En Colombia para el año 2005 la población indígena se reportó en 1.392.230, ya para 2018, de acuerdo con el censo poblacional, ascendía a 1.905.617; creció en un 37%, porcentaje que representa el 4.4% de la población colombiana. Ese acrecimiento deja flotando un interrogante ¿en realidad este grupo aumento en esa proporción? O ¿Será que se incorporaron personas para hacerse pasar por indígenas? Hoy, los indígenas son los mayores terratenientes del país. Un tercio del territorio nacional les pertenece y no contentos con ello algunos de éstos promueven constantemente invasiones para obtener más tierra. En el sur del país, especialmente en el departamento de Cauca, han venido desplazando a los propietarios de sus tierras, entre ellos, a afrodescendientes.
La Constitución de 1991 fue permeada por el narcotráfico, particularmente por el poderoso capo Pablo Escobar. Él doblegó así al país y obtuvo la prohibición de la extradición. Hoy, cuando los cultivos de coca inundan las tierras del sur cabe preguntarse si el amplio reconocimiento que se dio en la Constitución a los indígenas tuvo que ver con presiones de los narcotraficantes?
En la ley de leyes el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y se obliga a proteger la riqueza cultural, lo cual es laudable. De tiempo atrás se les reconocían especiales derechos por ello las tierras comunales de grupos étnicos y las de resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Carta Política les concedió 2 escaños en el senado y hasta 5 en la cámara de representantes, a elegirse en circunscripción nacional especial por sus comunidades.
También se dispuso que las autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. El decreto 2001 de 1988 ya había reconocido que los cabildos indígenas son «entidades públicas de carácter especial», encargadas de gobernar a los indígenas y administrar sus territorios.
Pero los derechos conllevan obligaciones. Ya desde los romanos se decía “do ut des”, entonces, corresponde a los pueblos indígenas, como colombianos que son, respetar la Constitución, darle una función social a la tierra y velar por la integración social. Empero, se observa que nada de eso ocurre.
A pesar de tantas concesiones y privilegios muchos de ellos abusan y salen de sus territorios a cometer toda clase de acciones amenazantes y aún vandálicas, como la que ocurrió ayer en las instalaciones de la Revista Semana, sin olvidar la invasión al Parque Nacional de Bogotá, donde tuvieron una larga estadía, dejando en un lamentable estado ese emblemático espacio, episodio que terminó con la muerte de un ciudadano sin que a la fecha se conozca lo sucedido con sus asesinos. También se conocieron los disturbios y agresiones que realizaron en el centro de Bogotá, los ataques a establecimientos de comercio y el asesinato del conductor Hildebrando Rivera, a lo que se suma los bloqueos a las vías, como recientemente ocurrió con la Panamericana y el trato oprobioso que le dispensan a la fuerza pública.
Con todo, el presidente acude a ellos para movilizarlos a fin de que apoyen sus iniciativas. Así, la semana que pasó, atendiendo intereses ajenos a los de su comunidad, nuevamente llegaron a Bogotá, con todos los gastos pagos, para participar junto a integrantes de FECODE y contratistas del Estado, en la manifestación convocada y patrocinada por Gustavo Petro. Es posible ver en ese llamado un intento del mandatario para mostrar algo de gobernabilidad pues en el año largo que lleva de gobierno la ha ido perdiendo a causa de su gestión destructiva.Y claramente fue un gran error. Esa manifestación al carecer de espontaneidad, no logró ser el “referendo social” que buscaba el gobierno, pese a los incentivos que dio.
Lo cierto es que el gobernante abuso inmisericordemente del erario, lo cual demanda la inmediata actuación de los organismos de control, inicialmente de la Contraloría y de la Procuraduría y, eventualmente, de comprobarse la existencia de delitos, de la Fiscalía.
Pretender presionar al Congreso mediante una movilización costeada con dineros públicos no puede dar ningún resultado positivo, ese no es el camino para el “cambio”, la democracia reclama una rama legislativa independiente, cuya labor es ocuparse de hacer las leyes para el bienestar común y, en el caso de las reformas en curso modificarlas o hundirlas, según las necesidades del pueblo en general.
Movilización que sí posibilitó la toma violenta de las instalaciones de la Revista Semana por los indígenas traídos, en un hecho calificado como un gravísimo atentado a la libertad de prensa, sobre el que desafortunadamente la Ministra de Trabajo dijo “un gran llamado para que los periodistas no sean incendiarios”. Si bien la autoridad actuó y recuperó la instalación no se entiende por qué no detuvo a los vándalos revoltosos, como era su deber. Un guardia resultó herido y todas las personas que estaban en sus instalaciones sufrieron serio daño sicológico ante la real amenaza de ser lesionados o, incluso, perder la vida. La responsabilidad en este caso es por completo del convocante y patrocinador de esa minga delincuencial.
Bogotá, D.C septiembre 30 de 2023
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
