Petro el derrochón

Modernas teorías sostienen la vinculación entre la política fiscal, con apoyo de la monetaria, y el crecimiento económico, referida aquélla a políticas presupuestarias en sentido amplio, lo que incluye las pertinentes a gastos, ingresos y las encaminadas a determinar el déficit y la capacidad de endeudamiento. Así, el gobierno tiene responsabilidad sobre la estabilización y distribución de recursos del estado, su administración y gestión.

Recientemente Gustavo Petro, en X, su forma favorita de gobierno y comunicación, lanzó una irresponsable declaración «Las finanzas del estado están a punto del colapso», manifestación que causó, como es natural, serias controversias y su rechazo por parte de expertos, analistas económicos y, en general, por el pueblo colombiano. Al parecer el dicho del presidente tiene como objetivo la aprobación de sus reformas, en particular la pertinente a nuestro eficiente sistema de salud, el cual quiere a toda costa destruir desoyendo el clamor de la mayoría de los colombianos.

Afirmación que por provenir del Jefe de Estado, condición que una vez más parece olvidar, puede repercutir negativamente en la imagen y en los intereses del país, pues, por ejemplo, la banca internacional, al evaluar esa temeraria confesión, es posible que anote en su lista negra al Estado Colombiano.

Si fuera cierto, que no lo es, que las finanzas estatales están al borde del colapso, debe buscarse la razón del desplome, y como lo expresó el Dr. José Manuel Restrepo tal obedece al aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, que se han disparado en el último año.

“Luego de tres años de bajar déficit fiscal y generar casi superávit primario en 2023, vemos ahora que vuelve a aumentar el déficit (…) Luego de tres años de bajar deuda y lograr menos del nivel mínimo de deuda respecto del PIB, vuelve y la aumentan en 2024”.

Crecimiento que incuestionablemente ocurre por la dilapidación, el derroche sin límites que distingue a este gobierno, incluyendo, claro está, al mandatario, su entorno y a la Vicepresidente Francia Márquez.

En los 18 meses que lleva el gobierno del cambio, cambio que es en realidad un retroceso, el despilfarro ha sido gigantesco. Al cierre de 2023 los gastos de los vuelos al exterior del gobierno, según el DAPRE, suman $15 310 839 398 pesos.

Los viajes locales suman $9 337 875 894, arrojando un total de  $24 648 715 292 pesos.

En cuanto al alojamiento, se acerca al millón de dólares, debido a las numerosísimas comitivas. Más de 35 viajes internacionales antes de cumplir 20 meses de gobierno arrojan un promedio de 2 viajes por mes. Esto no tiene precedente ni es la forma de gobernar un país.

Y aún hay que sumarle los viajes de la primera dama, con su séquito compuesto por maquillador, vestuarista, fotógrafo, masajista y dos amigas y los de la vicepresidente, también acompañada de gran cantidad de gente para vivir sabroso.

Ella también se destaca por su afán de «embutirnos» a como dé lugar, la medicina cubana.

Por otra parte, en una actuación inmoral, reprochable e inadmisible se dio luz verde al Proyecto jóvenes en paz, programa que dispuso pagar un millón de pesos a 100.000 jóvenes “por no matar”. Lo que los jóvenes en verdad necesitan y quieren es la oportunidad de trabajar.

En cuanto a los que son delincuentes esa suma no es significativa para disuadirlos, pero sí abre un enorme hueco en las finanzas estatales ya que se trata de un billón dos cientos mil millones anuales.

Y qué decir de los dineros entregados a algunas organizaciones indígenas que ascienden sólo por contratos a $198 237 808 986 y otros señalan que a $281 000 000 000, más la entrega de tierras y otros beneficios que les son concedidos, sin que se observe un cambio importante en la vida de esas comunidades.

Más, el país no sale de su asombro ante la presunta creación ilegal de un «batallón» bautizado Jaime Bateman Cayón. Tiene 1200 integrantes enlistados y entrenados en Mistrató (Risaralda). El nombre es el de uno de los fundadores del M- 19 y lo muestran en redes amenazando a la sociedad civil aunque al final negaron su existencia.

Si hay algo que carece de sentido es el costoso cuento de la Paz Total. En cuanto a las disidencias de Farc se refiere, están encabezadas por el grupo Segunda Marquetalia que nació viciado pues al haber sido sus integrantes excluidos del proceso de paz de Santos  no es legal abrir un nuevo proceso.

Ahora bien, la experiencia muestra que el grupo terrorista ELN nunca termina los procesos de paz en los que participa. Los utiliza para reorganizarse y reagruparse y a continuación se levantan de la mesa. Nunca pactan la paz. ¿Cuánto están costando los infructíferos diálogos actuales ?

Ahora dejaron saber, con todo cinismo, que suspendían las negociaciones para adelantar «consultas». Dicen estar en crisis.

Otty Patiño, quien lidera las negociaciones a nombre del gobierno, en ilógica respuesta dice: «El congelamiento puede significar un momento de reflexión.» Y agrega: «Que el congelamiento no signifique un estado de hibernación.»

Le hace competencia a Francisco Maturana quien dijo que perder es ganar un poco.

Este proceso es un desangre a las finanzas de la nación. Debe darse por terminado y ese será el comienzo de la recuperación de las FFMM, que están hoy desvertebradas y maniatadas.

Ya, para concluir esta columna, debe resaltarse el abultado crecimiento burocrático del Estado, entre otros, embajadas, ministerios, como el de la igualdad, que sólo causan erogaciones del erario público, sin cumplir con la misión del bienestar común.

Bogotá, D.C., febrero 24 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

El orate

Sun Tzu expresó: “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir”. Parodiando a diversos politólogos esa frase puede aplicarse a lo que actualmente se denomina guerra política, que se refiere a una lucha en la cual se utilizan diversos elementos para imponer la voluntad sobre un adversario. Para ello se acude a una campaña que involucra variadas actividades como, por ejemplo, desinformación a través de plataformas de redes sociales, coerción económica y operaciones de influencia sobre empresas de interés, universidades y otras organizaciones que puedan servir para lograr ese propósito.

Paul A Smith Jr. en su libro “Sobre la guerra política” demuestra que el uso de medios políticos posibilita presionar, constreñir, a un oponente a someterse a esa voluntad, en una articulación política donde las relaciones entre pueblos y gobierno afectan la supervivencia nacional combinando violencia, coerción económica, subversión, diplomacia, propaganda y guerra psicológica.

En ese espectro se encuentra el país. Con el recuerdo aún vivo de los terribles hechos del 6 y el 7 de noviembre de 1985 cuando una horda de guerrilleros del M – 19 irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia y en una verdadera orgía de sangre acabó con las vidas de 101 personas, entre ellas 11 magistrados, el presidente convocó a “la máxima movilización popular por la decencia”.

Aunque la respuesta esperada no la obtuvo de parte de la sociedad civil, el 8 de febrero del año en curso se produjo una manifestación en la plaza de Bolívar. Rápidamente derivó en asonada y los accesos al Palacio fueron bloqueados. Se trataba de activistas de extrema izquierda, entre ellos, Fecode y un grupo de indígenas, también hizo presencia personal de establecimientos públicos y funcionarios públicos. Se vio por allí a la ministra de Trabajo y a Cielo Rusinque, en las esquinas del Palacio. ¿Qué hacían allí ? Y al frente de la asonada, José Cuesta, antiguo miembro del M – 19 y actual concejal de Bogotá.

Como apartar de la memoria los hechos trágicos vividos en el Palacio de Justicia si los manifestantes portaban banderas del M- 19. ¿Qué interpretación dar a esto? ¿Se trataba de una advertencia a los magistrados y empleados del Palacio de Justicia sobre lo que les podría ocurrir? ¿O era una forma de revictimizar a la justicia de nuestro país y a cuantos sufrieron el atroz crimen del 6 de noviembre de 1985?

Esas expresiones de quienes no han desarmado sus corazones  suscitaron gran zozobra entre Magistrados y el personal que labora en el Palacio de Justicia y temor en la población civil.

Lo cierto es que desde los albores de su gobierno (desgobierno) Petro ha estado haciendo llamados a diversos grupos para que salgan a la calle. En uno de sus primeros discursos quería que salieran los hombres, las mujeres y aún los niños a las calles y plazas como «ríos» de gente. En ninguna parte del discurso explicaba el objetivo de eso.

Posteriormente lo intentó con las enfermeras. Quería que salieran a las 5 de la tarde a las calles frente a los hospitales para debatir la propuesta reforma a la salud. Nunca dijo qué pasaría con los pacientes.

En otra ocasión vimos llegar en «chivas» a una gran cantidad de indígenas que se alojaron en carpas en el parque Tercer Milenio. Venían a marchar en apoyo de las reformas propuestas por Petro.

Ahora, el 2 de febrero de 2024, el presidente convocó a la movilización social y advirtió a los organismos internacionales que contra su gobierno se gestaba un golpe de Estado desde el ente acusador.  “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular”, dijo Petro.

Mientras los simpatizantes del presidente gritaban arengas y bloqueaban el Palacio de Justicia, todos los magistrados de la Corte Suprema cumplían con su deber, sesionar para elegir a quien debe dirigir los destinos de la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, ante la risible versión sobre el supuesto intento de desestabilización del gobierno, la CIDH abusivamente intervino en los asuntos internos de Colombia, y el presidente procedió a las 10.37 am del 13 de febrero de 2024 desde su cuenta de X a indicar: “Se pronuncia la CIDH sobre la terna de fiscal y la Corte     https://oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/031.as

Similar actuación tuvo al día siguiente la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su representante Juliette de Rivero, por lo cual Gustavo Petro desde su cuenta de X, el 14 de febrero a las 10.17 am,  expresó: “La representación del consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo. Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia”.

Las actuaciones de la CIDH y la ONU no están dentro de sus competencias por cuanto la elección de Fiscal General de la Nación en ningún momento ha supuesto violación a los derechos humanos de nadie. Ha estado ajustada a las normas y procedimientos previstos en la Constitución y en las leyes vigentes.

Estos organismos se han confundido con los relatos que la extrema izquierda extendió a la CIDH. En el caso de la oposición, representada por el Centro Democrático, el presidente se despachó contra ella en inadmisibles y calumniosos términos: “Nosotros somos miembros del sistema interamericano y del sistema de naciones unidas, firmamos tratados que hacen parte de nuestra constitución. Quieren que nos aislemos del mundo y rompamos nuestra constitución porque quieren continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción.”

No, presidente Petro, no intente confundir, no cambie la verdad que se impone por los hechos. No mienta.

El presidente está atrapado en los graves problemas de su campaña, tanto por sus familiares, quienes están siendo investigados, como por la ya demostrada violación a los topes de la campaña. Quiere distraer con esas presiones que rayan en chantaje. Eso no es de recibo, de ahí su afán por la elección de quien debe suceder al fiscal Barbosa.

Las Altas Cortes están rodeando a la Corte Suprema y esta deberá suspender esa elección hasta tanto el gobierno le proporcione seguridad, garantías, protección. La sociedad civil reclama respeto por la independencia de la Rama Judicial.

Pildorita. La constante amenaza de los indígenas y ahora con un “batallón» llamado Jaime Bateman Cayón, es otro intento de meter miedo a la sociedad civil. Esto es claramente apología del delito. Nuestra Constitución deja claro que sólo hay unas únicas FFMM en Colombia.

Bogotá, D.C.,  febrero 17 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

“La fuga” de Benedetti

Oportuno es recordar algunas de las promesas que en su momento formuló el actual presidente, una de ellas y en la cual enfatizó en su discurso de posesión “ni familia ni amigos ni compañeros ni colaboradores, nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”; otra, La despolitización del servicio exterior y el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular son dos pilares complementarios de cualquier estrategia para dinamizar el papel de Colombia en el mundo. Al tiempo que el uso clientelista de cargos diplomáticos y consulares para pagar favores políticos ha tenido un impacto nefasto en la política exterior y el detrimento patrimonial, una proyección internacional audaz y efectiva no se logra sin un cuerpo profesional y especializado en múltiples áreas del quehacer mundial, que se forma en el servicio público dentro de un sistema de carrera al que se ingresa por concurso de méritos”, y una más, eliminar los gastos suntuarios o superfluos en pro de la austeridad.

Compromisos que, como emerge de la designación de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, resultan todos incumplidos.

Baste ver que desde 1999 el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración de Andrés Pastrana, cerró la Embajada de la FAO y sus funciones se desempeñaban desde la embajada colombiana en Italia. Ahora, sin que se conozca razón que realmente justifique su reapertura, salvo quizás oscura necesidad, se dispuso abrirla. Sólo por el tema económico, sin sede ni embajador titular, le costaba a Colombia dos millones de euros anuales. Por supuesto, entonces, los gastos se elevaran en detrimento de la población colombiana.

Y cuando se conoce que quien vaya a fungir como su representante es Armando Benedetti, hecho que se comprobó el pasado 2 de febrero cuando en la página de la presidencia  se cargó su hoja de vida como postulante al cargo de embajador ante la FAO, surgieron numerosos interrogantes e inquietudes. Nombrar a quien recibió desobligantes calificativos por parte del Ministro de Relaciones Exteriores cuando se conocieron controversiales audios relacionados con un ingreso de $15.000 millones a la campaña, no declarados en las cuentas, es por completo un despropósito, a menos que se quisiera callarle y tenerle lejos de Colombia. Al fin y al cabo era o es uno de los hombres de confianza de Petro.

Dicha postulación hace “sospechar” que hay evidentemente una preparación calculada para permitirle llegar a un organismo por completo técnico del que poca noción tiene, pero que le permite escabullirse,  si se quiere,  de su responsabilidad en las investigaciones que se le siguen en la Corte Suprema de Justicia y en las llamadas a declarar por la violación de los topes en el proceso que cursa en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y en el Consejo Nacional Electoral.

Quizás, por ello, la celeridad quedó más que evidente cuando el pasado 6 de febrero el gobierno nacional, con claros visos de ilegalidad al ser suscrito por un Canciller suspendido, expidió el decreto No. 0108 mediante el cual se le nombra  como  embajador ante la FAO, plaza que fue bien escogida por no requerir de beneplácito.

No se conoce una posesión tan veloz. Aún sin publicarse,  el cuestionado personaje se desplazó a Roma y en escasas 48 horas después toma posesión ante la embajadora en Italia.

En sana lógica a ninguna persona en sus cinco sentidos le puede caber en la cabeza que se designe como embajador a quien tiene serios reparos y en medio de una descontrolada ira, otros dirán borracho, denunció que gracias a su gestión se consiguió un positivo resultado en la pasada campaña presidencial por la consecución de 15.000 millones que permitieron la victoria en la costa atlántica y en el Chocó. Esa declaración que debía ser expresada ante la justicia, ya en circunstancias de normalidad, hizo saber que se acogería al derecho de guardar silencio, era más que suficiente para no tener en cuenta su nombre. Pero váyase a saber que secretos posee el nuevo embajador y la pupila que formó en su Utl siendo senador como fue Laura Sarabia.

En el despacho de la doctora Cristina Lombana cursan varias causas contra Benedetti. Por muerte de la senadora Piedad Córdoba no se consiguió que fuera juzgada y extraditada a los Estados Unidos. Su muerte termina los procesos. Ahora con esta “fuga” reprochable y un nombramiento ilegal de Benedetti como embajador ante la FAO, los procesos van a parar a la justicia ordinaria.      

El proceso más significativo es el que enfrentaba el exsenador Benedetti de un posible enriquecimiento ilícito por 2.919 millones de pesos, que la defensa del encartado se limitó a recusarla. Tenía otros por diferencias patrimoniales sin justificar en el cual rindió indagatoria, pues se rige por la Ley 600 y aún no se ha resuelto su situación jurídica. La defensa cuestionó la actuación de la Corte y dejó saber que esos hechos acontecieron siendo congresista. El otro proceso era sobre lavado de activos y finalmente uno que tenía que ver con Centros Poblados por las irregularidades en el proceso de licitación de puntos digitales.

No obstante el favorecimiento que el gobierno Petro le dispensa, el cínico Benedetti señaló que esta embajada “no es lo que hubiera querido, pero es lo mejor”, por supuesto que es lo mejor pues de caerse el nombramiento, como es más que probable acontezca ante su ilegalidad manifiesta, Italia le dará protección.   

El muy cuestionado funcionario esperemos no se salga con la suya pero todo apunta que sí lo conseguirá. Mientras desempeñe esa función consular los procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia seguirán en la fiscalía muy lejos de la CSJ y de la magistrada Cristina Lombana.

Pildorita. Rechazo por completo los graves hechos protagonizados en las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia, a través de los cuales pretendieron presionar a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que eligiera Fiscal General de la Nación que hicieron recordar aquellos aciagos 6 y 7 de noviembre de 1985. La Justicia representada en las Altas Cortes, sus autorizados voceros, los funcionarios merecen el más absoluto respeto. La sociedad civil firmemente unidos tenemos la obligación  irrenunciable de rodearles, exigir y velar por su protección.  

Bogotá, D.C. febrero 10 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Desobediencia gubernamental

Al finalizar la tarde de ayer los colombianos fuimos sorprendidos por un post del presidente Petro de contenido alarmante sobre una pretendida denuncia “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo”.  Cualquier lector desprevenido concluirá que en el fondo se trata de defender al gerente de la campaña y al Canciller. Pero en la práctica tiene que ver con una convocatoria a un alzamiento popular para librarse de los procesos que legalmente se tramitan ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante el CNE, y que para lograr su propósito tergiversa ubicándolos en la Fiscalía. Por supuesto, el Fiscal Sexto Delegado ante la CSJ intervino ordenando la práctica del allanamiento en las instalaciones de Fecode en medio del proceso relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña.

El mandatario reiteradamente ha dicho que “nadie puede estar por encima de la ley”, manifestación que se acompasa con el ordenamiento jurídico colombiano y que inequívocamente traduce que todos, en especial los gobernantes llamados a dar ejemplo, deben respetar y acatar las reglas establecidas en la Constitución y en las demás normas jurídicas, permitiendo que sean las autoridades competentes las que efectúen los respectivos pronunciamientos. Nunca desobedecerán la ley, usurparán funciones ni deslegitimarán las instituciones cuando las decisiones adoptadas no sean de su agrado.

En Colombia el Ministerio Público está regulado por los artículos 275 a 284 de la Constitución Política. El Procurador General de la Nación, supremo director del Ministerio Público, es elegido por el Senado para un período de 4 años, de terna integrada por candidatos presentados por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Sabido es que entre sus múltiples funciones figura la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluyendo a los funcionarios de elección popular. En el desempeño de sus labores ejerce preferentemente el poder disciplinario, correspondiéndole adelantar las investigaciones e imponer las sanciones conforme a la ley.

Fiel al cumplimiento de este marco normativo la doctora Margarita Cabello Blanco adelantó, en el sonado caso que involucra a la cancillería, una completa investigación de la licitación para la confección de las libretas de los pasaportes.

La firma Thomas Greg & Sons era el único proponente que había cumplido todos los requisitos. La licitación fue declarada desierta, sin ningún fundamento. Como era obvio Thomas Greg and Sons demandó la decisión pretendiendo una indemnización de cerca de $117.000 millones de pesos.

En la audiencia de conciliación se hicieron evidentes las irregularidades cometidas pero, en contravía a las recomendaciones de los funcionarios de la cancillería y del entonces abogado defensor, Germán Calderón España, quienes sugerían conciliar, esto no se hizo y el abogado renunció.

Se presentó también un reprochable acto de mala educación con la doctora Martha Lucía Zamora, a cargo de la defensa de la nación. Se produjo un enfrentamiento que terminó con el retiro de la funcionaria.

En un sólido documento de 122 folios se dispuso llevar al canciller Leyva a juicio disciplinario, dado que no tenía ninguna justificación para la suspensión del proceso licitatorio 001 de 2023. Carecía de fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, por lo que pudo presentarse una transgresión a los principios de la contratación estatal. También había decretado la urgencia manifiesta durante el trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar tal medida. El ente de control calificó la conducta del canciller de dolosa.

Mediante oficio 139- 2024 se notifica al gobierno nacional de la suspensión del canciller Leyva. También se le ordena el acatamiento de la decisión y se le solicita nombrar un reemplazo para no afectar el funcionamiento de la entidad.

El gobierno debía proceder de conformidad, más no, hasta hoy ignora la determinación adoptada por el Ministerio Público, en contravía del sometimiento a la ley, y el propio encartado, abusivamente, continúa al frente de su cargo, por lo cual cabe preguntarse si no está incurso en fraude a resolución judicial?  

Y en cuanto al primer mandatario se puede pensar que se está en presencia de un presunto delito de prevaricato por omisión.

Ya sancionado, el canciller elevó una protesta ante el gobierno argentino por las manifestaciones de Milei en contra de Petro. También suscribió 12 decretos que resultan ser ilegales. Se distinguen con los números 0060 al 0063 y 0067 al 0074, entre otras actuaciones.

Esta conducta constituye un verdadero desacato y atenta contra la Procuraduría causando el propio gobierno la ruptura  institucional. Semejante proceder, cuestionable desde todo punto de vista y presuntamente delictivo, no admite excepción de inconstitucionalidad ya que ésta no opera automáticamente, como parece creerlo el funcionario suspendido.

Se conoció también que Jefferson Dueñas, abogado de Leyva, solicitó a la procuradora Cabello que se declare impedida en lo que se conoce como un recurso de consulta que está llamado a fracasar.

En fin, este personaje cree estar por encima de la ley. Ha estado rodeado de escándalos toda su vida, su pasado está lleno de hechos ocultos y tuvo la irresponsabilidad frente a los recursos públicos y el cinismo de decir “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito, ya voy a estar muerto”.

El representante Hernán Cadavid, rechazando tal conducta delictiva, instauró una acción de cumplimiento para que, con intervención de la justicia ordinaria, se cumpla la suspensión decretada y se designe un canciller provisional.

Es tan notorio y evidente el desdén que el Procurador Delegado ERNESTO JESÚS ESPINOSA JIMÉNEZ,  con fecha 1º de febrero de 2024,extendió claro ultimátum al disciplinado Álvaro Leyva Durán  para que proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”. 

Otra actuación censurable de este personaje está relacionada con la primera dama, Verónica Alcocer, a quien designó como embajadora en misión especial a pesar de no ser servidora pública.

El decreto 035 de enero de 2023 está demandado.

Se sabe también que este oscuro individuo se pensionó con solo 8 años de servicio como congresista agregando 4 años de cotización por cuenta de unos libros que escribió los cuales no satisfacen los requisitos de ley para ser tenidos en cuenta pues no son ni » didácticos » ni » pedagógicos «.

Claramente el abuso de poder es su marca.

Para concluir debe anotarse que no obstante la exhortación presidencial a una movilización popular, si se demuestra legalmente que la campaña que llevó a Petro a la presidencia violó los topes, se impone la aplicación inmediata del artículo 109 de la Constitución Política, el que consagra la pérdida del cargo. Nadie puede estar por encima de la ley, menos de la Constitución.

La denuncia que hoy hace el Presidente a todas esas organizaciones, en la que pretende pasar de acusado a acusador es un claro sofisma y los colombianos nos caeremos en esa trampa. 

Bogotá, D.C febrero 3 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Incendios e improvisación

Ya es común que al primer mandatario del país se le olvide que es el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. De manera que traspasa sus responsabilidades a funcionarios de menor nivel. Así, si Colombia ya no ocupa el segundo lugar en exportación de café, obedece al manejo de la ministra de agricultura. Si hoy importantes zonas del país están siendo devoradas por las llamas es por falta de previsión de las autoridades, departamentales y municipales. No repara en que el fenómeno del Niño, ampliamente anunciado, exigía adoptar las medidas adecuadas para contener los incendios que muy probablemente ocurrirían.

Más no obstante su obsesión por “discursear” sobre el cambio climático y el medio ambiente, la conducta seguida fue disminuir el presupuesto para los bomberos y para las Fuerzas Militares en 2024, razón por la cual carecen de los elementos y recursos necesarios para hacer frente a la emergencia que se presenta. Son, precisamente, ellos quienes están arriesgando aún su vida para salvaguardar la de otros y detener el fuego, el que ha destruido hectáreas de bosques que necesitarán años para recuperarse.

Ocurre que en todo gobierno hay cargos técnicos y cargos políticos, pero es esencial no politizar nunca los primeros.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una importantísima entidad esencialmente técnica creada en 1983 con ocasión del terremoto que destruyó Popayán. Años después tuvo ocasión de mostrar toda su capacidad de respuesta cuando otro evento sísmico afectó al Eje Cafetero.

Esta entidad coordina el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, el que en la actual crisis ha brillado por su ausencia.

Infortunadamente, durante este gobierno que lleva apenas 17 meses de gestión, la UNGRD ha tenido tres directores.

Inicialmente Gustavo Petro nombró a Javier Pava Sánchez, ingeniero geológico de amplia experiencia. Estuvo solo 8 meses en el cargo pues tuvo serias discrepancias con el presidente quien le exigió la renuncia.

Le sucedió, por encargo temporal, Luis Fernando Velazco, quien duró un mes escaso al frente de la entidad.

Se designó, entonces, al economista Olmedo López quien en su hoja de vida solo registra experiencia política, aunque desde Antioquia se dejó saber que también la tenía en gestión ambiental, riesgo de desastre, cambio climático, transición energética. Nada de esto se ha visto. Hoy, por decisión de la Contraloría General de la República se encuentra suspendido como consecuencia  de su falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, en Atlántico.

Es tanta la falta de previsión y planificación que Petro ordenó activar los protocolos de ayuda internacional y Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá atendieron el llamado a cooperar en las tareas de contención y erradicación del fuego.

De acuerdo con el reporte de la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se reportan 25 incendios forestales en el territorio del país. Están distribuidos así : 12 en Cundinamarca, 4 en Boyacá, 2 en Antioquia, 2 en Norte de Santander, 2 en Bogotá, 1 en Cesar, 1 en La Guajira y 2 en Santander. No incluyeron el que se desató en Puerto Gaitán cerca de la bocatoma del acueducto.

Las mayores destrucciones suelen ser causadas por el agua o el fuego. Acaban con todo a su paso. El color rojo que tienen en las noches los cerros orientales es señal de la gran tragedia que está ocurriendo. Petro, fiel a su costumbre de gobernar desde X, parece acabar de descubrir los efectos del Niño. Citando al “Ideam en cuanto que los efectos de la crisis por calentamiento se extenderá a todo febrero y parte de marzo”. Por ello dispuso acudir a los protocolos de ayuda internacional.   

Le sería muy útil leer las denuncias del concejal Daniel Briceño quien en X acaba de demostrar que la UNGRD se gastó en 2023 $ 58.382.256 827 millones únicamente en contratos de prestación de servicios. Y qué hay de los equipos?

La ley 1575 de 2012 establece que la gestión integral del riesgo contra incendio, entre otros, constituye “un servicio público esencial a cargo del Estado” y en su artículo 3º señala que “Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación, las regulaciones generales y la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y la atención de rescates en todas sus modalidades (…)”, luego, si bien a los departamentos se les asignan las funciones de coordinación y complementariedad de la acción de los municipios y de intermediación de éstos ante la Nación, es lo cierto que es el Estado el llamado a satisfacer las necesidades de este servicio público, lo que de haberse cumplido habría evitado que el país ardiera.

Bogotá no escapa al abandono en que se encuentran los bomberos. Más de la mitad del parque automotor está fuera de servicio. La anterior alcaldesa no se preocupó por su dotación y no hizo caso de los señalamientos de corrupción en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Está en curso una contratación por 14.000 millones para adquisición de automotores de extinción de incendios. Se anticiparon 6000 millones y se ha sabido que uno de los proponentes no puede continuar.

La corrupción es tan o más grave que un incendio.

Hoy vemos como los bomberos de Bogotá, asistidos por los soldados de la Patria, la Fac e integrantes de la Defensa Civil, tratan de contener el incendio de los cerros orientales, al igual que en el resto del país.

Es un terreno abrupto, escarpado, sembrado de abismos, extremadamente peligroso.

La sociedad civil ha mostrado su solidaridad con nuestros héroes. Ellos son admirables desde todo punto de vista. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que ejecutan.

Dios los proteja.

Bogotá, D.C. enero 27 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Terrible injusticia

Han transcurrido algo más de 38 años desde los aciagos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 (gobierno de Belisario Betancur) cuando un comando del M – 19, dirigido por los terroristas Luis Otero y Andrés Almarales, irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia, eliminando a su ingreso a los vigilantes de la firma Cobasec Ltda. Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, para continuar con el asalto y dar muerte, entre otros, a insignes magistrados, suceso trágico que impactó a la administración de justicia.

La recuperación del Palacio de Justicia por órdenes del Presidente de la República le correspondió al Ejército Nacional, en defensa del orden democrático y constitucional de la Nación. La operación la dirigió el General Jesús Armando Arias Cabrales, en su calidad de Brigadier General y no de Mayor General como erróneamente lo registra ahora el decreto 018 de enero 15 de 2024.

En 2005 se integró una Comisión de la Verdad, compuesta por los exmagistrados   de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quienes en su informe final registraron, de acuerdo con el testimonio de alias «Popeye»,  que Pablo Escobar les pagó  dos millones de dólares a los guerrilleros del M-19 para que realizaran esa violenta incursión.

La toma del Palacio, según lo constató la citada Comisión, fue ejecutada por el M- 19 y patrocinada por el Cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar. Se conoció que él amenazó a los entonces magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli, quienes integraban la Sala Constitucional y debían decidir sobre la validez del tratado de extradición con los Estados Unidos. También fueron amenazados por el grupo Los Extraditables.

Ahora, en entrevista del actual Presidente con la periodista Vicky Dávila el primero se apoya en lo dicho recientemente por Carlos Ledher acerca de que ellos, los narcotraficantes, nada tuvieron que ver con el asalto al Palacio de Justicia. Por su parte, desde su cuenta de X, Helena Uran hija de un funcionario judicial de ese entonces, cita lo registrado en el libro de Ledher  “…Ni Pablo Escobar ni yo supimos nunca con anterioridad sobre los planes del M-19 de tomarse por asalto el Palacio de Justicia”.

Surgen, entonces, versiones encontradas. Popeye cercano a Escobar lo corrobora y Ledher narcotraficante lo niega. ¿A quién creerle?

En fin, cualquiera que sea la verdad lo cierto es que ambos coinciden al señalar que fue ejecutada por el M-19. Luego, no hay duda de que quien irrumpió a sangre y fuego es el responsable de tan execrable hecho. Por supuesto, la izquierda radical ante la monstruosidad ocurrida, se dio prontamente a trabajar la narrativa y se valieron y materializaron que los desaparecidos del Palacio era el hecho grave, y no la toma por las armas del recinto sagrado de la justicia.

Y vaya si les funcionó el trabajo. Hizo carrera ese relato. El Coronel Plazas fue sometido a detención y a juicio, pero por fortuna su gran lucha terminó por conseguir que la C.S.J le absolviera. Otros militares fueron condenados. Así aconteció con el general (R)  Jesús Armando Arias Cabrales.

En el proceso ordinario 11001 31 04 051 2009 00203 03 fue condenado por el delito de desaparición forzada, en calidad de coautor mediato, de las señoras Luz Mary Portela León e Irma Franco Pineda y de los señores Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis.

La SDSJ de la Jep mediante Resolución 1571 del 15 de mayo de 2020 aceptó el sometimiento del precitado militar, le concedió el beneficio provisional de libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA) regulado en el artículo 51 de la LEJEP 1957 de 2019. En dicha decisión, la magistratura supeditó la conservación del tratamiento penal diferenciado a la presentación de un plan de aportes claro, concreto y programado a la verdad, reparación integral y garantías de no repetición como parte de su régimen de condicionalidad.

La diligencia, como lo vimos los colombianos, se llevó a cabo los días 17 y 18 de enero de 2023. Concluyó con el parecer de los funcionarios de que tal no satisfizo con los requisitos  por los cuales se le había admitido en la Jurisdicción Especial, por lo que mediante Resolución No. 1063 del 16 de marzo de 2023 la Sala de definición de situaciones Jurídicas de la Jep dispuso excluir al señor General Arias Cabrales de la competencia preferente y prevalente. En esa misma decisión se puso al Sr General a  disposición del  Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de continuar cumpliendo la condena impuesta en su contra.

Recurrida esta decisión en agosto de 2023 se resolvió negativamente la apelación instaurada por lo cual quedó en firme la exclusión de la Jep. 

Si bien el Señor General en sentir de muchos colombianos cumplió con la entrega de su aporte de verdad, en la Jep no se consideró de esa manera y por eso se produjo la exclusión. No ha sido suficiente todo el viacrucis al que se ha visto sometido sino que ahora, en enero 15 de 2024 mediante decreto 0018 suscrito por el Ministro de Salud y Protección Social delegatario de funciones presidenciales y firmado también por el ministro de justicia  fungiendo como ministro de defensa Ad-hoc, se declaró, en ostensible violación a la ley, la pérdida del derecho de uso  de las condecoraciones militares de medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Orden al Mérito Militar “Antonio Nariño”, la Orden al Mérito Naval “Almirante Padilla” y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico.

Gustavo Francisco Petro Urrego, miembro del grupo subversivo M-19,  fue condenado por el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar, mediante Resolución No. 18 del 6 de noviembre de 1985 a la pena de 18 meses de arresto por el punible previsto en el artículo 1° del Decreto 1056 de 1984. Con ocasión de esta condena, fue capturado y trasladado a la Cárcel Modelo, lugar en el que estuvo hasta el 6 de febrero de 1987, por lo que físicamente no participó en el asalto al Palacio, expediente que por gracia se encuentra extraviado y cuya condena le impediría ser presidente de los colombianos.  

Quien ordenó su arresto fue el entonces el General  Arias Cabrales tal como lo confiesa en su libro Gustavo Petro.

Irónicos giros tiene el devenir colombiano. A quien defendió las instituciones, en cumplimiento de su deber y obedeciendo órdenes del primer mandatario, como el mismo Betancur lo expresó al asumir la responsabilidad por la retoma del Palacio, porque él había tomado personalmente las decisiones, lo incriminan y persiguen; y quien pertenecía al grupo insurgente que a sangre y fuego incursionó en el sangriento asalto al Palacio de Justicia, quien jamás ha pedido perdón por ese luctuoso suceso y ha callado la verdad, se le tiene en la presidencia de la República. El mundo al revés.

Bogotá, D.C enero 20 de 2024

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión

Integridad territorial y descentralización administrativa

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia “es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…)” y en el artículo 209 consagra que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía (…) mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones”, imponiendo como un deber el que las autoridades actúen coordinadamente para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El precedente régimen indica que si bien la organización del Estado responde a un centro de impulsión política y gubernamental, lo cual ratifican los artículos 115 y 189 de la Carta Política al instituir al Presidente de la República como jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, también lo es que tal no obedece a la unidad monocrática, según denominación de Prélot, sino a la búsqueda de la unidad nacional, como lo consagra la Constitución en su preámbulo y en su artículo 188.

Sin embargo el presidente, a causa de una de las pocas buenas noticias que recibimos los colombianos en el 2023, el resultado de las elecciones locales, desconoció la unidad nacional que simboliza y convocó a una reunión a los gobernadores elegidos por el Pacto histórico y partidos afines, excluyendo a los de las demás corrientes políticas.

Reza un proverbio popular : » Divide y vencerás «.

El gobierno es nacional y resulta indudable que esa exclusión está abriendo paso a tesis y propuestas peligrosas que comprometen la paz total que pregona y la integridad territorial de la nación. Más, aún, por motivos ideológicos se priva a algunos territorios de los poderes que les son propios para asumirlos el gobierno central.

La Constitución Política establece que las FFMM tienen la finalidad de defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio, la cual podría verse comprometida si se diera curso a esas manifestaciones separatistas.

Las FFMM no están cumpliendo a cabalidad con su misión pues, desde la posesión de Petro, han sido objeto de recortes tanto de personal como de presupuesto. Al no ejercer la defensa del territorio, como viene sucediendo a lo largo y ancho del país, grupos armados al margen de la ley están erigiendo republiquetas en varios lugares. Lo que acontece al sur, en el departamento del Cauca, es particularmente alarmante.

De antaño se conocen voces contra el centralismo y es claro que las regiones deben tener mayor autonomía en el manejo de sus recursos y en la toma de las decisiones que les correspondan, la descentralización ha sido una propuesta que ha recorrido un largo camino y que se halla consagrada en la Constitución Política.

La descentralización administrativa no debe afectar la integridad territorial. El actual Congreso tiene la inaplazable tarea de fortalecer los partidos políticos y desmontar la jurisdicción nacional en la elección del Senado.

El cambio tan anhelado no llegará. Por el contrario, el gobierno está imponiendo la destrucción. El presente año será definitivo. El descontento, el encarecimiento y la segura recesión económica serán factores clave para insistir en la independencia de varias zonas del territorio nacional y no se debe dejar germinar la semilla de la desintegración territorial.

Recordemos en estos momentos a la Gran Colombia, que no logró consolidarse por causa de las diferencias entre los partidarios del centralismo, entre ellos Bolívar, y los del federalismo, entre ellos Santander; como también por temas de rivalidad entre los tres países que la componían.

En fin, Colombia parece encontrarse en el momento actual al borde del abismo de la desintegración y será necesario conservar la unidad a como dé lugar. Los alcaldes, concejales y diputados recién elegidos, así como los partidos políticos,  tendrán un papel esencial. Llegó la hora de la sociedad civil.  

Los motivos de inconformidad son múltiples y variados. Valga citar el despilfarro de este gobierno. El recorte burocrático recientemente implementado en Argentina debe aplicarse aquí también. Es necesario regresar a la senda de la austeridad, que no es precisamente una política que distinga a este gobierno y menos al presidente, la vicepresidente, la primera dama, el canciller y la directora  del departamento de la prosperidad social. Y mientras ellos gastan los impuestos de los colombianos a “manos llenas”, se priva a una importante región del país, por desastroso manejo, de ser la sede de los juegos Panamericanos, y se causa un fuerte impacto negativo en diferentes áreas como la economía, el turismo y la infraestructura.

El presidente está sintiendo que la nación se une para exigir su salida. «Fuera Petro» ya es una especie de himno lleno de emotividad.

Bienvenidos a una marcha permanente en defensa de la nación y de la democracia.

Bogotá, D.C. enero 13 de 2024

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Un pésimo balance (Segunda parte)

El gobierno en Colombia está integrado por el Presidente, los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. Sin duda es normal que se produzcan cambios en el ejecutivo, empero, en este caso particular se ha dejado la sensación que tales responden a improvisación de su elector, el que en más de una ocasión se ha quejado de su rendimiento, pero a veces, en este gobierno, se tiene la sensación de que son improvisados quizás porque los nombramientos no se hacen necesariamente por méritos. Además muchas veces se percibe falta de coordinación y de comunicación entre las carteras.

Entonces,  ¿Cómo saber si una gestión ministerial ha sido exitosa ? Una manera de evaluarla lo es a través de la eficacia de su ejecución, la que permite su recordación. Desafortunadamente, al día de hoy, en general, la mayor remembranza la ostentan son los que han tenido más escándalos y menos ejecución.

Existen 19 ministerios. Gabinete que, aproximadamente, en un 50%  resulta alejado del pueblo, sin que hayan dejado conocer sus programas. Esto indica que el gobierno no tiene buena comunicación. Es probable que esa sea la razón del anuncio de la creación de un periódico gubernamental, similar al que tuvo Chávez,  llamado «Vida» que tendrá un costo mensual de 653 millones de pesos y anual de 7.600 millones. Esto para distribuir 500.000 ejemplares. Es un despropósito y un abuso y ya podemos anticipar cuál es su verdadera finalidad.

En los cerca de 16 meses  que lleva este gobierno se han dado 3 crisis ministeriales.

José Antonio Ocampo, quien gozaba de credibilidad, logró en 2022 la aprobación de una reforma tributaria gracias a la cual se aumentó sensiblemente el recaudo. Posiblemente esto se deba a nuevos contribuyentes y a menor evasión. No obstante, se presenta decrecimiento en las principales actividades económicas, como lo dio a conocer el DANE, recientemente.

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, llevó adelante la agenda legislativa. Lo ha hecho mejor que su predecesor Alfonso Prada quien, pese a no conseguir buenos resultados, fue premiado con la embajada en Francia.

Velasco ha sido clave en la búsqueda de apoyos para las reformas sociales. Obtuvo un triunfo en la Cámara de Representantes frente a la aprobación de la reforma a la salud y acaba de conseguir otro respecto a la reforma laboral. Algunas de sus declaraciones han causado polémicas, entre ellas la que originó que desde la Federación de Gobernadores solicitaron su cambio, expresando que desconocía la realidad en los territorios y no había sido efectivo para garantizar la seguridad y la democracia en el país.

En una labor silenciosa la ministra de Educación acaba de conseguir la aprobación en primer debate de una reforma. La votación obtenida no tiene precedente e incluyó a la oposición.

El canciller tiene poco para mostrar. El tema de los pasaportes fue pésimamente manejado y termina el año pasándole cuenta de cobro a Martha Lucía Zamora, defensora del Estado, quien trató de impedir una condena, en razón a clara actuación por vías de hecho de la cancillería y la presidencia. Se conoció en algunos medios que el Comité de Conciliación de la cancillería aprobó conciliar y que se firmaría el contrato con Thomas Greg & Sons pero a la fecha esa información resultó no ser cierta.

El programa de tierras del ministerio de Agricultura fue calificado de fracaso por el propio Presidente Petro.

De una meta de 3 millones de hectáreas por adjudicar se pasó a una de 1 millón. Y solo se han adjudicado 48.000 hectáreas. No parece que se vaya a cumplir la meta.

En materia electoral se hundió la reforma y se anuncia que será presentada una nueva iniciativa.

La cartera de Justicia tiene al frente a un misógino que públicamente irrespetó a una periodista y madre preocupada a quien sugirió enseñar a su hija a consumir drogas en casa. Hasta ahora no se conoce el proyecto de reforma a la justicia que tanto ha anunciado.

En sentido negativo puede decirse que el ministro de Defensa cumplió con su tarea a cabalidad, como se expuso en la anterior columna.

Queriendo mostrar una cara más amable tras los ataques que hizo a los empresarios el presidente se reunió con algunos de ellos e, inexplicablemente, no invitó a los antioqueños.

No obstante, se dieron otras persecuciones como la que ha sufrido el gerente de la Federación de Cafeteros y la que se presentó en torno a la elección del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Si bien se presenta un riesgo grave en materia de dominio territorial también lo hay en cuanto a dominio institucional. Lo ocurrido con la elección del presidente del Consejo Gremial es peligroso en extremo. El gobierno debe abstenerse de intervenir en los asuntos gremiales y los gremios deben dejar de arrodillarse como lo hiciera Germán Arce durante su gestión.

Ellos deben mostrarse mucho más firmes en la defensa de los empresarios, como lo ha expresado Jaime Alberto Cabal, quien igualmente ha sido objeto de duras críticas por parte de la Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez Álvarez por mostrar lo perjudicial que es la reforma laboral y el gran desempleo que causará. Al respecto le manifestó: “Nosotros podemos entender que el doctor Cabal no tenga interés en que esta reforma se dé. Sabemos que él está muy cómodo con la precarización que tiene, el sector que él representa, en especial” sostuvo la ministra Ramírez, que también señaló al gremio de precarizar a los trabajadores.

Como conclusión podemos decir que, a 16 meses del comienzo del gobierno Petro reinan el desorden, el despilfarro, el caos. La más reciente encuesta de Invamer da al presidente un 66% de desaprobación.

Bogotá, D.C., diciembre 16 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Un pésimo balance (Primera parte)

Se aproxima la época navideña y con ella el fin del año, momento propicio para realizar la evaluación directa de la incidencia que las acciones gubernamentales han tenido en los resultados.

Empezaré por uno de los ejes centrales, la paz total. En los últimos años Colombia ha llevado a cabo más de treinta procesos de paz, en cada uno de ellos el pueblo colombiano ha depuesto sus intereses por lograr tan anhelado objetivo sin conseguirlo, por lo cual otro llamado a la paz parece más bien un grito de guerra.

Situación que se reafirma con las estadísticas que se comunican. La criminalidad se agudiza en el país. El incremento de los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, particularmente en las zonas donde ejercen control los grupos ilegales que se encuentran en conversaciones con el gobierno, son indicativos del fracaso del proceso y de la ausencia de Estado, y qué no decir del alarmante aumento de masacres, las que ya se acercan a 100 en el año que está por terminar. Y la explicación que Petro dio a conocer en Dubai es a todas luces lamentable. Fiel a su costumbre de ignorar su responsabilidad y culpar a otros, sin tener jamás en cuenta sus propios errores, esta vez eligió como culpable al expresidente Duque por las medidas que tomó respecto al acuerdo de paz con las Farc.

El informe de la ONU sobre el crecimiento de reclutamiento de menores y de masacres contradice la razón dada por el presidente. La galopante inseguridad obedece al progresivo desmonte y debilitamiento de las FFMM y de Policía, política utilizada por el gobierno, lo que ha dado paso al control territorial de zonas clave de la geografía nacional por fuerzas insurgentes y delictivas que ya comprometen cerca de las dos terceras partes del territorio. A las FFMM no se les ha permitido cumplir a cabalidad con el mandato constitucional consagrado en el artículo 217 que señala que tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional.

Otra de las causas es la expansión del narcotráfico y el control de las rutas del mismo por parte de las bandas criminales.

Durante lo que va corrido de este mes hemos visto en TV como la población, totalmente indefensa, abandona sus lugares de residencia y se convierte en una masa migrante de incierto futuro. Es un comienzo de la ya conocida migración al estilo venezolano.

Y a la inseguridad se le une la inestabilidad en temas esenciales, la que se inició en gran parte como consecuencia del proyecto de reforma a la salud presentado por la entonces ministra Corcho y ahora defendido por el desobligante y amenazante ministro Jaramillo. Este proyecto, que tiene en shock a los colombianos, abrió paso a protestas pacíficas, que al comienzo fueron marchas en las principales ciudades para luego extenderse a los estadios y otros escenarios bajo la consigna «Fuera Petro».

Los integrantes del Pacto Histórico y los llamados «enmermelados» de varios partidos políticos, que todo indica que en realidad son sobornados, defraudaron al país acompañando y aprobando en la Cámara este proyecto que de convertirse en ley destruirá un sistema de salud que hoy goza de reconocimiento internacional.

Sin duda era susceptible de mejoras en algunas áreas, pero destruirlo es un grave y costosísimo error.

Confiemos en que cuando este proyecto llegue al Senado en el mes de febrero prime la sensatez por sobre la «mermelada» es decir, la corrupción.

La soberanía territorial está muy comprometida y no menos puede decirse de la soberanía energética.

Irene Vélez desde el ministerio de Minas y Ricardo Roa, desde la presidencia de Ecopetrol, se dieron a la tarea de arrasar a la primera empresa de los colombianos usando como pretexto la «defensa ambiental». Petro quiere figurar en los anales de la historia en este sentido, pero lo que ha conseguido es un terrible desastre. Ecopetrol perdió significativo valor.

Ahora, con sus declaraciones desde Dubai, expone seriamente las industrias extractivas de combustibles fósiles, comprometiendo un ingreso de 30.000 millones de dólares proveniente del petróleo, el gas y el carbón.

No habrá reforma tributaria que pueda reponerlo.

En cuanto al acuerdo firmado con Tuvalu, Fiji, Islas Salomón, Tonga, Timor Oriental, Antigua y Barbuda, Palau, solo puede decirse que es una torpeza más del gobernante.

Muy acertado estuvo Ali Jaber, presidente de la COP 28, Conferencia sobre Cambio Climático, al asegurar que «eliminar los combustibles fósiles sería volver a las cavernas». Y es allí donde estaría bien ubicado el mandatario colombiano con todas sus tonterías manifestadas frente a los representantes de 200 países. Entre ellos, los mayores productores de petróleo del mundo.

A la par del “decrecimiento” en sectores e instituciones trascendentes para el bienestar común aparece el despilfarro ocupando lugar protagónico. Los gastos presidenciales y los costos de los viajes del presidente y la vicepresidente son astronómicos, van más de 40 viajes internacionales con numerosas comitivas. Y los acuerdos firmados poco le aportarán al país.

El manejo de las relaciones internacionales pasa por un mal momento en lo que se refiere a los tradicionales aliados, Estados Unidos e Israel. Tercamente Petro se ha negado a condenar los salvajes atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre pasado y esto nos tiene ad portas de un rompimiento de relaciones.

El tan cacareado «cambio», tema de la campaña presidencial de Petro, se esfumó durante su primer año de gobierno, abriendo paso a un retroceso histórico y muy destructivo del cual el país no se recuperará fácilmente.

Entonces, el resultado del balance es negativo, venimos acumulando pérdidas, por ello la desaprobación al presidente y a la vicepresidente, según la última encuesta de Cifras y Conceptos. Un deseo de navidad, que no sigamos “decreciendo”.

Bogotá, D.C. diciembre 9 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Celos presidenciales

Los colombianos se han preguntado ¿por qué si con el paso del tiempo la percepción sobre la gestión de Petro cada día es más negativa, si sus reformas no son aprobadas por el pueblo, de tal forma que ha tenido que recurrir a trasladar a Bogotá diferentes grupos para que las apoyen, las manifestaciones de protesta que en su contra se han realizado han sido pacíficas, incluido el “fuera Petro” que hoy se escucha en los estadios? La respuesta queda a ojo vista, razón por la cual Petro en X expresa “Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas (…)”.

Y siguiendo esa línea esta semana fuimos sorprendidos por una noticia increíble, para Ripley. Se trata del Centro de Justicia Restaurativa para jóvenes que se construyó en Campo Verde, Bosa. Ya lleva un año terminado y tiene capacidad para 200 jóvenes con problemas judiciales. Su costo fue de 27 mil millones de pesos, pero todo el complejo  demandó una inversión de 70.000 millones, los que según la Alcaldesa López, provinieron en su mayoría de los impuestos que pagan quienes viven en Bogotá.  

Pues bien, el gobierno Petro, a través de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó, por fin, al Distrito, que no recibiría ese Centro porque no es política de su gobierno que los jóvenes sean privados de la libertad, desconociendo la ley – Código Penal y Código de la Infancia y la Adolescencia – que establecen el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, establecido para investigar y juzgar delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años, que no por niños, quienes no pueden ser procesados, situación que, al parecer, ignora el Presidente y de ahí su Twitter (hoy X) “En mi opinión los niños no deberían estar presos”.

Por su parte la Directora del ICBF dijo lo siguiente: «El debate no es por un centro, es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos. En eso Bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción. Ese es el acuerdo».

Resulta, entonces, imperativo preguntarse ¿de qué acuerdo y entre quiénes, habla la señora directora?

Lo cierto es que se produjo un choque, un enfrentamiento entre la primera autoridad del Distrito, la Alcaldesa, y, del otro lado, la Directora del ICBF y, por supuesto, el más responsable el presidente Petro. Y esta clase de incidentes solo significa un retroceso en el avance de garantizar los derechos de los jóvenes y permitir que respondan por las acciones delictivas que han realizado, generándose, además, un grave detrimento económico.

El Centro de Justicia Restaurativa para menores era una necesidad muy sentida de la ciudad capital y del país, máxime cuando los medios de comunicaciones han dado cuenta del aumento de infracciones penales cometidas por adolescentes, a quienes instrumentan las bandas criminales y cuya utilización viene creciendo. Impedir que se hagan responsables y que tengan un lugar adecuado para su rehabilitación sólo es prueba del desgreño y desconexión del gobierno Petro, lo que nos lleva a recordar su nefasta alcaldía y su gestión de las basuras, para citar solo un ejemplo.

La alcaldesa, claramente disgustada, y con razón, agradeció a la directora la claridad en el tema y dijo que no estaba de acuerdo pero que lo asumía y analizaría qué uso podría darse a la edificación.

Los indicadores de violencia tanto en Bogotá como en el resto del país nos están señalando que los jóvenes son cada vez más protagonistas de toda clase de delitos. Y no cualquier delito menor, cometen graves ilícitos como el asesinato, violaciones, acoso, violencia de género y tráfico de estupefacientes. En Colombia se capturan cada día en promedio 248 jóvenes.

Es tan arbitrario el Presidente que no le comunicó oficialmente y por escrito a la Alcaldesa su absurda decisión. Se limitó a dar cuenta de ella en un consejo de seguridad en Bosa. Tamaña decisión no puede obedecer a celos de poder o cualquier parecido sentimiento, pues, no solo involucra intereses superiores, como los de los adolescentes, sino que conlleva, por omisión, a un nefasto acto de dilapidación que puede traducir un notorio y manifiesto acto de corrupción.

Los delincuentes juveniles de comprobada peligrosidad solo pueden ser tratados en establecimientos especializados, como el que se negó a recibir el gobierno central.

Qué podemos interpretar. ¿Populismo e irresponsabilidad por parte de Petro? sería lo primero, lo segundo, ¿retaliación con la Alcaldesa por la construcción del metro en Bogotá? o ¿rivalidad?. Y después habría que discutir el tema de la ligereza, por decir lo menos, con que trata el patrimonio de la ciudad capital.

Finalmente, no les hace ningún favor a los adolescentes penalmente procesados el privarlos de un lugar en que estarían en unas muy buenas condiciones, como lo es el centro de atención especializada que ahora se niega a emplear con la finalidad para la cual fue construido. No se sabe que usos tendrá, pero, seguramente, tendrá un buen destino.

En fin, la política de lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta no puede ser de recibo en esta oportunidad y los organismos de control deben intervenir ante este tremendo despropósito. Dilapidar no es solo despilfarrar el dinero. También se malversa cuando caprichosamente  se desaprovechan los bienes públicos.

Recomendable leer la obra del jurista español Carlos Cubillo Rodríguez, Letrado del Tribunal de Cuentas, titulada El tratamiento jurídico del despilfarro en la gestión de los fondos públicos”  en la que se analizan las diferentes formas con las que se «evaporan» los caudales que son de toda la ciudadanía. En ella se cita al romano Marco Aurelio, que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos, quien decía así: «No es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros, candelabros, estatuas y otros lujos parecidos. Es posible ceñirse al modo de la vida de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo». Que bien le haría al Presidente Petro y a su Vicepresidenta Francia Márquez aplicar tan elemental filosofía. 

Bogotá, D.C., diciembre 2 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión