La JEP puede y debe ser derogada

Por: Bernardo Henao

La saliente Presidenta de la JEP Dra. Patricia Linares, organizó el Encuentro Internacional de Justicia Transicional en el que buscó que su tarea y la de la JEP, tuviera el reconocimiento internacional de aquellas organizaciones que se identifican ideológicamente con la izquierda, pues anticipaba que seguro su balance y gestión tendría fuerte rechazo en los colombianos como lo ha sido. Pero el señor Presidente de la República le aguó la fiesta. En claro mensaje en la instalación del citado evento expresó que la JEP está “permeada por verdades parciales, amañadas, inverosímiles, por impunidad y declaraciones revictimizantes”, enfatizando la ausente reparación de las víctimas.

Nuevamente en el sentido homenaje por el 25 aniversario de la muerte del destacado dirigente político Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) organizado por la Universidad Sergio Arboleda, el Primer Mandatario de los colombianos puso en duda la confesión y participación en el magnicidio por parte de las Farc, y si bien no le mencionó, a los asistentes y quienes escucharon la noticia por los medios les quedó más que claro que se refería en particular a la confesión del senador Julián Gallo conocido con el alias “Tornillo” o “Carlos Antonio Lozada” quien confesó ser el ejecutor de la orden de asesinar al gran caudillo conservador colombiano.

El pasado 4 de noviembre de 2020 se produjo el relevo de la Presidencia en la Jurisdicción Especial para la paz. Al asumir como nuevo Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, en su discurso de posesión ya tuvo el primer desacierto al afirmar irresponsablemente que la JEP es inderogable, agregando que el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz; tamaña mentira ha dicho. De otra persona es posible que se comprendiese que lo dijera pero que lo exprese un exmagistrado de la Corte Constitucional es francamente imperdonable y hasta cuestionable por lo que envuelve la afirmación. Desde que se cursan en las aulas universitarias los estudiantes de derecho aprenden siempre un puntual aforismo que jamás se olvida “Las cosas se deshacen conforme se hacen” y eso, lo sabe de sobra el funcionario.

Pretendiendo quizás enmendar su error dejo conocer en reciente soberbia declaración a la W Radio, en tono un amenazante que la JEP llegó para quedarse que recuerda a cierto nefasto expresidente colombiano e indicar que es “un tren de justicia que no lo puede parar nadie” e insistió que el tribunal está protegido por la constitución y el derecho internacional. Inquietante y preocupante declaración que debe asustar a todo demócrata y que preocupa enormemente saber el alcance del nuevo conductor de esa desacreditada jurisdicción. Al hacer su juramento convocó a un movimiento ético y espiritual por la paz desconociendo que esa no es su tarea presidencial. La finalidad y prioridad de ese tribunal era llegar a la verdad, la justicia, y la reparación que hoy si brillan en intensidad y que parodiando su equivocada frase ese tren se encuentra hace rato descarrilado y solo queda recoger sus escombros.

En Colombia lo que se requiere y exigen los colombianos es un verdadero tribunal objetivo, sin sesgos ideológicos integrado ojalá como se expone pueda ser en el próximo referendo, en una sala especial de la CSJ que trabaje y registre sin tapujos en encontrar la verdad y aplicar justicia imparcial, frente a esos graves hechos ocurridos en esos 53 años de conflicto. Hoy en el verdadero balance que se hace a la JEP salta de bulto la ausencia de resultados, pero si el favorecimiento a criminales con indultos o en el peor de los casos, por adoptar decisiones contrarias a la ley haber permitido la fuga de peligroso terrorista como aconteció con Jesús Santrich y otorgar indulto a Mary Luz Ramírez alias “Mata Hari” que participó en el atentado perpetrado con un carro bomba que detonaron al interior de las instalaciones de la escuela Superior de Guerra en el año 2006. Incluso, se promueven actuaciones que en estricto sentido frente aforados constitucionales son del resorte de la justicia ordinaria.

Hasta ahora en la JEP en su ya larga existencia han brillado por su ausencia la justicia, no se diga de la verdad y reparación. Por un cambio en su presidencia no va cambiar el derrotero trazado en la Habana. Si se comparan los resultados de los dos procesos transicionales recientes se constata que el seguido con los paramilitares produjo concretos resultados, mientras que los de la JEP en sus siete macro casos, brillan por su completa ausencia en tres años largos de costosa existencia.

CUADRO COMPARATIVO 

Proyecciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.Proyecciones de la Ley de Justicia y Paz – ley 975 de 2005.
Macrocaso 001 – secuestros –  40 versiones y 350 comparecientes.Judicialización de mas de 13.000 hechos victimizantes.
Macro caso 002 – Situación de los municipios Ricaurte. Tumaco y Barbacoas Nariño – 44 versiones y 22 comparecientes.Sanciones penales relativas a mas de 34.600 delitos.
Macrocaso 003 – Ejecuciones Extrajudiciales – 265 versiones y 265 comparecientes.Se han declarado responsables a mas de 642 miembros postulados al proceso penal especial. 267 comandantes considerados como máximos responsables.
Macrocaso 004 – Situación en el Urabá – 35 versiones y 27 comparecientes.16.000 compulsas de copias a terceros auspiciadores. Y mas de 1400 agentes del Estado.
Macrocaso 005 – Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca – 12 versiones y 12 comparecientes.Mas de 6000 fosas comunes, de los cuales 3453 se entregaron a sus familiares.
Macrocaso 006 – Victimización de miembros de la UP – 0 versiones, 0 comparecientes.Extraditados 32 miembros postulados de dicha Ley.
Macrocaso 007 – Reclutamiento de niños y niñas en el Conflicto Armado – 13 versiones y 13 comparecientes.Proferido 70 macrosentencias

Fuente. Datos tomados de

https://twitter.com/JuanitaGoe/status/1316718226240409602/photo/1  en lo que respecta a los avances de la JEP, y alocución presidencial hecha por el presidente Ivan Duque en el Encuentro Internacional de Justicia Transicional ‘Respuestas Emergentes a Atrocidades Contemporáneas.

Tanta preocupación se tiene porque no se modifique, reforme, o derogue la JEP que ya no solo muestran miedo sino que dejan conocer angustia más ahora con ocasión de la invitación que ha propuesto el señor Expresidente Alvaro Uribe Vélez de incluir en el proyectado referendo la posibilidad de derogar o modificar integralmente la JEP. Esa Jurisdicción hasta ahora como registra su balance precario es por completo ya inviable y exageradamente costosa. Su presupuesto asciende anualmente a más de trescientos mil millones de pesos ya su funcionamiento en tres años se acerca al billón de pesos y sin ningún resultado, llámese sentencia a la vista en contra de ninguno de los subversivos, vendrán seguro las de policías, militares y agentes de estado; las de los integrantes del secretariado huelen más a indulto que a condena por sus oprobiosos crímenes.

Desde que confesó Rodrigo Echeverri (A. Timo) que la JEP la habían hecho ellos, quedo claro que como hoy se sabe lo era para limpiar y lavar sus delitos. Tres años en funcionamiento y ninguna sentencia lo demuestran. Siete macrocasos en los cuales 5 de ellos los excluyen y solo se ocupan en perseguir a militares, policías y agentes de estado. Los bandidos son los que delinquen las FFMM y de Policía son las que nos defienden y nunca estará jamás bien igualarlos al lado de los terroristas y bandidos. El macrocaso uno, mal llamado indebidamente “retención ilegal de personas por parte de las FARC_EP” ya se deja saber el sesgo. Fue y será por siempre delito atroz el secuestro que lo fue en miles de personas. El macro caso siete “reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano”, que no incluye el abuso sexual ni los graves abortos a los que les sometieron. Hoy, por lo declarado algunos medios por algunos de estos individuos, solo se conocen burlas, nada que avanzan y nada de aceptación de responsabilidad y menos de condena.

Una jurisdicción confeccionada desde la Habana e integrada con la participación foránea, solo podían crear ese esperpento que más que querer conseguir justicia, verdad y reparación, es una trinchera, utilizada indebidamente para esconder hasta ahora sus delitos, burlarse con cinismo de las víctimas y revictimizarlas. Por fortuna Colombia en su negativa al Plebiscito del dos de octubre se expresó mayoritariamente rechazando el mal denominado Acuerdo de Paz que más bien hoy se muestra como el Acuerdo engañoso de la Habana, en el que tanto se escudan e invocan, pero no se dan cuenta o se hacen los de la vista gorda que, sin justicia, verdad y reparación, jamás olvido, nunca habrá Paz.

En el conflicto hubo miles de víctimas, cientos de desaparecidos, jóvenes no regresados al seno de sus hogares, muerte y desolación por doquier, mutilaciones e incapacidades psicológicas de por vida, familias de los sobrevivientes destruidas no los van a borrar porque han dejado saber y confesar muy tardíamente, más no probar, que son los causantes y autores de la causa de muerte de Alvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León Gómez, José Fedor Rey, José Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Eso si el referendo que se impulse debe tener puntual pregunta para todos los colombianos que expresen que lo que allí se decida mayoritariamente por el pueblo soberano de Colombia, no podrá ser desconocido, ignorado ni modificado por ninguna decisión de las altas Cortes y menos por una delegación inexistente a través del Congreso de la República. Ya se aprendió con gran dolor lo ocurrido y de como nos aplastaron el NO que triunfó el dos de octubre de 2016.

Bogotá, D.C. noviembre 7 de 2020
Columnista de opinión

El monstruoso senador asesino

No existe en la lengua castellana un término que recoja una conducta como la confesada por el individuo de nombre Julián Gallo Cubillos, más conocido con su alias de “Carlos Antonio Lozada”, como responsable de la ejecución en total estado de indefensión del inmolado líder conservador ALVARO GÓMEZ HURTADO (q.e.p.d.), pero el del título de la columna es el que más lo retrata. En Colombia y en el mundo no existen los ex asesinos, ni dejan de serlo por ser amnistiados o indultados.

En el prontuario de este avezado criminal se le tiene como responsable de la instalación del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en 2006, de los atentados contra Germán Vargas Lleras en 2002 y 2005 de la activación de una cicla bomba en una sede de la Policía en el barrio Fátima de Bogotá, en 2002. Del atentado con bomba lapa al señor exministro Fernando Londoño Hoyos en el 2006.

Es bastante probable sea también uno de los autores materiales que causó el grave atentado con un carro bomba al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero del año 2003. Se duda mucho que sin la intervención del Frente Urbano Antonio Nariño la temible columna guerrillera de la Teófilo Forero haya podido ejecutar sola tan execrable crimen.

Bastantes consecuencias se desprenden de esta confesión recogida en la carta entregada el 30 de septiembre suscrita por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape y Pablo Catatumbo Torres y sus abogados que la JEP dio cuenta de ella, a través del comunicado No. 132 de octubre 3 de 2020, en la que dejaron saber la disposición de ellos en “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los homicidios” de Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.

Pasados más de dos años de estar en función la JEP, en el entendido que no existe un macrocaso que se ocupe de los asesinatos selectivos sorprende la rapidez con la cual esta justicia transitoria se aprestó a señalar que tiene competencia prevalente y preferente para investigar esos hechos, que dice lo son con ocasión del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016.

Dispuso así mismo, escuchar en versión voluntaria a Rodrigo Londoño Echeverri y Julián Gallo Cubillos. Llama la atención la justificación de esa decisión con fundamento a normas “constitucionales y legales” sin citarlas puntualmente. Este hecho improvisado, adoptado de afán, no tiene cabida en los siete macro casos que son los únicos que deben avanzar, pero no sacando del sombrero cual mago en funciones sin mediar informe previo.
Ese afán de asumir la investigación es la demostración nuevamente que esa Jurisdicción les fue echa a la medida de las FARC. Pero aquí se equivocan y de manera grave la JEP y su Presidenta Patricia Linares, no solo por lo ya indicado sino por algo elemental que, en su celeridad de ayudar a los encartados, olvidó para el caso del asesino confeso senador Julián Gallo Cubillos que él tiene fuero, que su confesión de la participación en el magnicidio es del único conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, la Corte Constitucional dejo claro precedente constitucional al indicar en la sentencia C 674 de 2017 que «cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción, según el caso». La prevalencia de la decisión constitucional que blindara el acuerdo de Paz se impone y la JEP la irrespeta frente al asesino mencionado. Ya está en mora de enviar cuanto antes el expediente ante la Corte Suprema de Justicia que es la competente para juzgarle.

Desde luego esto no va ocurrir y a raíz de la confesión en la si autorizada y permitida investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación quien dispuso de inmediato que Echeverri y Gallo sean escuchados en declaración juramentada el próximo 4 y 5 de noviembre. Al conocer la decisión el máximo vocero de las Farc ya puso el grito en el cielo, seguro por el miedo que tiene que esa no es la jurisdicción confeccionada a su medida, la que no puede manipular a su antojo.

Es más, no se requiere ser un ávido investigador forense para inferir que el asesinato execrable del doctor Álvaro Gómez Hurtado haya sido con motivo del conflicto armado. No señores el magnicidio, ocurrido en noviembre 2 de 1995, que ahora es un crimen de lesa humanidad, lo fue por sus posturas ante el gobierno permeado por el narcotráfico más conocido como el caso 8.000. Ahí lo que hubo fue una posición digna, respetable y sincera como eran siempre las inigualables intervenciones del gran líder conservador.

La confesión por demás tardía de estos facinerosos tiene por propósito pretender lavarle la cara sucia por siempre al indigno expresidente Ernesto Samper Pizano. Él sabe o presume que las investigaciones de la Fiscalía avanzan y según parece incluyen también a su escudero mamola Horacio Serpa. Él sabe que aquella entidad cuenta con un completo equipo de investigación y suena bastante que puedan llegar a ser vinculados con el magnicidio.
En medio de ese lento transcurrir se conoció que la señora Piedad Córdoba con ocasión de la reunión del edificio Alpes dejo saber que ahí estaban reunidos los asesinos del líder inmolado. Aquella comenzó ya a declarar ante la fiscalía y se está pendiente que concluya su testimonio; hay serios indicios que su distanciamiento de las FARC es cierto. Ese presunto atraco que le ocurriera a sus escoltas se debe interpretar más bien como un intento en tratar de amenazarla y silenciarla pues tiene nerviosos e inquietos a los responsables de la muerte del destacado conservador.

Es tan amañada la posición del entonces parte del secretariado de las Farc que parecen olvidar a propósito que ese expresidente liberal no puede ser objeto de investigación de la JEP por puntual prohibición del Parágrafo 1 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo No. 1 de 2017. Los expresidentes tienen fuero. Por lo tanto, su juez natural no es ni será nunca la justicia transicional. Ese inusual favor que pretende las FARC hacerle al responsable del 8000 les salió muy mal. Le revivió por siempre la condena social que lo acompañará de por vida. La JEP no le va servir como si lo hiciera el exrepresentante Heyde Mogollón, de quien vale recordar que William Rodríguez Abadía, el hijo del capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez, informó ante los medios que le entregaron un millón de dólares por absolverlo.

Es claro que ante la JEP se puedan investigar crímenes de guerra que califiquen como de lesa humanidad si acontecieron antes del 1 de diciembre de 2016, pero el presunto crimen de estado en la persona del doctor Álvaro Gómez Hurtado, califica en ser de lesa humanidad como ya fue decretado, pero nunca lo fue por razón del conflicto así ahora lo confiesen quienes dicen ser sus autores materiales y traten de acomodarlo a esa razón que carece por completo de soporte. La tardía confesión efectuada en el presente mes lo es cuando ya se sabía por parte del monstruoso senador asesino que un fiscal de Derechos Humanos en diciembre 19 de 2017, tomó la decisión de declarar el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, como delito de lesa humanidad.

En esa oportunidad un fiscal de Derechos Humanos concluyó que “el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los extraditables¨ en la década de los 80.”

¿Dónde queda entonces que lo fue con ocasión del conflicto armado? La respuesta es elemental. No lo fue. Ocurrió o le motivó las posturas firmes contra el narcotráfico que sostuvo siempre el Dr. Álvaro Gómez H. Lo que se desprende de la confesión es que el cartel del Norte del Valle, encontró en su ideario criminal un ejecutor ideal, como fueron las subversivas Farc de entonces que, si bien entre bandidos se entienden, les servía para ocultar o camuflar su participación por los efectos y consecuencias que sabía tendría el crimen execrable en el devenir de la Nación.
Hoy, es posible como hipótesis derivar una participación tripartita que involucra un presunto ahora determinador en cabeza del gobierno de entonces, un eslabón de intermediario que fuera el cartel del Norte del Valle quien seguro concretó la participación del autor material en la entonces Farc, sin que su participación desnaturalice la causa o razón que motivó el asesinato cometido. Baste con recordar la alianza macabra que se dio y comprobó entre el narcotráfico y los subversivos del M19 que terminó en la destrucción del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Cerca de cumplirse 25 años del magnicidio es claro que la justicia colombiana no ha funcionado ni operado y ahora que se conoce esta extemporánea confesión se infiere que ante la denegación de justicia que incluso llevo a tener por responsables a quienes no lo son y afectar a muchos militares en retiro y a las mismas FFMM mañosamente señaladas por un exembajador de los Estados Unidos, se impone llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, como anticipo se hará oportunamente.

Bogotá, D.C octubre 10 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

Fallo aberrante

Los colombianos deberíamos sorprendernos ante fallos como el del “blindaje a las protestas pacíficas”, pero como los escándalos a los que nos ha acostumbrado la “administración de justicia” son permanentes, cotidianos, lamentablemente nos habituamos, y ya dejan saber que estamos y se confirma frente a los que no se equivocan en llamarla o denominarla “tiranía judicial”. Si revisáramos las decisiones más recientes en las Altas Cortes, se constataría la existencia de sentencias controvertibles, cuestionables y en varios casos, como acontece con la más reciente proferida el 22 de septiembre de los corrientes por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aún en proceso de notificación, que se incumple por ellas el mandato del artículo 230 de la Constitución Política en cuanto a que los jueces en sus decisiones están sometidos al imperio de la ley.

Se trata de una decisión de segunda instancia en materia tutelar que acaba de proferir la Sala de Civil en el mal denominado “caso de la protesta pacífica”, cuando todos sabemos que de cierto sector de eso poco tiene, pero que el país no sale del asombro sobre la obnubilación y embriaguez completa de los magistrados que la profirieron. Más solidez y argumentación tenía el fallo que revocaron.

Esa decisión mayoritaria adoptada en un extenso escrito de 154 folios al que se suman 16 más que recogen los juiciosos salvamentos de los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Luis Alfonso Rico Puerta, deja conocer la constante en escribir fallos extensos para agotar, no quepa duda, que esa sentencia desconoce la realidad que afecta a los colombianos, la impulsan 39 actores que dejan bastantes dudas de sus calidades para impulsarla, como la de esa persona que, al parecer, coincide en nombre y apellidos con los de la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Dra. Catalina Botero Marino, y es una sentencia sin duda por completo aberrante e ilegal, como ya queda consignado y se aprecia en la lectura de los salvamentos de voto, como surge de uno de los apartes del emitido por el Magistrado García Restrepo: “no solo se abusa de un exceso de normas y providencias de todo orden, con el único fin de sustentar unas decisiones finales que, según mi punto de vista se salen de las facultades de los jueces e invaden la órbita del legislador para repartir de forma desordenada y sin competencia, decisiones mandando a los distintos funcionarios hacer cosas que si bien pueden tener la intención de protección de manera general, no están encaminadas a evitar en caso concreto alguno la vulneración de derechos fundamentales de sujetos determinados”; acción que sin duda se aparta de toda la línea jurisprudencial que sobre la acción de tutela ha precisado la Corte Constitucional.

La acción de tutela era desde su comienzo por completo improcedente. De plano debía rechazarse, pero la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por lo menos decidió no amparar los derechos que los accionantes consideraban vulnerados. El principio de la subsidiaridad no se respetó, antes debían agotar otras acciones ordinarias que algunos tenían en marcha y otros no lo hicieron. Fueron olímpicos protestantes pacíficos los tutelante. Por su parte, los Magistrados que conceden el ilegal amparo abusan de su función judicial, no respetan e invaden la órbita legislativa, quien es la única entidad que puede a través de sus representantes y senadores promover un proyecto de ley estatutaria que se ocupe de reglamentar y legislar la protesta.

Pero no contentos con esa abusiva invasión, hacen lo propio respecto a la Rama Ejecutiva, vienen a ORDENAR: Al Ministro de Defensa que en 48 horas se excuse públicamente por los excesos de la fuerza pública, los que aún no están probados ni demostrados; al Presidente de la República como si estuvieran por encima de él, a expedir un acto administrativo para dizque “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas”; además, a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que “expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas”; al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica; al Defensor del Pueblo realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación del Esmad y a esta entidad para que suministre el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido. A los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

Causa curiosidad, pero no extrañeza, que a pesar de que la tutela se dirigió también en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ciudad en la cual se narran los pocos casos concretos de posibles actos violentos contra alguno de los accionantes, no se le imparta ninguna orden ni instrucción.

Disculpen, qué se creen estos individuos que de honorables poco, pero de abusivos mucho. Estas órdenes inconstitucionales por completo son una extralimitación desmedida de la función que les compete. Es un actuar que raya en conducta presuntamente delictual. Son otros agitadores de pluma judicial, quienes con peligro evidente pretenden intervenir en la conducción del Estado, labor que les es ajena. Lo peor, violan ostensiblemente el artículo 218 de la Constitución Política Colombiana que claramente establece que la Policía es un cuerpo armado y debe serlo para defender la vida y honra de los ciudadanos como reza el final del art. 2 de la Constitución Política.

Si quienes administran Justicia, contrariando la finalidad de este valor, pretenden sitiar al Estado, llevan a impulsar el sentimiento de que es el miedo el que debe sentir el ciudadano del común ante ella, y por tanto que se debe acudir a la justicia por propia mano.

El fallo nos afecta a todos y debe ser objeto de solicitud de aclaración por parte de nosotros los ciudadanos afectados. Pese al temor que justificadamente tengamos, debemos despertarnos y llevarnos a extender un solo grito tan fuerte de rechazo a estas intromisiones y abusos que detenga el actuar arbitrario de unos operadores judiciales que deben cesar en su ostensible ilegalidad. Si no reaccionamos como sociedad civil y hacemos un frente a esta reprochable actuación de estos magistrados que olvidaron su noble misión, el proceso de desestabilización en curso, al que contribuye esta anarquía judicial, hará en menos de lo que se cree que nuestra Patria grande se convierta en una Nación doblegada y pauperizada, como le ocurrió a la hermana Venezuela

Hoy en la estrategia desestabilizadora en curso es claro que la educación, la justicia la iglesia y otras entidades claves han sido cooptadas por la izquierda radical. Está en marcha un plan desestabilizador que tiene en los foros de Sao Paulo y Puebla los principales impulsores de la desestabilización en latino américa de los gobiernos democráticos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los estamentos que no han conseguido hacerse con ellos o desacreditarlos. Hay una campaña despiadada contra la Policía y el Ejército, con libretos claros y con una orquestación
con medios y redes para conseguir su propósito. No lo conseguirán nunca si nos unimos como sociedad civil respaldando y defendiendo como ya acontece a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

Bogotá, D.C. septiembre 24 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

LOS SINIESTROS ABOGADOS MONTEALEGRE Y PERDOMO

Desde que se inicia en la facultad del derecho muy pronto se aprende sin mayor explicación que quien peticiona una solicitud ante un juez siempre debe ser el primero en intervenir para sustentar la razón de ser de su solicitud.  En la audiencia innominada en el caso que se sigue en contra del ciudadano ejemplar Álvaro Uribe Vélez celebrada el 16 de septiembre ante la Juez 30 Municipal de Garantías de Bogotá, Dra. Clara Ximena Salcedo Duarte se incumplió por completo este sencillo y crucial principio.

Parece elemental, pero como todo lo que rodea este proceso que es por completo Kafkiano, era indispensable que la defensa peticionaria haya actuado de primero y explicara la razón de la solicitud que convocaba la celebración de la audiencia que todos los colombianos en su sentir esperaban que seocupara de decidir la libertad del injusto indagado Álvaro Uribe Vélez. 

Pues bien, no fue así y quienes seguimos la audiencia en directo quedamos sorprendidos y pasmados que los voceros de las coladas víctimas se adueñaron de la audiencia. Las supuestas víctimas en sus intervenciones no acreditaron las razones fácticas y jurídicas que demuestren la legitimidad en la causa como intervinientes especiales. Los tres al unísono peticionaron algo que se creía ya decidido como es que la justicia ordinaria es la competente para conocer del caso. La propia Corte Suprema de Justicia así lo dispuso y la actuación seguida ante esa Juez de Garantías, era ya la confirmación que la cuerda procesal se ventilaba por la aplicación de la ley 906 de 2000 que es siempre garantista y no por la absurda e inquisitiva ley 600 de 2000 que no lo es y mantiene vigencia sólo para aforados y sabido es que ya Álvaro Uribe Vélez renunció al Senado y perdió esa calidad.

La confusión resultó mayor cuando ni el ministerio público, ni la propia fiscalía y menos aún la defensa, extrañamente guardaron silencio. Esta última puedepensarse que lo hizo por estrategia para saber con que querían eventualmente sorprenderlo y previó que era bueno conocer la argumentación que expondrían.Su calma que dejó conocer a lo largo de la audiencia es tranquilizadora. 

Era obvio que él debió dar cuenta inicial de la audiencia y enfatizar su petición. Al permitirse entonces la intervención siniestra, confusa, torticerapor parte de las víctimas coladas en este proceso se ha abierto un boquete inmenso a través del cual se revive discutir nuevamente la competencia, esto es, decidir ¿quién ahora debe investigar y juzgar al señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, sin que nadie se ocupe del derecho esencial y crucial que le asiste de estar en libertad?

Los tres abogados Villalba, Montealegre y Perdomo que se han colado en un proceso alegando una condición de víctima que la propia Juez le dejó saber que no era el momento para reconocerse, en particular frente a Montealegre y Perdomo porque alegaron su condición de “afectados”, pero les dejó participar al citar la jurisprudencia constitucional. La Señora Juez debió simplemente atenerse a lo dispuesto por la Sala de Instrucción y no caer en las burdas manifestaciones de las aparentes víctimas, restringir el uso de la palabra de ellas, por cuanto la audiencia se creía estaba circunscrita en el levantamiento de la medida de aseguramiento, pero que ya iniciada y surtida parte de ella, más bien se aprecia que tiene como estrategia y pretensión, dejar sin piso la imputación y de esa manera tumbar la medida de aseguramiento, ahora ordenada por Juez que a esta fecha carece de competencia violándose el artículo 8 de la Convención América de DDHH. 

¿Válgame Dios que esperpento de sustentación en ¿qué los afectó el doctor Álvaro Uribe Vélez?Pretendiendo encontrar una explicación el calvo Montealegre que de tanto pensar en como torpedear ese proceso se quedó sin pelo, seguro creyéndose Koyak, dejo saber que él y su amigo principiante de litigante Perdomo, alegaron esa condición dizque por mención que hiciera a ellos la ex fiscal, hoy detenida Hilda Niño. Que nimio e inventado argumento. Ella no es Álvaro Uribe y su mención si estos torticeros abogados se sentían afectados por ese señalamiento, impone forzosa conclusión que contra quien han debido actuar era contra esa exfuncionaria no contra quien está privado de su libertad y perseguido judicialmente.   

No quepa duda lo han planteado para perjudicar enormemente al señor presidente Álvaro Uribe Vélez su fin no es otro que dilatar. Su ingreso ilegal sólo tiene por propósito  intervenir para hacer uso de recursos que alarguen la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son maquiavélicos y vengativos. Esa no es la forma de un litigio trasparente, esa no es la lealtad procesal que rige el estatuto del abogado. Ellos sin lugar a dudas están incursos en causales que impone que el Consejo Superior de la Judicatura les siga su causa por incumplir sus deberes y obligaciones, contempladas en la Ley 1123 del año 2007, (Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007) mediante la cual se estableció el Código Disciplinario del Abogado. De las conductas o faltas que deben ser materia de sanción en el caso que se comenta se infieren:

DE LAS FALTAS EN PARTICULAR. ARTÍCULO 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: 

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

A su turno el ARTÍCULO 33. Contempla las faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado en la que es claro la prevista en el numeral

“2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho” y puede también llegar a tipificarse la prevista en el numeral 8Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad

Los aprendices de litigantes Eduardo Montealegre yJorge Perdomo fueron un completo desastre; hoy más que nunca quedó claro que no se entiende como llegaran a ser Fiscal y Vice fiscal de la Nación. Esa intervención dejo conocer por completo su mediocridad. Su falta de argumentación fue el mejor elemento para auto desacreditarse solos, pero también para que las gentes en general conozcan la clase de individuos de mala fe, que ya ingresan en la lista de personajes nocivos y malévolos con el país. 

En dos años y medio que lleva el proceso infame al perseguido político estos dos sujetos, Montealegre y Perdomo no se hicieron parte en la causa y ahora de buenas a primeras cuando renuncia a su fuero el expresidente, primero anuncian que irían, previa instauración de una temeraria denuncia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por la masacre de la Granja y El  Aro en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, hacerse parte como víctimas en el proceso que tiene detenido al colombiano ejemplar, y lo hacen en circunstancia que impone obligadas preguntas: ¿Por qué sólo hasta ahora resolvieron Montealegre y Perdomo dejar saber su ausente calidad de víctimas? ¿Por cuenta de quien están cumpliendo el encargo de torpedear la causa procesal? ¿Qué los lleva a actuar alegando una calidad que no tienen? 

Muy preocupante y sospechosa esa actuación que impone que se profundice e indague las razones yencargos que la motivan. Huele feo, nauseundo y oscuro ese proceder. Un ex fiscal y ex vice fiscal que se supone tienen las más altas acreditaciones y formación profesional no yerran de esa manera tan protuberante, tan cínica y tan sinvergüenza que desdice de ellos y de contera afectan nuestra noble profesión de abogados, pues su actuar más bien parece que son meretrices de terceros intereses aún por esclarecerse.

 Bogotá, D.C septiembre 19 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión

NO SE DUDE GUSTAVO PETRO ES RESPONSABLE

Como se sabe sin informar ni solicitar el correspondiente permiso al Senado, desconociendolas normas que rigen y aplican a los congresistas, el senador Gustavo Petro salió del país en un vuelo humanitario ya que el aeropuerto El Dorado se encontraba cerrado por el Covid 19, vía Panamá, condestino a su amada Habana.

En su habilidad comunicativa dejo conocer en su cuenta de Twitter que los famosos y afamados médicos cubanos le diagnosticaron un “cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago”. Igualmente, en la red de WhatsApp al parecer un acreditado médico colombiano registró que los sicompetentes médicos colombianos no le descubrieron en sus exámenes cáncer alguno.

Hoy repasando ese hecho se concluye que le asistía la razón al facultativo colombiano y que la operación practicada en la isla le servía como anillo al dedo para registrar las bondades de la medicina cubana. Por supuesto era la forma también de eludir entregar una explicación al Congreso de su salida sin el permiso correspondiente.

Esa recuperación tan rápida de la grave enfermedad que informó padecer tomo visos de milagrosa pero también dejo múltiples interrogantes ¿cuáles eran también esos propósitos de visitar la isla cubana, en la que llevó comitiva no propiamente de paseo? Seguramente se puede pensar que se trataba la preparación de su agenda futura desestabilizadora,olvidándose de aquella manifestación pública cuando aceptó la derrota de las urnas que, dejo saber “no iban a retornar a la violencia” queriendo con ello expresar el apoyo al proceso de la paz.  

La oposición tiene claras reglas, pero para este individuo poco importan. Desde ese día se empezó a conocer su mensaje populista por completo incendiario, lleno de odio, enfatizando la lucha de clases y manipulando un sector de la juventud que cae en su trampa y garras. El ideario de sus trinos marca claramente la personalidad ofensiva y agresiva del mal perdedor que, llegó en sus cuentas y en video difundido el pasado 6 de julio a deslegitimar el fallo contundente de las urnas a favor del actual mandatario de la nación. Ese día en compañía de los otros conocidos azuzadores de oficio Gustavo Bolívar y Holman Morris manifestó, «Duque ganó solo con elfraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el Fiscal, buscó rápidamente esconder y manipular«. Acusa sin fundamento, pero no prueba.Tampoco denuncia como es la obligación legal hacerlo, pese a decir que tomaría acciones legales. De esa manera arrastra incautos.

Es obvio que ese embate no le funcionó y nadie le acompañó en deslegitimar al gobierno válidamente escogido. Viene entonces ahora a dar curso a su segunda reprochable y peligrosa actuación. Hábilmente a su estilo pirómano enterado del fallecimiento de cierto personaje no abogado, de nombre Javier Humberto Ordoñez Bermúdez, quien agrediera primeramente al agente, fuera reducido, con uso excesivo de fuerza por parte de dos agentes de policía, acto que se condena y rechaza, esaprovechado por el senador Petro para dar cuenta del hecho y convirtiéndose de buenas a primeras en juez al calificar el suceso de “asesinato policial”. Hoy al escribir esta nota, se conoce las razones y causas reales de la muerte, que no aconteciera en el Cai de Villa Luz sino que se produjo en una clínica de la capital.  

Dijo el senador de la Colombia dizque Humana el pasado miércoles a las 7.21 pm “La gente ha salido a los barrios a rodear los cais (sic) para protestar contra la violencia y el asesinato policial. “Se pensó que la pandemia dormiría al pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular”

Que trino más mentiroso, la gente no salió a los barrios a rodear los Cai sino a destruirlos, como lo registraba serialmente en su cuenta de twitter el senador Petro, convirtiéndose de buenas a primeras en extraño reportero gráfico, más bien actuando como reportero a la incitación. Fueron muchos los trinos que registró en esa primera noche demencial y terrorífica, baste visitar su cuenta para comprobarlo.

El balance en la primera noche de terror no podía ser peor 7 civiles muertos, 70 personas heridas, 93 policías heridos, 53 Cai afectados, 77 vehículos de particulares dañados, 37 buses de transmilenio afectados y 49 buses vandalizados. Los primeros estimativos de los daños se avaluaron en 14.000 millones de pesos. Ayer fue la otra jornada dantesca y hoy ya está la convocatoria para seguir esta absurda y desenfrenada asonada compuesta por una horda de maleantes destructores de bienes públicos y privados que siguen claro libreto y preparación previa.  Ya las autoridades tienen claro que hay en curso una estrategia articulada y se dan a conocer vínculos con el ELN y disidencias de las FARC, en los que se destaca el movimiento Juventudes del Movimiento M19, JM19. 

Por supuesto se quiere destruir la Policía y de contera a las FFMM, único bastión que nos queda para mantener en firme la institucionalidad. Esa campaña de desprestigio la tienen activada ya hace rato, pero en esta ocasión se equivocan por completo. Un acto materia de investigación que aún se desconoce si será de conocimiento de la justicia ordinaria o de la penal militar, no será jamás un argumento serio y firme para cambiar años de historia de la Policía, escrita con honor, lágrimas y sangre.  La sociedad civil la defiende y le exige a usted senador respeto. Basta ya señor Petro en su andanada locura populista.

Para completar el desasosiego que causa la persecución desatada a la Policía por ese movimiento político y sus partidarios, se sumó equivocadamente a calificarla erradamente y en forma temeraria y agresiva la Sra. Alcaldesa Claudia López quien dejo saber que “Destruir a Bogotá, no arreglará la policía” y rematógeneralizando “No va acabar el abuso policial”. Se equivoca, la policía hay que fortalecerla, defenderla jamás “arreglarla” como si fuese un carro en un taller, respete la institución, no se requiere ninguna reforma estructural. La policía como institución no abusa y los actos que llegaren a tipificarse como tal, son de personas individuales no de la entidad. Alcaldesa deje de invadir competencias ajenas que demuestras su abusiva intervención en escenarios que le son por completo ajenos a su desempeño como mandataria distrital. Ayer usted violó las propias normas sanitarias que expidió para enfrentar la pandemia al autorizar marchas y la Procuraduría y la justicia deben investigar su conducta.  

Es ya hora de detener al incendiario Gustavo Petro y que la alcaldesa defienda como lo ordena el artículo segundo de la C.N a los ciudadanos capitalinos. Es también la hora de que se ponga fin a su discurso de odio y desestabilización. Su incitación en tres días aciagos para la democracia, no son la labor de un Senador de la República por más que este declarado en oposición.  Aprenda de la sociedad Civil que marchamos rechazando la muerte de los 21 estudiantes cadetes en acto terrorista del ELN en la escuela de Cadetes Santander que cobrara la vida de valientes hombres y mujeres, esos si asesinados, encompleto estado de indefensión, sin mediar provocación ni agresión, pero no se causó dañoalguno; por el contrario, se exteriorizó la mayor muestra de solidaridad a los servidores públicos que representan nuestros agentes de policía.

Bogotá, D.C. septiembre 12 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión

Al abrigo de la oscuridad algo se trama

De resaltar y reconocer la valentía y olfato periodístico de Gustavo Rugeles quien enterado por un vecino corrió como lo hacían los reporteros de guerra asegurar la noticia. Solo con su decisión y su cámara del celular se hizo presente en el edifico Los Alpes. Ya allí, los escoltas, en papel que no les corresponde, trataron infructuosamente que no cumpliera su labor; gracias a ella informó en su cuenta de twitter y en la del portal el expediente el pasado dos de septiembre la realización de la subrepticia reunión.

Era claro entonces que, en el apartamento de Juan Fernando Cristo, ubicado en el norte de la ciudad capital, conjunto Cerros de los Alpes, se dieron extraña cita varios integrantes de las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos, quienes al parecer no se reunían a escuchar o programar un especial concierto musical. Se conoció que concurrieron Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alampe y desde luego no podía faltar el senador Iván Cepeda. No estuvieron Iván Márquez y Jesús Santrich para que el grupo estuviera todo completo, pero por medios satelitales cualquiera pueda imaginarse que podrían participar en la reunión.

Informados por la red del particular encuentro se conocieron toda clase de reacciones. Desde luego suspicacias, memes, y toda una serie de comentarios defendiendo el encuentro al parecer con tintes de clandestino y otros interpretando y anticipando toda clase de conjeturas y conclusiones. El imaginario colombiano supera la realidad de la ficción de macondo o, por el contrario, ya tan cansados de ver tanta hipocresía y mentira, el país en su medio de expresión, corrió a la red a sentar su posición y rechazo.

La estupidez del anfitrión y los concurrentes no se hizo esperar. Temerosos de las fotos que se les harían trataron infructuosamente con un armario de tapar la ventana. Con una cobija lo hubiesen hecho más fácil y rápido; el querer ocultar el rostro es indicativo de que se actúa mal y es también la confirmación del temor por la verdad.

Pero la noticia si llevo a toda clase de especulaciones resultó peor la explicación del encuentro, entregado a los medios al día siguiente por parte del señor Juan Fernando Cristo. Al país con la cara más postiza que se pueda presenciar le informó solemnemente este particular fariseo, la razón del encuentro furtivo en su cuenta de twitter: “No tengo nada que explicar, pero le cuento como ya hice a algunos medios. Discutimos sobre la importancia de que las FARC digan verdad ante la JEP”.

Este si es la más destacable noticia. No por el texto de la manifestación sino por lo que significa su alcance y contenido. Esa expresión “digan verdad” impone inmediata conclusión, que hasta ahora todo lo dicho ante la JEP y Comisión de la Verdad y desde luego al país, no es la verdad; es la mentira y el engaño lo que ha primado, o como lo dejo saber el declarante reciente al mencionar el reclutamiento
forzado, que se trató de un error político, cuando en realidad es que es una práctica criminal horrorosa de lesa humanidad.

La confesión clara del santandereano Juan Fernando Cristo es evidente y se resalta las FARC al no decir la verdad, están por completo incursos en claro incumplimiento al Acuerdo de la Habana que pactó la fallida paz rechazada por la mayoría del pueblo colombiano. El gobierno debe tomar atenta nota de esta confesión.

Pero aceptando en gracia de discusión que ese era el motivo de la reunión, se colige entonces que en asuntos tan delicados jamás una casa de habitación u apartamento es el lugar indicado para hacerse. Esos encuentros tienen espacios en lugares públicos y su mejor escenario es el propio Congreso de la República

Ahora bien, los colombianos sabemos que las coincidencias se dan por alguna razón. Estas reuniones al parecer desprevenidamente tienen más explicación y justificación en el temor y miedo que les causan las denuncias sólidas, respaldadas en pruebas contundentes y en relatos desgarradores de víctimas de las subversivas FARC que en tres informes demoledores ha mostrado al país y a la opinión internacional, el también valiente periodista Herbin Hoyos.

Del cinismo de sus declaraciones a la demostración desgarradora de los actos criminales de reclutamiento de niños menores de edad, de la práctica sistemática que en reclutamiento se hizo y se hace aún por las disidencias y otros grupos al margen de la ley, les despertó a estos individuos inmensa preocupación y este sea un argumento sólido para entender ese encuentro extraño en la obscuridad de la noche. Es evidente que no se van a escapar del prontuario criminal de lesa humanidad.

Por último, es viable pensar que también tendría por propósito enfrentar el fracaso de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en no poder continuar el proceso en contra del Presidente Álvaro Uribe Vélez quien por falta de garantías y respeto a su debido proceso, en un acto de valentía, pues no tenía como defenderse con su fuero ante un Juez inquisidor, renunció a su curul. Esa posibilidad no estaba en los cálculos del senador Iván Cepeda y de sus contertulios conspiretas. La victoria justa y temprana de que la justicia ordinaria en cabeza de la fiscalía conozca su caso, les llevo también a reunirse en forma extraña y rápida. Seguro iban a estudiar como impedir que consiga la libertad para defenderse en el proceso que le siguen.

Al perder la competencia la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resulta claro que ya pronto se debe disponer de inmediato la libertad del Dr. Álvaro Uribe Vélez, concurriendo ante un Juez de Garantías, que hará que se dé otra victoria temprana para enrostrársela a estos personajes que celebraron con bombos y platillos su detención pero que ahora miran con preocupación su pronta libertad,

y sienten ya pasos agigantados de la justicia internacional que les va alcanzar.

Bogotá, D.C. septiembre 5 de 2020

NO BASTA CON QUE SÓLO DIGAN LA VERDAD

Que enseñanza y aplicación de lo que es la DIGNIDAD. Los colombianos nos quedamos admirados de la actitud decente ejemplar y por supuesto admirable de la postura de la Sra. Carmenza López que, en un evento promovido por la Alcaldía de Bogotá, rechazó de manera clara, humilde y respetuosa no aceptar el abrazo hipócrita que le propuso la señora Griselda Lobo Silva que le encanta presentarse con su alias o nombre de pila Sandra Ramírez, quien en el pasado fuera la compañera permanente del peligroso terrorista alias Tirofijo.

En forma categórica la víctima de las Farc fue clarísima en indicar: “Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad, una verdad justa y honesta”. Que claridad y que profundidad la calificación “justa y honesta”, a contrario sensu como decimos los abogados, no quiero una verdad mentirosa y deshonesta.,

Doña Carmenza, expresión de respeto para aquella persona que se lo ha ganado, no sólo por su gesto y respuesta, sino por provenir en ser de origen noble, le asisten todos los derechos para exigir sea enterada a cabalidad de la circunstancia en que ocurrió la muerte de su marido.  Se necesita sin rodeos,  alabanzas y engaños que le entreguen la verdad de lo que pasó con su cónyuge Guillermo, quien fuera secuestrado y asesinado por el grupo subversivo de las Farc, en el año 2008 en el Sumapaz. A ese resonante grito, nos sumamos todos los colombianos a través de la sociedad civil, pero agregamos que no basta que sea sólo que digan la verdad, deben también cumplir con la justicia, desde luego con la reparación y no repetición.

Esos postulados, no se han cumplido hasta ahora. Los perdones públicos parecen más bien actos calculados de populismo. Es que no hay derecho a tanto muestra que pareciere “cínica e hipócrita” de querer abrazar a una víctima que, de haberlo permitido, la hubiese re victimizado más esa exguerrillera que por una concesión en la negociación con Santos, funge como Vicepresidenta del Senado. No se olvide que ella es conocedora de todos los secretos y actos de maldad y criminalidad ordenados entonces por su amante compañero Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”, apodo por las bajas que infringiera con un rifle 22 a los soldados de la Patria y, quien no se olvide, tiene un hijastro hoy levantado en armas contra la República. 

Si la verdad que dicen van entregar sea como la que se conoció ahora extendió en su versiónPastor Lisandro Alampe Lascarlo, en la que dejo saber que “desconoce de una serie de casos mientras se encontraba en las filas y al frente del Bloque Magdalena Medio” es entonces procedente que refresque su memoria con el relato que en el programa de la Hora de La Verdad entregó valientemente Alexander Vargas. El país quedó atónito con su crudo y documentado relato.

Quien comete falta o crimen siempre es amigo que su pecado se esconda al abrigo de la oscuridad. La forma como se conocen las supuestas versiones de quienes hasta ahora han concurrido hacerlo, extrañamente en un tema de tan magnitud lo hacen a puerta cerrada, bastante contrario como le corresponde hacerlo a los agentes de estado, militares y policías al entregar sus versiones que lo es en público.

Es tan inequitativo y tan absurdo el procedimiento para salvaguardar estos individuos que se les conoce un nuevo estilo de informar. Lo es a través de comunicados, como las altas cortes, de tal manera que no se permite que se escuche el relato en la JEP, que se recuerda en las voces de Rodrigo Echeverri alias Timoleón Jiménez o Timochenko fuera hecha a la medida del vestido que necesitaban. Son tan precarios y ofensivos esos comunicados que para formarse un criterio de ellos basta registrar el que acaba de extender Martín Cruz Vega, compareciente ante la JEP

“Con profunda tristeza me permito manifestar ante Colombia que nos equivocamos, y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras, fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las Víctimas”. (https://twitter.com/partidofarc/status/1298825580352278528?s=12)

Grotesco ver que este vocero de ese movimiento FARC trate un crimen atroz de lesa humanidad como es el reclutamiento de menores de esa manera. Disfrazarlo de error, vaya voluntad de paz y verdad la que quieren entregar si de esta forma descarada camuflan su atrocidad. Ese equivocado proceder es volver a revictimizar más a los niños reclutados muchos de ellos muertos, otros desaparecidos y los que sobrevivieron con secuelas físicas y afectaciones psicológicas de por vida.

Si hay algo claro y contundente frente al tema del reclutamiento son las denuncias públicas que han formulado la Corporación Rosa Blanca, Fevcol y Manos por la Paz. En los oídos de los ciudadanos no se olvidan los testimonios desgarradores de las jóvenes de Rosa Blanca en la forma que fueron reclutadas y obligadas abortar. Ahora se anticipan ya dos informes entregados por el valiente periodista Herbin Hoyos sobre el reclutamiento de menores que dejan saber la gravedad de los delitos que no sólo son el reclutamiento sino también el fusilamiento.

Si la Jurisdicción Especial para la Paz fue hecha a la medida que dejo saber Timochenko, pareciera se anticipa que no se vaya a cumplir conocer la real verdad de lo ocurrido en el largo conflicto interno (53 años), por supuesto la reparación no va llegar, la no repetición tampoco pues baste ver lo que hacen las denominadas disidencias que siguen delinquiendo y desde luego, la total ausencia hasta hora de justicia,  que permite concluir sin asomo de duda que hasta el momento los señalados victimarios gozan de completa impunidad.

Bogotá, D.C. agosto 29 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

SE “COLÓ” IVÁN CEPEDA EN EL PROCESO QUE SE SIGUE CONTRA EL SEÑOR EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La dificultad que representa para las personas entender lo ocurrido en el caso del señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez se complica aún más si en estricto sentido no se puede comprender porque la Corte Suprema de Justicia, admitió como parte civil, al senador Iván Cepeda Castro quien no es propiamente la víctima, más pareciera fungir como victimario a través del aparato judicial.

Este denominado viacrucis judicial para el señor expresidente comenzó el 16 de febrero de 2018 cuando el Magistrado Jorge Luis Barceló se pronunció en torno a la solicitud del defensor de Iván Cepeda de proferir un auto inhibitorio y de la del apoderado del Dr. Álvaro Uribe Vélez de solicitar la apertura de la investigación al senador Cepeda.

La decisión le dio la razón al defensor de Cepeda y se abstuvo de abrirle investigación. Por el contrario, en lo que no se pensaba ni se imaginaba, el magistrado que le era conocida la animadversión al doctor Álvaro Uribe Vélez, dispuso compulsarle copias para que fuera investigado, quien lo creyera, de denunciante pasó adquirir la calidad de denunciado. 

Se dan otra serie de actuaciones que resultan extrañas y poco convincentes del porque no se remitió de inmediato el proceso a conocimiento de la primera instancia en la propia CSJ que era ya la Sala especial de Instrucción, las que se recuerda se crearon en enero 18 de 2018, con la expedición del Acto Legislativo 01 de aquel año.  En julio 24 de 2018 se formalizó la investigación en contra del senador Uribe y sin fijar fecha el magistrado Barceló ordenó escucharlo en indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

Cuando era más que evidente y notorio que el Magistrado de la Sala de Casación Jorge Luis Barceló no podía adelantar la investigación, la sala de instrucción No. 2, en octubre 17 de 2018, remitió a la Sala Especial de Instrucción el expediente, correspondiendo a la magistrada Cristina Lombana el impulso procesal, quien saliera del conocimiento del proceso por recusación impulsada por el abogado de la víctima que ocurriera en mayo 10 de 2019. 

El dos de febrero de 2019 se aceptó la constitución como parte civil del señor Iván Cepeda y en ese mismo mes no se accedió a las nulidades propuestas por las interceptaciones ilegales al celular del doctor Álvaro Uribe Vélez. Se señaló el 8 de octubre de 2019 para escucharle en indagatoria la que se llevó a cabo y ya se conoce como cerca de cumplirse diez meses, en agosto 3 de 2019, ordenó su detención preventiva

La primera y más grave inconsistencia era que no cabía el inhibitorio sino aperturar la instrucción y con ello seguir el trámite vinculándolo como denunciado pero el giro dado dio por clausurado un proceso legítimo y válido; contrario sensu se generó un nuevo expediente, pero con las condiciones invertidas. El denunciado senador Cepeda se convirtió en parte civil y el denunciante Senador Uribe terminó de procesado.

Ante ese giro, se tiene entonces que es bastante controvertible que se le haya admitido participar como víctima en los presuntos delitos de soborno y fraude que se investigan por cuanto esos delitos salvaguardan el bien jurídico de la administración de justicia, en tanto que sería la misma Justicia la única que podría constituirse en parte civil  y esto exclusivamente para efectos de resolver pretensiones indemnizatorias con posterioridad a una condena pero sin facultades procesales distintas a la interposición de recursos contra los autos inhibitorios, de archivo o sentencia absolutoria. En el presente caso, reprochable habérsele permitido dar trámite a la recusación contra la Magistrada Cristina Lombana en fase de “investigación previa”.

El antiguo Código de Procedimiento Penal tiene claro que, frente a delitos contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. A ese respecto indica el artículo 137 de la ley 600 de 2000: “Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. (El subrayado lo declaró exequible la Corte Constitucional mediante sentencia C-875-02 M.P. Rodrigo escobar Gil).

En palabras de fácil comprensión esa parte civil solo tenía por finalidad buscar un mero resarcimiento meramente patrimonial jamás un impulso procesal como la recusación por parte de la intervención de abogado que representa la víctima y ésta misma. Desde luego, en una tarea propiamente legislativa que judicial, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, amplió el alcance de la participación de la parte civil en el antiguo CPP en procura de que interviniera en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación señalando que esta institución jurídica le permite a las víctimas o perjudicados participar como sujetos en el proceso penal. Dicho carácter civil se había entendido en un sentido meramente patrimonial, pero en realidad puede tener una connotación distinta puesto que refiere a la participación de miembros de la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado. Así la parte civil, es la directa y legítimamente interesada en el curso y en los resultados del proceso penal.

Por lo filtrado del expediente a los medios en particular el auto de 1554 páginas se infiere en los términos que tanto gusta emplear a la Corte que las personas de las que se pretende predicar la realización de la conducta de soborno en actuación penal, serían Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Callejas alias “Caliche”, o la misma Justicia, pero jamás el senador Cepeda.

No cabe la menor duda que es testigo quien presencia un hecho o quien sabe algo que pueda ser objeto de prueba judicial que, puede acontecer antes de recibirse el testimonio y hasta el momento de recepcionar la declaración. Si se hace una pormenorizada lectura de como fue grabada la reunión del 22 de febrero de 2018, en la cárcel la Picota, desprevenidamente se colige que el abogado del señor Monsalve el doctor Héctor Romero fue quien introdujo furtiva e ilegalmente el reloj que contenía la grabadora, obvio que tenía maliciosa ayuda de funcionarios del Inpec para estructurar el ardid.

En efecto a folio 473 el declarante JUAN GUILLERMO MOSALVE en ampliación  de la declaración  rendida el 6 de marzo de 2018 indica: “que fue su abogado quien ingreso el reloj con el que él – Juan Guillermo Monsalve- grabó la entrevista: es que yo entro y mi abogado estaba con Cadena allá sentado en la mesa, el abogado Cadena lo abordó y era con la insistidera de que yo pa´ que hablaran conmigo para ver como era la retractación que si y yo le pido le digo a Cadena que, si me puede dar unos minutos pa´ yo hablar con mi abogado, yo me levanto voy al baño cuando regreso estaba otra vez allá con mi abogado, Cadena y yo ya traía el reloj puesto y lo puse a grabar en ese momento”. A los litigantes ya  hace muchos años que no les dejan ingresar con relojes a las prisiones.

En el inciso 4º del artículo 111 de la Ley 65 de 1993 establece que “Por ningún motivo, ni en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios  de comunicación privados”, y es por supuesto obvio que así sea, pero entonces que puede deducirse de la conducta del abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve incumpliendo puntual disposición, se presta  a realizar actos ilegales, indecorosos y presuntamente delictuales, que  se colige tenían por propósito tender una celada y hacer llegar como en efecto aconteciera  el contenido de la grabación, ilícita e ilegal al expediente. 

Grabaciones ilegales sin que medie autorización judicial no pueden ser tenidas como pruebas, pero en el auto extenso de la Sala de Instrucción amén de otras situaciones que dejan saber la apariencia de legalidad de interceptaciones por completo ilegales, o lo peor las escuchas de las conversaciones reservadas entre cliente y abogado. El hallazgo inevitable es una figura que se da de momento, porque al ser extendida en el tiempo, como lo fue por 32 días de interceptación advertida por el analista a la magistrada auxiliar dejó de ser inevitable o fortuita a convertirse en ilícita, más aún cuando se echa de menos un test de proporcionalidad que les hubiese permitido detectar el error frente a una afectación grave de terceros ajenos a esa investigación, delito por el cual deben responder ciertos funcionarios.

No quepa duda que la participación de Cepeda sólo tiene fines persecutorios en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a quien le pretenden mostrar como determinador a título de dolo, de unas conductas jamás cometidas ni ordenadas por él; esos eventuales  hechos de los que es ajeno el señor expresidente, tampoco son de la gravedad que justificara imponer la detención preventiva; es más es inconcebible que la propia Corte desconociera lo establecido en el numeral 1 del artículo  362 de la ley 600 de 2000 que contempla la suspensión de la privación de la libertad “cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad y la naturaleza o modalidad de la conducta punible hagan aconsejable la medida”. El señor expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene 68 años de edad.

Está prohibido a los jueces hacer manifestaciones sobre sus providencias, pues estas tienen vida propia, en tanto que las explicaciones del doctor Barceló confirman la debilidad jurídica de sus actos como jurista y el evidente trasfondo político que le motivó en sus actuaciones como Magistrado en esta causa penal.

Al final,esta estrategia de hacerse víctima el senador Cepeda, sólo se entiende que lo hizo con propósito instrumentalizar la justicia para sacar del ring al político que la izquierda radical le teme. Sabido es que desde que iniciaron el período legislativo 2018-2022, el libretista Senador Gustavo Bolívar dejo saber que no descansaría hasta ver al expresidente en la cárcel y hasta ahora se cumple la crónica de “una muerte política anunciada”

Bogotá, D.C. agosto 22 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

AL SEÑOR EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ NO LE PODEMOS DEJAR SOLO

El día cuatro de agosto de 2020 será por siempre un día de nunca olvidar. En dicha fecha, mediante una providencia informada más no notificada legalmente, el país conoció que la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “mediante decisión del tres de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Expresó la Sala de Instrucción que la medida se sustituyó por detención domiciliaria, que la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad, que indica “posibles riesgos de obstrucción a la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al Senador Álvaro Uribe como al Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

La noticia no sorprendió por saber quien la profería. Las altas cortes, pero en especial la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal, las cuales se encuentran en el mayor desprestigio por sus propias actuaciones que se evidenciaron y agravaron desde el denominado Cartel de la Toga.  

La balanza equilibrada es por siempre el símbolo que distingue la justicia. Los ojos vendados de la dama desde el siglo XV, representan decisiones objetivas e imparciales, sin ningún tipo de influencia, llámese riqueza, poder, dinero, o fama. (etc).

Obligada pregunta se impone, ¿La majestad de la Justicia le ha caracterizado ese equilibrio, ponderación y transparencia en la decisión de resolución de la situación jurídica del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? Para contestar es necesario comparar dos situaciones protagonizadas por esa Sala.

De todos los colombianos es conocido el tratamiento generoso y amplio que le dieron las altas Cortes al narcotraficante Seuxis Pausias Hernández más conocido por su alias de Jesús Santrich. En ese lamentable caso La Jurisdicción Especial para la Paz impidió su extradición mediante decisión mayoritaria. Quienes la profirieron fueron denunciados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la valiente senadora Paola Holguín. El propio Consejo de Estado modificó por completo la jurisprudencia para permitir su posesión como representante a la Cámara. Pero la Corte Suprema de justicia, en un acto que quiso presentar como de ingenuidad, le privilegió su libertad y a sabiendas del peligro de fuga que representaba, no le mantuvo detenido. Como consecuencia de ello ordenó su libertad convencida que atendería el llamado de la Justicia; efectivamente cuando lo hizo ocurrió lo propio de los bandidos se fugó y por eso esta Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió el siguiente comunicado:  “atendiendo a la inasistencia injustificada de SEUXIS PAUCIAS HERNANDEZ SOLARTE a diligencia de indagatoria programada para el día de hoy, y, pese a que en un primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello, se le privilegió su derecho fundamental a la libertad; ahora considerando las nuevas circunstancias, resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, FABRICACIÓN, TRAFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES….”

Por el contrario, al señor Expresidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ ha recibido un tratamiento riguroso, controvertible y discriminatorio por parte de esa Sala del Máximo Tribunal de Justicia Ordinaria. Sea lo primero indicar que para el común de los colombianos no es entendible ni comprensible que quien procedió a denunciar penalmente al Senador Iván Cepeda, en febrero 23 de 2012 denuncia que ampliara junio 21 de 2013, dadas las continuas visitas a la cárcel en Colombia y en el exterior del Senador Cepeda, que tuvo como premisa u objeto de manipular testigos en su contra, la archivaron. Por el contrario, en esa misma decisión, adoptada el 16 de febrero de 2018, se apertura la investigación en contra del señor expresidente, de la cual le enteran el 26 de julio de aquel año.

En un hecho sin precedentes que demuestra el completo abuso judicial del entonces Magistrado José Luis Barceló, quien se distinguiera por su animadversión al señor expresidente y al movimiento que representa el caudillo, dispuso el 9 de marzo de 2018 la interceptación del teléfono del Representante Nilton  Córdoba Manyoma, por posibles vínculos con el Cartel de la Toga  y dizque por error, tamaño absurdo que no se le cree, terminaron interceptando ilegalmente el teléfono del senador ALVARO URIBE VELEZ. De inmediato ha debido excluirse por su total ilegalidad esas grabaciones, pero el rampante Magistrado Barceló, en un acto sin precedentes, en la historia judicial colombiana, presuntamente delictivo que, no entenderá ningún tribunal en el exterior, legalizó la ilegal interceptación y ordenó el traslado de dichas grabaciones al expediente que se le sigue al señor expresidente para que fueran tenidas como pruebas.

Es claro que ninguna ilegalidad ata ni puede ser prueba valedera, pero en este caso, si es la mejor prueba de la persecución infernal por la Sala de la Corte al destacado líder político de quien incluso así tengan horas largas de grabación,  él siempre dijo en público que cuando se habla, aun por celular se mantiene en la verdad, y así sean largas las horas grabadas no existirá nada que le compromete por más alusión que se haga a la ilegal interceptación ahora en justificación de la decisión de resolución de la situación jurídica que se anticipa contiene más de 1.500 folios.

Ahora, si en gracia de discusión se debatiera la procedencia de la medida de aseguramiento en contra del Senador Uribe Vélez, debe precisarse que la misma jurisprudencia de esa Corte ha señalado que las medidas de aseguramiento son la excepción y no la regla, buscando privilegiar un sistema penal garantista el cual tenga por objeto la protección de la dignidad humana, y no, la intención dañina de resquebrajar la honra y el buen nombre de quien ha sido concebido como el presidente mas importante que ha tenido Colombia a lo largo del siglo XXI.

La Sala de Instrucción de la CSJ ha construido el nuevo símbolo de la imagen que representa la Dama de la Justicia. Hoy posee el ojo izquierdo destapado y con mirada favorable, le concedió a un vulgar delincuente con un prontuario impresionante, privilegiarle la libertad. En cambio, con su ojo derecho por completo vendado, le imprime un tratamiento distinto, discriminatorio y con todos los tintes políticos por doquier, que incluso no respeta el tratamiento de la dignidad que representa el Sr. expresidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez.

Que miedo esa clase de Justicia, pero más temor esos operadores judiciales que subjetivamente se mueven más por razones de índole político que propiamente judicial. El proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la CSJ se rige por ser aforado por el sistema anterior, no por el sistema acusatorio actual. Es entonces la ley 600 del 2000 la que rige la actuación.

De acuerdo con esa norma escuchada la persona en indagatoria se debía resolver su situación jurídica que lo era en escasos 10 días, aunque han debido primero darle la posibilidad de escucharlo en versión libre. Transcurrieron más de nueve meses de mora en decidir. En los presupuestos legales para que se dé una detención en el caso del Sr. expresidente no estaban dados los elementos para que se creyera que se podía adoptar esa drástica decisión presionada por todos sus contradictores de la izquierda radical. 

Dice el comunicado en justificación de la drástica medida que la “providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indican posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas.  Adicionalmente expresan: “La medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción, Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación  como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

La rigurosidad no lo da la extensión de la decisión escrita. Riesgos de obstrucción no existen. Por el contrario, está comprobado, la conducta desplegada por el señor expresidente de total colaboración y cooperación. Todos los llamados de la justicia los ha atendido y todas las pruebas que ha recopilado las ha puesto a disposición del máximo tribunal. Si hay un colombiano ejemplar en acatar las instituciones es el señor Expresidente. La obstrucción es francamente inadmisible, lo era bastante claro para alias Santrich que si se reitera le privilegiaron la libertad. Mencionar el material no basta, hay que individualizar el hecho grave que de él se desprende y brilla por su ausencia.

Las pruebas testimoniales que se han filtrado, amén de ser de por si la prueba testimonial la de menor credibilidad en el derecho penal desde tiempos inmemoriales, ya dan cuenta que no son sólidas y no tienen credibilidad. Las han expresado al parecer en otros procesos como si se tratase de una práctica común por uno de los declarantes.

El haber privado injustamente del don más preciado que tiene el ser humano como es la libertad, no le afecta en esta etapa procesal su completa presunción de inocencia que le cobija, máxime que su condición de estadista que debe merecer respeto a sus calidades personales y laborales, no fue a cualquier personaje al que se le decidió su situación; se trata de un expresidente de la República que ha luchado contra clara ideología socialista y progresista que se quiere hacer con la Nación. Esa decisión, toma partido, repercute e interviene en el proceso electoral del país que se avecina; ese si es una verdadera obstrucción al pleno ejercicio de la política por parte de esa sala de Instrucción.

Contrario a los llamados propios de ciertos líderes de izquierda que lo hacen hasta convocar la desobediencia civil, los colombianos que creemos en la completa inocencia del Dr. Álvaro Uribe Vélez a quien debería permitírsele su defensa en libertad, nos declaramos en pie de lucha, estamos firmes, en contra de la persecución al caudillo líder que no representa; pero no en una lucha armada guerrerista es una lucha por la primacía de las ideas republicanas. Nuestra arma va ser la pluma que destile tinta señalando las injusticias y los oprobios. Todos en las redes a reclamar y peticionar que amparen su derecho constitucional como es que se le permita concurrir a defenderse gozando de plena libertad. El miedo y angustia que hoy tenemos los colombianos, será el mejor motor que nos lleve a convocar la unidad en la acción y actuación. La Patria es la que está en juego, en Venezuela vimos como fue destruida por no enfrentarse a una clara tiranía judicial en ese país, aquí les hacemos saber a estas que estamos firmes y vigilantes en la mejor disposición a enfrentar las batallas que nos esperan. 

Bogotá, D.C. agosto 7 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

FRANCISCO DE ROUX, NO POR SER SACERDOTE SE ESTÁ CON LA VERDAD

En abril 4 de 2017 mediante Acto Legislativo 01, se creó un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Como consecuencia de ello nació La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sujeta a un régimen legal propio. En el artículo transitorio 2° se puntualizó que   la Comisión es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al “esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Mediante decreto 588 de 2017 se organizó entonces la Comisión, que es más conocida como la Comisión de la Verdad.

El artículo 8 del Decreto 587 de 2017 fue enfático en señalar que los procedimientos de postulación y escogencia debían ofrecer garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia, tanto a la sociedad colombiana como a las víctimas. El mentado proceso de selección individual necesitaba contar con la adecuada idoneidad ética de los comisionados, una correcta imparcialidad que evitará un sesgo ideológico en la construcción de memoria histórica, incluyendo la ausencia de conflictos de intereses.

Para la época de su conformación quedó en evidencia la injerencia del Secretario de Naciones Unidas y La Corte Europea de Derechos Humanos para elegir aquellos que serían los llamados a esclarecer la verdad en 53 años del conflicto interno. Se comenzó mal en la forma escogida para hacer la elección, bajo ninguna circunstancia se debió permitir la participación foránea.  El Comité de escogencia dio a conocer once nombres: seis hombres y cinco mujeres que representaban diversas regiones del país. Una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos; fueron elegidos entre 208 personas que se postularon.

La elección de Francisco de Roux dejó bastantes incertidumbres, no sólo por su imposibilidad de ejercer el cargo desde una perspectiva ética y canónica, sino también por su marcada tendencia a reivindicar la lucha de movimientos campesinos e indígenas desde una perspectiva dialéctica. Al respecto, el inciso 3 del canon 285 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, establece que; les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”. Anotando, que la participación en los encargos que tienen como finalidad el servicio a la comunidad desde altas dignidades del Estado, se reservan para los laicos.

Los sacerdotes que sirven al bienestar de su comunidad lo hacen desde los sacramentos que emanan desde los cimientos del catolicismo, apartándose específicamente desde la polarización que implica estar en el debate de los asuntos de la vida nacional. Si bien, el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, su articulado no implica en modo alguno fuerza material de ley, se entiende que su incumplimiento no le es exigible a las autoridades de la nación, pero si, a las correspondientes autoridades eclesiásticas que para el efecto señale la Iglesia Católica. Si esto es así, ¿Estaba Francisco de Roux legitimado moralmente para ser comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición?, y, en ese caso ¿no debería ser sancionado por las autoridades de la Iglesia Católica por incumplir los deberes que le impone el Código de Derecho Canónico?, Con ello, solo se puede concluir que, no extraña ni sorprende el silencio hasta hoy de la iglesia en estas circunstancias, en otras épocas quizás no habría sido así.

Gracias a la firmeza, decisión y valentía del Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis, comisionado de esa entidad se conoció el pasado 24 de julio de 2020, en manifestación que extiende a los comisionados, una contundente denuncia que a manera de interrogantes deja conocer la actuación parcializada y sesgada de esa entidad en la que el Presidente de la Comisión asumió su responsabilidad por la censura o veto conocido. Esos excesos que no están en sus funciones como Presidente de la Comisión, impidieron que se expusieran desde otra perspectiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dieron los hechos que tuvieron lugar, específicamente en el Batallón de la Popa, donde el Coronel (RA) Hernán Mejía Gutiérrez fungió como comandante. 

Tiene pues la CEV la búsqueda de las causas del conflicto que  transversaliza a través de patrones sistémicos y masivos a partir de un enfoque territorial, en la que el papel de identificar a los responsables se hace desde una perspectiva colectiva y no individual. Para lograr tal objetivo, convoca a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces, se impone obligada pregunta ante los hechos que acaba de conocer la opinión pública ¿porqué fue vetado el evento organizado por el comisionado Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis? ¿Cuáles son las explicaciones que se utilizaron para censurar la participación de los panelistas en el evento organizado por el Comisionado Ospina, aún a sabiendas de que la Comisión de la Verdad tiene una función pluralista de escuchar a todo aquel que haya tenido injerencia en el Conflicto Armado Colombiano? ¿Acaso esta en las funciones del Presidente de la Comisión (Articulo 21) citar a un expresidente de la República para abrirle un espacio para contar ese si una “verdad” que nadie cree?.

Mientras se espera se resuelvan los puntuales interrogantes se anticipa de alguna manera que el cargo que ocupa el padre Francisco de Roux, le obnubiló, o como se dice en el común, se le subió el cargo a la cabeza, y deja conocer esa faceta desconocida u oculta de una personalidad arbitraria o para otros autoritarios, llegando a extremos inadmisibles, contrarios a lo que se espera del capitán del barco. Su proceder y justificación de un hecho que no tiene asidero legal le hace estar incurso en una conducta reprochable que debe ser materia de investigación. 

No quepan dudas sobre el propósito que animó la creación de La Comisión de la Verdad, pero el manejo sesgado e irresponsable que le imprime ahora su conductor, deja saber que se perdió el norte, y se casó ideológicamente con una visión de la historia para que sea contada por aquellos que siempre fueron parte del problema de la sociedad colombiana, y hoy, se presentan como figuras intachables que enjuician a todo aquel que se atreve a decir la verdad y lo hacen censurándolos.

En conclusión, o corolario, la censura y veto en que acaba de incurrir la Comisión de la Verdad con uno de sus integrantes, es la clara demostración que primó su sesgo ideológico y sectario, que ya anticipa, descalifica y pone por completo en entredicho la versión o relato final que entregue esa entidad al concluir su mandato que es de tres años de los cuales se han cumplido ya dos. Hoy, la sociedad civil, le compete exigir que se cree y conforme una verdadera “Comisión Civil de la Verdad”, en la que se escuchen todos los autores del conflicto, en particular los militares que en esos 53 años del conflicto tuvieron injerencia y actuaron con sus armas en nombre de la República. La historia triste y sangrienta del conflicto colombiano en cerca de medio siglo, no se puede reescribir con claro sesgo parcializado, las generaciones futuras que conozcan la trágica historia del conflicto colombiano merecen respeto.

Bogotá, D.C. Julio 31 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión