Oposición, mentiras y desgobierno.

Ya de regreso de las vacaciones de fin de año se retoma la columna semanal. En esta ocasión tuve tiempo de pensar y meditar sobre la situación que se presenta con el gobierno y la oposición, ésta presente en tantos grupos de WhatsApp en los que los participantes demuestran su necesidad de expresar su descontento con quienes detentan el poder, empero, curiosamente, se limitan a reenviar la información que reciben. 

La oposición está cayendo en un juego absurdo al creer y querer que lo que  consigna en correos y cuentas virtuales cumple su cometido sin tener en cuenta que para lograr esa finalidad debe esforzarse en ilustrar, no a quienes comparten su postura ideológica o tienen clara su posición, sino a aquellas personas indecisas o apáticas, mediante un análisis serio y real sobre las decisiones que están afectando la democracia y el bienestar general de la población, para hacer un frente común y desempeñar la función que le corresponde de control al gobierno. 

Entonces, la clave de la oposición debe ser menos opinión y más acción. Hay que buscar el consenso y definir dónde y cómo se ejecutará esta última. Así, la convocatoria a un paro el 12 o el 14 de febrero de este año debe observar la experiencia de lo ocurrido en Venezuela, para que se logren los propósitos que con él se buscan y no favorecer al gobierno como ocurrió en tiempos de Chávez, cuando se impulsó un paro en similares condiciones. 

Las marchas pacíficas del 2022 en contra del gobierno y sus reformas deben evaluarse imparcialmente y de su balance obtener las enseñanzas que permitan avanzar a un resultado satisfactorio, por ejemplo, entender que las diferencias entre los promotores deben dejarse de lado y unidos en una sola voz “hacerse oír”. 

La oposición, por el desgaste de los partidos y el exceso de burocracia que la lleva a renunciar a los principios en aras de intereses egoístas, necesita de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento, los gremios. Ellos están llamados a impulsarla. Tendrán destacado papel las acciones judiciales que permitan salvaguardar la división del poder público en ramas y poner en cintura a un presidente que, con su llamado a una ilusa » paz total «, se acerca cada día más a la tiranía, al abuso y al irrespeto de la Constitución.

Es evidente que el gobierno a diario da el material necesario para justificar una oposición activa y presente. Valga anotar como tal lo que ocurrió al finalizar el 2022 cuando el presidente anunció un acuerdo de cese del fuego bilateral con el ELN y otros grupos al margen de la ley. El mandatario, con toda tranquilidad, le mintió al país y así lo hizo saber, poco después, el ELN. El ministro del Interior salió entonces a decir que aquello había sido una audacia del presidente. Lo verídico de este episodio es que se engañó al pueblo Colombiano y puso en evidencia la torpeza e improvisación del Gobierno para actuar.

Las mentiras comprobadas sobre el supuesto cese al fuego del que se informó al finalizar el año no pueden quedar reducidas a denuncias periodísticas o mediáticas.

El ELN fue claro en desautorizar al Presidente. Resulta, entonces, que los decretos expedidos para pactar un cese al fuego inexistente resultan falaces, en particular el 2657 de diciembre 31 de 2022 titulado “Por el cual se decreta el cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter nacional, en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional  y el Ejército de Liberación  Nacional (ELN)  y se dictan otras disposiciones”.

Si nunca se convino un cese del fuego con el ELN resulta cínico y desvergonzado expedir una norma al respecto. Y peor aún suspender el decreto basado en una mentira. Esto es un despropósito que nos sitúa ante una falsa motivación y se configura un presunto delito de falsedad ideológica en documento público. Por esto deben responder el jefe del estado y el ministro de Defensa, firmantes del artificioso decreto.

Baste transcribir el artículo 286 del Código Penal para apreciar que se tipifica la conducta: “Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.”

Otro suceso lo constituye la intromisión del ejecutivo en el poder judicial con la orden presidencial de liberar a la llamada Primera Línea, por la cual la justicia y, en particular, la Fiscalía tuvieron que salir en defensa de la legalidad. El Fiscal se pronunció muy claramente con respecto a este tema y explicó que, al no estar subordinado al presidente sino solamente a la Constitución y a la Ley, tomaría las decisiones con total independencia de las órdenes presidenciales.

El jefe de estado al asumir el poder, acorde con el artículo 192 de la Constitución Política, juró ante Dios y prometió ante el pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, pero la actuación que precede y su empeño ilegal en pretender liberar a los integrantes de la primera línea indica todo lo contrario. 

El siguiente acontecimiento que se destaca es el anuncio de un fiscal de Guatemala de apertura de una investigación en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez. Se trata de presuntos hechos de corrupción del citado ministro durante el tiempo en que estuvo al frente, en ese país, de la Cicig, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El presidente salió inmediatamente a defender al ministro en términos tales que creó un conflicto diplomático con Guatemala. Y el cuestionado ministro se pronunció a través de un anodino comunicado que no dice realmente nada. 

Un último evento, de los muchos que día a día se producen, es la afectación a la empresa líder de los colombianos, de la que depende que la reforma tributaria funcione. Basta con evaluar el repetitivo discurso en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos. Y, en un país con grandes reservas de carbón, el hecho de que el presidente se despache contra este combustible, como acaba de suceder en Davos, no nos permite dudar de que resultaremos todos empobrecidos. Y ocurrirá lo que anticipó el señor expresidente Duque: un suicidio energético.

La oposición no debe olvidar cuál es su rol y debe exigirle al ejecutivo el respeto que los colombianos merecen, su acatamiento a la Constitución y la ley, la no injerencia en asuntos que compete conocer a otros poderes, entre otras, porque solamente por ese camino se defenderá la democracia.

Bogotá, DC, enero 21 de 2023 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

¿Cómo creer en el gobierno?

El gobernante de un país, independientemente de querer estar en una posición de poder, debe ser consciente que a su mandato lo debe regir el querer servir genuinamente a todo su pueblo, que sus decisiones deben buscar el bien común y que ya no es hora de continuar haciendo proselitismo sin ocuparse de los asuntos que están, por así decirlo, en el corazón mismo de la nación. Así, las políticas públicas deben corresponder al conjunto de fines, resoluciones y acciones que debe adelantar un gobierno para solucionar las diferentes problemáticas de la comunidad, que no a decisiones intempestivas con graves repercusiones económicas y sociales para ésta.

La seguridad normativa es una de las condiciones necesarias para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, atraer altos niveles de inversión y consolidar el tan anhelado desarrollo humano sostenible. 

De ahí que sorprenda que el 21 de noviembre de 2022 apareciera en la página web del Ministerio de Hacienda un proyecto de decreto para impedir la realización del día sin IVA programado para el 2 de diciembre de esta anualidad. La ley 2155 de 2021 reguló en su artículo 37 lo relacionado con los «días sin IVA» decretando que podrían ser hasta 3 al año. Durante estos días, determinados bienes corporales muebles señalados en otro artículo de la misma ley, estarían exentos del impuesto sobre las ventas o IVA. En desarrollo de esta disposición se expidió el decreto 290 de 2022 el cual dispuso que el tercer día sin IVA del 2022 se llevaría a cabo el 2 de diciembre del mismo año. Posteriormente, en el trámite de la reforma tributaria se presentaron iniciativas que fueron avaladas por el gobierno y aprobadas por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, en el sentido de preservar ese último día sin IVA del año. Quedó, entonces, que la derogatoria de los artículos 37, 38 y 39 de la citada ley 2155 de 2021 empezaría a regir el 1 de enero de 2023. Sin embargo, a último momento, el gobierno resolvió expedir un decreto adelantando la derogatoria y dejando a comerciantes y consumidores sumidos en el desconcierto.

En la parte considerativa del proyecto se cita, a modo de justificación, un oficio de la DIAN fechado 8 días después de que el ministro de Hacienda avalara el texto aprobado por las plenarias, cuyo objetivo era respetar el último día sin IVA del año.

Así las cosas, nos encontramos ayer frente a la desaparición de esta oportunidad, pese a que según encuestas la mayoría de los Colombianos expresaron su deseo porque se mantuviera el día sin IVA. Al parecer, la opinión de gremios y ciudadanía no motiva al gobierno para adoptar las decisiones que a éstos les afecta, a lo cual se suma lo inoportuna, por la poquísima anticipación en que se dio a conocer. Cabe anotar que su vigencia se señaló a partir de su publicación en el Diario Oficial, la que no fue posible ubicar. Por supuesto, los industriales y comerciantes, confiando en la seriedad y buena fe de las políticas gubernamentales, ya habían adquirido grandes cantidades de sus productos para atender la demanda en tan importante día, quedando totalmente frustrada su perspectiva. Y es, que no era para menos, al observar algunas cifras de los días sin IVA que sí se llevaron a cabo.  Según la DIAN, el primer día sin IVA del 2022 produjo ventas por 9.1 billones en transacciones realizadas a través de 6.858.695 facturas, cifra que superó las expectativas de los comerciantes que eran de 8 billones.

Las ventas en Santander, Norte de Santander, Antioquia y Atlántico reportaron gran incremento con respecto al primer día sin IVA de 2021. Las ventas a través de canales digitales fueron de seiscientos noventa y siete mil millones. En cuanto al 17 de junio de 2022, segundo día sin IVA del año, las ventas superaron los 10 billones, lo que significa un incremento de 16.6 % en valor y de 6% en número de transacciones, comparando con la jornada sin IVA inmediatamente anterior.

Los bienes más apetecidos son electrodomésticos, ropa y motos, así como los productos de belleza. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, recordó que el día sin IVA es también una oportunidad para la rotación de inventarios por cuanto los comerciantes hacen promociones de artículos no exentos.

En esta materia, artículos no exentos, Bogotá tuvo el 70% de la facturación.  En cuanto al 2021 las ventas por canales electrónicos del 19 de noviembre, día sin IVA, fueron de $723.090.000 para 1.981.870 transacciones digitales aprobadas. Este tipo de transacción aumentó en 8.8% con respecto al anterior día sin IVA. De manera general, hubo un crecimiento de 24.4% siendo las tarjetas de crédito y débito el medio más utilizado de la jornada. Los comerciantes vendieron seis veces más que en un viernes promedio.

Se podría continuar con más cifras de este tipo pero lo importante es en realidad registrar el perjuicio que en esta ocasión se le causa tanto a los compradores como a los vendedores. Se trata aquí, no se dude, de una violación al principio de la confianza legítima, más aún si en el texto del decreto se lee “no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”. Si no había claridad, lo prudente era realizar los estudios que le dieran nitidez a la decisión, que no “apresuradamente” eliminar esa ocasión y enviar un mensaje desesperanzador.

El epílogo de este decreto es que ya avanzada la tarde del 1 de diciembre se conoció, después de las 3 pm, el decreto 2357 que dejaba sin efecto el día sin IVA programado para el 2 de diciembre. Y se le fechó extrañamente con el 30 de noviembre. Lleva por título: «Por el cual se deroga el numeral 3 del artículo 1.3.1.10.16.del capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”. Por supuesto, lo primero que se advierte es que un decreto de esta naturaleza jamás podrá derogar una ley superior como se deduce que lo hace con la ley 2155 de 2021.

Y se conoció solamente el día 1 de diciembre, a altas horas de la tarde, a raíz de la instauración de una acción de tutela, no siendo posible allegar, por parte de los accionantes, ese decreto.

Si los días sin IVA han sido tan exitosos como lo atestiguan las cifras, ¿por qué este afán del gobierno en acabarlo? La nimia explicación del presidente Petro en un trino de su autoría parece sugerir que todo esto se trata de incentivar el consumo del producto nacional. Ese día, 2 de diciembre, sin IVA, también beneficiaba las ventas de productos nacionales y, claro está, el fisco estaba llamado a recaudar más por ventas de productos no exentos de IVA que ya no se harán, por ejemplo, varios padres de familia desistieron de sus compras de navidad por ese incremento de valor en el 19% que es bastante significativo, mayormente con la inflación que se está viviendo.

Pildorita. Inquieta y preocupa saber del interés del gobierno en que los gremios sean dirigidos por gentes afines a su ideología y pensamiento. Los gremios han sido instituidos para defender a cada sector. Ya han renunciado 5 presidentes de gremios y el presidente de la empresa más grande del país. Por este camino lo único seguro es perder la sostenibilidad empresarial con negro futuro para el País.

Bogotá, D.C., diciembre 3 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Colombia debe liberarse del Foro

El reciente triunfo, aún no reconocido por Jair Bolsonaro, de Luiz Inacio Lula Da Silva en las elecciones de Brasil añadió uno más a la ya copiosa lista de gobernantes latinoamericanos que expresan ser de izquierda. En Suramérica quedan solamente tres países, Ecuador, Uruguay y Paraguay, con presidentes no situados a la izquierda del espectro político. Y en el resto del subcontinente hablamos de una izquierda extrema y radicalizada. Lula fue condenado en más de una oportunidad, entre otras, por corrupción y si bien dichas sanciones fueron anuladas por defectos procesales, es lo cierto que no ha sido absuelto, máxime cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil dispuso “reiniciar los casos”. Ahora es elegido presidente y se disputará el liderazgo regional con Gustavo Petro, antiguo guerrillero del salvaje movimiento M19, quien también ha tenido serios y fundados cuestionamientos sobre su integridad y transparencia, a más de haber estado en la cárcel por delito no político. No es casualidad. Al día de hoy la izquierda se caracteriza por reunir, aglutinar, a personajes oscuros, muy cuestionados y hasta podríamos decir siniestros. Lo increíble es que una gran parte de la población considere que pueden ser sus líderes.

No se queda atrás el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Múltiples acusaciones llueven sobre este gobernante y su círculo más cercano y se conoce que allí se violan permanentemente los derechos humanos más elementales. También en Argentina hay problemas. Allí gobierna, en la práctica, la vicepresidenta Cristina Kirchner quien está involucrada en varios casos de corrupción y ha pretendido borrar el escándalo prefabricando un burdo «atentado» en su contra. Entre tanto la inflación no da tregua. Y en cuanto a Bolivia el presidente actual es Luis Arce, del partido Mas, pero quien realmente gobierna es el indígena Evo Morales, muy cuestionado por corrupción y maltrato a la mujer, entre otros temas

Pedro Castillo, presidente de Perú, es un profesor y sindicalista, sin ninguna experiencia política. Era completamente desconocido hasta que se hizo con la presidencia de carambola, y como en los demás casos de los países mencionados por un reducido margen que ha dado píe para cuestionar la legitimidad de las elecciones. Se le reprocha cercanía con grupos al margen de la ley. Hoy la fiscalía le ha formulado serias acusaciones en el sentido de haber creado una organización criminal al interior del Estado. Y el pasado septiembre Juan Carlos Lizarzaburu presentó una moción para la creación de una comisión investigadora de los presuntos nexos de Castillo con Sendero Luminoso

En Chile encontramos a Gabriel Boric, elegido en 2021 gracias al apoyo del movimiento juvenil y a la elevada abstención. Hoy, después de haber sido derrotado en las urnas el proyecto de Constitución, pareciera que ha entrado en razón. Ha convocado a un diálogo nacional para retomar un «itinerario constituyente» con participación de todos los sectores civiles y políticos. Padece desde muy joven un serio trastorno obsesivo compulsivo o TOC por lo que se creía que no podría asumir la presidencia. En ocasiones saluda a personajes invisibles.

Y ese oscuro panorama se extiende a otras latitudes. Ejemplo de ello es Daniel Ortega, presidente irregular de Nicaragua donde su reelección ha tenido serias y fundadas objeciones, más aún cuando “bloquea” a la oposición. Todos los que se atrevieron a enfrentarle en el último debate electoral fueron encarcelados. Ortega nombró vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, personaje sui géneris, si los hay, y recientemente lanzó una feroz campaña contra la Iglesia Católica nicaragüense. Muchas iglesias fueron destruidas e incendiadas, las imágenes y los objetos del culto fueron sacados a las calles, los religiosos y los fieles fueron atacados y se llegó hasta el secuestro del obispo de Matagalpa, monseñor Álvarez Lagos.

También, en sentido negativo, resulta destacada la figura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Amlo, fundador del partido Morena. En ese país desafortunadamente campean la violencia, el homicidio, el secuestro, el narcotráfico, la desaparición forzada. Las cifras al respecto son aterradoras. Y el presidente toma las decisiones más absurdas como interrumpir, por motivos caprichosos, la construcción de un aeropuerto, o liberar a un narcotraficante que acababa de ser apresado, o llevar adelante contra viento y marea el megaproyecto o «elefante blanco» llamado Tren Maya, que acumula objeciones, y mil arbitrariedades más. Con el perdón del célebre Cantinflas se le suele comparar con éste porque con frecuencia habla, y mucho, pero no dice realmente nada.

Todos estos líderes son integrantes del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. El Foro, creado por Fidel Castro con ayuda de Lula, quien fue su vocero, promueve el socialismo «progresista» que no es otra cosa que una versión remozada y camuflada del comunismo, que tanto daño le ha causado a la humanidad.

Al vestirse de rojo el subcontinente se modifica la estructura geopolítica de la región, hasta ahora con gran influencia estadounidense. Entran a competir fuertemente chinos y rusos, quienes parecen están desplazando a los norteamericanos. Por ello es muy comprensible la dura crítica del portavoz del Departamento de Estado al encuentro reciente de Petro – Maduro, recordando al primero que debe trabajar con sus socios para promover un continente «democrático y próspero», a más de enfatizar que hay que exigir rendición de cuentas a los gobiernos que han roto las normas democráticas, como es el caso del régimen tiránico de Maduro en Venezuela.

Pese a ese justo reclamo creemos que la suerte de Colombia está echada. En sus cien primeros días de gobierno, de acuerdo al balance efectuado, las relaciones con el país del norte no se sienten transitar por caminos de entendimiento. La marcada tendencia de Petro lo acercará a nuevos aliados políticos y a otros de sus antiguas andanzas. La devolución de Monómeros al régimen opresor del tirano Maduro es una demostración de lo que quiere el gobierno. Los estudiosos de la guerra cultural impulsada por el foro de Sao Paulo entienden que es necesario llegar a la pauperización para dominar a sus gobernados y de contera atornillarse al poder. Una vez ganadas las elecciones empieza la estrategia en esa dirección y varios de los jefes de estado arriba mencionado son claro ejemplo de ello, sin que, en cambio, se encuentre un modelo socialista, progresista, que haya logrado el bienestar de su pueblo, todos han terminado mal y muy mal.

Bogotá, D.C., noviembre 5 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.

Muchedumbre de Colombianos marchamos pacíficamente porque tenemos el sentimiento de patria, de democracia y de libertad. La elección de Gustavo Petro, visto por algunos medios como un mesías, despertó las esperanzas de algún sector de la sociedad que votaron por él bajo la promesa de “cambio”. Sin embargo, subsisten muchas dudas sobre esta elección que “mágicamente” hizo aparecer votos sin que tuviera auditoría internacional, pese a que el gobierno Duque trasladó los recursos para ella. Una primera motivación para que sin cumplir aún los cien días de esta administración el malestar, el descontento y el rechazo se multipliquen por doquier.

En la historia de Colombia no hay antecedente de un rechazo tan temprano y generalizado como este. Ni en Semana Santa se consigue semejante acto de contrición. Desde luego el rechazo del pueblo es por completo de recibo y esto es así por el desorden, el caos, la improvisación que han caracterizado al ejecutivo. Este gobierno arrancó como caballo desbocado. Ninguna o poca planeación previa pero sí reformas por todas partes. No hay escenario estatal en el que no se crea que se requiere de modificaciones. Tantas iniciativas laboral, energética, ambiental, política, de salud, tributaria, electoral y algunas más, sin un jinete que lleve las riendas como corresponde, sólo llevan al despeñadero.  Por esto el porrazo no se hará esperar. La devaluación es aterradora, no se diga de la inflación. El termómetro de estos indicadores está que se revienta ante tamaña subida. El indicativo del dólar pisando los $ 5000 tiene a más de uno pensando y tratando de entender el porqué del alza tan acelerada.

Es lógico que así ocurra pues los ciudadanos ven y siguen en los medios y redes las actuaciones de los ministros y directores de departamentos administrativos y de otras dependencias claves del gobierno. Son un completo desastre. Lo peor es que quien buscó hacerse cargo de llevar las riendas está agotado ya y eso que apenas está empezando. Será el primer damnificado y es bien probable que, surtido el trámite de las reformas, entre ellas la tributaria, la fuerza de las reclamaciones ciudadanas deje de lado algunas de ellas y otras las transforme en una mini reforma.  Pues tratando de usar un freno se ha visto enfrentado a la gasolina con la que, entre otros, la min Minas insiste en apagar la industria petrolera.

Y no para allí. En materia de justicia el ministro, desde el arranque, está por completo embolatado. Cree que premiando a los bandidos conseguirá la “paz total”. Craso error, es un desastre por donde se mire.

La cartera de salud está empeñada en acabar con el eficiente sistema de las EPS, como lo había manifestado en marzo de este año la hoy ministra Carolina Corcho. Hasta ahora ella no ha podido hacer frente al incremento asustador del Covid ni a la viruela del mono. No se sabe si ha tenido éxito en conseguir vacunas y tendrá

que ver como maneja el escándalo de las farmacéuticas acerca de que no son eficaces, mientras tanto fracaso.

Y no se diga nada de la min Agricultura, Cecilia López. Luego de entusiasmar a un sector del pueblo con la compra de tierras ha dicho que no serán tres millones de hectáreas las que el gobierno va a adquirir sino, a lo sumo, un millón y medio. Y quizás entre tanto trámite burocrático y suspicacias se acabe embolatando a los ganaderos. De todas formas, con las tierras confiscadas que están en la SAE se cumpliría con una parte de la entrega a los campesinos con verdadera vocación agrícola. Siempre el campo termina por llevar la peor partida.

El min Defensa ya ni marcha ni asiste a las revistas de las FFMM y de Policía. Vino, desbarató la organización y estructuras militares y policiales y ahora no se le ve por parte alguna. Será, por ventura, que considera que con la baja del alto mando militar y policial ya cumplió con su función, o anticipando sus alcances nos sorprenderá con más salidas en contra de las instituciones a su cargo. Su maltrato a la oficialidad se pudo ver en la forma como despidió a los generales con más de 35 años de servicio, a través de radiogramas a altas horas de la noche (10 pm ). Así lo reveló recientemente a IFM y al periodista Daniel Coronel el General (RA) Juvenal Díaz Mateus, Comandante de la Séptima División con sede en Antioquia.

La filósofa elegida para la cartera de Minas sólo ha dejado conocer su ignorancia en la materia, de especial trascendencia en la economía del país, por lo que puede llegar a ser la primera ministra censurada. No ha tenido sino desaciertos. Su terquedad, su imprudencia y su ignorancia en los temas energéticos y mineros han llevado a que nuestra economía “decrezca” y con ello al empobrecimiento de todos, en particular, de las clases menos favorecidas. La minería extractiva del oro y del carbón se encuentra al borde del cierre. Ella, causante de pánico económico, debe sin duda evaluar su pronto retiro.

La ministra de Cultura, Patricia Ariza, parece una estatua dirigiendo el ministerio, todo se lo hacen. Extrañísimo que en un acto sin precedente, posesionó a su amiga personal la historiadora y profesora Ivonne Suárez como directora del Archivo Nacional con este extraño juramento: «Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria ….». A lo que Ivonne Suárez respondió que juraba especialmente por la matria, que estaba en lo más profundo de su corazón. Será, quizás, para abandonar la carga pesada del concepto de patria?

La cartera de Gobierno que tiene al frente al experimentado Alfonso Prada volcó sus esfuerzos en conseguir la aprobación del proyecto de Paz Total. La paz recurrentemente invocada por años nada que se consigue y cada intento nos sale más caro que el anterior. La experiencia de la Habana así lo corrobora. Ahora este gobierno trae el mensaje de premiar al hampón e incurrirá posiblemente en el absurdo del regreso del terrorista alias Iván Márquez para participar en la futura mesa de negociación. Este criminal perdió todos los beneficios que tenía al incumplir el proceso de paz y alzarse de nuevo no solo en armas contra el Estado.

Por las actuaciones de los actuales gobernantes que sólo pueden ser el producto de la incapacidad humana para conducir por el destino más conveniente al pueblo  Colombiano, por su completa locura, por sus decisiones descabelladas, sólo nos queda pedir que se les perdone porque no saben lo que hacen, pues, nos están crucificando. Dios nos escuche.

Bogotá, D.C, octubre 29 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

El verdadero enemigo, el gobierno

Los diferentes medios de comunicación han informado que desde el momento en que asumió Petro la presidencia de Colombia las invasiones a la propiedad privada y fiscal se han “disparado” y quienes ilegalmente ingresan a los predios justifican su actuar en el discurso y las promesas del gobernante. El pasado 8 de octubre se le comunicó al país la celebración de un acuerdo entre el gobierno y el gremio de los ganaderos, Fedegan, para «lograr la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras». Es claro que ese gremio se encuentra inhabilitado para ser el vendedor, pues son únicamente los propietarios de las tierras los legalmente llamados a venderlas. Ya desde 1994 la ley 160 hizo muchas precisiones sobre el manejo de tierras.

Por supuesto, los colombianos se sorprendieron por la celeridad con la que se celebró ese acuerdo y se generaron muchas suspicacias. Incluso, se apreció que el mencionado convenio bien podría ser una respuesta al chantaje, a la provocación de las invasiones de tierras que en el sur del país se han convertido en poco tiempo en una verdadera plaga que afecta gravemente la propiedad privada y el sector de los trabajadores y que se ha replicado en varias zonas del territorio. No falta quien cree que se cedió y se cayó de rodillas ante el chantaje.

El presidente del gremio, algunos integrantes de la junta directiva y desde luego el gobierno concurrieron prontamente ante los medios para manifestar que se trata de un acuerdo histórico y enfatizaron que se comenzaría a cumplir con el primer punto del malogrado Acuerdo de la Habana, suscrito con las antiguas Farc- Ep.

Pero, puesto que todo se hizo de modo improvisado y con inusitada urgencia, el Ministro de Hacienda, quien extrañamente no había sido consultado, les aguó la fiesta al dejar conocer que los tres millones de hectáreas no se podían adquirir con bonos de deuda pública y entonces se armó la grande. El apaga incendios de la Hacienda pública manifestó lo siguiente: «En el ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer.  No se puede[n] comprar tierras con Tes. Eso no está autorizado.»

Es de imaginarse la «piedra» que se le salió al presidente ante tamaña desautorización. Desde Caldono, Cauca, aseguró que uno de los enemigos del gobierno «es la misma normativa que este tiene en su funcionamiento y ha regido durante años.»

Quien dijo miedo! Acostumbrados a interpretar todo en las redes de manera extra rápida los opinadores e influencers dejaron saber que de quien se trataba era del Minhacienda, José Antonio Ocampo. Era él el enemigo al que aludía el presidente.

Y se desató una tormenta aduciendo la forma irresponsable en que se trató este asunto. Yesid Lancheros expresó que se entendía como un cuestionamiento al ministro por lo cual el jefe del Estado le espetó en su cuenta de Twitter: «Deja de sembrar cizaña Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional”. Legislación en la que en mucho, valga decirlo, intervino como congresista el hoy presidente.

Dada la forma de actuar de la izquierda radical no es de extrañar la descabellada manifestación que al respecto hizo el senador Iván Cepeda. Desde su cuenta de Twitter tuvo el atrevimiento de expresarse así: » El presidente @petrogustavo tiene toda la razón: nuestro enemigo interno es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante. Debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimiento eternos”. Olvido que ha sido congresista por más de una década y que sólo el acatamiento a la ley impide la arbitrariedad, máxime cuando no se puede predicar la presencia de un buen gobernante.

Entonces, muy grave y peligrosa resulta esa manifestación. Cepeda destapó las cartas y levantó el velo con el que ha estado cubriendo su pensamiento comunista, formado en los claustros universitarios de los adoradores de Stalin y Lenin, quienes, dicho sea de paso, figuran entre los mayores asesinos de toda la historia de la humanidad.

Esta postura del presidente y del senador constituye la revelación del despotismo que buscan implementar, una ofensa al pueblo colombiano y el desconocimiento del Estado de Derecho. Pretenden volver al más descarado absolutismo y pasar por encima de las instituciones construidas con gran esfuerzo a lo largo de los años de democracia. Sin duda el presidente anhela emular al Rey Sol, Luis XIV, quien reinó en Francia entre 1661 y 1715. Es célebre su frase «El Estado soy yo». Hamilton escribió “La mayoría de aquéllos que han subvertido la libertad de las Repúblicas, iniciaron su carrera tributando al pueblo un obsequio cortesano: empezaron como demagogos y acabaron como tiranos”. ¿Es esto admisible en el siglo XXI?  Ese sistema decayó en los últimos años del siglo XVIII, y fueron las clases desfavorecidas las que lo combatieron por absolutista voraz y generador de desigualdad social, para encaminarse hacia un gobierno constitucional. 

La verdad es que mostrar tanto desprecio por las normas habla muy mal de este gobierno por no decir que resulta aterrador. Por ello y por lo que ya se sabe que piensan hacer, amén de lo que ya han hecho, es por lo que la calle nos espera en las marchas del 22 y del 29 de octubre y en cuantas sean necesarias en el futuro, incluso, si es el caso, organizando acompañamiento para quienes ya anunciaron un paro.

Bogotá, D.C. octubre 15 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

El discurso del Presidente ante la ONU


Escuchando la intervención del presidente Petro ante la ONU no queda más que recordar a Marcos 4:22 “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la luz”, pues, su apología a la producción y consumo de droga y su especial pedido de “acabar con la irracional guerra contra las drogas” pone de manifiesto la verdadera y única razón de la nefasta toma del Palacio de Justicia, esa sí totalmente “irracional”, así como, muy probablemente, de la deuda que aún considera tiene con el “patrón” Pablo Escobar.

Por supuesto, los narcotraficantes detenidos en la cárcel La Picota y en otros establecimientos penitenciarios del país deben estar de fiesta, de plácemes, observando que, en tan corto tiempo, han conseguido resultados que hasta ahora eran impensables. El discurso en cuestión, que más parece de un panelista en un concurso de improvisaciones que de un presidente en la ONU, mal redactado y arrogantemente pronunciado, tiene ese particular estilo del presidente. En su reiterado mensaje de protección a la selva y al medio ambiente olvidó que han sido los grupos al margen de la ley -FARC y ELN- quienes han desforestado miles de hectáreas de bosque nativo en todo el país para sembrar coca, lo que, indudablemente, produce un gigantesco impacto ambiental, del cual los colombianos somos testigos de excepción.  

Es sabido que para los Estados Unidos y en especial para el partido Republicano la lucha contra el narcotráfico es una prioridad. Al conocer las palabras del presidente de los colombianos, entenderán que Colombia abandona esta lucha y entonces las relaciones comerciales de nuestro país con su principal socio, los Estados Unidos, que lo ha sido por más de doscientos años, quedan peligrosamente sentenciadas.  Desde luego, esto producirá también repercusiones para las empresas colombianas que exportan nuestros productos a ese país. 

Invocó el final de la guerra, cuando esta solo se da entre estados, porque tal mención le era necesaria para armar su cuento de la Paz, reiterando que no se conseguirá «sin justicia social, económica y ambiental». Ahora bien, aboga por la Paz, pero no censura ni rechaza la invasión a Ucrania por parte de Rusia, quizás, atendiendo a lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al acreditar al nuevo embajador colombiano en dicho país, en punto a que Colombia es un «socio prometedor de Rusia en Latinoamérica”. Vaya contradicción, asociarse con el invasor no puede ser de buen recibo, en oposición a toda la comunidad internacional que le condena por la guerra que inició y en la cual persiste.

El parangón que formuló entre el daño que le producía a la humanidad el petróleo o la droga ha sido objeto de crítica en el país y en el exterior. De los usos del petróleo, el transporte, estaba el presidente recibiendo su beneficio, pero,  desafortunadamente es centro del odio de éste quien, como niño cabeciduro, no entiende que, además, es la principal fuente de ingresos del país y quiere, como en el cuento, matar a la gallina de los huevos de oro. Desde antes de su posesión se conocieron sus fervientes deseos por cambiar a Ecopetrol. Tampoco parece conocer que los combustibles fósiles son la materia prima para los fertilizantes, entre otras. En cambio, la droga y con ella el narcotráfico sólo han traído dolor y muerte a nuestra patria y al mundo entero. La cifra de muertes por sobredosis de cocaína no es mínima, como dijo: hubo 24.775 en los Estados Unidos en los últimos 12 meses, imaginemos entonces la cifra de fallecimientos en el orbe por el consumo de este alcaloide, a las cuales deben sumarse las muertes que causa su tráfico y la rivalidad entre mafias de droga.

Los errores en que incurrió el presidente ante la comunidad internacional no cesan. Todos sabemos, por ejemplo, que la coca no es una planta amazónica sino andina, pues tal es su origen. El vocablo coca parece ser de origen quechua y la coca fue planta sagrada para ellos, los aymaras y los chibchas antes de serlo para los incas. En cuanto a la coca selvática lo que ocurre es que se trata de una planta adaptógena que puede crecer en cualquier parte, pero no es de la selva; sin embargo, lo cierto es que jamás se debería permitir que haya desertización para sembrarla; de donde realmente resulta imperdonable que Petro ignore que quienes han y están deforestando son los mismos narcotraficantes que tanto defiende. Tremenda contradicción.  

Pero Petro, a pesar de su apología de la cocaína no se atrevió a proponer su legalización. ¿Entonces qué?  No hay duda el poetastro presidente en su intervención ante la ONU cumple la máxima de Da Vinci “Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio”.

Incalificable e inaceptable para los colombianos resulta que su propio presidente publicite que este es un país violento, máxime cuando él mismo en el pasado fue autor o responsable de la violencia que padecimos y que el transcurso del tiempo no ha borrado, como también aconteció en el paro nacional llevado a cabo el año pasado.

A modo de síntesis se puede decir que este discurso ante la Asamblea de la ONU, ante representantes de los países del mundo, parece un discurso de campaña, uno más de los que ha pronunciado para encantar a sus seguidores. No ha tenido en consideración los intereses del país a los que tal vez habrá perjudicado. Llevado por esa soberbia que lo caracteriza perdió una oportunidad de oro de mostrar nuestro lado positivo. Qué tristeza.

Bogotá, septiembre 24 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

El canciller, Nicaragua y la Paz.

El pasado 12 de agosto tuvo lugar en el Consejo Permanente de la OEA la votación de una resolución condenatoria de las múltiples violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. La más reciente de estas conculcaciones es la feroz agresión contra la Iglesia Católica, la que incluyó quema de templos, destrucción de imágenes del culto, encarcelamiento de sacerdotes y el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y de varias personas de su entorno.

Ocurrió que, al momento del voto de Colombia, se escuchó un sepulcral silencio. La delegación de Colombia no estaba presente, se ausentó de la sala. Ante este hecho, sin duda grave, Colombia quedó a la par de Nicaragua, porque sin hesitación puede decirse que “el que calla otorga”, lo que significa que al no condenar al salvaje régimen de Ortega es su cómplice. Esa resolución fue aprobada por 27 países de los 34 miembros que integran la organización. Se dio un solo voto en contra y Bolivia, El Salvador, Honduras y México, más por ideología que por convicción, se abstuvieron de votar.

Enterado el país de lo acontecido, las reacciones y condenas no se hicieron esperar. Por supuesto, inicialmente pretendieron condenar al expresidente Duque pero después circuló la versión de que el embajador designado para reemplazar a AlejandroOrdoñez aún no se había posesionado y no podía votar, como tampoco podía hacerlo el designado en Nicaragua. Después, gracias a puntual derecho de petición extendido por el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, se vino a conocer la verdad. Todo obedeció a instrucciones dadas por el canciller.  

Pero esta posición solo fue posible conocerla gracias al trabajo periodístico de William Grigsby Vado que es quien más ha hecho sonar el tema y es bien cercano  al régimen oprobioso de Daniel Ortega, quien en el medio  “Sin Fronteras” de Radio La Primerísima dejó conocer que la negociación propuesta por Petro, usando a “mensajeros” a quienes no identificó, consiste en que Colombia reconocería el fallo de La Haya —favorable a Nicaragua desde 2012— a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, refiriéndose a los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote”, y por supuesto que le permitieran a los raizales de San Andrés Islas pescar en las aguas que el fallo le entregó a Nicaragua. En un video de dicho periodista se respalda la afirmación.

Esta información, en la que el periodista mencionó también que Nicaragua no estaba de acuerdo, es, probablemente, la verdadera razón por la cual el canciller instruyó y comentó el tema. Esto dijo:  «Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se adelantaban.»  Y añadió, a modo de justificación, que se trataba de una acción humanitaria, explicación que a nadie le pareció suficiente en tanto que la resolución condenatoria se refería a terribles situaciones justamente quebrantadoras de elementales derechos humanos, tales como a 180 presos en condiciones infrahumanas, según informes de la CIDH, y a toda clase de acciones denigrantes y violentas contra miembros de la iglesia católica.

Conocida la posición del canciller, surge un interrogante trascendente ¿el presidente Petro tuvo conocimiento, se le informó de la orden de su canciller? Si la respuesta es positiva revelaría que tiene un doble discurso y mientras predica la “paz total” favorece la persecución a la iglesia católica dejando ver que en Colombia podrían ocurrir hechos de esta clase? Lo cierto es que, hasta el momento, el presidente guarda silencio ante los tejemanejes de Leyva.

Por demás está anotar que es obvio que a cinco días de instalarse el gobierno no resulta creíble que se den estas gestiones. Entonces, parece ser que Leyva ya las había iniciado mientras estuvo fungiendo como canciller durante el empalme. Pero, el alcance ideológico y político de las mismas va en detrimento de la soberanía y de la integridad territorial de la nación y colocan a Leyva en una delicada posición y en un eventual y presunto delito de traición a la patria, pues desconoce los alcances de los artículos 101 (consagra los límites de Colombia) y 102 (el territorio pertenece a la nación) de la Constitución Política que puntualmente preservan nuestro territorio.   

El artículo 455 del Código Penal Colombiano al cual le fue aumentada la pena en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, quedó del siguiente tenor: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses.”.

Por lo conocido hasta el momento, sin que se haya refutado lo dicho por el periodista nicaraguense William Grigsby Vado, se planteó la posibilidad de que, a cambio, entre otros, de catorce presos políticos se afectaría la soberanía territorial de la nación. 

Muy grave la conducta del canciller colombiano. También lo es su pretendida y absurda decisión de cambiarle el nombre al ministerio que dirige para dejarlo como Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Paz. ¿Será que se le adelantó  al Presidente en la creación del Ministerio de la Paz, con olvido de lo previsto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política? Si a la Carta Política de 1991 se le conoció como la “Constitución para la paz” su desconocimiento, lógicamente, no puede generar la tan ansiada paz.  

El día de ayer el canciller concedió una entrevista a la W en la cual condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Ortega.

Bogotá, septiembre 10 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLLO

Columnista de Opinión

Hora de registrar un buen balance

Por: Bernardo Henao Jaramillo Al retornar de unas felices vacaciones familiares es momento para compartir mi augurio de un exitoso 2022, en el que cada uno de nosotros será el artífice para lograr que nuestro país continúe enmarcando su rumbo bajo el lema Libertad y Orden, pilares esenciales de la democracia y a través de los cuales podemos seguir construyendo el progreso y el bienestar de todos sus habitantes. Para conseguirlo nuestro voto será crucial en las elecciones del Congreso de la República a realizarse el 13 de marzo y en las presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo, en su primera vuelta y el 19 de junio de 2022, en segunda, si es del caso.Como siempre acontece en la actividad previa al proceso electoral se dan toda clase de especulaciones, alianzas y por supuesto de consabidas agresiones y ataques entre los aspirantes, así como de retiros como el ya conocido de Juan Carlos Echeverri. Con la proliferación de listas unas de los partidos y otras por firmas lo que queda claro es que, lastimosamente, nuestra joven democracia no cuenta con unos partidos sólidos. Se mueve más hacia las aspiraciones caudillistas e individuales de quienes aspiran, entre quienes no faltan los que fundan su aspiración en ataques subjetivos al gobierno de turno, encontrando eco en diversos medios de comunicación.Como el balance del gobierno de Iván Duque será factor relevante en la toma de decisión de quienes van a sufragar, necesario resulta un análisis objetivo del mismo, el que resulta positivo, más aún si se recuerda la Colombia que Juan Manuel Santos le heredó a Iván Duque, radiografía que se encuentra en el discurso del Congresista Ernesto Macías del 7 de agosto de 2018, las continúas manifestaciones y paros que se llevaron a cabo a lo largo de su gobierno y la pandemia que se padece desde inicios de 2020.Es evidente que, si bien pueden existir críticas, más predicables en el frente burocrático, lo cierto es que el gobierno de Iván Duque registra reales y efectivos logros y así comienzan a informarlo varios medios y los propios indicadores de gestión. Por supuesto, esto obedece también a la mejora reciente en sus comunicaciones con los medios. De destacar los reportes que dan cuenta de las realizaciones alcanzadas en materia de infraestructura y lucha contra la pandemia, ubicándose en el sexto lugar del índice Bloomberg en el manejo de ésta, por encima de países como Suecia, Reino Unido y Francia, entre otros.Colombia, por otra parte, ocupó el primer lugar en el Indicador de normalidad global de “The Economist”, destacando ese medio los buenos resultados en políticas públicas logrados especialmente en 2021. Además, no obstante el impacto causado por Covid-19 el acertado manejo de la economía permitió un crecimiento de 9,6%, por lo que se consolidó, según el Fondo Monetario Internacional, como una de las economías de América Latina que más crecerá, y de conformidad con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sería la de mayor crecimiento.En reciente edición del Offshore BPO Confidence Index se ubicó a Colombia como el país mejor calificado por los ejecutivos de cerca de 100 empresas internacionales de la industria, lo que sitúa al país liderando el índice mundial de confianza para el desarrollo de operaciones BPO.En el campo internacional, que tuvo sustancial mejoría con el acertado nombramiento de la Dra. Marta Lucía Ramírez, quien desde su llegada optimizó las relaciones de amistad y cooperación con los países con los cuales Colombia mantiene relaciones diplomáticas. De destacar la promoción de la mujer consiguiendo el apoyo de la ONU, para convertir a Colombia en el primer país del mundo en emitir bonos de género. En dicho escenario consiguió impulsar la propuesta de crear un índice de libertad económica de las mujeres, que permita hacer un diagnóstico internacional de la situación real y de las necesidades de la población femenina. Aun hoy no se ha valorado en toda su dimensión el logro conseguido en la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que permitió conseguir el cierre del examen preliminar a que se venía sometiendo a Colombia, lo que no aconteció en Venezuela. Queda claro que la justicia ordinaria y la transitoria especial, están cumpliendo la labor, más la primera que la segunda pues esta última se encuentra retardada. No haberlo obtenido habría significado que la Corte Penal Internacional le abriese una investigación al país. Esto hubiese sido un retroceso inmenso en materia de su lucha por la preservación del DIH.Se consiguió fortalecer alianzas comerciales con países amigos y aliados estratégicos que contribuyen a la reactivación económica conseguida. Dan cuenta de ello las visitas de Estado del presidente Iván Duque a los Estados Unidos de América, Brasil, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Corea del Sur. El país gracias a su diplomacia hizo posible la elección de Sergio Diaz-Granados en la CAF, Juan Carlos Salazar como director de la OACI y Carlos Bernal como comisionado en la CIDH. Colombia mantiene las Presidencias Pro Témpore de la CAN, Alianza del Pacífico (AP) y PROSUR, y por último el país consiguió la adopción de la Carta Interamericana Empresarial en la OEA.La agenda del Pacífico, como podría llamarse, es de no olvidar. Se consiguió despertar en Asia y África un gran interés del sector empresarial por invertir en nuestro país, particularmente en los sectores de infraestructura, energías renovables y, de elogiar, la hoja de ruta del hidrógeno verde.Se quedan sin registrar muchas actividades claras en materia diplomática y consular pero lo cierto es que el trabajo cumplido por el gobierno Duque en materia internacional es de significativa importancia y sumado al éxito a nivel interno su reconocimiento se reflejará sin duda en el candidato que represente la continuidad.El avance en proyectos claves de infraestructura, el acertado manejo de Hidroituango, la gratuidad en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3, la Política Social de Vivienda llegó a más de 350.000 familias colombianas, significativo aumento del salario mínimo y cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno, muestran que no es con populismo sino con trabajo que se logra mejorar el bienestar de los colombianos, construir un orden legítimo a partir de un Estado eficiente y democrático, que a toda costa debemos preservar en las próximas elecciones. El denominado por la oposición “pseudo presidente” les ha dado una lección de grandeza fincada en su humildad, que le hace ser ya tenido como gran estadista.

Derecho o Política, el fallo de la Corte Constitucional

En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.

Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.

Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.

Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.

La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.

Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.

Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.

También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?

A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:

 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.

Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.

Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.