Impensable, pero acaba de ocurrir. En un fallo vergonzoso, reprochable, controvertible de consecuencias impredecibles, que invaden la órbita exclusiva del ejecutivo y el manejo de las relaciones internacionales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada resolviendo una tutela instaurada por el senador Iván Cepeda y otros de sus colegas senadores; aquel amigo entrañable de los alias Santrich y Márquez, tuteló dizque los derechos fundamentales a la participación política de los accionantes y dispuso mediante orden perentoria, que el presidente de la República, debe remitir en un plazo de 48 horas la actuación al Senado de la República toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América.
En ese mismo término, el tribunal ordenó suspender al señor presidente de la República, los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República se pronuncia. Desde luego, el anuncio de la apelación ante el Consejo de Estado por parte del Gobierno a través de su ministro de defensa no se hizo esperar; confiemos no se decida la apelación con otro discutible fallo.
Esta decisión judicial, que fue calificada por un exministro de justicia como un claro “golpe de estado”, es otra gravísima intromisión por parte de la rama judicial en la esfera exclusiva del accionar de la rama ejecutiva. La justicia con esa clase de decisión agrava aún más su credibilidad totalmente en entredicho desde que se descubriera el aberrante caso del denominado cartel de la toga. Hoy, como se sabe, varios de sus protagonistas se encuentran detenidos o huyendo, pero sus efectos siguen siendo devastadores, minaron la poca credibilidad que tenía la justicia, particularmente la impartida desde las altas cortes. Descubierto ese nefasto cartel que produjo daño inmenso, se creyó que sería posible al fin reformar integralmente la justicia, pero quien lo creyera, con ese sonado y perjudicial escándalo no ha sido posible hasta ahora reformarla.
En lo corrido del siglo veintiuno en sus 20 años los gobiernos de turno y el Congreso de la República no han estado a la altura ni satisfecho el reto que reclama la improrrogable necesidad de su reforma; con sus estrategias y cabildeos, los mismos magistrados se cree son los que han hecho imposible que se modifique.
Hoy, un país con cerca de cincuenta millones de habitantes no se justifica la existencia de seis altas corporaciones, como son Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral y ahora con un tribunal hecho a la medida de sus creadores, la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida con la JEP, que naciera con motivo de un proceso de paz negado por el pueblo en el plebiscito del dos de octubre de 2016.
El costo del funcionamiento de esas cortes es inmenso para el erario; los resultados pobres y precarios. Del sonado escándalo de corrupción del “cartel de la toga” se viene abriendo paso otra forma de corrupción perjudicial y peligrosa para la institucionalidad. Es la “tiranía judicial” de algunos operadores judiciales, que se finca en aplicar justicia, pero con claro sesgo político, que hace que se le califique de politizada. Ciertos magistrados y jueces, en actuaciones controvertibles al máximo, adoptan decisiones que dan al traste con años de trabajo e investigación.
Su origen puede remontare a varios lustros, pero en la práctica el fallo más discutible y que hoy sigue causando consecuencias de todo tipo fue ignorar olímpicamente el referendo que no aprobó el proceso de paz. Como siempre se pensó y se daba por descontado que el SI vencería, al ocurrir lo contrario, se puso en marcha una maraña de maniobras para poner en vigencia el Acuerdo de Paz conseguido en la Habana. Varios factores hicieron posible ignorar y desconocer la decisión popular pero la causa mayor que se consiguiera lo fue por la actuación cuestionable de la Justicia, que cuando se le imponía el deber y obligación de sentenciar respetando decisión del pueblo, se apartó y le dio vida a un proceso a todas luces inconstitucional. Ese invento en la tesis que el congreso de la República suple la voluntad del pueblo por delegación fue todo un despropósito y una clara decisión política, no judicial. El estudio y aprobación otrora de las normas de trámite rápido (Fast Track), fue la confirmación del ingreso y consolidación de la justicia politizada e ideologizada.
Ya vestidos con el traje de gala del blindaje constitucional se puso en práctica por tres de esas altas cortes su expresión tiránica inadmisible con el trato favorable, por citar este caso, al delincuente narcotraficante Seuxis Hernández, más conocido en el mundo criminal como alias Jesús Santrich; a quien se le dio la condición de congresista electo y sería “honorable” representante si recobraba su libertad. Era entonces claro que si no tomaba posesión nunca ha debido adquirir esa calidad, pero un fallo político el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia del CNE; le habilitaron el término para posesionarse y en una forzada interpretación sentenció que el no haberse posesionado por estar privado de la libertad, era una causal de fuerza mayor. Así consta en decisión de segunda instancia que le mantuvo la investidura proferida en mayo 28 de 2019, M.P. William Hernández Gómez, que no tuvo en cuenta para ese momento las conductas penales que ya le imputaban desde los Estados Unidos de América.
Peor resulto la ingenuidad de la Corte Suprema de Justicia en otro fallo político lo dejo en libertad convencida que se presentaría cuando lo requiriese. Era elemental que no podía recobrar su libertad pues se auguraba que se fugaría. El fiscal de entonces los había advertido. Pero la más descarada actuación corrió a cargo de la JEP quien en un fallo prevaricador adoptado en la Sección de Revisión, que salvaran su voto dos magistradas, no concedió la garantía de no extradición por lo que consiguió no ser extraditado.
Después, al quedar libre corrió prontamente a tomar posesión adquiriendo el bandido la investidura de congresista. Desde luego, lo hizo solamente para dejar una constancia en el Congreso y como todo hampón, era viable imaginarlo que así ocurriría, se fugó, regresó a sus andanzas, se levantó nuevamente en armas contra la Nación y por supuesto sigue en el negocio ilícito que tanto le encanta. ¿Quién responde ante este tamaño absurdo de esa tiranía judicial que se cuestiona? Hasta ahora nadie, y para seguir en la carencia de firmeza y sanción ahora en otra decisión laxa reciente de la Procuraduría, decretó la pérdida de su investidura y pérdida de sus derechos políticos por nimios 10 años.
Todo este oscuro panorama de cuestionable actuación de las altas cortes, tiene un actor que siempre resulta beneficiado, el narcotráfico. Cuando se ha comprobado que se exponen las vidas de policías y soldados que les colocan en funciones de erradicación, terminan a la postre sino muertos con graves mutilaciones. La forma de evitarlo es y será siempre la aspersión aérea con glifosato; pero esa tiranía judicial ha sido su mayor obstáculo. No hay lugar del territorio nacional que se dedique a la agricultura que no use el Roundup, el matamalezas más vendido en el mundo, que es el mismo glifosato sin ninguna consecuencia comprobada en la salud donde se aplica; pero por aquella decisión también política la Corte Constitucional no ha sido posible, hasta ahora, que se reanude el programa de erradicación de cultivos ilícitos, ya que se dispuso que debían cumplirse los requisitos previstos en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017. Que sigan las mutilaciones y muertes pareciera ser la consigna.
La democracia se consolida si la justicia es eficiente, objetiva, imparcial, garantista y en su aplicación, los jueces la impartan sin regirse por ninguna ideología, simplemente debe fundamentarse en el análisis y evaluación objetiva de los hechos y las pruebas. “La justicia es ciega”, no tiene mirada se le representa con los ojos vendados, sus decisiones deben estar fundamentadas en los hechos y respaldadas en la Constitución Política, las leyes vigentes, la jurisprudencia y la doctrina, sin ninguna clase de sesgo político. Si no se reforma integralmente la justicia y se pone fin a cuestionadas actuaciones judiciales, que no respetan otras ramas del poder público o se adoptan sólo por producir claros efectos políticos, se podrá llegar a vivir una similar situación a la que padece Venezuela por la pérdida de su institucionalidad. Después no nos lamentemos.
Bogotá, D.C. julio 4 de 2020
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión