Mes: mayo 2022

Si bien toda elección presidencial es importante y, en su momento, definitiva, lo cierto es que la de mañana será absolutamente crucial para el fortalecimiento de la democracia colombiana, hoy más que nunca amenazada. La actual campaña no tuvo la trascendencia y la integridad requeridas, aunado a un exceso de cuestionables encuestas, las cuales habrá sin falta que reglamentar en el futuro. Creemos en el voto responsable que cada uno de nosotros debe depositar. El voto es secreto y tiene que ser decidido en conciencia, no por imposición ni manipulación, ni tampoco por estar con el candidato que indiquen las encuestas.  Presento un breve análisis de los principales aspirantes, con el objetivo de colaborar  a decidir de la mejor manera.

Empecemos con el candidato Gustavo Petro: Su campaña se inició con anticipación a la de los otros candidatos, en una conducta que lo caracteriza, la falta de respeto a la ley. Una pregunta obvia ronda el ambiente ¿Si no cumplió sus promesas como Alcalde de Bogotá, puede creerse que sí lo hará como presidente? Es objetivo decir que quien no pudo con lo menos, lógicamente no podrá con lo más. El sociólogo Efraín Sánchez, el 19 de octubre de 2015, al hacer el balance de la Bogotá Humana, entre otras, anotó “Entre las metas y promesas con alto riesgo de incumplimiento, las más notorias se refieren a movilidad, educación, salud y vivienda”, entonces, puede decirse que para ganar la simpatía de los votantes viene acudiendo al populismo, en una de sus fortalezas, su versatilidad, así dice lo que la gente quiere oír, pese a saber que son ofrecimientos y promesas imposibles de cumplir. Por ejemplo, el realismo mágico implícito en la construcción de un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla.

Sus propuestas económicas, como lo dijera Hernando Zuleta “son atractivas, pero poco viables e incluso indeseables”; agrego que nos conduciría al caos: desde intervenir el Banco de la República, con las nefastas y previsibles consecuencias que ello tendría, especialmente en materia de inflación, hasta apoderarse, literalmente, de los fondos privados de pensiones pasando por acabar con la extracción del petróleo. El señalamiento de que el carbón, el petróleo y la cocaína producen violencia, muestra como este candidato equipara la legalidad con la criminalidad, con olvido de que la cultura de la legalidad es indispensable para la vigencia del Estado de Derecho.

Pero más allá de los desatinos señalados, lo más grave de Petro es su talante vociferante y provocador, sus amenazas a todos los estamentos del país y su inmensa capacidad de tergiversar la verdad sin ningún escrúpulo. Su discurso es de odio y polarización, se ha rodeado de personas cuestionadas y ha inventado amenazas y golpes de Estado, entre otras cosas, para enardecer a sus seguidores. ¿Qué sería de este país si llegase a la presidencia?

Sergio Fajardo: es el candidato de la coalición Centro Esperanza. Anteriormente, en 2010, fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus. Ha sido Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia. Es un candidato de centro. En el informe de evaluación 2006 del proyecto Medellín cómo vamos se identificaron durante su mandato avances en la calidad de educación, en cobertura en salud y disminución de la violencia. Los números de intención de voto por este candidato se redujeron notablemente, quizás por las investigaciones que se realizaron y por los ataques inclementes que le formulara otro candidato a la presidencia, que al decir de la senadora Isabel Zuleta “nosotros decíamos ‘ya a Fajardo lo quemamos’ y fue una tarea dura hasta la Procuraduría y Contraloría (…)”.

Lado positivo: el resultado de su administración, su visión del país y sus propuestas  y soluciones a los problemas con sentido real.

Rodolfo Hernández: Muchas de sus propuestas han sido calificadas de populistas, riesgosas e incluso autoritarias. Poco realizables resultan algunos de sus programas, como el de manejar por decreto “las chequeras para que no despilfarren los recursos públicos en lujos de los politiqueros”; además, realiza afirmaciones sin sustento alguno. Su estrategia política se compendia en los decretos que afirma dictará, pero, quizás, como sucedió con su gestión como Alcalde de Bucaramanga se trata de crear expectativas que luego no cumple, por ejemplo, su proyecto de infraestructura y vivienda. Actualmente cursan en su contra investigaciones penales por presunta corrupción en el contrato conocido como Vitalogic. También se adelantan averiguaciones disciplinarias. Todo un contrasentido frente a su discurso anticorrupción. Utiliza un lenguaje vulgar que no es de recibo en un aspirante a la presidencia de una nación. Ha estado negociando alianzas con otros candidatos.

A su favor tiene el haber sido un empresario exitoso y haber reducido a 0 el déficit fiscal en Bucaramanga.

Federico Gutiérrez: Ante la ausencia de argumentos para oponerse a su candidatura, sus contradictores le tildan, equivocadamente de uribista y, si se quiere, de mala fe. Valga anotar tan solo dos hechos que prueban esa afirmación, en las elecciones a la alcaldía de Medellín en 2015 derrotó al candidato del Centro Democrático y en el plebiscito por los Acuerdos de la Habana voto sí. Fue concejal y Alcalde de Medellín. Su campaña carece de una adecuada estructura y por el camino ha tenido que recomponer las cargas. Habla un idioma que encanta a los jóvenes pero molesta algo a los viejos; evita las confrontaciones y se le conoce como una persona “bacana” y resiliente. Se ha mostrado muy cercano a los ciudadanos, teniendo mucho contacto con la gente común de una manera que ningún otro candidato lo ha hecho, ni siquiera Petro, pues él no se baja de la tarima desde la que pronuncia sus discursos. Ha presentado una amplia propuesta de gobierno que cubre todos los temas importantes, bajo el lema “Orden y oportunidades para reducir la pobreza y construir un país desde las regiones con la gente”.

De su gestión en la alcaldía da cuenta el margen de favorabilidad de su gobierno, 85.8%, además del reconocimiento por hacer de la seguridad su bandera, el apoyo para el crecimiento de la educación y la creación de empresas, entre otras.

Enrique Gómez Martínez: es el candidato de Salvación Nacional, partido que fundara Álvaro Gómez Hurtado, de quien es sobrino. Se encuentra a la derecha del espectro político. En cuanto al candidato, siendo abogado, está muy preparado y tiene amplia experiencia en derecho civil, comercial y administrativo y ha sido asesor corporativo y litigante. Presenta como bandera una reforma a la justicia sin duda necesaria. La gran prensa le negó completamente el acceso durante los primeros meses de campaña, como también sucedió actualmente con los debates a los cuales no se le invitó.

El acuerdo sobre lo fundamental es la apuesta de este candidato.

De los candidatos mencionados y de aquellos que están en la contienda electoral se elegirá el próximo presidente de Colombia. La Registraduría tiene el deber y la obligación de no cometer yerros en la salvaguarda y defensa de los votos, debe darle total transparencia al proceso y su interés debe ser únicamente la protección de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso, sorprenden los serios reparos que se le formulan a la inscripción de testigos electorales por las campañas y su acreditación por la Registraduría. Aún se cierne la inseguridad y la incredulidad originadas por las diferencias que se presentaron en las pasadas elecciones legislativas entre el preconteo y el escrutinio, las que aún no han sido válidamente explicadas.  

En conclusión, es tiempo de reflexionar y votar en conciencia para lograr el país que todos deseamos. El cambio debe ser para mejorar que no para caer en el vacío, como venimos observando sucede en países vecinos. Después será tarde y no podremos decir que no estábamos advertidos.

Bogotá, D.C. mayo 28 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Las elecciones libres, equitativas y transparentes, entre otras, constituyen mecanismo idóneo para satisfacer los fines de la democracia. Sin embargo, con dolor de patria, los colombianos venimos siendo testigos de cómo esos conceptos andan perdiendo su objetivo, arrojando desconfianza e incertidumbre en el pueblo sobre los procesos electorales que se adelantan. Afirmación que encuentra pleno sustento en lo ocurrido en las elecciones legislativas, creando un ambiente de incredulidad y temor por el papel que desempeñó la Registraduría Nacional del Estado Civil y su director Alexander Vega, el que lamentablemente se mantiene frente a las presidenciales, porque no se vislumbran reales correctivos que permitan otorgar seguridad a los colombianos de que su voto será el que va a definir quién va a dirigir los destinos del país. A la fecha, pasados ya dos meses de los comicios,  no se ha entregado el escrutinio final que acredite a los senadores escogidos.  

Como se recordará, inicialmente el Pacto Histórico dejó saber de 500 000 votos que no le habían contado. Posteriormente, ya en medio de los escrutinios, el señor registrador entregó un informe de auditoría que da cuenta de las fallas en que se incurrió, erigiéndose en hechos graves en 5109 mesas. Esto le llevó a instaurar quejas disciplinarias y una denuncia penal en contra de los jurados que señaló como implicados, las que se encuentran aún en su etapa inicial. En su informe indicó la Registraduría que se encontró una diferencia de un millón veintiséis mil votos entre lo informado en el preconteo y el escrutinio. Circunstancia que acusó mayor crisis cuando la MOE (Misión de Observación Electoral) expresó que esa diferencia era de 1.500.000 votos.

En la medida en que se fueron conociendo y denunciando irregularidades el Registrador y el propio Presidente de la República manifestaron que se debería hacer el reconteo de los votos para el Senado de la República, con el “fin de dar transparencia al proceso electoral” dijo el primero y con el propósito de dar confianza, expresó el segundo. Pero el registrador reculó por completo cuando, reunida la Comisión de Garantías Electorales, consideró que los partidos no sustentaron la posible existencia de un fraude. Responsabilidad política, ninguna.

Toda esa situación, sin precedentes en la historia reciente del país, ha dado lugar a que varias voces soliciten la suspensión del Registrador o el nombramiento de un registrador ad hoc para que dirija el próximo debate electoral del 29 de mayo, para escoger el nuevo presidente de la República. La desconfianza que ha generado la autoridad electoral, tanto Registraduría como el propio Consejo Nacional Electoral, provoca un impacto negativo en el electorado que, presenciando este grotesco espectáculo, puede optar por no concurrir a las urnas.

El gobierno, consciente de la gravedad del momento y en procura de remediar el caos advertido, el pasado 2 de mayo, por medio del Ministerio de Hacienda, autorizó el desembolso de 3 277 millones de pesos para la contratación de una auditoría internacional que vigile y garantice la transparencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Inicialmente se conoció que la firma alemana Dermalog haría esa auditoría, pero, desafortunadamente manifestó que por la premura del tiempo no se comprometían a hacerlo. A una semana del certamen electoral no se sabe si se hará la contratación, y menos aún a quién y cómo se le adjudicará, lo que de suyo podría significar que no se logrará el cometido para el cual se aprobó ese costo.

La organización de las elecciones, su dirección y vigilancia corresponde constitucionalmente a la registraduría y al CNE, de donde están en la obligación constitucional y legal de velar por la limpia y transparente realización de las elecciones como garantía de un correcto funcionamiento del sistema democrático. Hoy todos los ojos miran hacia esas dos entidades, y particularmente al Sr registrador Alexander Vega, quien tiene el compromiso de rescatar la legitimidad de la institución y garantizar a los colombianos que será la ciudadanía la que elige a su gobernante, sin la presencia de las anomalías acaecidas en la pasada elección, ni de ninguna otra. Que todos los partidos políticos y movimiento tendrán igualdad de posibilidades de conectarse al sistema para que, con los auditores que designen, vigilen y supervisen que no se vaya a presentar ninguna manipulación informática que altere los resultados. Es el momento del Registrador de reivindicar su cuestionada labor electoral.  

Por supuesto, a una semana de llevarse a cabo la primera vuelta en la elección presidencial también cobra vital importancia y trascendencia cumplir con nuestro deber con la democracia como es votar. No podemos llamarnos a engaño, la expresión máxima y esencial de la democracia como forma de gobierno se soporta en el voto. Hoy, cuando el ambiente se encuentra caldeado, más que polarizado, es relevante recordar a Abraham Lincoln cuando sentó perenne posición en su frase  “Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”. Una masiva votación ayudará a la transparencia de la elección.

No importa cual sea el candidato de la preferencia del votante, lo trascendental y crucial es votar. La democracia requiere para su supervivencia que los ciudadanos particularmente en esta difícil elección participemos. Sin ninguna duda debemos vencer la abstención.

Cuando ya concluyen las posibilidades de las firmas encuestadoras de hacer sondeos y mediciones cobra más vigencia la decisión libre y responsable. Para ello, en la semana que resta es deber ciudadano evaluar las propuestas y programas de los candidatos a ocupar el sillón presidencial. A través de variados medios se tratará de influenciar el voto para que sea por el candidato de su preferencia, pero, siempre será más satisfactorio y gratificante decidir autónomamente.

Es relevante pensar que los riesgos palpitan cuando es claro que en el escenario convergen, particularmente, dos tipos de ideología. Una representada por candidatos defensores de la democracia y otra amiga de los regímenes dictatoriales. Debemos entonces pensar, con Heinrich Karl Bukowsky, nacido en Alemania pero cuya vida transcurrió mayormente en los Estados Unidos: «La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes.»

Es por ello fundamental en las elecciones que se avecinan votar por quien verdaderamente sea apto para desempeñar tan difícil cargo como es conducir los destinos de una nación.

Bogotá, D.C. mayo 21 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Observando los últimos acontecimientos y particularmente la decisión que el pasado martes 10 de mayo adoptó el señor Viceprocurador General de la Nación (E) Dr. Silvano Gómez Strauch, recordé que Maquiavelo escribió “Con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que, por excesiva clemencia, permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas”, ello, porque sin duda, la conducta asumida por el señor alcalde de Medellín debe ser investigada, las presuntas actuaciones configurativas de falta disciplinaria atribuidas al mencionado funcionario público justamente fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público por parte de un informante y un quejoso, a más de otros presuntos comportamientos que “guardan conexidad con los hechos materia de dichas actuaciones”, que oficiosamente asumió, actuar que no podía ignorarse dada la influencia que ese actuar puede ejercer sobre las identidades sociales y el esquema institucional. El proceso se distingue con los radicados US E 2022-154858 – IUC D- 2022-2342990.

Y, la correspondiente decisión de suspensión resulta ajustada a los deberes de la Procuraduría General de la Nación al encontrar apoyo probatorio de supuestos procederes prohibidos por la ley, como surge de lo dicho por la senadora electa por el Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien reconoce que el alcalde Quintero está «haciendo parte del Pacto Histórico » y que lo está «apoyando». También se cita a Gustavo Bolívar en referencia a un twitter del alcalde sobre «#Elcambioenprimera» que implicaría un acto de intervención en política, como evidentemente se infirió por los cibernautas de esa red.

Entonces, amplia y bien soportada es la actuación que puede consultarse en el siguiente link https://bit.ly/3FGfjr9, la que concluye con el análisis y las consideraciones de la procedencia de la suspensión provisional del cargo como medida precautelativa. Hablamos, por supuesto, al alcalde de Medellín. En la investigación se hizo uso de la facultad conferida por el artículo 217 del Código General Disciplinario, con la finalidad de que el funcionario de marras no pueda interferir en el trámite investigativo.

La decisión es acertada ya que el alcalde de Medellín ha venido participando en política en forma desbocada, abierta, manifiesta. Se utiliza  esa determinación para “victimizarse” y buscar tanto él como el candidato Petro beneficios políticos. Pero debe ocurrir todo lo contrario. La mayoría de los colombianos pretendemos que nuestros gobernantes den ejemplo de acatamiento y sometimiento a la ley en el ejercicio del poder, luego, conductas contrarias significan un suicidio político, como le puede suceder a Daniel Quintero.

Como uno de los argumentos más socorridos para atacar esa resolución es el desconocimiento a la Constitución y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos, debe señalarse que dichas manifestaciones no son más que otra argucia para engañar al pueblo. Una simple lectura al numeral 6 del artículo 277 de la Carta Política y a la sentencia de la mencionada Corte, contradicen esas aseveraciones. La Procuraduría es competente para vigilar la conducta de los funcionarios públicos y adoptar las medidas y sanciones pertinentes. La Corte abordó el tema de destitución de quienes son elegidos popularmente, que no su suspensión, luego su decir es una falacia.

Se anticipa que el suspendido dará inicio a la tutelatón que tanto le gusta, tal y como lo hizo para impedir el proceso de su revocatoria. Actuará seguramente ante la Comisión Interamericana tratando de conseguir una medida cautelar y de seguro acudirá a que su caso es parecido al de Gustavo Petro cuando fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez, empero, como lo saben muchas diferencias existen entre destitución y suspensión.

La destitución es sanción, la suspensión una medida precautelativa; la primera es definitiva, la segunda es temporal y, además, acatando lo dispuesto por la Corte Interamericana se expidió la ley 2094 de 2021, atribuyéndole jurisdicción al Ministerio Público, facultad de la cual carecía para cuando se emitió el fallo de destitución de Petro. Si algo se tiene claro es que debe existir siempre una autoridad competente para que en ejercicio de sus funciones pueda suspender a quien incumpla las suyas en el ejercicio de su cargo, sea o no de elección popular.

Ahora bien, en nuestro país , donde se acostumbra participar en olimpiadas críticas de todo y por todo, llovían críticas a la Procuradora por su falta de actuación. Y ahora, que la entidad que dirige adopta medidas, esas mismas voces y otras más sientan posición negativa y señalan que la suspensión permitirá que se victimice al sancionado y, de contera, que se favorezca al candidato de la extrema izquierda.

Bien dice el adagio: “bueno es culantro pero no tanto”. Sea lo primero decir que acertó el Viceprocurador(E) al suspender a Daniel Quintero, figura que, se espera, sea adoptada también contra otros funcionarios que vienen haciendo lo mismo que él en forma abierta y descarada.

Las exageraciones incendiarias del candidato Petro y del propio afectado, quienes han hablado de un «golpe de estado», son por completo absurdas, descabelladas. Al final, se trata de un duro golpe, pero es un golpe en derecho. “Durum est lex sed lex est”.

Pero lo que sí es alarmante y preocupante es el equivocado llamado que hicieron el candidato Petro y el funcionario suspendido, a través de Twitter, a una movilización, la cual, a la postre, tuvo escasa participación. El llamado a la «resistencia democrática» fue un completo fracaso.

Por el término de la suspensión le corresponde al señor Presidente de la República nombrar su reemplazo, para lo cual es autónomo y al no existir ya el «movimiento independiente», que por firmas inscribió la candidatura de Quintero, no hay quien postule aspirantes. Por ello, el señor Presidente escogió como alcalde encargado al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo.

Condolencia: Con tristeza y mucho pesar debo registrar el triste fallecimiento de Doña Helena Baraya de Ospina, destacada patriota, mujer incansable preocupada en todo momento por su Patria. La homilía en sus honras fúnebres recogió su destacado papel como cabeza de la familia pero lo más impactante,  que ojalá se haga pública su carta de despedida de este mundo,  pieza de antología. A su familia y amigos extendemos nuestras condolencias.

Bogotá, D.C. mayo 14 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Ad-portas de que los colombianos elijamos a nuestro próximo líder, observamos que debemos reconducir las alternativas posibles para evitar adentrarnos en turbulencias que pongan el país al revés y rescatar el orden.

No resulta lógico, por ejemplo, que los avances que se dijo traía la Constitución de 1991 en la protección de los derechos de las minorías, quien lo hubiese imaginado, produjeran grave desorden institucional, un caos infernal que dificulta la gobernabilidad.

Así, vemos, que ni las fuerzas del orden ni la mayoría de compatriotas, entre otras, pueden ingresar a los resguardos indígenas, pero éstos sí están autorizados para asentarse en cualquier espacio del país, verbi gracia, los parques de Bogotá, realizar conductas que atentan contra la paz y el bienestar de sus habitantes, utilizando la autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, como el linchamiento de un conductor por la comunidad embera, o la delicada situación de orden público que se vivió en las inmediaciones del parque nacional de Bogotá.

Panorama que resulta más complicado al advertir que la democracia, entendida, entre otras, como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir sus representantes, al día de hoy se encuentra en la penumbra. No se ha aclarado aún lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas, en las cuales, según reporte de la MOE, se produjo una diferencia de un millón y medio de votos entre el preconteo y el escrutinio.

Este último, es claro, que no ha concluido por cuanto termina con la acreditación y entrega de las respectivas credenciales a los escogidos. Pero, una diferencia entre un 7 y 9 por ciento, cuando históricamente ha sido de entre 0.5% y 1% entre los dos reportes, nos alerta sobre la transparencia que debe regir en el conteo de la votación.

Esa elección ha sido entutelada a través de una acción que, en los vaivenes de los trámites de reparto entre el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso, se ha enredado, por no decir que se ha frenado, como en otras instancias ha ocurrido con la revocatoria de mandatarios locales.

Continuamos con las “armas” utilizadas en campaña por algún candidato presidencial, precisando que, cualquier amenaza de muerte, venga de donde viniere, y sea contra quien fuere, debe ser enérgicamente rechazada. Sin embargo, la coincidencia entre la amenaza en cuestión y la manifestación del abogado Miguel Ángel del Río, respecto de que infiltraron la campaña de Federico Gutiérrez, lo cual ahora niega esa campaña a pesar del video de Revista Semana, siembra serias dudas de su existencia, más aún cuando tal manifestación ha sido anunciado repetitivamente en oportunidades anteriores por el mes de mayo y extrañamente ningún organismo del Estado, ni la propia Policía Nacional, en sus organismos de inteligencia, conocieran o sospecharan de la existencia de esa amenaza.Lea tambiénA usted, ¿ya lo encuestaron?

Lo que sí resulta evidente y debe explicar la campaña de Petro es quién autorizó la operación de personal extranjero, en este caso español, ya que se dice fueron ellos quienes dieron cuenta de la existencia de la supuesta amenaza. Si el Estado colombiano dota de un completo y robusto esquema de seguridad a este candidato y a su fórmula vicepresidencial inentendible resulta que tengan agentes extranjeros en una operación de apoyo. También los organismos nacionales competentes deben decirle al país si han autorizado esa intervención en nuestro territorio, ya que podría tratarse desde consultores y hasta mercenarios en actividad.

El campo judicial no se escapa de este trastorno. Se conoce una absurda decisión de la Corte Constitucional, sentencia C – 148 de 2022, según la cual, pese a no existir consenso sobre si los peces son seres “sintientes” considera que la pesca deportiva vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, por lo que debe prohibirse. No puede uno menos que preguntarse: estos magistrados, ¿dónde se formaron? Recientemente, ocultando la verdadera entidad del nuevo ser humano y de su estado, tuvieron el desatino de despenalizar el aborto hasta los 6 meses de gestación y ahora vienen a preocuparse por los derechos de los peces.

Esto nos corrobora el grado de inhumanidad al que han llegado.

Por su parte, el Consejo de Estado, en decisión unilateral del Consejero César Palomino, suspendió la extradición del peligroso narcotraficante Danilo Úsuga, alias Otoniel, cuando los organismos del Estado tenían fundadas sospechas de que se planeaba su fuga y, además, el Clan del Golfo había adquirido inmuebles cercanos a su lugar de reclusión, como lo dejó conocer el señor ministro de Justicia. Decisión que se reversó cuando la sala negó la tutela. Personajes de la oposición bajo la consigna de que “extraditaron la verdad”, guardan silencio respecto a la verdad que ocultan los congresistas de “Los Comunes”. ¿Por qué a éstos no le reclaman la verdad?

El ataque a las FFMM no cesa y nuevamente se presentó moción de censura al ministro de la Defensa, pretendiendo la oposición removerlo del cargo. Por fortuna primaron la sensatez y la verdad que tanto le molesta al senador Cepeda y la moción se hundió en una votación en la Cámara de Representantes de 28 a favor y 116 en contra. Lo ocurrido en el Putumayo en ese operativo produjo daños colaterales, cosa que ya ha ocurrido anteriormente, por la forma en que los narcotraficantes emplean a la población civil, esto es, como escudos humanos. De comprobarse en la investigación que hubo excesos pues que la justicia actúe, pero que no vengan a querer presentar una operación legítima del estado como “falso positivo”.Lea tambiénLa jugadita

Terminando la semana se conoció la decisión digna y valerosa del comisionado Carlos Ospina de renunciar a la Comisión de la Verdad por considerar que estaba siendo discriminado y estigmatizado al interior de ella. Él cree que este trato se debe a que es ex militar y a que hay un fuerte sesgo ideológico en la Comisión y al no compartir él las ideas predominantes sus aportes estaban siendo excluidos.

Así las cosas, cabe preguntarse ¿qué clase de informe final puede presentar una Comisión que ignora el punto de vista realista y ponderado de uno de sus miembros? Esto por supuesto puede ser resultar abrumador para las fuerzas militares, que, como es lógico y sabido, se han llevado la peor parte en este conflicto y demandan justicia.

Lo cierto es que la situación presentada con el hoy ex comisionado Ospina estaba más que anunciada. Siempre hubo muchas diferencias entre él y todo el resto de la Comisión, especialmente en el tema de los militares en el conflicto. Se ha dicho que, en el sentir de Ospina, ellos no enfocaban correctamente a los militares como víctimas por tener desde el comienzo una posición antimilitarista. En realidad, el punto de vista del ex comisionado resulta muy correcto si consideramos que el propio ministro Molano informó que 403.352 militares fueron víctimas en el conflicto.

Grave, muy grave este retiro que impone la pregunta: ¿qué podemos esperar los colombianos del informe final de esta Comisión de la Verdad? Este informe será cátedra obligatoria en los colegios y si primó un sesgo ideológico y político, ¿qué podrá suceder?

Y para concluir la sinrazón de las razones se conoció la condena al Estado Colombiano (léase pueblo colombiano) por la masacre de Bojayá, mientras los responsables de ese doloroso episodio que aún enluta al país gozan de los privilegios de ser congresistas. Como lo dijera Jean De La Bruyére “Hay algo en el mundo que es todavía más raro que los brillantes y las perlas: el buen juicio.”

@HenaoBernardo

Debo confesar que se han presentado algunas dificultades para completar este álbum. Hay algunas fichas que no se destapan, otras que aparecen a medias y algunas más que bajo la promesa de cambio resultan ser la misma. Entre éstas láminas se encuentran dos expresidentes, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos. Pese a que opinan que algún personaje se debe retirar de la política, pasar a un buen retiro, quizás, porque les incomoda, su presencia en esta colección hace ver que no actúan en concordancia al ser abanderados de la figura No. 1, Petro.                              

Ernesto Samper Pizano, protagonista de uno de los más vergonzosos episodios en la política del país, el elefante del proceso 8000, en el cual o por el cual aún hay trances muy oscuros que la justicia no ha querido esclarecer; hoy, siguiendo los dictados del foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, quiere reencaucharse como    «guardián» de la ética y la moral. Siempre será todo lo contrario.                                   Gracias a esa financiación delictiva logró ser presidente de la República entre 1994 y 1998. También fue secretario general de Unasur, organización creada por Chávez que resultó en el más estruendoso fracaso. La sociedad civil está en mora de aplicarle la sanción social del rechazo.

Juan Manuel Santos, conocido como estratagema y ganador del título de traidor. Llegó a su primera Jefatura del Estado con las banderas del expresidente Uribe y desde la misma posesión mostró su furtivo rostro. En su segunda gestión puso en ejecución su oculto verdadero programa como era llevar adelante los diálogos de paz con el grupo subversivo de las Farc, la que no se ha conseguido pero sí hizo posible, contrario a sus afirmaciones, poner a los peores delincuentes en el Congreso de la República, sin votación alguna, con total impunidad, sin haber respondido a las víctimas y, por supuesto, sin cumplir con todo lo pactado. Desde luego, cuando se profieran las sentencias en la jurisdicción confeccionada por y para ellos, solo irán a recoger frutas y guayabas como sanción de sus crímenes de lesa humanidad, cuando el DIH impone que sea en establecimientos carcelarios. Las circunstancias que rodean la entrega del inmerecido premio nobel se han ido conociendo y, en verdad, no honran al país.

Se visualiza la precedente estampa a través de uno de sus alfiles, Alfonso Prada, abogado, profesor y político, inteligente y astuto. Fue secretario de Luis Carlos Galán durante su campaña presidencial. Concejal de Bogotá, representante a la Cámara por el partido Verde, coordinador de la campaña de Santos para la reelección. Fue secretario general de Juan Manuel Santos. Su llegada al Pacto Histórico, como jefe de debate, representa la completa adhesión del santismo así lo haya querido desmentir. Desde que se posesionó salió con un rebuscado cuento de que Petro es una mansa ovejita, lo cual resulta imposible de creer, después de años inoculando odio y división.  Es tan difícil su papel de jefe de debate que no tuvo empacho alguno en salir a indicarle al país que Juan Fernando Petro, hermano del candidato, no estaba representando a la campaña, cuando se sabe que fue a La Picota a negociar la consecución de votos. La nariz le va a crecer más que la de Pinocho, personaje que inmortalizara el célebre escritor italiano Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini. En el pasado, fuertemente criticado por corrupción e incluso denominado ladrón por el lugarteniente de Petro, Gustavo Bolívar.

Hay otras las láminas que por el trasegar de sus figuras resultan muy complicadas. Tales, las de los denominados ex-Farc, hoy integrantes del movimiento Los Comunes, entre ellos, Rodrigo Echeverri más conocido por su alias de Timochenko y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, otrora líder de la temible Ruan (Red Urbana Antonio Nariño). Baste revisar sus prontuarios armados por la justicia ordinaria para corroborar su pasado criminal. Es que entre ex bandidos siempre se entenderán.  

Termino, aunque faltan muchas fichas del talante de las mencionadas, con una figura muy repetida, la de Petro. Desde el Pacto Histórico, les pidieron a los jóvenes (léase primera línea) no salir a las manifestaciones porque afectarían los propósitos electorales de su jefe. Curiosamente, pese a algunos desmanes, la “conmemoración” del violento, cruel y demoledor paro se llevó a cabo sin mayores desafueros. Entonces, válido es concluir quiénes fueron los coautores de lo sucedido hace un año. Petro, en su paso por el Congreso se destacó por los debates de la parapolítica pero ahora, en su última versión, a través de su hermano acude a éstos para obtener votos. También sorprende que, según se dice, sin asistir  a las sesiones del Congreso, continúe cobrando su sueldo, así como que no renuncie al Senado siendo candidato presidencial. ¿Transparencia, lucha contra la corrupción?  Vale recordar que como alcalde de Bogotá su desempeño fue calificado de pésimo. Su partido, Colombia Humana, integra hoy el Pacto Histórico con varios movimientos y partidos de izquierda. Su talante agresivo, por no decir violento, lo ha llevado durante la campaña a amenazar día tras día a diferentes estamentos del país. Su política económica parece fundada en los principios del caos. Se ha presentado en estado de ebriedad a eventos públicos y círculo un video que hace sospechar qué hacía. Hoy, no cabe duda, Gustavo Petro es el candidato del narcotráfico. Cinco hechos lo corroboran:

Primero, Gustavo Petro formaba parte del M-19 cuando esa organización terrorista tomó por asalto el Palacio de Justicia, en 1985, con el único objetivo de quemar los expedientes de los narcotraficantes. Posteriormente, el asesino confeso  Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, mano derecha de Pablo Escobar, reconoció que su “patrón” había financiado al M-19 para que llevara a cabo esa actividad (https://bit.ly/3ipGzze).

Segundo, en marzo del año pasado, Petro defendió la legalización de las drogas al declarar “Me parece una estupidez mantener la marihuana en la clandestinidad” (https://bit.ly/3ui1dHd). Ya antes, en noviembre de 2020, había escrito en su cuenta de Twitter: » Como el alcohol y el cigarrillo. Más peligroso para niños y jóvenes que la marihuana sea ilegal a que sea legal. “(https://bit.ly/3D1LY9q).

Tercero, Petro rechaza el uso de glifosato para acabar con los cultivos de coca. En noviembre de 2020, escribió en su cuenta de Twitter: “La aspersión aérea con glifosato es mortal, es solo una imposición del gobierno de EEUU capturado en sus agencias por intereses comerciales” (https://bit.ly/37S9lqt).

Cuarto, Petro propone un modelo cultural marxista para Colombia basado en el materialismo y en el relativismo, corrientes ideológicas que justifican, e incluso promueven, el consumo de estupefacientes para disfrutar el aquí y el ahora.  El candidato del Pacto Histórico se opone a la cultura cristiana occidental, aunque no lo confiese públicamente, y aunque haya ido a visitar al Papa para guardar las apariencias.

Quinto, acaba deproponer la creación de un organismo similar a la JEP para los narcotraficantes y ahora quiere otorgar Perdón Social.

Ustedes no deben participar, en manera alguna, de este álbum. Piense en el país y vote bien.

Bogotá, D.C abril 30 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión