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Celos presidenciales

Los colombianos se han preguntado ¿por qué si con el paso del tiempo la percepción sobre la gestión de Petro cada día es más negativa, si sus reformas no son aprobadas por el pueblo, de tal forma que ha tenido que recurrir a trasladar a Bogotá diferentes grupos para que las apoyen, las manifestaciones de protesta que en su contra se han realizado han sido pacíficas, incluido el “fuera Petro” que hoy se escucha en los estadios? La respuesta queda a ojo vista, razón por la cual Petro en X expresa “Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas (…)”.

Y siguiendo esa línea esta semana fuimos sorprendidos por una noticia increíble, para Ripley. Se trata del Centro de Justicia Restaurativa para jóvenes que se construyó en Campo Verde, Bosa. Ya lleva un año terminado y tiene capacidad para 200 jóvenes con problemas judiciales. Su costo fue de 27 mil millones de pesos, pero todo el complejo  demandó una inversión de 70.000 millones, los que según la Alcaldesa López, provinieron en su mayoría de los impuestos que pagan quienes viven en Bogotá.  

Pues bien, el gobierno Petro, a través de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó, por fin, al Distrito, que no recibiría ese Centro porque no es política de su gobierno que los jóvenes sean privados de la libertad, desconociendo la ley – Código Penal y Código de la Infancia y la Adolescencia – que establecen el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, establecido para investigar y juzgar delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años, que no por niños, quienes no pueden ser procesados, situación que, al parecer, ignora el Presidente y de ahí su Twitter (hoy X) “En mi opinión los niños no deberían estar presos”.

Por su parte la Directora del ICBF dijo lo siguiente: «El debate no es por un centro, es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos. En eso Bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción. Ese es el acuerdo».

Resulta, entonces, imperativo preguntarse ¿de qué acuerdo y entre quiénes, habla la señora directora?

Lo cierto es que se produjo un choque, un enfrentamiento entre la primera autoridad del Distrito, la Alcaldesa, y, del otro lado, la Directora del ICBF y, por supuesto, el más responsable el presidente Petro. Y esta clase de incidentes solo significa un retroceso en el avance de garantizar los derechos de los jóvenes y permitir que respondan por las acciones delictivas que han realizado, generándose, además, un grave detrimento económico.

El Centro de Justicia Restaurativa para menores era una necesidad muy sentida de la ciudad capital y del país, máxime cuando los medios de comunicaciones han dado cuenta del aumento de infracciones penales cometidas por adolescentes, a quienes instrumentan las bandas criminales y cuya utilización viene creciendo. Impedir que se hagan responsables y que tengan un lugar adecuado para su rehabilitación sólo es prueba del desgreño y desconexión del gobierno Petro, lo que nos lleva a recordar su nefasta alcaldía y su gestión de las basuras, para citar solo un ejemplo.

La alcaldesa, claramente disgustada, y con razón, agradeció a la directora la claridad en el tema y dijo que no estaba de acuerdo pero que lo asumía y analizaría qué uso podría darse a la edificación.

Los indicadores de violencia tanto en Bogotá como en el resto del país nos están señalando que los jóvenes son cada vez más protagonistas de toda clase de delitos. Y no cualquier delito menor, cometen graves ilícitos como el asesinato, violaciones, acoso, violencia de género y tráfico de estupefacientes. En Colombia se capturan cada día en promedio 248 jóvenes.

Es tan arbitrario el Presidente que no le comunicó oficialmente y por escrito a la Alcaldesa su absurda decisión. Se limitó a dar cuenta de ella en un consejo de seguridad en Bosa. Tamaña decisión no puede obedecer a celos de poder o cualquier parecido sentimiento, pues, no solo involucra intereses superiores, como los de los adolescentes, sino que conlleva, por omisión, a un nefasto acto de dilapidación que puede traducir un notorio y manifiesto acto de corrupción.

Los delincuentes juveniles de comprobada peligrosidad solo pueden ser tratados en establecimientos especializados, como el que se negó a recibir el gobierno central.

Qué podemos interpretar. ¿Populismo e irresponsabilidad por parte de Petro? sería lo primero, lo segundo, ¿retaliación con la Alcaldesa por la construcción del metro en Bogotá? o ¿rivalidad?. Y después habría que discutir el tema de la ligereza, por decir lo menos, con que trata el patrimonio de la ciudad capital.

Finalmente, no les hace ningún favor a los adolescentes penalmente procesados el privarlos de un lugar en que estarían en unas muy buenas condiciones, como lo es el centro de atención especializada que ahora se niega a emplear con la finalidad para la cual fue construido. No se sabe que usos tendrá, pero, seguramente, tendrá un buen destino.

En fin, la política de lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta no puede ser de recibo en esta oportunidad y los organismos de control deben intervenir ante este tremendo despropósito. Dilapidar no es solo despilfarrar el dinero. También se malversa cuando caprichosamente  se desaprovechan los bienes públicos.

Recomendable leer la obra del jurista español Carlos Cubillo Rodríguez, Letrado del Tribunal de Cuentas, titulada “El tratamiento jurídico del despilfarro en la gestión de los fondos públicos”  en la que se analizan las diferentes formas con las que se «evaporan» los caudales que son de toda la ciudadanía. En ella se cita al romano Marco Aurelio, que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos, quien decía así: «No es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros, candelabros, estatuas y otros lujos parecidos. Es posible ceñirse al modo de la vida de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo». Que bien le haría al Presidente Petro y a su Vicepresidenta Francia Márquez aplicar tan elemental filosofía. 

Bogotá, D.C., diciembre 2 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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¿Qué pasará con la reforma a la salud?

El socialismo del siglo XXI, nuevo nombre del comunismo, tiene como propósito destruir las instituciones y los procesos de los países en los cuales quiere establecerse.

La revolución silente que se dio como consecuencia del fracaso de la revolución armada tiene el objetivo de hacerse con el poder.

La guerra cultural, que está hoy más vigente que nunca antes, nos enseña que cuando el objetivo se consigue se inicia la destrucción de las instituciones, especialmente las FFMM y de Policía, la organización electoral, la iglesia y los partidos políticos.

Desde que Gustavo Petro asumió el poder enfiló baterías contra las Fuerzas Militares que hoy están con la moral por el piso. Esto se agrava cada día ante el interés en favorecer a los criminales mediante incomprensibles iniciativas. Nuestra democracia siempre ha premiado el trabajo y la superación. Ahora es al revés.

El decrecimiento explicado en la columna anterior muestra como se va destruyendo gradualmente la economía. Y en medio de una narrativa de beneficios para determinados sectores de la sociedad se está acabando con el sistema de salud. Inicialmente fue la ministra Carolina Corcho la que se dio a esta labor. Ahora es el ministro Jaramillo. Se habían escuchado voces como la de Alejandro Gaviria que a la postre entró en razón y se alineó con los defensores del sistema de salud.

El proyecto fue radicado el 13 de febrero de 2023.La entonces ministra Corcho, a sabiendas de que se trataba de modificar una ley estatutaria optó por radicarla como si se tratase de modificar una ley ordinaria. Le correspondió a la Comisión 7a de la Cámara de Representantes impulsar el trámite del proyecto que fue titulado: » Por medio de la cual se transforma el sistema de Salud y se dictan otras disposiciones, de conformidad con los artículos 139 y 140 de la ley 5 de 1992 «.

Se distingue como proyecto de ley 15/11/ 2023.

Los colombianos seguimos de cerca la discusión que terminó el 18 de mayo aprobando 117 de 139 artículos. Los restantes se aprobaron el 23 de mayo. Se dio entonces paso al trámite en la plenaria de la Cámara.

Se dieron en Colombia elecciones locales y se pensó que, dados los resultados obtenidos, cambiaría el panorama para esta reforma como en efecto sucedió. La oposición del CD y otros partidos se enfrentó al gobierno y deshizo el quórum.

Ha sido una lucha titánica, destacándose el trabajo de Andrés Forero, quien insiste en que se tenga el aval fiscal, dado que se desconoce el costo de la reforma.

En medio de esta situación la Casa de Nariño invitó al expresidente Uribe para tratar este y otros temas, generando una amplia discusión en el seno del uribismo.

Quien lo creyera, la oposición se dividió y creó su propia oposición al líder de la colectividad. La ingratitud suele acompañar a los grandes dirigentes. Lo vivió el Libertador, ahora es el turno de Uribe. Lo cierto es que al expresidente le duele Colombia y lucha desinteresadamente por el sistema de salud. Sus opositores de la misma línea no pasan de pontificar con lo cual contribuyen a la destrucción.

La cita se llevó a cabo, al expresidente lo acompañaron varios escuderos destacándose Paloma Valencia y Andrés Forero. Durante la larga reunión los visitantes plantearon que el proyecto fuese retirado a lo cual Petro no accedió. Dentro de la cordialidad reinante el expresidente dejó claro que se trataba de un debate, no de una entrega.

Al día siguiente de la reunión «del tinto», como fue bautizada, el expresidente, en compañía de la senadora Paloma Valencia y el Representante Andrés Forero, dio una completa rueda de prensa en la que expuso claramente los riesgos que se corren con la eventual destrucción del sistema de salud.

En fin, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Lo cierto es que se le abona ese gran esfuerzo al CD y se hace un llamado a acompañar al expresidente en esa lucha desequilibrada. De no vencer, todos nos lamentaremos cuando debamos acudir al nuevo sistema de salud que constituye un retorno a los tiempos del Seguro Social.

Reanudadas las sesiones ordinarias en la plenaria de la Cámara de Representantes, de las que escasamente quedan tres semanas para que concluyan, no se consiguió ningún avance y más bien hubo un mayor distanciamiento del gobierno con la Alianza Verde por las desacertadas declaraciones del Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que no se dude tendrán consecuencias judiciales. Así las cosas, puede estar más cerca el hundimiento del proyecto del que sea aprobado.

Link:  Sobre Reunión Presidente Gustavo Petro: Razones de oposición a la Reforma a la Salud

Bogotá, D.C. noviembre 25 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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Decrecimiento

Con el slogan de el “cambio” Petro logró, luego de varios intentos, hacerse a la Presidencia de la República de Colombia. Pero el esfuerzo y tenacidad que utilizó en la campaña para obtener el beneplácito de un gran número de compatriotas desapareció una vez llegó al poder y de su promesa de cambio lo único que ha resultado es el decrecimiento.

Para el año que viene se avizora una recesión que podría agravarse si, como lo ha propuesto el gobernante, se irrespeta la regla fiscal. De “cumplirse” ese nefasto propósito la situación caótica actual empeorará. Toda recesión conlleva reducción en la fuerza laboral y pérdida de la competitividad.                                                                                                       

Por supuesto, el ahorro y buen manejo de los recursos públicos puede constituir una fórmula para aminorar el impacto de la recesión, pero por los ires y venires de Petro y su gobierno es improbable que suceda.

De un tiempo para acá se ha venido diciendo que la izquierda es buena para hacer oposición y campaña, pero pésima para administrar y gobernar. El mejor ejemplo de esto es, precisamente, el paso de Petro por la alcaldía de Bogotá.  Y lo ratifica su presidencia.

Las cifras de cómo va la economía en Colombia confirman la precedente aseveración.

El producto interno bruto (PIB) decreció un 0,3 %, sumando ya dos trimestres en rojo y el ministro de hacienda Ricardo Bonilla solo atinó a decir que el “dato es realmente malo”; lo que es realmente malo es su gestión. Pero este año es nefasto. Revisando el indicador de seguimiento a la Economía (ISE), que publica el DANE se tiene que de enero a agosto de 2023 se confirma la afirmación. El crecimiento en enero fue del 5%, febrero 2.5%, marzo1.4%, abril -0,9 mayo 0,1, junio 1.7%, Julio 1,0 agosto 02. En la revisión de noviembre 15 los resultados son: mayo 0,2%, junio 1,8% julio 0,3% y agosto -04%

Es especialmente significativo el decrecimiento en la construcción, que a hoy tiene, aproximadamente, la mitad de los proyectos de hace un año, descenso que no sólo acarrea pérdida de empleo para las personas más necesitadas, sino que influye negativamente en diferentes áreas de la industria y el comercio. Por ello estos sectores fueron los que más cayeron según el DANE.

Y si por allá llueve respecto a las exportaciones y otros rubros no escampa. Pero no todo cae. El aumento del número de empresas que están al día de hoy en reorganización o liquidación es una realidad. Entonces, estamos al revés de lo que debería ser y vamos por mal camino.       

Verdaderamente estamos en presencia de la teoría del decrecimiento que anunció la entonces Ministra de Minas Irene Vélez y respaldó el presidente porque es “clave en la lucha contra la crisis climática”, pero no lo es frente al colapso de la economía.

Ha sido un cambio completamente negativo para este desafortunado país. Y en muy poco tiempo. Lo peor es que, al arruinar la confianza de la gente, el gobierno ocasionó que el empresariado nacional deje de invertir en el país y opte por sacar el dinero o, en cualquier caso, abstenerse de impulsar nuevas iniciativas.

También decreció el estado de derecho en Colombia según World Justice Project (WJP), pues pasó del puesto 91 al 94 entre 142 países

Las arbitrariedades de Petro llevan a la Corte Constitucional a realizar control en derecho de las normas que él expide. Gracias a esto podríamos eventualmente recuperar algunos puestos.

Recientemente esa Corporación declaró inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las industrias extractivas de recursos naturales no renovables.

Y a esta decisión la precedió la caída de la emergencia económica para la Guajira.

Los ciudadanos no suelen interesarse por los temas económicos, pero son los primeros en sentir las consecuencias de los mismos. En cada visita al supermercado o la tienda adquieren menos productos por la misma suma de dinero. Y al tanquear el carro o moto sienten el impacto de los aumentos del precio de la gasolina. Tienen altas tasas de interés para sus obligaciones y ahora se enteran de que será reajustado el impuesto predial hasta en 300%.

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Será acaso que el cambio consiste en destruir la economía y poner en vigencia un modelo como el de Venezuela o Nicaragua?

¿Tendrá Petro interés en acabar con la propiedad privada y en controlar los medios de comunicación?

¿A dónde nos llevarán los infructuosos diálogos de la Paz total? ¿Nos sorprenderá con una Constituyente para intentar perpetuarse en el poder?

Una eventual respuesta nos lleva a recordar a Stalin quien, en cierta reunión, “mandó traer una gallina, la cargó amorosamente por toda la habitación, le habló bonito, exaltó sus virtudes y belleza, se la mostró y presumió a los asistentes y repentinamente cambió su actitud con ella y la tomó del cogote y la golpeó, la desplumó y la pateó hasta casi matarla, sin importarle por un segundo las muestras de dolor emitidas por el ave. Un momento después sacó de su bolsillo unos pocos granos de maíz y se los fue aventando uno a uno a la gallina y para sorpresa de todos los presentes, la moribunda ave como pudo, desplumada y maltrecha lo persiguió por toda la habitación agradeciendo cada uno de los pocos granos de maíz que le daba el dictador, que finalmente la levantó y la abrazó y les dijo: Así se gobierna “estúpidos”, el pueblo es como la gallina.”

No debemos seguir el ejemplo de la gallina, debemos pacíficamente exigir al gobierno menos derroche, decrecer el aparato burocrático del ejecutivo, empezando por la supresión del Ministerio de la Igualdad, incentivar los sectores productivos, la inversión nacional y extranjera, no a los delincuentes, respetar la independencia de las otras Ramas del Poder Público y, en general, actuar de conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico patrio. Quizás, entonces, inicie el “cambio” que prometió y cese el decrecimiento que padecemos en todos los aspectos

Bogotá, D.C., noviembre 18 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

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¿ Cuál Paz ?

Emmanuel Kant en el tratado la Paz Perpetua expresa “No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra”, situación que, justamente, ocurrió en el generoso proceso impulsado por Santos con las Farc-Ep para alcanzar un acuerdo para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Motivo por el cual el tiempo transcurrido dio la razón a los colombianos que votaron NO en el plebiscito y que fueron mayoría el 2 de octubre de 2016. La realidad muestra el fracaso total del acuerdo. Nadie puede decir que Colombia vive en Paz.

Y es que sabido es que lo que mal comienza mal termina. Muchos errores se evidencian en ese proceso, vale la pena destacar el permitir que paralelamente algunos de los guerrilleros de las Farc-Ep se desmovilizaran y otros permanecieran en la ilegalidad con el apelativo de  disidencias; uno más, también muy grave, fue  adelantar las conversaciones en medio de los combates, pues tales no fueron suspendidos; y se remató con el desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito e ignorando la máxima según la cual «en democracia el único soberano es el pueblo».

El 24 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc – Ep  y a partir de ese momento la historia del país tomó un rumbo incierto. Lo que se construye con trampas no produce buenos resultados. La plenaria del Congreso aprobó el acuerdo negado en las urnas y la Corte Constitucional, quien lo creyera, lo avaló.

Mediante la expedición del Decreto 2027 de 2016 se dispuso la reincorporación de los miembros de las Farc-Ep. Se consiguió en su momento registrar 6.934 guerrilleros concentrados en las zonas especiales creadas con esa finalidad. Hoy, la gran mayoría retornó a la subversión y unos pocos, entre ellos los integrantes del secretariado, gozan de las mieles del poder.  

La implementación le correspondió al presidente Duque. Su gobierno hizo un gran esfuerzo para llevarla a cabo, pero el sanguinario alias El Paisa, el alevoso Iván Márquez, el supuesto ciego Santrich y otros subversivos se levantaron nuevamente en armas creando la Segunda Marquetalia. Es con ellos con quienes el gobierno Petro está, equivocadamente, en tratativas dentro del marco de la mal llamada Paz Total.

Un yerro adicional en este proceso. Los subversivos que se sometieron al Acuerdo de La Habana, en caso de delinquir después del 2016, perdían todos los beneficios. Luego, los llamados disidentes no pueden ser sujetos nuevamente de este proceso y de los privilegios que se les concedan.

En agosto de 2022 Petro llega al poder y gran parte del muy promocionado «cambio» es enfocado en un proyecto de la Paz Total. Para conseguirla su bancada logró la aprobación de la ley 2272 de 2022, aunque lo hizo mediante un trámite  muy irregular sobre el cual se pronunciará la Corte Constitucional.

Mientras se produce esta revisión constitucional el gobierno da paso a diferentes procesos de negociación. Se encuentran en curso a más del seguido con las Farc (disidencias)  el adelantado con el ELN y, un tercero, con organizaciones al margen de la ley a quienes el ELN no les permitió sentarse en la misma mesa de negociación que ellos.

De los equívocos e imprecisiones del pasado parece que no aprendieron nada, pese a que a la vista está el aumento de desplazados, homicidios, extorsiones, toma de poblaciones, etc.. Así, conformaron la mesa en medio del conflicto y ni siquiera establecieron la prohibición de secuestrar o «retener», como les gusta decir. En el año de gobierno de Petro los secuestros pasaron de 154 a 293, según lo reveló el propio ministro de defensa Velásquez.

Además, al implementar ceses al fuego el gobierno ha atado las manos de las Fuerzas Militares. Más no ha actuado de igual manera con las disidencias de Mordisco ni con el ELN.

Confirma lo dicho la osadía del último grupo subversivo mencionado al secuestrar a los padres del futbolista Lucho Díaz, ídolo de los colombianos. Y el cabecilla Antonio García salió a decir que el secuestro o «retención» no estaba prohibido, olvidando su consagración como delito en el Código Penal.

En cuanto a las Farc de Mordisco se levantaron de la mesa de negociación unilateralmente  y protagonizaron un grave suceso en El Plateado, Cauca, donde forzaron a la población a sacar al ejército de la zona.

Y como este se han presentado mas incidentes. El gobierno les ha permitido absolutamente todo.

La paz total se está cayendo a pedazos y el territorio colombiano se comienza a desmembrar peligrosamente.

Un país que no reacciona ante las humillaciones a las que someten a sus FFMM y de Policía está condenado a ser esclavo de los subversivos. Y su epitafio será la famosa frase de Séneca: «No hay viento favorable para el que no sabe hacia donde va.»

Bogotá, D.C., noviembre 11 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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Ad portas del fin de la democracia

La dirección de las relaciones internacionales es vista como una política pública, dirigida a la consecución de los intereses del Estado, a través de la interacción con las otras naciones. Su manejo y progresividad dependerá de la capacidad que tenga el gobierno para consolidar espacios políticos y económicos con los demás actores del sistema internacional.

En Colombia, la Carta Magna en su artículo 9 prevé que “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, parámetros impositivos que deben ser acatados por las instituciones que desempeñan un rol en el desarrollo de la política exterior, esto es, la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería; la comisión segunda de Senado y Cámara y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (Care).

La normatividad que regula la política exterior, entonces, pretende mantener una estructura bajo un postulado esencial, el interés nacional, conservando el respeto y preferencia por los canales diplomáticos y de derecho que Colombia ha salvaguardado desde que es independiente.

El actual mandatario de los colombianos, en contravía de la organización y de esas prácticas, ha adoptado la mala costumbre de gobernar y manejar las relaciones a través de su cuenta personal en X, antes Twitter y de manera dictatorial adoptó su propia posición respecto a los graves actos terroristas cometidos por Hamás en contra del Estado de Israel.

Intervención criticable, en primera instancia, por el hecho de ser inconsulta con las diferentes instituciones que deben participar en la política exterior y con los diversos actores de la sociedad, quienes se han manifestado en contra de la opinión del presidente y, en segundo lugar, quizás más delicado, el erigirse como una política personal del gobernante y no de Estado. Por supuesto nada de esto consulta los intereses nacionales.

La reacción de Petro ante el ataque de Hamás a Israel fue casi insular, no estuvo en línea con la de la mayoría de los líderes mundiales. Esto provocó una primera crisis e Israel manifestó que podría suspender sus exportaciones de material de seguridad a Colombia.

Se produjo entonces una reunión entre el embajador y Petro en la que, aparentemente, se calmaron los ánimos, y cuando se pensaba que la problemática estaba superada y que se normalizarían las relaciones, Petro, de nuevo desde X, publicó ofensivos mensajes contra la actuación de las fuerzas militares israelíes en Gaza e incluso las llamó genocidas. El mandatario llamó a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez. Al mismo tiempo, Chile hizo lo propio con su embajador.

Por lo general, cuando se llama a consultas es para tratar inquietudes que rodean y afectan la relación entre los dos países. Pero también puede tratarse de la antesala de una ruptura. En el caso de Israel se vería comprometido un intercambio comercial de más de 375 millones de dólares.

Los hechos han evolucionado de una manera tal que está en riesgo la relación con Israel, un aliado estratégico con el cual Colombia mantiene relaciones permanentes desde el 1 de julio de 1957, no sin antes recordar que a Israel, Colombia le reconoció como Estado en febrero de 1949. De contera, el fin de esa relación afectará la que tenemos con los Estados Unidos, aliado incondicional de Israel.

Ayer se conocieron los resultados de la cumbre convocada por Biden en Washington. El secretario de Estado Anthony Blinken manifestó que Israel está en su legítimo derecho de defenderse al actuar en la Franja de Gaza. Ya en reciente viaje a Israel había dado a conocer que “A Hamás no le importa en absoluto el bienestar del pueblo palestino. De forma cínica y monstruosa los usa como escudos humanos, poniendo sus armas, su munición y sus centros de mando en cualquier sitio, en hospitales, colegios, mezquitas… Pero los civiles no tienen que sufrir las consecuencias de su falta de humanidad y su brutalidad. Hemos aconsejado a Israel, le hemos dado un consejo que solo pueden dar los mejores amigos sobre cómo minimizar las muertes de civiles y a la vez acabar con los terroristas de Hamás”.

Un asunto importante en la guerra de Hamás contra Israel es el de los 500 kilómetros, aproximadamente, de túneles, que esa organización ilegal tiene en Gaza, cerca de la frontera, y es allí donde se esconden los terroristas de Hamás, utilizando a los palestinos como escudos humanos. El propio Hamás dio a conocer estos túneles en el 2021.

Una ruptura con Israel dejaría seriamente expuesta nuestra seguridad nacional, ya bastante fracturada por causa de las políticas de este gobierno. Las relaciones se han venido resquebrajando y no se vislumbra un nuevo acercamiento. Por el contrario, en la medida en que Israel continúe con sus operaciones de legítima defensa en Gaza y Cisjordania habrá más y más tensiones.

Gustavo Petro no escucha y pretende individualizar una relación desconociendo que representa la nación. Los colombianos sin distinción rechazan por completo el terrorismo de Hamás y el Presidente irresponsablemente nos ignora y perjudica al no escuchar el clamor de la soberanía popular. Parecería que el mandatario pretende cambiar a los aliados incondicionales de Colombia, Israel y los Estados Unidos, por Rusia, China e Irán. Este cambio produciría la completa extinción de nuestra democracia.

Pildorita: Nada que devuelven su libertad a Luis Manuel Díaz. Es hora de levantarse de la mesa de negociaciones.

Bogotá, D.C. noviembre 4 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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Cambio al “cambio”

¡Colombianos, reaccionen y pa´lante!. Llegó el momento de legítimamente y por la vía constitucional demostrar nuestra inconformidad y desacuerdo con las políticas del actual gobierno. Los jóvenes, promesa de un futuro mejor, ya empezaron con la transformación. Según reciente encuesta realizada por la Universidad del Rosario y la encuestadora Cifras y Conceptos, con apoyo de la Fundación Alemana Han Seidel la juventud del país evoluciona filosóficamente, y políticamente tiende a identificarse en mayor porcentaje con la ideología de derecha. El resultado entusiasma por la oportunidad que se tiene de fortalecer los valores y principios democráticos de la sociedad y derrotar el populismo. La misma encuesta señala que el 65% afirma no sentirse representado por el hoy existente poder ejecutivo.

Entonces, es este 29 de octubre, cuando Colombia enfrentará unas elecciones regionales absolutamente cruciales que todos unidos en el rescate de nuestra patria, masivamente, debemos ejercer el derecho al voto para vencer a la izquierda radical y al Pacto Histórico, particularmente, en las principales ciudades. Este debate electoral será en la práctica un referendo en cuanto a la gestión del gobierno Petro, quien en escasos 15 meses sólo ha provocado graves crisis, cambios destructivos. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, serán definitivas para sacudirnos del dominio de la izquierda y “encuadernar” el país.

Y para que el principio de legitimidad democrática funcione debe el gobierno garantizar que en todo el territorio los ciudadanos puedan votar libremente. Así lo ordena el artículo 258 de la Constitución Política al disponer que “(…) El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción (…)”, empero, dadas las advertencias de la Defensoría del Pueblo, sumadas a las de la Procuraduría General de la Nación, a las graves observaciones del expresidente Andrés Pastrana y al noveno informe de la MOE (Misión de Observación Electoral), y no se diga de las de la Fiscalía General, ese compromiso no se satisface a plenitud, de donde se infiere que estas elecciones están seriamente amenazadas, poniendo en serio riesgo la democracia.

Las elecciones regionales están expuestas en cerca de 200 municipios. Los que están en riesgo medio pasaron de 27 a 31, los de riesgo alto pasaron de 56 a 66 y los de riesgo extremo de 83 a 104. Solo 5 municipios pasaron de registrar riesgo medio a no presentar ninguno.

Se suma que faltando solo un día para la jornada electoral no fue posible conocer la lista de los candidatos inhabilitados en forma definitiva por el CNE. Los que se encuentren en esta situación aparecerán en los tarjetones sin poder participar en la elección. ¿Qué sucederá con los votos que se depositen por ellos? La respuesta es que se deben tener por votos no marcados que son distintos a los votos nulos.

Y, en punto a la transparencia del proceso, son muy preocupantes los hechos que impidieron el uso del software de la Registraduría para escoger los jurados de votación. Se adoptó una solución temporal, una plataforma de contingencia que no cuenta con funcionalidad de veeduría sobre el cargue y sorteo de los jurados. Circunstancia sospechosa que genera serias dudas, sin que hasta el momento alguien responda.

Además, los partidos no han hecho bien su tarea. Apenas han comenzado a entregar las credenciales a los testigos de mesa y con todas las fallas del software es probable que se arme un gran desorden frente a la acreditación en tiempo de estos testigos, con repercusiones adversas respecto a la credibilidad de los resultados.

Si bien los primeros llamados a vigilar el proceso son los propios candidatos es también claro que los partidos y movimientos deben conseguir oportunamente los abogados para los procesos de escrutinio, una vez se cierre la elección. Los testigos tienen un papel clave en la mesa pero es en el escrutinio donde finalmente se defiende a fondo la decisión del pueblo y se tramitan las objeciones.

Tampoco se tiene la totalidad de la información sobre el financiamiento y gastos de las campañas. No se aprende, no se aplican las experiencias de elecciones pasadas. Por cierto,  recordemos que aún no se tiene un informe final de la elección presidencial de 2022.

Es importante señalar que los afiliados a Fecode, que tradicionalmente han sido jurados, no pueden seguirlo siendo debido a su apoyo económico a la campaña de Petro, el que se conoció hace poco tiempo.

Más aún. Perturbadora resulta la noticia de que el Gobierno y la Registraduría pidieron permiso a las Farc de Mordisco para llevar el material electoral a 21 municipios. Insólito. Tamaña situación jamás se había presentado, ni los colombianos entendemos a que “honduras” nos está llevando esta administración. En definitiva, ¡estamos peor que nunca!

Un reciente comunicado de la Mesa de Diálogos de Paz informa que, por invitación de las autoridades electorales, estará presente «en pleno» en el acto protocolario de apertura de las votaciones, el cual se realizará el 29 de octubre en Popayán. Sin embargo, poco después de conocerse esta información las autoridades se lavaron las manos.

Las desgracias que nos aquejan hoy por el mal gobierno de Petro y la corrupción que lo envuelve nos imponen el deber moral y la responsabilidad de votar como única posibilidad de enderezar el rumbo. Nuestra misión es reducir al máximo la abstención. Hay que estudiar las hojas de vida de los candidatos y votar a consciencia. Colombia nos necesita. Llegó la hora de defenderla con nuestro voto.

Petro se juega su gobernabilidad a futuro. Nosotros nos jugamos el futuro de nuestra nación. A votar, entonces, el 29 de octubre de 2023.

Bogotá, D.C. octubre 28 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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Colombia en riesgo

El rumbo que este gobierno le está imponiendo a Colombia, por caminos intransitables, cada día se “destapa” con consecuencias impredecibles, más no positivas para el país.

La reacción crítica tanto en el ámbito nacional como en el internacional frente a la posición adoptada de manera personal por Petro respecto al ataque terrorista de Hamás a Israel no se ha hecho esperar. Basta observar las comunicaciones que le enviaron los excancilleres y los empresarios, políticos y representantes de varios sectores de la sociedad manifestándole no sentirse identificados con los pronunciamientos que sobre esa situación ha hecho en su cuenta oficial de X y su inconformidad por la ausencia de rechazo al proceder de Hamás.

Desde el exterior y pese a la convocatoria que efectuó el gobernante a América Latina de solidaridad real con Colombia la respuesta también es descalificadora, por ejemplo el presidente de Chile expresó “(…) sobre todo un crimen de tipo internacional, sobre el cual ha faltado una posición contundente del presidente Petro para repudiar ese tipo de actos”; y la embajadora de la Oficina del Enviado Especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo manifestó “Le solicitamos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes”.

¡Y quién lo creyera! El gobierno «del Cambio», ante el gravísimo atentado terrorista y genocida contra Israel, sigue guardando silencio, no ha formulado ninguna condena.

Se trató de un atentado extremadamente cruel y sanguinario que recuerda los tristemente célebres pogromos, de tiempos de los zares, cuando los cosacos invadían villas y aldeas para asesinar, violar, ultrajar, saquear, a todos los judíos, sin excepción, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Gustavo Petro, seguido por su imprudente canciller Álvaro Leyva, asumieron una actitud que solo puede entenderse en defensa de Hamás. El canciller, sin el uso propio de la diplomacia, dijo al embajador israelí, Gari Dagan, entre otras cosas, que debía «pedir excusas e irse». Esto ocasionó un incidente diplomático tan grave que Israel comunicó que suspendería las exportaciones de seguridad a Colombia, decisión que afecta gravemente los intereses de los colombianos y conlleva a la virtual parálisis de nuestras FFMM.

Posición que también exponen seriamente nuestras relaciones con los Estados Unidos, país que también ha sido víctima del terrorismo. Baste recordar el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

El senador republicano por Florida, Rick Scott, en entrevista a la FM, dijo que la perspectiva de Petro es «estúpida» pero que no le sorprendía dado que es socialista y que hizo parte del M – 19. «Dime con quien andas y te diré quién eres», enfatizó.

No es común escuchar a un congresista estadounidense hacer tan cruda manifestación. Advirtió también que como consecuencia de las posturas de Petro podría verse afectado el empleo en Colombia. Y concluyó: » Si alguien no cree en alguien no hace negocios con él. Habrá menos comercio entre Colombia y Estados Unidos, menos empleo, menos inversión de Estados Unidos porque ya no le van a creer al Gobierno de Colombia, habrá menos interés en ayudarle al país al darse cuenta de que su presidente es socialista».

Sin duda la situación es grave. La vicepresidente Francia Márquez tenía programada una visita a los Estados Unidos y le cancelaron toda la agenda, incluyendo la postergación de la entrega de la medalla  W.E.B. Du Bois otorgada por el @HutchinsCenter que recibiría en Boston.

El gobierno Petro debería entender que es mejor estar del lado de los países latinoamericanos que rechazaron el ataque criminal en vez de alinearse con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se han cruzado los límites. En la diplomacia colombiana ha primado la imprudencia y, lo que es peor, la política exterior se ha manejado a través de las redes, contaminando a muchos ciudadanos que, esperamos, no conviertan su odio en antisemitismo. Que peligro.

Del enfoque que el gobierno le ha dado al ataque contra Israel es probable inferir que pretende afianzar sus relaciones con países que respaldan grupos como Hamás y Hezbollah, mientras se distancia de aliados tradicionales que auspician o contribuyen al desarrollo y mejoramiento social de la población colombiana.

Situación que impone señalar que el terrorismo deja su huella a perpetuidad. Prueba de ello es la toma del Palacio de Justicia por el M- 19, acto que aún repercute desfavorablemente en la historia del país. Sabido es que en esta agrupación militó, en un rango menor, Gustavo Petro. Otra, la constituye el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, agresión local con efectos globales. Ahora este pogromo que acabó con las vidas de 260 jóvenes de diversas nacionalidades y de más de 1500 israelíes nos acompañará hasta el día del Juicio Final. Hacemos votos al Altísimo para que primen la prudencia, la mesura, el sentido común, ya que no la compasión.

Que el atentado genocida de Hamás no sea el comienzo de una oleada de persecución y derramamiento de sangre como las que registra la historia. Los israelíes son nuestros amigos y aliados.

En medio de la tensión diplomática que Colombia mantiene con Israel, se llevó a cabo un encuentro del Presidente con el embajador de Israel el jueves 19 de octubre, pero los informes y notas de prensa que se conocieron luego de la reunión dejan en claro que Petro, por ahora, no condena el asesinato masivo ocurrido el 7 de octubre y que tampoco el embajador expresó si Israel reversa su decisión.

Todos estos acontecimientos que ponen a Colombia en peligroso riesgo nos obliga a todos los ciudadanos, unidos como corresponde,  tengamos o no miedo,  a reaccionar y actuar. “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo” (Elie Wiesel, Premio Novel de Paz)

Bogotá, D.C. octubre 21 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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“Elecciones justas y libres”

Para que unas elecciones puedan denominarse democráticas requieren que sean libres y transparentes, que participen todos los posibles electores que deseen hacerlo y que su voto se efectúe de conformidad con su preferencia, sin ninguna presión. La UIP, en su Declaración Universal sobre la Democracia, estableció que “el elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de elecciones libres y justas que permitan la expresión de la voluntad popular.” Escenario que a escasos 22 días de las elecciones locales parece ausente en este país, el que está viviendo en una gran zozobra. La ciudadanía pide, como lo hiciera el presidente en su campaña, garantías electorales, las que en la hora de ahora parecen esquivas.

La nación se encuentra en grave peligro. A un año y dos meses de gestión del gobierno actual hay muchos motivos de preocupación en diferentes áreas, siendo de especial relevancia el señalamientos sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó a la presidencia a Petro. Al efecto, se están adelantando investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto, desde luego, tiene en entredicho al gobierno.

Si bien la campaña del Pacto Histórico tuvo como una de sus propuestas centrales la lucha contra la corrupción al día de hoy esta campea a lo largo y ancho del territorio. El estupor del pueblo colombiano por el cumplimiento del Pacto de la Picota no cesa, la entrega al narcotráfico de toda clase de prebendas y tratamientos favorables que hacen que actualmente el país sea visto en el exterior como una narco-democracia le resulta ignominiosa y al interior, su interferencia en unas elecciones libres, al igual que la de los demás violentos, hace presagiar un fraude electoral. ¿Estamos en presencia de una narcocracia?

Se suma la agenda de la Paz Total que parece, no un llamado a la paz, sino más bien un grito de guerra. El “pagar por no matar”, la transformación de peligrosos delincuentes en gestores de paz, son apenas ejemplos de esa política, la que en vez de reconciliar al país lo martiriza y divide. Además, el absurdo de creer que se llega fortalecido a una mesa de negociación si se realizan previamente atentados criminales contra los civiles y la fuerza pública es un atropello a la sociedad que debe cesar por completo. Mucho más en el reciente llamado a las «disidencias» de Farc, el cual está viciado de nulidad.

Entonces, de cara a las elecciones se evidencia que ese panorama va a tener nocivas consecuencias, así, en los lugares donde existen y se expanden los cultivos ilícitos, fuente primaria de los grupos al margen de la ley, se ejercerá por éstos presión sobre la población e impedirán la votación libre. El propio registrador ya lo dejó saber:  harán presencia las disidencias de las FARC y varias bandas criminales que, según se ha dicho, respaldan a determinados candidatos en Nariño, Cauca y Sucre, entre otros.

Además, los riesgos que se corren no son solo en esas zonas y en las apartadas. La Misión de Observación Electoral MOE, “regional Bogotá” ha dado a conocer una alerta en 160 puestos de votación al norte y occidente de esta ciudad. Allí se presentan indicativos de fraude electoral. Este sería evidente y masivo como el que ciertos sectores creen que aconteció en las pasadas elecciones.

Por otra parte, es realmente alarmante la información que dio la Registraduría, el pasado 27 de septiembre, a los registradores delegados y al registrador distrital de la suspensión de simulacros y sorteos para la conformación de las listas de jurados de votación. Estas serán publicadas el 14 de octubre dados los «problemas» e «incidencias» de la plataforma. Luego, los designados como jurados tendrán escasos 15 días para capacitarse, lo que de suyo va a repercutir en el resultado electoral.

Sabido es que en el pasado han sido los afiliados a FECODE quienes han integrado gran parte de las listas de jurados. Ahora bien, FECODE donó 500 millones de pesos a la campaña de Petro (lo ha dicho uno de sus directivos) y este donativo no aparece registrado en las cuentas de la campaña. Están, entonces, ellos claramente inhabilitados para ser jurados de votación.

Los partidos y movimientos políticos tendrán que disponer de un ejército de testigos electorales. Colombia Evidente es un movimiento que está a la vanguardia en la capacitación de los mismos.

Para rescatar lo que queda de democracia la sociedad civil, blanco de mensajes de odio del primer mandatario, está decidida a actuar. La fuerza pública ha sido diezmada. El porte de armas prohibido. En fin, se ha tratado de ponerla contra las cuerdas y la única defensa es votar a conciencia. Nuestro voto será definitivo en la batalla por la defensa de la democracia, las elecciones serán un verdadero plebiscito que definirá la gobernabilidad de Petro. Luego, masivamente debemos concurrir a las urnas, hay que votar y vigilar el voto. Seamos testigos electorales.

Taylor Swift, cantautora y estrella de country-pop indicó “No es suficiente solo querer un cambio… Debes ir y hacer el cambio a través del voto».

Bogotá, agosto 7 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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¿Serán indígenas?

En Colombia para el año 2005 la población indígena se reportó en 1.392.230, ya para 2018, de acuerdo con el censo poblacional, ascendía a 1.905.617; creció en un 37%, porcentaje que representa el 4.4% de la población colombiana. Ese acrecimiento deja flotando un interrogante ¿en realidad este grupo aumento en esa proporción? O ¿Será que se incorporaron personas para hacerse pasar por indígenas?  Hoy, los indígenas son los mayores terratenientes del país. Un tercio del territorio nacional les pertenece y no contentos con ello algunos de éstos promueven constantemente invasiones para obtener más tierra. En el sur del país, especialmente en el departamento de Cauca, han venido desplazando a los propietarios de sus tierras, entre ellos, a afrodescendientes.

La Constitución de 1991 fue permeada por el narcotráfico, particularmente por el poderoso capo Pablo Escobar. Él doblegó así al país y obtuvo la prohibición de la extradición. Hoy, cuando los cultivos de coca inundan las tierras del sur cabe preguntarse si el amplio reconocimiento que se dio en la Constitución a los indígenas tuvo que ver con presiones de los narcotraficantes?

En la ley de leyes el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y se obliga a proteger la riqueza cultural, lo cual es laudable. De tiempo atrás se les reconocían especiales derechos por ello las tierras comunales de grupos étnicos y las de resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Carta Política les concedió 2 escaños en el senado y hasta 5 en la cámara de representantes, a elegirse en circunscripción nacional especial por sus comunidades.

También se dispuso que las autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. El decreto 2001 de 1988 ya había reconocido que los cabildos indígenas son «entidades públicas de carácter especial», encargadas de gobernar a los indígenas y administrar sus territorios.

Pero los derechos conllevan obligaciones. Ya desde los romanos se decía “do ut des”, entonces, corresponde a los pueblos indígenas, como colombianos que son, respetar la Constitución, darle una función social a la tierra y velar por la integración social.  Empero, se observa que nada de eso ocurre.

A pesar de tantas concesiones y privilegios muchos de ellos abusan y salen de sus territorios a cometer toda clase de acciones amenazantes y aún vandálicas, como la que ocurrió ayer en las instalaciones de la Revista Semana, sin olvidar la invasión al Parque Nacional de Bogotá, donde tuvieron una larga estadía, dejando en un lamentable estado ese emblemático espacio, episodio que terminó con la muerte de un ciudadano sin que a la fecha se conozca lo sucedido con sus asesinos. También se conocieron los disturbios y agresiones que realizaron en el centro de Bogotá, los ataques a establecimientos de comercio y el asesinato del conductor Hildebrando Rivera, a lo que se suma los bloqueos a las vías, como recientemente ocurrió con la Panamericana y el trato oprobioso que le dispensan a la fuerza pública.

Con todo, el presidente acude a ellos para movilizarlos a fin de que apoyen sus iniciativas. Así, la semana que pasó, atendiendo intereses ajenos a los de su comunidad, nuevamente llegaron a Bogotá, con todos los gastos pagos, para participar junto a integrantes de FECODE y contratistas del Estado, en la manifestación convocada y patrocinada por Gustavo Petro. Es posible ver en ese llamado un intento del mandatario  para mostrar algo de gobernabilidad pues en el año largo que lleva de gobierno la ha ido perdiendo a causa de su gestión destructiva.Y claramente fue un gran error. Esa manifestación al carecer de espontaneidad, no logró ser el “referendo social” que buscaba el gobierno, pese a los incentivos que dio.

Lo cierto es que el gobernante abuso inmisericordemente del erario, lo cual demanda la inmediata actuación de los organismos de control, inicialmente de la Contraloría y de la Procuraduría y, eventualmente, de comprobarse la existencia de delitos, de la Fiscalía.

Pretender presionar al Congreso mediante una movilización costeada con dineros públicos no puede dar ningún resultado positivo, ese no es el camino para el “cambio”, la democracia reclama una rama legislativa independiente, cuya labor es ocuparse de hacer las leyes para el bienestar común y, en el caso de las reformas en curso modificarlas o hundirlas, según las necesidades del pueblo en general.

Movilización que sí posibilitó la toma violenta de las instalaciones de la  Revista Semana por los indígenas traídos, en un hecho calificado como  un gravísimo atentado a la libertad de prensa, sobre el que desafortunadamente la Ministra de Trabajo dijo “un gran llamado para que los periodistas no sean incendiarios”. Si bien la autoridad actuó y recuperó la instalación no se entiende por qué no detuvo a los vándalos revoltosos, como era su deber. Un guardia resultó herido y todas las personas que estaban en sus instalaciones sufrieron serio daño sicológico ante la real amenaza de ser lesionados o, incluso, perder la vida. La responsabilidad en este caso es por completo del convocante y patrocinador de esa minga delincuencial.

Bogotá, D.C septiembre 30 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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¿Sin pasaportes?    

El Consejo de Estado, citando a Enrique Sayagués Laso, manifestó que la licitación pública es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, cuya ruta la constituye el pliego de condiciones, documento que “establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato”, cuya carga de claridad y precisión está a cargo de la administración, procedimiento que garantiza la transparencia, la igualdad y el deber de selección objetiva del contratista.

Con esa finalidad se abrió el proceso licitatorio LP-001-2023 cuyo objeto es “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores”.

Concluido el trámite de esa convocatoria, la que fuera declarada desierta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos quedamos estupefactos ante la inadmisible afirmación de Gustavo Petro en su cuenta de X, el pasado 25 de septiembre, al expresar «La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compite o compiten …” y, agregó: “en este gobierno no se permite la corrupción.”

Sea lo primero indicar que ese mensaje revela un presidente tiránico que irrespeta y viola un proceso claro, en perjuicio de los intereses de los colombianos, pues, además de las obligadas demoras que tendrán que soportarse en la expedición de ese documento, como ya se anunciara, se deberá responder por la demanda que proponga el oferente.

En segundo término, de ese trino se deduce claramente que tiene un problema, al parecer personal, con la firma Thomas Greg and Son, el que no debía interferir en la licitación y el cual pretende justificar señalando que esa firma elaboró los pasaportes durante el gobierno anterior, circunstancia totalmente ajena a la licitación, máxime cuando se conoce que la firma cumplió a cabalidad con la labor encomendada, como lo viene haciendo por más de 17 años en los diferentes gobiernos.

No hay nada más. El presidente insinúa malos manejos y corrupción sin presentar ninguna denuncia ni mucho menos pruebas, pero, quizás, tal se presenta más bien con la contratación directa que a raíz de la declaratoria de desierta la licitación se persigue realizar.

Sin duda el gobierno está aplicando su política de “decrecer”, pues, como lo manifestaron varios ciudadanos, la expedición de pasaportes era uno de los trámites de mejor y más rápido funcionamiento en este país, había que torpedearlo, como se viene haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, el de salud. En estos momentos no sólo dicho procedimiento es más lento, sino que las correspondientes libretas están por acabarse. De manera que resulta evidente y asombrosa la habilidad de este gobierno y su gente para destruir lo que funciona sin tener como reemplazarlo adecuadamente.

Y ahora el presidente dice que quiere competencia, sin que él esté llamado a intervenir en esta clase de procesos y menos aun contrariando la ley, ya que el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que conservó el texto del artículo 6º del Decreto 287 de 1986, frente a una propuesta hábil, por ser la mejor, contempló que no procedía la declaratoria de desierta de la licitación.

En verdad la reacción airada del mandatario es completamente irracional.

No se puede desconocer que el proceso que arbitrariamente se declara desierto cumplía con los puntuales términos del pliego de condiciones que dio lugar a la licitación abierta el 24 de mayo de esta anualidad. Participaron inicialmente 11 empresas:  Thomas Greg & Sons de Colombia S.A; Impresa Nacional – Casa de la Moneda de Portugal; Cadena S.A.; Thales Colombia S.A.; Identificación Plástica S.A.S; Consorcio STC; In Group; Get Group; Inversiones BMT S.A.S; Veridos México y Accesos Holográficos (sucursal Colombia).

Varias de ellos se fueron retirando más por carecer de suficiente capacidad instalada para dar cumplimiento al proyectado contrato que por otra cosa. Y los había que no contaban con los insumos necesarios para la producción de las libretas, luego se está en presencia de la hipótesis legal que impide la declaración de desierta de la convocatoria.


¿Pero si la ley permite un solo participante, donde está la claramente insinuada corrupción? ¿Por qué el alboroto? La respuesta debe darla  el presidente.

Ahora bien, el canciller manifestó que adjudicaría el contrato «a dedo», como suele decirse, pese al dicho del presidente que quiere competencia. El procedimiento establecido admitía la competencia, lo que ocurre es que se precipitó en su manifestación y su total molestia, al parecer, es por el resultado de quien en franca lid fue el ganador. Empresa que lleva años cumpliendo a cabalidad con la elaboración y entrega de los pasaportes.

Ya se sabe que la cancillería declaró desierta la licitación, posiblemente de manera abusiva y contrariando la ley, con el consecuente riesgo de que se presenten inconvenientes varios en la expedición de pasaportes, incluso una escasez de los mismos, que no sabemos a dónde nos llevaría, ello, porque la firma que los elabora actualmente tiene contrato hasta el próximo 2 de octubre. Esto no se resolverá abriendo una nueva licitación precedida de una urgencia manifiesta, según resolución firmada por el canciller el 14 de septiembre y lo cual les habilita para hacer una contratación directa.

La firma Thomas Greg and Sons tiene todo el derecho a estudiar la posibilidad de interponer una demanda contra el estado colombiano dado que cumplió con todos los requisitos y la descalificaron ilegal y abusivamente. Según las normas vigentes esta compañía podrá solicitar ante los tribunales el pago de los perjuicios que sin duda está en capacidad de probar. Se estima que superarían los cien mil millones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación ya abrió proceso disciplinario contra el Canciller Álvaro Leyva y el secretario general José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades al terminar de la forma comentada el proceso licitatorio, porque se aprecia vulneración a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Esperemos que la investigación sea eficaz.

Ya los graves efectos de esa decisión reprochable se están sintiendo y la gente está concurriendo en masa a tramitar el pasaporte. Esto, por supuesto, contribuirá a que rápidamente se agoten. Se presentan largas filas presenciales por las fallas y deficiencias que tiene la página Web. Se conoció que ya en una de las oficinas debió intervenir la fuerza pública (Esmad) para mantener el orden.

La irresponsabilidad del gobierno queda una vez más demostrada y la ciudadanía perjudicada, indiscutiblemente estamos en el gobierno del “decrecimiento”.

Bogotá, D.C septiembre 23 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión