El discurso del Presidente ante la ONU


Escuchando la intervención del presidente Petro ante la ONU no queda más que recordar a Marcos 4:22 “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la luz”, pues, su apología a la producción y consumo de droga y su especial pedido de “acabar con la irracional guerra contra las drogas” pone de manifiesto la verdadera y única razón de la nefasta toma del Palacio de Justicia, esa sí totalmente “irracional”, así como, muy probablemente, de la deuda que aún considera tiene con el “patrón” Pablo Escobar.

Por supuesto, los narcotraficantes detenidos en la cárcel La Picota y en otros establecimientos penitenciarios del país deben estar de fiesta, de plácemes, observando que, en tan corto tiempo, han conseguido resultados que hasta ahora eran impensables. El discurso en cuestión, que más parece de un panelista en un concurso de improvisaciones que de un presidente en la ONU, mal redactado y arrogantemente pronunciado, tiene ese particular estilo del presidente. En su reiterado mensaje de protección a la selva y al medio ambiente olvidó que han sido los grupos al margen de la ley -FARC y ELN- quienes han desforestado miles de hectáreas de bosque nativo en todo el país para sembrar coca, lo que, indudablemente, produce un gigantesco impacto ambiental, del cual los colombianos somos testigos de excepción.  

Es sabido que para los Estados Unidos y en especial para el partido Republicano la lucha contra el narcotráfico es una prioridad. Al conocer las palabras del presidente de los colombianos, entenderán que Colombia abandona esta lucha y entonces las relaciones comerciales de nuestro país con su principal socio, los Estados Unidos, que lo ha sido por más de doscientos años, quedan peligrosamente sentenciadas.  Desde luego, esto producirá también repercusiones para las empresas colombianas que exportan nuestros productos a ese país. 

Invocó el final de la guerra, cuando esta solo se da entre estados, porque tal mención le era necesaria para armar su cuento de la Paz, reiterando que no se conseguirá «sin justicia social, económica y ambiental». Ahora bien, aboga por la Paz, pero no censura ni rechaza la invasión a Ucrania por parte de Rusia, quizás, atendiendo a lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al acreditar al nuevo embajador colombiano en dicho país, en punto a que Colombia es un «socio prometedor de Rusia en Latinoamérica”. Vaya contradicción, asociarse con el invasor no puede ser de buen recibo, en oposición a toda la comunidad internacional que le condena por la guerra que inició y en la cual persiste.

El parangón que formuló entre el daño que le producía a la humanidad el petróleo o la droga ha sido objeto de crítica en el país y en el exterior. De los usos del petróleo, el transporte, estaba el presidente recibiendo su beneficio, pero,  desafortunadamente es centro del odio de éste quien, como niño cabeciduro, no entiende que, además, es la principal fuente de ingresos del país y quiere, como en el cuento, matar a la gallina de los huevos de oro. Desde antes de su posesión se conocieron sus fervientes deseos por cambiar a Ecopetrol. Tampoco parece conocer que los combustibles fósiles son la materia prima para los fertilizantes, entre otras. En cambio, la droga y con ella el narcotráfico sólo han traído dolor y muerte a nuestra patria y al mundo entero. La cifra de muertes por sobredosis de cocaína no es mínima, como dijo: hubo 24.775 en los Estados Unidos en los últimos 12 meses, imaginemos entonces la cifra de fallecimientos en el orbe por el consumo de este alcaloide, a las cuales deben sumarse las muertes que causa su tráfico y la rivalidad entre mafias de droga.

Los errores en que incurrió el presidente ante la comunidad internacional no cesan. Todos sabemos, por ejemplo, que la coca no es una planta amazónica sino andina, pues tal es su origen. El vocablo coca parece ser de origen quechua y la coca fue planta sagrada para ellos, los aymaras y los chibchas antes de serlo para los incas. En cuanto a la coca selvática lo que ocurre es que se trata de una planta adaptógena que puede crecer en cualquier parte, pero no es de la selva; sin embargo, lo cierto es que jamás se debería permitir que haya desertización para sembrarla; de donde realmente resulta imperdonable que Petro ignore que quienes han y están deforestando son los mismos narcotraficantes que tanto defiende. Tremenda contradicción.  

Pero Petro, a pesar de su apología de la cocaína no se atrevió a proponer su legalización. ¿Entonces qué?  No hay duda el poetastro presidente en su intervención ante la ONU cumple la máxima de Da Vinci “Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio”.

Incalificable e inaceptable para los colombianos resulta que su propio presidente publicite que este es un país violento, máxime cuando él mismo en el pasado fue autor o responsable de la violencia que padecimos y que el transcurso del tiempo no ha borrado, como también aconteció en el paro nacional llevado a cabo el año pasado.

A modo de síntesis se puede decir que este discurso ante la Asamblea de la ONU, ante representantes de los países del mundo, parece un discurso de campaña, uno más de los que ha pronunciado para encantar a sus seguidores. No ha tenido en consideración los intereses del país a los que tal vez habrá perjudicado. Llevado por esa soberbia que lo caracteriza perdió una oportunidad de oro de mostrar nuestro lado positivo. Qué tristeza.

Bogotá, septiembre 24 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

El canciller, Nicaragua y la Paz.

El pasado 12 de agosto tuvo lugar en el Consejo Permanente de la OEA la votación de una resolución condenatoria de las múltiples violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. La más reciente de estas conculcaciones es la feroz agresión contra la Iglesia Católica, la que incluyó quema de templos, destrucción de imágenes del culto, encarcelamiento de sacerdotes y el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y de varias personas de su entorno.

Ocurrió que, al momento del voto de Colombia, se escuchó un sepulcral silencio. La delegación de Colombia no estaba presente, se ausentó de la sala. Ante este hecho, sin duda grave, Colombia quedó a la par de Nicaragua, porque sin hesitación puede decirse que “el que calla otorga”, lo que significa que al no condenar al salvaje régimen de Ortega es su cómplice. Esa resolución fue aprobada por 27 países de los 34 miembros que integran la organización. Se dio un solo voto en contra y Bolivia, El Salvador, Honduras y México, más por ideología que por convicción, se abstuvieron de votar.

Enterado el país de lo acontecido, las reacciones y condenas no se hicieron esperar. Por supuesto, inicialmente pretendieron condenar al expresidente Duque pero después circuló la versión de que el embajador designado para reemplazar a AlejandroOrdoñez aún no se había posesionado y no podía votar, como tampoco podía hacerlo el designado en Nicaragua. Después, gracias a puntual derecho de petición extendido por el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, se vino a conocer la verdad. Todo obedeció a instrucciones dadas por el canciller.  

Pero esta posición solo fue posible conocerla gracias al trabajo periodístico de William Grigsby Vado que es quien más ha hecho sonar el tema y es bien cercano  al régimen oprobioso de Daniel Ortega, quien en el medio  “Sin Fronteras” de Radio La Primerísima dejó conocer que la negociación propuesta por Petro, usando a “mensajeros” a quienes no identificó, consiste en que Colombia reconocería el fallo de La Haya —favorable a Nicaragua desde 2012— a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, refiriéndose a los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote”, y por supuesto que le permitieran a los raizales de San Andrés Islas pescar en las aguas que el fallo le entregó a Nicaragua. En un video de dicho periodista se respalda la afirmación.

Esta información, en la que el periodista mencionó también que Nicaragua no estaba de acuerdo, es, probablemente, la verdadera razón por la cual el canciller instruyó y comentó el tema. Esto dijo:  «Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se adelantaban.»  Y añadió, a modo de justificación, que se trataba de una acción humanitaria, explicación que a nadie le pareció suficiente en tanto que la resolución condenatoria se refería a terribles situaciones justamente quebrantadoras de elementales derechos humanos, tales como a 180 presos en condiciones infrahumanas, según informes de la CIDH, y a toda clase de acciones denigrantes y violentas contra miembros de la iglesia católica.

Conocida la posición del canciller, surge un interrogante trascendente ¿el presidente Petro tuvo conocimiento, se le informó de la orden de su canciller? Si la respuesta es positiva revelaría que tiene un doble discurso y mientras predica la “paz total” favorece la persecución a la iglesia católica dejando ver que en Colombia podrían ocurrir hechos de esta clase? Lo cierto es que, hasta el momento, el presidente guarda silencio ante los tejemanejes de Leyva.

Por demás está anotar que es obvio que a cinco días de instalarse el gobierno no resulta creíble que se den estas gestiones. Entonces, parece ser que Leyva ya las había iniciado mientras estuvo fungiendo como canciller durante el empalme. Pero, el alcance ideológico y político de las mismas va en detrimento de la soberanía y de la integridad territorial de la nación y colocan a Leyva en una delicada posición y en un eventual y presunto delito de traición a la patria, pues desconoce los alcances de los artículos 101 (consagra los límites de Colombia) y 102 (el territorio pertenece a la nación) de la Constitución Política que puntualmente preservan nuestro territorio.   

El artículo 455 del Código Penal Colombiano al cual le fue aumentada la pena en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, quedó del siguiente tenor: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses.”.

Por lo conocido hasta el momento, sin que se haya refutado lo dicho por el periodista nicaraguense William Grigsby Vado, se planteó la posibilidad de que, a cambio, entre otros, de catorce presos políticos se afectaría la soberanía territorial de la nación. 

Muy grave la conducta del canciller colombiano. También lo es su pretendida y absurda decisión de cambiarle el nombre al ministerio que dirige para dejarlo como Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Paz. ¿Será que se le adelantó  al Presidente en la creación del Ministerio de la Paz, con olvido de lo previsto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política? Si a la Carta Política de 1991 se le conoció como la “Constitución para la paz” su desconocimiento, lógicamente, no puede generar la tan ansiada paz.  

El día de ayer el canciller concedió una entrevista a la W en la cual condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Ortega.

Bogotá, septiembre 10 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLLO

Columnista de Opinión

Así no habrá paz

Esta semana se radicó el proyecto de ley para la «paz total». En nuestro país desde antaño los gobiernos y los políticos han enarbolado la idea de la paz y bajo ese manto se han concedido amnistías, entrega de beneficios económicos, territoriales,  y de toda estirpe a grupos al margen de la ley. La mayoría del pueblo colombiano, gente trabajadora y de buena fe, ansiosa de verdaderamente vivir en paz ha sido condescendiente con los “favores” que a su costa se les otorga a quienes han sido sus verdugos. Valga recordar, entre otras, la ley de amnistía que firmó Belisario Betancur y el pacto que suscribió con el M-19 en Corinto, Cauca, y en Hobo, Huila, en 1984, la respuesta de los insurgentes el asalto al Palacio de Justicia en 1985, acto nefasto que, además, de la muerte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de varias personas asistentes en el lugar, dio inicio al derrumbamiento de la justicia. Y más cerca se encuentra el Acuerdo de la Habana, incorporado al bloque de constitucionalidad por medio de fask track, el que según se anunció, se llevó a cabo para finalizar el conflicto armado y sentar las bases de una paz estable y duradera, esto es la paz total, la que mejor se hubiera obtenido respetando el querer de la generalidad de los colombianos e invirtiendo las cuantiosos y elevadísimas sumas que ha generado en la población más vulnerable. La paz sólo se logrará con justicia y libertad.

Entonces, ¿Cuál es la verdadera intención de una nueva ley con la misma finalidad? Básicamente se trata de modificar la ley 418 de 1997, mediante la cual se consagraron unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia.  Se aduce que la paz debe ser una política de Estado, para ello no es necesaria una nueva ley, la Constitución en el preámbulo y en sus artículos 22 y 95 la consagra como un derecho y un deber. Luego, la iniciativa debe dirigirse a dar ejemplo y actuar de conformidad con la Constitución. El respeto a la Carta Política es herramienta suficiente para lograr ese anhelado objetivo, que no un concepto que solamente tiene la apariencia de ser correcto, pues, dado que se trata de la humanidad y no de los ángeles, resulta completamente imposible que la paz sea total, completa, perfecta, plenamente satisfactoria. Eso jamás se podrá lograr y únicamente se utiliza para engañar, una vez más, al pueblo incauto.

Pero, ¿podrá haber paz cuando, como se viene viendo, es lugar común decir que en Colombia ser delincuente paga? El mencionado proyecto, entre otras cosas, pasa por el levantamiento de órdenes de captura, incluyendo las que tienen como fin la extradición, para los integrantes de los grupos criminales involucrados en este asunto. Otra parte del proyecto se refiere a ubicación, temporal, según se dice, en determinadas zonas del territorio nacional, de los criminales. Habrá regiones llamadas «de paz» y municipios Zomac que se suponen parte de zonas vulnerables.  Más que soluciones crea inconvenientes a las comunidades que deben convivir con la llegada de bandas criminales. Y se dice que el objetivo buscado es el alto al fuego que desafortunadamente no es igual a paz y menos a paz total.

La supuesta constitución de “regiones de paz” trae a la memoria de los colombianos las zonas de distensión, San Vicente del Caguán, y lo que en ellas ocurrió durante el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana, que no fue otra cosa que el recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de la FARC. Ahora nos dice Iván Cepeda, a quien se ha atribuido la autoría de este proyecto, que no es así, que no se trata de «pequeños caguanes» como inmediatamente fueron bautizados, más sin embargo, aparte de la burocracia que se crea -comisionados de paz designados por Petro- indicó que esas zonas “tendrán sus propias políticas”. ¿Se le puede creer?

Tan preocupado se encuentra el senador de marras que no le prospere su genial iniciativa en el Congreso que, cuestionablemente, ha publicado un video en su cuenta de Twitter donde dice textualmente: «Llamo a la movilización social y ciudadana por el cese al fuego multilateral y la paz total». No podemos olvidar lo acontecido hace un año con esas movilizaciones y el daño que causaron. Por ventura será que ellos llaman paz a todos los desmanes que padecimos.

Es particularmente álgido el tema de pretender amarrar al siguiente gobierno y aún a los que vengan después a su estilo de paz, por considerar que esa es la paz total y lo que en la práctica resulte de ella debe ser una política de Estado, cualesquiera que sean sus reales resultados, cualesquiera que sean los problemas que presente.

Como ya se ha anotado en medios de comunicación la única “desmovilización” ha sido la de las Fuerzas Militares y de Policía, el «descabezamiento» de más de 86 generales, sólo produce incertidumbre y desconfianza en la población y desmoralización en la tropa, en nuestros héroes. Harán falta unos 30 años para llenar el vacío que ellos dejan. Con un ligero plumazo se causó grave daño a la seguridad del país, a la institucionalidad, sin tener en cuenta su tiempo de formación, su experiencia, su entrega. En cambio, se sublimiza a los denominados Primera Línea y se revela que el nuevo director de la Policía debe dialogar con ellos para concertar los cambios que se quieren hacer al Esmad, aunque los voceros de ese grupo ya dejaron conocer que su finalidad es eliminarlo. Es una afrenta a todos los colombianos.

Si la paz total pasa por algo parecido a la aniquilación de las FFMM y de Policía, a la amnistía de la peligrosa guerrilla disidente y narcotraficante, la negociación con criminales de todos los pelambres, incluyendo a los ladrones de celulares, según la descabellada propuesta del minJusticia, estaremos frente a una claudicación, la rendición, esa sí total.

Entregarse y ceder el país al crimen organizado. Ni más ni menos. Porque en algún punto se han encontrado izquierda radical y criminalidad extrema y al final del día lo que se pretende es imponer el imperio del terror y de las armas y hacer proliferar el negocio maldito del narcotráfico, germen de la corrupción, entre otros males. Eso les interesa más que las ideas de izquierda. Cuando ya no sean útiles a los fines de los criminales sabrán los políticos de extrema izquierda lo que es pactar con bandidos que no respetan la ley, con excepción de la ley del monte.

Si bien el prócer Francisco de Paula Santander dijo: «Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad», lo cierto es que el exceso de proyectos ha hecho añicos la sabia frase, la ha sepultado en una avalancha de iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes, creando inseguridad jurídica, situación totalmente extraña a la paz total. Al tiempo de escribir esta columna están en curso en el nuevo Congreso 300 proyectos de reformas de los cuales 32 se refieren a la Constitución. La justicia no se hace con toneladas de normas, la justicia se consigue cumpliendo y aplicando las que ya existen. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, expresó “El acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”, que no el perdón a los victimarios y la total ausencia de justicia y reparación a las víctimas.

Pildorita I: Falleció esta semana Mijael Gorbachov, abogado y político ruso, último dirigente de la Unión Soviética, de la cual fue su presidente de 1988 a 1991. En 1990 recibió el premio Nobel de la Paz, por lo que constituye su más importante legado: el fin de la guerra Fría entre las dos superpotencias de entonces Incomprendido en su país, pero admirado en el resto del mundo. La Perestroika fue quizás el mejor intento de una reforma política y económica para tratar de conseguir democracia en Rusia.

Pildorita II: Dolor y tristeza inmensa se siente por la vil masacre de los policías Wilson Cuellar Lozada, Luis Sabi Gutierrez, Duverney Carreño Rodríguez, Jhon Bautista Vargas, Cristian Cubillos Borbon, Santiago Gómez Endes y Arles Mauricio Pascual Figueroa, en el Huila. Dios les acoja en su Reino.  

 

Bogotá, D.C. 

 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión