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Claudicación del Estado 

Paz total-Gustavo Petro

La vía del crimen no puede ser una opción, pero, al parecer, en Colombia el crimen sí paga. Y no es una ficción, así lo releva el nuevo proyecto de sometimiento a la justicia y que constituye el comienzo de la claudicación del Estado Colombiano frente a la criminalidad. Se trata del proyecto 288 de 2023 que los Ministerios de Justicia y del Interior radicaron ante el Congreso y que lleva por título: “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones».  

No se sonroja el gobierno al impulsar semejante y perversa iniciativa, la que más bien, a la inversa, pretende establecer el sometimiento del Estado a las bandas criminales.

La búsqueda apresurada e improvisada de la mal llamada Paz Total, está permitiendo que las mafias, entre otras, con su negocio de explotación de drogas psicotrópicas, gocen de total impunidad. 

Y no paran los beneficios ahí. Se las alienta a impulsar una operación de lavar su dinero en cuantía de once mil quinientos millones de pesos. En el inciso dos del artículo 41 del proyecto se consagra esta absurda posibilidad así: “En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”.

Es muy grave que el gobierno Petro presente a Colombia ante el mundo empoderando a los grupos al margen de la ley mediante impensables concesiones. Concesiones no propiamente de orden político sino criminal. Esta clase de iniciativas, cada vez más, confirman que se está en la ejecución del ya famoso Pacto de la Picota. Estas inventivas llevarán al país más pronto que tarde a la descertificación. 

Tamaña generosidad ante el crimen organizado no tiene precedente y a esto se le suma que sin aspersión con glifosato ni erradicación manual, el cual ha sido demonizado, la producción de coca se dispara y será cada día mayor.

Uno de los muchos cuestionamientos que se le han hecho a este proyecto es que nuevamente se olvidan los derechos de las víctimas y no destina a ellas los recursos recuperados a la vez que dispone beneficios para los narcotraficantes. Bien extraña esta revictimización. Sin duda la protección a las víctimas es de vital importancia y ella sí garantía de paz.

El Fiscal general, Francisco Barbosa, alertó y explicó que se introduce aquí la aplicación del principio de oportunidad en delitos tales como el concierto para delinquir agravado, lo que constituiría una especie de indulto. A su vez, la Procuradora General, señaló que el proyecto no determina si los que han incumplido acuerdos con el Estado (disidencias de Farc) podrían acceder a beneficios de esta ley.

Proyecto que se ocupa in extenso de los beneficios que recibirán los integrantes de las bandas criminales, mientras apenas tangencialmente aboca los temas de reparación y verdad. Por otra parte refiere a imputaciones y sentencias colectivas, figura por completo ajena a nuestro derecho y para algunos autores contraria a la Constitución Política.

Finalmente, el proyecto no debe incluir formas de intervenir en los procesos judiciales como ha ocurrido, por ejemplo, con el asunto de los gestores de paz.

El cambio del gobierno Petro ya es más bien el engaño de lo prometido en campaña. Abrir procesos para dar cabida a la delincuencia sea subversiva o criminal es un retroceso que los colombianos en conjunto rechazan, sin que se requiera hacer un plebiscito para conocer su opinión. Los propios subversivos del ELN no quieren saber nada de las bandas criminales y de los grupos que las aglutinan. 

Un presidente y su equipo de gobierno que se preocupa más por el bienestar de los hampones que por el de las FFMM y de Policía, no sólo es objeto de rechazo por la comunidad, sino que provocó, como era lógico, una renuncia masiva de tenientes coroneles y policías. En cerca de ocho meses de gobierno la desbandada es grande y con esa política continuará, sumiendo a la población en todo lo antagónico a la paz total.  Ellos, servidores públicos, que entregan los mejor de sí por salvaguardar a los colombianos, están decepcionados, con la moral en el piso y han optado por el camino del retiro. Grave muy grave para el país que por falta de garantías y defensa nuestros militares y policías se retiren del servicio. 

Las componendas y repartos burocráticos jamás podrán imponerse por encima de la democracia colombiana que está en grave riesgo. Los partidos ante esa avalancha de propuestas, cada una con alcances peligrosos que se quieren completar con la entrega de facultades extraordinarias, deben estar a la altura del momento. Es la hora de pensar en la Nación. Un botín burocrático no debe estar por encima de la defensa de las instituciones. 

La sociedad civil a través de la academia, los centros de pensamiento, la empresa privada, los gremios, los movimientos religiosos, tiene un papel crucial en la defensa de la Patria. Daremos lo mejor de nosotros, formaremos líderes que comprendan que nuestra tierra debe ser explotada con respeto al medio ambiente sin ser entregada a los bandidos. Las mafias, la producción de coca, son los mayores destructores del medio ambiente. La minería ilegal es otro factor de grave daño a nuestra tierra. Lo que acontece en la bota caucana es triste y caótico y no se ve que se pueda remediar a corto ni a mediano plazo. Sin que la solución sea la claudicación del Estado.

Pildorita: Tristeza, rabia y desconcierto provoca la absurda decisión de la JEP de excluir al General Jesús Armando Arias Cabrales  “por no haber hecho aportes plenos y concretos a la verdad sobre la retoma del Palacio de Justicia”. El juez cuando actúa más por política que por cumplir con su deber de impartir justicia, se aleja del cauce institucional y atenta contra un valor fundante del Estado. Quienes escuchamos las declaraciones del General, opinamos que hizo valiosos y concretos aportes. Otra humillación a un general destacado. 

Decimos con Bertolt Brecht ¿Qué tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio?

Bogotá, D.C. marzo 18 de 2023 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión   

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A responder, señor Presidente

San Vicente de caguan policía nacional Colombia

El artículo 198 de la Constitución Política Colombiana consagra “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”, responsabilidad que es entendida como la capacidad para asumir compromisos y responder por las consecuencias de su actuar.

Entre los deberes que corresponden al Presidente de la República, según el artículo 189 de la Carta Superior, se encuentran los de dirigir la fuerza pública y disponer de ella, así como conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; fuerza pública que de conformidad con el artículo 216 siguiente se integra por las fuerzas militares y por la policía, precisando el artículo 217 que “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, para enseguida, en el 218 establecer como finalidad de la Policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 

Se impone, entonces, preguntarse si en los graves hechos ocurridos en San Vicente del Caguán en los cuales un policía fue asesinado y otra persona muerta, 78 integrantes del Esmad secuestrados (no retenidos, como ha dicho Min Interior) y destruidas las instalaciones de la empresa china Emerald Energy, se acataron por el Comandante en Jefe de la fuerza pública esas clarísimas disposiciones constitucionales.

Para contestar el anterior interrogante baste leer el Twitter que difundió el Presidente «la orden al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas Militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás.” Del contenido de su tuit emerge que no satisfizo sus obligaciones, que incumplió sus deberes constitucionales, es más, que actúo en contravía de ellos, luego debe responder.

Estos gravísimos hechos llevaron a la Fiscalía y a la Procuraduría a abrir investigaciones a dos de los ministros y el Fiscal conminó a los altos mandos de la Policía y del Ejército a buscar abogado ante las omisiones en que hubieran podido incurrir. ¿Y el Presidente …..?

Por supuesto. Dar la orden para impedir la intervención del ejército cuando la alteración del orden público la reclamaba, cuando el sometimiento a la policía que encierra la capitulación de todo el pueblo colombiano exigía su inmediata liberación y respeto, privilegiar a los violentos y desproteger a quienes cumplen la ley, constituye un actuar censurable, amén de posicionar una clara vía de hecho. Por otra parte, negar el auxilio a la Policía y dejar abandonado a su personal, pese a los llamados o clamores que ellos y sus familiares hacían, constituye una grave omisión de socorro que debe ser juzgada. El acompañamiento estatal debe brindarse oportunamente, no en las exequias de los uniformados masacrados.  

Sin que sea admisible el intento de justificación del Presidente, para no rescatar a los 78 secuestrados, tal como lo ordena la ley, en la presencia de “7.000 campesinos” manifestantes, pues, Colombia tiene innegable e incuestionable prueba de la profesionalidad con que actúan sus militares, y si de manifestantes campesinos se trataba, lo que es dudoso, hay que decir que su derecho no es absoluto y que únicamente, internacional y nacionalmente, las protestas pacíficas, esto es, sin armas y sin violencia, sin actividades ilícitas, sin desorden público, sin desestabilización ni terrorismo, son legítimas y demandan la protección del Estado, que no aquéllas que atentan contra los derechos de los demás y son fuentes de disturbios, como la llevada a cabo en San Vicente del Caguán y que le sirve de disculpa al Presidente. 

Es probable que esa conducta presidencial obedezca a la línea trazada con su ministro de defensa de “arrasar” y desmotivar a las Fuerzas Militares y de Policía, no en vano es en este gobierno donde se ha dado el mayor remezón a la fuerza pública, el que se acrecentó con lo acaecido en San Vicente del Caguán, en tanto que se tiene conocimiento del retiro voluntario de 32 Oficiales de la Policía. Y la seguridad del pueblo colombiano resquebrajándose día a día.

Situación que se presenta más crítica y grave ante los viles asesinatos cometidos. O será que “los manifestantes campesinos” gozan de esa particular atribución? Podría hablarse de complicidad? No puede desconocerse que la magistratura de la nación conocía a plenitud lo que ocurría en esa convulsionada región, pues, el gobierno había realizado con anterioridad visitas a esa zona sin dar solución. 

El balance en pérdidas humanas y en daños morales y materiales es prueba fehaciente de la barbarie utilizada y no contenida por orden del Presidente. La compañía petrolera Emerald Energy ante ese escenario insostenible ha pedido rescindir el contrato de explotación de hidrocarburos en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, Caquetá,  y la salida de la empresa, a no dudarlo, repercutirá negativamente en el contexto social y económico de ese territorio.

De otro lado, las cuestionadas y reprochables intervenciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, antes que apaciguar los ánimos los incendiaron. La exaltación a la «guardia campesina» según él «instrumento muy hermoso» agravia a las víctimas, al igual que llamar al secuestro «cerco humanitario». Las tales guardias, que no son campesinas, no tienen reconocimiento legal. El proyecto que pretende crearlas, impulsado por el partido de Los Comunes (antiguas Farc), apenas va a agotar el primer debate. La experiencia de San Vicente del Caguán unida a la del Meta cuando “guardias campesinas” detuvieron a 30 soldados debe servir de soporte al legislativo para archivar el proyecto, en tanto no se puede permitir la creación de “repúblicas independientes” en el país, con total desinstitucionalización y desconocimiento de las autoridades. Colombia ya ha vivido esas prácticas y también conoce su desenlace. Que se fortalezcan las asociaciones campesinas, que no son actores armados, sino la unión de personas trabajadoras, pacíficas y comprometidas con el bien común. A esos verdaderos campesinos nuestro reconocimiento y respeto.

No puedo concluir sin mencionar el relato que hiciera después de su liberación el patrullero Jaime Silva, quien narró cómo fue asesinado el subintendente Monroy por una chusma que lo secuestró y llevó como “trofeo de guerra” al lugar donde fuera apuñalado, rescatándolo sus compañeros ya con graves heridas en forma esa si valerosa. Además, dejó conocer que los supuestos campesinos quemaron vivos a tres perros antiexplosivos que les acompañaban, proceder absolutamente contrario a la naturaleza del real campesino que valora y cuida esos animales. Mínimo, por las promesas del Presidente de lucha contra el maltrato animal, ya que el asesinato del subintendente se trató de justificar por todos los medios, debió reprochar esta otra atrocidad.

Quien ostenta la titularidad del poder político debe respetar la Constitución y la ley, porque como expresó Henry Fielding “Cuando termina la ley, empieza la tiranía”. 

Bogotá, D.C. marzo 11 de 2023

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión 

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Los hechos lamentables a nuestra fuerza pública.

Policía nacional colombia Petro

Durante más de 25 años de mi vida, trabajé en el Hospital Central de la Policía. Realicé el año de internado previo a mi graduación como médico general y unos años después realicé mi trabajo en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital. Durante esos años lo que conocí, lo que aprendí, lo que valoré, lo que aprendí a amar, no es hoy lo que hoy nos pretenden hacer ver y creer de los policias, seres corruptos, despiadados, que violan nuestros derechos, y que, esta bien que los acaben. Lo que yo vi, y atendí fue a seres humanos, humildes, como nosotros. Seres humanos sencillos, la gran mayoría hijos de gente humilde, campesinos, los mismos que el actúal gobierno dice debe luchar y proteger. No son hijos de la oligarquía colombiana a la que se pretende destruir. No son hijos de empresarios, ejecutivos, industriales. Mucho menos de narcotraficantes y honorables miembros de la política colombiana. Los que yo atendí eran muchachos jóvenes humildes, sencillos, que tenían un sueño, el de mejorar la condición de sus familias y de progresar, pero sobretodo por luchar, proteger, defender, a la población civil, a nosotros. Defender la seguridad y la justicia de todos nosotros. Sueños que tristemente se veían truncados cuando caían víctimas de la delincuencia común y de la violencia narcoguerrillera. Hace unos días el señor Petro se lamentaba de los campos de concentración donde tenian a los jóvenes delincuentes de El Salvador. Pero jamás se ha referido a los campos de concentración que tenían sus compinches guerrilleros en las selvas colombianas y donde tenían a policías, militares y civiles retenidos. Yo sí vi el dolor y sufrimiento de esos seres humanos, que por míseros sueldos arriesgaban sus vidas por nosotros. Yo vi sus cuerpos heridos, desmembrados, y también viví el dolor de sus muertes. También tuve que acompañar y tratar de consolar a sus familias. Pero que se le puede decir a un padre o madre campesinos humildes que se esforzaron toda su vida para sacar a su hijo adelante. Que se le puede decir a un niño, que jamás va a volver a ver a su padre, que era su guía, su ejemplo, y su futuro. Me duele en el alma ver hoy a esos seres humanos, humillados, postrados, ante la indiferencia de sus altos mandos, de nosotros mismos. Si permitimos que destruyan nuestras fuerzas armadas, las desmoralicen quién nos va a defender. Cuando somos víctimas de la delincuencia, lo que más deseamos es que aparezca un policía, que arriesgue su vida para defendernos. Pero nosotros si los abandonamos. Que hay cosas y pasan cosas malas en nuestras fuerzas armadas, es cierto, nadie lo podrá negar. Pero los que están poniendo el pecho y arriesgando su vida por nosotros, son otros. Hasta cuando llegará nuestra indiferencia ante todos estos hechos. Tendremos que empezar a llorar nuestro propio dolor, el de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, para finalmente entender que el problema es con nosotros. Esto no se trata de política, ni de derecha, ni de izquierda. Se trata de nosotros. Reaccionemos.


Diego Severiche Hernandez. Medico Internista. Neumólogo. Intensivista. Especialista en Bioética

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“¿Quién defiende los derechos humanos de la policía”.

Policía nacional colombia Petro

Con dolor de patria venimos registrando como día a día las instituciones que otrora fueron orgullo de los Colombianos se vienen debilitando, destruyendo, para dar paso a organizaciones ilegítimas. Tal es el caso, entre otras, de nuestras Fuerzas Militares sustituidas por “ejércitos irregulares”, uno de ellos la denominada “guardia campesina” protagonista de un dantesco episodio en San Vicente del Caguán, Caquetá, que ha sumido al pueblo colombiano en desolación, amargura y un absoluto escepticismo. «Guardia campesina» que, tal vez por coincidencia, ha sido impulsada por la bancada de los Comunes y un representante del Pacto Histórico, pero que a la fecha no tiene existencia legal, la que “como mecanismo comunitario de protección” asesinó a un integrante del Esmad que se encontraba en completa indefensión. Cuando uno se detiene a observar el video que contiene lo sucedido ve el momento en que la salvaje «guardia» lo secuestra y la cara del joven policía dirigiéndose al cadalso lo dice todo: sabe que ese será el último día de su existencia. 

Porqué fue ejecutado el subintendente Ricardo Monroy Prieto (Q.E.P.D.)? Totalmente incomprensible, reprochable y repudiable ese doloroso crimen. El feroz método utilizado recuerda a los terroristas islámicos. ¿Es posible que, dada la penetración islámica de los últimos tiempos, extremistas ocultos en esa guardia hayan perpetrado el asesinato o será que hay “guardianes” entrenados en esa clase de ejecución? ¿Será que esa es la forma de apostarle a la paz total?

La muerte del subintendente Ricardo Monroy Prieto es un crimen atroz por el cual deben ser judicializados sus autores por asesinato, como también por el secuestro de los policías, pues, ni siquiera las normas que amparan a otra de las “guardias” la indígena, igualmente enfrentada a la fuerza pública, resultan aplicables para crímenes atroces ni de lesa humanidad. 

Mientras tanto el presidente ha estado dedicado a enjuiciar a Bukele y a perder el tiempo. En la red Twitter, en vez de rechazar el crimen asume una posición incomprensible. Se limitó a indicar:  “Tenemos un movimiento popular que por su exclusión y por el influjo de grupos que quieren destruir este gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando un joven policía campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”.  Las evidencias son claras esa guardia fue la que ejecutó al subintendente. 

Lo ocurrido nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se usa la fuerza legítima de la República y sí las armas de la delincuencia.? El síndrome de la Fiscalía y la Procuraduría no puede ser excusa válida. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autoriza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de proteger la vida, la libertad y la seguridad de las personas a utilizar la fuerza y las armas para enfrentar a los delincuentes y responder a la agresión. Necesitamos tener al frente de las unidades a oficiales capacitados y respetuosos del DIH, pero que entiendan que están facultados para usar la fuerza y las armas cuando lo requiera el desempeño de su misión.

Ver a nuestros policías encaramados a un camión y tratados de “cerdos” nos produce profundo desasosiego y congoja. Por fortuna no fueron atendidas las voces que se escucharon en los videos de gentes descontroladas que incitaban a matarlos y quemarlos. 

El presidente dispuso el traslado del ministro de Defensa al Caguán cuando lo que ha debido hacer, como comandante en jefe, era ordenar la movilización de las tropas para rescatar a los policías y recuperar las instalaciones de la empresa Emerald Energy tomada y destruida por las “guardias”.

Tanto indígenas como campesinos están envalentonados porque saben que cooperaron en la elección de Petro quien, con su cuento de la paz total y los excesivos beneficios que ofrece a la delincuencia, antes que pacificar está consiguiendo ensangrentar la Patria.

La Fiscalía debe proceder y nunca aceptar otra jurisdicción.

La moral de la tropa está por el piso. Baste escuchar al policía solicitando apoyo para que no fueran secuestrados y solo escucha al otro lado el operador de la central que le indica que conserve la calma y cordura; pero no llegaron los refuerzos, lo que impone saber qué pasó con el alto mando policial y con el propio ministro de defensa.

Si la moral sigue en picada y persiste el absurdo de trasladar la policía al Ministerio del Interior el panorama que se vislumbra es tétrico, la total indefensión de los colombianos, máxime que a quienes cumplen la ley se les impide legalmente portar armas, mientras que los bandidos salen cada vez más de las cárceles por la tal Paz total.

La sociedad civil nuevamente en masa y con camisa blanca y bandera tricolor en mano, debe marchar respaldando a la policía y exigiéndole al gobierno su protección, y, valga decirlo, se extraña que la ONU y la Comisión Interamericana guarden total silencio.

En fecha por determinar, con probabilidad de que sea el último sábado de marzo, saldremos los colombianos a marchar rechazando esos actos delincuenciales y exigiendo justicia, que no vaya haber impunidad. Ese día lucharemos, simbólicamente, en apoyo y defensa al personal de policías, seres que tienen familia y cuyos derechos humanos deben ser salvaguardados. Su ajusticiamiento y secuestro constituye un acto  de barbarie, salvajismo y un linchamiento.

Bogotá, D.C 4 de marzo de 2023 

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión

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La respuesta de la sociedad civil al “balconazo”

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, en un gobierno democrático el pueblo decide cómo quiere ser gobernado dentro de un marco que le aseguren la libertad, la igualdad y la justicia.

El pasado 14 de febrero, que se recordará como el día del «balconazo», el Presidente Petro intentó sabotear las marchas pacíficas de la sociedad civil que había escogido ese día para protestar contra sus reformas. Él, contrario a lo que debe ser un gobernante de la unidad, decidió llamar a sus seguidores para que salieran a las calles a manifestar apoyo a las reformas que promueve su gobierno, algunas ya radicadas en el Congreso. Entonces, desde el balcón de la Casa de Nariño, se dirigió a los colombianos y no tuvo empacho en amenazarlos, con olvido que es el Presidente de una Nación, para enviar el discurso que tuvo como candidato.

Quien funge como Presidente simboliza la unidad nacional, es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, lo que de suyo significa que  gobierna para todos los colombianos, no sólo para el Pacto Histórico, de donde resulta contrario y confuso su incendiario discurso dirigido contra la «oligarquía», “sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada”, pues él representa ese gobierno, luego su alocución no tiene sentido, menos aún cuanto se refiere la banca, en particular a dos banqueros a los que no mencionó por sus nombres.

Dijo también, quien funge como Presidente de los Colombianos, en ejercicio de un proselitismo político y para forzar la aprobación de sus reformas que «Quizá se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha, quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio, si eso es así solo hay que recordar a 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y a una violencia que aún no termina”, expresiones que no se puede entender sino como una “velada amenaza” al Congreso sino aprueban sus reformas ¿Será democracia? En definitiva Petro no ha desarmado su alma, lo que traduce un gobierno de resentimientos y de odios, contrario a lo que debe ser un gobernante.

Su alocución, en tono de campaña electoral, fue ante una cantidad realmente muy limitada de seguidores, muchos de ellos funcionarios públicos, a quienes, contrario a la ley, se les dio vía libre para que pudieran asistir a la jornada, sin amonestaciones. Pese a ello, no eran más de 2000 personas reunidas en la plaza de Armas, frente al balcón.

La sociedad civil, prudentemente, eligió aplazar su protesta para el día siguiente al día inicialmente fijado, 14 de febrero, y su respuesta fue contundente. Miles de personas el 15 de febrero, en diferentes regiones del país, libremente manifestaron su inconformidad con las reformas presentadas por el Gobierno. Al unísono dieron un no.  

Sin embargo, el asunto del balcón no es de poca importancia como podría parecer a primera vista. Quiere el presidente emular a la fallecida reina Isabel II? O al Papa? A Hugo Chávez? A Rafael Correa? Más lejanos en el tiempo pero no menos significativos están Hitler y Mussolini. Arengando a las masas desde balcones y ventanas. Qué hay en el subconsciente del presidente? Totalitarismo, dictadura, por decir lo menos? O es en cierta forma mostrarse como el mesías.

Lo cierto es que el discurso que pronunció no fue en modo alguno conciliador. Fue «veintijuliero» y eso es poco. Se trató de un discurso de rencor y ojeriza, mentiras graves, división, polarización, cuando está hablando de «paz total». Desintoniza ese discurso con su programa bandera. Como dice el común de las gentes “borra con el codo lo que escribió con la mano”. Entonces, cómo puede darse la paz con los llamados del presidente a la división y al odio?

El común de la población así lo ha entendido, más aún cuando la realidad, por ejemplo, la posición de Colombia a nivel mundial frente a la salud y la seguridad social es destacable, lo que no justifica defender la propuesta reforma, pero éstas, las reformas en salud, pensional, tributaria, laboral, de justicia para la “impunidad total”, etc., se quieren imponer no por las vías de la razón sino por las de la amenaza. No debemos olvidar que en fecha aún reciente utilizó el chantaje de incendiar el país si no ganaba las elecciones. Ahora, intimida con violencia si no se aprueban en el Congreso sus reformas. Absurdo procedimiento de un gobernante.

Muchas “perlas” podrían destacarse para la sinrazón de las reformas que se proponen, una de ellas, que ha servido de burla internacional, aquella por la cual para disminuir la criminalidad en el país propone «una serie de actividades que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen», ¿perversidad o ingenuidad? Los lectores lo determinaran. 

Como resultado de la inconformidad social con las reformas impulsadas por el gobierno,  el día 15 de febrero de 2023 los ciudadanos salieron en forma masiva a las calles y llenaron las plazas de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Santa Marta y otras más, así como en el exterior. Fue la respuesta al “Balconazo”.

Entonces, pese al sabotaje, se debe tener en cuenta la reacción de la sociedad civil que no se hizo esperar y que sin titubeos, no obstante el cambio de fecha y de lugares, la unió, mayoritariamente, por toda Colombia, con el propósito de defender la democracia, la separación de poderes, los derechos alcanzados, entre otros, y expresar su oposición al “rey”. No se asustó con sus amenazas. Por el contrario, el discurso del Presidente los motivó a salir, debiéndose resaltar la presencia de los jóvenes en las marchas y también de muchos ciudadanos de estratos que no habían marchado el año anterior. Ello, además, porque la canasta familiar ya no está a su alcance, el precio del dólar se ha disparado por las irresponsables y frecuentes manifestaciones del Jefe del Estado y de algunos miembros de su gabinete hasta llegar a niveles que no tienen antecedente y el encarecimiento de la vida perjudica enormemente, sin distinción, a toda la población. Los colombianos luchan por su democracia, pese a sus deficiencias, por el orden, el respeto a las instituciones y por no ser considerados como ciudadanos de un país delincuencial.

Sería bueno hacerle ver al presidente que, desde 1938 hasta el presente, mucha agua ha corrido bajo los puentes. El país no es el mismo. Los avances en materia social son muchos. Luego, la referencia que hizo resulta inoportuna y apenas anecdótica.

Pildorita. El día de ayer el presidente Petro reaccionó airadamente contra la Corte Constitucional por su acertada decisión de permitir a la Procuraduría sancionar a los funcionarios elegidos popularmente. Fallo que respetó la posición de la Corte Interamericana.

Bogotá, febrero 18 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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La oposición sin norte

La situación en Colombia es cada día más crítica. Esto se debe exclusivamente al gobernante que desde el 7 de agosto de 2022 rige los destinos del país. Actúa de una manera tal que parece estar improvisando y decidiendo sobre la marcha pero no es así. Porque ante tanta reforma que propone resulta imposible pensar que todo esto no lo tuviese preparado desde hace mucho tiempo. Y así es como nos vemos hoy enfrentados a la avalancha de las petroreformas, que pretenden cambiar las principales actividades del país y las instituciones que son cruciales para la democracia.

Reformas a la justicia, a la política, Paz total, tributaria,  laboral, pensional, a la salud a las FFMM y de Policía, electoral y otras más que serán radicadas una vez se instalen las sesiones ordinarias del Congreso.

Es claro que no se logrará «el cambio» tan cacareado durante la campaña con una gran cantidad de reformas que presentan diversos inconvenientes y entre ellos claros y evidentes alcances inconstitucionales.  

Hablamos, por ejemplo, del ingreso de la Segunda Marquetalia a diálogos de paz, dado que ellos incumplieron el Acuerdo de la Habana. Iván Márquez, en compañía de Jesús Santrich, de alias Romaña, de alias El Paisa  y otros fascinerosos, fueron expulsados del proceso, se rearmaron para atentar contra el país y por supuesto traficar con cocaína que es su oficio. En octubre 4 de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó la exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz de estos individuos y se  decidió en ese entonces que todos los casos en los que estaban involucrados pasaran a ser de competencia de la justicia ordinaria. Descaradamente dejaron saber que están listos para participar en las conversaciones una vez terminen los diálogos exploratorios. Pero su ansiedad por ingresar se hace visible a través de la designación de tres guerrilleros para participar en las mesas: Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero.  El gobierno debe ser serio y respetar y acatar las normas y las expresas prohibiciones. 

La situación descrita se ve agravada por las oprobiosas declaraciones del primer mandatario. Ha dicho que la Primera línea actuaba en defensa de su vida. Insiste en la falsa teoría del estallido social por cuenta de los «impuestos a la comida» que quería imponer el presidente Duque. Por supuesto que sus propios impuestos a la comida no son mencionados en ninguna parte.

Como quiere liberarlos y no lo ha logrado en muchos casos, ha dicho que los jueces están siendo presionados; afirmación temeraria sin ningún soporte ni prueba. Califica a la justicia de vengativa.  Pero lo mejor es esta frase digna de Cantinflas: Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante pues habrá por definición menos crimen en Colombia.

Ha dicho también: Cuando la salud era pública, la gente se moría más pero se moría con dignidad, eso es lo que debemos rescatar. Ese pretendido cambio llevara al desastre en la prestación de los servicios médicos en Colombia. 

Como si fuera poco, en reciente discurso en Cali habló de guerra étnica dado que, según él, entre los manifestantes, durante los bloqueos del año 2021, había muchos negros.

Los colombianos se sienten angustiados. Algunos se fueron del país o sacaron dinero pero la mayoría no puede hacerlo y debe hacer frente al cambio que implican la altísima devaluación y la carestía

Ante estos graves hechos es necesario que la oposición se unifique en torno a objetivos claros y líderes capaces de marcar los derroteros. Hasta el momento los partidos no han hecho la tarea con la excepción del Centro Democrático y también Cambio Radical. Los demás han dejado al país al garete y ya se están dando cuenta de lo grave de la situación y de la necesidad de separarse del Pacto Histórico. Pero una cosa es la oposición bajo la sombrilla de los partidos y otra muy diferente la llamada a cumplir la sociedad civil.

En el año que terminó se dio un hecho sin precedente: durante los primeros 100 días del gobierno Petro se realizaron 4 marchas que, lamentablemente, por el egoismo de sus líderes y de quienes se identificaban con ellos, no funcionaron bien y acabaron dando al traste con la iniciativa. Pierre Onzaga y William Vergara están ahora en peleas deplorables y Andrés Rodríguez, el Gury, anda buscando participación en política. Se le ha visto por los lados del CD y del Movimiento de Salvación Nacional. Desastroso.

Nació un nuevo movimiento, Mesa de Patriotas por la Libertad, que está convocando a un paro nacional indefinido para el 14 de febrero. Pero, como lo dijo Alvarez Gardeazábal, este paro está pifiado. Poco se sabe de quienes integran el movimiento. En la invitación que circuló por la red se menciona que lo apoyan 24 organizaciones poco conocidas, sin mayor liderazgo ni representación. A la invitación se han sumado algunos políticos que sugieren cambiar la fecha del 14 al 15 y al parecer el paro ha mutado en marcha. En medio de este desorden no puede funcionar la oposición. 

La oposición, liderada por la sociedad civil, debe aprender del activismo judicial que liderara el senador Iván Cepeda. A él se le debe en gran parte el triunfo del Pacto Histórico. Su estrategia de demandar las principales actuaciones del gobierno de Iván Duque y esa postura de perro rottweiler que no soltaba judicialmente al expresidente Uribe produjeron frutos, especialmente en las redes, que hoy trata de conservar. 

La izquierda y sus colectivos de abogados cumplieron la tarea. Ahora la oposición debe cumplir similar papel y aplicar el principio de la semejanza que fuera establecido por Hipócrates. Similia similibus Curantur, que traducido al castellano es “lo semejante cura lo semejante”. 

En lo que a los centros de pensamiento y a la academia se refiere, se necesita de ellos más acción y menos discurso. En Colombia la unión debe prepararse y habrá que practicar la desobediencia civil si se persiste en imponer reformas sin respeto por las instituciones ni por los principios democráticos. Debemos afianzar la justicia y recuperar la autoridad.

Bogotá, D.C. febrero 4 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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Desvaríos de Petro

Recientemente el presidente Petro, al verse enfrentado a las críticas que todo el país está haciendo a su proyectada reforma a la salud, publicó en Twitter esta inspirada frase: «Me gustaría que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas, en la plaza pública, este 14 de febrero a discutir como debería ser una reforma a la salud. Cuál sería su principal deseo. Ese deseo lo plasmaría sin dudas en el proyecto de ley»

Semejante pretensión, discutir reformas con el pueblo, en la plaza pública y en pleno siglo XXI, es un absurdo y una expresión del más burdo de los populismos. Pero lo peor sería discutir una reforma de la que poco o nada se conoce. Hay solamente un borrador de agosto de 2022.

Ya lo expresó Aristóteles en su crítica a la democracia. ¡Qué podemos entonces decir! En primer lugar, no es muy conveniente que todas las enfermeras del país abandonen sus labores, y a los enfermos, para «discutir» muy seguramente sin orden ni concierto. También hay que considerar la posibilidad, muy real, de que ese gran número de enfermeras exprese un gran número de propuestas, con lo cual la reforma a la salud en que estos fueran plasmados se convertiría en un documento interminable y contradictorio.

Ya el presidente en uno de sus discursos hizo un llamamiento a los «ríos de gente» para que llenaran las calles y plazas en todo el país sin que fuese posible saber con qué objetivo se haría eso.  En esta oportunidad sí tenemos claro el objetivo: discutir la reforma a la salud y pedir deseos. Tiene esto algún sentido?. ¿A dónde conduciría? ¿Sería viable y conveniente para el país una reforma hecha de esta manera? Parece un mal chiste. Una broma. La salud en Colombia es de las mejores del mundo. La salud nuestra está saludable y lo que se requiere es fortalecerla pero no en la forma que pretende el primer mandatario quien, dicho sea de paso, parece ignorar que el escenario natural para discutir las reformas es el Congreso de la República donde el Pacto Histórico tiene sobrada mayoría.

Llama bastante la atención que el presidente de los colombianos, en forma provocadora, convoque a sus seguidores a marchas y manifestaciones el día 14 de febrero cuando esta fecha ya había sido elegida para un paro por parte de la oposición. Que seguramente se equivoca por cuanto buena parte de las reformas a las que buscan oponerse aún no se conocen en su integridad. Y el presidente también se equivoca al hacer un llamado irresponsable que solo quiere amedrentar a la ciudadanía.

El presidente expresa claramente en su trino que quiere que las enfermeras pidan deseos en el tema de la reforma a la salud. Es esto serio ? Tiene algún sentido este llamado? Las reformas no se desean, se elaboran con muchísimo cuidado, de manera que esto viene a parecer una suerte de alucinación.

El mandatario quiere armar desórdenes, alborotos, caos, al frente de los hospitales y clínicas de todo el país que ni siquiera cuentan con espacios adecuados para manifestarse. Es esta la forma de hacer un proyecto de reforma a la salud serio, coherente y viable?

Y sus delirios no terminan ahí. A mediados de la semana que concluye anunció que asumiría las funciones de las comisiones reguladoras de los servicios públicos. Ya es la segunda vez que manifiesta tal cosa. En esta ocasión comunicó esto a las juntas de Acción Comunal de Duitama, Boyacá. Por su parte la Casa de Nariño aclaró que las intenciones del presidente se refieren a los servicios de energía eléctrica y gas.

Es una decisión de carácter francamente dictatorial. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, lo dijo así: «lo peor que se puede hacer es tomar decisiones dictatoriales que no estén a la luz de lo jurídico».

Y esos aires de grandeza, esa personalidad inestable, tuvieron su mejor expresión en el Foro Económico de Davos, Suiza, y en la VII Cumbre de Estado de la Celac, en Argentina.

En Davos quiso mostrarse como el gran defensor del medio ambiente con un discurso en contra de los combustibles fósiles. Y en Buenos Aires hizo un llamado a la unidad, a pasar  de la retórica a la realidad. Defendió la ausencia del criminal Nicolás Maduro por quien el departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

Y no podía faltar la visita a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenada por la justicia argentina.

Finalmente, lo traicionó el subconsciente cuando señaló: «El otro año seguiremos porque esto va para 4 años y ojalá para 8». La audiencia quedó estupefacta, algunos aplaudieron y otros expresaron su desconcierto porque creyeron que quería quedarse en el poder 4 años más. Esto debió después aclararlo.

Bogotá, D.C. enero 28 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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Oposición, mentiras y desgobierno.

Ya de regreso de las vacaciones de fin de año se retoma la columna semanal. En esta ocasión tuve tiempo de pensar y meditar sobre la situación que se presenta con el gobierno y la oposición, ésta presente en tantos grupos de WhatsApp en los que los participantes demuestran su necesidad de expresar su descontento con quienes detentan el poder, empero, curiosamente, se limitan a reenviar la información que reciben. 

La oposición está cayendo en un juego absurdo al creer y querer que lo que  consigna en correos y cuentas virtuales cumple su cometido sin tener en cuenta que para lograr esa finalidad debe esforzarse en ilustrar, no a quienes comparten su postura ideológica o tienen clara su posición, sino a aquellas personas indecisas o apáticas, mediante un análisis serio y real sobre las decisiones que están afectando la democracia y el bienestar general de la población, para hacer un frente común y desempeñar la función que le corresponde de control al gobierno. 

Entonces, la clave de la oposición debe ser menos opinión y más acción. Hay que buscar el consenso y definir dónde y cómo se ejecutará esta última. Así, la convocatoria a un paro el 12 o el 14 de febrero de este año debe observar la experiencia de lo ocurrido en Venezuela, para que se logren los propósitos que con él se buscan y no favorecer al gobierno como ocurrió en tiempos de Chávez, cuando se impulsó un paro en similares condiciones. 

Las marchas pacíficas del 2022 en contra del gobierno y sus reformas deben evaluarse imparcialmente y de su balance obtener las enseñanzas que permitan avanzar a un resultado satisfactorio, por ejemplo, entender que las diferencias entre los promotores deben dejarse de lado y unidos en una sola voz “hacerse oír”. 

La oposición, por el desgaste de los partidos y el exceso de burocracia que la lleva a renunciar a los principios en aras de intereses egoístas, necesita de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento, los gremios. Ellos están llamados a impulsarla. Tendrán destacado papel las acciones judiciales que permitan salvaguardar la división del poder público en ramas y poner en cintura a un presidente que, con su llamado a una ilusa » paz total «, se acerca cada día más a la tiranía, al abuso y al irrespeto de la Constitución.

Es evidente que el gobierno a diario da el material necesario para justificar una oposición activa y presente. Valga anotar como tal lo que ocurrió al finalizar el 2022 cuando el presidente anunció un acuerdo de cese del fuego bilateral con el ELN y otros grupos al margen de la ley. El mandatario, con toda tranquilidad, le mintió al país y así lo hizo saber, poco después, el ELN. El ministro del Interior salió entonces a decir que aquello había sido una audacia del presidente. Lo verídico de este episodio es que se engañó al pueblo Colombiano y puso en evidencia la torpeza e improvisación del Gobierno para actuar.

Las mentiras comprobadas sobre el supuesto cese al fuego del que se informó al finalizar el año no pueden quedar reducidas a denuncias periodísticas o mediáticas.

El ELN fue claro en desautorizar al Presidente. Resulta, entonces, que los decretos expedidos para pactar un cese al fuego inexistente resultan falaces, en particular el 2657 de diciembre 31 de 2022 titulado “Por el cual se decreta el cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter nacional, en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional  y el Ejército de Liberación  Nacional (ELN)  y se dictan otras disposiciones”.

Si nunca se convino un cese del fuego con el ELN resulta cínico y desvergonzado expedir una norma al respecto. Y peor aún suspender el decreto basado en una mentira. Esto es un despropósito que nos sitúa ante una falsa motivación y se configura un presunto delito de falsedad ideológica en documento público. Por esto deben responder el jefe del estado y el ministro de Defensa, firmantes del artificioso decreto.

Baste transcribir el artículo 286 del Código Penal para apreciar que se tipifica la conducta: “Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.”

Otro suceso lo constituye la intromisión del ejecutivo en el poder judicial con la orden presidencial de liberar a la llamada Primera Línea, por la cual la justicia y, en particular, la Fiscalía tuvieron que salir en defensa de la legalidad. El Fiscal se pronunció muy claramente con respecto a este tema y explicó que, al no estar subordinado al presidente sino solamente a la Constitución y a la Ley, tomaría las decisiones con total independencia de las órdenes presidenciales.

El jefe de estado al asumir el poder, acorde con el artículo 192 de la Constitución Política, juró ante Dios y prometió ante el pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, pero la actuación que precede y su empeño ilegal en pretender liberar a los integrantes de la primera línea indica todo lo contrario. 

El siguiente acontecimiento que se destaca es el anuncio de un fiscal de Guatemala de apertura de una investigación en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez. Se trata de presuntos hechos de corrupción del citado ministro durante el tiempo en que estuvo al frente, en ese país, de la Cicig, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El presidente salió inmediatamente a defender al ministro en términos tales que creó un conflicto diplomático con Guatemala. Y el cuestionado ministro se pronunció a través de un anodino comunicado que no dice realmente nada. 

Un último evento, de los muchos que día a día se producen, es la afectación a la empresa líder de los colombianos, de la que depende que la reforma tributaria funcione. Basta con evaluar el repetitivo discurso en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos. Y, en un país con grandes reservas de carbón, el hecho de que el presidente se despache contra este combustible, como acaba de suceder en Davos, no nos permite dudar de que resultaremos todos empobrecidos. Y ocurrirá lo que anticipó el señor expresidente Duque: un suicidio energético.

La oposición no debe olvidar cuál es su rol y debe exigirle al ejecutivo el respeto que los colombianos merecen, su acatamiento a la Constitución y la ley, la no injerencia en asuntos que compete conocer a otros poderes, entre otras, porque solamente por ese camino se defenderá la democracia.

Bogotá, DC, enero 21 de 2023 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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Prudencia señor presidente

Quien va a desempeñarse como Presidente de la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Constitución Política, debe prestar juramento y en él promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Desde los albores del gobierno Petro los colombianos hemos presenciado actuaciones suyas que justamente revelan el incumplimiento de ese juramento, de donde surge la necesidad de que el Congreso y la comunidad se lo demanden, más aún cuando en la hora actual resuelve romper con el sistema consagrado en nuestra Carta Política, que no es monárquico como lo pretende, sino que corresponde a una democracia participativa y pluralista, en la cual existen tres poderes el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con funciones separadas, como lo establece en su artículo 113, distribución que de hecho el presidente persigue acabar.   

No otra interpretación puede hacerse de su irrespeto a la justicia al entrometerse en ella para cumplir promesas electorales. Hablamos de la excarcelación de 230 integrantes de la primera línea, con total desconocimiento del artículo 116 de la Carta Fundamental. Allí se señala quienes administran justicia en el país. Igual cosa puede decirse del artículo 228 que establece la independencia de la rama Judicial. Al mismo tiempo se hicieron desaires como la ausencia del presidente en la posesión de dos magistrados de las Altas Cortes y el gesto de delegar por decreto esa función en el secretario jurídico de la Casa de Nariño. Con una celeridad inusitada expidió el decreto 2422 de diciembre 9, para dar curso a esa invasión judicial, originando otra, la de las demandas que se han presentado en su contra. 

En apoyo de esa precipitada actuación, que pareciera ser la respuesta a compromisos previos y a ciertas exigencias muy probablemente del ELN, el ministro de Justicia indicó que: «No es indulto ni amnistía». El funcionario intenta aclarar el tema pero confunde aún más pues una excarcelación eventual, en esas condiciones, debería encajar en alguna de esas figuras.

El documento expedido por el gobierno de Colombia, sin firma alguna, titulado  Voceros de Paz, que tiene el logo de la  Consejería Presidencial para la Información y Prensa, indica en su numeral primero que el Presidente de la República tomó la decisión de “… designar siete Voceros de Paz para acompañar la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total y, de esta forma, arrebatarles los jóvenes a la violencia.”

En ese documento se entregan los nombres de los siete personajes y les hacen su perfilamiento. Ellos son investigados por presuntos delitos como:

1. Concierto para delinquir.

2. Tenencia de objetos y sustancias peligrosas.

3. Lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas.

4. Violencia contra servidor público.

5. Invasión de bien inmueble.

6. Perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial. 

7. Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público

Confiamos en que en esos 7 casos individuales la actuación de la Rama Judicial se llevará a cabo con apego a lo normado en la Constitución y la Ley, como también en los que están por llegar, pues, no debe olvidarse que aún Colombia es un Estado de Derecho y como tal una de sus características principales es la separación de poderes, condición indispensable para garantizar el imperio de la ley e impedir la arbitrariedad y la concentración de poder en un sólo órgano. Vale recordar que existe la excepción de inconstitucionalidad que pueden aplicar los jueces para adoptar sus decisiones, por lo que deben ser ellos y exclusivamente ellos quienes resuelvan sobre la libertad de los reclusos designados como voceros de paz, que por cierto aún hoy no se sabe o conoce que es ser uno de ellos, el rol que tienen que desempeñar en la denominada Paz Total y los controles que van a tener. 

Cabe anotar que la excepción de inconstitucionalidad en Colombia se halla consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política y es entendida como una facultad — deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma que va en contravía de la Constitución y darle preponderancia a ésta, por lo que representa una eficaz herramienta jurídico – política de protección al principio de supremacía constitucional, al que están sometidos los jueces. 

Concluyo este tema citando a Loewenstein, quien señala, «la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho».

Conviene, también, referirse a los problemas que se han presentado en las relaciones con el vecino Perú. El presidente ha violado claramente los principios de no intervención y no injerencia en asuntos internos de otros países, consagrados en los numerales 4 y 7 del artículo 2 de la Carta Constitutiva de la Onu, la cual es ley en Colombia, (ley 13 de 1945).

A raíz del burdo intento de golpe de estado que protagonizó el presidente Castillo y por lo cual fue detenido, el presidente Petro expresó en la red Twitter que a Castillo no lo habían dejado gobernar por ser un maestro de la Sierra. Dijo que por eso y por ser un presidente de elección popular lo habían «arrinconado». También hizo un llamado, por completo improcedente, a la CIDH en el sentido de que se expidieran medidas cautelares en favor de Castillo.

No cabe duda de que tomó claramente posición y se situó en el lado equivocado. Porque Castillo efectivamente dio un golpe de estado, se puso del lado contrario a la institucionalidad y de esto no quedó ninguna duda. El presidente Petro como también el presidente de México se pusieron a defender lo indefendible. 

Los gobiernos de Bolivia y Argentina se han unido al coro y acaba de conocerse que el nuevo gobierno peruano llamó a consulta a los embajadores de México, Colombia, Argentina y Bolivia, porque considera «una injerencia en sus asuntos internos» el que los presidentes cuestionaran la destitución de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte, reiterando que lo hace como “expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo», dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi. El diplomático deberá informar a su país sobre los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, en este caso, y recibirá las instrucciones que correspondan desde Perú. En otras palabras la imprudencia del Presidente Petro y su errada intromisión provocan grave incidente diplomático.

En fin, la prudencia como cualidad que indiscutiblemente debe tener un gobernante, es un valor que lo dota de capacidad para tomar decisiones adecuadas, ya expresó Marco Tulio Cicerón “La prudencia es el conocimiento de las cosas que deben buscarse y de las que deben evitarse”.

Bogotá, D.C. diciembre 17 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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¿Cómo creer en el gobierno?

El gobernante de un país, independientemente de querer estar en una posición de poder, debe ser consciente que a su mandato lo debe regir el querer servir genuinamente a todo su pueblo, que sus decisiones deben buscar el bien común y que ya no es hora de continuar haciendo proselitismo sin ocuparse de los asuntos que están, por así decirlo, en el corazón mismo de la nación. Así, las políticas públicas deben corresponder al conjunto de fines, resoluciones y acciones que debe adelantar un gobierno para solucionar las diferentes problemáticas de la comunidad, que no a decisiones intempestivas con graves repercusiones económicas y sociales para ésta.

La seguridad normativa es una de las condiciones necesarias para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, atraer altos niveles de inversión y consolidar el tan anhelado desarrollo humano sostenible. 

De ahí que sorprenda que el 21 de noviembre de 2022 apareciera en la página web del Ministerio de Hacienda un proyecto de decreto para impedir la realización del día sin IVA programado para el 2 de diciembre de esta anualidad. La ley 2155 de 2021 reguló en su artículo 37 lo relacionado con los «días sin IVA» decretando que podrían ser hasta 3 al año. Durante estos días, determinados bienes corporales muebles señalados en otro artículo de la misma ley, estarían exentos del impuesto sobre las ventas o IVA. En desarrollo de esta disposición se expidió el decreto 290 de 2022 el cual dispuso que el tercer día sin IVA del 2022 se llevaría a cabo el 2 de diciembre del mismo año. Posteriormente, en el trámite de la reforma tributaria se presentaron iniciativas que fueron avaladas por el gobierno y aprobadas por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, en el sentido de preservar ese último día sin IVA del año. Quedó, entonces, que la derogatoria de los artículos 37, 38 y 39 de la citada ley 2155 de 2021 empezaría a regir el 1 de enero de 2023. Sin embargo, a último momento, el gobierno resolvió expedir un decreto adelantando la derogatoria y dejando a comerciantes y consumidores sumidos en el desconcierto.

En la parte considerativa del proyecto se cita, a modo de justificación, un oficio de la DIAN fechado 8 días después de que el ministro de Hacienda avalara el texto aprobado por las plenarias, cuyo objetivo era respetar el último día sin IVA del año.

Así las cosas, nos encontramos ayer frente a la desaparición de esta oportunidad, pese a que según encuestas la mayoría de los Colombianos expresaron su deseo porque se mantuviera el día sin IVA. Al parecer, la opinión de gremios y ciudadanía no motiva al gobierno para adoptar las decisiones que a éstos les afecta, a lo cual se suma lo inoportuna, por la poquísima anticipación en que se dio a conocer. Cabe anotar que su vigencia se señaló a partir de su publicación en el Diario Oficial, la que no fue posible ubicar. Por supuesto, los industriales y comerciantes, confiando en la seriedad y buena fe de las políticas gubernamentales, ya habían adquirido grandes cantidades de sus productos para atender la demanda en tan importante día, quedando totalmente frustrada su perspectiva. Y es, que no era para menos, al observar algunas cifras de los días sin IVA que sí se llevaron a cabo.  Según la DIAN, el primer día sin IVA del 2022 produjo ventas por 9.1 billones en transacciones realizadas a través de 6.858.695 facturas, cifra que superó las expectativas de los comerciantes que eran de 8 billones.

Las ventas en Santander, Norte de Santander, Antioquia y Atlántico reportaron gran incremento con respecto al primer día sin IVA de 2021. Las ventas a través de canales digitales fueron de seiscientos noventa y siete mil millones. En cuanto al 17 de junio de 2022, segundo día sin IVA del año, las ventas superaron los 10 billones, lo que significa un incremento de 16.6 % en valor y de 6% en número de transacciones, comparando con la jornada sin IVA inmediatamente anterior.

Los bienes más apetecidos son electrodomésticos, ropa y motos, así como los productos de belleza. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, recordó que el día sin IVA es también una oportunidad para la rotación de inventarios por cuanto los comerciantes hacen promociones de artículos no exentos.

En esta materia, artículos no exentos, Bogotá tuvo el 70% de la facturación.  En cuanto al 2021 las ventas por canales electrónicos del 19 de noviembre, día sin IVA, fueron de $723.090.000 para 1.981.870 transacciones digitales aprobadas. Este tipo de transacción aumentó en 8.8% con respecto al anterior día sin IVA. De manera general, hubo un crecimiento de 24.4% siendo las tarjetas de crédito y débito el medio más utilizado de la jornada. Los comerciantes vendieron seis veces más que en un viernes promedio.

Se podría continuar con más cifras de este tipo pero lo importante es en realidad registrar el perjuicio que en esta ocasión se le causa tanto a los compradores como a los vendedores. Se trata aquí, no se dude, de una violación al principio de la confianza legítima, más aún si en el texto del decreto se lee “no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”. Si no había claridad, lo prudente era realizar los estudios que le dieran nitidez a la decisión, que no “apresuradamente” eliminar esa ocasión y enviar un mensaje desesperanzador.

El epílogo de este decreto es que ya avanzada la tarde del 1 de diciembre se conoció, después de las 3 pm, el decreto 2357 que dejaba sin efecto el día sin IVA programado para el 2 de diciembre. Y se le fechó extrañamente con el 30 de noviembre. Lleva por título: «Por el cual se deroga el numeral 3 del artículo 1.3.1.10.16.del capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”. Por supuesto, lo primero que se advierte es que un decreto de esta naturaleza jamás podrá derogar una ley superior como se deduce que lo hace con la ley 2155 de 2021.

Y se conoció solamente el día 1 de diciembre, a altas horas de la tarde, a raíz de la instauración de una acción de tutela, no siendo posible allegar, por parte de los accionantes, ese decreto.

Si los días sin IVA han sido tan exitosos como lo atestiguan las cifras, ¿por qué este afán del gobierno en acabarlo? La nimia explicación del presidente Petro en un trino de su autoría parece sugerir que todo esto se trata de incentivar el consumo del producto nacional. Ese día, 2 de diciembre, sin IVA, también beneficiaba las ventas de productos nacionales y, claro está, el fisco estaba llamado a recaudar más por ventas de productos no exentos de IVA que ya no se harán, por ejemplo, varios padres de familia desistieron de sus compras de navidad por ese incremento de valor en el 19% que es bastante significativo, mayormente con la inflación que se está viviendo.

Pildorita. Inquieta y preocupa saber del interés del gobierno en que los gremios sean dirigidos por gentes afines a su ideología y pensamiento. Los gremios han sido instituidos para defender a cada sector. Ya han renunciado 5 presidentes de gremios y el presidente de la empresa más grande del país. Por este camino lo único seguro es perder la sostenibilidad empresarial con negro futuro para el País.

Bogotá, D.C., diciembre 3 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión