En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.
Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.
Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.
Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.
La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.
Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.
Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.
También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?
A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.
Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.
Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.
Debo iniciar esta columna formulando unas preguntas a mis lectores ¿Será verdad que al Senador Iván Cepeda le preocupa la suerte de los niños forzosamente reclutados por las guerrillas? ¿Conocen de alguna acción que el mencionado legislador haya realizado para la real y cierta entrega de los menores y jóvenes atrapados por la Farc, para cumplir con el compromiso que ese grupo insurgente firmó en el Acuerdo de Paz, en el cual Cepeda participó activamente? ¿O más bien será que fiel a su narrativa y en procura de deslegitimar a las Fuerzas Militares y legitimar las acciones de los actores armados anuncióque procedería a impulsar un nuevo control político y una denuncia internacional, en esta oportunidad al Ministro de la Defensa Dr. Diego Molano, por el exitoso operativo del pasado 18 de septiembre, adelantado en el Litoral San Juan, Departamento del Chocó, contra el Frente de Guerra Occidental del ELN que a la postre concluyó con la muerte del cabecilla conocido con el alias de “Fabián”?
Es claro que lo que el senador Cepeda pretende crear es un nuevo hecho político similar a aquel protagonizado en su momento en contra del entonces ministro de defensa Guillermo Botero, y por esa similar razón es que el congresista deja saber en su denuncia conocida esta semana que supuestamente el Ministro Molano no informó a la opinión del fallecimiento de menores, tres de ellos, dice, eran de 17 años y otro, al parecer de 13 años, pero oficialmente, al momento, no está comprobada e informada la edad de los subversivos abatidos. Por demás, creo, que de las operaciones militares no se informa, se comunica, lo que de suyo hace una diferencia, sólo que a quienes atormentan los resultados positivos de nuestro Ejército tercian por quienes cometen crimen de guerra, como está catalogada la vinculación, de cualquier forma, de menores de 18 años a conflictos armados.
En ese contexto, dicho congresista también acudió al Consejo de Seguridad de la ONU y ante el representante de la niñez UNICEF, paraque “examinen las medidas a adoptar en el marco de su mandato”; al efecto les expresó: “Las operaciones militares que se han venido realizando en Colombia en zonas con un alto índice de reclutamiento de NNA se han hecho sin la aplicación de los principios del DIH: proporcionalidad, precaución, necesidad militar y humanidad. Es deber del Estado colombiano elegir medios de combate en la realización de operaciones militares que no ocasionen daños evitables a población civil y víctimas del conflicto, como lo son los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado”. Concluyó, no extraña que así lo haga, pidiendo unavisita al país para conocer de primera mano la terrible situación que enfrenta la niñez con ocasión del reclutamiento forzado y “del tratamiento de guerra que han recibido por parte de las Fuerzas Militares”.
Necesario es advertir que a todos los colombianos de bien nos duele la utilización de los niños, niñas y jóvenes por los insurgentes, conducta totalmente reprochable y delictual. Sin embargo, tanto el propio gobierno y como la ciudadanía en general saben que la firma del Acuerdo de Paz de La Habana no disminuyó su reclutamiento. Así puede percibirse del informe que la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer. Contrario a lo afirmado por el congresista,que el Gobierno Nacional se ha caracterizado por desconocer que esos menores sean víctimas de reclutamiento, se han lanzado programas para prevenir el reclutamiento y brindarles atención especializada a los menores rescatados en operaciones militares o que voluntariamente ingresan al programa, el cual lidera el ICBF.
Entonces, es lo cierto que en aplicación de lo previsto en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el que exhorta a los gobiernos a que tomen las medidas posibles a fin de velar que ningún niño participe en hostilidades, se ha procedido. Norma queestablece como edad mínima para que una persona participe directamente en un conflicto armado los 18 años, disposición absolutamente vulnerada por los actores armados, que no por las Fuerzas Militares.
Por ello, con claridad diamantina, como corresponde, el glorioso Ejército colombiano rechazó por completo el reclutamiento que hacen los subversivos del ELN calificándolo como crimen de guerra enfatizando que son ellos, de conformidad con el DIH, los llamados a responder por dicha conducta acorde con el artículo 51 numeral 7 del protocolo I de Ginebra de 1977 y lo contenido en el Estatuto de Roma (artículo 8 literal B del numeral 23).
Basta ya senador. Llegó el momento de cesar esas narrativas peligrosas y destructivas que se encargande fabricar y difundir ciertos sectores radicales enemigos de las FF.MM, de quienes, en cambio,nunca se conoce un acto rechazando los actos terroristas, ni propendiendo por el respeto a la autoridad cuando les humillan y les impiden ejercer su actividad de control territorial en la que son hostigados y obligados a salir de determinada región o cabildo. La Fuerza Pública, por claro mandato constitucional estásiempre dispuesta a proteger a los ciudadanos y defender el territorio nacional. Los enemigos serán hoy, ayer y mañana, los alzados en armas, sin distingo alguno. El defensor y amigo es y lo será aquí y en cualquier otro lugar las Fuerzas Militares.
Es evidente que lo pretendido por el senador escomplicar y enredar al gobierno de Iván Duque con su denuncia. Quiere, por supuesto, obtener réditospolíticos con el aprovechamiento de esa situación y lo que provoca es un grave daño y perjuicio a la institución militar y al gobierno en ejercicio y por esa vía a todos los colombianos. Si se preocupase realmente por los jóvenes fallecidos, mínimo reprocharía sinceramente su reclutamiento. Las organizaciones que se alzan en armas, no propiamente por ser parte de un conflicto, son los únicos llamados a responder por el reclutamiento forzado o voluntario de menores de edad en sus filas.Son esos subversivos o de grupos residuales, los causantes de colocar en inminente riesgo a los menores al utilizarlos no sólo como combatientes sino como escudos humanos de su propia protección.
Hoy más que ayer cobra relevancia y vigencia aquella célebre frase pronunciada por el General Douglas MacArthur “Estoy preocupado por la seguridad de nuestra gran nación; no tanto por una amenaza externa, sino por las fuerzas insidiosas que trabajan desde adentro”.
Pildorita Uno. Así tenga ocho votos a favor de la prórroga del plazo de existencia de la Comisión de la Verdad, su alargue, aprobado por parte de la Corte Constitucional, está por completo viciado de absoluta nulidad.
Pildorita dos. Sí jurídicamente se efectúa el control constitucional al acto legislativo que le da vida a las 16 curules para las Circunscripciones Especiales de Paz, debe ser hundido por la Corte Constitucional por todos los vicios previos que le anteceden.
No debemos olvidar que hoy, hace cinco años, el 2 de octubre de 2016, pese a la publicidad gubernamental y contra todo pronóstico, los colombianos razonablemente decidimos lo que consideramos era más conveniente y justo para el país. Un nutrido grupo de ciudadanos colombianos concurrió a las urnas a votar el plebiscito convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz de la Habana, el que previamente la Corte Constitucional, en sentencia C-379 de julio 18 de 2016, declaró exequible bajo la consideración, entre otras, del principio de participación democrática y del valor político de la decisión tomada por los ciudadanos. Previa ycuestionada modificación del umbral para las votaciones, en una actuación cuestionable, se procedió a votar el plebiscito. La mayoría del pueblo se pronunció por el NO, resultado que incuestionablemente imponía que el mencionado Acuerdo, en un Estado de Derecho democrático, no podía ser aplicado.
En esa fecha concurrieron a las urnas a sufragar el plebiscito 13.066.025 votantes que arrojaron un 37.43% de participación, obteniéndose 12.808.858 votos válidos, votos nulos 170.946, tarjetas no marcadas 86. 243, umbral 4.536.992 (13%) Los resultados finales fueron por el SI 6.377.464 (49.78%)por el NO 6.431.372 (50.21%.); resultado definitivo e inmodificable que traducía que el pueblo colombiano soberano rechazó por mayoría el Acuerdo de la Habana.
Ante tan inesperado resultado se cambiaron las reglas y se desconoció la voluntad popular. Previamente el gobierno, a través del Presidente y su negociador Humberto de la Calle, había dejado saber que si el pueblo rechazaba el plebiscito se respetaría su decisión. Empero, ello no ocurrió. En su maquiavélico estilo se dieron a la tarea de revivir el acuerdo de pazderrotado. Y, finalmente contaron, quien lo creyera,con el ingenuo apoyo de los representantes de los vencedores. Éstos, en una posición inexplicable en cabeza del Expresidente Álvaro Uribe, en compañía de Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y un nutrido grupo de lagartos y lambones, se hicieron presentesen la sede de gobierno para buscar una salida. No se necesitaba ninguna simplemente se imponía respetar la decisión soberana del pueblo.
Que error de estrategia, de cálculo y por supuesto de credibilidad política de los Vencedores. Es elementalque quien triunfa impone las condiciones y sin ninguna duda, que, si se apertura un proceso de diálogo, quien debe buscarlo es, por supuesto, el perdedor, para este caso, el Gobierno de entonces y la Farc. Absurdo que el vencedor hubiera concurrido a pactar con el vencidoy en su terreno. Ese equívoco hoy lo paga la mayoría del país estruendosamente. Ahí no había que pactar nada, simplemente se debía exigir cumplir y respetar el resultado. Con el tiempo estos vencedores son testigos de excepción del grave atropello cometido al pueblo colombiano y así no lo digan, lamentan haberse prestado a ese nuevo engaño de larenegociación, la que jamás se dio.
Pero, más grave aún para la institucionalidad y la democracia la posición que adoptó la Corte Constitucional, guardiana por excelencia de la Carta Fundamental. Ante ese resultado y su sentencia no era constitucionalmente posible que para salvaguardar lo aprobado en la Habana un pronunciamiento positivo a lo que las entonces subversivas FARC, seguro asesoradas por el abogado español Enrique Santiago y su equipo, reclamaron como garantía, que el acuerdo debía estar por completo blindado constitucionalmente. Es ese, entonces, el antecedente de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 pomposamente titulado “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Ese Fast Track legislativo (Leyes de trámite rápido) que se dio y este inusual acto legislativo de dar estabilidad jurídica a un acuerdo en contravía del querer popular, como si no existiera posibilidad de revisar, adicionar, modificar e incluso derogarlo en todo tiempo por parte de la Rama Legislativa; vaya iniciativa, pero la Corte entró en ese delicado juego de revisar y estudiar la constitucionalidad de ese mal denominado blindaje constitucional para respaldar el indebidamente denominado proceso de paz acordado en la Habana, suscrito en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y nuevamente firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de ese año. La Corte debía y tenía que estar a la altura del momento y decidir, como se esperaba, por el respeto a la soberanía de la nación que reside en el pueblo. No lo hizo y le dio vía constitucional, a un acuerdo rechazado por completo.
De esta manera se forjó la peor división entre los colombianos, pues, incomprensible totalmente resulta que en un tema tan delicado se haya desconocido la opinión mayoritaria del pueblo para imponer el querer de una minoría derrotada. Cinco años después se confirma que el pueblo tenía la razón que, no es de buen recibo lo convenido en ese acuerdo como que criminales de lesa humanidad se hayan convertido en legisladores sin cumplir una condena previa, sin reparar a las víctimas y muy posiblemente sin intención alguna de no repetición, como lo evidencia la conducta asumida por algunos de sus negociadores;luego, hasta hoy solo tenemos total impunidad, que nos deja muy mal ante la Comunidad Internacional, ungrupo de insurgentes al que se denominó disidentes que siguen sembrando el terror en nuestro territorio y a unas víctimas revictimizadas.
Hoy, gracias al acuerdo rechazado y torticeramente revivido, funciona la Comisión de la Verdad, que a escasos dos meses de vencerse el término epara que rinda su informe, sobre el cual pesan serias dudas de su imparcialidad y su correspondencia con lo realmente acaecido, se sabe que no lo tiene listo, por lo que a través de diferentes organizaciones acudió al concurso de la Corte Constitucional para ampliar su período, lo que según informes periodísticos le fue concedido hasta junio 27 de 2022, al que le seguirá el período de socialización del informe por dos meses terminando el 27 de agosto de 2022, sin que se encuentre el sustento normativo para adoptar esa decisión. ¿Será que el Presidente de la República y otros funcionarios públicos que ejercen sus cargos durante un limitado período también pueden solicitarle a la Corte Constitucional la ampliación del mismo, aduciendo idéntica circunstancia, esto es, que no pudieron ejecutar sus programas con ocasión de la pandemia?
Hoy, a cinco años del triunfo del NO, otra entidad que se creo en el mencionado Acuerdo, la JurisdicciónEspecial para la Paz no ha emitido sentencia alguna y aquellas que se avecina se produzcan lo serán contundentes para los actores del conflicto que estuvieron con las FF.MM o fueron agentes del Estado, mientras que los fallos que involucran individualmente a los subversivos se insinúan lo serán en un actuar colectivo como organización. Rampante impunidad, personajes de ese grupo subversivo que la justicia ordinaria había condenado y se encontraban purgando las penas gozan actualmente de total libertad. Las víctimas, esperando, al menos, justicia.
Mirando hacía el horizonte y hacía todos los costados, Colombia en este día, no puede conmemorar nada de aquel histórico triunfo que alegremente celebró, por el contrario, debemos lamentar y arrepentirnos de no haber actuado para que se cumpliera la voluntad popular, más aun cuando presenciamos sus nefastas consecuencias en estos 5 años y, podemos concluir,sin temor a equivocarnos, que la impunidad sigue vigente, la reincidencia permanente, las llamadas disidencias de las Farc, un problema en auge; mientras que la reparación a las víctimas de medio siglo de conflicto es ninguna y, más grave, un narcotráfico a sus anchas y en pleno crecimiento,sembrando caos y destrucción. Vaya proceso de paz.
Pensando en el cambio inesperado del triunfo del NO cabría preguntarse ¿que hubiese sido de la historia de Colombia si el plebiscito de 1957 que le otorgó el voto a la participación femenina, a través de una renegociación como la ocurrida en el gobierno de Juan Manuel Santos les hubiese quitado el legítimo derecho a votar a la mujer? Lastimosamente los Colombianos actualmente no podemos manifestar lo que otrora dijera Francisco de Paula Santander “¡Qué mayor dicha ni qué mayor gloria que la de pertenecer a un país donde se respeten las leyes, la equidad y el juicio de la opinión pública!”
Cambalache, un tango con letra atemporal, nos recuerda lo que curiosamente se vive en Colombia. Dice esa canción “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor …” y, agrega “… Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón …”, y con ese concepto las víctimas de los horrendos crímenes de lesa humanidad deben soportar un homenaje por los Comunes a quien fue su victimizador, “Jorge Briceño Suárez” o llanamente “El Mono Jojoy”. Gracias al minucioso cálculo y excelente tarea del Arma de Inteligencia de las FFMM, en conjunto con la Policía Nacional, se ejecutó la operación denominada con acierto “Sodoma”. Aquél 22 de septiembre de 2010, fecha para siempre cargada de gloria para las Fuerzas Militares de Colombia se llevó a cabo una de las operaciones más certeras contra un despiadado terrorista de connotación infernal, la cual concluyó de forma más que exitosa, jubilosa. Las tropas entregaron al país la noticia que había sido dado de baja el criminal Julio Suárez Rojas, “el Mono Jojoy”, quizás, uno de los más sanguinario terroristas que se haya conocido. Su prontuario, que se anticipa no podrá jamás ser borrado por la Jurisdicción Especial para la Paz y menos por la Comisión de la Verdad, es espeluznante y aterrador, de espanto dirían otros. En su violento accionar, ocupó el ala militar de las subversivas FARC, integrante de la cúpula asesina del entonces secretariado. Sus inicios sangrientos le ubican en la Sierra de la Macarena participando, entre otros, en el asesinato de 24 soldados. Determinador y responsable directo de la muerte del Señor General Carlos Julio Gil Colorado en el año de 1.994 Además, secuestrador de oficio, como lo revelan los casos de Rodrigo Turbay Cote, de Alan Jara en el año 2001, del senador Luis Eladio Pérez, de los ocupantes del avión de Aires en el año 2002, en el que se desplazaba Eduardo Gechen Turbay y por supuesto, ante su torpeza, del de la entonces candidata Ingrid Betancur, así como del de Clara Rojas y, de contera, del niño Emanuel. También, fue quien ordenó sangrientas tomas y permanentes ataques contra bases militares; de recordar la de antinarcóticos de San José del Guaviare en el año 1995 y de la propia de la Uribe en el Meta en el año 1998. Nunca se olvidará la voladura con cilindros de gas de la iglesia de Bojayá en el año 2002 que causó la muerte en completo estado de indefensión a 119 seres humanos, entre ellos, muchos niños. Causante de la muerte de los misioneros norteamericanos Stephen Evert Wells y Thimothy Van Dick. Responsable directo, condenado por la justicia ordinaria por la acción violenta con carro bomba colocado en el Club El Nogal de Bogotá, que cobró la vida de 36 personas civiles
indefensas y causó más de 200 heridos, dejando secuelas y en personas que quedaron marcadas de por vida, no sólo físicamente sino también psicológicamente Pero ya muerto, se creería que cesaría en su itinerario criminal por parte de sus comandados post mortem. Pero no. En un hecho bochornoso, cuestionable, presuntamente disciplinable y eventualmente con visos delictuales, algunos de sus antiguos compañeros de andanzas criminales, que hoy hacen parte del Partido Comunes, antes movimiento FARC, han procedido a revictimizar, ofender y agraviar a sus víctimas, promoviendo un grotesco homenaje al criminal Jojoy; no es la primera vez que lo hacen, ya en años anteriores han hecho lo mismo, los que también han divulgado, sin arrepentimiento ni vergüenza, recordando, además, la memoria de los otros dos despiadados criminales consignados en la historia, esto es, Raúl Reyes y Alfonso Cano, muertos en su ley. Bien establece la Palabra de Dios que “el que a hierro mata a hierro muere”. Los medios sensacionalistas y amarillistas, los que ya se encuentran identificados, en evidente complicidad reprodujeron apartes del homenaje, refiriéndose con familiaridad a “El mono”, pretendiendo construir la historia de manera artificiosa al presentarlo como un gran luchador de su causa, cuando, en realidad, fue un despiadado criminal, condición en la cual debe permanecer en la memoria de los colombianos y, en particular, de la juventud que no puede llamarse a engaño. Un asesino cruel como este no merece ni amerita homenaje. ¿Qué se pensaría de que en Alemania le hicieran un homenaje a Hitler? A los jóvenes se les debe dar a conocer esa verdad que, si bien no vivieron, sí corresponde a la realidad. Las pescas milagrosas, el secuestro masivo de soldados y policías, así como de población civil, la imposición de collares bomba en los cuellos de inocentes personas y muchos más vejámenes por él cometidos u ordenados. Aquella línea de pensamiento que ahora se nos quiere implantar como producto del mal denominado “acuerdo de paz”, que más bien podría denominarse “acuerdo de impunidad”, busca borrar los atroces crímenes de este criminal y de los demás que en ellos participaron, sin embargo, es lo cierto, que no permitiremos que queden en el olvido, nunca. Lamentablemente, ante nuestra sociedad, fruto de la malograda paz, de la falta de memoria y de la intervención de algunos medios de comunicación, está haciendo carrera una narrativa que se finca peligrosamente en el seno de la juventud y de la gente desprevenida, en la cual quieren hacer ver y mostrar a los terroristas guerrilleros de entonces como los nuevos héroes patriotas colombianos y a nuestros insignes militares, que entregaron el don más preciado, como es su vida, para combatirles, en los villanos de la historia. La paradoja que describe Cambalache. El aporte de verdad, al que se comprometieron para gozar de los beneficios que ostentan los ex Farc, debe ser cierto, sincero y probado, que no el que de forma
falaz y cínica presentan, como lo hiciera la compañera de Tirofijo, la tal alias Sandra Ramírez, quien con ironía se burló de los secuestrados por años, de quienes, contra las evidencias, manifestó se les tenía en magnificas comodidades. Será que considera que no era suficiente vulneración a su dignidad su secuestro, su pérdida de libertad, sino que el encadenamiento y el mantenerlos en verdaderos campos de concentración, totalmente alejados de sus familia y por un prolongadísimo término representa “magníficas comodidades”. Increíble. Por supuesto, ante el justo reclamo de Humberto de la Calle rectificó su manifestación, pero ya el daño estaba hecho por completo a las víctimas y a sus familias. En ese mismo ofensivo acto intervino Rodrigo Granda, antiguo canciller de las FARC, quien, sin vergüenza ni empacho alguno, invocó al asesino indicando, dizque, trabajó por la paz, cuando, contrario a ese dicho, lo único que hizo, de conformidad con su prontuario, fue sembrar muerte y desolación. 62 órdenes de captura lo corroboran. Cerró el ramillete de ofensa el representante Sergio Marín que exaltó los principios del forajido. Hubo más intervenciones en favor del terrorista, pero no hay que dilapidar la tinta. La generosidad que se tuvo con la firma del Acuerdo de Paz, que no me cansaré de decir fue negado por el pueblo, y que cobró vida de una manera que será por siempre reprochable e inconstitucional, les permitió a esos criminales de guerra y de lesa humanidad sentarse en el Congreso de la República, donde en vez de contribuir a realmente conseguir la paz, con su cinismo y su desvergüenza promueven actos inaceptables de homenajes a criminales, incumpliendo sus compromisos y rectivizando a sus víctimas. El partido de los comunes, sus directivos y promotores, están en deuda de hacer un desagravio a las víctimas de su otrora violencia. Situación que unida al homenaje al criminal asesino Jojoy y a los comprobados incumplimientos del Acuerdo, les hacen ya merecedores de perder los beneficios que les concediera la celebración del Acuerdo de Paz de La Habana. La sociedad colombiana está en mora de reaccionar con firmeza y claridad, con programas oficiales de divulgación de la verdad, consistentes y constantes. Aquí no se puede seguir permitiendo la burla permanente y repetitiva a las víctimas del secuestro, reclutamiento, asesinato, violación y a los más espeluznantes vejámenes a los que sometieron a los niños, incluyendo desde luego el delito de lesa humanidad de su reclutamiento. Llegó la hora de sancionar al victimario, quien permanece en total y completa impunidad, y amparar a sus víctimas. Un llamado adicional se debe realizar a aquellas personas que hoy silencian ante la continuación de la barbarie. A ese grupo y corriente política que se lanza en ristre contra las Fuerzas Militares pero callan ante las constantes burlas de este grupo abominable se les invita a que replanteen su posición.
Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el enfoque estratégico del problema actual respecto a la doctrina táctica que está aplicando la Fuerza hoy…
José María Carbonell fue el gran agitador del 20 de julio y, además, participó en otros cinco hechos fundamentales de nuestra historia: el primer golpe de Estado, acompañó a Antonio Nariño cuando se destituyó del poder a Jorge Tadeo Lozano y se nombró como presidente de Cundinamarca a nuestro Precursor; en la segunda denominación de nuestros partidos políticos, cuando se llamaron “Carracos” y “Pateadores”; es el primer preso político de la historia republicana de Colombia, pues fue detenido el 16 de agosto de 1810 por la caballería que comandaba el presidente de la Junta Suprema santafereña José Miguel Pey; es el primer ministro de hacienda del país unificado por Bolívar en diciembre de 1814; preside la Junta Tumultuaria de San Victorino (como la llamó Pablo Morillo), primera expresión de la rebeldía del pueblo en la conformación de nuestra nacionalidad.
Nació Carbonell en Santa Fe de Bogotá el 3 de febrero de 1779 y murió en el patíbulo de Morillo el 19 de junio de 1816, a la edad de 37 años. Hijo de José Carbonell Rojas, español, y la santafereña Josefa Martínez Valderrama Díaz de Arcaya, tía del célebre “Padre Manuel”, aquel Manuel Benito de Castro; Carbonell contrajo matrimonio el 24 de febrero de 1800 con doña Petrona López Duro y Álvarez del Casal, prima hermana de Antonio Nariño y sobrina carnal del dictador de Cundinamarca Manuel de Bernardo Álvarez, matrimonio que no fue feliz y terminó en divorcio y embargo por alimentos del sueldo de don José María, en la tesorería de la Real Expedición Botánica del Reino que dirigía el sabio naturalista gaditano José Celestino Mutis y Bossio, empresa donde nuestro agitador desempeñaba el cargo de amanuense.
Se educó en el Colegio de San Bartolomé donde vistió la beca seminaria, fue tesorero y contador de hacienda de Cundinamarca, capitán de milicias de infantería, presidente de la Junta de Represalias ordenada por Nariño contra los federalistas, protector de naturales, ministro del tesoro y cuatro veces detenido por sus actividades revolucionarias; tuvo la peor muerte en el patíbulo, Morillo lo condenó a la horca, fue el único patriota al que se le aplicó esta pena. En medio del ajusticiamiento “el Pacificador” ordenó dispararle un tiro de mosquete, con tan mala fortuna que sus ropas se incendiaron y terminó su vida quemado. Sus pocos bienes fueron confiscados y rematados en pública subasta; vivía, a la hora de su muerte, a un costado, hacia el sur, del sitio donde hoy está ubicada la Universidad Libre.
Las autoridades españolas
A la cabeza del poder español en estas tierras, estaba el virrey Antonio Amar y Borbón, llegado a Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada, a los 61 años, tenía 68 a la hora de la independencia y murió, aparentemente, en Zaragoza, en 1826, cuando alcanzaba la increíble edad de 84 años en tiempos en que la expectativa de vida al nacer apenas si superaba los 35 años; ya no era la persona para gobernar y, menos aún, para enfrentar una revuelta política que necesitaba una personalidad fuerte y no a un pusilánime y débil de carácter, sometido a los ímpetus y el amor al dinero de que hacía gala la virreina Francisca Villanova y Marco, quien fue acusada de vender los puestos del mercado público y adelantar tráfico de influencias con su marido, motivo por el cual el pueblo raso santafereño la llevó a la cárcel del divorcio, la insultó y rasgó sus vestiduras. Para protegerlos, la Junta Suprema debió inventarse una procesión a Nuestra Señora del Tránsito, con el fin de distraer a Carbonell y a los chisperos y poder sacar a los virreyes rumbo a Cartagena el 14 de agosto de 1810, 20 días después de haber sido depuesto del mando.
Recordemos que en un comienzo la Suprema nombró como presidente de la misma al hasta entonces virrey, pero lo depuso cinco días después. El poder armado estaba en ese momento en manos de un personaje siniestro, que cubrió de sangre nuestra geografía, de la cual habría de ser, de mano del “Pacificador” Pablo Morillo, virrey, mando que ejercía a la hora de la batalla de Boyacá: era Juan de Sámano de 56 años, nacido en Santander-España y llegado a Santa Fe de Riohacha donde fue gobernador y llevaba menos de un año en la capital del reino, el 20 de julio, como comandante del batallón auxiliar y tenía de segundo a José María Moledo, abuelo del regenerador Rafael Wenceslao Núñez Moledo el padre de la Constitución de 1886. Moledo y José María Baraya evitaron que Sámano atacara al pueblo o convenciera al virrey de reprimir a los manifestantes que respondían a las consignas de los chisperos. La otra autoridad importante era la de la Real Audiencia, integrada por los oidores, con funciones administrativas, de control político y administración de justicia.
Instituciones coloniales
El virrey era la cabeza del gobierno, por lo general militares en tiempos de los borbones que no podían casarse con gentes de la región ni tener allí negocios; los visitadores reemplazaban a la autoridad sujeta a la visita mientras comprobaban el correcto manejo de la cosa pública; la Audiencia representaba el poder judicial y estaba conformada por oidores; el Consulado, hacía el papel de Cámara de Comercio y regulaba los negocios privados; la Inquisición, con el título de “santa” perseguía la herejía y la brujería; el Cuerpo de Minería, tenía funciones administrativas y judiciales en lo tocante a la producción del oro; la Junta Superior de Hacienda, respondía por los asuntos económicos de la corona, el recaudo de impuestos era un oficio vendible a particulares; el gobernador, mandaba en las provincias y dependía del virrey o capitán general; el teniente de gobernador, era el reemplazo o suplente del gobernador; el corregidor, atendía los asuntos concernientes a los indígenas; el Cabildo, era la máxima autoridad del municipio, tenía 12 regidores, ocho por compra del cargo y cuatro nombrados por el rey, controlaba los recaudos y los gastos. La hacienda tenía cuatro tipos de funcionarios: tesorero, contador, factor (almacenista) y veedor (vigilaba la fundición de oro y plata). El municipio era manejado por: regidor, alcalde, alférez real, alcalde de la hermandad, fiel ejecutor, receptor de penas, escribano público, alguacil mayor, depositario general, síndico, procurador general, Cabildo y auditor de guerra.
La economía en 1810
La bonanza que vivió la economía de España y sus colonias en América, llegó a su fin por la invasión napoleónica en 1808. Los borbones habían hecho un gran esfuerzo para reducir la carga impositiva que golpeaba a los granadinos. El contrabando era casi una obligación ante las restricciones establecidas por la corona y representaba, aproximadamente, el 15% del comercio legal, lo que permitía comprar a ingleses, franceses y holandeses, utilizando el “camino de Jerusalén” que comenzaba en Riohacha y llegaba hasta Mompox, utilizando el oro en polvo que también se contrabandeaba en las minas, como sucedía con textiles, licores, calzado.
Salomón Kalmanovitz1 ha calculado que el producto por habitante de la Nueva Granada era de 27 pesos plata contra casi 42 de México y que la Nueva Granada exportaba, para la misma época, 2 millones de pesos plata, cuando el Perú exportaba 8 y México 18, lo que habla de la pobreza de este reino. El cultivo de la tierra estaba limitado por los latifundios y las propiedades eclesiásticas, que congelaban su uso y las sacaban del círculo comercial. El Estado no invertía en educación ni infraestructura, a pesar de ser muy costoso su mantenimiento y cargar con un montón de taras: esclavitud, privilegios de los nobles, mantenimiento de la iglesia, el ejército y los gremios. Muchas de las ciudades que marchaban a la vanguardia del país, colapsaron por esta época: Tunja, Cartagena, Santa Marta, Mompox, Girón, Pamplona, Honda, Cartago, Popayán, Santa Fe de Antioquia, Socorro y dieron paso a otras que cambiaron el mapa del desarrollo granadino, las relaciones de poder y la influencia política; con excepción del oro, poco más se podía exportar que fuera atractivo para los mercados externos. Antioquia, Cauca y Cundinamarca jalonan el crecimiento demográfico de la nación, en detrimento de la costa Atlántica y los santanderes; las regiones más ricas, en su orden, eran: Panamá, Bolívar, Antioquia y Cundinamarca y los últimos: Tolima, Santander y Boyacá; las vías de comunicación eran los ríos, sobre todo el Magdalena y el Cauca, y pare de contar, porque incluso el comercio de cabotaje en las costas era mínimo, y el Atrato apenas comenzaba a tener importancia después de 200 años de tener su navegación prohibida; la movilización de las personas necesitaba de pasaporte y era vigilada, controlada y restringida por las autoridades.
El Llorente del florero era González
Una costumbre muy española es la de llamar a las personas por su segundo apellido, éste es el caso de don José González Llorente, quien por el incidente del “florero” el 20 de julio de 1810, pasó a la historia, únicamente, por el apellido de su madre: Llorente y el florero que pudo ser el “florero de González”, quedó como “el florero de Llorente”. En esa fecha histórica, cuando respondiendo a una solicitud de préstamo de un florero para adornar una mesa que serviría para un homenaje al comisionado regio, el quiteño Antonio de Villavicencio, se fue de lengua y ofendió a los americanos con expresiones de grueso calibre; González era gaditano y había llegado en 1779 a Cartagena, pasando luego a Santa Fe donde contrajo matrimonio con María Dolores Ponce y Lombana, matrimonio del que hubo siete hijos y vivía, además, con un hermano menor, su suegra y once cuñados; tenía fama de caritativo y poseía el mejor almacén de la calle real, exportaba quinas e importaba telas, paños, porcelanas, básculas, etc. Su agresiva actitud del 20 de julio, provocada por un bien estudiado libreto de los revoltosos, aprovechando que era día de mercado y la plaza estaba llena de compradores y vendedores, ocasionó la revuelta que concluyó con la independencia de la Nueva Granada. Ese día González debió ser llevado a la cárcel para salvarlo del linchamiento del populacho; siguió viviendo en la capital, pero la presión política lo hizo salir del país acompañado de su numerosa familia, y dejó como albacea testamentario a Camilo Torres, cambiado luego por Ramón de la Infiesta; salió por Honda y Cartagena, paró en Jamaica, donde le escribió a Fernando VII una carta en la que consignó su versión de los hechos acontecidos en 1810, y pasó a Cuba, y murió en la ciudad de Camagüey.
Preparación del golpe
Al iniciarse el año de 1810 era regente Francisco Manuel Herrera, asesor Anselmo Bierna y Mazo y oidores Juan Hernández de Alba, Manuel Martínez Mancilla, Juan Jurado, Diego Frías, Francisco Cortázar y Joaquín Carrión y Moreno; y con el fin de reducir el poder de los criollos en el Cabildo, el virrey Amar nombró seis regidores añales (duraban un año), todos españoles, para que influyeran en el nombramiento de los alcaldes de primer y segundo votos, nombramientos que recayeron en José Miguel Pey y Juan Gómez, respectivamente. Los regidores eran Bernardo Gutiérrez, Ramón Infiesta, Vicente Rojo, José Joaquín Álvarez, Lorenzo Marroquín y Joaquín Urdaneta. Estaba completo el cuadro de las autoridades que acompañaban en el mando a Antonio Amar y Borbón.
A raíz de las reuniones del 6 y 11 de septiembre de 1809, convocadas por el virrey Amar para estudiar la situación de Quito, se abrieron causas secretas por desafección al régimen contra José Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Frutos Joaquín Gutiérrez, José María del Castillo y Rada, Gregorio Gutiérrez Moreno, Andrés Rosillo, Manuel Pombo, Tomás Tenorio, Antonio Gallardo, Nicolás Mauricio Omaña, Pablo Plata y Luis de Ayala; el 21 de enero se trajo preso al magistral Andrés María Rosillo y Meruelo. La Audiencia pretendió derrocar al virrey Amar y reemplazarlo por el teniente del rey, Blas de Soria, y le abrió causa secreta que no se siguió porque las circunstancias señalaban el peligro que una acción de ese tipo podría significar para la vida institucional del Nuevo Reino y su posible desestabilización a favor de quienes conspiraban en la sombra. Luego fue el alzamiento de Salgar, Rosillo y Cadena en los Llanos, siguió la reyerta de Ignacio de Herrera contra el alférez real Bernardo Gutiérrez y los documentos “Memorial de Agravios” de Camilo Torres y el “Manifiesto de un americano imparcial” de Ignacio de Herrera. El plato estaba servido, sólo faltaba encender la mecha; los patriotas se reunieron en el Observatorio Astronómico que dirigía Caldas y prepararon minuciosamente el libreto que debían cumplir al día siguiente y pusieron como chivo expiatorio a un español bocón que tenía una tienda en una esquina de la plaza principal, don José González Llorente. Así comenzó la historia.
Los rebeldes criollos
El papel de las mujeres fue definitivo, no estuvieron en la primera línea de los nombramientos, pero fueron las que le pusieron el pecho a los cañones de Sámano e impidieron que las tropas les dispararan a los rebeldes, ellas merecen un gran monumento a las madres de la revolución. La voz cantante de la revolución fue don José Acevedo y Gómez, charaleño, conocido como “el Tribuno del Pueblo”, cuya casa fue protegida por el pueblo en la noche del 19 de julio porque corrió el rumor de que unos cuantos patriotas, encabezados por Acevedo, serían detenidos por los oidores; él fue quien se dirigió al pueblo y sugirió los nombres que debían hacer parte de la Junta Suprema, cuando pronunció la célebre frase “Si dejáis pasar estos momentos de efervescencia y de calor…” El otro baluarte de los criollos fue el militar santafereño Antonio Baraya, comprometido con el golpe y control efectivo de las pretensiones de Sámano, y fue quien entregó el parque a los patriotas, evitando un derramamiento de sangre; se le considera el primer militar granadino y jugó un papel muy importante en las luchas guerreras de la primera república.
La Bogotá de 1810
Según el autor consultado, Santa Fe de Bogotá tenía entre 25.000 y 30.000 habitantes, la bañaban cuatro ríos: Fucha, San Francisco, Arzobispo y San Agustín, dos quebradas, Las Delicias y La Vieja; y cuatro chorros, Belén, Fiscal, Botellas y Padilla. Apenas se estaban terminando las obras de reconstrucción por el terremoto del 16 de junio de 1805 que destruyó el 25% de la ciudad, que tenía unas 200 manzanas en las que abundaban los perros, no había acueducto ni alcantarillado y estaban divididas en ocho barrios, cada uno con su alcalde2, así: La Catedral, del Príncipe, del Palacio, San Jorge, Las Nieves Oriental, Las Nieves Occidental, San Victorino y Santa Bárbara; con el tiempo, los dos primeros tomaron el nombre de La Candelaria. No existían barrios linajudos, pero la gente de algún dinero se concentraba en la Calle Real, la única con construcciones de dos pisos, al pie de la plaza de las hierbas (actual parque de Santander) o cerca de la plaza mayor.
En la plaza principal había una fuente con una figura que se pretendió fuera san Juan Bautista, pero que la gente llamó “el mono de la pila”, quitado años más tarde para colocar a Bolívar y llevado al hoy Museo de Arte Colonial; la unidad monetaria era el castellano de oro y el peso dividido en ocho reales. Además, había onzas, escudos y doblones. En la construcción, la madera reemplazó a la piedra y el adobe a la tapia pisada. El vehículo de movilización era el caballo; la biblioteca pública contaba con más de 20.000 volúmenes, muchos de ellos verdaderos incunables producto del decomiso a los jesuitas. Se destacaba mucha gente culta y había varias tertulias literarias, como la Eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez, la del Buen Gusto de Manuela Santamaría de Manrique y la de Antonio Nariño. Los dominicos regentaban la Universidad Tomística, los jesuitas la Academia Javeriana y el Colegio de San Bartolomé (hasta 1767 cuando se produjo la “Pragmática Sanción” de Carlos III), los agustinos el colegio San Nicolás Bari, los seculares el Colegio Mayor del Rosario y las monjas de La Enseñanza el primer colegio femenino fundado en Latinoamérica. Las gentes se divertían fumando tabaco y jugando naipes; la bebida tradicional era el chocolate, cambiado por el café cuando llegó la Legión Británica; casi el 60% de la población estaba formado por mujeres; la ciudad la resguardaban muy pocas tropas, tenía dos mil casas y contaba con 28 iglesias.
La junta tumultuaria de San Victorino
El 21 de julio de 1810, a las cinco de la tarde, don José María Carbonell sentó el precedente revolucionario más importante de nuestra historia, desconoció a la Junta Suprema y estableció en un local del barrio San Victorino una Junta Popular que Morillo llamó “Tumultuaria”. Carbonell fue elegido presidente, el procurador Eduardo Pontón vicepresidente y los vocales fueron Ignacio de Herrera y Vergara, Manuel García, Juan José Monsalve, Antonio Ricaurte y Lozano, Manuel Posse, Domingo Rosas y Francisco Javier Gómez. Por primera vez el pueblo de Santa Fe elegía libre y soberanamente a sus conductores. Esta Junta se movilizó por las calles de la ciudad e impuso su ley durante 25 días. Infortunadamente careció de la conciencia política y la organización que le pudieran haber asegurado el triunfo.
¿Revolución o independencia?
¿El 20 de julio se produjo la independencia de la Nueva Granada o fue apenas un hecho revolucionario sin mayor significación? ni lo uno ni lo otro. En el primer momento, lo que el patriciado quería era tener mayor acceso al poder, sólo Carbonell habló de independencia y de financiarla con los bienes de la iglesia, pero nadie le paró bolas y a la cabeza de la Junta se nombró al virrey Amar. El 20 de julio, como en todos los movimientos ocurridos en el resto del continente, los criollos desplazaron a los españoles del mando, pero sin pretender la independencia de España, aunque los hechos y el papel jugado, tanto por la masonería como por las sociedades económicas de amigos del país, las teorías de la independencia norteamericana y la revolución francesa, y la formación de dirigentes en la Real Expedición Botánica del Reino, como la misma reacción de la corona española, obligaron a declarar la independencia absoluta.
Los grandes ausentes
Dos personajes fueron los grandes ausentes de las jornadas del 20 de julio de 1810: Antonio Nariño y Álvarez y Francisco José de Caldas. Nariño no estaba en la capital, había llegado preso a Cartagena el 2 de enero de 1810 (había sido detenido en Santa Fe el 23 de noviembre de 1809) y sólo vino a salir por las gestiones del comisionado regio Antonio de Villavicencio y fue acogido en la casa de Enrique Samoyar Griselli y Gómez, donde se recuperó; desde allí alzó su pluma para refutar a Cartagena su propuesta de hacer el Congreso del reino en Medellín, en un escrito que llevó por título “Consideraciones sobre los inconvenientes de alterar la convocatoria hecha por la ciudad de Santa Fe en 29 de julio de 1810”; le dio permiso a su hijo Vicente para contraer matrimonio con la antioqueña Eugenia Salazar y Morales y sólo el 20 de octubre de 1810 pudo iniciar camino hacia Santa Fe, donde lo esperaban el cariño del pueblo y las nuevas responsabilidades en las que dejaría su impronta de líder. El otro ausente de los hechos revolucionarios del 20 de julio fue Caldas, no obstante que estaba en la ciudad, que había prestado su “oficina” del Observatorio para que se planeara el golpe, que fue quien pasó por la tienda de González Llorente en los momentos previos al comienzo de la trifulca, sin embargo, debió esconderse en el último retrete del Observatorio porque no participó en el cabildo abierto, no firmó el acta de independencia, ni hizo presencia entre las nuevas autoridades nombradas ese día; de acuerdo con su propio testimonio, en carta a su esposa, le contó que había preferido marginarse de los hechos. ¿Cuál fue la razón de su actitud?, ésta es una de las incógnitas históricas del momento.
Acta de Independencia (Extracto) Cabildo extraordinario del 20 de Julio de 1810
En la ciudad de Santa fe, a veinte de julio de mil ochocientos diez, y hora de las seis de la tarde, se presentaron los señores muy ilustre cabildo, en calidad de extraordinario, en virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública y proclamado por su diputado el señor regidor don José Acevedo y Gómez, para que le propusiese los vocales en quienes el mismo pueblo iba a depositar el supremo gobierno del Reino; y habiendo hecho presente dicho señor regidor que era necesario contar con la autoridad actual jefe, el excelentísimo Señor don Antonio Amar, se mandó una diputación compuesta del señor contador de la Real casa de la Moneda, don Manuel de Pombo y don Luis Rubio, vecinos, a dicho señor excelentísimo, haciéndole presente las solicitudes justas y arregladas de este pueblo, y pidiéndole para su seguridad y ocurrencias del día de hoy, pusiese a disposición de este cuerpo las armas, mandando por lo pronto una compañía para resguardo de las casas capitulares, comandada por el capitán don Antonio Baraya. Impuesto su excelencia de las solicitudes del pueblo, se prestó con la mayor franqueza a ellas. En seguida se manifestó al mismo pueblo la lista de los sujetos que había proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros legítimos de este cuerpo […] se deposite en toda la junta el gobierno supremo de este reino interinamente, mientras la misma junta forma la constitución que afiance la felicidad pública, contando con las nobles provincias, a las que en el instante se les pedirán sus diputados, formando este cuerpo el reglamento para las elecciones en dichas provincias; y tanto éste como la constitución de gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad, independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que, a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno a la Suprema junta de Regencia, ínterin exista en la Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo, y en los términos dichos, y después de haberle exhortado el señor regidor su diputado a que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos en el momento de esta fatal crisis, porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos, debe resultar la felicidad pública, protestando que el nuevo gobierno castigará a los delincuentes conforme a las leyes, concluyó recomendado muy particularmente al pueblo la persona del excelentísimo señor don Antonio Amar; respondió el pueblo con las señales de la mayor complacencia, aprobando cuanto expuso su diputado. Y en seguida se leyó la lista de las personas elegidas y proclamadas, en quienes, con el ilustre cabildo, ha depositado el gobierno supremo del reino, y fueron los señores.
Doctor don Juan Bautista Pey, arcediano de esta santa iglesia catedral, don José Sanz de Santamaría, tesorero de esta real Casa de la moneda, don Manuel de Pombo, contador de la misma, doctor don Camilo Torres; don Luis Caicedo y Flórez; doctor don Miguel de Pombo, don Francisco Morales; doctor don Pedro Groot; doctor don Fruto Gutiérrez; doctor don José Miguel Pey, alcalde ordinario de primer voto; don Juan Gómez, de segundo, doctor don Luis Azuola; doctor don Manuel Álvarez; doctor don Ignacio Herrera, don Joaquín Camacho, doctor don Emigdio Benítez, el capitán don Antonio Baraya, teniente coronel José María Moledo; el reverendo padre Fray Diego Padilla, don Sinforoso Mutis; doctor Francisco Serrano Gómez; don José Martín París, administrador principal de tabacos; doctor don Antonio Morales; doctor don Nicolás Mauricio Omaña. En este estado proclamó el pueblo con viva y aclamaciones a favor de todos los nombrados, y notando la moderación de su diputado el expresado señor regidor don José Acevedo, dijo que debía ser primero de los vocales, y en seguida nombró también de tal vocal al señor magistral doctor don Andrés Rosillo, aclamando su libertad, como lo ha hecho en toda la tarde, y protestando ir en este momento a sacarle de la prisión en que se halla. […]
Juramos por el Dios que existe en los cielos y cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la constitución y voluntad del pueblo expresada en esta acta, acerca de la forma del gobierno provisional que han instalado: derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada religión católica, apostólica, romana, nuestro amado monarca Fernando VII y la libertad de la patria; conservar la libertad e independencia de este Reino en los términos acordados; trabajar con infatigable celo para formar la Constitución bajo los puntos acordados, y en una palabra, cuanto conduzca a la felicidad de la patria. […]
[Firmantes]
Juan Jurado, doctor José Miguel Pey, Juan Gómez, Juan Bautista Pey, José María Domínguez de Castillo, José Ortega, Fernando de Benjumea, José Acevedo y Gómez, Francisco Fernández Heredia Suescún, doctor Ignacio de Herrera, Nepomuceno Rodríguez de Lago, Joaquín Camacho, José de Leyva, Rafael Córdova, José María Moledo, Antonio Baraya, Manuel Bernardo Álvarez, Pedro Groot, Manuel de Pombo, José Sanz de Santamaría, fray Juan Antonio González, guardián de San Francisco; Nicolás Mauricio de Omaña, Pablo Plata, Emigdio Benítez Plata, Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, Camilo Torres, doctor Santiago Torres y Peña, Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra, Celi de Albear, fray Mariano Garnica, fray José Cavaría, Nicolás Cuervo, Antonio Ignacio Gallardo, rector del Rosario; doctor José Ignacio Pescador, Antonio Morales, José Ignacio Álvarez, Sinforoso Mutis, Manuel Pardo. Las firmas que faltan en esta Acta, y están en el cuaderno de la Suprema Junta, son las siguientes: Luis Sarmiento, José María Carbonell, doctor Vicente de la Rocha, José Antonio Amaya Plata, Miguel Rosillo y Meruelo, José Martín París, Gregorio José Martínez Portillo, Juan María Pardo, José María León, doctor Miguel de Pombo, Luis Eduardo de Azuola, doctor Juan Nepomuceno Azuero Plata, doctor Julián Joaquín de la Rocha, Juan Manuel Ramírez, Juan José Mutienx. Ante mí, Eugenio Martín Melendro.
*Rodrigo Llano Isaza :Administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal Colombiano. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, de número de la Academia de Historia de Bogotá y presidente de la Academia Liberal de Historia.
Referencias bibliográficas
Salomón Kalmanovitz. Consecuencias económicas del proceso de independencia en Colombia. Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2008, 46 pp.
La naturaleza humana es a veces incomprensible. La regla general de la convivencia es que la tragedia une, pero a un cierto número de colombianos al parecer nos desune. Cuando ya se cumplieron más de cien días que se dio comienzo al aislamiento, con aperturas graduales, el Covid 19 ha hecho de las suyas no solo en el número cuantioso de contagiados que ya supera los 182.140 y, 6.288 fallecidos, sino que causa estragos en la economía. El PIB por cuenta de la enfermedad registra una afectación económica e histórica con proyecciones que oscilan entre el 9 al 10% con probabilidad de aumentar. El desempleo no se ha hecho esperar y el endeudamiento del país se incrementa en cifras preocupantes.
Adoptar decisiones en medio de la crisis para la que no se estaba preparado no resulta nada fácil. El señor Presidente de la República enfatizó la importancia de la defensa de la salud y adoptó medidas fruto de dos emergencias económicas decretadas, que estuvieron dirigidas a contener la expansión del virus, tratando de mantener plana la curva para que tuvieran tiempo los operadores de la salud y de otros disciplinas en mejorar su capacidad instalada para la atención de los pacientes afectados con la enfermedad y que desde luego, significaron la asunción de consecuencias para la economía pues la rigurosidad de los cierres, afectaron el empleo y el ingreso de los colombianos, pero que con el paso de los meses imponía pensar y actuar en ayudar a la economía. Al final el gobierno se inclinó en adoptar la denominada “contención inteligente”, una mezcla de prevención a la salud y otra de intento de recuperación de la economía.
En momentos de dificultad en los que es claro que se afectan sin distinción a las personas sin importar su sexo, edad, condición, raza es cuando más la solidaridad debe ser la constante. Hay muchos ejemplos de admirar y reconocer de como se ha hecho presente en medio de la crisis pandémica, pero desafortunadamente, en materia política ha estado por completo ausente.
Sea lo primero señalar que los gobiernos en el continente y en otras latitudes no estaban preparados para hacerle frente a una pandemia como esta que tiene entre los portadores asintomáticos y sintomáticos una gran facilidad de contagio. Mucho se desconoce de esta enfermedad y la cura por más que se quiera pronto, no lo va ser tan rápido como urge el momento, razón que ha debido despertar una comprensión y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas que integran la nación.
No la hubo y humanamente no se comprende esa postura pero políticamente tendrá alguna nimia explicación que se podría en principio traducir en que la pandemia se les presentó en una oportunidad para buscar adeptos o conseguir otros fines que las urnas no les permitieron en el pasado debate electoral; pero la realidad es que la pandemia sacó a flote lo peor de la oposición política que, ya había mostrado sus garras y pretensiones incluso desde antes que se diera al mundo la noticia del virus.
Sabido es que antes de partir con bastante cuido el señor Juan Manuel Santos de dificultarle al sucesor su labor. Impulsó con límites insospechados el estatuto de la oposición (ley 1909 de julio 9 de 2018) que adquirió el rango de derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado.
Encabeza la oposición el otrora mal perdedor candidato presidencial Gustavo Petro que inició su trabajo anunciando apoyo a paros y marchas para llegar a posiciones totalmente cuestionables, reprochables y presuntamente delictuales. Se traducen estas en el llamado que efectuó a la desobediencia civil, a invitar a no pagar los servicios públicos, ahora más reciente al oponerse a las decisiones gubernamentales, a tener el atrevimiento de calificar al señor Presidente de la República de “genocida”; calumnia infame e incendiaria que registra la característica propia de este dirigente que se camufla de amigo de la paz pero se expresa con uniforme de antiguo subversivo a través de su odio, división y con ánimo desestabilizador quien finalmente para rematar, acaba de desconocer el resultado electoral que escogió legítimamente al mandatario de los colombianos.
Le acompaña en su estrategia divisionista y de desprestigio su compañera de fórmula a la Vicepresidencia Ángela María Robledo que también sin fundamento alguno en forma desde luego especulativa lanza su dedo acusador para expresarse con todo desparpajo de que “no normalicemos la muerte”. Y en otro trino registro “Que muera quien tenga que morir; es la política de @IvanDuque, la política de la normalización de la muerte”.
Cierra este grupo el senador Gustavo Bolívar quien dice ser del criterio de que “hay que conocer la “historia para conocer la génesis de nuestras violencias del país”; despachando y dejando de lado al narcotráfico, que es uno de los mayores actores que causan y generan violencia e ignorando que con sus producciones de libretista ayudó a difundir el mal que tanto daño le causa ayer y hoy al país; le cae como anillo al dedo la cita bíblica (Lucas 6, 41-42) “Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Y remata la enseñanza bíblica “¡hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano”.
Compitiendo por el liderazgo en la oposición le siguen los senadores opositores al fracturamiento hidráulico (fracking), la fumigación con glifosato y desde luego a la colaboración y asistencia militar en los que se encuentran los que recibieron regaladas sus curules, quienes de cierta forma peculiar que se traduce en una calculada defensa camuflada al narcotráfico, impulsaron una tutela improcedente por presunta violación a unos derechos fundamentales que se tendría que pensar que no son de recibo en ese accionar, pero dada la cercanía con la rama judicial que tanto apadrinaron desde los inicios de Asonal judicial en la entonces gestiones de Jaime Pardo leal, se les admitió y se les concedió una protección que busca frenar la dirección y manejo de las relaciones exteriores en cabeza del señor Presidente y su Canciller. En tiempos de pandemia y unidad es cuanto más se ha debido trabajar en erradicar los cultivos ilícitos, pero con esta clase de actores, que sólo torpedean y dificultan la gestión gubernamental es complicado y difícil; ya empezaron a querer reducir la FFMM y acabar su arma de inteligencia y contrainteligencia; no se dude en los foros de Sao Paulo y Puebla le impartieron claras instrucciones al respecto.
Siguen el grupo de medios y periodistas que hacen parte del denominado carrusel periodístico que si muestran unidad de propósito y accionar en forma que la noticia que uno entrega los otros la replican y se suman a esa oposición en unos extremos de irreverencia e irrespeto al Primer Mandatario que no se comprende que bajo el cobijo y amparo de la libertad de expresión se permita la agresión, ofensa y permanente maltrato. Hacen parte del juego el Espectador, la Revista Semana por solo citar dos y el señor Ramiro Bejarano que desconoce abiertamente al Presidente y le da el trato de “subpresidente” y la señora María Jimena Duzán que trata al Gobernante “como niño asustado que nunca terminó de destetarse” y en otra de sus vacías manifestaciones le concede el trato de “reyezuelo sin alas”.
Cierran el ciclo un sector de la iglesia liderado por el obispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve que irrespetó y calumnió al señor Presidente al tratarle de “genocida” por el manejo dado a los procesos de paz y desde luego en intromisión inadmisible el nuncio apostólico de su santidad aboga por un cese con el ELN, dejando conocer que se está en guerra, cuando esa figura solamente aplica entre estados. Que se conozca ni siquiera esos terroristas tienen a su haber el reconocimiento el estado de beligerancia por parte del estado colombiano, pero ese círculo sacerdotal los defienden como adalides cuando son unos vulgares terroristas criminales que les pareció normal, atentar contra un centro comercial lleno de civiles indefensos pero peor, destruir la vida de estudiantes en la escuela militar de cadetes y así creen que se harán merecedores a curules como los que les antecedieron y hoy gozan de tanto e inmerecidos privilegios.
Si Petro y Monseñor Monsalve, por supuesto las minorías de las Farc que están en el Congreso y su vocero político están en esa línea, no lo será por irrespetar y ofender, la izquierda radical no califica en vano y si algo es claro en ellos es que actúan a unísono. Decirle “genocida” al Presidente de Colombia lo es para llevar más temprano que tarde una acusación en ese sentido ante tribunales internacionales; no se dude esa en la forma como van a pagarle al señor Presidente y esa es la solidaridad única que conocen.
Lamentablemente, si el señor Jefe del Estado continúa con tanta inadmisible tolerancia no actúa e impone la autoridad que reclaman los electores que le elegimos, se cernirán sobre la Patria oscuros nubarrones que terminen por destruir la institucionalidad y nuestra democracia. Nuestra bandera tricolor, la sociedad civil tenemos la inmensa tarea que jamás sea reemplazada por la de las FARC, la del ELN y la de la tal Colombia Humana.
