Autor: Bernardo Henao Jaramillo

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Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

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El Petro Álbum

Los álbumes recopilan una selección, en este caso de personajes, los que vamos a coleccionar por el material ya conocido, y parodiando a los de Panini se encontrará que hay fichas o láminas muy repetidas y otras muy difíciles de conseguir. Este álbum del Pacto Histórico por su contenido es único.

En los inicios de la Colombia Humana y el Pacto Histórico están militantes, o jugadores, que desde antaño acompañan a su jefe natural, la mona número 1, Gustavo Petro. El punto de partida de este movimiento fue la excesivamente generosa amnistía que otorgara el gobierno de Virgilio Barco, tras realizarse el 8 de marzo de 1990 la dejación de armas en Santo Domingo (Cauca). En la tarde de ese inolvidable día de desprendimiento y entrega por parte del Estado se suscribió en Bogotá la desmovilización por el presidente Virgilio Barco y el líder de la organización guerrillera, Carlos Pizarro. Así nació la Alianza democrática M19. Petro, conocido, entre otras, por su militancia en la guerrilla, su participación ideológica en la toma del Palacio de Justicia, señalado de cometer delitos de lesa humanidad, condenado por porte ilegal de armas, registrado en video recibiendo dinero y criticado por el caos de Bogotá durante su administración. 

Sigue su escudero y adulador por excelencia Gustavo Bolívar, personaje que es, o dice ser, incondicional de Petro. Especialista en quejas, las formula continuamente y por todo, pero resulta que también se han presentado muchas quejas contra él. La más notoria y sentida, que mostró su inhumanidad, fue formulada por su antiguo compañero de aspiración, el actor Bruno Díaz, quien le culpó por el suicidio de su hijo Diego Andrés, a quien Bolívar le incumplió gravemente el pago de un contrato y le hizo endeudarse por él. Posteriormente, como las tragedias no vienen solas, se suicidó también Felipe Pasos, tras ser matoneado en las redes después de manifestar que Bolívar se escondía de Diego Andrés. Bolívar es senador y ha sido escritor, guionista, mal libretista y empresario. Actualmente cursa ante la CSJ denuncia en su contra por presunta financiación y apoyo a la primera línea.

La mona fea o maluca, como dicen, será la de Iván Cepeda, muy difícil de conseguir. Activista de derechos humanos, creó el Movimiento Nacional por las Víctimas, que dice, busca aclarar los crímenes ocurridos en las décadas de 1980 y 1990, principalmente contra la Unión Patriótica. Pero lo que en realidad busca es perseguir y judicializar al expresidente Álvaro Uribe. Se trata de una verdadera obsesión. Sus inicios como activista se remontan a 1994 cuando su padre Manuel Cepeda, dirigente del partido Comunista, fue asesinado. Ya desde 1990 se había acercado a la Alianza democrática M19. Sus años de formación transcurrieron en Checoslovaquia y Cuba.

Continúan en el álbum varios políticos escurridizos, que se camuflan y cambian de partido como si les molestara la camiseta cuando lo que en verdad buscan es estar cerca del poder. Bastante cuestionados y ad portas de enfrentar señalamientos graves por presuntos hechos delictivos, en estas láminas se encuentran Armando Benedetti, Roy Barreras y por supuesto la hoy excluida o suspendida de la campaña, Piedad Córdoba.

Armando Benedetti. Es periodista y político y uno de los senadores relacionados con el contrato de Centros Poblados. Como representante a la Cámara fue defensor a ultranza del gobierno de Álvaro Uribe. En 2006 fue elegido senador por el partido de la U. Hoy apoya a Petro, cambia de partido a conveniencia.  Radicó el proyecto de ley que permite la eutanasia y el de derechos para parejas gay. Tiene varias investigaciones en curso, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito, que fue precedida por la ocupación, por parte de la Fiscalía, de 8 bienes del senador. Esta medida fue ejecutada por la Dirección de Extinción de Dominio. Se dice que estos ocho bienes inmuebles están avaluados en más de ocho mil millones de pesos. Este político se apersona y adueña de la campaña. Participa en cada evento y certamen. Por alguna razón será.

Roy Barreras. Congresista, inicialmente del partido Liberal, pasó por el uribismo y el santismo y llegó al Pacto Histórico, pareciera un claro ejemplo de trasfuguismo electoral o mejor como lo expresa el común del pueblo “voltearepas”. Durante su etapa santista fue delegado del gobierno en las negociaciones con las Farc en Cuba. Ha enfrentado varias acusaciones de corrupción. Tiene, en particular, una investigación en su contra por un hecho de corrupción sucedido en la ESAP que involucra al representante a la Cámara Faber Muñoz y a su esposa Diana Grueso. No obstante, Barreras niega conocer el caso. En el sector salud también le endilgan bastantes cuestionamientos y aún hay muchos interrogantes sobre el maletín con fajos de dinero que dejó en el hotel La Ópera.

Piedad Córdoba. Abogada y política, perteneció al partido Liberal, del cual fue senadora y durante el gobierno de Álvaro Uribe se desempeñó como negociadora para la liberación de los secuestrados por las Farc, aunque a la postre, según su asesor, más bien los retuvo, para favorecerse y beneficiar a Hugo Chávez. Su entonces asesor y hombre de confianza, en recientes declaraciones, dio a conocer que ella es la guerrillera Teodora y que manipuló las liberaciones con fines políticos propios y de Hugo Chávez. Al día de hoy es investigada por la llamada Farc política y por sus vínculos con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Hoy, hace parte del Pacto Histórico por el cual resultó elegida senadora, pero, para la fecha de entrega del correspondiente aval ya eran conocidos los graves señalamientos que se le hacen. Es experta en escurrirse y evadir cuestionamientos. Acostumbra decir, por ejemplo, que si la atacan es por ser mujer y negra. No asiste a las diligencias judiciales a las que se le cita. Recientemente la JEP le dejó saber que nadie está por encima de la ley al programarle nueva diligencia para escuchar su declaración sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).  Su partido, el Pacto Histórico, le concedió el aval a sabiendas de los señalamientos que se le hacían y hoy, al parecer, la expulsan.

Francia Márquez. Es la candidata a la vicepresidencia. Es abogada, activista, feminista, líder social y ahora política. Hizo fracasar la proyectada alianza con los liberales por su grosero ataque a César Gaviria. No obstante su patrimonio está en el Sisben y recibió ingreso solidario, programa diseñado para apoyar hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica. A pesar de sus críticas a los fondos privados de pensiones cotiza en uno de ellos. En las páginas del ELN le profesan y registran su afecto.  

En próxima entrega, más láminas de jugadores de este equipo que como se les endilga y señala se les ve bien cercanos a la corrupción que tanto dicen combatir. Vale recordar a Mateo 7 “16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? 17 Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo.18 Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. 19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.”

Bogotá, D.C. abril 23 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión 

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¿Se reformó la administración de justicia?

La justicia del latín iustitĭa, que, a su vez; viene de ius —derecho— y significa en su acepción propia «lo justo», es un derecho esperado y reclamado con urgencia por los estamentos públicos y privados en Colombia, quienes ante la monumental crisis que afecta la credibilidad en la administración de justicia en nuestro país urgían por su reforma, la que en el pasado fracasó en cerca de veinte proyectos. Ayer se aprobó la denominada reforma a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, pero al conocer su contendido emerge, como primera conclusión, que en verdad no se efectuó ningunatransformación trascendental a la justicia, como lo reclama la comunidad y la situación viviente del país, más bien se plasmó una iniciativa de reorganización burocrática de la justicia que demandará cuantiosas e inoportunas inversiones, superiores a los tres billones de pesos.   

Era el momento preciso y puntual para hacer una gran y efectiva reforma a la justicia, era la oportunidad de restituir la fe en una institución fundamental para el bienestar de la sociedad y la verdadera paz social, de donde debió comenzar por la ética que deben tener sus funcionarios y empleados, para enseguida continuar con la reducción de las Altas Cortes y dotar de funcionabilidad práctica la administración de justicia, como lo reclaman los ciudadanos del común. No se hizo. Por el contrario, el artículo 6 de la nueva ley se limita a señalar que la Rama Judicial del Poder Público está constituida por los mismos estamentos que hoy la integran, sin incluir a la Jurisdicción Penal Militar y la Indígena que no se entiende porque no tiene esa calidad. ¿Será, que éstas, a partir de la vigencia de la ley no administran justicia?  ¿Y la JEP?  Así mismo, habrá que sumarles la que se acaba de conocer, en el nuevo Código Disciplinario se le asigna a la Procuraduría General de la Nación.  

No se desconoce el propósito de la ley para ingresar a la era de la digitalización para el expediente virtual. Sin embargo, surgen algunas preguntas ¿Actualmente la Rama Judicial cuenta con una infraestructura y avance que permita a todos los ciudadanos en el territorio nacional acceder a esas redes digitales? ¿Será que, a través de esos procesos, se obtiene la justicia esperada? ¿El expediente digital logrará que los jueces sean independientes e imparciales en sus decisiones? No me aventuro a dar respuestas, los lectores conceptuarán si esa era la evolución que esperaban del Congreso frente a la necesidad de justicia del pueblo colombiano, máxime cuando simultáneamente se está informando que el Senado acusó formalmente a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia por “Cartel de la Toga”. 

En medio de la pandemia, sin necesidad de esa ley, la Rama Judicial tuvo que poner en práctica buena parte de su actuación judicial a través de la red virtual, los usuarios de la administración de justicia calificarán sueficiencia. Lo cierto es que la reforma a la justicia requería de profundos y significativos cambios, no limitados a formas sino a lo esencial de su organización, pues probado está que ni la promulgación de nuevas codificaciones, ni el aumento de funcionarios judiciales, entre otras, se ha traducido en el ideal de justicia que añora la sociedad, de pronta y eficaz proferimiento de resoluciones “justas”. Una verdadera reforma debió concebir, en primer lugar, el perfil de los funcionarios judiciales; en segundo término, abordar el exceso de Altas Cortes y como un aspecto más, que acudir a la justicia cueste. No tener mayor costo hace que por nimios hechos la congestionen y saturen. Prueba es lo que acontece con las exageradas acciones en materia tutelar. Por temas de especialidad una verdadera reforma a la justicia ha debido permitir contar con organismos experimentados que puedan desatar soluciones y controversias por su amplio bagaje profesional y no dejar que materias complejas sean solo para ser empleadas por los abogados en ejercicio. 

Es tan burocrática la reforma aprobada que a falta de uno aprobó dos sistemas de estadística como son: (i)Sistema de Estadísticas de la Rama Judicial y (ii)Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia. Y peor aún, con la nutrida burocracia que la compone, dejan y pactan la paralela de descongestión judicial al señalar que el Consejo Superior de la Judicatura antes del 1 de abril de cada año deba decidir si se adoptan medidas de descongestión y, por supuesto, se le asigna la obligación de confeccionar su presupuesto. 

El Congreso de la República le quedó debiendo al país. No impulsó los valores éticos y profesionales de quien desempeña tan noble y trascendental labor, tampoco un recorte clave en la composición de las Altas Cortes, se debió pensar en suprimir dos o quizás tres de ellas. Ahora próximos a conmemorar los 30 años de la Constitución Política de 1991, que fue laapertura de la puerta giratoria para esta burocracia judicial, recordamos con nostalgia la buena Constitución Nacional de 1886 que tuvo por largo tiempo una única Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado operando a cabalidad. 

Hoy la Corte Suprema de Justicia está integrada por23 Magistrados, el Consejo de Estado por 31Consejeros, la Corte Constitucional por 9 Magistrados, la Comisión Nacional de Disciplina judicial por 7 y el Consejo Superior de la Judicatura por 6. Las comparaciones siempre resultan odiosas, pero a veces son relevantes y necesarias. En los Estados Unidos de Norteamérica existe y funciona a cabalidad una única Corte Suprema de Justicia que tiene 9 magistrados vitalicios, y su población es de 320 millones de habitantes, mientras que acá escasamente llegamos a 50 millones y pasamos ya por más de seis altas cortes, y eso que no incluimos como tal al Consejo Nacional Electoral y a otras Instituciones que tienen el mismo rango.  

Colombia, por falta de justicia, a pesar de todas las Altas Cortes existentes, es un país actualmente convulsionado por una situación caótica causada por unos promotores de un Paro Nacional que sinrepresentar sectores claves saben que “nada les pasará” por incurrir en acciones tipificadas como delito en el Código Penal y por desconocer una decisión judicial proferida en procura de la defensa de la mayoría del pueblo Colombiano -Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca-, como hoy se representa en los afectados por el COVID-19 que este próximo lunes llegará aproximadamente a los 100.000 muertos en sus registros oficiales, superado ese número por tanto caso no reportado, y con un altísimo de contagiados, a más de otros actos de violencia y bloqueos que repercuten en la vida de todos los ciudadanos.

Panorama difícil se vislumbra, mientras tanto el Congreso y el Consejo Superior de la Judicatura, el que propuso el proyecto de reforma, consideran que un avance en tecnología y un aumento de presupuesto es la solución para que haya justicia. El pueblo Colombiano sigue implorando una verdadera reforma a la administración de Justicia. Recordemos frase célebre del pensador francés Francois – Marie Arouet, conocido más como Voltaire “los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por si mismos más tarde o más pronto”.

Bogotá, junio 19 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión 

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Basta ya senador Iván Cepeda con su abuso en el ejercicio del derecho

Por: Bernardo Henao

Cuando en todo el país se realizan multitudinarias manifestaciones pacíficas para reprobar los bloqueos de carreteras y calles, la violencia, la destrucción de bienes públicos y privados, el asesinato de policías, los continuos desmanes y, en general, una cadena de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Colombia, a quienes los del denominado “paro” mantienen secuestrados desde el pasado 28 de abril, causando, además, desabastecimiento que encarece los alimentos básicos, pérdida de puestos de trabajo, resquebrajamiento de la economía, conjunto que inexorablemente conduce a una grave alteración del orden público, sorprende, por decir lo menos, que algunos de los congresistas, en vez de abogar por la reactivación de la economía, el fortalecimiento del desarrollo productivo, la recuperación de empleos y, particularmente, la reivindicación de la paz en nuestra patria, acudan a acciones constitucionales y legales para “torpedear” las medidas que con esa finalidad adopta el gobierno.

En ese sombrío contexto, entre otros, aparece el senador Iván Cepeda, quien sin atender la representatividad que algunos compatriotas le han otorgado guarda silencio sobre los actos vandálicos y terroristas que en el marco de la protesta se vienen sucediendo, para en cambio señalar que “Es necesario que Fuerza Pública sea controlada en protestas” (6 AM, Hoy por Hoy), postura que resulta inentendible de quien ostenta un cargo en el poder legislativo, empero, que se llega a comprender recordando cuál ha sido la línea de conducta de alguno de sus progenitores y la suya propia, como su incondicional y obsecuente apoyo al parecer fallecido Santrich, al que por los cargos de narcotráfico la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos.
Y como parte de su función, por lo que se ha visto, ya no es extraño que el litigante de oficio Iván Cepeda opte por acudir al arbitrario y abusivo ejercicio del derecho, impulsando actuaciones judiciales no solo en Colombia sino en el exterior ante distintos organismos internacionales.

En esta oportunidad, además de la denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que acusa a miembros de la fuerza pública de varios delitos, nos encima una acción constitucional, que no se dude es bastante temeraria, a través de la cual pretende que se suspenda la aplicación del decreto 575 de 2021, mediante el cual, el señor Presidente de la República impartió puntuales y claras instrucciones a los gobernadores de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva para que conserven y restablezcan el orden público en sus territorios.

Con una argumentación descabellada y por completo sofista quiere desnaturalizar un legítimo decreto reglamentario para restablecer el orden público en nuestro territorio, para lo cual se escuda, a sabiendas, en una interpretación equivocada, como lo es señalar que esa normativa envuelve o es propia de un desarrollo de un imaginario estado de “conmoción interior”, el cual, bien sabe ese senador, no ha sido decretado, ni citado en el texto del mismo, sino expedido en cumplimiento de las funciones que la Constitución le impone al ejecutivo para mantener la democracia y el bien común.
Para el común de las gentes es conocido que la Constitución Política de Colombia, próxima a cumplir sus 30 años, en el numeral 4 del artículo 189 consagra que corresponde al Presidente de la República conservar el orden público en todo el territorio nacional. Los desarrollos que se den por aplicación de esta normatividad tienen claros y puntuales alcances reglamentarios.
Todo Estado para su normal y adecuado funcionamiento debe obedecer al orden que conlleva siempre el ejercicio razonable de la libertad, pero aquel debe ser prevalente, máxime por ser de interés general. Bien ha dictaminado la Corte Constitucional en sentencia C-045 de 1996 que el “orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado”.

Las cuestionables actuaciones del senador Cepeda, no se dude, contribuyen a la confusión y de contera a la propia desestabilización de la Nación. Esa temeraria tutela, alejada de la finalidad para la cual fue instituida, le hacen ver más como cómplice del caos que los del Comité del Paro y otros han traído a nuestra tierras, que no como un ciudadano preocupado por el orden y la institucionalidad, como se lo impone la misionalidad del cargo que ocupa. Su accionar más bien deja ver su querer para que el gobierno no cuente con herramientas legales para preservar y conservar el orden público. El sector que representa el senador Cepeda, a la par de otros personajes que militan en esa ideología radical, pretenden, como lo dejó saber el senador Gustavo Petro ante la pérdida del poder, que acudirían a las calles, lo que han venido haciendo. Los perjudiciales e inhumanos bloqueos impulsados por los promotores y organizadores del paro, que comenzó el pasado 28 de abril les hace ya responsables, al menos políticamente, de la debacle cometida contra los bienes públicos y privados de la Nación, y no se diga de las personas afectadas en su integridad, incluso varias de ella perdieron su vida, por causa de los bloqueos o ataques de desadaptados vándalos.

En esa estrategia perturbadora cobra papel relevante la descarada participación de la denominada “Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos” proveniente de Argentina, la que en audios que se conocieron dejaron saber que su misión u objetivo principal era implementar un plan de desestabilización de la región y del gobierno de Iván Duque, aprovechando la crisis provocada por el paro. Ya desde el 11 de mayo enviaron su avanzada integrada por Federico Fagioli, Daniela Marina Pilar y Fernando Martín Callizolli, invitados por varios congresistas de la oposición, entre ellos, desde luego por Gustavo Petro.

Es hora que los organismos de control y la propia fiscalía asuman con más severidad el impulso de actuaciones para los responsables de tanta violencia y destrucción. Hoy cobra puntual vigencia estudiar y dar aplicación al mandato del artículo 455 del Código Penal que reza: “Artículo 455. Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”, omitieron transcribir o señalar “y multa de …. “

Pildorita: La marcha blanca pacífica del pasado domingo, a pesar de tanta provocación y ataques verbales de los desadaptados y frecuentes consumidores de sustancias psicotrópicas, a quienes les espera de seguro en su futuro una cárcel o un frenocomio, demostró que no nos van amedrentar y que en nuestro país la gente de bien, que tanto les molesta por esa calificación, a pesar del miedo que inspiren, no nos van arrinconar. Se les trasmitió puntual mensaje que ya es hora de cesar la destrucción y regresar a trabajar. Esa marcha es apenas el comienzo de la recuperación institucional.

Bogotá, junio 5 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión

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Ad portas de una guerra


Como lo expresó Arthur Neville Chamberlain “para hacer la Paz se necesitan dos: pero para hacer la guerra basta con uno sólo”. La semana que concluye será recordada en los anales de la historia por un minúsculo grupo que sembró el terror y la violencia en nuestro país. Sin importarles que se vivía la peor época de la pandemia en nuestro territorio, que registra ya más de 83.719 muertes de compatriotas y las UCI en la mayoría de los principales hospitales se hallaban copadas, no les interesó ni la vida ni a salud de los colombianos, por lo que no solo siguieron en su delirante desfogue de resentimiento y odio, sino que llegaron a impedir la atención médica que requerían las personas. 

Ellos, los de la manifestación pacífica nos estaban haciendo la guerra. Y esa posición de quienes persisten en el paro llevó a tener las repercusiones que nos dan dos grandes noticias, las que, por supuesto, por sus efectos impredecibles agravan y complican aún más el bienestar de todos los habitantes de esta patria y la recuperación de su economía. Guerra es guerra, dicen ellos, sin ni siquiera tener conciencia de su significación. La primera de las noticias tiene que ver con el quebrantamiento del orden público en Buenaventura y el consecuente bloqueo de la vía que conduce de Cali a ese principal puerto; caos y ataques que subieron el nivel de riesgo, por primera vez en su historia, a grado dos, por los que las navieras adoptaron decisiones perjudiciales para nuestra nación. Así, Meditarranean Shiping resolvió cancelar los itinerarios de buques a Colombia: Hamburg Sud, por su parte, la de no enviar barcos a la zona portuaria de Buenaventura, como también lo hará Maersk, mientras Evergreen está evaluando la posición que va a asumir. (Fuente Cámara Portuaria de la Andi y Asonav, gremio naviero).

Pero ahí no paran las funestas consecuencias de los desórdenes y la violencia de quienes nos han declarado la guerra. Se conoció que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings bajó la calificación crediticia en moneda extranjera de Colombia a BB y S& a su vez Global Rating rebajó las calificaciones, por riesgo país, al Banco Davivienda, a la Financiera de Desarrollo Nacional y a la Financiera de Desarrollo Territorial. ¿Será, por ventura, que los “guerristas” comprenden el daño que le están causando a la población más vulnerable y a sus descendientes? Imposible pensar que si, pues ello nos llevaría a predicar un actuar doloso, entonces, únicamente podemos recurrir a la ignorancia de quienes actúan en ese sentido, para medianamente entender su comportamiento devastador, con el cual, unido a la pandemia, hasta ahora han desaparecido diez años de crecimiento económico, con grave afectación en el PIB.


Los colombianos somos por completo los perdedores. Aquí, no hay victoriosos. Están arrasando con la construcción de país de anteriores generaciones, sin la más mínima responsabilidad y con total ausencia de liderazgo y autoridad. La indefensa sociedad civil se ha visto presionada a salir a proteger sus legítimos derechos, la policía se encuentra atada para actuar, el ejército no es autorizado para ejercer su función, al exterior se envían mensajes torticeros, mal intencionados y equívocos que no son contradichos, salvo por contadas excepciones, como por ejemplo el embajador ante la OEA, Dr. Alejandro Ordoñez, quien puso en evidencia la razón de las protestas “Hay una verdad que no podemos ignorar, pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje, de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo (…) Hay una fuerza que quiere causar la desestabilidad contra la institucionalizad y que nada tiene que ver con los reclamos legítimos”, motivo que por demás, se ha tenido conocimiento, tiene un reconocimiento económico para quienes ejercen el vandalismo y la violencia, persiguiendo la ruina del país, que, por supuesto, en la generalidad es la suya propia.

Las protestas que se dice de palabra son pacíficas, por su desarrollo, prolongación y consecuencias no lo son. En cambio, dejan entrever la existencia oculta de intereses personales y políticos para hacerse por cualquier medio al poder. Dolor de patria. ¿Cómo siquiera imaginar que quien de esa manera procede puede ser el represente del pueblo colombiano? Imposible. Si nos detenemos y analizamos con cuidado los bloqueos de vías, el desabastecimiento, la destrucción de los bienes de producción y de todo en cuanto a su alrededor encuentran los manifestantes, es evidente inferir que nos quieren llevar a un grave conflicto social para desembocar, quizás, en una guerra civil, de efectos impredecibles, propósito que siempre ha tenido la izquierda radical. Lo que se vive y padece es lo que los analistas denominan guerra asimétrica, en la que resultan afectados gravemente los pobres y llegan a arrastrar a la clase media, la que se destruye para ser aprovechada por quienes desde la oscuridad manejan esa peculiar situación para obtener el poder. En esa contienda asimétrica, como lo anticipara Diosdado Cabello, la “guerra se hará al interior de Colombia” y el régimen tiránico para lograrlo da refugio y apoyo al ELN y a las disidencias de la FARC, grupos financiados con el tráfico de drogas y la minería ilegal. Ahí se halla la fuente del pago a quienes participan en las protestas.

En medio del caos también se presenta recurrente actividad en las redes llegándose a descubrir que son más de 7.000 cuentas de trolls que desinforman y a su vez tratan de impedir que se critiquen las protestas atacando aquellas campañas que se identifican como hashtag (#) que con escasa fuerza y organización tratan de mostrar la verdadera y trágica realidad del paro y sus marchas. Por el contrario, existe un nutrido número de atacantes que las bloquean, montan narrativas en contra de la policía y las FFMM queprontamente son replicadas en el exterior. Es lo que se conoce como la “guerra” de la desinformación. Lo más preocupante es que el análisis forense revela que estas cuentas son operadas desde Bangladesh, México y Venezuela, y sin confirmar, quizás administradas por servidores en Rusia y China. Rusia lo niega.  

Contribuyen alebrestar los ánimos y a ser impulsores de la desestabilización los viajes de los senadores incendiarios Gustavo Bolívar y Alexander López quienes trataron infructuosamente de conseguir una visita oficial de la Comisión de Derechos Humanos del país del norte  supuestamente para que constaten la “brutalidad policial”, cuestionando el legítimo trabajo del Esmad; se reunieron con Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes y co-presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso estadounidense. Fracasaron por completo. Estos apátridas deberán demostrar que cumplieron con los requisitos del reglamento del Congreso para efectuar el viaje. 

El llamado que si se debe atender prioritariamente es el formulado por los 29 gremios del Consejo Gremial Nacional que extendieron a destacadas organizaciones internacionales para que haga presencia en el país y constaten el grave daño que hacen los bloqueos, que los califican por “completo de criminales”. 

Bogotá, D.C. mayo 22 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión.

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La injusticia de la Justicia. Los intocables salarios de las FARC

La mayor afrenta a la dignidad humana, en todos los tiempos, ha sido la injusticia. Josef Pieper sostenía que el acto injusto representa la “más nefasta corrupción del orden moral”, por la directa intervención de la voluntad humana, que obra con plena conciencia de causar un daño a otro; más grave aún, digo, cuando tal proviene de quienes están encargados de administrar justicia. 

En nuestro país, con finalidad de afianzamiento se instituyeron las medidas cautelares en todos los procesos, sobre las cuales la Corte Constitucionalexpresó, en sentencia C-054 de 1997, que están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelanta y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.

El proceso de Paz que se siguió en la era del expresidente Juan Manuel Santos se fincó, en expresión formal más no en realización, en pretender responderle prioritariamente a las víctimas. Hoy, cuando se venció el tema de la entrega de bienes para responder por la reparación, se aprecia que ese compromiso y obligación sigue ausente por completo. Es nimio lo que se ha entregado por el movimiento otrora subversivo. 

Entonces, para materializar la prometida reparación, en ejercicio legítimo del derecho de postulación y desde luego en representación de víctimas, el abogado Joan Sebastián Moreno en mayo 20 de 2020 fundamentó y peticionó una importante cautelar para conseguir el embargo y retención de salarios de los integrantes de las FARC, a quienes se les obsequiaron inmerecidamente, contrario a lo informado, cinco curules en el Senado de la República y cinco en la Cámara de Representantes.

Sabido es que acorde con el Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 1429 de 2010, dicho embargo y retención de dineros tiene como límite que sea hasta del 50% de la remuneración del congresista. En el año anterior sin contar el reajuste extraordinario recientemente decretado, los congresistas recibieron a título de salario la cuantiosa suma de $34.417.000 millones de pesos mensuales que, de haber sido embargado acordes con la petición formulada, en ese solo 50% por cada mes, se habría obtenido un posible embargo promedio de 170 millones de pesos mensuales, que, a la fecha, desde peticionada lamedida cautelar, arrojaría una suma aproximada de mil doscientos millones de pesos.

Sin embargo, no es comprensible ni se debe permitir,amén de ser objeto de investigación disciplinaria, que incluso puede llegar a tipificar un posible presunto delito de prevaricato que quien deba velar por las víctimas y buscar que sean resarcidas, “engavetó”, entiéndase bien el proceso, si la solicitud cautelar es prioritaria, hoy no se comprende ni se justifica ni explica que no se haya decidido con la celeridad que con urgencia siempre reclama el tema.

Antes este grave hecho el abogado peticionario de la medida cautelar se vio compelido, en actuación diligente, a instaurar una acción de tutela ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la propia JEP, la cual en una decisión controvertible y reprochable, rechazó eso sí la mora en que se incurrió, para a renglón seguido, quien lo creyera convalidarla, protegiendo a los señalados presuntos victimarios en sus copiosos ingresos, y sin una razón lógica, sensata y procedente decide no proteger los derechos fundamentales conculcados. Por el contrario, argumenta que, aunque, “es palpable que ha existido mora para resolver la petición, pero que la misma no constituye transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por encontrarse plena y razonablemente justificada, tal como ha quedado acreditado con lo expuesto por la accionada, lo que impone la denegación del amparo. No obstante, se torna necesario exhortar a la SRV para que imprima la mayor celeridad posible al trámite de esa solicitud, a fin de que cese el retraso en la resolución de ese asunto”.

En cambio, conocida la providencia que decide latutela, la que se allega a esta columna, se encuentra que la Magistrada Ponente Dra. Gloria Amparo Rodríguez                       en actuación inadmisible, pretende imponer obligado silencio al ejercicio legítimo de la profesión del abogado Dr. Moreno.

Muy extrañamente se aprecia en el fallo que previo adecidir y sin que fuese objeto del asunto propuesto, quiso saber la magistrada qué otras acciones de tutela, que nada tenían que ver con la solicitud de marras, instauró el profesional, para quizás registrarun mensaje intimidatorio para el desempeño futuro de su labor de profesional del derecho. 

La extraña subjetividad con la que se maneja esta situación tiene y merece ser rechazada y protestada por completo. La investidura del magistrado le impone el sagrado deber de actuar con independencia, trasparencia y objetividad para impartir justicia, características que en el caso mencionado y en la forma explicada se echan de menos por completo, para en su lugar observar un extraño favorecimiento alos victimarios esos sí, sin excusa válida alguna para no responder.

Antes esa clase injustificada de decisiones nuevamente el común de las personas entiende y comprende el alcance de esa Jurisdicción Especial hecha por ellos a su medida. Esta actuación no le abona nada a la JEP y por el contrario deja nuevos interrogantes del porque no se aplica una impone la cautelar que tiene por finalidad contribuir a resarcir tantos millonarios perjuicios causados a miles de víctimas en largos 53 años de conflicto.

Ante esta injusticia de la justicia queda por completo reiterado que, sin Justicia para las víctimas del conflicto, jamás habrá paz en Colombia.

Bogotá. D.C. enero 22 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión 

Anexo fallo de tutela

SENTENCIA-SRT-ST-005-20211Descarga
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EXMAGISTRADO JOSE LUIS BARCELÓ AL FIN CAMINO AL BANQUILLO

La justicia cojea, pero en determinados y cruciales casos, no se dude, llega; aunque a veces, ante tanta impunidad, ha hecho carrera en la gente del común que es tan inexistente la justicia que solamente se espera y se cree en la celestial. Además, quien mal procede mal termina. Así, lo que por venganza quiere hacerle a su enemigo, la regla común es que se lepuede devolver, a quien así obra, por duplicado. En este mismo espacio en agosto 7 se recordó como en marzo 9 de 2018, por el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló, en su condición de ponente, se impartió la orden de interceptación del teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma, que en un hecho sin precedentes,por completo abusivo, llevó a interceptar ilegalmente el teléfono del entonces senador ALVARO URIBE VELEZ, y pese a ser advertidos de la equivocación, persistieron en seguir escuchándole furtivamente. 

Luego, para hacer más gravosa la situación del encartado expresidente, se dispuso que esas miles de horas de grabaciones formaran parte del proceso 52.240 por los delitos de fraude procesal y soborno por el presunto intento de manipulación al testigo y procesado Juan Guillermo Monsalve, todo lo cual a la postre y ante tamaña e injustificada persecución en su contra no le dejó opción distinta que verse obligado a renunciar a su curul de senador, la que se recuerda fue la de mayor votación en las pasadas elecciones del Congreso de la República, ello, con la única finalidad de tratar de tener un proceso justo, regido por la ley 906 de 2004, ya que su Juez natural como era la Corte Suprema de Justicia por razón del fuero, no le daba, según lo expresara, garantías de tratarle en forma  transparente e imparcial, lo que se corroboró aldemostrarse que sus conversaciones con su abogado Jaime Lombana también fueron escuchadas ilícitamente, y ahora con que el ponente de la decisión de interceptación está incurso en el presunto delito de prevaricato por acción.

En su momento se tuvo conocimiento de la existencia de varias denuncias por ese proceder abusivo e ilegal, todas vigentes, entre ellas una que el propio afectado formuló contra el exmagistrado de marras, a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en una de ellas que le correspondiera por reparto al representante Edward Rodríguez, acaba de disponer, con sobrado acierto, sin concretar aún la fecha para la realización de la diligencia, escucharle  en versión libre, lo que ocurrirá ya en el nuevo año que se avecina y darle aplicabilidad a este medio de defensa por excelencia.

Pese a la gravedad del hecho, contrario a lo acontecido al propio expresidente a quien se le negó toda posibilidad de haber entregado su versión voluntaria, para en su lugar disponer, de una vez,escucharlo a través de indagatoria para que respondiera sobre los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al señalado José Luis Barceló, en cambio, si le han concedido el derecho que él le negara rotundamente al señor Alvaro Uribe Vélez.  Esos son los tratamientos que en actuaciones judiciales dejan saber un tufillo de discriminación, pues dependen de la persona objeto de investigación, que no de lo que la ley dispone.

Es evidente y obvio que la Sala regentada para la fecha de los hechos por el denunciado José Luis Barceló Camacho, sabía y conocía de sobra la precisa jurisprudencia que la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-301 de 2012 puntualizó y enfatizó sobre el secreto profesional en la relación cliente abogado. Sentenció la Corte Constitucional “El secreto profesional tiene como fundamentos esenciales la tutela de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto: “Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga, no necesariamente cuando se revela ante quienes también deben, jurídicamente hablando, compartir la reserva”.

En fin, el entonces magistrado cuestionado y ahora señalado Barceló actuó, y así se espera se demuestre cuando concluya la investigación, con ánimo retaliatorio, de cierta forma con sevicia en contra del señor expresidente y con puntual y expresa violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la obtención de la prueba de las interceptaciones al Dr. Álvaro Uribe Vélez, violando de manera flagrante sus derechos fundamentales al debido proceso y a su intimidad, y en manera alguna, como equivocadamente lo sostuvo la CSJ, deba aceptarse que se trató de un error, no señores se cometió grave delito.

Un año bisiesto, trágico por donde se mire por las consecuencias mortales del virus Covid 19, con una economía en apuros, en esta añorada época decembrina tiene en la decisión de escuchar en versión libre a José Luis Barceló una especie de bálsamo en medio de tanta impunidad rapante de la justicia, en particular de la que se espera les llegue a esos obscuros, dañinos y malévolos personajes integrantes del denominado “Cartel de la Toga”, descredito mundial de nuestra rama judicial.

Pildorita. Para todos los lectores una feliz navidad y un próspero año nuevo que el año bisiesto pronto quede atrás y sea historia, que el futuro nos permita volver a regresar a la normalidad. Que el Niño Dios les colme de salud y bienaventuranzas. 

Bogotá, D.C diciembre 19 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

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DE VÍCTIMA A VICTIMARIO

Por: Bernardo Henao Jaramillo

Podrán emitirse todas las sentencias que se pretenda ya sea en la jurisdicción ordinaria – civil, bien en la contencioso administrativa e incluso en la cuestionada y controvertible ahora “Super Corte” llamada JEP, pero a un ciudadano del común no le cabe en la cabeza la insensatez del reciente fallo de casación emitido el 23 de los corrientes por la Corte Suprema de Justicia, en la que al no casar la sentencia recurrida, deja en firme la condena al Club el Nogal, atribuyéndole, quien lo creyera, la responsabilidad, por descuido y negligencia, por la ocurrencia del atentado terrorista ocurrido en febrero 7 de 2003, con la explosión de una bomba en las propias instalaciones que causó la muerte de 36 personas y ocasionó graves heridas a más de doscientas personas, todas ellas ajenas por completo al mal denominado conflicto interno de entonces.

Las Farc son y serán siempre las responsables de ese execrable crimen. Querer la justicia, con independencia del por qué, exonerar de esa responsabilidad a aquéllas con el nimio argumento que ese horroroso atentado tuvo como antecedente que los explosivos que se introdujeron a la sede del club lo fueron por un asociado, en calidad de beneficiario de una acción empresarial, prescindiendo del rol que éste tenía en esa agrupación, es como si quisieran dejar saber que todo el club, sus directivas, sus socios y personal cohonestaran esa conducta. El Club siempre al ingreso, sea peatonal o vehicular, antes e incluso hoy, sean socios, personal trabajador e invitados, adopta las medidas de control y seguridad que imponen el máximo deber de diligencia y cuidado. El delincuente opera furtivamente, se ampara siempre en la obscuridad.

Quien lo creyera. Tuvo más lógica, carácter y justicia el Juez 6 Civil del Circuito de Bogotá que profirió el 13 de mayo de 2013 sentencia absolutoria al no encontrar responsable extracontractualmente a la institución, que el Tribunal Superior de Bogotá, que en un fallo sospechoso, extenso para sacar por cansancio al lector, y cambiando jurisprudencia reinante, la revocó, decisión que hoy viene a confirmar la máxima autoridad judicial, como es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que le hace honor a la credibilidad que los Colombianos actualmente tienen en la justicia.

El recurso de casación que en su momento se interpuso defendiendo al Club, estaba contenido en un excelente escrito que con lujo de detalles demostraba la tesis equívoca y errada del Tribunal Superior de Bogotá, demanda que a quien desprevenidamente la estudiara lo conducía, por su precisión y juridicidad, a pensar que inexorablemente tendría éxito. No creo que el ilustre profesional del derecho, que otrora fuera magistrado de esa Corte, se haya podido levantar aún de su silla al leer esta reprochable y reciente decisión, perplejidad que también debe acompañar a quienes en justicia y equidad la analizaron o lo vayan a hacer.

Perdonen el dicho, pero “tacan burro” los magistrados que mayoritariamente aprobaron no casar la sentencia, con el absurdo argumento que existió falta de cuidado en la escogencia de los accionistas y beneficiarios de las acciones empresariales, con prescindencia del hecho notorio de como elucubran las fuerzas al margen de la ley sus planes, entre ellos, la macabra decisión terrorista de las FARC de destruir con esa bomba, por completo, la sede principal del edificio del Club el Nogal. Que pobreza de argumentación y que tristeza ver que unos togados justifiquen en forma grotesca el actuar delictivo subversivo para venir a culpar al Club afectado por el accionar criminal de los terroristas. Diríamos, entonces, que los Magistrados de las Altas Cortes fueron los responsables del ataque perpetrado por el M-19, pues, dejaron que ingresaran miembros de ese grupo subversivo a la cafetería ubicada en sus instalaciones. Horror de argumentación, que contradice los tratados internacionales y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Es más, extraña que esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no haya tenido en cuenta la reciente, trascendental y clave decisión que adoptó la Corte Constitucional en sentencia de unificación 353 de 2020, con ponencia del magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero, en la que se dispuso conceder el amparo al derecho del debido proceso de las entidades accionantes, dejando sin efectos la sentencia del 16 de agosto de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso número radicado 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719) acumulado, mediante la cual declaró patrimonial y administrativamente responsables a las entidades demandadas en ese trámite (Nación-Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) por la afectación a la integridad física y la muerte de algunas personas en los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal y, en consecuencia, dispuso que dicha subsección profiera una nueva decisión en aquel proceso judicial, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia. (Sentencia proferida el 16 de agosto de 2018, M.P. Stella Conto Díaz).
El salvamento de voto emitido por el doctor LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA debió ser la decisión que ha debido aprobarse. Dice con total acierto y verdad incontrovertible que el fallo emitido “se aparta de los principios, valores y derechos constitucionales y con la propia tradición doctrinal de la Corte Suprema, guardiana por excelencia por más de 134 años de la doctrina probable por vía del recurso de casación”. Concluye: “Existen unas pautas mínimas que ha señalado la doctrina de esta Sala, cuando hay semejanza en los asuntos objeto de juzgamiento; por cuya virtud, la propia corporación ha tutelado decisiones de tribunales o de jueces cuando se han apartado de la doctrina probable o del precedente. No es que, el suscrito confunda estas dos últimas instituciones, por cuanto el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, alude a una doctrina inserta en tres decisiones; y, el precedente en términos puros, se refiere a una o varias decisiones antecedentes, que tienen la potencialidad de erigirse en criterio para decisiones ulteriores, de donde la diferencia subyace en la cantidad o número de antecedentes y, en el origen de las dos figuras, porque al paso que la primera es una institución vernácula, la segunda, tiene más bien una génesis en un transplante del common law, ligado a los vientos de globalización”.

No sólo son vientos de cambio y globalización, son verdaderos huracanes con fuerza letal y destructora de toda clase de institucionalidad, los que presentes en un mal y equivocado entendimiento de proteger una inexistente Paz le dan un tratamiento a los terroristas otrora de las FARC como de figuras angelicales y benéficas; ellos sin ninguna duda son los verdaderos responsables y están en mora de reparar a todas las víctimas del atentado, incluyendo al Club respetable del Nogal y, reitero, a las cientos de víctimas inocentes que les marcaron de por vida su existencia o la de las familias al arrebatarles, sin razón, sus seres queridos. Ellos, son los asesinos, ellos fueron los que fraguaron el engaño para hacer que ingresara como beneficiario de la acción Invernar, Invernaderos E. U., John Freddy Arellán, que fuera la persona que autorizó el ingreso de Oswaldo Arellán, a quien volaron en mil pedazos para no dejar rastro de su criminal ignominia; ellos fueron los que le entregaron los recursos para pagar la acción proveniente de las actividades delictivas, en fin, ellos son los únicos responsables de tan reprochable crimen, pero, como todo anda al revés, es la víctima quien, según las decisiones judiciales, resulta responsable. ¡Ver para creer!
Esta historia triste, dolorosa que nos afectó por siempre no ha terminado. No se va a olvidar tan fácil. Resta conocer la apelación que se apresta a conocer el Consejo de Estado al fallo que condenó el pasado 13 de mayo al Club El Nogal y a la Nación por el atentado terrorista. Hay más decisiones pendientes de adoptarse.

Hoy son dolorosamente injustos los adversos fallos contra el club, al actuar legítimo de éste se le antepone la benevolencia de la justicia con el terrorismo del que fue víctima, para doblemente revictimizarlo; de otro lado, la JEP, pese al reconocimiento expreso que las FARC han hecho de su autoría en el comentado atentado, niega sistemática y reiterativamente la posibilidad del reconocimiento de las víctimas al interior del supuesto proceso de justicia transicional, todo para cumplir con su misión de proteger la impunidad de los miembros de las FARC.

Tiene hoy el Club la delicada tarea de ocuparse de enfrentar esta agresión legal, que le duele al común de la gente de bien, pues comprende que ese ataque fue contra gente emprendedora, familiar y humana que siente como todos los seres humanos y que luchan para que la justicia sea impartida igualitariamente, sin resentimientos, castigando a los culpables, en este caso a los reales autores del atentado terrorista, los que se demostró y aceptaron planearon, colocaron y explotaron la bomba en aquel lúgubre.

Anexo fallo de casación. Rad No. 11001-31-03-006-2005-00291-02 M.P OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE SC4427-2020

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UN MONUMENTAL SALDO EN ROJO

Por: Bernardo Henao

Se ha cumplido el pasado 24 de noviembre cuatro años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que se efectuara en el emblemático Teatro Colón de Bogotá, y que en su momento se suscribió con pompa y alegría por el entonces Presidente Juan Manuel Santos y el comandante del grupo subversivo Farc Rodrigo Londoño, y la inmediata conclusión que se impone, es que no se dio la terminación del conflicto, pues las disidencias de las Farc no le suscribieron y siguieron en armas contra la República y ni se diga de la construcción de una Paz estable y duradera que tampoco se dio y por el contrario, arreció una mayor violencia y derramamiento de sangre.

Por siempre en ese balance que se efectúa sobresale la notoria forma como se desconoció la voluntad soberana del pueblo. Contrario a lo que se esperaba, el plebiscito del 2 de octubre de 2016 negó mayoritariamente el Acuerdo que no ha debido suscribirse. Pero en forma maquiavélica y a través de una respuesta a la propuesta del Pacto Nacional que presentaron los principales y destacados patrocinadores del NO, liderados por el entonces expresidente Alvaro Uribe Vélez, el Primer Mandatario Juan Manuel Santos tejió una telaraña infernal, no aceptó los puntos del pacto propuesto, y por el contrario les engañó hasta llevar a una cuestionable aprobación del Congreso en esas leyes de trámite rápido y desconociendo la primacía de la Constitución Política. Desafortunadamente, no estuvo a la altura del crucial momento la Corte Constitucional de quien se esperaba una decisión jurídica, pero primó una política y le impartió su bendición y beneplácito blindándole de controvertible legalidad y constitucionalidad que hoy, en todo momento es invocada cuando se llega a cuestionar la mentada y ausente Paz.

El nuevo movimiento político FARC, en cada oportunidad señala al gobierno como primer responsable de haber incumplido, cuando son enormes los esfuerzos del Gobierno Duque por implementar el acuerdo y si algo es demostrable en el balance es que si puede indicarse que ha tenido voluntad y decisión en cumplir en todos los frentes que le pactó el gobierno anterior como lo registraron los comisionados Emilio José Archila y Miguel Antonio Ceballos lo que no se puede decir del nuevo movimiento FARC que ni siquiera su nombre cambió para contribuir a la Paz.

Se aplaudió en su momento como gran logro la entrega de armas, secreta por supuesto, sin mayor supervisión ni revisión, y hoy en el lapso transcurrido queda claro que no entregaron la totalidad de las armas y dejaron guardadas para las disidencias seguramente las mejores. La entrega de bienes se ha cumplido en nimia proporción y cada vez se les prorroga el plazo para que cumplan. En medio de sus estruendosas mentiras, el guerrillero alias Romaña se las destapa y deja conocer toda la existencia de cuentas en el exterior, en Turquía y Grecia, oro en su poder que el principal beneficiario de ello, el senador confeso de asesino Julián Gallo, sólo atinó a decir en su defensa que la carta era apócrifa, mamola como dijera otrora Horacio Serpa. En diciembre, si no lo hacen la entrega definitiva de bienes, como es seguro se anticipa va ocurrir, quedarán por completo incumplidos y confiemos que no se les vaya alargar nuevamente el plazo, sino que se documente el incumplimiento, y por supuesto se determine y compruebe el ocultamiento de los bienes.

El mayor saldo en rojo de este lamentable balance es sin lugar a dudas la completa ausencia de verdad y desde luego de justicia que en los ya tres años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sólo hasta la fecha, es de una total impunidad. Las víctimas que han debido ser por completo las que primaran más bien al parecer siguen siendo revictimizadas como ocurrió con el tratamiento de error al delito de reclutamiento de menores denunciado. De los siete macro casos aperturados, no se ha proferido sentencia alguna y ahora en procura de proteger a varios de los integrantes de la entonces subversión, en una actuación controvertible que le antecede también una entrega de aparente verdad, se erigen cual escudo protector y armadura a tratar de impedir que la justicia ordinaria cumpla la labor de investigar y acusar a los presuntos responsables del magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).

Por supuesto, desde el pacto de la Paz se omitió gravemente delimitar hasta donde era y es la competencia de la JEP y la propia de la Justicia Ordinaria. Se dio posesión a unos magistrados sin siquiera tener organizadas las salas en las que se iba a trabajar que hizo que devengaran gran asignación y nulo o escaso trabajo por meses sin resultados, ya que sin marco normativo y reglamentario no era viable o posible funcionar. De no olvidar la actuación prevaricadora de los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados, integrantes de la Sala de Revisión oportunamente denunciados, que de hecho si le concedieron la garantía de no extradición del narcotraficante alias Jesús Santrich, con el lamentable hecho de su burlesca fuga.

Pero el epílogo de este deplorable balance lo incrementa en su saldo teñido en completo rojo dos hechos inimaginables y sin precedentes en nuestros anales de la historia. El primero de ellos es la actuación de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, quien el pasado 25 de noviembre hizo concurrir en diligencia inadmisible, que no encaja en la misión y trabajo de la JEP, al alto gobierno, citando a unos ministros y consejeros y al propio Fiscal General de la Nación para ocuparse de las medidas de protección para los escasos excombatientes de las Farc que aún quedan en el proceso, que se recuerda de cerca de trece mil quinientos guerrilleros desmovilizados apenas quedan unos tres mil. ¿Con qué fundamento después del marco de acción establecido en claros actos legislativos para funcionar la justicia transicional de la jurisdicción especial se auto habilita este tribunal para hacer esa clase de citaciones?

El segundo si es para enmarcar en los absurdos más evidentes que nadie alcanzase imaginar que ocurriera, como ha sido el largo debate de control político cumplido al interior del Congreso convocado por el senador cabeza de la oposición Gustavo Petro, en los que no se hizo esperar la intervención del senador Iván Cepeda y de uno de los nuevos mejores amigos que han hecho como es el senador Roy Barreras, que todos al unísono como en fuente ovejuna llegaron a absurda conclusión que todo fue un montaje de la DEA para incriminar al angelito Seuxis Hernández Solarte más conocido con su alias, propio de bandidos y hampones, de Jesús Santrich con el narcotráfico y con clara finalidad afectar el proceso de paz, dejando saber que en imaginario e inexistente complot, había participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez de quien se anticipó, sería denunciado por el delito de traición a la patria.

Quien lo creyera, el pésimo debate fue presidido por la compañera otrora de Tirofijo Griselda Lobo Ramírez más conocida como Sandra Ramírez que demuestra que el famoso recinto congregacional, del que los anales de la historia registran intervenciones magistrales de Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez Castro, Gilberto Álzate Avendaño, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Alvaro Gómez Hurtado entre otros destacados políticos, llegó a unos niveles insospechados en el trasegar republicano, como fuera que unos cuestionados citantes, se convirtieron de buenas a primeras en defensores de oficio de un narco terrorista alzado en armas contra el país alias el no ciego Jesús Santrich. Vergüenza se siente y arde la sangre al presenciar tamaño ignominia. Por fortuna, el exfical general de la Nación Dr. Néstor Humberto Martínez en intervención puntual le demostró y probó con lujo y conocimiento que la DEA y el Gobierno de los Estados Unidos no hacen entrampamiento sino por el contrario demostró que el delincuente de marras delinquió después de acogerse al acuerdo y prueba adicional de ello está también su fuga y alzamiento en armas.
Bogotá, D.C. noviembre 28 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

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Basta ya de tanto abuso Sra. alcaldesa

Sin siquiera llegar a un año de ejercicio como alcaldesa de Bogotá, ya son demasiadas las actuaciones reprochables que la muestran como una gobernante que sólo piensa y actúa por la ideología que la distingue y no por el bienestar de los ciudadanos residentes en la ciudad capital que es a quienes debe gobernar por igual.

Ya cuando en diciembre cumpla un año al frente de la alcaldía, será de inmediato el comienzo por los contradictores como el punto de partida del inicio de la revocatoria al mandato, posibilidad que puede llegar a conseguir ese resultado que se ve más cercano si en un repaso rápido de algunas controvertibles decisiones, se muestra y demuestra el talante arbitrario, impositivo de la gobernante local que, como siempre, con teatral habilidad se erige con su dedo acusador en culpar a los demás de sus crasos errores, en particular de señalar al gobierno nacional como causante de ellos.

Las páginas de una columna no alcanzan para registrar tanto desacierto, por lo que solo se analizarán una pocas. De las más cuestionables actuaciones desde el inicio se marcó su clara pretensión de maniatar e impedir que el Esmad cumpliera con su labor constitucional. Al inaugurarse como burgomaestre de la capital adoptó medidas que dejo saber pretendían facilitar la protesta ciudadana, pero que realmente enfilaron sus baterías a limitar el accionar del Esmad y al final para dificultar el accionar de la policía nacional. El denominado protocolo que adoptó quedó claro que su finalidad principal fue cercenar herramientas con las cuales la policía actuaba contra los desadaptados vándalos que afectaban y destruían bienes en la ciudad y desde luego, con esas dotaciones protegían su humanidad

Quiso después en febrero cambiar el color marca y distintivo Rojo de los buses de Transmilenio por distinguirlos con unos colores multicolores dizque para reflejar el “estándar de emisión”, que se entendió rápidamente como pretender respaldar a los seguidores y defensores de los movimientos LGTBI; como no le fue bien en esa pretendía actuación que ocasionaba serio perjuicio a las finanzas de la ciudad, optaron aún sin decidirse, proponer pintar de amarillo los buses Euro V con filtro y Euro VI, y los de «cero emisiones» serían de color verde fluorescente; es decir, los que son a gas o eventualmente los eléctricos. Es claro que pretende adueñarse con los recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos explorar una manipulación a la agenda proyectada ambientalista.

En el mes de marzo a tres meses de su gestión precipitó el encierro de los ciudadanos con ocasión del Covid 19 en aquel fallido simulacro de aislamiento que terminó en desbandada vehicular de paseo a regiones cercanas de Bogotá convirtiéndose por cuenta de absurda medida en un transmisor a regiones aledañas a Bogotá de peligroso virus. Las posturas por el manejo del aeropuerto Internacional del Dorado son francamente bipolares, de la postura inicial a la ahora final.

Cuando los movimientos de la izquierda en todo momento exigen de consultas ciudadanas y que quieren ahora posicionar con el tratado de Escazú, hacer renunciar a la soberanía nuestra, se produce, aprovechándose del obligado aislamiento decretado por el gobierno nacional, el monumental “asaltó” a los ciudadanos propietarios de vehículos automotores que transitamos por las vías de la ciudad quien pagamos costosos impuestos, gravámenes y valorizaciones, incluyendo en particular el de rodamiento, al cercenar en las principales vías capitalinas, de un tajo, mejor de un plumazo, un completo carril en la Carrera 11, Calle 13, Carrera 7ª, Carrera 50 entre otras y ya se anuncia la carrera 15 al norte de la ciudad.

No hay derecho, que los ciudadanos trabajadores que se movilizan en su automóvil a su lugar de trabajo, so pretexto de protección de contribuir con el medio ambiente e incrementar el uso de la bicicleta, sean vulnerados sus derechos en la forma abusiva como se hizo de impedirles el uso de un esencial carril necesario y fundamental para la movilización. No es solo abuso es un completo atropello a los ciudadanos que ya en el caso de la Avenida Jiménez acusa gravedad inmensa y tiene desesperados a sus vecinos que le silbaron y protestaron enérgicamente, eso no pinta nada bien. La justicia debe enmendar tamaño despropósito. Ya al momento de escribir estas líneas se apresta un grupo de ciudadanos y organizaciones a impulsar una acción popular para restablecer el uso de las vías y exigir de la mandataria que responda, incluso con su propio pecunio.

La notoria diferencia en el trato a los visitantes de la minga que sin importar la exposición y expansión del virus les albergo en la ciudad, exponiendo por completo al residente y en particular a los vecinos del centro de los deportes donde les diera refugio y alojamiento, muy distinto al acompañamiento que les niega a otros actores de la sociedad que les negara los permisos para trabajar en la capital como no les fue permitido a los campesinos de Boyacá, vender la producción de papa.

Alejada por completo de combatir la escandalosa y miedosa inseguridad, jamás vista en los actuales niveles, procede actuar la Sra. Claudia López con declaraciones inapropiadas, incendiarias que en vez de tratar de rescatar la seguridad que urgen los ciudadanos, producen todo lo contrario, esto es, la incrementan e incentivan por efectos de su declaración xenofóbica en contra de los ciudadanos venezolanas que migraron por efectos de la huida al genocidio que vive el vecino país causado por el tirano gobernante Maduro, que los llevó a buscar su sustento y comida en esta latitudes.

Fue tan grave esta declaración discriminatoria que la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) la declaró el jueves de esta semana, persona «non grata”, quien reclamó también del gobierno que trate de impedir que esas manifestaciones tengan repercusiones violentas como seguro va acontecer o ya ha ocurrido.

Desconociendo que en épocas de escasez, que imponen gasto mesurado, contrata a dedo amplia publicidad para buscar mejorar su imagen que lo hizo dejando disque saber que era para prevención del Covid 19 cuando se demostró que lo fue en cuantía de 6.000 millones para pauta digital, como en su momento lo denunció el concejal Emel Rojas.

En medio de la expansión de Covid 19 demostró habilidad para culpar y a su vez, tratar de hacerse con las victorias del gobierno, vino a respaldar impulsar un adefesio, como es un día sin carne, cuando lo elemental es que fuera lo contrario. Impulsar una campaña para que se dé un día con carne para millones de ciudadanos que no pueden tener en sus comidas esencial proteína. Los mal denominados animalistas que de animales tienen mucho, pero de humanidad poco se han dado a la tarea de imponer sus creencias contrarias a cientos de años de historia que demuestran que la carne, por la proteína que tiene, es esencial y crucial en el desarrollo humano.

Sus nimios resultados en la cercanía de cumplirse un año hacen que su gestión la utilice más como una plataforma electoral, con alianzas extrañas con otrora contradictores, como acontece con el ex gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, otrora cuestionado por ella por un cuestionado manejo de volteo de tierras que la hace ver como si estuviese en campaña futura presidencial para pretender aspirar a dirigir la nación, que en ocuparse de la grave problemática que acusa la ciudad de Bogotá, D.C. en estado de completa gravedad, desmoronándose por todas partes por la inseguridad galopante, el desempleo creciente, la informalidad en aumento, la economía al borde de la quiebra, el odio y lucha de clases en aumento que imponen que el buen gobernante que reclama la ciudad, encuentre en la unidad y trabajo en equipo de todos los sectores la respuesta al difícil y crucial momento.