Mes: julio 2022

Hoy nos agobia la tristeza. El deber de solidaridad impone que en las circunstancias actuales rodeemos a nuestra Fuerza Pública, es indispensable cuidar a quienes nos cuidan, demostrarles nuestro reconocimiento y gratitud por la labor que cumplen. Y es que el cuerpo policial, institución crucial e indispensable para la democracia y para la protección de los derechos y las libertades de los habitantes en Colombia,  viene siendo víctima de ataques irracionales y repetitivos, reviviendo épocas de dolorosa recordación, como ocurrió a finales de los años 80, cuando el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar ordenó múltiples ataques a la Fuerza Pública y, no contento con ello, ofreció dinero por la vida de los policías. Entre 1989 y 1992 murieron violentamente más de 500 de ellos y en la mayoría de los casos ni siquiera fue en operativos sino al entrar o salir de sus casas o en cualquier actividad de su vida diaria. Fue un período siniestro que ahora, lamentablemente, está de regreso por cuenta del Clan del Golfo, según informes periodísticos.

Se trata de un sangriento grupo narcotraficante, similar al del llamado «patrón del mal». Esta caterva está llevando a cabo un macabro «plan pistola» en contra de la Policía, el que ya ha cobrado la vida de al menos 36 uniformados, con un silencio sepulcral por parte de las ONG, los defensores de los derechos humanos y demás organizaciones similares. Con su criminal proceder, por completo absurdo, lo  que pretende es presionar al gobierno, hablamos del gobierno aún no entrado en funciones de Gustavo Petro, para obtener diversos beneficios, principalmente lograr una legislación que les sea más favorable que la actual y con precarias penas. 

Y se ha conocido que Roy Barreras e Iván Cepeda, senadores del Pacto Histórico, se encontrarían justamente procurando complacerlos. Hablamos de un proyecto de ley que en el marco de la Paz Total preconizada por Petro daría a este y a otros grupos del crimen organizado penas de 8 años a cambio de su sometimiento. 

¿Qué se puede decir al respecto? En primer lugar, es claro como el agua que la justicia confeccionada a la medida del criminal no funciona. A la vista de todos están los resultados del Proceso de Paz del gobierno Santos con su Justicia Especial que fue elaborada a la medida de las FARC, como quedó registrado por Rodrigo Echeverri más conocido entonces como Timochenko. Y es que la paz no se impone, se construye desde la única vía posible, la justicia sin atajos y sin premios a quienes han delinquido y han creado la tragedia, dejando a víctimas y a victimarios al mismo nivel.

No se ha hecho justicia. Los miembros de las Farc no solo no han sido condenados, sino que muchos de ellos gozan de privilegios, mientras que a las víctimas no se les ha resarcido. Contexto que, ante los compromisos que adquirió el entrante gobierno al celebrar el Pacto de La Picota, se mantendrá, pues no se evidencia factible que reconsidere este grave asunto. Comienza hipotecada a la mafia su gestión. Se reitera, no será posible lograr paz sin justicia y menos sacrificando a mansalva sin posibilidad de defenderse a los policías. Ese criminal proceder es la siembra de la semilla del odio, del resentimiento y de la venganza.

Grave  que se continúe por esa errada senda de otorgar beneficios al lumpen, lo que impone que los Colombianos no lo acepten y reaccionen oponiéndose por completo a esos seguros “diálogos”; un país que se dice civilizado no puede dejarse chantajear de esa forma y menos construir una política de sometimiento escrita con la sangre imborrable de los héroes caídos, sacrificados a mansalva, exclusivamente por tener la función de velar por el orden público y social. Y en ese acribillamiento de miembros de la Fuerza Pública no se ha respetado a la mujer, sin que, hasta ahora, los grupos feministas hayan rechazado el asesinato de las mujeres policías como si ellas estuviesen hechas de otro material. Dolor inmenso causa la partida temprana de las jóvenes agentes de policía Luisa Fernanda Zuleta y Leidy Sánchez Montoya. 

El gobierno Duque entrega positivo balance en el enfrentamiento al clan del Golfo. Probó que militarmente es posible dar de baja a sus principales cabecillas y lo mejor de su valiente actuación fue la extradición de alias Otoniel y ahora a Juan José Valencia Zuluaga, más conocido con el alias de falcón.

Y ese el camino que se debe seguir. No se debe permitir que la cultura de “ser delincuente paga” sea la que se imponga, no, por eso debemos estar al lado de la institucionalidad, de quienes ofrendan su vida, pese a las intimidaciones y riesgos,  por una patria con verdadera democracia. Colombia entera, en torno a su bandera, se levanta y protesta por el criminal proceder  y convoca a solidarizarse con nuestras FFMM y de Policía que representan ayer, hoy y mañana la autoridad y la legitimidad del Estado, llegó la hora de que la sociedad civil en un monumental grito y actuación salgamos a defenderles. No más miedo, participemos masivamente en los plantones, velatones e impulsemos una gran marcha de protesta en su defensa, ojalá que superara aquella inolvidable del año 2008 en contra de las Farc.

Hay que mostrarle al mundo la desgracia que vive el país con ese plan demencial. El crimen no debe tener cabida en nuestra Nación y menos aún frente a las instituciones. Si el nuevo gobierno a través del perdón social, ofrecido por sus voceros durante la campaña, como por ejemplo la senadora de los 68 000 dólares o el hermano de Petro,  pretende otorgar nuevas concesiones al hampa, la sociedad civil debe movilizarse para impedirlo.

Es tiempo de reflexión y corrección. Confiemos que en estos difíciles momentos cuando se siente la desolación causada por la muerte, sin razón, de seres humanos, se pueda aplicar aquella máxima que enseñó Sócrates, el gran filósofo griego:  “Prefiero sufrir una injusticia a causarla porque si la causo me transformaré en una persona injusta «. ¿Será que Petro tiene la intención de ser una persona injusta?

El video anexo registra un hermoso y sentido poema titulado “ES UN HONOR SER POLICIA”.  (PT Grajales C) Escúchenlo y consérvenlo es una bella pieza literaria que registra con crudeza el sentimiento y dolor por la prematura partida del policía asesinado.

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— soy choco (@soychoco6) July 26, 2022

Bogotá, D.C. Julio 30 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión

Dijo Platón “en la justicia y, en general, en la virtud política” todos los hombres participan y, por lo mismo, pueden opinar libremente sobre lo justo y lo injusto. Porque sin virtud política no se es hombre”. (Protágoras, 320c-323e). Jean Jaques Rousseau expresó “Las injurias son los argumentos de los que no tienen razón”; Garcilaso de la Vega expuso “Quien insulta pone de manifiesto que carece de argumentos” y Quevedo sentenció “el insulto es la razón del que razón no tiene”, reflexiones que se citan para manifestar que desde tiempos inmemoriales el improperio o agravio han tenido pésima acogida como razonamiento intelectual, y bajo ese mismo concepto el pueblo colombiano calificó el saboteo que la bancada del Pacto Histórico protagonizó al discurso del presidente Iván Duque en la instalación del Congreso de la República. 

No vamos a tratar aquí del contenido del discurso presidencial como tampoco nos ocuparemos de las críticas, pero sí hay que denotar lo inaudito del contexto que por primera vez tuvo lugar en el Congreso de la República y de la total falta de coherencia del citado movimiento con su actuación, ya que entre sus propuestas se encuentran la inclusión, el reconocimiento real y efectivo de la democracia, la justicia, la dignidad y la no discriminación, empero, con su actuar no sólo contradijeron en forma absoluta ese proyecto sino que olvidaron el deber de realizar sus intervenciones de manera respetuosa, como se lo ordena la Ley 1828 de 2017, resultando responsables a la luz de lo previsto en el inciso 2º del artículo 133 de la Carta Política. Situación precedente que pone en evidencia su talante antidemocrático y agresivo, actitud que, al parecer, responde a su regla de conducta, resultando más execrable que fuera el decadente senador Iván Cepeda, curtido parlamentario, quien en franca anarquía vociferara hasta el punto de que el presidente del Senado debió advertirle que de no guardar la compostura llamaría a la seguridad del Congreso. ¿Será que esa es la forma que van a utilizar para llamar a la reconciliación nacional y lograr la paz que pregonan?  

Curioso, por decir lo menos, que después del trato irrespetuoso y dictatorial de integrantes del Pacto Histórico, Iván Cepeda en su Twitter critique que el presidente Duque abandonó el recinto del Congreso «sin escuchar a la oposición”, con la algarabía y los gritos desaforados ya se había hecho oír. 

Y para complementar el lamentable futuro de las mayorías del poder legislativo se tiene la designación del cuestionado Roy Barreras como nuevo presidente del Senado. Los petrovideos nos da una idea de lo que podemos esperar. Y en cuanto al discurso del ex Farc Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada, como quiera que se llame, resulta increíble que haya podido ocurrir. Ver para creer. Un ex comandante de la guerrilla, responsable de múltiples crímenes horrendos por los cuales no ha pagado ni un día de cárcel ni ha indemnizado a ninguna víctima, omite recordar a los firmantes del denominado Acuerdo de Paz que retomaran las armas para cuestionar al presidente Duque a nombre de la oposición.

¿Cómo pudo escogerse a semejante vocero? Esto es muestra de un ánimo guerrerista y provocador. Y sea esta la oportunidad de mencionar aquí el fracaso de los acuerdos de la Habana. La tan anhelada paz no se consiguió. El país está hoy dividido, fracturado, amenazado. Las víctimas no han sido resarcidas y los victimarios se pasean por el Congreso de la República. Vaya resultado de tales acuerdos.

Por otra parte, son imprecisos los proyectos de ley que deben ser estudiados por el Congreso. Siempre será más difícil hacer o ejecutar que criticar. En esto último son experimentados los radicales de izquierda, pero ahora que deben trabajar no saben siquiera como hacerlo y se evidencia improvisación, reculada, cambios de posición, en definitiva, no han comenzado y ya se insinúa un futuro desorden y caos sin igual.  Frente a la reforma tributaria se dejó saber que aspiraban a 75 billones. Luego el asesor Ricardo Bonilla indicó que sería tan solo de 50 billones y ahora el ministro designado Ocampo deja conocer que serán 50 billones, pero en los cuatro años. Termina la reforma entonces en 12.5 billones por año o un poco más según una nueva posición que diera a conocer. La ministra de la Cultura designada propone un impuesto a los celulares y min salud a las bebidas. El director del impuestos designado dice que no habrá impuesto a las bebidas azucaradas y ahora el ministro Ocampo que si lo habrá. Vendrá también otro gravamen novedoso y perjudicial como es el denominado impuesto a las transacciones inmobiliarias, el que terminará por perjudicar a la construcción y de contera afectar a los más pobres.  

También merece especial mención la reforma a la Procuraduría. Sabemos que esta iniciativa es una suerte de retaliación del presidente electo, quien no olvida la sanción que le impusiera tiempo atrás el entonces procurador Alejandro Ordoñez.  Durante la campaña presidencial tuvimos la oportunidad de escucharlo, incluso en debate, quejarse de la procuraduría y de la procuradora. Es claro que no quiere ni oposición, ni órganos de control. Esta clase de iniciativas deja conocer como pretende el nuevo gobernante amarrarse y atornillarse en el poder. Dado que los procesos de la procuraduría son una garantía para los ciudadanos, esta  «persecución» no parece razonable. Los procesos disciplinarios, en un país agobiado por la corrupción, deben fortalecerse, no desaparecer.

Qué decir del anunciado proyecto de ley para regular el uso de la hoja de coca, la amapola, los hongos y sus derivados, llamado «reforma institucional para la política de drogas». Esta propuesta, que incluye legalización, despenalización, descriminalización de coca, cocaína, amapola y marihuana borran en la práctica las líneas divisorias entre el concepto de plantas sagradas y el narcotráfico, el crimen organizado y los carteles de la droga. Esta es sin lugar a dudas la respuesta a las visitas que en campaña se hicieron a La Picota. 

Se agrava el escenario, causando gran inquietud y preocupación, el anuncio del nuevo gobernante en punto a convocar a movilizaciones para respaldar sus reformas. En reunión con los directivos y congresistas del partido Alianza Verde señaló: “paralelo al trámite de las reformas en el Capitolio, debe haber una ciudadanía activa y movilizándose, acompañando esas reformas”. Significará la manera de sitiar, presionar al Congreso indebidamente para lograr sacar avante cuanta idea se le ocurra? Según, lo expresó, debe hacer ese llamado porque no cuenta con la mayoría requerida en el recién posesionado Congreso.

Alegra sí, que contrario a lo acontecido en el recinto de la democracia, el tradicional desfile de nuestra fiesta patria de la Independencia permitió a las FFMM y de Policía engalanar al país, y de contera recibir la espectacular manifestación espontánea de apoyo que le brindó la ciudadanía. El civismo y respeto fueron la principal característica. El mensaje es claro al gobernante entrante, el pueblo colombiano apoya y respalda a sus instituciones y en particular a sus Fuerzas Militares; en el video adjunto se aprecia la dimensión del histórico desfile patrio y el inmenso cariño de los ciudadanos expresado. De destacar la presentación de los héroes, los heridos y mutilados en combates, en defensa de nuestra gente y nuestras instituciones. Su presencia en el desfile no podría ser más diciente y valiosa.

Pildorita:  El presidente electo anunció la designación como ministro de Defensa del ex magistrado auxiliar Iván Velásquez de quien se conoce la clara animadversión que profesa a cierto sector político. Hace dos años cuestionó y señaló a los generales por supuestos actos de corrupción . El designado ministro cumplió un papel no solo cuestionable sino también evidentemente reprochable en Guatemala, donde fue declarado persona non grata y se le ordenó abandonar de inmediato el territorio guatemalteco. Esto no fue mencionado en el Twitter del presidente electo donde comunica el nombramiento. Es inquietante y preocupante para nuestras FFMM y de Policía este nombramiento el que puede muy bien interpretarse como gesto poco o nada conciliador, por no decir agresivo. Hoy,  por supuesto, más de una persona se preguntará qué pasará con la información clave y de seguridad nacional, ¿cuál futuro le espera?

Bogotá, D.C., julio 23 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

En el año 2021, tan cercano aún en el tiempo hasta para los más desmemoriados, Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda del gobierno Duque, presentó un proyecto de reforma tributaria con el cual se aspiraba a recaudar veinte billones. El rechazo y “estallido social” no se hicieron esperar, hubo levantamiento popular y un violento paro nacional cuyas secuelas aún perduran, dadas las graves consecuencias que tuvo para la economía nacional. El vandalismo sepultó el intento de reforma denominado “Ley de solidaridad sostenible” que contenía elementos progresistas, por ejemplo, renta básica permanente para los más vulnerables, y tumbó al ministro Carrasquilla. 

En esos disturbios fue destacadísimo el papel de la llamada «primera línea», auspiciada por la izquierda radical. Y ahora, es Gustavo Petro quien llega como presidente electo y sin sonrojarse manifiesta que pretende una reforma por más de 50 billones, con un gran impacto en los ingresos y patrimonio de las personas naturales, según se ha conocido, lo que significa que justamente afectará a su electorado. Inexplicablemente, pese a la similitud que en muchos puntos podría tener esta reforma con la propuesta por el ministro Carrasquilla, con aumento de los impuestos en un porcentaje considerable, no se han alzado voces, menos aún se ha acudido a manifestaciones violentas en su contra. Estas cosas solo acontecen en nuestra bella Colombia.

A ¿qué se debe tan extraño comportamiento? Podría ser el temor que inspira un gobierno de extrema izquierda? ¿Podría ser que el desencanto tiene a los votantes de Petro anonadados? Llegó el tan anhelado y pregonado cambio y resultó que empieza con tamaña agresión. Esto ya le había sido advertido a la imprudente, irreflexiva, terca masa de votantes. No lo creyeron, razón de más para ahora oponerse a la misma, sin embargo se guarda silencio, no se entiende la pasividad.

El dólar ha llegado a $ 4350 y seguro puede doblar esa cifra en corto tiempo. Incluso ocurrió algo inimaginable: superó en valor al euro. Récord histórico! Y ni siquiera se ha posesionado el nuevo gobernante. El designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha situado la anunciada reforma tributaria en 50 billones, pero esto, por supuesto, no ha bastado para tranquilizar a los mercados. La devaluación de la moneda colombiana sigue avanzando en detrimento de los ciudadanos comunes y corrientes que se están empobreciendo en virtud de un fenómeno que la mayoría de ellos no alcanza a entender.

En cuanto a Ecopetrol, la principal empresa de los colombianos, ha perdido billones y está erosionándose a la vista de todos. ¿Qué podemos entonces esperar? Un «corralito» al estilo del vivido en Argentina? De ser así, desgracia sería lo que nos vendría.

Se ha anunciado también por parte de la designada ministra de Salud la destrucción del actual sistema, que es favorablemente reconocido mundialmente. No diremos aquí que las EPS sean perfectas. Pero ¿tiene sentido destruir lo que funciona y que tiene muchos aspectos a su favor para empezar de cero, creando confusión y caos, en un tema tan delicado? Los colombianos solemos ser muy críticos y poco agradecidos con lo que tenemos. Ahora las cosas, inevitablemente, empeorarán por falta de elemental sentido común. Y qué hay de cierto en el tema de la «importación” de médicos cubanos?

Lo ha dicho, y muy claro, Rodrigo Lara: «A veces se piensa en cambiar lo que funciona bien por ego y soberbia». Mucho tememos que este puede ser el caso del sistema de salud. En cuanto a la posible reforma a la Procuraduría, todo parece indicar que se trata de un desquite. Petro no olvida ni olvidará jamás la sanción que le impusiera el entonces Procurador, Alejandro Ordóñez.

Entre lo más increíble y kafkiano de esta situación figura, sin duda, lo muy advertido que estaba el país. Todos aquí vimos pasar a media población Venezolana, muchos se quedaron, otros siguieron camino, y resultó doloroso y angustiable ver la situación por la que tenían que pasar y que aún persiste, sin que se avizore el menor cambio en la misma. También somos testigos de lo que sucede en Perú y Chile. Entonces, qué pasó?. Veremos ya si el próximo 7 de agosto se abre la frontera al vecino país y se reanudan relaciones comerciales no institucionales con un régimen tiránico.    

Ya enfrentados, por fuerza, a esta situación que, entre otras cosas, también es confusa y caótica, puesto que nada está claro, se avanza y se retrocede, se dice y se desdice, se hace necesario pensar en una oposición ciudadana constructiva, el unanimismo que hemos presenciado, propio de regímenes autoritarios, no puede ni debe tener cabida en nuestra democracia, se deben tener y conservar abiertos canales de diálogo, para lo que puedan servir, en confiar en la fuerza y validez de nuestras instituciones, en nuestra democracia que ha sido desde hace tiempo funcional, por más amenazada que se crea pueda estar ahora.

El banquero y destacado líder empresarial Luis Carlos Sarmiento en una clara y puntual declaración que hizo con ocasión de la entrega de la calzada Chirajara Fundadores, obra construída en la vía a Villavicencio, puntualmente expresó: “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo”.

Clara referencia al nuevo gobernante de quien se dice en los pasillos que se apoyará en el grupo Gilinsky para desbancar al banquero e ingeniero bogotano del lugar de privilegio que ha ocupado por tanto tiempo.

Para empeorar el panorama el inexplicable y futuro nuevo Presidente del Congreso, que hace toda clase de maniobras y vilezas para perdurar en él, anticipa ahora que está trabajando para crear un mecanismo que permita agilizar la aprobación de las reformas, en forma similar a como violentaron la Constitución con las tales leyes de trámite (‘fast track’), olvidándose de aquel dicho que indica que “de las carreras no  queda sino el cansancio”, que la velocidad es una forma de escapar de la conciencia y que es preferible ir despacio en la dirección correcta que rápidamente con rumbo desconocido.   

Pese a todo debemos tratar de ser optimistas, posición que nos lleva a recordar al escritor Indio, Deepak Chopra quien afirmó: “ El caos precede a todos los grandes cambios”.  

Bogotá, D:C.,  julio 9 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión 

Como dijo Aristóteles “la única verdad es la realidad”, pero la verdad es imposible lograrla cuando el subjetivismo acecha. Llegó el 28 de junio, fecha límite para dar a conocer el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, más conocida como la Comisión de la Verdad. Pero, observamos que no obstante que se publicitó nacional e internacionalmente la entrega final del informe elaborado por esa Comisión, ese hecho no sucedió; pues, como lo informaron algunos medios de comunicación de los 10 capítulos que se dice conforman el mencionado informe sólo se dieron a conocer el de la Convocatoria a la Paz Grande, de 64 páginas, otro el Volumen Testimonial, de 515 páginas, y un documento final de Hallazgos y Recomendaciones, de 896 páginas. Luego, no hubo entrega del informe final de la verdad en los términos establecidos en el numeral 5 del artículo 13 del Decreto 588 de 2017.

Los ocho capítulos que faltan por entregar, si así acaece, estarán por fuera del plazo legalmente establecido. Estos capítulos están anunciados por la CEV así: “1) No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. 2) Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. 3) La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio. 4) Colombia adentro. Colección de relatos territoriales del conflicto armado. 5) Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias. 6) Volumen ÉTNICO (nombre por definir), 7) No matarás. Relato histórico del conflicto armado. 8) Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas.” La solidez de un informe no depende de su extensión sino de las pruebas y soportes en los que se sustenta y de su valoración objetiva.  

También se encuentra, y es de inmensa gravedad, que no se obtuvo el consenso que consagra el artículo 17 del Acuerdo 002 del 21 de agosto de 2018, por el cual se adoptó el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión. Allí se privilegia el consenso como «mecanismo para la toma de decisiones…».  En efecto, se conoció que el Comisionado Carlos Ospina se vió forzado a renunciar y a la fecha no se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento administrativo que oficializaría su retiro. ¿Si no hubo acuerdo entre los once comisionados, que autoridad moral tiene la comisión para pedir que éste exista a nivel nacional?

En lo que se conoce de este informe se anticipa que los aportes del Comisionado no fueron tenidos en cuenta y menos aún se han » incorporado sus discrepancias».  Entonces, por elemental principio, con lo expuesto y demostrado queda en entredicho el informe final. A esto habría que agregar los cuestionamientos que se pueden hacer a los 10 comisionados restantes. Ellos estaban más motivados por su ideología que por la obtención de la verdad en el largo conflicto colombiano. Resulta claro como el agua que no podía esperarse de ellos ni una pizca de imparcialidad.

No cabe duda de que su Presidente el padre De Roux estaba incurso en motivo de recusación atendiendo a que el numeral 5 del artículo 151 de la ley 270 de 1996, establece como causal «el desempeño de ministerio en cualquier culto religioso «.

En cuanto a la comisionada Lucía González estaría incursa en las causales de recusación establecidas en el artículo 11 de la ley 1437 de 2011. Este artículo está dirigido a garantizar la imparcialidad, tanto objetiva como subjetiva, de los servidores públicos. Ocurrió que la comisionada, el 1 de septiembre de 2017, hizo esta publicación en Twitter: «Yo hoy estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino.» Juzguen ustedes.

Lo que mal comienza mal termina. El plazo acordado en la Habana fue de tres años, como consta en el artículo 1 del decreto 588 del 5 de abril de 2017, por el cual se organizó la Comisión. Adicionalmente se le otorgó un período de hasta 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. Esos 6 meses fueron ampliados de una forma extraña. El improrrogable plazo de tres años también se extendió por la Corte Constitucional (Sentencia C-337-21), a pesar de que carecía de facultades para ello. Dicha ampliación fue de 7 meses y 2 más para difusión, pero, al parecer, tampoco fue suficiente para que en verdad se entregara el informe final. Si se cuenta desde abril 5 de 2017 al 28 de junio de 2022 son más de 5 años y aún pretenden extenderlos al proponer hacer un monitoreo. Vale comentar que el costo es exorbitante para un informe tan controversial y controvertido pues se acerca ya a los cuatrocientos mil millones. Y las víctimas sin reparación.

Se hizo todo un espectáculo, verdadero show mediático, para la presentación del informe. El discurso del padre De Roux en la entrega parcial, pese a que se denominó final, que hizo a nombre de la Comisión terminó con una inadmisible y rechazable intervención en política, nociva, por demás, para el país. Ciertamente el pueblo colombiano no está dispuesto a aceptar responsabilidad ni culpa de ninguna naturaleza en los abominables crímenes que cometieron las Farc, y ahora las denominadas disidencias. Tampoco admitimos la conversión de la Comisión en Constituyente. Su papel jamás puede ser el de trazarle derroteros al Estado en materias como, por ejemplo, la Policía, a la que se pretende pasar al ministerio del Interior para que funcione como Policía política, al mejor estilo de la extinta Alemania Oriental. O el desmonte del servicio militar, la erradicación de los cultivos de coca, aunque sería más adecuado decir la no erradicación, la minería ilegal, acabar con el Esmad. No compete al padre De Roux ni a la Comisión que preside abogar por la prohibición de la extradición, que es una herramienta efectiva para conseguir que los bandidos que tanto daño le hacen al país paguen por sus delitos.

Y es aquí donde empezamos a sentir indignación. Este informe equipara a las víctimas con los victimarios y dice que todos somos responsables de las atrocidades ocurridas en el país. Es válido entonces preguntarle al cura: ¿a santo de qué? Responsables son las Farc. ¿Porqué habríamos de estar metidos en el mismo saco? Una utilización incorrecta de la verdad, puede ser fuente, en ocasiones, de mayores conflictos.

Se ha tratado de crear una falsa narrativa y no olvidemos que este informe ha de ser estudiado en los colegios. Responsabilidad y culpa no son ya de las Farc sino de todo el país, gobierno, Fuerzas Militares y de Policía, empresarios, en fin, la sociedad civil que es por completo ajena a los hechos de barbarie documentados, y a muchos otros de los que ni siquiera se habló.  Muchas víctimas no fueron entrevistadas, así, el general Luis Mendieta, quien fuera secuestrado infamemente y lo estuviera por cerca de 12 años alejado de su familia y de su institución, en condiciones que vulneran la dignidad humana, es un ejemplo de que las víctimas militares y de la Policía fueron ignoradas. Pero sí vilipendiadas en la equivocada generalización de la responsabilidad, por ejemplo, de los falsos positivos que señala en 6402, cifra que no tiene respaldo.  Cosa que pretenden dar por probada a base de narrativa y repetición. Ha fallado la Comisión en profundizar en este triste episodio del conflicto que genera responsabilidades individuales, jamás institucionales.

Igualmente, el parcial informe, invade escenarios de política exterior que son del resorte de la Cancillería, como el tema pertinente a restablecer relaciones con Venezuela. Más aún. Gravísimo que los comisionados Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, extralimitándose en sus funciones pidan al parlamento Europeo que no se dé más ayuda militar a Colombia. ¿Será que puede catalogárseles de traidores a la patria y como tales ser juzgados?.

Comenzará ahora el periplo de la difusión pero el informe, con el sesgo que lo distingue, nos obliga a recordar al escritor turco Peyami Safa quien sentenció perennemente: “Si quiere destruir una nación, no hay necesidad de hacerle la guerra. Basta con hacerle olvidar su historia, perturbar su lenguaje alejarlo de su religión y por lo tanto desintegrar sus valores espirituales y moralidad”. El informe de la CEV acaba de reescribir su historia. Y parece que olvida su cometido, la Verdad de lo ocurrido durante más de 60 años de conflicto. 

Pildorita. No es posible terminar esta columna sin registrar que el designado Canciller del gobierno Petro, Álvaro Leyva Durán, quien a sus 79 años ya debería estar gozando de “buen retiro”, ha salido a proponer la creación de una Comisión de la Verdad para el proceso de paz con el ELN. Es que lo que nada les cuesta lo vuelven fiesta y él sí que las ha celebrado.  Creemos que esta negociación se hará y que tardará más que la de la Habana por el carameleo que distingue a ese grupo guerrillero. Encontramos reprochable que este personaje, cuestionado por actuaciones pasadas, presente ahora tan inconveniente propuesta. Lástima que la Comisión que presidió De Roux, no investigó el papel que durante años desempeñó este señor con las Farc y otros grupos subversivos.  

Bogotá, julio 2 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión