la espada de Bolívar. En su trasegar se encuentran otros sangrientos eventos, como el asesinato al líder sindical José Raquel Mercado; el secuestro a Gloria Lara, de quien se conoció después el trato inhumano y torturador al que fuera sometida y quien perdió la vida en poder de ellos; más de quinientos colombianos secuestrados, la mayoría de ellos con fines extorsivos, como el de Camila Michelsen, la hija del banquero mas importante de aquellos años. Y, por supuesto la toma de la Embajada de la República Dominicana en la que siempre se dirá pagaron cuantioso rescate para liberar a los embajadores secuestrados. También fueron los autores del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. 

El otro grave evento a recordar aconteció el 2 de noviembre de 1995, cuando se cometió el magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), destacado líder conservador, promesa de guiar al país por la senda republicana del respeto, la autoridad y la primacía de los principios. Lamentablemente pudieron más los intereses ocultos de los asesinos que le segaron su vida en un execrable asesinato cometido a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, la cual ayudó a fundar. Al dolor de su pérdida se une la tristeza de que han transcurrido 26 años de su asesinato y a hoy el crimen permanece en completa impunidad. Quien tanto abogara por la justicia hoy inmerecidamente tiene en ella la más completa injusticia, pese a los esfuerzos de su familia para el esclarecimiento de la verdad. Lo que se conoce es que se acude a todas clase de artimañas para desviar la investigación. 

Son dos hechos de gravedad extrema, que no podemos dejar en el olvido, máxime cuando siendo lo obvio y lógico que el Estado Colombiano persiguiera y judicializara de manera ejemplar al grupo terrorista que causó el Holocausto del Palacio de Justicia, hubiera optado por esa absurda y extraña generosidad que motiva a los líderes de antaño y de ahora a conceder inmerecidamente amnistías y perdones, lo que conduce a un imaginario social que deslegitima y transforma la realidad. El Presidente Virgilio Barco Vargas, desconociendo aquella máxima predicada por Sir Winston Churchill “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación  y con la guerra”, aperturó el inició de entrega de perdones y olvidos, inmerecidos por cierto, a los integrantes del grupo subversivo. Ese es por cierto el antecedente de la Ley 77 de 1980, cuando infortunadamente le dieron a las atrocidades de esos individuos el alcance de ser tenidas como  “delitos políticos”. Qué absurdo el que se cometió y que hoy se sigue replicando, sin que el pueblo colombiano conozca justicia diferente a que con sus impuestos, que no con dineros de los victimarios, se indemnicen a las víctimas.    

Pero la mayor generosidad y entrega jamás vista en anteriores procesos de paz fue la negociación hasta hoy fallida del Acuerdo de Paz de la Habana. Ya han transcurrido cerca de 5 años de su firma y no solamente se desconoce la verdad, sino que ausente se encuentra la reparación y la no repetición. Tampoco a la fecha de esta columna se conocen condenas a ninguno de los autores de atroces crímenes, pero sí gozan de todo tipo de privilegios. Quizás, quienes celebran los procesos de “paz” borran de su memoria el fracaso de los acuerdos, por eso la historia se repite, sumiendo al pueblo colombiano trabajador y honesto en una prolongada crisis.

Los gobiernos que así han procedido no sólo se arrodillaron, expusieron al país a un futuro oscuro y espinoso. Es una paradoja observar que quien como miembro del grupo subversivo M19 trastornó gravemente la institucionalidad del país, hoy pretenda ser el regente del mismo y ocupar el solio presidencial. Recordar eventos pasados nos sirve para mantener activa la memoria, a la vez que nos permite pensando en el pasado planear nuestro futuro. No podemos ser “desmemoriados”.