La tan temida y aterrorizante Inquisición nace en el año 1184, mediante bula del Papa Lucio III Ad Abolendam1. En aquel entonces se exigió a los obispos que extirparan la herejía otorgándoseles la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Corría el año de 1252, el Papa Inocencio IV emite la bula Ad extirpanda a través de la cual autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En época de los Reyes Católicos, se emite en el año de 1483 una nueva bula que se extendió a los territorios de América, tanto en México, Lima y Cartagena de Indias se establecieron tribunales de la inquisición nombrándose como inquisidor general a Tomás de Torquemada.
En esa aciaga y oscura época inquisidora, tan pronto “se conocía una denuncia se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes…. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si este adivinaba quien había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto.2
Si pensáramos que ese descriptivo relato es ya historia nos equivocamos por completo. El auto de resolución de la situación jurídica al señor Expresidente de la República de Colombia Dr. Álvaro Uribe Vélez, tiene el mismo sello inquisitivo de aquel entonces, pero que lo sea es en pleno siglo XXI es francamente inconcebible. No cabe duda que ese papel lo encarna la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo lideró el “Torquemada” moderno, el exmagistrado JOSE LUIS BARCELÓ.
Nadie en Colombia escapa a la posibilidad de ser señalado, indagado, entrevistado, imputado incluso acusado y de ocurrir jamás puede entenderse que sea ya condenado. Le cobija la presunción de inocencia. Lamentablemente, en el auto de 1554 páginas que nadie veló porque se respetara su reserva, visto su contenido y sin prevención alguna, es el anticipo de la sentencia condenatoria al señor Expresidente de Colombia. En su expresión máxima inquisidora la Sala de Instrucción está prejuzgando en tan delicado caso objeto de su conocimiento.
Arrimar por decisión de un Magistrado, el inquisidor mayor Barceló, pruebas derivadas de grabación ilegal es regresarse al oprobioso tiempo pasado de la inquisición. Allá con torturas físicas se obtenía la confesión; acá ahora con decisiones ilegales se pretende sostener la acusación. El recaudo testimonial se hizo como en los tiempos de la inquisición a espaldas del defensor. No hubo contrainterrogatorio a los bandidos de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Caliche. Arrimar conversaciones con periodistas y fundarse en ellas para decidir merece toda clase de rechazo. La sana critica en materia penal como método de apreciación impone al Juez, la valoración objetiva, de conformidad con la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente pero no se comprende, entiende y menos que no se haya permitido contrainterrogar a esos dos testigos claves y arrimar a otros que los jueces descartaron por anticipado. La presencia como víctima del senador Iván Cepeda, frente a los delitos que se investiga presunto soborno y fraude procesal es cuestionable, esa representación más bien le compete al ministerio público.
Si se revisaran los procesos desde la expedición de la ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal) hasta la ley 906 de 2004 nuevo Código de Procedimiento Penal, (Sistema Penal Acusatorio), se pone en duda que se encuentre una providencia similar a la conocida, no sólo en su extensión sino en su argumentación que es más bien un escrito complejo y confuso de justificación de proceder de la Sala; se conoció según denuncia pública del abogado Jaime Lombana que hay en la decisión una firma que dejo conocer la aclaración al voto emitido, escrito de aclaración que al momento de escribir esta columna, no se sabe si se esfumó o se empapeló para no decir que se ocultó.
Todas las argumentaciones que, en sus primeras páginas del auto, en particular de la página 19 a la 46, lo son para justificar la procedencia de la medida de detención preventiva, que al final se dispuso fuera sustitutiva por la domiciliaria, están llenas de argumentos subjetivos que, si bien traen en respaldo de la posición citas jurisprudenciales en su apoyo, también mencionan una que ha debido primar y lo desconocen por completo. Las medidas de aseguramiento son la excepción y no la regla, buscando privilegiar un sistema penal garantista el cual tenga por objeto la protección de la dignidad humana, y no, la intención dañina de resquebrajar la honra y el buen nombre de quien ha sido concebido como el hasta ahora, el mejor presidente que ha tenido Colombia a lo largo del siglo XXI.
Contempla el artículo 354 de la ley 600 de 2000 lo que es la definición de la situación jurídica, que debe serlo en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva para casos en que el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver la situación jurídica es de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. La diligencia de indagatoria al Sr Expresidente se cumplió en octubre 8 de 2019, por lo que su situación jurídica debió ser resuelta en ese mismo mes de octubre de ese año, o un plazo adicional razonable, pero por motivos por conocer, les llevo a decidir en más de nueve meses, con el agravante que la defensa tan sólo tuvo escasos tres días para recurrir en reposición la imposición de la medida. Ya sabemos que no hizo uso de dicha posibilidad por apreciar el abogado defensor que “dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia, y simplemente facilitaría su legitimación”.
Se invoca en el auto que más bien parece la calificación del sumario o un acto de acusación que la detención preventiva es procedente, no lo creemos ni compartimos y la posición de la Sala de Instrucción es equivocada. El artículo 355 de la ley 600 de 2000, norma que contempla los fines de la medida de aseguramiento es clara en establecer: “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.
La norma general ayer, hoy y mañana es que solamente la personan condenadas por un Juez a través de un proceso que le respete todas sus garantías, puede ser privado de la libertad. La excepción es y será siempre la regla, pero no puede hacerse de la detención preventiva una práctica común para una persona que le ha cumplido a la justicia siempre que le ha requerido. Siempre que el Señor Álvaro Uribe Vélez ha sido citado siempre ha concurrido. Que existiera riesgo de fuga imposible creerlo ni siquiera pensarlo. La imagen del señor expresidente internacionalmente conocida, admirada y respaldada es la mejor garantía que no lo haría. Que vaya a destruir u obstruir la justicia si es francamente risible, Él más que nunca quiere que brille la justicia y que el proceso sea transparente, por eso dejó saber a través de su abogado que solicita se levante la reserva sumarial establecida para la protección del investigado.
Pero si los fines no se cumplen, tampoco se aprecia que se den los requisitos en el artículo 356 de la ley 600 de 2000, que dispone que se impondrá la medida de detención preventiva cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No se encuentra de la lectura cuidadosa del farragoso auto la existencia de esos dos indicios graves de responsabilidad. Hay yerros equivocaciones si se quiere de un abogado investigador que desempeñaba labores de recaudo y aseguramiento de la información que, su actuar frente a entregar unos nimios viáticos u ayudas humanitarias, explicados y defendidos en otro proceso por el abogado Iván Cancino, lo fue por su propia iniciativa jamás consentido por su poderdante.
Si se revisa el alcance del artículo 357 de la ley 600 de 2000 que contempla la procedencia de la medida de aseguramiento únicamente se cumple el del numeral 1. Esto es que el delito que se investiga tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años, las otras posibilidades allí previstas, no se da ninguna por supuesto.
Lo más elemental y crucial ante un juicio de esta importancia y envergadura es el equilibrio en las posiciones y el respeto a su presunción de inocencia, es el permitirle que se defienda en TOTAL Y COMPLETA LIBERTAD. Estar detenido así sea con una medida domiciliaria es excesivo por la Sala de Instrucción que no analizó y ponderó cuidadosamente los requisitos y fines de la detención preventiva dispuesta en la ley 600 de 2000. Además, no se está investigando a cualquier persona, así suene peyorativo, se adelanta proceso a quien ostenta una condición de expresidente de la República por ocho años. Su dignidad e investidura que le son propias, reclama y merece un trato digno, garantista de respeto a su sagrado derecho constitucional de estar en completa libertad para defenderse.
Al decir del abogado defensor que no instauró el recurso de reposición ya que al hacerlo facilitaría la legitimación de una decisión injusta queda claro que no solamente se está al frente de una decisión inquisidora, sino que se está también al frente de una decisión política y por supuesto en un juicio político no propiamente judicial. Esa naturaleza de la actuación inquietante por completo que debe corregirse, tiene demoledor efecto ese si en el acontecer político, pues lo que queda claro por ahora es que la detención improcedente, busca que al Dr. Álvaro Uribe Vélez impedirle seguir participando en la orientación política del movimiento que representa y es la forma de aislarlo en su lucha por mantener bien distante al Foro de Sao Paulo y de Puebla que se quiere hacer con la democracia e institucionalidad colombiana.
En abril 4 de 2017 mediante Acto Legislativo 01, se creó un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Como consecuencia de ello nacióLa Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sujeta a un régimen legal propio. En el artículo transitorio 2° se puntualizó que la Comisión es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al “esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Mediante decreto 588 de 2017 se organizó entonces la Comisión, que es más conocida como la Comisión de la Verdad.
El artículo 8 del Decreto 587 de 2017 fue enfático en señalar que los procedimientos de postulación y escogencia debían ofrecer garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia, tanto a la sociedad colombiana como a las víctimas. El mentado proceso de selección individual necesitaba contar con la adecuada idoneidad ética de los comisionados, una correcta imparcialidad que evitará un sesgo ideológico en la construcción de memoria histórica, incluyendo la ausencia de conflictos de intereses.
Para la época de su conformación quedó en evidencia la injerencia del Secretario de Naciones Unidas y La Corte Europea de Derechos Humanos para elegir aquellos que serían los llamados a esclarecer la verdad en 53 años del conflicto interno. Se comenzó mal en la forma escogida para hacer la elección, bajo ninguna circunstancia se debió permitir la participación foránea. El Comité de escogencia dio a conocer once nombres: seis hombres y cinco mujeres que representaban diversas regiones del país. Una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos; fueron elegidos entre 208 personas que se postularon.
La elección de Francisco de Roux dejó bastantes incertidumbres, no sólo por su imposibilidad de ejercer el cargo desde una perspectiva ética y canónica, sino también por su marcada tendencia a reivindicar la lucha de movimientos campesinos e indígenas desde una perspectiva dialéctica. Al respecto, el inciso 3 del canon 285 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, establece que; “les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”. Anotando, que la participación en los encargos que tienen como finalidad el servicio a la comunidad desde altas dignidades del Estado, se reservan para los laicos.
Los sacerdotes que sirven al bienestar de su comunidad lo hacen desde los sacramentos que emanan desde los cimientos del catolicismo, apartándose específicamente desde la polarización que implica estar en el debate de los asuntos de la vida nacional. Si bien, el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, su articulado no implica en modo alguno fuerza material de ley, se entiende que su incumplimiento no le es exigible a las autoridades de la nación, pero si, a las correspondientes autoridades eclesiásticas que para el efecto señale la Iglesia Católica. Si esto es así, ¿Estaba Francisco de Roux legitimado moralmente para ser comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición?, y, en ese caso ¿no debería ser sancionado por las autoridades de la Iglesia Católica por incumplir los deberes que le impone el Código de Derecho Canónico?, Con ello, solo se puede concluir que, no extraña ni sorprende el silencio hasta hoy de la iglesia en estas circunstancias, en otras épocas quizás no habría sido así.
Gracias a la firmeza, decisión y valentía del Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis, comisionado de esa entidad se conoció el pasado 24 de julio de 2020, en manifestación que extiende a los comisionados, una contundente denuncia que a manera de interrogantes deja conocer la actuación parcializada y sesgada de esa entidad en la que el Presidente de la Comisión asumió su responsabilidad por la censura o veto conocido. Esos excesos que no están en sus funciones como Presidente de la Comisión, impidieron que se expusieran desde otra perspectiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dieron los hechos que tuvieron lugar, específicamente en el Batallón de la Popa, donde el Coronel (RA) Hernán Mejía Gutiérrez fungió como comandante.
Tiene pues la CEV la búsqueda de las causas del conflicto que transversaliza a través de patrones sistémicos y masivos a partir de un enfoque territorial, en la que el papel de identificar a los responsables se hace desde una perspectiva colectiva y no individual. Para lograr tal objetivo, convoca a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces, se impone obligada pregunta ante los hechos que acaba de conocer la opinión pública ¿porqué fue vetado el evento organizado por el comisionado Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis? ¿Cuáles son las explicaciones que se utilizaron para censurar la participación de los panelistas en el evento organizado por el Comisionado Ospina, aún a sabiendas de que la Comisión de la Verdad tiene una función pluralista de escuchar a todo aquel que haya tenido injerencia en el Conflicto Armado Colombiano? ¿Acaso esta en las funciones del Presidente de la Comisión (Articulo 21) citar a un expresidente de la República para abrirle un espacio para contar ese si una “verdad” que nadie cree?.
Mientras se espera se resuelvan los puntuales interrogantes se anticipa de alguna manera que el cargo que ocupa el padre Francisco de Roux, le obnubiló, o como se dice en el común, se le subió el cargo a la cabeza, y deja conocer esa faceta desconocida u oculta de una personalidad arbitraria o para otros autoritarios, llegando a extremos inadmisibles, contrarios a lo que se espera del capitán del barco. Su proceder y justificación de un hecho que no tiene asidero legal le hace estar incurso en una conducta reprochable que debe ser materia de investigación.
No quepan dudas sobre el propósito que animó la creación de La Comisión de la Verdad, pero el manejo sesgado e irresponsable que le imprime ahora su conductor, deja saber que se perdió el norte, y se casó ideológicamente con una visión de la historia para que sea contada por aquellos que siempre fueron parte del problema de la sociedad colombiana, y hoy, se presentan como figuras intachables que enjuician a todo aquel que se atreve a decir la verdad y lo hacen censurándolos.
En conclusión, o corolario, la censura y veto en que acaba de incurrir la Comisión de la Verdad con uno de sus integrantes, es la clara demostración que primó su sesgo ideológico y sectario, que ya anticipa, descalifica y pone por completo en entredicho la versión o relato final que entregue esa entidad al concluir su mandato que es de tres años de los cuales se han cumplido ya dos. Hoy, la sociedad civil, le compete exigir que se cree y conforme una verdadera “Comisión Civil de la Verdad”, en la que se escuchen todos los autores del conflicto, en particular los militares que en esos 53 años del conflicto tuvieron injerencia y actuaron con sus armas en nombre de la República. La historia triste y sangrienta del conflicto colombiano en cerca de medio siglo, no se puede reescribir con claro sesgo parcializado, las generaciones futuras que conozcan la trágica historia del conflicto colombiano merecen respeto.
Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el enfoque estratégico del problema actual respecto a la doctrina táctica que está aplicando la Fuerza hoy…
Al decir cínicamente Rodrigo Londoño Echeverri más conocido por su alias Timochenko, máximo jefe del movimiento Farc y Griselda Lobo Silva que se le conoce más con sus alias de Sandra Ramírez o Sandra Lobo, que no hubo reclutamiento de menores, es la más fehaciente demostración que en la subversión el fin justifica los medios; siempre esta estrategia de lucha por el poder es de recibo la mentira, en la más fehaciente muestra de la aplicación de la doctrina Gramsci. La burla de los mensajes que dejaran conocer esta semana estos reprochables voceros para justificar lo injustificable, es por supuesto la clara demostración que anticipa que no habrá verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Pero no es solo esta negativa abominable, es más inquietante que ante la JEP los ostentosos hoy voceros de ese movimiento otrora terrorista de las Farc, han impulsado 28 recursos para que los casos de reclutamiento de menores no avancen y en otros casos, tienen la desfachatez en decir que los calumnian porque judicialmente no está demostrado esa conducta criminal; por fortuna un juez de la república en fallo reciente dejo saber que pese a la no sentencia condenatoria, reafirmo la libertad de expresión y el derecho a opinar sobre quienes en el pasado estuvieron vinculados a las Farc
La Convención de Ginebra suscrita en buen momento por Colombia, fue la primera en prohibir el reclutamiento y la participación de niños menores de 15 años en un conflicto armado. A lo largo de su completo articulado, no se exoneró ni justificó esa práctica inhumana, porque el niño ingresara voluntariamente. Lo propio hace la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, ratificada por Colombia, en la cual igualmente se contempló la edad de los quince años como límite mínimo para el reclutamiento, enfatizando en que los grupos armados no deben reclutar menores de 18 años.
Expresa su “Artículo 38…. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad….”
Nuestro país se demoró en ocuparse a fondo del tema. El reconocimiento de los niños como víctimas del reclutamiento forzado sólo se consiguió con la expedición de la Ley 418 de 1997, que estableció el delito de reclutamiento ilícito, la cual fuera modificada por el artículo 5 de la ley 1421 de 2010.
Ahora bien, resulta inadmisible que se pretenda justificar el reclutamiento de menores con un supuesto consentimiento en consideración a que los jóvenes o niños reclutados por el entonces grupo terrorista de las FARC, lo hacían voluntariamente para justificar su ingreso a las filas, para convertirlos y utilizarlos como carne de cañón, en hostilidades y operaciones irregulares, se cae de su peso esa nimia explicación. Nunca ese inventado y rebuscado consentimiento ahora como justificación al ingreso a las filas será de recibo y aceptación; tanto en nuestra legislación interna como en la internacional no se exonera al grupo armado por contar con un nulo absoluto consentimiento que jamás será voluntario en medio de la amenaza y tenencia de armas por donde se mire; solo imaginemos y preguntémonos ¿qué validez tendría la expresión de un asentimiento de tanto joven arrebatado de su humilde hogar por esa ralea de delincuentes y bandidos armados hasta los dientes?
Todo menor de edad en ese entonces y hoy en día, no puede expresar voluntaria y libremente su consentimiento así sea para laborar en una profesión y oficio. Por eso la ley le protege y demanda que en casos de menores sus actos para revestir y tener validez requieren el consentimiento de sus padres. Miles son los casos de los humildes colombianos desplazados por la violencia guerrillera que emigraron de los campos a las ciudades para evitar el reclutamiento de sus hijos. Ningún padre en su sano juicio y más aquel de arraigo campesino, quería que le enrolaran en sus filas los seres más queridos, como son los hijos.
La propia Corte Constitucional mediante auto A 251-08 expedido por el magistrado Manuel Cepeda se pronunció en puntuales términos recalcando que los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado son sujetos de protección constitucional imperativa y prioritaria. Dice el auto en cuestión: “Primero. – CONSTATAR que los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento no son tratados de manera acorde con su status constitucional como sujetos de protección especial en sí mismos, titulares de derechos fundamentales prevalecientes, y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada; y DECLARAR que sus derechos fundamentales prevalecientes que están siendo masiva y continuamente desconocidos (arts. 5 y 44, C.P.)”.
Hoy, con esas procaces e irrespetuosas declaraciones de estos dos individuos desvergonzados del movimiento FARC, que pretenden mostrarse como adalides despreocupados por la infancia, dejando saber que no reclutaron, cuando es notorio, evidente, comprobado e informado, consta en videos y los reiteran las integrantes de la Corporación Rosa Blanca y otras organizaciones representativas de víctimas que el conflicto antes y ahora, que si existió y se dio el reclutamiento de menores; muchos de los cuales desaparecieron y no se tiene rastro de ellos. La pomposa Vicepresidente del senado, está en mora de contar ¿cuál fue la final suerte de ellos?
La lamentable muerte de los adolescentes que provocó la salida del Ministro de Defensa Guillermo Botero, es la demostración del descarado y abusivo reclutamiento que siguen las mal denominadas disidencias de las FARC haciendo. Cuando se dio el hecho, estos ansiosos y amigos de entregar declaraciones a los medios, no rechazaron el reclutamiento, pero si se aprestaron a condenar el bombardeo.
Si con ese cinismo con el que hoy entregaron declaraciones a los medios que tanto gustan de entrevistar cuestionados personajes, van a declarar ante la JEP que no reclutaban menores porque llegaron a las filas voluntariamente, o hacen uso de recursos y tácticas dilatorias para que no se conozca la verdad que están obligados a entregar, es de esperarse que ese tribunal confeccionado a su medida, tenga alguna futura decisión absurda como la ya vista ocurrida con Santrich en el tema de su garantía de no extradición, hará que este execrable delito, no escape al conocimiento de la Corte Penal Internacional quien tiene plena jurisdicción para investigar y sancionar en nuestro país el reclutamiento de menores de quince años desde el primero de noviembre de 2009.
La estrategia en marcha es clara. Negar el reclutamiento de menores, mañana el secuestro que lo llaman retención, luego los actos criminales de todo tipo, en particular los que emplearan con material explosivo, los van justifican como actos de guerra y todas otras graves conductas cometidas en los largos 53 años.
Hoy con lo que lleva en la práctica el denominado proceso de paz, se puede inferir que esa actuación armada en la Habana y firmado en el Teatro Colón, rechazado por el Plebiscito del dos (2) de octubre de 2016, se convertirá entonces en la mayor estafa que se ha cometido con el pueblo colombiano. No hay voluntad de cumplir, sólo hay interés en negar; por supuesto, aquellos que se les acaba de comprobar su actuar delictivo, en extraña complicidad corrieron prontamente alzarse en armas contra la República, incumpliendo el blindado Acuerdo, entre los que hoy se conoce se encuentra el hijastro de alias “Tirofijo”, Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, que se crio en medio de la violencia que le inculcó sus progenitor con su compañera sentimental, que hoy ostenta quien lo creyera, el cargo de vicepresidenta del Congreso de la República; herencia del expresidente Juan Manuel Santos que les hizo aprobar el estatuto de la oposición. (Ley 1909 del 9 julio de 2018), y quien se conoce está al lado de Santrich y Márquez, alzado en armas. ¡Que familia!
No olviden señores de las FARC los crímenes de guerra como el reclutamiento a menores de edad no son amnistiables ni indultables, su estrategia en negarlos no les va a funcionar; la sociedad colombiana ya ha aceptado demasiado pero este monumental sapo no se lo va a tragar como dicen los jóvenes de hoy en su forma de expresarse, y si lo consiguieren en la JEP, esas conductas gracias a la presencia del Derecho Internacional Humanitario, serán por siempre crímenes de guerra, de conocimiento de la Corte Penal Internacional.
En el Día de nuestra Independencia Les envíiamos este video del bambuco “Quiero a Colombia con el alma”, música y letra de Carlos Alberto, interpretación del Grupo Pluma. Ojalá les guste 🇨🇴
José María Carbonell fue el gran agitador del 20 de julio y, además, participó en otros cinco hechos fundamentales de nuestra historia: el primer golpe de Estado, acompañó a Antonio Nariño cuando se destituyó del poder a Jorge Tadeo Lozano y se nombró como presidente de Cundinamarca a nuestro Precursor; en la segunda denominación de nuestros partidos políticos, cuando se llamaron “Carracos” y “Pateadores”; es el primer preso político de la historia republicana de Colombia, pues fue detenido el 16 de agosto de 1810 por la caballería que comandaba el presidente de la Junta Suprema santafereña José Miguel Pey; es el primer ministro de hacienda del país unificado por Bolívar en diciembre de 1814; preside la Junta Tumultuaria de San Victorino (como la llamó Pablo Morillo), primera expresión de la rebeldía del pueblo en la conformación de nuestra nacionalidad.
Nació Carbonell en Santa Fe de Bogotá el 3 de febrero de 1779 y murió en el patíbulo de Morillo el 19 de junio de 1816, a la edad de 37 años. Hijo de José Carbonell Rojas, español, y la santafereña Josefa Martínez Valderrama Díaz de Arcaya, tía del célebre “Padre Manuel”, aquel Manuel Benito de Castro; Carbonell contrajo matrimonio el 24 de febrero de 1800 con doña Petrona López Duro y Álvarez del Casal, prima hermana de Antonio Nariño y sobrina carnal del dictador de Cundinamarca Manuel de Bernardo Álvarez, matrimonio que no fue feliz y terminó en divorcio y embargo por alimentos del sueldo de don José María, en la tesorería de la Real Expedición Botánica del Reino que dirigía el sabio naturalista gaditano José Celestino Mutis y Bossio, empresa donde nuestro agitador desempeñaba el cargo de amanuense.
Se educó en el Colegio de San Bartolomé donde vistió la beca seminaria, fue tesorero y contador de hacienda de Cundinamarca, capitán de milicias de infantería, presidente de la Junta de Represalias ordenada por Nariño contra los federalistas, protector de naturales, ministro del tesoro y cuatro veces detenido por sus actividades revolucionarias; tuvo la peor muerte en el patíbulo, Morillo lo condenó a la horca, fue el único patriota al que se le aplicó esta pena. En medio del ajusticiamiento “el Pacificador” ordenó dispararle un tiro de mosquete, con tan mala fortuna que sus ropas se incendiaron y terminó su vida quemado. Sus pocos bienes fueron confiscados y rematados en pública subasta; vivía, a la hora de su muerte, a un costado, hacia el sur, del sitio donde hoy está ubicada la Universidad Libre.
Las autoridades españolas
A la cabeza del poder español en estas tierras, estaba el virrey Antonio Amar y Borbón, llegado a Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada, a los 61 años, tenía 68 a la hora de la independencia y murió, aparentemente, en Zaragoza, en 1826, cuando alcanzaba la increíble edad de 84 años en tiempos en que la expectativa de vida al nacer apenas si superaba los 35 años; ya no era la persona para gobernar y, menos aún, para enfrentar una revuelta política que necesitaba una personalidad fuerte y no a un pusilánime y débil de carácter, sometido a los ímpetus y el amor al dinero de que hacía gala la virreina Francisca Villanova y Marco, quien fue acusada de vender los puestos del mercado público y adelantar tráfico de influencias con su marido, motivo por el cual el pueblo raso santafereño la llevó a la cárcel del divorcio, la insultó y rasgó sus vestiduras. Para protegerlos, la Junta Suprema debió inventarse una procesión a Nuestra Señora del Tránsito, con el fin de distraer a Carbonell y a los chisperos y poder sacar a los virreyes rumbo a Cartagena el 14 de agosto de 1810, 20 días después de haber sido depuesto del mando.
Recordemos que en un comienzo la Suprema nombró como presidente de la misma al hasta entonces virrey, pero lo depuso cinco días después. El poder armado estaba en ese momento en manos de un personaje siniestro, que cubrió de sangre nuestra geografía, de la cual habría de ser, de mano del “Pacificador” Pablo Morillo, virrey, mando que ejercía a la hora de la batalla de Boyacá: era Juan de Sámano de 56 años, nacido en Santander-España y llegado a Santa Fe de Riohacha donde fue gobernador y llevaba menos de un año en la capital del reino, el 20 de julio, como comandante del batallón auxiliar y tenía de segundo a José María Moledo, abuelo del regenerador Rafael Wenceslao Núñez Moledo el padre de la Constitución de 1886. Moledo y José María Baraya evitaron que Sámano atacara al pueblo o convenciera al virrey de reprimir a los manifestantes que respondían a las consignas de los chisperos. La otra autoridad importante era la de la Real Audiencia, integrada por los oidores, con funciones administrativas, de control político y administración de justicia.
Instituciones coloniales
El virrey era la cabeza del gobierno, por lo general militares en tiempos de los borbones que no podían casarse con gentes de la región ni tener allí negocios; los visitadores reemplazaban a la autoridad sujeta a la visita mientras comprobaban el correcto manejo de la cosa pública; la Audiencia representaba el poder judicial y estaba conformada por oidores; el Consulado, hacía el papel de Cámara de Comercio y regulaba los negocios privados; la Inquisición, con el título de “santa” perseguía la herejía y la brujería; el Cuerpo de Minería, tenía funciones administrativas y judiciales en lo tocante a la producción del oro; la Junta Superior de Hacienda, respondía por los asuntos económicos de la corona, el recaudo de impuestos era un oficio vendible a particulares; el gobernador, mandaba en las provincias y dependía del virrey o capitán general; el teniente de gobernador, era el reemplazo o suplente del gobernador; el corregidor, atendía los asuntos concernientes a los indígenas; el Cabildo, era la máxima autoridad del municipio, tenía 12 regidores, ocho por compra del cargo y cuatro nombrados por el rey, controlaba los recaudos y los gastos. La hacienda tenía cuatro tipos de funcionarios: tesorero, contador, factor (almacenista) y veedor (vigilaba la fundición de oro y plata). El municipio era manejado por: regidor, alcalde, alférez real, alcalde de la hermandad, fiel ejecutor, receptor de penas, escribano público, alguacil mayor, depositario general, síndico, procurador general, Cabildo y auditor de guerra.
La economía en 1810
La bonanza que vivió la economía de España y sus colonias en América, llegó a su fin por la invasión napoleónica en 1808. Los borbones habían hecho un gran esfuerzo para reducir la carga impositiva que golpeaba a los granadinos. El contrabando era casi una obligación ante las restricciones establecidas por la corona y representaba, aproximadamente, el 15% del comercio legal, lo que permitía comprar a ingleses, franceses y holandeses, utilizando el “camino de Jerusalén” que comenzaba en Riohacha y llegaba hasta Mompox, utilizando el oro en polvo que también se contrabandeaba en las minas, como sucedía con textiles, licores, calzado.
Salomón Kalmanovitz1 ha calculado que el producto por habitante de la Nueva Granada era de 27 pesos plata contra casi 42 de México y que la Nueva Granada exportaba, para la misma época, 2 millones de pesos plata, cuando el Perú exportaba 8 y México 18, lo que habla de la pobreza de este reino. El cultivo de la tierra estaba limitado por los latifundios y las propiedades eclesiásticas, que congelaban su uso y las sacaban del círculo comercial. El Estado no invertía en educación ni infraestructura, a pesar de ser muy costoso su mantenimiento y cargar con un montón de taras: esclavitud, privilegios de los nobles, mantenimiento de la iglesia, el ejército y los gremios. Muchas de las ciudades que marchaban a la vanguardia del país, colapsaron por esta época: Tunja, Cartagena, Santa Marta, Mompox, Girón, Pamplona, Honda, Cartago, Popayán, Santa Fe de Antioquia, Socorro y dieron paso a otras que cambiaron el mapa del desarrollo granadino, las relaciones de poder y la influencia política; con excepción del oro, poco más se podía exportar que fuera atractivo para los mercados externos. Antioquia, Cauca y Cundinamarca jalonan el crecimiento demográfico de la nación, en detrimento de la costa Atlántica y los santanderes; las regiones más ricas, en su orden, eran: Panamá, Bolívar, Antioquia y Cundinamarca y los últimos: Tolima, Santander y Boyacá; las vías de comunicación eran los ríos, sobre todo el Magdalena y el Cauca, y pare de contar, porque incluso el comercio de cabotaje en las costas era mínimo, y el Atrato apenas comenzaba a tener importancia después de 200 años de tener su navegación prohibida; la movilización de las personas necesitaba de pasaporte y era vigilada, controlada y restringida por las autoridades.
El Llorente del florero era González
Una costumbre muy española es la de llamar a las personas por su segundo apellido, éste es el caso de don José González Llorente, quien por el incidente del “florero” el 20 de julio de 1810, pasó a la historia, únicamente, por el apellido de su madre: Llorente y el florero que pudo ser el “florero de González”, quedó como “el florero de Llorente”. En esa fecha histórica, cuando respondiendo a una solicitud de préstamo de un florero para adornar una mesa que serviría para un homenaje al comisionado regio, el quiteño Antonio de Villavicencio, se fue de lengua y ofendió a los americanos con expresiones de grueso calibre; González era gaditano y había llegado en 1779 a Cartagena, pasando luego a Santa Fe donde contrajo matrimonio con María Dolores Ponce y Lombana, matrimonio del que hubo siete hijos y vivía, además, con un hermano menor, su suegra y once cuñados; tenía fama de caritativo y poseía el mejor almacén de la calle real, exportaba quinas e importaba telas, paños, porcelanas, básculas, etc. Su agresiva actitud del 20 de julio, provocada por un bien estudiado libreto de los revoltosos, aprovechando que era día de mercado y la plaza estaba llena de compradores y vendedores, ocasionó la revuelta que concluyó con la independencia de la Nueva Granada. Ese día González debió ser llevado a la cárcel para salvarlo del linchamiento del populacho; siguió viviendo en la capital, pero la presión política lo hizo salir del país acompañado de su numerosa familia, y dejó como albacea testamentario a Camilo Torres, cambiado luego por Ramón de la Infiesta; salió por Honda y Cartagena, paró en Jamaica, donde le escribió a Fernando VII una carta en la que consignó su versión de los hechos acontecidos en 1810, y pasó a Cuba, y murió en la ciudad de Camagüey.
Preparación del golpe
Al iniciarse el año de 1810 era regente Francisco Manuel Herrera, asesor Anselmo Bierna y Mazo y oidores Juan Hernández de Alba, Manuel Martínez Mancilla, Juan Jurado, Diego Frías, Francisco Cortázar y Joaquín Carrión y Moreno; y con el fin de reducir el poder de los criollos en el Cabildo, el virrey Amar nombró seis regidores añales (duraban un año), todos españoles, para que influyeran en el nombramiento de los alcaldes de primer y segundo votos, nombramientos que recayeron en José Miguel Pey y Juan Gómez, respectivamente. Los regidores eran Bernardo Gutiérrez, Ramón Infiesta, Vicente Rojo, José Joaquín Álvarez, Lorenzo Marroquín y Joaquín Urdaneta. Estaba completo el cuadro de las autoridades que acompañaban en el mando a Antonio Amar y Borbón.
A raíz de las reuniones del 6 y 11 de septiembre de 1809, convocadas por el virrey Amar para estudiar la situación de Quito, se abrieron causas secretas por desafección al régimen contra José Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Frutos Joaquín Gutiérrez, José María del Castillo y Rada, Gregorio Gutiérrez Moreno, Andrés Rosillo, Manuel Pombo, Tomás Tenorio, Antonio Gallardo, Nicolás Mauricio Omaña, Pablo Plata y Luis de Ayala; el 21 de enero se trajo preso al magistral Andrés María Rosillo y Meruelo. La Audiencia pretendió derrocar al virrey Amar y reemplazarlo por el teniente del rey, Blas de Soria, y le abrió causa secreta que no se siguió porque las circunstancias señalaban el peligro que una acción de ese tipo podría significar para la vida institucional del Nuevo Reino y su posible desestabilización a favor de quienes conspiraban en la sombra. Luego fue el alzamiento de Salgar, Rosillo y Cadena en los Llanos, siguió la reyerta de Ignacio de Herrera contra el alférez real Bernardo Gutiérrez y los documentos “Memorial de Agravios” de Camilo Torres y el “Manifiesto de un americano imparcial” de Ignacio de Herrera. El plato estaba servido, sólo faltaba encender la mecha; los patriotas se reunieron en el Observatorio Astronómico que dirigía Caldas y prepararon minuciosamente el libreto que debían cumplir al día siguiente y pusieron como chivo expiatorio a un español bocón que tenía una tienda en una esquina de la plaza principal, don José González Llorente. Así comenzó la historia.
Los rebeldes criollos
El papel de las mujeres fue definitivo, no estuvieron en la primera línea de los nombramientos, pero fueron las que le pusieron el pecho a los cañones de Sámano e impidieron que las tropas les dispararan a los rebeldes, ellas merecen un gran monumento a las madres de la revolución. La voz cantante de la revolución fue don José Acevedo y Gómez, charaleño, conocido como “el Tribuno del Pueblo”, cuya casa fue protegida por el pueblo en la noche del 19 de julio porque corrió el rumor de que unos cuantos patriotas, encabezados por Acevedo, serían detenidos por los oidores; él fue quien se dirigió al pueblo y sugirió los nombres que debían hacer parte de la Junta Suprema, cuando pronunció la célebre frase “Si dejáis pasar estos momentos de efervescencia y de calor…” El otro baluarte de los criollos fue el militar santafereño Antonio Baraya, comprometido con el golpe y control efectivo de las pretensiones de Sámano, y fue quien entregó el parque a los patriotas, evitando un derramamiento de sangre; se le considera el primer militar granadino y jugó un papel muy importante en las luchas guerreras de la primera república.
La Bogotá de 1810
Según el autor consultado, Santa Fe de Bogotá tenía entre 25.000 y 30.000 habitantes, la bañaban cuatro ríos: Fucha, San Francisco, Arzobispo y San Agustín, dos quebradas, Las Delicias y La Vieja; y cuatro chorros, Belén, Fiscal, Botellas y Padilla. Apenas se estaban terminando las obras de reconstrucción por el terremoto del 16 de junio de 1805 que destruyó el 25% de la ciudad, que tenía unas 200 manzanas en las que abundaban los perros, no había acueducto ni alcantarillado y estaban divididas en ocho barrios, cada uno con su alcalde2, así: La Catedral, del Príncipe, del Palacio, San Jorge, Las Nieves Oriental, Las Nieves Occidental, San Victorino y Santa Bárbara; con el tiempo, los dos primeros tomaron el nombre de La Candelaria. No existían barrios linajudos, pero la gente de algún dinero se concentraba en la Calle Real, la única con construcciones de dos pisos, al pie de la plaza de las hierbas (actual parque de Santander) o cerca de la plaza mayor.
En la plaza principal había una fuente con una figura que se pretendió fuera san Juan Bautista, pero que la gente llamó “el mono de la pila”, quitado años más tarde para colocar a Bolívar y llevado al hoy Museo de Arte Colonial; la unidad monetaria era el castellano de oro y el peso dividido en ocho reales. Además, había onzas, escudos y doblones. En la construcción, la madera reemplazó a la piedra y el adobe a la tapia pisada. El vehículo de movilización era el caballo; la biblioteca pública contaba con más de 20.000 volúmenes, muchos de ellos verdaderos incunables producto del decomiso a los jesuitas. Se destacaba mucha gente culta y había varias tertulias literarias, como la Eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez, la del Buen Gusto de Manuela Santamaría de Manrique y la de Antonio Nariño. Los dominicos regentaban la Universidad Tomística, los jesuitas la Academia Javeriana y el Colegio de San Bartolomé (hasta 1767 cuando se produjo la “Pragmática Sanción” de Carlos III), los agustinos el colegio San Nicolás Bari, los seculares el Colegio Mayor del Rosario y las monjas de La Enseñanza el primer colegio femenino fundado en Latinoamérica. Las gentes se divertían fumando tabaco y jugando naipes; la bebida tradicional era el chocolate, cambiado por el café cuando llegó la Legión Británica; casi el 60% de la población estaba formado por mujeres; la ciudad la resguardaban muy pocas tropas, tenía dos mil casas y contaba con 28 iglesias.
La junta tumultuaria de San Victorino
El 21 de julio de 1810, a las cinco de la tarde, don José María Carbonell sentó el precedente revolucionario más importante de nuestra historia, desconoció a la Junta Suprema y estableció en un local del barrio San Victorino una Junta Popular que Morillo llamó “Tumultuaria”. Carbonell fue elegido presidente, el procurador Eduardo Pontón vicepresidente y los vocales fueron Ignacio de Herrera y Vergara, Manuel García, Juan José Monsalve, Antonio Ricaurte y Lozano, Manuel Posse, Domingo Rosas y Francisco Javier Gómez. Por primera vez el pueblo de Santa Fe elegía libre y soberanamente a sus conductores. Esta Junta se movilizó por las calles de la ciudad e impuso su ley durante 25 días. Infortunadamente careció de la conciencia política y la organización que le pudieran haber asegurado el triunfo.
¿Revolución o independencia?
¿El 20 de julio se produjo la independencia de la Nueva Granada o fue apenas un hecho revolucionario sin mayor significación? ni lo uno ni lo otro. En el primer momento, lo que el patriciado quería era tener mayor acceso al poder, sólo Carbonell habló de independencia y de financiarla con los bienes de la iglesia, pero nadie le paró bolas y a la cabeza de la Junta se nombró al virrey Amar. El 20 de julio, como en todos los movimientos ocurridos en el resto del continente, los criollos desplazaron a los españoles del mando, pero sin pretender la independencia de España, aunque los hechos y el papel jugado, tanto por la masonería como por las sociedades económicas de amigos del país, las teorías de la independencia norteamericana y la revolución francesa, y la formación de dirigentes en la Real Expedición Botánica del Reino, como la misma reacción de la corona española, obligaron a declarar la independencia absoluta.
Los grandes ausentes
Dos personajes fueron los grandes ausentes de las jornadas del 20 de julio de 1810: Antonio Nariño y Álvarez y Francisco José de Caldas. Nariño no estaba en la capital, había llegado preso a Cartagena el 2 de enero de 1810 (había sido detenido en Santa Fe el 23 de noviembre de 1809) y sólo vino a salir por las gestiones del comisionado regio Antonio de Villavicencio y fue acogido en la casa de Enrique Samoyar Griselli y Gómez, donde se recuperó; desde allí alzó su pluma para refutar a Cartagena su propuesta de hacer el Congreso del reino en Medellín, en un escrito que llevó por título “Consideraciones sobre los inconvenientes de alterar la convocatoria hecha por la ciudad de Santa Fe en 29 de julio de 1810”; le dio permiso a su hijo Vicente para contraer matrimonio con la antioqueña Eugenia Salazar y Morales y sólo el 20 de octubre de 1810 pudo iniciar camino hacia Santa Fe, donde lo esperaban el cariño del pueblo y las nuevas responsabilidades en las que dejaría su impronta de líder. El otro ausente de los hechos revolucionarios del 20 de julio fue Caldas, no obstante que estaba en la ciudad, que había prestado su “oficina” del Observatorio para que se planeara el golpe, que fue quien pasó por la tienda de González Llorente en los momentos previos al comienzo de la trifulca, sin embargo, debió esconderse en el último retrete del Observatorio porque no participó en el cabildo abierto, no firmó el acta de independencia, ni hizo presencia entre las nuevas autoridades nombradas ese día; de acuerdo con su propio testimonio, en carta a su esposa, le contó que había preferido marginarse de los hechos. ¿Cuál fue la razón de su actitud?, ésta es una de las incógnitas históricas del momento.
Acta de Independencia (Extracto) Cabildo extraordinario del 20 de Julio de 1810
En la ciudad de Santa fe, a veinte de julio de mil ochocientos diez, y hora de las seis de la tarde, se presentaron los señores muy ilustre cabildo, en calidad de extraordinario, en virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública y proclamado por su diputado el señor regidor don José Acevedo y Gómez, para que le propusiese los vocales en quienes el mismo pueblo iba a depositar el supremo gobierno del Reino; y habiendo hecho presente dicho señor regidor que era necesario contar con la autoridad actual jefe, el excelentísimo Señor don Antonio Amar, se mandó una diputación compuesta del señor contador de la Real casa de la Moneda, don Manuel de Pombo y don Luis Rubio, vecinos, a dicho señor excelentísimo, haciéndole presente las solicitudes justas y arregladas de este pueblo, y pidiéndole para su seguridad y ocurrencias del día de hoy, pusiese a disposición de este cuerpo las armas, mandando por lo pronto una compañía para resguardo de las casas capitulares, comandada por el capitán don Antonio Baraya. Impuesto su excelencia de las solicitudes del pueblo, se prestó con la mayor franqueza a ellas. En seguida se manifestó al mismo pueblo la lista de los sujetos que había proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros legítimos de este cuerpo […] se deposite en toda la junta el gobierno supremo de este reino interinamente, mientras la misma junta forma la constitución que afiance la felicidad pública, contando con las nobles provincias, a las que en el instante se les pedirán sus diputados, formando este cuerpo el reglamento para las elecciones en dichas provincias; y tanto éste como la constitución de gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad, independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que, a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno a la Suprema junta de Regencia, ínterin exista en la Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo, y en los términos dichos, y después de haberle exhortado el señor regidor su diputado a que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos en el momento de esta fatal crisis, porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos, debe resultar la felicidad pública, protestando que el nuevo gobierno castigará a los delincuentes conforme a las leyes, concluyó recomendado muy particularmente al pueblo la persona del excelentísimo señor don Antonio Amar; respondió el pueblo con las señales de la mayor complacencia, aprobando cuanto expuso su diputado. Y en seguida se leyó la lista de las personas elegidas y proclamadas, en quienes, con el ilustre cabildo, ha depositado el gobierno supremo del reino, y fueron los señores.
Doctor don Juan Bautista Pey, arcediano de esta santa iglesia catedral, don José Sanz de Santamaría, tesorero de esta real Casa de la moneda, don Manuel de Pombo, contador de la misma, doctor don Camilo Torres; don Luis Caicedo y Flórez; doctor don Miguel de Pombo, don Francisco Morales; doctor don Pedro Groot; doctor don Fruto Gutiérrez; doctor don José Miguel Pey, alcalde ordinario de primer voto; don Juan Gómez, de segundo, doctor don Luis Azuola; doctor don Manuel Álvarez; doctor don Ignacio Herrera, don Joaquín Camacho, doctor don Emigdio Benítez, el capitán don Antonio Baraya, teniente coronel José María Moledo; el reverendo padre Fray Diego Padilla, don Sinforoso Mutis; doctor Francisco Serrano Gómez; don José Martín París, administrador principal de tabacos; doctor don Antonio Morales; doctor don Nicolás Mauricio Omaña. En este estado proclamó el pueblo con viva y aclamaciones a favor de todos los nombrados, y notando la moderación de su diputado el expresado señor regidor don José Acevedo, dijo que debía ser primero de los vocales, y en seguida nombró también de tal vocal al señor magistral doctor don Andrés Rosillo, aclamando su libertad, como lo ha hecho en toda la tarde, y protestando ir en este momento a sacarle de la prisión en que se halla. […]
Juramos por el Dios que existe en los cielos y cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la constitución y voluntad del pueblo expresada en esta acta, acerca de la forma del gobierno provisional que han instalado: derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada religión católica, apostólica, romana, nuestro amado monarca Fernando VII y la libertad de la patria; conservar la libertad e independencia de este Reino en los términos acordados; trabajar con infatigable celo para formar la Constitución bajo los puntos acordados, y en una palabra, cuanto conduzca a la felicidad de la patria. […]
[Firmantes]
Juan Jurado, doctor José Miguel Pey, Juan Gómez, Juan Bautista Pey, José María Domínguez de Castillo, José Ortega, Fernando de Benjumea, José Acevedo y Gómez, Francisco Fernández Heredia Suescún, doctor Ignacio de Herrera, Nepomuceno Rodríguez de Lago, Joaquín Camacho, José de Leyva, Rafael Córdova, José María Moledo, Antonio Baraya, Manuel Bernardo Álvarez, Pedro Groot, Manuel de Pombo, José Sanz de Santamaría, fray Juan Antonio González, guardián de San Francisco; Nicolás Mauricio de Omaña, Pablo Plata, Emigdio Benítez Plata, Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, Camilo Torres, doctor Santiago Torres y Peña, Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra, Celi de Albear, fray Mariano Garnica, fray José Cavaría, Nicolás Cuervo, Antonio Ignacio Gallardo, rector del Rosario; doctor José Ignacio Pescador, Antonio Morales, José Ignacio Álvarez, Sinforoso Mutis, Manuel Pardo. Las firmas que faltan en esta Acta, y están en el cuaderno de la Suprema Junta, son las siguientes: Luis Sarmiento, José María Carbonell, doctor Vicente de la Rocha, José Antonio Amaya Plata, Miguel Rosillo y Meruelo, José Martín París, Gregorio José Martínez Portillo, Juan María Pardo, José María León, doctor Miguel de Pombo, Luis Eduardo de Azuola, doctor Juan Nepomuceno Azuero Plata, doctor Julián Joaquín de la Rocha, Juan Manuel Ramírez, Juan José Mutienx. Ante mí, Eugenio Martín Melendro.
*Rodrigo Llano Isaza :Administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal Colombiano. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, de número de la Academia de Historia de Bogotá y presidente de la Academia Liberal de Historia.
Referencias bibliográficas
Salomón Kalmanovitz. Consecuencias económicas del proceso de independencia en Colombia. Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2008, 46 pp.
La naturaleza humana es a veces incomprensible. La regla general de la convivencia es que la tragedia une, pero a un cierto número de colombianos al parecer nos desune. Cuando ya se cumplieron más de cien días que se dio comienzo al aislamiento, con aperturas graduales, el Covid 19 ha hecho de las suyas no solo en el número cuantioso de contagiados que ya supera los 182.140 y, 6.288 fallecidos, sino que causa estragos en la economía. El PIB por cuenta de la enfermedad registra una afectación económica e histórica con proyecciones que oscilan entre el 9 al 10% con probabilidad de aumentar. El desempleo no se ha hecho esperar y el endeudamiento del país se incrementa en cifras preocupantes.
Adoptar decisiones en medio de la crisis para la que no se estaba preparado no resulta nada fácil. El señor Presidente de la República enfatizó la importancia de la defensa de la salud y adoptó medidas fruto de dos emergencias económicas decretadas, que estuvieron dirigidas a contener la expansión del virus, tratando de mantener plana la curva para que tuvieran tiempo los operadores de la salud y de otros disciplinas en mejorar su capacidad instalada para la atención de los pacientes afectados con la enfermedad y que desde luego, significaron la asunción de consecuencias para la economía pues la rigurosidad de los cierres, afectaron el empleo y el ingreso de los colombianos, pero que con el paso de los meses imponía pensar y actuar en ayudar a la economía. Al final el gobierno se inclinó en adoptar la denominada “contención inteligente”, una mezcla de prevención a la salud y otra de intento de recuperación de la economía.
En momentos de dificultad en los que es claro que se afectan sin distinción a las personas sin importar su sexo, edad, condición, raza es cuando más la solidaridad debe ser la constante. Hay muchos ejemplos de admirar y reconocer de como se ha hecho presente en medio de la crisis pandémica, pero desafortunadamente, en materia política ha estado por completo ausente.
Sea lo primero señalar que los gobiernos en el continente y en otras latitudes no estaban preparados para hacerle frente a una pandemia como esta que tiene entre los portadores asintomáticos y sintomáticos una gran facilidad de contagio. Mucho se desconoce de esta enfermedad y la cura por más que se quiera pronto, no lo va ser tan rápido como urge el momento, razón que ha debido despertar una comprensión y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas que integran la nación.
No la hubo y humanamente no se comprende esa postura pero políticamente tendrá alguna nimia explicación que se podría en principio traducir en que la pandemia se les presentó en una oportunidad para buscar adeptos o conseguir otros fines que las urnas no les permitieron en el pasado debate electoral; pero la realidad es que la pandemia sacó a flote lo peor de la oposición política que, ya había mostrado sus garras y pretensiones incluso desde antes que se diera al mundo la noticia del virus.
Sabido es que antes de partir con bastante cuido el señor Juan Manuel Santos de dificultarle al sucesor su labor. Impulsó con límites insospechados el estatuto de la oposición (ley 1909 de julio 9 de 2018) que adquirió el rango de derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado.
Encabeza la oposición el otrora mal perdedor candidato presidencial Gustavo Petro que inició su trabajo anunciando apoyo a paros y marchas para llegar a posiciones totalmente cuestionables, reprochables y presuntamente delictuales. Se traducen estas en el llamado que efectuó a la desobediencia civil, a invitar a no pagar los servicios públicos, ahora más reciente al oponerse a las decisiones gubernamentales, a tener el atrevimiento de calificar al señor Presidente de la República de “genocida”; calumnia infame e incendiaria que registra la característica propia de este dirigente que se camufla de amigo de la paz pero se expresa con uniforme de antiguo subversivo a través de su odio, división y con ánimo desestabilizador quien finalmente para rematar, acaba de desconocer el resultado electoral que escogió legítimamente al mandatario de los colombianos.
Le acompaña en su estrategia divisionista y de desprestigio su compañera de fórmula a la Vicepresidencia Ángela María Robledo que también sin fundamento alguno en forma desde luego especulativa lanza su dedo acusador para expresarse con todo desparpajo de que “no normalicemos la muerte”. Y en otro trino registro “Que muera quien tenga que morir; es la política de @IvanDuque, la política de la normalización de la muerte”.
Cierra este grupo el senador Gustavo Bolívar quien dice ser del criterio de que “hay que conocer la “historia para conocer la génesis de nuestras violencias del país”; despachando y dejando de lado al narcotráfico, que es uno de los mayores actores que causan y generan violencia e ignorando que con sus producciones de libretista ayudó a difundir el mal que tanto daño le causa ayer y hoy al país; le cae como anillo al dedo la cita bíblica (Lucas 6, 41-42) “Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Y remata la enseñanza bíblica “¡hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano”.
Compitiendo por el liderazgo en la oposición le siguen los senadores opositores al fracturamiento hidráulico (fracking), la fumigación con glifosato y desde luego a la colaboración y asistencia militar en los que se encuentran los que recibieron regaladas sus curules, quienes de cierta forma peculiar que se traduce en una calculada defensa camuflada al narcotráfico, impulsaron una tutela improcedente por presunta violación a unos derechos fundamentales que se tendría que pensar que no son de recibo en ese accionar, pero dada la cercanía con la rama judicial que tanto apadrinaron desde los inicios de Asonal judicial en la entonces gestiones de Jaime Pardo leal, se les admitió y se les concedió una protección que busca frenar la dirección y manejo de las relaciones exteriores en cabeza del señor Presidente y su Canciller. En tiempos de pandemia y unidad es cuanto más se ha debido trabajar en erradicar los cultivos ilícitos, pero con esta clase de actores, que sólo torpedean y dificultan la gestión gubernamental es complicado y difícil; ya empezaron a querer reducir la FFMM y acabar su arma de inteligencia y contrainteligencia; no se dude en los foros de Sao Paulo y Puebla le impartieron claras instrucciones al respecto.
Siguen el grupo de medios y periodistas que hacen parte del denominado carrusel periodístico que si muestran unidad de propósito y accionar en forma que la noticia que uno entrega los otros la replican y se suman a esa oposición en unos extremos de irreverencia e irrespeto al Primer Mandatario que no se comprende que bajo el cobijo y amparo de la libertad de expresión se permita la agresión, ofensa y permanente maltrato. Hacen parte del juego el Espectador, la Revista Semana por solo citar dos y el señor Ramiro Bejarano que desconoce abiertamente al Presidente y le da el trato de “subpresidente” y la señora María Jimena Duzán que trata al Gobernante “como niño asustado que nunca terminó de destetarse” y en otra de sus vacías manifestaciones le concede el trato de “reyezuelo sin alas”.
Cierran el ciclo un sector de la iglesia liderado por el obispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve que irrespetó y calumnió al señor Presidente al tratarle de “genocida” por el manejo dado a los procesos de paz y desde luego en intromisión inadmisible el nuncio apostólico de su santidad aboga por un cese con el ELN, dejando conocer que se está en guerra, cuando esa figura solamente aplica entre estados. Que se conozca ni siquiera esos terroristas tienen a su haber el reconocimiento el estado de beligerancia por parte del estado colombiano, pero ese círculo sacerdotal los defienden como adalides cuando son unos vulgares terroristas criminales que les pareció normal, atentar contra un centro comercial lleno de civiles indefensos pero peor, destruir la vida de estudiantes en la escuela militar de cadetes y así creen que se harán merecedores a curules como los que les antecedieron y hoy gozan de tanto e inmerecidos privilegios.
Si Petro y Monseñor Monsalve, por supuesto las minorías de las Farc que están en el Congreso y su vocero político están en esa línea, no lo será por irrespetar y ofender, la izquierda radical no califica en vano y si algo es claro en ellos es que actúan a unísono. Decirle “genocida” al Presidente de Colombia lo es para llevar más temprano que tarde una acusación en ese sentido ante tribunales internacionales; no se dude esa en la forma como van a pagarle al señor Presidente y esa es la solidaridad única que conocen.
Lamentablemente, si el señor Jefe del Estado continúa con tanta inadmisible tolerancia no actúa e impone la autoridad que reclaman los electores que le elegimos, se cernirán sobre la Patria oscuros nubarrones que terminen por destruir la institucionalidad y nuestra democracia. Nuestra bandera tricolor, la sociedad civil tenemos la inmensa tarea que jamás sea reemplazada por la de las FARC, la del ELN y la de la tal Colombia Humana.
Toda democracia crece, se mantiene y perdura si respetan sus Fuerzas Militares y de Policía, desde luego también, si se cuenta con una justicia imparcial, trasparente, objetiva sin ningún sesgo político ni ideológico. Perdido el respeto o parcializada la justicia, se pierde la autoridad y la seguridad jurídica.
Si hay algo claro desde el comienzo del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, ya cerca de cumplir dos años, es que se comenzó por cierto sector de la oposición identificada con la línea de un radicalismo de izquierda extremo, una campaña, orquestada y dirigida en contra de las FFMM.
Era clave conseguir la caída del Ministro de Defensa Guillermo Botero quien con ocasión del bombardeo al campamento del guerrillero Rogelio Bolívar, conocido como alias “Gildardo Cucho”, a finales de agosto de 2019, terminó renunciando. ¿Quién lo creyera, una misión militar exitosa operativamente hablando, por no haber sido informada en su momento como ha debido serlo, dejando claridad del reclutamiento de menores por fuerzas insurgentes, sirvió por completo al senador Roy Barreras para tumbar al ministro?, que a sabiendas de que no conseguiría una votación a su favor, optó por renunciar y no ser visto como el primer ministro censurado y apartado del cargo.
En otro logro de la oposición, finalizando el 2019, así se haya pretendido mostrar que su retiro obedeció a razones familiares, el comandante del Ejército Nicacio Martínez Espinel, fue relevado, en medio de cuestionamientos por esa oposición que le señalaba, sin ningún fundamento y prueba, por presuntas ejecuciones extrajudiciales; queriendo con ello revivir el denominado caso de “los falsos positivos”, por demás siempre acrecentado en su número, en función de la estrategia de antaño.
Pero no sólo desde el territorio patrio se dieron a esa tarea The New York Times se ocupó de las denominados “perfilamientos y chuzadas a más de un centenar de personas en Colombia, que llevó a la Revista Semana en su edición 1983 que circuló entre el 3 y 10 de mayo de esta anualidad, a destapar el supuesto escándalo de las denominadas “carpetas secretas”; en las que dice revelar como el “Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático” denunciando que los blancos eran periodistas, corresponsales extranjeros, políticos, generales, sindicalistas.
Revisados ambos textos periodísticos se impone, como se insinuó en ciertas columnas de opinión, la manipulación de ciertas pruebas que les dieron un determinado alcance, distinto al que de verdad poseían, que dejan saber que este vaya a ser otro caso similar al del hacker que perjudicó por completo la campaña de Oscar Iván Zuluaga.
Saliéndose del marco normativo que rige la Comisión de la Verdad, pues sus temas están circunscrito al marco del conflicto padecido a lo largo de 53 años, el sacerdote Francisco de Roux, se vino lance en ristre en contra de las Fuerzas Militares de Colombia y en la propia cuenta de twitter de la Comisión de la Verdad, extendió en junio 25 un llamado “al COL_EJERCITO para que reflexione sobre su cultura y moral interna. Un llamado a la sociedad colombiana para acabar el machismo, la exclusión y el racismo”. Es su particular estilo populista, pretende erigirse en el dueño de la cultura y moral que debe regir al interior de la institución, intromisión que se parece a la de Monseñor Darío Monsalve desautorizado por el Nuncio Apostólico, quien se atrevió afirmar temeraria e irresponsablemente, amén de calumniosa afirmación que, el gobierno del Presidente Duque tiene una “venganza genocida” con los procesos de paz.
No contento con esa actuación se viene el sacerdote De Roux a rechazar y solicitar al exministro de defensa Juan Carlos Pinzón una retractación pública por unas declaraciones que hizo en las que dejo conocer la “afinidad ideológica o nexos con grupos armados” de la mayoría de los comisionados. Él se abroga el derecho a exigir retracto, pero olvida que a él también hay que exigirle lo propio por el trato dispensado a los servidores públicos como lo son los militares.
Con un hecho condenado y rechazado sin distingo alguno por todos los estamentos públicos y privados se dio un caso de acceso carnal abusivo contra una joven indígena de la comunidad Embera, que llevó a seis de sus autores soldados regulares, un séptimo cómplice, a aceptar los cargos formulados por la fiscalía, en una diligencia de imputación el pasado 25 de junio que, ya se verá que acontezca finalmente con el proceso que se surta prontamente ante el juez de conocimiento. Lo que siempre perdurará en la memoria del pueblo colombiano, es la injusticia por el trato dispensado a unos similares hechos que se indica los cometieron algunos subversivos del secretariado durante el conflicto, como lo señalan las integrantes de Corporación Rosa Blanca, estén hoy libres, con puestos de honorables, con pago inmenso y con toda clase de beneficios y protecciones; con una pasividad inmensa de la JEP que conoce de dichos crímenes, quien hasta la fecha no ha proferido ninguna condena.
Al parecer con motivo de esa causa penal el señor Ernesto Samper expresidente de la República, la tomó en contra de la institución castrense y la estigmatizó señalándola de “que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para éste tipo de actos”, tamaña calumnia contra los soldados de la Patria, motivó duras y contundentes respuestas rechazando esas infames manifestaciones, las que se repitieron en nota que extendiera al Sr. General Enrique Zapateiro cuestionándole el envío de cartas acusatorias sin sustento; toda una vergüenza la postura y reclamo del expresidente.
Por supuesto, no podía faltar en esta campaña de desprestigio y de minar la efectividad de las FFMM, la actuación reprochable de la justicia quien al fallar una tutela, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impulsada entre otros por los senadores Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sandino y el incendiario de Gustavo Petro, de tajo pretende acabar con los sistemas de cooperación y asistencia en materia militar de los gobiernos extranjeros, al decidir que la presencia de 53 asesores de la Brigada de asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos que vinieron a cooperar en la lucha contra el narcotráfico, requería de una autorización de tránsito por parte del Senado de tropas armadas extranjeras por el territorio nacional.
Se suman las reiteradas intromisiones en asuntos internos por parte del Alto Comisionado de la ONU exigiendo restringir el uso del Ejercito; las del conocido tutelante de oficio senador Iván Cepeda de recortar el presupuesto de las FFMM para ser transferido al sector Salud, y tantos otros hasta desembocar ya en actos discriminatorios con tinte xenofóbico, en contra de los soldados, en plantones y marchas efectuadas en los ingresos de las instalaciones militares y establecimientos comerciales, que dejan saber que esos movimientos no son espontáneos sino que obedecen al plan de desprestigio en curso. La situación ya llega a niveles alarmantes e inquietantes como se acaba de conocer en el Cauca ocurrido con la comunidad indígena en Argelia (Cauca), defensores al parecer de los cultivos ilícitos, quienes acaban de conminar a la fuerza pública en un plazo de 72 horas a salir del territorio.
El Alto Mando se echa de menos rechazando y condenando estas expresiones ofensivas a la tropa. Que sepan en esas comunidades indígenas que en Colombia no hay zonas vetadas para el ejercicio y actividad de las FFMM; no existe ninguna norma que faculte esos cabildos, ni siquiera su legislación, a pretender bajo amenazas el retiro de los soldados. Aquí no se va abrir la puerta a esas pretendidas zonas como “republiquetas” independientes.
Impensable, pero acaba de ocurrir. En un fallo vergonzoso, reprochable, controvertible de consecuencias impredecibles, que invaden la órbita exclusiva del ejecutivo y el manejo de las relaciones internacionales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada resolviendo una tutela instaurada por el senador Iván Cepeda y otros de sus colegas senadores; aquel amigo entrañable de los alias Santrich y Márquez, tuteló dizque los derechos fundamentales a la participación política de los accionantes y dispuso mediante orden perentoria, que el presidente de la República, debe remitir en un plazo de 48 horas la actuación al Senado de la República toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América.
En ese mismo término, el tribunal ordenó suspender al señor presidente de la República, los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República se pronuncia. Desde luego, el anuncio de la apelación ante el Consejo de Estado por parte del Gobierno a través de su ministro de defensa no se hizo esperar; confiemos no se decida la apelación con otro discutible fallo.
Esta decisión judicial, que fue calificada por un exministro de justicia como un claro “golpe de estado”, es otra gravísima intromisión por parte de la rama judicial en la esfera exclusiva del accionar de la rama ejecutiva. La justicia con esa clase de decisión agrava aún más su credibilidad totalmente en entredicho desde que se descubriera el aberrante caso del denominado cartel de la toga. Hoy, como se sabe, varios de sus protagonistas se encuentran detenidos o huyendo, pero sus efectos siguen siendo devastadores, minaron la poca credibilidad que tenía la justicia, particularmente la impartida desde las altas cortes. Descubierto ese nefasto cartel que produjo daño inmenso, se creyó que sería posible al fin reformar integralmente la justicia, pero quien lo creyera, con ese sonado y perjudicial escándalo no ha sido posible hasta ahora reformarla.
En lo corrido del siglo veintiuno en sus 20 años los gobiernos de turno y el Congreso de la República no han estado a la altura ni satisfecho el reto que reclama la improrrogable necesidad de su reforma; con sus estrategias y cabildeos, los mismos magistrados se cree son los que han hecho imposible que se modifique.
Hoy, un país con cerca de cincuenta millones de habitantes no se justifica la existencia de seis altas corporaciones, como son Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral y ahora con un tribunal hecho a la medida de sus creadores, la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida con la JEP, que naciera con motivo de un proceso de paz negado por el pueblo en el plebiscito del dos de octubre de 2016.
El costo del funcionamiento de esas cortes es inmenso para el erario; los resultados pobres y precarios. Del sonado escándalo de corrupción del “cartel de la toga” se viene abriendo paso otra forma de corrupción perjudicial y peligrosa para la institucionalidad. Es la “tiranía judicial” de algunos operadores judiciales, que se finca en aplicar justicia, pero con claro sesgo político, que hace que se le califique de politizada. Ciertos magistrados y jueces, en actuaciones controvertibles al máximo, adoptan decisiones que dan al traste con años de trabajo e investigación.
Su origen puede remontare a varios lustros, pero en la práctica el fallo más discutible y que hoy sigue causando consecuencias de todo tipo fue ignorar olímpicamente el referendo que no aprobó el proceso de paz. Como siempre se pensó y se daba por descontado que el SI vencería, al ocurrir lo contrario, se puso en marcha una maraña de maniobras para poner en vigencia el Acuerdo de Paz conseguido en la Habana. Varios factores hicieron posible ignorar y desconocer la decisión popular pero la causa mayor que se consiguiera lo fue por la actuación cuestionable de la Justicia, que cuando se le imponía el deber y obligación de sentenciar respetando decisión del pueblo, se apartó y le dio vida a un proceso a todas luces inconstitucional. Ese invento en la tesis que el congreso de la República suple la voluntad del pueblo por delegación fue todo un despropósito y una clara decisión política, no judicial. El estudio y aprobación otrora de las normas de trámite rápido (Fast Track), fue la confirmación del ingreso y consolidación de la justicia politizada e ideologizada.
Ya vestidos con el traje de gala del blindaje constitucional se puso en práctica por tres de esas altas cortes su expresión tiránica inadmisible con el trato favorable, por citar este caso, al delincuente narcotraficante Seuxis Hernández, más conocido en el mundo criminal como alias Jesús Santrich; a quien se le dio la condición de congresista electo y sería “honorable” representante si recobraba su libertad. Era entonces claro que si no tomaba posesión nunca ha debido adquirir esa calidad, pero un fallo político el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia del CNE; le habilitaron el término para posesionarse y en una forzada interpretación sentenció que el no haberse posesionado por estar privado de la libertad, era una causal de fuerza mayor. Así consta en decisión de segunda instancia que le mantuvo la investidura proferida en mayo 28 de 2019, M.P. William Hernández Gómez, que no tuvo en cuenta para ese momento las conductas penales que ya le imputaban desde los Estados Unidos de América.
Peor resulto la ingenuidad de la Corte Suprema de Justicia en otro fallo político lo dejo en libertad convencida que se presentaría cuando lo requiriese. Era elemental que no podía recobrar su libertad pues se auguraba que se fugaría. El fiscal de entonces los había advertido. Pero la más descarada actuación corrió a cargo de la JEP quien en un fallo prevaricador adoptado en la Sección de Revisión, que salvaran su voto dos magistradas, no concedió la garantía de no extradición por lo que consiguió no ser extraditado.
Después, al quedar libre corrió prontamente a tomar posesión adquiriendo el bandido la investidura de congresista. Desde luego, lo hizo solamente para dejar una constancia en el Congreso y como todo hampón, era viable imaginarlo que así ocurriría, se fugó, regresó a sus andanzas, se levantó nuevamente en armas contra la Nación y por supuesto sigue en el negocio ilícito que tanto le encanta. ¿Quién responde ante este tamaño absurdo de esa tiranía judicial que se cuestiona? Hasta ahora nadie, y para seguir en la carencia de firmeza y sanción ahora en otra decisión laxa reciente de la Procuraduría, decretó la pérdida de su investidura y pérdida de sus derechos políticos por nimios 10 años.
Todo este oscuro panorama de cuestionable actuación de las altas cortes, tiene un actor que siempre resulta beneficiado, el narcotráfico. Cuando se ha comprobado que se exponen las vidas de policías y soldados que les colocan en funciones de erradicación, terminan a la postre sino muertos con graves mutilaciones. La forma de evitarlo es y será siempre la aspersión aérea con glifosato; pero esa tiranía judicial ha sido su mayor obstáculo. No hay lugar del territorio nacional que se dedique a la agricultura que no use el Roundup, el matamalezas más vendido en el mundo, que es el mismo glifosato sin ninguna consecuencia comprobada en la salud donde se aplica; pero por aquella decisión también política la Corte Constitucional no ha sido posible, hasta ahora, que se reanude el programa de erradicación de cultivos ilícitos, ya que se dispuso que debían cumplirse los requisitos previstos en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017. Que sigan las mutilaciones y muertes pareciera ser la consigna.
La democracia se consolida si la justicia es eficiente, objetiva, imparcial, garantista y en su aplicación, los jueces la impartan sin regirse por ninguna ideología, simplemente debe fundamentarse en el análisis y evaluación objetiva de los hechos y las pruebas. “La justicia es ciega”, no tiene mirada se le representa con los ojos vendados, sus decisiones deben estar fundamentadas en los hechos y respaldadas en la Constitución Política, las leyes vigentes, la jurisprudencia y la doctrina, sin ninguna clase de sesgo político. Si no se reforma integralmente la justicia y se pone fin a cuestionadas actuaciones judiciales, que no respetan otras ramas del poder público o se adoptan sólo por producir claros efectos políticos, se podrá llegar a vivir una similar situación a la que padece Venezuela por la pérdida de su institucionalidad. Después no nos lamentemos.
Los colombianos no salimos aún del horror que nos causó el grave y aberrante delito de abuso carnal violento que rechazamos por completo, cometido en la joven niña indígena con tan solo escasos doce o quizás trece años de edad, perteneciente a la comunidad embera katio, cometido por seis soldados regulares que prestaban servicio militar obligatorio que contó con un cómplice, todos los cuales en la diligencia de imputación adelantada por la fiscalía el pasado 25 de junio, aceptaron los cargos por los gravísimos hechos ocurridos el 22 de este mismo mes.
El Fiscal General Francisco Barbosa, presurosamente convocó desde la ciudad de Cali, una improvisada rueda de prensa para dar a conocer el exitoso trabajo investigativo en tiempo record de la entidad a su cargo. Bien reza el dicho que de las carreras solo queda el cansancio y enterados los colombianos de la diligencia de imputación a los siete soldados, no se hizo esperar el rechazo por la conducta imputada como fuera el de acceso carnal abusivo, cuando se trató según el relato conocido de un acceso carnal violento. Llegar a indicar que fue lo primero, es por completo cuestionable, en consideración a que una niña de escasos 12 o 13 años, ante un ataque miserable no puede ser de recibo que haya expresado o consentido en el acto sexual cometido. La celeridad de esta actuación, confiemos no sea mañana sorprendida con la instauración de una nulidad que se impetre por falta de asesoría o defensa técnica por quien (es) fungiera (n) como apoderado (s) de los autores del hecho.
Cierta doble moral que aqueja a los colombianos, que se desgarran con prontitud sus vestiduras y se oponían al proyecto de cadena perpetua, a la par que otros medios periodísticos se dieron a la tarea de difundir la desgarradora noticia, más en ánimo de amarillismo y conseguir audiencia que realmente en ahondar en las causas que motivaron tan deplorable hecho. Los que más se oponían en el Congreso de la Republica a esa condena para violadores, fueron los primeros en salir a exigir su aplicación para los soldados en cuestión. Pero su señalamiento no quedó en eso, atrevidamente señalaban al Ejército como responsable e incluso, algún medio nacional, dejaban saber que el hecho ocurrió en una instalación militar en el departamento de Risaralda, aunque la declaración de un familiar informó que la niña la encontraron en una escuela al amanecer de aquella noche infernal.
La noticia desgarradora impactó al señor Presidente de la República quien más como padre de familia que como Jefe de Estado, dolido por lo ocurrido anunció que los soldados que cometieron el acto, “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos lo haremos”. Muy desafortunada declaración ya que el acto legislativo ni siquiera en ese momento había sido sancionado y promulgado. Tampoco entra a regir de inmediato toda vez que se requerirá de una ley que lo reglamente. Bajo ninguna circunstancia es aplicable esa posible condena a cadena perpetua.
Este hecho es politizado y utilizado, entre otros, por los senadores Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y la representante Aída Avella. El primero por un twitter de la Dra. María Fernanda Cabal quien debió documentar más el tema pero que ya borró, lanzó toda clase de insinuaciones a manera de fábula o mejor dicho camuflado de fábula para querer decir lo que la senadora no dijo; mientras que el segundo atrevidamente señaló en su cuenta de Twitter que “Colombia debería parar un día ante la brutalidad del estado en contra de la niñez en nuestro país”. Por su parte, la representante Avella, le preguntaba al Sr Ministro de Defensa ¿Qué clase de formación les dan? Estos mensajes e invitaciones son por completo desafortunados, oportunistas y se aprovechan de la desgracia y el dolor ajeno para hacer populismo mediático. Todo acto criminal es obra de personas no de instituciones. Calumniar de esa forma al estado como lo hace Petro, en su estilo guerrerista, afrenta las instituciones democráticas y es un mensaje no subliminal sino directo a desistitucionalizarlas.
El estado nunca será responsable por la conducta abusiva de las personas sean civiles, policías, soldados, sacerdotes, políticos, actores, en fin, de cualquier profesión liberal. En materia criminal toda conducta es individual y no colectiva. No se puede caer en la trampa de las irresponsables generalizaciones. Culpar al Ejército o a las FFMM es por completo desafortunado. Quienes cometieron ese delito, son jóvenes, soldados regulares, que prestaban el servicio militar obligatorio, no son ni sub oficiales ni oficiales de carrera; son personas que acorde con los mandatos legales prestaban el servicio militar para conseguir su libreta, no ingresaron voluntariamente lo hacer por ser obligatorio, su equivocada formación ya venía con ellos por falta de educación en valores y principios. El servicio militar no es ni será para suplir la función formativa de los padres; nunca se puede pensar como equivocadamente se cree que el Ejercito sea un reformatorio.
Si de encontrar culpables se tratara, debemos ir a los orígenes de la falta de educación en principio y valores desde la infancia en los hogares colombianos. Cuando por fuerza de la pandemia hemos regresado a la casa alejados del ajetreo laboral y social, echamos de menos y recordamos la importancia del diálogo formativo en los hogares; en un país católico por mayoría como es Colombia, se aprecia también el alejamiento de Dios. No hay respeto. Al no haberlo y no forjar el carácter de los jóvenes en ese respeto a los valores, principios y tradiciones no se extraña que algunos desadaptados incurran en actos por completo demenciales que ya les marcó de por vida su existencia.
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