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Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

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El canciller, Nicaragua y la Paz.

El pasado 12 de agosto tuvo lugar en el Consejo Permanente de la OEA la votación de una resolución condenatoria de las múltiples violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. La más reciente de estas conculcaciones es la feroz agresión contra la Iglesia Católica, la que incluyó quema de templos, destrucción de imágenes del culto, encarcelamiento de sacerdotes y el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y de varias personas de su entorno.

Ocurrió que, al momento del voto de Colombia, se escuchó un sepulcral silencio. La delegación de Colombia no estaba presente, se ausentó de la sala. Ante este hecho, sin duda grave, Colombia quedó a la par de Nicaragua, porque sin hesitación puede decirse que “el que calla otorga”, lo que significa que al no condenar al salvaje régimen de Ortega es su cómplice. Esa resolución fue aprobada por 27 países de los 34 miembros que integran la organización. Se dio un solo voto en contra y Bolivia, El Salvador, Honduras y México, más por ideología que por convicción, se abstuvieron de votar.

Enterado el país de lo acontecido, las reacciones y condenas no se hicieron esperar. Por supuesto, inicialmente pretendieron condenar al expresidente Duque pero después circuló la versión de que el embajador designado para reemplazar a AlejandroOrdoñez aún no se había posesionado y no podía votar, como tampoco podía hacerlo el designado en Nicaragua. Después, gracias a puntual derecho de petición extendido por el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, se vino a conocer la verdad. Todo obedeció a instrucciones dadas por el canciller.  

Pero esta posición solo fue posible conocerla gracias al trabajo periodístico de William Grigsby Vado que es quien más ha hecho sonar el tema y es bien cercano  al régimen oprobioso de Daniel Ortega, quien en el medio  “Sin Fronteras” de Radio La Primerísima dejó conocer que la negociación propuesta por Petro, usando a “mensajeros” a quienes no identificó, consiste en que Colombia reconocería el fallo de La Haya —favorable a Nicaragua desde 2012— a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, refiriéndose a los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote”, y por supuesto que le permitieran a los raizales de San Andrés Islas pescar en las aguas que el fallo le entregó a Nicaragua. En un video de dicho periodista se respalda la afirmación.

Esta información, en la que el periodista mencionó también que Nicaragua no estaba de acuerdo, es, probablemente, la verdadera razón por la cual el canciller instruyó y comentó el tema. Esto dijo:  «Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se adelantaban.»  Y añadió, a modo de justificación, que se trataba de una acción humanitaria, explicación que a nadie le pareció suficiente en tanto que la resolución condenatoria se refería a terribles situaciones justamente quebrantadoras de elementales derechos humanos, tales como a 180 presos en condiciones infrahumanas, según informes de la CIDH, y a toda clase de acciones denigrantes y violentas contra miembros de la iglesia católica.

Conocida la posición del canciller, surge un interrogante trascendente ¿el presidente Petro tuvo conocimiento, se le informó de la orden de su canciller? Si la respuesta es positiva revelaría que tiene un doble discurso y mientras predica la “paz total” favorece la persecución a la iglesia católica dejando ver que en Colombia podrían ocurrir hechos de esta clase? Lo cierto es que, hasta el momento, el presidente guarda silencio ante los tejemanejes de Leyva.

Por demás está anotar que es obvio que a cinco días de instalarse el gobierno no resulta creíble que se den estas gestiones. Entonces, parece ser que Leyva ya las había iniciado mientras estuvo fungiendo como canciller durante el empalme. Pero, el alcance ideológico y político de las mismas va en detrimento de la soberanía y de la integridad territorial de la nación y colocan a Leyva en una delicada posición y en un eventual y presunto delito de traición a la patria, pues desconoce los alcances de los artículos 101 (consagra los límites de Colombia) y 102 (el territorio pertenece a la nación) de la Constitución Política que puntualmente preservan nuestro territorio.   

El artículo 455 del Código Penal Colombiano al cual le fue aumentada la pena en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, quedó del siguiente tenor: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses.”.

Por lo conocido hasta el momento, sin que se haya refutado lo dicho por el periodista nicaraguense William Grigsby Vado, se planteó la posibilidad de que, a cambio, entre otros, de catorce presos políticos se afectaría la soberanía territorial de la nación. 

Muy grave la conducta del canciller colombiano. También lo es su pretendida y absurda decisión de cambiarle el nombre al ministerio que dirige para dejarlo como Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Paz. ¿Será que se le adelantó  al Presidente en la creación del Ministerio de la Paz, con olvido de lo previsto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política? Si a la Carta Política de 1991 se le conoció como la “Constitución para la paz” su desconocimiento, lógicamente, no puede generar la tan ansiada paz.  

El día de ayer el canciller concedió una entrevista a la W en la cual condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Ortega.

Bogotá, septiembre 10 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLLO

Columnista de Opinión

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Se birlaron el Plebiscito

No debemos olvidar que hoy, hace cinco años, el 2 de octubre de 2016, pese a la publicidad gubernamental y contra todo pronóstico, los colombianos razonablemente decidimos lo que consideramos era más conveniente y justo para el país. Un nutrido grupo de ciudadanos colombianos concurrió a las urnas a votar el plebiscito convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz de la Habana, el que previamente la Corte Constitucional, en sentencia C-379 de julio 18 de 2016, declaró exequible bajo la consideración, entre otras, del principio de participación democrática y del valor político de la decisión tomada por los ciudadanos. Previa ycuestionada modificación del umbral para las votaciones, en una actuación cuestionable, se procedió a votar el plebiscito. La mayoría del pueblo se pronunció por el NO, resultado que incuestionablemente imponía que el mencionado Acuerdo, en un Estado de Derecho democrático, no podía ser aplicado. 

En esa fecha concurrieron a las urnas a sufragar el plebiscito 13.066.025 votantes que arrojaron un 37.43% de participación, obteniéndose 12.808.858 votos válidos, votos nulos 170.946, tarjetas no marcadas 86. 243, umbral 4.536.992 (13%) Los resultados finales fueron por el SI 6.377.464 (49.78%)por el NO 6.431.372 (50.21%.); resultado definitivo e inmodificable que traducía que el pueblo colombiano soberano rechazó por mayoría el Acuerdo de la Habana. 

Ante tan inesperado resultado se cambiaron las reglas y se desconoció la voluntad popular. Previamente el gobierno, a través del Presidente y su negociador Humberto de la Calle, había dejado saber que si el pueblo rechazaba el plebiscito se respetaría su decisión. Empero, ello no ocurrió. En su maquiavélico estilo se dieron a la tarea de revivir el acuerdo de pazderrotado. Y, finalmente contaron, quien lo creyera,con el ingenuo apoyo de los representantes de los vencedores. Éstos, en una posición inexplicable en cabeza del Expresidente Álvaro Uribe, en compañía de Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y un nutrido grupo de lagartos y lambones, se hicieron presentesen la sede de gobierno para buscar una salida. No se necesitaba ninguna simplemente se imponía respetar la decisión soberana del pueblo. 

Que error de estrategia, de cálculo y por supuesto de credibilidad política de los Vencedores. Es elementalque quien triunfa impone las condiciones y sin ninguna duda, que, si se apertura un proceso de diálogo, quien debe buscarlo es, por supuesto, el perdedor, para este caso, el Gobierno de entonces y la Farc. Absurdo que el vencedor hubiera concurrido a pactar con el vencidoy en su terreno. Ese equívoco hoy lo paga la mayoría del país estruendosamente. Ahí no había que pactar nada, simplemente se debía exigir cumplir y respetar el resultado. Con el tiempo estos vencedores son testigos de excepción del grave atropello cometido al pueblo colombiano y así no lo digan, lamentan haberse prestado a ese nuevo engaño de larenegociación, la que jamás se dio.  

Pero, más grave aún para la institucionalidad y la democracia la posición que adoptó  la Corte Constitucional, guardiana por excelencia de la Carta Fundamental.  Ante ese resultado y su sentencia no era constitucionalmente posible que para salvaguardar lo aprobado en la Habana un pronunciamiento positivo a lo que las entonces subversivas FARC, seguro asesoradas por el abogado español Enrique Santiago y su equipo, reclamaron como garantía, que el acuerdo debía estar por completo blindado constitucionalmente. Es ese, entonces, el antecedente de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 pomposamente titulado “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Ese Fast Track legislativo (Leyes de trámite rápido) que se dio y este inusual acto legislativo de dar estabilidad jurídica a un acuerdo en contravía del querer popular, como si no existiera posibilidad de revisar, adicionar, modificar e incluso derogarlo en todo tiempo por parte de la Rama Legislativa; vaya iniciativa, pero la Corte entró en ese delicado juego de revisar y estudiar la constitucionalidad de ese mal denominado blindaje constitucional para respaldar el indebidamente denominado proceso de paz acordado en la Habana, suscrito en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y nuevamente firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de ese año. La Corte debía y tenía que estar a la altura del momento y decidir, como se esperaba, por el respeto a la soberanía de la nación que reside en el pueblo. No lo hizo y le dio vía constitucional, a un acuerdo rechazado por completo.

De esta manera se forjó la peor división entre los colombianos, pues, incomprensible totalmente resulta que en un tema tan delicado se haya desconocido la opinión mayoritaria del pueblo para imponer el querer de una minoría derrotada. Cinco años después se confirma que el pueblo tenía la razón que, no es de buen recibo lo convenido en ese acuerdo como que criminales de lesa humanidad se hayan convertido en legisladores sin cumplir una condena previa, sin reparar a las víctimas y muy posiblemente sin intención alguna de no repetición, como lo evidencia la conducta asumida por algunos de sus negociadores;luego, hasta hoy solo tenemos total impunidad, que nos deja muy mal ante la Comunidad Internacional, ungrupo de insurgentes al que se denominó disidentes que siguen sembrando el terror en nuestro territorio y a unas víctimas revictimizadas.

Hoy, gracias al acuerdo rechazado y torticeramente revivido, funciona la Comisión de la Verdad, que a escasos dos meses de vencerse el término epara que rinda su informe, sobre el cual pesan serias dudas de su imparcialidad y su correspondencia con lo realmente acaecido, se sabe que no lo tiene listo, por lo que a través de diferentes organizaciones acudió al concurso de la Corte Constitucional para ampliar su período, lo que según informes periodísticos le fue concedido hasta junio 27 de 2022, al que le seguirá el período  de socialización del informe por dos meses terminando el 27 de agosto de 2022, sin que se encuentre el sustento normativo para adoptar esa decisión. ¿Será que el Presidente de la República y otros funcionarios públicos que ejercen sus cargos durante un limitado período también pueden solicitarle a la Corte Constitucional la ampliación del mismo, aduciendo idéntica circunstancia, esto es, que no pudieron ejecutar sus programas con ocasión de la pandemia? 

Hoy, a cinco años del triunfo del NO, otra entidad que se creo en el mencionado Acuerdo, la JurisdicciónEspecial para la Paz no ha emitido sentencia alguna y aquellas que se avecina se produzcan lo serán contundentes para los actores del conflicto que estuvieron con las FF.MM o fueron agentes del Estado, mientras que los fallos que involucran individualmente a los subversivos se insinúan lo serán en un actuar colectivo como organización. Rampante impunidad, personajes de ese grupo subversivo que la justicia ordinaria había condenado y se encontraban purgando las penas gozan actualmente de total libertad. Las víctimas, esperando, al menos, justicia. 

Mirando hacía el horizonte y hacía todos los costados,  Colombia en este día, no puede conmemorar nada de aquel histórico triunfo que alegremente celebró,  por el contrario,  debemos lamentar y arrepentirnos de no haber actuado para que se cumpliera la voluntad popular, más aun cuando presenciamos sus nefastas consecuencias en estos 5 años y, podemos concluir,sin temor a equivocarnos, que la impunidad sigue vigente, la reincidencia permanente, las llamadas disidencias de las Farc, un problema en auge; mientras que la reparación a las víctimas de medio siglo de conflicto es ninguna y, más grave, un narcotráfico a sus anchas y en pleno crecimiento,sembrando caos y destrucción. Vaya proceso de paz.

Pensando en el cambio inesperado del triunfo del NO cabría preguntarse ¿que hubiese sido de la historia de Colombia si el plebiscito de 1957 que le otorgó el voto a la participación femenina, a través de una renegociación como la ocurrida en el gobierno de Juan Manuel Santos les hubiese quitado el legítimo derecho a votar a la mujer? Lastimosamente los Colombianos actualmente no podemos manifestar lo que otrora dijera Francisco de Paula Santander “¡Qué mayor dicha ni qué mayor gloria que la de pertenecer a un país donde se respeten las leyes, la equidad y el juicio de la opinión pública!”

Bogotá, octubre 2 de 2021 

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión

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¿Qué pensar realmente de la Corte Constitucional?

Cuando se acaba de conocer la trascendental decisión de la Corte Constitucional a través de la cual se elimina la norma que había establecido la cadena perpetua para los violadores de menores en Colombia, se desató una inmensa reacción de defensa y rechazo a la argumentación esgrimida por la máxima Corporación.  El asunto no en tan sencillo de comprender, ni en esta columna voy a tomar una posición, mucho menos si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional sigue optando por “notificar” lassentencias a través de comunicados de prensa, en el presente caso, publicado a través de su página deInternet.

En los apartes iniciales de su comunicado, distinguido con el No. 33 de septiembre 2 de 2021, se lee que la Corte Constitucional concluyó que el “Congreso de la  República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la constitución”.

Loable sería que la misma rigidez que tuvo esa Corporación para juzgar la imposición de la pena de prisión perpetua la mantuviera en todos sus pronunciamientos, esto es, el total respeto a la Constitución, al Estado Social y Democrático de derecho y a la dignidad humana, pues de ser esa la línea adoptada por la mencionada Corporación no estaríamos padeciendo las consecuencias de su “bendición” al proceso de paz de la Habana, frente al cual se pronunció el constituyente primario con un certero “NO”. 

Se manifestó en esa ocasión, por su Presidente, que en ese proceso les dieron “una especie de rol como tercera cámara” para revisar la implementación del proceso de paz, el cual, en su mayoría, ejerciendo ese “rol” procedieron a avalar. Posición que, sin duda alguna, no sólo afectó sino destruyó los cimientos de la democracia, del Estado Social de Derecho y sustituyó la Constitución, entre otras, en el poder que el pueblo concede al Estado para que administre justicia, función fundamental, base de la armonía y la paz social.  

En cambio, es importante recordar el clamor del pueblo colombiano para que aquéllos que vulneran no sólo derechos fundamentales de los menores, sino la misma vida de ellos y su desarrollo sean ejemplarmente sancionados. Los protuberantes y execrables crímenes cometidos en contra  de nuestros niños, niñas y preadolescentes llevaron al entonces Presidente del Senado, Lidio García, a expresar su complacencia por la aprobación de la cadena perpetua para violadores, por el poder legítimamente encargado de hacerlo y cumpliendo el trámite que la Constitución contempla. Además, en aplicación del artículo 44 de la Carta Política que expresamente consagra que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Sobre “los demás”, se dice “Adjetivo o pronombre indefinido invariable que designa siempre la parte restante respecto de un todo”, luego, es evidente que los derechos de los menores gozan de una especial protección constitucional, la que de conformidad con el mismo artículo 44 citado, impone al Estado la obligación de ampararlos, entre otras, contra “(…) toda violencia física, (…) abuso sexual, (…)”, lo que de suyo traduce que ese deber es superior y que se impone a todos los derechos de las demás personas.    

Según se conoce quienes demandaron la constitucionalidad de la norma formularon dos cargosen su contra. El primero, relativo a un vicio en el proceso y el segundo, referente a la ausencia de competencia del Congreso de la República para reformar la Constitución, por presentarse, aparentemente, una sustitución de los ejes definitorios de la Carta, concretamente el Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, atendiendo ala resocialización de las personas privadas de la libertad. 

Para la Corte Constitucional fue claro que el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana, en este caso de los victimarios, es el eje definitorio de la Constitución, por lo que el derecho a la resocialización de la persona condenadaes el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural y prima sobre los derechos de los niños. 

No se desconoce que ese fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación. Conforme a lo anterior, la pena de prisión perpetua sin posibilidad de revisión puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad. Empero, en este caso, para la prisión perpetúa se estipulaba su revisión a los 25 años.

Disposición que se encuentra en consonancia con el Estatuto de Roma, ratificado por Colombia desde 2002, normatividad que en su preámbulo señala “Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños (..) han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad” y “Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”, para en el inciso 3º de su artículo 110 consagrar “Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos”, en evidente alusión a que la cadena perpetúa revisable es viable imponerla y, lo que permite deducir, en mi opinión, que no es violatoria ni de la democracia, ni del derecho a la dignidad humana.

Surge, entonces, una pregunta que el lector responderá ¿Está en juego la primacía de la protección de los derechos de los menores que fueren violentados o el respeto de los derechos del criminal que los ultrajó y violento, a quien se le debe resguardar su derecho a su futura resocialización?

La Corte Constitucional ya contestó, aunque decisión de tanta importancia y que va a regir el destino de los colombianos y, en especial, de los menores, se adoptó con tres interesantes salvamentos de votos, los que, muy probablemente, coinciden con la posición de la mayoría de la población civil y, por supuesto, de los legisladores. 

Ante el galopante delito, la sociedad colombiana ve con asombro que el exceso de garantías a los delincuentes se convierte en la más descarada afectación de los derechos de los ciudadanos de bien. A más que, para aquellos que deciden denunciar, prontamente se ven sorprendidos y expuestos en su integridad porque la autoridad ante cualquier circunstancia formal los deja con prontitud en libertad. Ahí radica el mayor problema de la justicia indispensable para el ciudadano afectado con la inseguridad rapante, y hace peligrosa carrera que denunciar carece de sentido.

Entonces, para conseguir la paz será siempre puntual y necesario que se imparta una verdadera justicia, la que debe encontrar legitimación en los habitantes del territorio nacional.

Pildorita: Vulgar y por completo salida de los cabellos, muy propia de personas encartadas y señaladas de cierta autoría, la respuesta que brindó a los medios el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien cuestionó a quien exhibiera la carta suscrita por los hermanos Gilberto y Miguel y Rodríguez Orejuela y que le fue entregada al Padre Francisco de Roux en la diligencia cumplida ante la Comisión de la Verdad, para acudir a hechos que nada tenían que ver con la gravedad de la denuncia. Eludir la respuesta constituye grave indicio en su contra.

Bogotá, D.C. septiembre 4 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión

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A nuestros gloriosos soldados

A nuestros gloriosos soldados profesionales mártires sacrificados a mansalva en labores ajenas al objetivo de nuestras FFMM en la región de la Macarena, nos solidarizamos con su prematura partida que descansen en Paz. A los asesinos que los mataron a mansalva haremos que paguen ante la justicia; no más alcahuetería con esos crimínales de las Farc

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CONDUCTA REPROCHABLE DE UN PATRULLERO.

No era imaginable, pero en nuestro macondo colombiano acaba de acontecer. En un operativo de desalojo a invasores, que ocuparon un predio en una región al sur de Cali, concretamente en el municipio de Pance, el patrullero Ángel Zúñiga Valencia se reveló y resistió a participar en un desalojo decretado por el Corregidor; procedimiento que le antecedió el agotamiento de dispendioso trámite iniciado en noviembre de 2018, que tuvo que ser suspendido por parte del Mayor de la Policía y el Corregidor para impedir una posible asonada. Posteriormente, se cumplió como ha debido ser, el desalojo.  

Sea lo primero indicar que la forma como se dio el hecho deja pensar que todo fue calculado por el patrullero en cuestión que incluso si se aceptara en gracia de discusión que fue espontáneo, siempre habrá la duda de la forma como procedió, al mejor estilo de adoctrinamiento, tuvo cuidado en hacer su declaración pública ante una cámara, anticipando lo que podría acontecerle por su grave conducta de incumplir sus deberes como servidor público.

En muchos lugares del territorio nacional y en especial en zonas apartadas los anales judiciales dan cuenta de la existencia de carteles u organizaciones que invaden predios para hacerse a ellos en detrimento de los legítimos derechos de los propietarios. Si las acciones policivas inmediatas no se agotan casi concomitante con el hecho, les corresponde a los dueños adelantar ante la justicia ordinaria dispendioso trámite para recuperar su predio.

Esto es lo que pasó en Pance y ya el propietario después de larga lucha jurídica consiguió la orden de desalojo que de buenas a primeras este patrullero, con sentimientos de dolor que parecen más bien de manipulación, se opuso a cumplir clara orden judicial, entorpeciendo una diligencia legítima que le hace incurrir en una conducta sancionable, amén del incumplimiento de sus obligaciones y deberes de patrullero de la policía.

Este hecho aislado de buenas a primeras en la estrategia desestabilizadora, es exaltado por el siempre cuestionado expresidente Samper y por el grueso de congresistas de la bancada  Alternativa que no solo aplauden el gesto del patrullero,  sino que llegaron al ridículo de proponer que sea condecorado, y cometen el atrevimiento de indicar en su proposición, que  el patrullero Zúñiga  ¨… antepuso los derechos fundamentales  del pueblo, que juró defender al cumplimiento de una orden injusta por parte de sus superiores , poniendo en riesgo su propia investidura”.

Se nota la ligereza de los congresistas firmantes, aquí no se impartió orden de los superiores, se emitió una decisión judicial que en desarrollo de su labor la policía debe acompañar el procedimiento. Quien expidió la orden, luego de agotarse un proceso de dos años, fue el Corregidor que para el caso se asimila a un Juez de la República y la propuesta en mención es francamente violatoria de la ley, que permite inferir que es viable desconocer una orden judicial cuando sabido es que esa conducta es delictiva.

Estas situaciones de apoyos solidarios tipo espectáculo son de un riesgo inmenso para el normal desenvolvimiento de la sociedad en su acontecer diario. Con esta absurda clase de justificaciones que rayan en el otorgamiento de premios por no respetar decisiones judiciales y deberes y obligaciones, se abre un boquete de consecuencias impredecibles. Razón tenían nuestros mayores cuando acuñaron célebre frase de dominio popular “¡Aquí las ordenes se cumplen o la milicia se acaba!”.

Cuando por efectos de la pandemia se conocen movimientos que destruyen la propiedad y la historia, como ocurrió gravemente en Chile y acontece ahora en algunos territorios de los Estados Unidos, que ya lo aprovecha el senador Cepeda para hacen un llamado peligroso y destructivo cuando indica en sus cuentas de twitter “…. Espero que en Colombia también acabemos pronto con estatuas e íconos de conquistadores y políticos esclavitas y mafiosos”. 

Grave esa incendiaria manifestación. No debemos jamás permitir que la historia se destruya y menos no olvidar que todos derechos de los ciudadanos se deben respetar como lo dispone la Constitución Política. A la policía y sus servidores debemos por siempre recordarles la ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional que contempla con claridad la finalidad de la ella, así: 

ARTÍCULO 1°. Reglamentado por el Decreto Nacional 1028 de 1994. Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos”.

Bogotá, D.C. junio 11 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

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¿Uribe sospechoso de espionaje?

Autor: Eduardo Mackenzie

9 junio de 2020 – 12:02 AM

Lo que insinúa el cable de la AFP es que ese tribunal quiere investigar al expresidente por puro capricho, pues carece de motivos y de pruebas para hacer eso.

Álvaro Uribe Archivo EL MUNDO

¿Álvaro Uribe Vélez sería un “espía”? ¿De quién, para qué, cómo, cuándo?

Un grupo de jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de hacer un anuncio: que abrirá una indagación preliminar “contra el expresidente Álvaro Uribe”. Esa afirmación tuvo un rápido impacto en Europa. Dos diarios importantes, Le Figaro, de París, y La Tribune, de Ginebra, basados en un cable de la AFP, lanzaron la noticia e inventaron un titular grotesco: “L’ancien président Álvaro Uribe soupçonné d’espionnage” (1).

Uribe es pues mostrado en el Viejo continente, gracias a la proclama de la CSJ, como un “espía” sin que las embajadas de Colombia en esos dos países se tomen la molestia de abrir la boca para rechazar ese titular difamatorio.

¿Álvaro Uribe Vélez sería un “espía”? ¿De quién, para qué, cómo, cuándo? No se sabe nada. Nada de nada. El cable de la AFP no utiliza siquiera esa palabra. Sin embargo, los dos diarios crearon esa imagen. En Bogotá, los enemigos de Uribe deben estar contentos. Sin embargo, el despacho de la AFP dice algo que muestra el absurdo de esa acusación: “Si las pruebas son encontradas, la Corte Suprema puede lanzar un proceso penal contra el ex jefe de Estado”.

Ese es el punto central: la CSJ se embarca en una nueva “investigación” contra Álvaro Uribe sin tener pruebas ni indicios. Lo que insinúa el cable de la AFP es que ese tribunal quiere investigar al expresidente por puro capricho, pues carece de motivos y de pruebas para hacer eso. Ya puede uno imaginar la contrademanda penal del abogado del expresidente contra los instigadores de esa “investigación”.

La CSJ, según la prensa, presenta así la cosa: que abrirá esa investigación pues una magistrada recibió en su oficina “un [texto] anónimo”. Un anónimo. Es decir, un papel sin firma, sin nombre de autor. Un papel en el que alguien dice que “los perfilamientos presuntamente ilegales que realizaba un sector del Ejército a periodistas, congresistas y opositores en 2019 [acusación no comprobada ni sancionada judicialmente], terminaron en manos del expresidente Álvaro Uribe”. Ese detalle del anónimo la AFP parece haberlo omitido. ¿Por qué?

El expresidente Uribe, en todo caso, niega categóricamente toda esa historia.

La conclusión de algunos es que estamos, de nuevo, ante un capítulo más de la turbia guerra de guerrillas que adelanta esa Corte, desde hace años, infructuosamente, contra el expresidente Uribe. Pero esa vieja querella, esa vieja campaña de hostigamiento judicial que dirige esa oficina judicial no es conocida en Europa. El lector corriente ve ese titular y queda con la idea de que acaban de descubrir en Colombia que un expresidente está ligado a un affaire de espionaje.

Ese lector estas lejos de saber que esa misma Corte es uno de los organismos de justicia más extravagantes y desprestigiados de Colombia.

Wikipedia habla en los siguientes términos de la famosa Corte Suprema de Justicia de Colombia: “El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales con funciones de vigilancia, cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal. Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones.”

La “Enciclopedia libre” continua: “Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anti-Corrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como ‘Yayo’, y Leonardo Pinilla, también conocido como ‘El Porcino’– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.”

El diario El Tiempo, de Bogotá, fue aún más preciso. El 7 de junio de 2018 escribió: “La Fiscalía señaló que magistrados del más alto nivel (Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez) promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, extraditado el mayo pasado a Estados Unidos; el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández.” Antes de rematar así: “Esta organización a la que se llamó el ‘cartel de la toga’ estaba ‘dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal’ y ‘manejar los procesos’ a cambio de jugosas sumas de dinero.”

La CSJ, desde entonces, hizo retoques a su nómina de magistrados pero no ha sufrido la remodelación a fondo que el país esperaba. Por eso siguen los escándalos sobre la cuestionable ética de algunos de sus miembros. El caso más reciente es el de Hugo Quintero Bernate, cooptado (de manera opaca) en febrero pasado. Quintero profesa públicamente una violenta hostilidad contra el expresidente Álvaro Uribe y anuncia que no se desistirá en los asuntos de la sala penal que tengan que ver con el exjefe de Estado. El portal Web El Expediente estima quela cooptación de Quintero “mostró que llegó a la Sala Penal de la Corte a participar en la manguala contra la cabeza del [partido] Centro Democrático”. Quintero, en efecto, actuó en procesos contra personas cercanas al expresidente Uribe, como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, y durante mucho tiempo se dedicó a insultar y a difamar al expresidente desde las redes sociales.

La CSJ agravó su caso ante la opinión pública cuando dejó escapar, en mayo de 2019, a Jesús Santrich, un narcotraficante internacional, capo de las Farc, pedido en extradición por los Estados Unidos.

Ese es el organismo judicial que quiere la muerte política del expresidente Uribe. Este, durante sus dos gobiernos (2002-2010), desbarató a las Farc, desmovilizó a los paramilitares de extrema derecha y desmanteló varios carteles de la droga.

Con la ayuda del “cartel de la toga” y la connivencia del expresidente Juan Manuel Santos y de su fiscal de bolsillo, de esa época, Eduardo Montealegre, la CSJ intensificó la cacería de brujas contra Uribe y llegó hasta a atacar y poner en la cárcel injustamente a miembros de la familia del expresidente, como su hermano Santiago Uribe y a su primo Mario Uribe y a uno de sus exministros, Andrés Felipe Arias.

Esta no es, pues, la primera vez que la CSJ amenaza a Uribe con una “investigación preliminar”. Lo de ahora es más de lo mismo: acoso político-judicial injustificado. Este episodio comenzó con un falso reportaje de un periodista del New York Times, Nicholas Casey, quien decidió que el comandante del Ejército Colombiano había expedido unas “new kill orders”. Casey nunca presentó la prueba de lo que decía y huyó hace un año del país. Ahora la operación es redirigida contra el expresidente Uribe con el apoyo de la polémica Ong Human Rights Watch, financiada en buena parte por el millonario americano George Soros. Casey y Vivanco, el director de HRW, dicen que fueron “escuchados ilegalmente por la inteligencia militar” colombiana y que las intercepciones telefónicas fueron entregadas al expresidente Uribe. Y de nuevo: las pruebas son inexistentes. Pero un grupo de la CSJ cree que un papel con unas líneas anónimas puede llenar ese terrible vacío. Así va la justicia en Colombia.

(1).- https://www.lefigaro.fr/flash-actu/colombie-l-ancien-president-uribe-soupconne-d-espionnage-20200603