Mes: febrero 2022

La actuación de Piedad Córdoba, según el relato de su exasesor, considero, tipifica como un delito de traición a la patria Aunque parezca que proviene del imaginario, coincidencialmente a pocos días del primer aniversario de fallecimiento de Herbin Hoyos Medina, valiente locutor y periodista, creador de “Las voces del secuestro”, auténtico batallador por la libertad de los secuestrados y quien mantuvo el único vínculo con estos para que no perdieran la esperanza, pareciera que desde el más allá, que nosotros llamamos cielo, continúa su lucha por ellos, ahora para develar el verdadero rol que cumplió Piedad Córdoba durante el tiempo en que actuó como negociadora para la liberación de quienes padecían el tortuoso delito del secuestro por el entonces grupo terrorista de las FARC.

Y es que fue, nada mas ni nada menos, el asesor de comunicaciones y, aparentemente hombre de confianza de Piedad Córdoba, Andrés Alberto Vásquez Moreno, quien dio a conocer que ella tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones y las manejaba de conformidad con la jerarquía. De igual manera en esa declaración corrobora lo que siempre se supo y la Corte Suprema de Justicia ignoró: que Piedad Córdoba y Teodora, la guerrillera mencionada en los computadores de Raúl Reyes, eran la misma persona.

Agrega el señor Vásquez que la exsenadora aprovechó su cercanía con el régimen de Hugo Chávez para manipular con fines políticos los tiempos de liberación de los secuestrados, especialmente el relacionado con Ingrid Betancourt. Explica que la prioridad de la “mediadora” en ese momento era su carrera política, pues esperaba poder ser elegida presidente de Colombia, y, además, congraciarse con Chávez, personaje nefasto de la reciente historia de Latinoamérica. Él quería en ese momento aumentar su popularidad con miras a un plebiscito, lo que pretendía lograr con la entrega de los secuestrados a él. Conducta de uno y otro que de manera enfática y airada hubiera sido rechazada y protestada por Herbin Hoyos. Desafortunadamente él ya no está con nosotros, por lo que en su nombre alzamos la voz contra ese calculado y deshumanizado comportamiento de Piedad Córdoba, con el que prorrogó el dolor en las víctimas de ese execrable crimen, pues, según lo dicho por su exasesor, Piedad Córdoba, Teodora, no tuvo compasión ni respeto por los secuestrados, cuya liberación estaba encargada de gestionar. ¿Por ventura ese actuar influiría en la pérdida de su visa americana?

En una de las comunicaciones del secretariado de la FARC, divulgada por Verdadabierta.com, se anota que el jefe guerrillero “Joaquín Gómez”, le escribió a sus camaradas aceptando la propuesta, al parecer, de ‘Iván Márquez’, de entregarle al excongresista Oscar Tulio Lizcano a Piedad Córdoba, pero luego de ciertos procedimientos para que, a su juicio, “no aparezca la entrega como tan regalada”. Y agregó: “Eso sí, mientras mas rápido mejor, para evitar que la inoportuna muerte llegue y se lo lleve, dejándonos las “manos vacías” y una serie de problemas. Mientras que ahora podríamos capitalizar políticamente a favor nuestro la entrega, y de paso, darle fuerza a piedad (sic) para los planes presentes y futuros”.

En diálogo en “Vicky en Semana” el general Mendieta, Jhon Frank Pinchao, Armando Acuña y Jaime Felipe Lozada consideran que las afirmaciones del mencionado exasesor eran ciertas. En ese mismo sentido se expresan Ingrid Betancourt y Marc Gonsalves, este, ciudadano norteamericano secuestrado, quien, según da cuenta rcnradio.com, manifestó:“Yo creo que los pronunciamientos del asesor de Piedad Córdoba son verdaderos. El presidente (Álvaro) Uribe y el glorioso Ejército de Colombia hicieron que fracasara ese plan siniestro. El bien sí triunfa sobre la maldad”.

La reacción de la exsenadora no se compadece con las acusaciones que se le formulan, pues, su explicación corre a dejarse ver como víctima, alegando ser perseguida política, así como por ser mujer, negra y de izquierda, a la vez que descalifica al testigo. Esto hace pensar que buscará en el futuro asilo, cuando lo que le corresponde, como un mínimo, es entregar su versión.Empero, lo que han dejado saber los medios de comunicación es que en rebeldía a la citación que le hiciera la Corte Suprema de Justicia respondió que no comparecería ante la jurisdicción por encontrarse en actividad electoral, acto de desconocimiento a la institucionalidad del país que resulta inexcusable en quien pretende ejercer, con el favor popular, el cargo de congresista. Ningún colombiano, por importante que sea, puede estar por encima de la ley y Piedad Córdoba no debe ser la excepción, máxime que, dadas sus pretensiones, es llamada a dar ejemplo de respeto y acatamiento a la justicia.

El Código Penal Colombiano en su artículo 457 contempla el delito de traición a la patria. La actuación de la señora Córdoba, según el relato de su exasesor, considero, tipifica ese ilícito, en cuanto confiada a ella la mediación para obtener la libertad de los secuestrados abusó, y en qué forma, en su desempeño. Esos hechos los dio a conocer el entonces procurador Alejandro Ordóñez y originaron la sanción que se le impuso, la que demandada ante el Consejo de Estado dio lugar al pago de una millonaria indemnización, con nuestros impuestos, a Piedad Córdoba. ¿Será esa la lucha por los intereses del pueblo colombiano?Como un reconocimiento a la labor transparente y efectiva de Herbin Hoyos Medina le compete a la justicia esclarecer el real papel desempeñado por Piedad Córdoba y a nosotros controlar, en todos los campos, que se nos diga la verdad verdadera y que Piedad Córdoba no encuentre en su aspiración al Senado por la lista del Pacto Histórico, un modo para eludir la justicia.En la traición de Piedad Córdoba se cumple la frase célebre del escritor español Antonio Machado:

«En el análisis psicológico de las grandes traiciones encontraréis siempre la mentecatez de Judas Iscariote

Si extrapolamos la frase que acuñó Cayo César Julio respecto a que no solamente se debe ser sino parecerlo, refiriéndose a su esposa Pompeya, la que, al parecer, no había cometido acto impuro por su presencia en una Saturnalia, orgía permitida a las damas de la aristocracia, pues solo había asistido como espectadora, encontramos que la actitud que se debe guardar frente al cargo que se ostenta debe ser de pundonor, corrección, compostura que los buenos ciudadanos Colombianos echamos de menos frente a la situación que se presenta al interior de la Registraduría Nacional.

En efecto, la realización de elecciones libres y transparentes, como fuente de legitimidad de quienes van a regir los destinos de un país, constituyen la demostración de una sociedad democrática, de donde corresponde a quien funge como Registrador actuar con total transparencia, de donde inconcebible resulta que a escasos meses del comienzo de las jornadas electorales para congresistas y presidente de la República adelante una contratación abreviada, a dedo, para los servicios de auditoría externa de estos procesos. Cambiar las reglas del juego a estas alturas resulta bastante controversial y sospechoso.

A este hecho inquietante y preocupante se suma que, a comienzos de enero del presente año, según denuncia de Noticias Uno, se conoció que el registrador solicitó la renuncia de los delegados y registradores especiales y auxiliares. De ellos, 66 presentaron la carta de dimisión. ¿A qué obedece este cambio cuando están cerca las elecciones? ¿Por qué la Procuraduría General de la Nación ha guardado silencio ante esta extraña situación? Cuando se trata de evitar un eventual fraude y de blindar el proceso electoral esas novedades ponen en duda que se respetará la voluntad popular.

Se suma a lo anterior que se haya aprovechado la temporada decembrina para las comentadas “innovaciones”. Cuando todo el país estaba distraído en la celebración de esas festividades se presentó la mencionada adjudicación por la cantidad de 27 mil millones de pesos, tal como lo recoge la resolución No. 17.385 de diciembre 29 de 2021, expedida por la Registraduría Nacional. A ese proceso le antecedió una licitación declarada desierta porque no se recibieron propuestas, según resolución 13.568 de 19 de noviembre de 2021. Se supo que se formularon objeciones al pliego por parte de Indra Colombia SAS, del señor Marco Emilio Hincapié Ramírez en su condición de miembro del Comité Nacional Electoral de Colombia Humana y de Katia María Alvarado Martínez, Procuradora 25 para la Conciliación Judicial.

Cuando el país se apresta para unas elecciones que tienen al país al borde de un ataque de nervios por el peligro que corre la democracia, se agrava la situación al enterarnos de que el conteo de los votos no correrá por cuenta de un ente público como es tradición sino por cuenta de una compañía extranjera. En principio esto es totalmente contrario a la seguridad nacional. La adjudicación a la española Indra complica y agrava el diagnóstico para la nación.Y como si lo dicho fuera poco, se conoció la reciente manifestación de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. Ella, en reunión con la Canciller colombiana le informó de los riesgos que corre el país frente a las elecciones venideras. Según la dignataria “buscarían incidir en el proceso”. Es lastimoso que esta información no haya sido ampliada y documentada.También se produce, acertadamente, el reclamo puntual del expresidente Andrés Pastrana quien desde su cuenta de Twitter pide al Registrador y al Consejo Nacional Electoral aclarar al país “los motivos de la sospechosa reunión de Petro hoy (3 de febrero) en Madrid con el presidente de Indra”.Inexplicablemente Petro, sin ser destinatario, respondió pronta y ofensivamente confesando que sí hubo la reunión, e indicó: “… Pero ¿cómo así que no puedo hablar con Indra?, entonces, ¿la ley que ordena la auditoría sobre el software se la pasan por la faja?, ¿no quieren que auditemos?, ¿cómo se va auditar si no se relaciona uno con los que están haciendo el software?” Absurdo y abusivo. ¿Es que acaso la reciente reunión del Registrador con Gustavo Bolívar y María José Pizarro no le fue informada? Como consta en video se trató de una reunión suspicaz y excluyente de los demás partidos colombianos. Está muy mal que a espaldas del país se hayan dado estas dos reuniones, y mucho más ahora cuando se conocen los serios cuestionamientos que se le han formulado a esa empresa. Todo parece estar rodeado de un ambiente de oscuridad y fétido olor.En medio de esta tormenta que puede desembocar en un tsunami devastador y sin que haya por ahora posibilidad de suspender ese proceso, Indra da a conocer que ya está alistando el software que se utilizará en el escrutinio. Dejó saber que estos programas pertenecerán a la organización electoral colombiana. Esto no es correcto. Con una lectura “maliciosa” se corrobora que en la práctica se contrató la operación del sistema, pero en el fondo, en el entendimiento común, el programa de cómputo será de ellos y solo se contrata la aplicación. Y esto queda claro al expresar la firma española que “el software de escrutinio contará con una infraestructura hardware ubicada en un centro de datos (datacenter) en Colombia, de última generación, con las máximas medidas de seguridad”.

Hoy se encuentra pendiente de revisión por la Corte Constitucional la reforma al Código Electoral. En su momento la Sala Plena estableció que las próximas elecciones se pueden desarrollar con las actuales reglas electorales que datan de 1979. Por ello no estimó conveniente declarar ese análisis de urgencia nacional. Sigue vigente el término para la revisión que es el presente mes. Si hay demora esta sustancial reforma no podrá entrar en vigencia, lo que complica aún más el panorama electoral.Los partidos políticos y especialmente los candidatos a ocupar escaños en esta elección deben participar activamente y acreditar testigos electorales que vigilen de cerca el proceso. Pero lo más necesario es que demanden que el preconteo, el cual se convierte en escrutinio previo a boca de urna, tenga todas las garantías y seguridades, que el formulario E14 que transmitan sea finalmente el que se escrute. Y, por último, que el escrutinio final cuente con la participación de abogados acreditados por los partidos. Hay que tener presente que hacia 1860, en Colombia, se acuñó la perenne frase “el que escruta elige”, y dados los antecedentes nos compete a los colombianos ejercer un serio y debido control.