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Ecopetrol: patrimonio y esfuerzo de colombianos.

Hagamos un poco de memoria con ayuda del libro de Michael Reid «El continente
olvidado», en el cual se relata lo siguiente: en el año 2001 Hugo Chávez «despidió
a las directivas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, y
nombró una nueva junta encabezada por un académico izquierdista e integrada
por empleados de bajo rango elegidos por su lealtad política. Acusó a PDVSA de
haberse convertido en un estado dentro de un Estado, actuando en su propio
interés y no en el de los venezolanos.» Este es una clara referencia de cómo
empezó la ruina de la poderosa PDVSA y de la propia Venezuela, uno de los
países más ricos de América Latina. En épocas de Luis Herrera Campins (1979),
Jaime Lusinchi (1984 ), y Carlos Andrés Pérez (1974 y 1989) Venezuela era el
país de América Latina «de mostrar» y esto fue gracias al pacto de Punto Fijo,
acuerdo entre los partidos AD, COPEI y el URD. Luego, con la llegada de Chávez
al poder se conoció la otra Venezuela, la que atraviesa la crisis política, social y
económica más grande de su historia.
Sin desconocer los problemas que se vivían en ese país hermano, sucedió que en
el segundo mandato de Pérez se da el recordado Caracazo que ocasiona intentos
de golpe de estado. Es cuando se recibe la noticia de la existencia del Cr. Hugo
Chávez quien fuera detenido, más, finalmente, por la popularidad que obtuvo
resultó elegido presidente en el año de 1998 y comenzó así una era de
pauperización y represalias como nunca se pensó ocurriría.
El crecimiento económico dependía, principal y mayoritariamente, de las reservas
petroleras de Venezuela, las mayores del mundo, por lo que no era factible
predecir que finalizando el siglo XX tuviera un deterioro que la llevaría a una de las
mayores migraciones. El comienzo de la crisis tuvo sus orígenes, entre otros, en
los cambios de su gran industria PDVSA, de la cual hoy sólo quedan ruinas que no
permiten vislumbrar que alguna vez esa empresa fue el faro de la modernidad de
Venezuela.
Situación que nos lleva a pensar en un punto muy importante a tener en cuenta, la
cercanía de Chávez con Gustavo Petro, quien fuera su asesor y que ahora ha sido
elegido presidente de los colombianos, a pesar de las mil voces de alarma que se
escucharon en el país y en el mundo. Nada valió. Petro hizo una campaña sucia
en la que deshonró a sus oponentes y se hizo finalmente con el poder.
A pesar de que ha intentado desmarcarse del chavismo, obviamente a causa de
los terribles resultados ya mencionados, el nuevo presidente sabe bien que
asesoró a Chávez en la construcción de su nuevo modelo venezolano, léase ruina,
y como tal fue presentado en una entrevista de la revista Diners de junio de 2003.
¿Qué podemos decir? Al buen entendedor pocas palabras le bastan. Por ahora,
hemos estado «disfrutando» en TV del peculiar y espectacular estilo de gobierno
de que hizo gala Chávez, amenazas a diestra y siniestra incluida lo que nos lleva a

sospechar de donde viene la que Petro le ha hecho públicamente a Ecopetrol. Los
discursos de uno y otro coinciden, el de la designación y ahora el de «no nos
reten».
No quede duda, la política que impulsará el nuevo gobernante se fundamentará en
el gasto, no en la inversión, quizás de ahí su voluntad de hacerse a “Ecopetrol”,
pues no tiene entonces sentido alguno que la empresa que le ha entregado al país
billones en recursos vaya a ser maltratada de la forma como anticipan, queriendo
cambiar su esencia para transformarla en empresa generadora de energías
limpias.
Si hay algo claro es que la energía nuclear es la más limpia en su generación,
pero un proyecto en este sentido no sería visto con buenos ojos por la comunidad
internacional a causa de los antecedentes de Petro.
Antes de las elecciones presidenciales, el 31 de marzo de 2022, la asamblea de
accionistas aprobó una reforma estatutaria que amplió el período de la actual
directiva de Ecopetrol de 2 a 4 años y limitó el término de permanencia en la junta.
Como los nuevos gobernantes son hábiles para confundir y en particular alterar los
contextos, fieles a su lema de «llegó el cambio», tanto el presidente electo como su
designado MinHacienda juzgaron esta decisión como un ataque contra ellos. Por
su parte, Ocampo dijo que la junta de Ecopetrol se estaba atornillando y el futuro
presidente, en su cuenta de Twitter, expresó «no nos reten», a la vez que se
anunció citarían a una asamblea extraordinaria. La expresión utilizada por Petro
recuerda una similar pronunciada por Chávez, lo que pareciera indicar que está
siguiendo los pasos de éste con PDVSA.
Lo cierto es que los cambios obedecen a los lineamientos dados por una
consultoría internacional atendiendo los parámetros de la OCDE, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa consultoría formuló sus
recomendaciones cuando aún no se sabía quién sería el próximo presidente de
los colombianos. Luego, la manifestación de Petro y las críticas de Ocampo no
sólo corresponden a su imaginario, sino que denotan la poca trascendencia que le
dan a la imagen de la empresa, a su importancia estratégica y a las repercusiones
negativas que con sus comentarios pueden acarrearle en el mercado.
El presidente Duque entendió lo delicado de la situación y aclaró que las
decisiones obedecen a prácticas de las empresas internacionales listadas en la
Bolsa de Nueva York. También dijo que se pueden impulsar reformas estatutarias
y hacer cambios en la junta directiva pero que ojalá profundicen en los requisitos
para los nuevos integrantes según los rigurosos protocolos que se aplican en el
exterior. Se ha rumorado que alguno de estos posibles nuevos integrantes puede
provenir de la poderosa USO.
La actual junta directiva ha optado por guardar silencio y no polemizar para evitar
que se sigan causando perjuicios a la primera empresa de los colombianos. En
vísperas de escribir la columna la acción de Ecopetrol registraba una fuerte caída
del 6.57%, su precio máximo en bolsa fue de $2.248 y el mínimo $2.106 y eso que

aún no se han posesionado ni han convocado a la reunión extraordinaria, para
comenzar su sepultura, bajo la premisa de que “Ecopetrol es del Estado”, con total
olvido de que Ecopetrol se ha construido a pulso, gracias al esfuerzo de los
colombianos que durante años han aportado su esfuerzo, consagración y
conocimientos para el progreso de la compañía. Será que nos aplicaran el refrán
de que nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde?

Bogotá, D.C. julio 16 de 2022
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión

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Hora de registrar un buen balance

Por: Bernardo Henao Jaramillo Al retornar de unas felices vacaciones familiares es momento para compartir mi augurio de un exitoso 2022, en el que cada uno de nosotros será el artífice para lograr que nuestro país continúe enmarcando su rumbo bajo el lema Libertad y Orden, pilares esenciales de la democracia y a través de los cuales podemos seguir construyendo el progreso y el bienestar de todos sus habitantes. Para conseguirlo nuestro voto será crucial en las elecciones del Congreso de la República a realizarse el 13 de marzo y en las presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo, en su primera vuelta y el 19 de junio de 2022, en segunda, si es del caso.Como siempre acontece en la actividad previa al proceso electoral se dan toda clase de especulaciones, alianzas y por supuesto de consabidas agresiones y ataques entre los aspirantes, así como de retiros como el ya conocido de Juan Carlos Echeverri. Con la proliferación de listas unas de los partidos y otras por firmas lo que queda claro es que, lastimosamente, nuestra joven democracia no cuenta con unos partidos sólidos. Se mueve más hacia las aspiraciones caudillistas e individuales de quienes aspiran, entre quienes no faltan los que fundan su aspiración en ataques subjetivos al gobierno de turno, encontrando eco en diversos medios de comunicación.Como el balance del gobierno de Iván Duque será factor relevante en la toma de decisión de quienes van a sufragar, necesario resulta un análisis objetivo del mismo, el que resulta positivo, más aún si se recuerda la Colombia que Juan Manuel Santos le heredó a Iván Duque, radiografía que se encuentra en el discurso del Congresista Ernesto Macías del 7 de agosto de 2018, las continúas manifestaciones y paros que se llevaron a cabo a lo largo de su gobierno y la pandemia que se padece desde inicios de 2020.Es evidente que, si bien pueden existir críticas, más predicables en el frente burocrático, lo cierto es que el gobierno de Iván Duque registra reales y efectivos logros y así comienzan a informarlo varios medios y los propios indicadores de gestión. Por supuesto, esto obedece también a la mejora reciente en sus comunicaciones con los medios. De destacar los reportes que dan cuenta de las realizaciones alcanzadas en materia de infraestructura y lucha contra la pandemia, ubicándose en el sexto lugar del índice Bloomberg en el manejo de ésta, por encima de países como Suecia, Reino Unido y Francia, entre otros.Colombia, por otra parte, ocupó el primer lugar en el Indicador de normalidad global de “The Economist”, destacando ese medio los buenos resultados en políticas públicas logrados especialmente en 2021. Además, no obstante el impacto causado por Covid-19 el acertado manejo de la economía permitió un crecimiento de 9,6%, por lo que se consolidó, según el Fondo Monetario Internacional, como una de las economías de América Latina que más crecerá, y de conformidad con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sería la de mayor crecimiento.En reciente edición del Offshore BPO Confidence Index se ubicó a Colombia como el país mejor calificado por los ejecutivos de cerca de 100 empresas internacionales de la industria, lo que sitúa al país liderando el índice mundial de confianza para el desarrollo de operaciones BPO.En el campo internacional, que tuvo sustancial mejoría con el acertado nombramiento de la Dra. Marta Lucía Ramírez, quien desde su llegada optimizó las relaciones de amistad y cooperación con los países con los cuales Colombia mantiene relaciones diplomáticas. De destacar la promoción de la mujer consiguiendo el apoyo de la ONU, para convertir a Colombia en el primer país del mundo en emitir bonos de género. En dicho escenario consiguió impulsar la propuesta de crear un índice de libertad económica de las mujeres, que permita hacer un diagnóstico internacional de la situación real y de las necesidades de la población femenina. Aun hoy no se ha valorado en toda su dimensión el logro conseguido en la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que permitió conseguir el cierre del examen preliminar a que se venía sometiendo a Colombia, lo que no aconteció en Venezuela. Queda claro que la justicia ordinaria y la transitoria especial, están cumpliendo la labor, más la primera que la segunda pues esta última se encuentra retardada. No haberlo obtenido habría significado que la Corte Penal Internacional le abriese una investigación al país. Esto hubiese sido un retroceso inmenso en materia de su lucha por la preservación del DIH.Se consiguió fortalecer alianzas comerciales con países amigos y aliados estratégicos que contribuyen a la reactivación económica conseguida. Dan cuenta de ello las visitas de Estado del presidente Iván Duque a los Estados Unidos de América, Brasil, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Corea del Sur. El país gracias a su diplomacia hizo posible la elección de Sergio Diaz-Granados en la CAF, Juan Carlos Salazar como director de la OACI y Carlos Bernal como comisionado en la CIDH. Colombia mantiene las Presidencias Pro Témpore de la CAN, Alianza del Pacífico (AP) y PROSUR, y por último el país consiguió la adopción de la Carta Interamericana Empresarial en la OEA.La agenda del Pacífico, como podría llamarse, es de no olvidar. Se consiguió despertar en Asia y África un gran interés del sector empresarial por invertir en nuestro país, particularmente en los sectores de infraestructura, energías renovables y, de elogiar, la hoja de ruta del hidrógeno verde.Se quedan sin registrar muchas actividades claras en materia diplomática y consular pero lo cierto es que el trabajo cumplido por el gobierno Duque en materia internacional es de significativa importancia y sumado al éxito a nivel interno su reconocimiento se reflejará sin duda en el candidato que represente la continuidad.El avance en proyectos claves de infraestructura, el acertado manejo de Hidroituango, la gratuidad en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3, la Política Social de Vivienda llegó a más de 350.000 familias colombianas, significativo aumento del salario mínimo y cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno, muestran que no es con populismo sino con trabajo que se logra mejorar el bienestar de los colombianos, construir un orden legítimo a partir de un Estado eficiente y democrático, que a toda costa debemos preservar en las próximas elecciones. El denominado por la oposición “pseudo presidente” les ha dado una lección de grandeza fincada en su humildad, que le hace ser ya tenido como gran estadista.

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Derecho o Política, el fallo de la Corte Constitucional

En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.

Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.

Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.

Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.

La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.

Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.

Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.

También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?

A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:

 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.

Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.

Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.

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Debemos acudir a la verdadera memoria histórica

En frase escrita en la entrada del bloque No. 4 del campo de Auschwitz, se encuentra la atribuida al poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”, y aunque la memoria de hechos luctuosos horrendos me taladre el alma, considero que hay que recordarla para no caer en los mismos errores, por eso, evoco dos graves sucesos ocurridos en el mes de noviembre y que marcaron nefastamente el destino de nuestra patria.

El primero de ellos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, con posterioridad a un proceso de paz iniciado por el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas con los alzados en armas, entre éstos, con el grupo guerrillero M-19, el que a sangre y fuego asaltó el Palacio de Justicia, en una acción demencial, coincidente, con el análisis que realizaban los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del tratado de extradición y con las amenazas que a éstos les habían efectuado los denominados “extraditables”, según denuncias que ellos habían formulado. Se trató de una toma bárbara, violenta, que arrasó las instalaciones de la justicia, secuestró a más de 350 personas y le costó la vida a más de 60 personas inocentes, encontrándose entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de excelsas, inigualables e irremplazables condiciones y méritos. Esa reprochable e incalificable acción del M-19 afectó la institucionalidad, el balance de poderes y la vida de los colombianos, marcando el declive de la administración de justicia, propósito que  justamente sirve a puntuales y determinados sectores políticos.

El llamado Movimiento M19, desde la anunciada campaña publicitaria que le antecediera, se conoció como un grupo subversivo que inició su accionar con el robo de la espada de Bolívar. En su trasegar se encuentran otros sangrientos eventos, como el asesinato al líder sindical José Raquel Mercado; el secuestro a Gloria Lara, de quien se conoció después el trato inhumano y torturador al que fuera sometida y quien perdió la vida en poder de ellos; más de quinientos colombianos secuestrados, la mayoría de ellos con fines extorsivos, como el de Camila Michelsen, la hija del banquero mas importante de aquellos años. Y, por supuesto la toma de la Embajada de la República Dominicana en la que siempre se dirá pagaron cuantioso rescate para liberar a los embajadores secuestrados. También fueron los autores del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. 

El otro grave evento a recordar aconteció el 2 de noviembre de 1995, cuando se cometió el magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), destacado líder conservador, promesa de guiar al país por la senda republicana del respeto, la autoridad y la primacía de los principios. Lamentablemente pudieron más los intereses ocultos de los asesinos que le segaron su vida en un execrable asesinato cometido a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, la cual ayudó a fundar. Al dolor de su pérdida se une la tristeza de que han transcurrido 26 años de su asesinato y a hoy el crimen permanece en completa impunidad. Quien tanto abogara por la justicia hoy inmerecidamente tiene en ella la más completa injusticia, pese a los esfuerzos de su familia para el esclarecimiento de la verdad. Lo que se conoce es que se acude a todas clase de artimañas para desviar la investigación. 

Son dos hechos de gravedad extrema, que no podemos dejar en el olvido, máxime cuando siendo lo obvio y lógico que el Estado Colombiano persiguiera y judicializara de manera ejemplar al grupo terrorista que causó el Holocausto del Palacio de Justicia, hubiera optado por esa absurda y extraña generosidad que motiva a los líderes de antaño y de ahora a conceder inmerecidamente amnistías y perdones, lo que conduce a un imaginario social que deslegitima y transforma la realidad. El Presidente Virgilio Barco Vargas, desconociendo aquella máxima predicada por Sir Winston Churchill “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación  y con la guerra”, aperturó el inició de entrega de perdones y olvidos, inmerecidos por cierto, a los integrantes del grupo subversivo. Ese es por cierto el antecedente de la Ley 77 de 1980, cuando infortunadamente le dieron a las atrocidades de esos individuos el alcance de ser tenidas como  “delitos políticos”. Qué absurdo el que se cometió y que hoy se sigue replicando, sin que el pueblo colombiano conozca justicia diferente a que con sus impuestos, que no con dineros de los victimarios, se indemnicen a las víctimas.    

Pero la mayor generosidad y entrega jamás vista en anteriores procesos de paz fue la negociación hasta hoy fallida del Acuerdo de Paz de la Habana. Ya han transcurrido cerca de 5 años de su firma y no solamente se desconoce la verdad, sino que ausente se encuentra la reparación y la no repetición. Tampoco a la fecha de esta columna se conocen condenas a ninguno de los autores de atroces crímenes, pero sí gozan de todo tipo de privilegios. Quizás, quienes celebran los procesos de “paz” borran de su memoria el fracaso de los acuerdos, por eso la historia se repite, sumiendo al pueblo colombiano trabajador y honesto en una prolongada crisis.

Los gobiernos que así han procedido no sólo se arrodillaron, expusieron al país a un futuro oscuro y espinoso. Es una paradoja observar que quien como miembro del grupo subversivo M19 trastornó gravemente la institucionalidad del país, hoy pretenda ser el regente del mismo y ocupar el solio presidencial. Recordar eventos pasados nos sirve para mantener activa la memoria, a la vez que nos permite pensando en el pasado planear nuestro futuro. No podemos ser “desmemoriados”.

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Basta ya de tanto abuso Sra. alcaldesa

Sin siquiera llegar a un año de ejercicio como alcaldesa de Bogotá, ya son demasiadas las actuaciones reprochables que la muestran como una gobernante que sólo piensa y actúa por la ideología que la distingue y no por el bienestar de los ciudadanos residentes en la ciudad capital que es a quienes debe gobernar por igual.

Ya cuando en diciembre cumpla un año al frente de la alcaldía, será de inmediato el comienzo por los contradictores como el punto de partida del inicio de la revocatoria al mandato, posibilidad que puede llegar a conseguir ese resultado que se ve más cercano si en un repaso rápido de algunas controvertibles decisiones, se muestra y demuestra el talante arbitrario, impositivo de la gobernante local que, como siempre, con teatral habilidad se erige con su dedo acusador en culpar a los demás de sus crasos errores, en particular de señalar al gobierno nacional como causante de ellos.

Las páginas de una columna no alcanzan para registrar tanto desacierto, por lo que solo se analizarán una pocas. De las más cuestionables actuaciones desde el inicio se marcó su clara pretensión de maniatar e impedir que el Esmad cumpliera con su labor constitucional. Al inaugurarse como burgomaestre de la capital adoptó medidas que dejo saber pretendían facilitar la protesta ciudadana, pero que realmente enfilaron sus baterías a limitar el accionar del Esmad y al final para dificultar el accionar de la policía nacional. El denominado protocolo que adoptó quedó claro que su finalidad principal fue cercenar herramientas con las cuales la policía actuaba contra los desadaptados vándalos que afectaban y destruían bienes en la ciudad y desde luego, con esas dotaciones protegían su humanidad

Quiso después en febrero cambiar el color marca y distintivo Rojo de los buses de Transmilenio por distinguirlos con unos colores multicolores dizque para reflejar el “estándar de emisión”, que se entendió rápidamente como pretender respaldar a los seguidores y defensores de los movimientos LGTBI; como no le fue bien en esa pretendía actuación que ocasionaba serio perjuicio a las finanzas de la ciudad, optaron aún sin decidirse, proponer pintar de amarillo los buses Euro V con filtro y Euro VI, y los de «cero emisiones» serían de color verde fluorescente; es decir, los que son a gas o eventualmente los eléctricos. Es claro que pretende adueñarse con los recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos explorar una manipulación a la agenda proyectada ambientalista.

En el mes de marzo a tres meses de su gestión precipitó el encierro de los ciudadanos con ocasión del Covid 19 en aquel fallido simulacro de aislamiento que terminó en desbandada vehicular de paseo a regiones cercanas de Bogotá convirtiéndose por cuenta de absurda medida en un transmisor a regiones aledañas a Bogotá de peligroso virus. Las posturas por el manejo del aeropuerto Internacional del Dorado son francamente bipolares, de la postura inicial a la ahora final.

Cuando los movimientos de la izquierda en todo momento exigen de consultas ciudadanas y que quieren ahora posicionar con el tratado de Escazú, hacer renunciar a la soberanía nuestra, se produce, aprovechándose del obligado aislamiento decretado por el gobierno nacional, el monumental “asaltó” a los ciudadanos propietarios de vehículos automotores que transitamos por las vías de la ciudad quien pagamos costosos impuestos, gravámenes y valorizaciones, incluyendo en particular el de rodamiento, al cercenar en las principales vías capitalinas, de un tajo, mejor de un plumazo, un completo carril en la Carrera 11, Calle 13, Carrera 7ª, Carrera 50 entre otras y ya se anuncia la carrera 15 al norte de la ciudad.

No hay derecho, que los ciudadanos trabajadores que se movilizan en su automóvil a su lugar de trabajo, so pretexto de protección de contribuir con el medio ambiente e incrementar el uso de la bicicleta, sean vulnerados sus derechos en la forma abusiva como se hizo de impedirles el uso de un esencial carril necesario y fundamental para la movilización. No es solo abuso es un completo atropello a los ciudadanos que ya en el caso de la Avenida Jiménez acusa gravedad inmensa y tiene desesperados a sus vecinos que le silbaron y protestaron enérgicamente, eso no pinta nada bien. La justicia debe enmendar tamaño despropósito. Ya al momento de escribir estas líneas se apresta un grupo de ciudadanos y organizaciones a impulsar una acción popular para restablecer el uso de las vías y exigir de la mandataria que responda, incluso con su propio pecunio.

La notoria diferencia en el trato a los visitantes de la minga que sin importar la exposición y expansión del virus les albergo en la ciudad, exponiendo por completo al residente y en particular a los vecinos del centro de los deportes donde les diera refugio y alojamiento, muy distinto al acompañamiento que les niega a otros actores de la sociedad que les negara los permisos para trabajar en la capital como no les fue permitido a los campesinos de Boyacá, vender la producción de papa.

Alejada por completo de combatir la escandalosa y miedosa inseguridad, jamás vista en los actuales niveles, procede actuar la Sra. Claudia López con declaraciones inapropiadas, incendiarias que en vez de tratar de rescatar la seguridad que urgen los ciudadanos, producen todo lo contrario, esto es, la incrementan e incentivan por efectos de su declaración xenofóbica en contra de los ciudadanos venezolanas que migraron por efectos de la huida al genocidio que vive el vecino país causado por el tirano gobernante Maduro, que los llevó a buscar su sustento y comida en esta latitudes.

Fue tan grave esta declaración discriminatoria que la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) la declaró el jueves de esta semana, persona «non grata”, quien reclamó también del gobierno que trate de impedir que esas manifestaciones tengan repercusiones violentas como seguro va acontecer o ya ha ocurrido.

Desconociendo que en épocas de escasez, que imponen gasto mesurado, contrata a dedo amplia publicidad para buscar mejorar su imagen que lo hizo dejando disque saber que era para prevención del Covid 19 cuando se demostró que lo fue en cuantía de 6.000 millones para pauta digital, como en su momento lo denunció el concejal Emel Rojas.

En medio de la expansión de Covid 19 demostró habilidad para culpar y a su vez, tratar de hacerse con las victorias del gobierno, vino a respaldar impulsar un adefesio, como es un día sin carne, cuando lo elemental es que fuera lo contrario. Impulsar una campaña para que se dé un día con carne para millones de ciudadanos que no pueden tener en sus comidas esencial proteína. Los mal denominados animalistas que de animales tienen mucho, pero de humanidad poco se han dado a la tarea de imponer sus creencias contrarias a cientos de años de historia que demuestran que la carne, por la proteína que tiene, es esencial y crucial en el desarrollo humano.

Sus nimios resultados en la cercanía de cumplirse un año hacen que su gestión la utilice más como una plataforma electoral, con alianzas extrañas con otrora contradictores, como acontece con el ex gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, otrora cuestionado por ella por un cuestionado manejo de volteo de tierras que la hace ver como si estuviese en campaña futura presidencial para pretender aspirar a dirigir la nación, que en ocuparse de la grave problemática que acusa la ciudad de Bogotá, D.C. en estado de completa gravedad, desmoronándose por todas partes por la inseguridad galopante, el desempleo creciente, la informalidad en aumento, la economía al borde de la quiebra, el odio y lucha de clases en aumento que imponen que el buen gobernante que reclama la ciudad, encuentre en la unidad y trabajo en equipo de todos los sectores la respuesta al difícil y crucial momento.

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El monstruoso senador asesino

No existe en la lengua castellana un término que recoja una conducta como la confesada por el individuo de nombre Julián Gallo Cubillos, más conocido con su alias de “Carlos Antonio Lozada”, como responsable de la ejecución en total estado de indefensión del inmolado líder conservador ALVARO GÓMEZ HURTADO (q.e.p.d.), pero el del título de la columna es el que más lo retrata. En Colombia y en el mundo no existen los ex asesinos, ni dejan de serlo por ser amnistiados o indultados.

En el prontuario de este avezado criminal se le tiene como responsable de la instalación del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en 2006, de los atentados contra Germán Vargas Lleras en 2002 y 2005 de la activación de una cicla bomba en una sede de la Policía en el barrio Fátima de Bogotá, en 2002. Del atentado con bomba lapa al señor exministro Fernando Londoño Hoyos en el 2006.

Es bastante probable sea también uno de los autores materiales que causó el grave atentado con un carro bomba al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero del año 2003. Se duda mucho que sin la intervención del Frente Urbano Antonio Nariño la temible columna guerrillera de la Teófilo Forero haya podido ejecutar sola tan execrable crimen.

Bastantes consecuencias se desprenden de esta confesión recogida en la carta entregada el 30 de septiembre suscrita por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape y Pablo Catatumbo Torres y sus abogados que la JEP dio cuenta de ella, a través del comunicado No. 132 de octubre 3 de 2020, en la que dejaron saber la disposición de ellos en “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los homicidios” de Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.

Pasados más de dos años de estar en función la JEP, en el entendido que no existe un macrocaso que se ocupe de los asesinatos selectivos sorprende la rapidez con la cual esta justicia transitoria se aprestó a señalar que tiene competencia prevalente y preferente para investigar esos hechos, que dice lo son con ocasión del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016.

Dispuso así mismo, escuchar en versión voluntaria a Rodrigo Londoño Echeverri y Julián Gallo Cubillos. Llama la atención la justificación de esa decisión con fundamento a normas “constitucionales y legales” sin citarlas puntualmente. Este hecho improvisado, adoptado de afán, no tiene cabida en los siete macro casos que son los únicos que deben avanzar, pero no sacando del sombrero cual mago en funciones sin mediar informe previo.
Ese afán de asumir la investigación es la demostración nuevamente que esa Jurisdicción les fue echa a la medida de las FARC. Pero aquí se equivocan y de manera grave la JEP y su Presidenta Patricia Linares, no solo por lo ya indicado sino por algo elemental que, en su celeridad de ayudar a los encartados, olvidó para el caso del asesino confeso senador Julián Gallo Cubillos que él tiene fuero, que su confesión de la participación en el magnicidio es del único conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, la Corte Constitucional dejo claro precedente constitucional al indicar en la sentencia C 674 de 2017 que «cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción, según el caso». La prevalencia de la decisión constitucional que blindara el acuerdo de Paz se impone y la JEP la irrespeta frente al asesino mencionado. Ya está en mora de enviar cuanto antes el expediente ante la Corte Suprema de Justicia que es la competente para juzgarle.

Desde luego esto no va ocurrir y a raíz de la confesión en la si autorizada y permitida investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación quien dispuso de inmediato que Echeverri y Gallo sean escuchados en declaración juramentada el próximo 4 y 5 de noviembre. Al conocer la decisión el máximo vocero de las Farc ya puso el grito en el cielo, seguro por el miedo que tiene que esa no es la jurisdicción confeccionada a su medida, la que no puede manipular a su antojo.

Es más, no se requiere ser un ávido investigador forense para inferir que el asesinato execrable del doctor Álvaro Gómez Hurtado haya sido con motivo del conflicto armado. No señores el magnicidio, ocurrido en noviembre 2 de 1995, que ahora es un crimen de lesa humanidad, lo fue por sus posturas ante el gobierno permeado por el narcotráfico más conocido como el caso 8.000. Ahí lo que hubo fue una posición digna, respetable y sincera como eran siempre las inigualables intervenciones del gran líder conservador.

La confesión por demás tardía de estos facinerosos tiene por propósito pretender lavarle la cara sucia por siempre al indigno expresidente Ernesto Samper Pizano. Él sabe o presume que las investigaciones de la Fiscalía avanzan y según parece incluyen también a su escudero mamola Horacio Serpa. Él sabe que aquella entidad cuenta con un completo equipo de investigación y suena bastante que puedan llegar a ser vinculados con el magnicidio.
En medio de ese lento transcurrir se conoció que la señora Piedad Córdoba con ocasión de la reunión del edificio Alpes dejo saber que ahí estaban reunidos los asesinos del líder inmolado. Aquella comenzó ya a declarar ante la fiscalía y se está pendiente que concluya su testimonio; hay serios indicios que su distanciamiento de las FARC es cierto. Ese presunto atraco que le ocurriera a sus escoltas se debe interpretar más bien como un intento en tratar de amenazarla y silenciarla pues tiene nerviosos e inquietos a los responsables de la muerte del destacado conservador.

Es tan amañada la posición del entonces parte del secretariado de las Farc que parecen olvidar a propósito que ese expresidente liberal no puede ser objeto de investigación de la JEP por puntual prohibición del Parágrafo 1 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo No. 1 de 2017. Los expresidentes tienen fuero. Por lo tanto, su juez natural no es ni será nunca la justicia transicional. Ese inusual favor que pretende las FARC hacerle al responsable del 8000 les salió muy mal. Le revivió por siempre la condena social que lo acompañará de por vida. La JEP no le va servir como si lo hiciera el exrepresentante Heyde Mogollón, de quien vale recordar que William Rodríguez Abadía, el hijo del capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez, informó ante los medios que le entregaron un millón de dólares por absolverlo.

Es claro que ante la JEP se puedan investigar crímenes de guerra que califiquen como de lesa humanidad si acontecieron antes del 1 de diciembre de 2016, pero el presunto crimen de estado en la persona del doctor Álvaro Gómez Hurtado, califica en ser de lesa humanidad como ya fue decretado, pero nunca lo fue por razón del conflicto así ahora lo confiesen quienes dicen ser sus autores materiales y traten de acomodarlo a esa razón que carece por completo de soporte. La tardía confesión efectuada en el presente mes lo es cuando ya se sabía por parte del monstruoso senador asesino que un fiscal de Derechos Humanos en diciembre 19 de 2017, tomó la decisión de declarar el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, como delito de lesa humanidad.

En esa oportunidad un fiscal de Derechos Humanos concluyó que “el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los extraditables¨ en la década de los 80.”

¿Dónde queda entonces que lo fue con ocasión del conflicto armado? La respuesta es elemental. No lo fue. Ocurrió o le motivó las posturas firmes contra el narcotráfico que sostuvo siempre el Dr. Álvaro Gómez H. Lo que se desprende de la confesión es que el cartel del Norte del Valle, encontró en su ideario criminal un ejecutor ideal, como fueron las subversivas Farc de entonces que, si bien entre bandidos se entienden, les servía para ocultar o camuflar su participación por los efectos y consecuencias que sabía tendría el crimen execrable en el devenir de la Nación.
Hoy, es posible como hipótesis derivar una participación tripartita que involucra un presunto ahora determinador en cabeza del gobierno de entonces, un eslabón de intermediario que fuera el cartel del Norte del Valle quien seguro concretó la participación del autor material en la entonces Farc, sin que su participación desnaturalice la causa o razón que motivó el asesinato cometido. Baste con recordar la alianza macabra que se dio y comprobó entre el narcotráfico y los subversivos del M19 que terminó en la destrucción del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Cerca de cumplirse 25 años del magnicidio es claro que la justicia colombiana no ha funcionado ni operado y ahora que se conoce esta extemporánea confesión se infiere que ante la denegación de justicia que incluso llevo a tener por responsables a quienes no lo son y afectar a muchos militares en retiro y a las mismas FFMM mañosamente señaladas por un exembajador de los Estados Unidos, se impone llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, como anticipo se hará oportunamente.

Bogotá, D.C octubre 10 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

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Fallo aberrante

Los colombianos deberíamos sorprendernos ante fallos como el del “blindaje a las protestas pacíficas”, pero como los escándalos a los que nos ha acostumbrado la “administración de justicia” son permanentes, cotidianos, lamentablemente nos habituamos, y ya dejan saber que estamos y se confirma frente a los que no se equivocan en llamarla o denominarla “tiranía judicial”. Si revisáramos las decisiones más recientes en las Altas Cortes, se constataría la existencia de sentencias controvertibles, cuestionables y en varios casos, como acontece con la más reciente proferida el 22 de septiembre de los corrientes por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aún en proceso de notificación, que se incumple por ellas el mandato del artículo 230 de la Constitución Política en cuanto a que los jueces en sus decisiones están sometidos al imperio de la ley.

Se trata de una decisión de segunda instancia en materia tutelar que acaba de proferir la Sala de Civil en el mal denominado “caso de la protesta pacífica”, cuando todos sabemos que de cierto sector de eso poco tiene, pero que el país no sale del asombro sobre la obnubilación y embriaguez completa de los magistrados que la profirieron. Más solidez y argumentación tenía el fallo que revocaron.

Esa decisión mayoritaria adoptada en un extenso escrito de 154 folios al que se suman 16 más que recogen los juiciosos salvamentos de los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Luis Alfonso Rico Puerta, deja conocer la constante en escribir fallos extensos para agotar, no quepa duda, que esa sentencia desconoce la realidad que afecta a los colombianos, la impulsan 39 actores que dejan bastantes dudas de sus calidades para impulsarla, como la de esa persona que, al parecer, coincide en nombre y apellidos con los de la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Dra. Catalina Botero Marino, y es una sentencia sin duda por completo aberrante e ilegal, como ya queda consignado y se aprecia en la lectura de los salvamentos de voto, como surge de uno de los apartes del emitido por el Magistrado García Restrepo: “no solo se abusa de un exceso de normas y providencias de todo orden, con el único fin de sustentar unas decisiones finales que, según mi punto de vista se salen de las facultades de los jueces e invaden la órbita del legislador para repartir de forma desordenada y sin competencia, decisiones mandando a los distintos funcionarios hacer cosas que si bien pueden tener la intención de protección de manera general, no están encaminadas a evitar en caso concreto alguno la vulneración de derechos fundamentales de sujetos determinados”; acción que sin duda se aparta de toda la línea jurisprudencial que sobre la acción de tutela ha precisado la Corte Constitucional.

La acción de tutela era desde su comienzo por completo improcedente. De plano debía rechazarse, pero la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por lo menos decidió no amparar los derechos que los accionantes consideraban vulnerados. El principio de la subsidiaridad no se respetó, antes debían agotar otras acciones ordinarias que algunos tenían en marcha y otros no lo hicieron. Fueron olímpicos protestantes pacíficos los tutelante. Por su parte, los Magistrados que conceden el ilegal amparo abusan de su función judicial, no respetan e invaden la órbita legislativa, quien es la única entidad que puede a través de sus representantes y senadores promover un proyecto de ley estatutaria que se ocupe de reglamentar y legislar la protesta.

Pero no contentos con esa abusiva invasión, hacen lo propio respecto a la Rama Ejecutiva, vienen a ORDENAR: Al Ministro de Defensa que en 48 horas se excuse públicamente por los excesos de la fuerza pública, los que aún no están probados ni demostrados; al Presidente de la República como si estuvieran por encima de él, a expedir un acto administrativo para dizque “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas”; además, a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que “expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas”; al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica; al Defensor del Pueblo realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación del Esmad y a esta entidad para que suministre el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido. A los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

Causa curiosidad, pero no extrañeza, que a pesar de que la tutela se dirigió también en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ciudad en la cual se narran los pocos casos concretos de posibles actos violentos contra alguno de los accionantes, no se le imparta ninguna orden ni instrucción.

Disculpen, qué se creen estos individuos que de honorables poco, pero de abusivos mucho. Estas órdenes inconstitucionales por completo son una extralimitación desmedida de la función que les compete. Es un actuar que raya en conducta presuntamente delictual. Son otros agitadores de pluma judicial, quienes con peligro evidente pretenden intervenir en la conducción del Estado, labor que les es ajena. Lo peor, violan ostensiblemente el artículo 218 de la Constitución Política Colombiana que claramente establece que la Policía es un cuerpo armado y debe serlo para defender la vida y honra de los ciudadanos como reza el final del art. 2 de la Constitución Política.

Si quienes administran Justicia, contrariando la finalidad de este valor, pretenden sitiar al Estado, llevan a impulsar el sentimiento de que es el miedo el que debe sentir el ciudadano del común ante ella, y por tanto que se debe acudir a la justicia por propia mano.

El fallo nos afecta a todos y debe ser objeto de solicitud de aclaración por parte de nosotros los ciudadanos afectados. Pese al temor que justificadamente tengamos, debemos despertarnos y llevarnos a extender un solo grito tan fuerte de rechazo a estas intromisiones y abusos que detenga el actuar arbitrario de unos operadores judiciales que deben cesar en su ostensible ilegalidad. Si no reaccionamos como sociedad civil y hacemos un frente a esta reprochable actuación de estos magistrados que olvidaron su noble misión, el proceso de desestabilización en curso, al que contribuye esta anarquía judicial, hará en menos de lo que se cree que nuestra Patria grande se convierta en una Nación doblegada y pauperizada, como le ocurrió a la hermana Venezuela

Hoy en la estrategia desestabilizadora en curso es claro que la educación, la justicia la iglesia y otras entidades claves han sido cooptadas por la izquierda radical. Está en marcha un plan desestabilizador que tiene en los foros de Sao Paulo y Puebla los principales impulsores de la desestabilización en latino américa de los gobiernos democráticos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los estamentos que no han conseguido hacerse con ellos o desacreditarlos. Hay una campaña despiadada contra la Policía y el Ejército, con libretos claros y con una orquestación
con medios y redes para conseguir su propósito. No lo conseguirán nunca si nos unimos como sociedad civil respaldando y defendiendo como ya acontece a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

Bogotá, D.C. septiembre 24 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de opinión

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FRANCISCO DE ROUX, NO POR SER SACERDOTE SE ESTÁ CON LA VERDAD

En abril 4 de 2017 mediante Acto Legislativo 01, se creó un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Como consecuencia de ello nació La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sujeta a un régimen legal propio. En el artículo transitorio 2° se puntualizó que   la Comisión es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al “esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Mediante decreto 588 de 2017 se organizó entonces la Comisión, que es más conocida como la Comisión de la Verdad.

El artículo 8 del Decreto 587 de 2017 fue enfático en señalar que los procedimientos de postulación y escogencia debían ofrecer garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia, tanto a la sociedad colombiana como a las víctimas. El mentado proceso de selección individual necesitaba contar con la adecuada idoneidad ética de los comisionados, una correcta imparcialidad que evitará un sesgo ideológico en la construcción de memoria histórica, incluyendo la ausencia de conflictos de intereses.

Para la época de su conformación quedó en evidencia la injerencia del Secretario de Naciones Unidas y La Corte Europea de Derechos Humanos para elegir aquellos que serían los llamados a esclarecer la verdad en 53 años del conflicto interno. Se comenzó mal en la forma escogida para hacer la elección, bajo ninguna circunstancia se debió permitir la participación foránea.  El Comité de escogencia dio a conocer once nombres: seis hombres y cinco mujeres que representaban diversas regiones del país. Una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos; fueron elegidos entre 208 personas que se postularon.

La elección de Francisco de Roux dejó bastantes incertidumbres, no sólo por su imposibilidad de ejercer el cargo desde una perspectiva ética y canónica, sino también por su marcada tendencia a reivindicar la lucha de movimientos campesinos e indígenas desde una perspectiva dialéctica. Al respecto, el inciso 3 del canon 285 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, establece que; “les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”. Anotando, que la participación en los encargos que tienen como finalidad el servicio a la comunidad desde altas dignidades del Estado, se reservan para los laicos.

Los sacerdotes que sirven al bienestar de su comunidad lo hacen desde los sacramentos que emanan desde los cimientos del catolicismo, apartándose específicamente desde la polarización que implica estar en el debate de los asuntos de la vida nacional. Si bien, el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, su articulado no implica en modo alguno fuerza material de ley, se entiende que su incumplimiento no le es exigible a las autoridades de la nación, pero si, a las correspondientes autoridades eclesiásticas que para el efecto señale la Iglesia Católica. Si esto es así, ¿Estaba Francisco de Roux legitimado moralmente para ser comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición?, y, en ese caso ¿no debería ser sancionado por las autoridades de la Iglesia Católica por incumplir los deberes que le impone el Código de Derecho Canónico?, Con ello, solo se puede concluir que, no extraña ni sorprende el silencio hasta hoy de la iglesia en estas circunstancias, en otras épocas quizás no habría sido así.

Gracias a la firmeza, decisión y valentía del Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis, comisionado de esa entidad se conoció el pasado 24 de julio de 2020, en manifestación que extiende a los comisionados, una contundente denuncia que a manera de interrogantes deja conocer la actuación parcializada y sesgada de esa entidad en la que el Presidente de la Comisión asumió su responsabilidad por la censura o veto conocido. Esos excesos que no están en sus funciones como Presidente de la Comisión, impidieron que se expusieran desde otra perspectiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dieron los hechos que tuvieron lugar, específicamente en el Batallón de la Popa, donde el Coronel (RA) Hernán Mejía Gutiérrez fungió como comandante. 

Tiene pues la CEV la búsqueda de las causas del conflicto que  transversaliza a través de patrones sistémicos y masivos a partir de un enfoque territorial, en la que el papel de identificar a los responsables se hace desde una perspectiva colectiva y no individual. Para lograr tal objetivo, convoca a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces, se impone obligada pregunta ante los hechos que acaba de conocer la opinión pública ¿porqué fue vetado el evento organizado por el comisionado Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis? ¿Cuáles son las explicaciones que se utilizaron para censurar la participación de los panelistas en el evento organizado por el Comisionado Ospina, aún a sabiendas de que la Comisión de la Verdad tiene una función pluralista de escuchar a todo aquel que haya tenido injerencia en el Conflicto Armado Colombiano? ¿Acaso esta en las funciones del Presidente de la Comisión (Articulo 21) citar a un expresidente de la República para abrirle un espacio para contar ese si una “verdad” que nadie cree?.

Mientras se espera se resuelvan los puntuales interrogantes se anticipa de alguna manera que el cargo que ocupa el padre Francisco de Roux, le obnubiló, o como se dice en el común, se le subió el cargo a la cabeza, y deja conocer esa faceta desconocida u oculta de una personalidad arbitraria o para otros autoritarios, llegando a extremos inadmisibles, contrarios a lo que se espera del capitán del barco. Su proceder y justificación de un hecho que no tiene asidero legal le hace estar incurso en una conducta reprochable que debe ser materia de investigación. 

No quepan dudas sobre el propósito que animó la creación de La Comisión de la Verdad, pero el manejo sesgado e irresponsable que le imprime ahora su conductor, deja saber que se perdió el norte, y se casó ideológicamente con una visión de la historia para que sea contada por aquellos que siempre fueron parte del problema de la sociedad colombiana, y hoy, se presentan como figuras intachables que enjuician a todo aquel que se atreve a decir la verdad y lo hacen censurándolos.

En conclusión, o corolario, la censura y veto en que acaba de incurrir la Comisión de la Verdad con uno de sus integrantes, es la clara demostración que primó su sesgo ideológico y sectario, que ya anticipa, descalifica y pone por completo en entredicho la versión o relato final que entregue esa entidad al concluir su mandato que es de tres años de los cuales se han cumplido ya dos. Hoy, la sociedad civil, le compete exigir que se cree y conforme una verdadera “Comisión Civil de la Verdad”, en la que se escuchen todos los autores del conflicto, en particular los militares que en esos 53 años del conflicto tuvieron injerencia y actuaron con sus armas en nombre de la República. La historia triste y sangrienta del conflicto colombiano en cerca de medio siglo, no se puede reescribir con claro sesgo parcializado, las generaciones futuras que conozcan la trágica historia del conflicto colombiano merecen respeto.

Bogotá, D.C. Julio 31 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión

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DE FRANZ KAFKA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Quien lo creyera en pleno Siglo XXI se revive por cuenta de la Corte Suprema de Justicia la célebre obra de “El Proceso”, escrita porFranz Kafka (3 de julio de 1883 – 3 de junio de 1924) nacido en Praga en época del Imperio austrohúngaro, que fuera publicado de manera póstuma en 1925;  obra que comienza con el arresto por la policía de Josef K,  sin que se le deje nunca saber la causa o motivo; el juicio le caracteriza siempre similar posición, incluso no supo nunca que tribunal le juzgó  y el final o epílogo,  termina trágicamente con la ejecución del inocente.

Es eso sin lugar a dudas lo que pretende este si conocido tribunal en Colombia. La Corte Suprema de Justicia que de tiempo atrás con algunos de los que son parte del denominado “Cartel de la Toga”, se dieron a la inmensa tarea persecutoria, no perdón, de cacería del señor Expresidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez.

Los anales de la historia judicial en Colombia y me atrevo quizás a registrar en el mundo no dan cuenta de tan ignominiosa persecución, que ya es sin lugar a dudas un gran Record Guinness en los anales judiciales.  Ahora, es incluso más desalentador y perjudicial cuando por obra y gracia de un perverso y depravado escritor, se empeña en injuriarle y afectar su buen nombre, so pretexto de ejercer el derecho a la libre expresión. Jamás el derecho de expresión está establecido para injuriar, calumniar e irrespetar a cualquier ciudadano y menos para hacer negocios comerciales so pretexto de explotar una mediocre serie que en lo que se conoce carece por completo de pruebas. 

En resumidas cuentas, son tantos los intentos en judicializar al señor Expresidente tendientes a tratar de privarle de su libertad que ante ausencia de acusadores que siempre deben mostrar su cara, ya sin vergüenza alguna, le dan trámite procesal nada más y nada menos que a escritos anónimos como acontece en el fracasado y estruendoso caso del Hacker y ahora en el que se dice se da con motivo del caso de los perfilamientos.

No es viable, es aberrante indagar y menos juzgar apoyados en escritos anónimos. Peor ahora, es apreciar como en Twitter la CSJ al parecer queriendo justificar y defender su posición, el pasado 3 de junio a las 5.54 pm en su cuenta de twitter deja saber que “Copias de correos electrónicos pueden aceptarse como pruebas, si no fueren tachadas de falsas y permiten su mínima individualización, al señalar de dónde provienen, o quién o quiénes van dirigidos y cuentan con fecha de emisión: @Corte Suprema SL5246-2019 bit.ly/3cxkZmW“

Esa sentencia en la que se apoya la CSJ es por completo inadmisible, por no indicar risible, pues saca de contexto lo dicho por la entonces Sala Laboral:  “aquí, cabe recalcar, que no desconoce la Sala, conforme a los términos del artículo 11 de la ley 527 de 1999, que la autenticidad de los mensajes de datos, encuentra sustentó (sic) en su confiabilidad, la cual se determina en la forma como se hubieran generado y conservado, así como la identificación de su indicador”, ya que desconoce abiertamente un derecho universal y constitucional que deben velar, proteger y garantizar como es la presunción de inocencia en materia penal.

No nos vengan ahora a decir que se trata de un aforado cuyo caso se rige por los postulados de la ley 600 de 2000, para no dar aplicación concisa y precisa al artículo 430 de la Ley 906 de 2004 que desarrolla el Procedimiento en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, norma en la cual se registra con acierto que “Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en el código penal, se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”. 

Dicha prohibición opera para todos los medios o fuentes de información que tengan la condición de anónimos, en aplicación del principio lógico jurídico que enseña que donde existe el mismo supuesto fáctico debe existir la misma consecuencia jurídica, o que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, pues no tendría sentido que siendo la razón de ser la misma (el origen desconocido de la fuente informativa), la prohibición solo operara para los documentos. de manera, pues, que las declaraciones anónimas resultan inadmisibles como prueba y sólo sirven a manera de criterio orientador por el órgano investigativo para sus labores de averiguación, cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan verificar su contenido.

Confiemos en que en la persecución al señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez se logre cesar y de contera cambiar el resultado final injusto y trágico de la obra El Proceso de Kafka. Como consecuencia de ello, se debe disponer de inmediato corregir la actuación que se abrió en indagación preliminar para que sea por completo revocada y desestimada, máxime que al carecer de valor probatorio los escritos en correos anónimos no conseguirá producir ningún efecto en desvirtuar la garantía universal del derecho a la presunción de inocencia que cobija al señor Expresidente de la República.

Bogotá, D.C junio 4 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO