¿Serán indígenas?

En Colombia para el año 2005 la población indígena se reportó en 1.392.230, ya para 2018, de acuerdo con el censo poblacional, ascendía a 1.905.617; creció en un 37%, porcentaje que representa el 4.4% de la población colombiana. Ese acrecimiento deja flotando un interrogante ¿en realidad este grupo aumento en esa proporción? O ¿Será que se incorporaron personas para hacerse pasar por indígenas?  Hoy, los indígenas son los mayores terratenientes del país. Un tercio del territorio nacional les pertenece y no contentos con ello algunos de éstos promueven constantemente invasiones para obtener más tierra. En el sur del país, especialmente en el departamento de Cauca, han venido desplazando a los propietarios de sus tierras, entre ellos, a afrodescendientes.

La Constitución de 1991 fue permeada por el narcotráfico, particularmente por el poderoso capo Pablo Escobar. Él doblegó así al país y obtuvo la prohibición de la extradición. Hoy, cuando los cultivos de coca inundan las tierras del sur cabe preguntarse si el amplio reconocimiento que se dio en la Constitución a los indígenas tuvo que ver con presiones de los narcotraficantes?

En la ley de leyes el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y se obliga a proteger la riqueza cultural, lo cual es laudable. De tiempo atrás se les reconocían especiales derechos por ello las tierras comunales de grupos étnicos y las de resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Carta Política les concedió 2 escaños en el senado y hasta 5 en la cámara de representantes, a elegirse en circunscripción nacional especial por sus comunidades.

También se dispuso que las autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. El decreto 2001 de 1988 ya había reconocido que los cabildos indígenas son «entidades públicas de carácter especial», encargadas de gobernar a los indígenas y administrar sus territorios.

Pero los derechos conllevan obligaciones. Ya desde los romanos se decía “do ut des”, entonces, corresponde a los pueblos indígenas, como colombianos que son, respetar la Constitución, darle una función social a la tierra y velar por la integración social.  Empero, se observa que nada de eso ocurre.

A pesar de tantas concesiones y privilegios muchos de ellos abusan y salen de sus territorios a cometer toda clase de acciones amenazantes y aún vandálicas, como la que ocurrió ayer en las instalaciones de la Revista Semana, sin olvidar la invasión al Parque Nacional de Bogotá, donde tuvieron una larga estadía, dejando en un lamentable estado ese emblemático espacio, episodio que terminó con la muerte de un ciudadano sin que a la fecha se conozca lo sucedido con sus asesinos. También se conocieron los disturbios y agresiones que realizaron en el centro de Bogotá, los ataques a establecimientos de comercio y el asesinato del conductor Hildebrando Rivera, a lo que se suma los bloqueos a las vías, como recientemente ocurrió con la Panamericana y el trato oprobioso que le dispensan a la fuerza pública.

Con todo, el presidente acude a ellos para movilizarlos a fin de que apoyen sus iniciativas. Así, la semana que pasó, atendiendo intereses ajenos a los de su comunidad, nuevamente llegaron a Bogotá, con todos los gastos pagos, para participar junto a integrantes de FECODE y contratistas del Estado, en la manifestación convocada y patrocinada por Gustavo Petro. Es posible ver en ese llamado un intento del mandatario  para mostrar algo de gobernabilidad pues en el año largo que lleva de gobierno la ha ido perdiendo a causa de su gestión destructiva.Y claramente fue un gran error. Esa manifestación al carecer de espontaneidad, no logró ser el “referendo social” que buscaba el gobierno, pese a los incentivos que dio.

Lo cierto es que el gobernante abuso inmisericordemente del erario, lo cual demanda la inmediata actuación de los organismos de control, inicialmente de la Contraloría y de la Procuraduría y, eventualmente, de comprobarse la existencia de delitos, de la Fiscalía.

Pretender presionar al Congreso mediante una movilización costeada con dineros públicos no puede dar ningún resultado positivo, ese no es el camino para el “cambio”, la democracia reclama una rama legislativa independiente, cuya labor es ocuparse de hacer las leyes para el bienestar común y, en el caso de las reformas en curso modificarlas o hundirlas, según las necesidades del pueblo en general.

Movilización que sí posibilitó la toma violenta de las instalaciones de la  Revista Semana por los indígenas traídos, en un hecho calificado como  un gravísimo atentado a la libertad de prensa, sobre el que desafortunadamente la Ministra de Trabajo dijo “un gran llamado para que los periodistas no sean incendiarios”. Si bien la autoridad actuó y recuperó la instalación no se entiende por qué no detuvo a los vándalos revoltosos, como era su deber. Un guardia resultó herido y todas las personas que estaban en sus instalaciones sufrieron serio daño sicológico ante la real amenaza de ser lesionados o, incluso, perder la vida. La responsabilidad en este caso es por completo del convocante y patrocinador de esa minga delincuencial.

Bogotá, D.C septiembre 30 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

¿Sin pasaportes?    

El Consejo de Estado, citando a Enrique Sayagués Laso, manifestó que la licitación pública es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, cuya ruta la constituye el pliego de condiciones, documento que “establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato”, cuya carga de claridad y precisión está a cargo de la administración, procedimiento que garantiza la transparencia, la igualdad y el deber de selección objetiva del contratista.

Con esa finalidad se abrió el proceso licitatorio LP-001-2023 cuyo objeto es “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores”.

Concluido el trámite de esa convocatoria, la que fuera declarada desierta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos quedamos estupefactos ante la inadmisible afirmación de Gustavo Petro en su cuenta de X, el pasado 25 de septiembre, al expresar «La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compite o compiten …” y, agregó: “en este gobierno no se permite la corrupción.”

Sea lo primero indicar que ese mensaje revela un presidente tiránico que irrespeta y viola un proceso claro, en perjuicio de los intereses de los colombianos, pues, además de las obligadas demoras que tendrán que soportarse en la expedición de ese documento, como ya se anunciara, se deberá responder por la demanda que proponga el oferente.

En segundo término, de ese trino se deduce claramente que tiene un problema, al parecer personal, con la firma Thomas Greg and Son, el que no debía interferir en la licitación y el cual pretende justificar señalando que esa firma elaboró los pasaportes durante el gobierno anterior, circunstancia totalmente ajena a la licitación, máxime cuando se conoce que la firma cumplió a cabalidad con la labor encomendada, como lo viene haciendo por más de 17 años en los diferentes gobiernos.

No hay nada más. El presidente insinúa malos manejos y corrupción sin presentar ninguna denuncia ni mucho menos pruebas, pero, quizás, tal se presenta más bien con la contratación directa que a raíz de la declaratoria de desierta la licitación se persigue realizar.

Sin duda el gobierno está aplicando su política de “decrecer”, pues, como lo manifestaron varios ciudadanos, la expedición de pasaportes era uno de los trámites de mejor y más rápido funcionamiento en este país, había que torpedearlo, como se viene haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, el de salud. En estos momentos no sólo dicho procedimiento es más lento, sino que las correspondientes libretas están por acabarse. De manera que resulta evidente y asombrosa la habilidad de este gobierno y su gente para destruir lo que funciona sin tener como reemplazarlo adecuadamente.

Y ahora el presidente dice que quiere competencia, sin que él esté llamado a intervenir en esta clase de procesos y menos aun contrariando la ley, ya que el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que conservó el texto del artículo 6º del Decreto 287 de 1986, frente a una propuesta hábil, por ser la mejor, contempló que no procedía la declaratoria de desierta de la licitación.

En verdad la reacción airada del mandatario es completamente irracional.

No se puede desconocer que el proceso que arbitrariamente se declara desierto cumplía con los puntuales términos del pliego de condiciones que dio lugar a la licitación abierta el 24 de mayo de esta anualidad. Participaron inicialmente 11 empresas:  Thomas Greg & Sons de Colombia S.A; Impresa Nacional – Casa de la Moneda de Portugal; Cadena S.A.; Thales Colombia S.A.; Identificación Plástica S.A.S; Consorcio STC; In Group; Get Group; Inversiones BMT S.A.S; Veridos México y Accesos Holográficos (sucursal Colombia).

Varias de ellos se fueron retirando más por carecer de suficiente capacidad instalada para dar cumplimiento al proyectado contrato que por otra cosa. Y los había que no contaban con los insumos necesarios para la producción de las libretas, luego se está en presencia de la hipótesis legal que impide la declaración de desierta de la convocatoria.


¿Pero si la ley permite un solo participante, donde está la claramente insinuada corrupción? ¿Por qué el alboroto? La respuesta debe darla  el presidente.

Ahora bien, el canciller manifestó que adjudicaría el contrato «a dedo», como suele decirse, pese al dicho del presidente que quiere competencia. El procedimiento establecido admitía la competencia, lo que ocurre es que se precipitó en su manifestación y su total molestia, al parecer, es por el resultado de quien en franca lid fue el ganador. Empresa que lleva años cumpliendo a cabalidad con la elaboración y entrega de los pasaportes.

Ya se sabe que la cancillería declaró desierta la licitación, posiblemente de manera abusiva y contrariando la ley, con el consecuente riesgo de que se presenten inconvenientes varios en la expedición de pasaportes, incluso una escasez de los mismos, que no sabemos a dónde nos llevaría, ello, porque la firma que los elabora actualmente tiene contrato hasta el próximo 2 de octubre. Esto no se resolverá abriendo una nueva licitación precedida de una urgencia manifiesta, según resolución firmada por el canciller el 14 de septiembre y lo cual les habilita para hacer una contratación directa.

La firma Thomas Greg and Sons tiene todo el derecho a estudiar la posibilidad de interponer una demanda contra el estado colombiano dado que cumplió con todos los requisitos y la descalificaron ilegal y abusivamente. Según las normas vigentes esta compañía podrá solicitar ante los tribunales el pago de los perjuicios que sin duda está en capacidad de probar. Se estima que superarían los cien mil millones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación ya abrió proceso disciplinario contra el Canciller Álvaro Leyva y el secretario general José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades al terminar de la forma comentada el proceso licitatorio, porque se aprecia vulneración a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Esperemos que la investigación sea eficaz.

Ya los graves efectos de esa decisión reprochable se están sintiendo y la gente está concurriendo en masa a tramitar el pasaporte. Esto, por supuesto, contribuirá a que rápidamente se agoten. Se presentan largas filas presenciales por las fallas y deficiencias que tiene la página Web. Se conoció que ya en una de las oficinas debió intervenir la fuerza pública (Esmad) para mantener el orden.

La irresponsabilidad del gobierno queda una vez más demostrada y la ciudadanía perjudicada, indiscutiblemente estamos en el gobierno del “decrecimiento”.

Bogotá, D.C septiembre 23 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión   

La educación, fuente de cambio

Nelson Mandela, premio Nobel de Paz, dijo «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo»; Malcolm X, a su vez, expresó «La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy”; Margaret Mead señaló «Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar» y Maurice Debesse sentenció “La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo”.

Son muchas las ideas sobre educación, las reseñadas son apenas una muestra del pensamiento de diferentes autores, pero, se puede afirmar sin discusión que todas ellas se dirigen a señalar que la educación es un factor de avance de la persona y de progreso en las sociedades, por ello las comunidades educadas son más fuertes, se preparan para los problemas de la vida real y aprenden a afrontarlos.

Colombia no ha sido ajena a ese pensamiento. El artículo 41 de la Constitución de 1886 establecía que la educación sería organizada y dirigida en concordancia con la religión Católica. Desde ese entonces se decidió que la formación primaria sería costeada con fondos públicos, por tanto, gratuita. A su turno, el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, vigente, establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia.

La prueba Pisa, programa para la evaluación internacional de alumnos, creada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos, se realiza cada tres años. En su más reciente edición China, Singapur, Estonia, Finlandia y Japón obtuvieron los mejores resultados.

El 30 de diciembre de 2022 el presidente Petro, desde su cuenta de Twitter, hoy X, a través de la cual gobierna, informó los negativos resultados de la prueba Pisa en los cuales, para 2018, Colombia quedó en el penúltimo lugar en matemáticas y ciencias.

Después de ese pésimo resultado es evidente que Colombia está llamada a mejorar, entre otras cosas, la infraestructura. Y que debe tener excelentes profesores que motiven a los alumnos. Lamentablemente hay maestros que parecen tener más interés en ideologizar que en formar y enseñar. Fecode tiene muchísima responsabilidad en la deficiente educación que se está impartiendo a los estudiantes, por lo que en vez de convocarlos a manifestaciones y suspender las clases, debe propiciar la excelencia en la educación.

Recientemente la senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de ley que crearía un bono escolar. Esto permitiría a los padres de familia elegir el colegio para sus hijos, sin importar si es público o privado. La reacción de Fecode no se hizo esperar. Una vez conocido el proyecto de inmediato se organizó una marcha. Evidente resulta que el propósito de esa federación no es el mejoramiento en la educación de los colombianos, ni el de cerrar las brechas de oportunidades entre la población.

Nueve meses después de la prueba Pisa el gobierno presenta un proyecto de reforma a la educación que se tramitará como proyecto de ley estatutaria. Pretende regular el derecho fundamental a la educación.

Consta de 6 capítulos y 36 artículos que, en realidad, son un listado de buenos propósitos, sin concreción ni mecanismos para garantizar el derecho a la educación, por lo que requiere que se otorguen «precisas facultades extraordinarias por el término de 6 meses, para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia, y el régimen especial de las Escuelas Normales Superiores.”

Es imperativo, entonces, preguntarse ¿por qué el gobierno no quiere que el legislativo se ocupe de tema tan trascendental para la sociedad?.

El proyecto consigna que laeducación es “un derecho humano fundamental, un bien común y un deber de todas las personas que habitan en el territorio colombiano que busca garantizar la formación integral, inclusiva, pluralista, equitativa, con calidad, promoviendo la capacidad de definir proyectos de vida, fomentando el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la naturaleza, la consolidación de la paz, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores culturales”, para concretar que “El Sistema Educativo será abierto, dinámico, incluyente, solidario, cooperativo y participativo y responderá a los procesos, cambios, retos y necesidades de la sociedad a nivel local, nacional e internacional.”

Esa amplitud de redacción parece recoger más bien el propósito e ideología que rige al gobierno, en la cual quieren “educar” a los infantes, al campesino, a los jóvenes, adultos y personas mayores, a las víctimas del conflicto interno, a las personas privadas de la libertad, a los discapacitados, y a personas vulnerables. A los pueblos étnicos se les reconoce participar en el diseño de sistemas educativos propios.

Conocido el proyecto y su exposición de motivos los rectores de las universidades de Los Andes, Javeriana, Eafit y La Sabana, expertos en  la real situación que afronta la educación,  elevaron su voz y enfatizaron en un comunicado, dado a conocer a la opinión pública,  que se debe fortalecer la calidad en el ejercicio del derecho y servicio público de la educación, en el reconocimiento a la educación posmedia y en el reconocimiento a la importancia del sistema mixto.

Por su parte las universidades públicas: Nacional, Antioquia, Industrial de Santander y del Valle en un escueto comunicado suscrito por los rectores tomaron distancia de las universidades privadas reiterando que es urgente que se den adecuaciones institucionales y medidas urgentes para superar el déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades, asunto no incluido en la reforma.  

Corolario de todo lo anterior es señalar que la reforma legislativa no es una respuesta a las fallas que presenta la educación. El papel lo aguanta todo. La verdadera educación es mucho más que normas, requiere mística, entre otras cosas, y desafortunadamente al día de hoy, particularmente en las instituciones educativas públicas está ausente. ¿Será que, por ventura, con el proyecto de educación se culturiza a los estudiantes y se evitan los ataques que indebidamente realizan como, por ejemplo, el reciente a la Porciúncula? Difícilmente, por no ser negativos, puede darse una respuesta positiva.

La educación es el cimiento del progreso, pues además del conocimiento debe comprender la ética y la moral. Theodore Roosevelt expresó “Educar una persona en la mente pero no en moral es educar una amenaza para la sociedad”, el conocimiento sin control no favorece ni a la educación, ni al bien común, ni a la comunidad.

Pildorita: Colombia ha perdido a uno de sus grandes hijos. Falleció el maestro Fernando Botero, nuestro mejor embajador cultural. Su monumental obra pictórica y escultórica es su legado. Paz en su tumba.

Bogotá, D.C septiembre 16 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

GUSTAVO PETRO SI DEFIENDE LA VIDA

Gustavo Pero si defiende la vida, pero la vida de los delincuentes narcotraficantes y guerrilleros, durante la implementación de los ceses al fuego con los grupos ilegales,  han estado a salvo de las balas y capturas de la fuerza pública  más de 5.000 criminales del ELN, y 5200 integrantes de las disidencias de las FARC (según cifras dadas por indepaz y fundación ideas para la paz), pero lamentablemente  300 uniformados asesinados no han estado a salvo de estos mismos grupos al margen de la ley, tampoco los campesinos, jóvenes y trabajadores que siguen siendo blanco de asesinatos, extorsiones y secuestros, ellos siguen sometidos al poder de los criminales en la periferia.

Dicen preocuparse por los derechos humanos y si, También se les ha garantizado los derechos humanos a las estructuras ilegales pero no se les ha respetado esos mismos derechos humanos a más de 25.000 habitantes del Choco, quienes están confinados por un paro armado ordenado por el ELN, según la denuncia presentada no por SEMANA, NI POR LOS MEDIOS TRADICIONALES, sino por la defensoría del pueblo, que denuncio ante la opinión pública que el mismo ELN, durante  un supuesto cese al fuego, obliga a los habitantes en la localidad de SAN MIGUEL, del municipio medio de SAN JUAN, CHOCO a confinarse, cesar toda actividad comercial y humana básica.

Y es ahí donde cualquier persona con dos dedos de frente se pregunta ¿El Cese al fuego es solo para la fuerza pública? ¿De qué lado está el presidente?

El gobierno dice que históricamente pocos se han preocupado por los jóvenes asesinados, y el gobierno mismo olvida que la mayoría de los 300 uniformados del ejército o la policía que han sido asesinados en lo corrido de este año 2023 eran jóvenes, y también eran pueblo trabajador, pero  las acciones violentas contra esos jóvenes no se suspenden durante los ceses al fuego, al contrario se incrementan.

 El gobierno guarda un silencio cómplice olvidando que sus muertes son además de dolorosas para sus familias, una preocupante muestra clara de que los grupos que históricamente fueron combatidos por parte del estado ya no existen, esos grupos revolucionarios que pedían representación política, y salida política ya no están presentes, actualmente tenemos son unos carteles que tienen una salida mucho más provechosa, la economía ilícita.

Este es un gobierno con una ideología que profesa apoyo irrestricto a los jóvenes, pero a los jóvenes que delinquen, porque por dar otro ejemplo a tantos muchachos y muchachas trabajosos, que utilizan su moto para laborar, se les alza la gasolina mes a mes, y se les dice que antes había un subsidio URIBISTA, Y que se quitó, para estabilizarlo al precio internacional pero que no se preocupen que la gasolina es utilizada por ricos.

Desde luego para los incoherentes retóricos que hoy nos gobiernan los ricos, son domiciliarios, escoltas y trabajadores que utilizan medios motorizados, que ganan en muchas ocasiones menos de un mínimo.

 Petro justifica su omisión en seguridad, utilizando el lamentable hecho de los mal llamados falsos positivos, a mí tampoco me gustaría que, nunca más, vuelvan a ocurrir sucesos como la matanza sistemática de jóvenes inocentes, los famosos 6402, pero tampoco me gustaría que las guerrillas volvieran a matar 39.000 jóvenes reclutados e inocentes, también, por lo que por sentido común creo firmemente que para negociar con un grupo al margen de la ley, y buscar salidas de desmovilización debe darse la siguiente condición que va dirigida especialmente a los abogados y politólogos :

 Los grupos al margen de la ley que deseen procesos de paz, salidas pacificas  o alternativas al conflicto,  para iniciar una fase exploratoria de negociación, deben cesar todo acto contra la población civil, esto incluye cesar extorsiones, abusos a la libertad personal,  sexual, secuestros y asesinatos, junto con frenar toda acción que perjudique los derechos fundamentales de las comunidades, lo cual no es un capricho, tampoco un imposible, sino un acto de respeto por el país y su gente y especialmente es un acto de cumplimiento al derecho internacional humanitario que dicta que son sujetos de especial protección, los civiles aquellos  con calidades de no combatientes, como también es un gesto de voluntad de paz, que al darse si esta legitimado el estado para un cese al fuego, y garantías para el grupo que cumpla.

Frente a esta condición lógica para iniciar un dialogo solo existe una posición detractora, y es que ningún grupo va cesar estas acciones y es allí cuando pregunto, si no existe ningún grupo capaz de cumplir esto, lo mínimo, lo que debería ser, ¿qué les hace creer que hay voluntad de paz? La ilegalidad existe por muchos factores, pero uno de los más importantes es que la misma ilegalidad tiene un incentivo alto para germinarse, pero si como país seguimos incentivando tal actividad, no llegaremos a ningún lado, como íbamos en seguridad no era el camino, pero como estamos ahora menos, hay que dirigirnos al gran faro del sentido común más allá de las ideologías, y tener una justicia fuerte, un control territorial absoluto por parte del estado y de la fuerza pública, y nunca más un ilegal con fusil en mano diciéndole que hacer a la comunidad.

DAVID JACOBO GOMEZ ZAMORA

CONSEJERO DE JUVENTUD

Movilizaciones y Reforma Agraria

Durante los 13 meses que lleva al frente del gobierno el presidente Petro ha hecho varios llamamientos a movilizaciones y marchas. En uno de los primeros discursos como presidente no fue posible saber cual era el objetivo de que, como pedía, salieran «ríos de gente» a llenar las calles y plazas de todo el país. En otra ocasión el llamado fue para las enfermeras. Quería que salieran a las calles frente a los hospitales para discutir la proyectada reforma a la salud. En su primer «balconazo» desde la Casa de Nariño también pidió una movilización. Y hubo varias ocasiones más, la más reciente fue la alocución desde los Montes de María que después se transmitiría por TV. Allí la movilización invocada por el presidente fue la de las negritudes.

Los motivos nunca quedan demasiado claros. En el caso de los «ríos de gente» en las calles y plazas no hay ni la menor mención de esto y no se dice qué deberán hacer esos «ríos». Tampoco explica la metodología que deberían usar las enfermeras para discutir la reforma en las calles. En reciente discurso el presidente llegó al extremo de invocar el Bogotazo, diciendo que las gentes, los jóvenes, los campesinos sabrían qué hacer, aunque él ya no estuviese en este mundo.

Sobran los comentarios entre otras cosas porque el Bogotazo ocurrió en el año 1948. Y este es un país que tiende a la mala memoria los jóvenes en particular poco saben de la historia.

Por otra parte, no resulta comprensible que, desde el gobierno, se pida formular observaciones a un proyecto de ley que entre otras cosas invita a los campesinos a movilizarse en procura de una reforma agraria.

Los asesores del gobierno no deberían ignorar que, desde que existe la carrera de Derecho, las facultades reglamentarias solo operan cuando existe la norma que se pretende reglamentar. Ese es el alcance del artículo 189 numeral 11 de la Constitución que contempla la potestad reglamentaria, a través de la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

Entonces si no se tiene una ley que contemple la reforma agraria, como se pretende ahora expedir un decreto que carece del marco normativo que se dice reglamentar. Nadie la conoce, no se sabe en que norma está. Ya la propia Procuraduría General de la nación deja conocer la gran preocupación que tiene y reitera que “es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo…”

Este decreto pésimamente redactado, habla de Comités municipales para la reforma agraria y defiende la reforma agraria pero no aparece la reforma agraria.

Se habla de acceder a la tierra y resulta que hasta ahora, ya cumplido un año de gobierno, se dio comienzo a la compra de las tierras (3 millones de hectáreas) que la ministra Mojica redujo a 1millón y medio. Pero la realidad es que escasamente han adquirido 32.000 hectáreas, aclarándose que esa compra y cualquier otra en si misma, no es ni será una reforma agraria.

Y si ya las compraron, si las tienen, qué sentido tendría una movilización para tener acceso a ellas. Porque es el gobierno quien asumió la obligación de adquirirlas, como lo expresó y quedó registrado.

En la más reciente invitación conocida esta semana el gobierno publica el denominado Plan de Trabajo para la Movilización Nacional Campesina en apoyo a la reforma Agraria se indica que su objetivo general será “lograr la movilización del campesinado en favor de las reformas del gobierno, en particular de la Reforma Agraria, posibilitando sus niveles de articulación y organización, tanto a nivel regional como nacional.”

Son sus objetivos específicos realizar en el presente mes de septiembre, 24 Asambleas Campesinas y Populares, preparatorias de la movilización nacional del campesinado que será el 27 de septiembre de 2023, para lo cual tendrán concentraciones en seis ciudades del país.

En la mente confusa del mandatario pareciera que desea hacer la reforma agraria que Alfonso López Pumarejo pretendió en los años de 1936 realizar. Soñar con ejecuciones del pasado, emular a López Pumarejo, Jorge Eliecer Gaitán e incluso a Álvaro Gómez es no estar en sintonía con los tiempos modernos. El tiempo pasa y las circunstancias cambian. Ya no estamos para reforma de López Pumarejo ni menos para bogotazos. Este «señor» está fuera del tiempo, sus discursos son anacrónicos, en todos ellos se distingue el llamado a la división y a inocular odio. Que peligro y riesgo al que expone al país con movilizaciones campesinas.

Estos cuestionados llamados a movilizaciones presentan graves peligros de confrontación entre ciudadanos. También de invasiones de tierras. Pero lo peor es el desconocimiento que se hace del papel que corresponde al Congreso de la República, que es la institución a la que corresponde hacer la reforma agraria.

Bogotá, septiembre 9 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Suenan tambores de guerra

Los compromisos políticos que se formulan en campaña no sólo son útiles para conseguir votantes, sino que sirven de indicador de lo que el candidato va a hacer si resulta triunfante, a la vez que transmiten las ideas del partido que va a gobernar a un país.

En tiempos de esa cruzada vimos al hoy presidente Gustavo Petro en compañía de Francia Márquez acercarse a una notaría para manifestar, bajo la gravedad del juramento, que “(…) me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmo que mi propuesta para la transformación de este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación”.

Ahora, un año después del inicio de su gobierno, se da a conocer un proyecto de decreto sobre tierras que en forma camuflada plantea precisamente la “expropiación”. Aplican, entonces, la sugerencia de Clara López Obregón: «Uno puede decir no, y después cambiar de opinión». Una cosa es, para ellos, atraer el voto y otra, bien distinta, gobernar. A ese comportamiento se le califica de engaño, y entra en tensión con los valores de una democracia y, en este caso, además, sin pudor alguno se quebranta la Carta Fundamental en su artículo 58.

Se trata del proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proyecto ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura con el fin de recibir observaciones y comentarios de los afectados o interesados, hasta el 10 de septiembre. Ya, según los pronunciamientos que se conocen, ha generado fuerte rechazo.

El proyectado decreto excedería las facultades reglamentarias y otorgaría nuevas competencias a la Agencia Nacional de Tierras, como si se tratase de un ente judicial, vulnerando de contera la separación de poderes. Se crearían nuevas causales de extinción de dominio de las tierras, lo que nos trae a la memoria la figura de Hugo Chávez y el hecho no menor de que Petro fue su asesor.

En fin, según la normativa en cuestión el gobierno podría tranquilamente expropiar tierras rurales sin previo juicio mediante la figura de la mal denominada “extinción de dominio”, que constriñe al propietario del bien raíz rural a su enajenación, por lo que no sería realmente una venta sino una particular “extorsión”.

Finalmente, se dice que la Agencia tomaría decisiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuada explotación de las tierras, lo cual se haría también en forma absolutamente unilateral.

No obstante que los empresarios contribuyen con el 80 % del PIB, esto es, son factor trascendente en la economía de la Nación, la mintrabajo indolentemente, en la reciente reunión del Consejo Gremial, les lanzó la odiosa frase de “ese síndrome de la coca cola en el desierto se acabó”. Un Estado soberano y democrático requiere un empresariado sólido no un empresariado perseguido.  Los empresarios son más que Coca Cola en el desierto y sin ellos el gobierno no sobreviviría.

La ruina del empresariado sería también la ruina gubernamental, con o sin las movilizaciones que convoca el jefe del estado y a las cuales poca gente asiste. Y ahora se produce una nueva convocatoria de este tipo, esta vez a las negritudes.

Es seguro, el presidente añora y lo desvelan las marchas de El Faro y las de la Mayoría. 

El presidente de la Paz Total predica pero no aplica, al menos con el sector privado al que frecuentemente ataca. Los colombianos quedamos por completo anonadados con la delicada pelea que comenzó con el grupo Argos, a quien el Presidente señaló en un discurso en El Salado, Bolivar de despojo y apropiación de tierras en los Montes de María. Al respecto dijo: “Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”.

El conglomerado empresarial a través de su Presidente, Jorge Mario Velásquez, puntualizó que las decisiones judiciales que se dieron en medio de la restitución de tierras nunca dictaminaron que Argos estuviese envuelta en casos de desplazamiento o despojo. Graves daños le causaron esas afirmaciones del Presidente de los colombianos al conglomerado empresarial. Pero, ahí no terminó el conflicto en ciernes, en nueva respuesta tildó a Argos de mentiroso. Así se expresó:

“Si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron. Personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios”.

En fin, el mandatario presidencial ante su fracaso gubernamental y la falta de gestión de sus ministros y colaboradores, necesita a como dé lugar casar peleas y esta con la cementera Argos le sirve a su propósito, pero a la empresa en cuestión le llegó la hora de evaluar y actuar a través de los mecanismos legales para defender su empresa, fundada desde 1.934. El daño reputacional es grave, la junta debe proceder. Emitieron un comunicado respetuoso invitando a realizar acuerdos en pro del país, el que les es contestado con un grito de guerra.    

De otra parte, deja muchos interrogantes el nuevo viaje de la vicepresidente al África, que se inicia hoy. Se ha dicho que se trata de asuntos comerciales, culturales y diplomáticos. Estos temas son del resorte de la Cancillería. ¿Cuál será realmente el propósito del viaje, al parecer, con copiosa comitiva?

Bogotá, D.C. septiembre 2 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Gobierno y empresarios ¿aliados u oponentes?

Quienes han investigado las relaciones que deben sostener el Estado y la
empresa privada llegan cada vez más a concluir que una estrecha colaboración
entre las empresas y el gobierno contribuye al desarrollo, pues, acelera el
crecimiento e incrementa la efectividad del estado desarrollista. Se trata de una
acción colectiva.
Esta relación está consagrada en el artículo 333 de la Carta Política al preceptuar
que “La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial”.
Ese debería ser el panorama en Colombia, empero como se trata de destruir no
de construir, en el actual gobierno el sector empresarial está cumpliendo el rol del
célebre «patito feo» de Hans Christian Andersen.
Nos relata el cuentista que su madre “lo defendía, pero pasado el tiempo ya no
supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las
gallinas se burlaban de él. Al final su propia madre acabó convencida de que era
un pato feo y tonto”.
En ese mismo escenario se encuentra actualmente en Colombia el sector privado
productivo. En todo momento es perseguido por el gobierno y todos sus logros son
rechazados. Incluso se pretende destruirlos, como lo releva la carta de las Eps
Sura, Sanitas y Compensar que ha dejado saber lo insostenible de su situación,
reclamando una solución inmediata.
Este gobierno, además, ejerce presiones indebidas que rayan en el chantaje al
pretender hacerse con el control de la Federación Nacional de Cafeteros. Pese al
excelente manejo y los resultados favorables de su gestión, en diciembre del año
pasado, pidió que dejara el cargo Roberto Vélez y ahora anunció el presidente
que acabará el contrato con ese gremio para administrar el Fondo Nacional del
Café sino se reestructura, amenaza que reiteró el ministro de Hacienda si la
Federación no accede a la pretensión de que sea retirado el gerente, que es el
huilense Germán Bahamón.
En esa misma línea vale recordar la lucha de un grupo de empresarios que logró
impedir que llegase a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Bogotá el cuestionado exmagistrado Ovidio Claros, en reemplazo de Nicolás Uribe
Rueda. Se escucha en los pasillos que es muy posible que se le de como premio
de consolación la dirección del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio. El interés en su nombramiento, se dice, sería comprometer el voto de
su esposa, la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde.

A más de la indebida injerencia y como un claro rechazo al empresariado fue el
desplante del presidente Petro al no asistir a la clausura del Congreso de la Andi
en Cartagena, pese a la confirmación de su asistencia. Se disgustó por el largo y
sonoro aplauso al Fiscal Barbosa.
La Casa de Nariño informó que “la próxima semana el mandatario se reunirá
con el Consejo Gremial Nacional”, pero el Consejo Gremial sesionó el día
jueves 24 de agosto y el presidente no asistió. La disculpa que se dio desde
palacio fue que estaba «indispuesto». Ya se fijó nueva fecha para este encuentro.
Los continuos incumplimientos del presidente, que ya se acercan al centenar, sin
mencionar sus llegadas tardías, sin excusas o con disculpas que no justifican su
proceder como Jefe de Estado, van en contravía de la misión que como primer
mandatario debe ejecutar; no sólo por la pérdida económica y de tiempo que ese
actuar conlleva, sino por el respeto que merecen los asistentes, máxime los
gremios que mueven la economía del país y generan millones de empleos. En los
anales de nuestra historia presidencial no hay antecedentes de semejante
conducta.
Tanto el Consejo Gremial como los Centros de Pensamiento y la sociedad civil le
decimos al mandatario al unísono que ya es suficiente. Sus presiones, mala
educación y aún grosería desdicen de sus intenciones de lograr la paz.
De otro lado, está impulsando iniciativas contra la propiedad privada como la
«extinción exprés» que no es más que expropiación a futuro, pero sin
indemnización. Todo ello, en su conjunto, puede desembocar en un paro nacional
de enormes proporciones como el que el 10 de mayo de 1957 derrocó al general
Rojas Pinilla y que fue impulsado por el comercio organizado y la industria.
El sector productivo de este país mantendrá en alto la cabeza. No es ningún patito
feo sino un hermoso cisne que, con los impuestos que paga, sostiene al gobierno
que, paradójicamente, le persigue. No se trata de buscar venganza sino respeto y,
por qué no, agradecimiento.
Se supo a última hora que el ministro de Salud no descarta a Carolina Corcho
para presidir la @DirComNueva Eps. Él parece estar cumpliendo cabalmente con
el anhelo del presidente Petro: destruir el sistema de salud.
Pildorita: Ha manifestado el representante Hernán Cadavid que, según anuncio
del propio presidente de la República, se darán beneficios a narcotraficantes, en
cumplimiento del Pacto de la Picota. Se mantiene, entonces, la política de
favorecer a todo aquel que esté al margen de la ley. Impunidad para los
delincuentes y ningún beneficio para los ciudadanos honrados. ¿Así podrá darse
la reconciliación?


Bogotá, D.C., agosto 26 de 2027

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Diálogos si, amenazas no

Dialogando en los términos de Platón se puede siempre cambiar de opinión como resultado de esa aventura intelectual. En ella se encuentra el germen del intercambio de ideas y del abandono de los intereses particulares preconcebidos para dar paso al avance que deja ver a cada interviniente sus equivocaciones y las del interlocutor. La negociación es un tipo de diálogo que apela a la razón por lo cual las amenazas e intimidaciones no tienen cabida. Eso constituiría chantaje o imposición.

En este país la inmensa mayoría quiere la paz. Por ello se han permitido y apoyado los diálogos con quienes siembran el terror y de allí surge la nefasta conjetura de que entre más atentados ejecuten más fuertes serán en la negociación. Esta idea es contraria al ideal de la paz y a la razón por no decir nada de la indispensable buena fe.

Un gobernante responsable, ante el alarmante crecimiento de los atentados, de las amenazas, de la iniquidad en la masacre a policías por el «Plan Pistola», del control de los narcos en varias zonas del país y de varios otros hechos delictivos, levantaría la mesa de diálogo por razones de moral y de autoridad.

Negociación que sólo podría retomarse cuando los subversivos den garantías de cese del fuego, liberen a los secuestrados y por supuesto pongan fin a la violencia de toda clase que ejercen.

El país reclama decisión. Basta ya de tanta impunidad so pretexto de la inexistente Paz Total.

Hace pocos días se conoció del ataque a la infraestructura petrolera, así como que promueven un paro armado en Chocó, a más de una amenaza de inusitada gravedad contra el fiscal, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro. Al parecer ha llegado a la capital un explosivista. Estos hechos no pueden ser pasados por alto. Deben ser dimensionados para adoptar las medidas correspondientes, las que, vale decirlo, no pueden ser el continuar en la mesa de negociación como si nada sucediera.

Y es que esa conducta resulta peligrosa para la estabilidad de la democracia del país, la seguridad de sus residentes y, por supuesto, la continuidad de los diálogos, máxime cuando se aproxima un debate electoral, en el que es el mismo registrador, a quien siempre se le ha criticado por falta de garantías en los procesos electorales, el que está hablando de suspender las elecciones en el departamento de Cauca.

Pero no solo está en riesgo el debate electoral en ese departamento sino también en una gran mayoría de los 380 municipios que el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, señala como lugares en los que es notorio el dominio territorial de grupos al margen de la ley, lo que conduciría a que en éstos también se suspendan las elecciones.

Al respecto escuchamos la excelente entrevista que desde la FM de RCN y Blue Radio le hicieran al gobernador del Meta, Roberto J. Jaramillo. Él intervino en representación de los gobernadores del país y nos dejó completamente perplejos conocer la total ausencia de diálogo de los gobernadores y el presidente de la República, pese a la angustiosa y hasta miedosa situación que se vive.

Siente tanta preocupación el mencionado gobernante que expresó en un comunicado: «Señor ministro, hipócrita es considerar la inseguridad, el terrorismo y la violencia asuntos que deban atenderse de manera pausada. Cada segundo de su pausa, es un nuevo asesinato, extorsión y agresión. Afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales, hubo al menos 3 atentados terroristas, asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba, es descarnado y vil”.

Aterrador que se converse con los violentos y se haga oídos sordos frente a las autoridades del país, contexto que impone un cambio de estrategia para solucionar la problemática que invade al país.

El presidente debe restablecer inmediatamente la comunicación con los gobernadores. Esta grave crisis de seguridad no se solucionará golpeando la mesa ni exigiendo renuncias a los subalternos de los ministros.

La inseguridad campea por todo el país. Pero saber que a Bogotá ha llegado un francotirador experto en explosivos causa alarma. En un primer momento se pensó que se trataba de sabotear la Marcha de la Mayoría pero resultó ser un asunto mucho más delicado.

En el barrio Venecia de la capital se incautaron 295 granadas y una importante cantidad de explosivos. Aún se desconoce a qué grupo pertenecían el peligroso material bélico. Sin embargo, se cree que el ELN está implicado de una u otra manera. Guerra y sangre es su lema. El gobierno debe dejar de mimarlos y más bien, frenar su actividad destructiva, como condición para continuar “dialogando”.

La paz, entonces, no puede ser producto de la imposición de los bárbaros y de la desprotección a quienes están en la legalidad. Ese proceder solamente genera más “guerra”.

Pildorita: Que esperan en la Real Academia Sueca de Ciencias; Instituto Karolinska, Academia Sueca; Comité Noruego del Nobel para dar inicio al retiro del premio Nobel de Paz otorgado a Juan Manuel Santos cuando se confirmó el ingreso de dineros de Odebrecht producto de corrupción a su campaña

Bogotá, D.C. agosto 12 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Las misteriosas desapariciones del presidente

La página del idioma español – Elcastellano explica la procedencia de la palabra misterio y dice “Mysterion provenía de mystes ‘iniciado en ritos secretos’, con origen en myein, un verbo que significaba ‘cerrar la boca o los ojos’, del cual se derivó también mystikós, la palabra griega que dio origen a nuestra mística. La más famosa de estas ceremonias era la que se realizaba en el templo de la diosa Deméter, en la ciudad griega de Eleusis, un rito reservado a los iniciados que se comprometían a no revelar nada de lo que vieran y oyeran”, significado que se acompasa con las inexplicables, secretas y recónditas “fugas” del presidente.

Esa conducta del primer mandatario, sin duda, puede tener tintes novelescos, pero, es lo cierto que es un tema de mayor amplitud, dado que como Jefe de Estado encarna en forma íntegra los intereses de las instituciones y de los gobernados y por ende debe preservar la transparencia en sus actuaciones y adecuar su comportamiento a la Constitución y a la ley. Valga anotar que la Carta Política si bien no contempla que el presidente debe pedir permiso para viajar al exterior, sí determina que debe informar o avisar previamente al Senado de la República (artículo 196 CP).

Sin embargo, se viene observando que el gobernante “prolonga” su estadía en el extranjero, para lo cual emite un decreto. Así, en pasado viaje a Francia el presidente Petro se esfumó y abandonó a su suerte a la delegación colombiana que le acompañaba. Se hicieron averiguaciones pero al final del día no se supo qué le ocurrió ni dónde estuvo. Se postergó por dos días el retorno al país y crecieron los gastos por cuenta del erario público.

Ahora viene a repetirse este tipo de suceso con ocasión del viaje de Petro a Brasil, para participar en la Cumbre de la Amazonia. A la postre no participó en varios de los eventos clave y no apareció para la foto oficial.

Es tanto como si no hubiese asistido al evento.

El presidente llegó el día 10 de agosto al aeropuerto de Belem de Pará, con un día de retraso, y se informó a la opinión pública que esto había sido por causas climatológicas. Pero el aeropuerto había operado normalmente durante todo el día y las condiciones atmosféricas habían sido buenas. «Más fácil cae un mentiroso que un cojo», reza la sabiduría popular.

¿Cuánto cuestan a los colombianos estos viajes del Jefe del Estado en los que él llega tarde a los eventos o desaparece?

No hay discusión en cuanto a que estos viajes corresponden al manejo de las relaciones internacionales, más, ¿qué sentido tiene desplazarse para no concurrir a los eventos programados y, y posteriormente «alargar» la estancia?

No se conoce si los costos que esto produce son cubiertos con dineros del propio presidente, como debería ser, incluyendo los causados a la numerosa comitiva que le acompaña. Porque esto no corresponde al presupuesto que, por cierto, proviene del bolsillo de los colombianos.

Entendemos que el presidente debe dar cuenta de sus viajes, por cierto numerosos ya que ha estado sufriendo desde su posesión de una especie de delirio viajero. Lo ha hecho? ¿Cómo ha justificado sus desapariciones?

Volviendo a la Constitución se encuentra que los incisos primero y segundo del artículo 196 de la Constitución rezan: » El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia.

La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.”

Cabe entonces preguntarse lo siguiente:

Si solicita permiso por determinado número de días y se “esfuma” del lugar de destino, aumentando así los días de permanencia en el exterior ¿queda incurso ya por ese hecho en abandono?

Con posterioridad a esta “pérdida” se conoció que la Casa de Nariño justificó la demora por las condiciones meteorológicas, por lo que se prolongó el encargo dado al ministro Ricardo Bonilla expidiéndose el decreto 1298 el día 9 de agosto de 2023. Es curioso que el decreto de marras está firmado por el presidente quien en ese momento se encontraba “desaparecido”, entonces, cuándo y cómo “reapareció” para modificar el decreto 1293 de agosto 4 de esta anualidad?

Este tema, que se ha venido tratando con ligereza, no es de poca monta. Puede en cualquier momento derivar a un asunto de seguridad nacional. Parece ser un tema del fuero personal del presidente pero, por sus posibles consecuencias, no lo es. Se rumora que se trata de su estado de salud, que pueda estar enfermo o que se debe a alguna “adicción”. También está presente la posibilidad de que esa conducta esté relacionada con su personalidad o con su salud mental.

Pildorita Uno: Excelente, a pesar de la demora, conocer la decisión de la Corte Constitucional proferida el 16 de febrero de 2023, la cual con total claridad precisa que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.  Sentencia C-030 de 2023 Expediente D- 14503

Pildorita Dos: Deplorable y se rechaza por completo el vil asesinato del candidato Fernando Villavicencio (q.e.p.d.) en el que al parecer están involucrados varios colombianos y un venezolano como autores materiales. Indispensable que la justicia ecuatoriana condene ejemplarmente a los autores y  a los determinadores del magnicidio. A su familia y al Ecuador extendemos nuestras condolencias. 

Bogotá, D.C. agosto 12 de 2023

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

El pésimo balance del primer año del gobierno

Colombia, nuestro hermoso país, ha resistido muchas calamidades y sigue firme, resiliencia que le permite no dejarse invadir por la desesperanza que produce el actual gobierno que la maltrata y pretende destruirla. Su historia está llena de heroísmo, desde las épicas batallas de la independencia, de ahí la importancia de conocerla en profundidad para evolucionar y construir un mejor futuro, pues, como lo señalara Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás o Nicolás de Avellaneda «Quien no conoce su historia está condenado a repetirla».

Esa célebre frase nos debe llevar a recordar la procedencia del actual presidente de Colombia y, por supuesto, los momentos traumáticos que su entonces movimiento M-19 hizo padecer a nuestra patria. Hoy, analistas y columnistas al diagnosticar la situación del país registran críticas a las iniciativas gubernamentales y reproches por las situaciones que provocan, desde improvisación total hasta inseguridad campante y rampante y carestía. No podemos declararnos sorprendidos. El actual gobernante es y sigue siendo fiel reflejo de lo que siempre ha sido. Baste mirar su propuesta para reducir la criminalidad, eliminar actividades ilícitas como delitos.

Y llegó al poder anunciando que su mandato sería el del “cambio”, para lo cual ya  había realizado la elaboración de proyectos de múltiples reformas, de todo tipo, así empezó la presentación de una verdadera avalancha de iniciativas, tales, la tributaria, la electoral, la política, la pensional, a la salud, a la educación, a la Policía, a la ley 418 de 1997 ( Paz total ), la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la ley del Plan, y hasta un proyecto sobre Guardias campesinas presentado por los ex Farc, hoy Comunes.

A la par, con alguna excepción, se produjeron pésimos nombramientos en el gabinete ministerial. En los doce meses se han dado tres crisis ministeriales y ya comienza la cuarta.

Este gobierno no tuvo luna de miel ni tampoco aprovechó el clima de victoria en los 100 primeros días. La promesa de “cambio” se vio frustrada por la fragmentación de los sectores sociales, los erráticos proyectos de reforma y la equivocación en las designaciones del gabinete, entre otras, lo que llevó a movilizaciones del pueblo en contra del nuevo gobierno.

El nombramiento del Min Defensa Velásquez bastó para caldear los ánimos y el del canciller Leyva los incendió, propagándose el fuego con las ministras Corcho y Vélez.

Luego, por presunta corrupción, continuó la quema con la ministra María Isabel Urrutia, quien en sus últimas horas en el ministerio firmó 264 contratos por más de 23.000 millones, por lo que se le imputaron cargos.

El ministerio de Hacienda se depositó en las manos de José Antonio Ocampo quien fue bien recibido y se le aprobó su reforma tributaria. Recordemos que una iniciativa similar del gobierno anterior causó un levantamiento de ingrata recordación que fue auspiciado por el presidente actual y tumbó al ministro Carrasquilla. Cuando Ocampo prorrogó su licencia en la Universidad de Columbia, seguro de que continuaría en el gobierno, se llevó la desagradable sorpresa de verse relevado y reemplazado por Bonilla, figura cercana a Petro.

En materia económica el gobierno Petro puede presentar hasta ahora como logro tres aprobaciones: la reforma tributaria, la ley del plan de desarrollo y el proyecto de adiciones presupuestales. Con todo, hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional en el rosario de demandas propuestas en su contra.

En materia de tierras el gobierno ha sido un fracaso. Tenían el propósito de adquirir tres millones de hectáreas y escasamente han escriturado 32.000. Eso significa que van en el 1% de lo proyectado y ya ha transcurrido un año de gobierno. Al paso que llevan no pasarán de 130.000 hectáreas y ya la ministra redujo la meta a 1.500.000 hectáreas.

Hay importantes diferencias entre la ministra Mojica y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, quien además es su ex pareja.

No hay interés en adquirir las tierras de los llanos orientales y la Orinoquia por la ausencia de infraestructura.

Otras carteras, como la de Educación, poco tienen para registrar en este año.

Eso sí, el gobierno Petro ha estado rodeado de escándalos desde su posesión. Dos de ellos revisten mucha gravedad: la desaparición de una maleta llena de dinero de la casa de Laura Saravia, entonces jefe de gabinete, y un tema de financiación de la campaña de Petro con dineros al parecer ilícitos en lo que se ha llamado  “proceso 15 000″, el que desde ya afecta por completo su legitimidad.

El primer caso obligó a la salida de Laura Saravia por diversos abusos como someter a pruebas de polígrafo a la niñera de su hijo y costó la vida al teniente coronel Oscar Dávila. Quedaron flotando muchas dudas. Se ha dicho que la cantidad desaparecida era de 3000 millones.

En cuanto a la campaña resulta claro que se violaron los topes. Ya lo había denunciado el doctor José Manuel Abuchaibe, especialista en temas electorales: esto es causal de pérdida de la investidura. El Consejo Nacional Electoral está llevando a cabo la correspondiente investigación. Lo propio ocurre en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

En uno y otro de esos oscuros episodios se vio involucrado el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien con ocasión de la pérdida de la maleta hizo revelaciones acerca de entrada de dineros ilícitos, 15.000 millones, a la campaña.

La Fiscalía adelanta investigación por esos hechos, los que, valga decirlo, también dio a conocer Days Vásquez,  vinculando al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, quien sorpresivamente decidió cooperar con la Fiscalía.   

En la reanudación de la diligencia confirmó Nicolás Petro que habían entrado dineros ilícitos a la campaña. La declaración la rindió de manera libre y espontánea, contrario a lo que insinuaran su padre y los defensores de oficio del gobierno.

El propio Fiscal Burgos, en la citada diligencia dejó conocer el número de personas que tuvieron vinculación con Nicolás Petro y Day Vásquez, 26 en total.

En definitiva, exiguos logros y monumentales escándalos que reviven los tiempos del proceso 8.000, sólo que con el agravante que en esta ocasión hay una sociedad más consciente del papel que está llamada a cumplir y no se dude que lo va a hacer.

Desde Sincelejo el presidente manifestó que terminará su período de gobierno y expresó que “es al pueblo al que debo responder». Reiteró que no tuvo conocimiento de supuestas irregularidades en su campaña. Pero, como infiere que será vinculado a un proceso penal designó como su abogado a Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Este nombramiento permite inferir que tiene miedo y pondrá en práctica una estrategia de defensa similar a la del hoy expresidente Ernesto Samper, cuando   Monseñor Rubiano acuñó la célebre frase del elefante, que hoy sería un mamut.

Al final si el juicio político o el propiamente judicial prosperan y el Gobierno Petro termina antes de 2026, por la violación de los topes y el ingreso de cuestionados dineros, debe quedar por completo claro que caen el presidente, la vicepresidenta  y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.  

Viene a la memoria aquella gran frase del inmolado Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.) “El presidente Samper no se cae, nadie lo está tumbando. Pero tampoco se puede quedar (1.995)”. Un buen entendedor en el caso presente, comprende que en igual situación se encuentra Gustavo Petro.

Bogotá, D.C.  agosto 5 de 2027

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión