El general y las Farc

Esta es la historia de un general que por más de una década colaboró con la guerrilla hasta quedar al descubierto como parte de una de las misiones de la operación Bastón, revelada por SEMANA.

La misión de contra inteligencia militar fue bautizada inicialmente como Harel. Otros de los participantes de esa investigación sugirieron que se debía llamar Honor. El argumento para asumir este último nombre era lógico desde su punto de vista. Lo que debían hacer, efectivamente, era un tema de honor militar como lo era descubrir quién de los suyos era el que había traicionado a la institución y colaboraba con el enemigo: las Farc.

El reto era aún más grande. El sospechoso no era un soldado asignado a una unidad en la mitad de la selva que ante la necesidad había vendido su lealtad por unos pesos. Se trataba nada más y nada menos que de un general de la República. 

Una serie de extraños reveses que sufrió la tropa y las operaciones contraguerrilla, que después de meses de planeación a último momento misteriosamente terminaban fracasando, dieron inicio a la misión de trabajo. Esta es una de las tantas investigaciones que hacen parte de la llamada operación Bastón, que agrupa algunos de los más importantes casos desarrollados por la contrainteligencia del Ejército, como lo reveló SEMANA.

Todo ocurrió en diferentes departamentos del oriente del país. Como si la guerrilla tuviera una especie de bola de cristal, muchas veces logró anticiparse a las operaciones, saber por dónde se desplazarían las tropas y, en algunos casos, aprovechar esto para asestar golpes a los militares. Esta situación se volvió recurrente y era claro que se trataba de una fuga de información estratégica y operacional. 

Los investigadores comenzaron por reconstruir los casos en donde las operaciones fallaron e indagaron cómo se pudo haber filtrado la información. Por semanas, varios fueron desplegados a diferentes zonas para tratar de recolectar en terreno datos confiables que permitieran llegar al responsable. 

Como parte de esas labores lograron encontrar varias fuentes claves. Una de ellas fue la la hija de un jefe guerrillero del frente 10 de las Farc. Militó desde los 12 años en esa organización y llegó a ser la radista, por muchos años, de alias Grannobles, el temido hermano del Mono Jojoy que también era comandante. Estuvo por 23 años en esa guerrilla hasta que se desmovilizó. Lo que les contó esta mujer, y que está grabado en varias horas de video, fue impactante. 

Les dijo que conoció al general cuando tenía el grado de capitán a comienzos de los años 90 en Arauca. “Lo conocí en las Bocas del Ele, en una finca llamada El Palmar. Yo no sabía que era de las fuerzas militares. Llegó allá a reunirse con el señor Grannobles. Yo andaba con Grannobles desde muy jovencita”, se escucha decir a la mujer en su relato. 

El señalamiento era grave, pero era claro si se trataba de una persona que quisiera enlodar al oficial. Por ello, aceptó someterse a varias pruebas de polígrafo para corroborar que lo que estaba diciendo era real. Pasó cada una de ellas. “En agosto, en una reunión en Miramar, a él le entregaron un maletín, sé que era plata, pero no me acuerdo si eran dos mil o tres mil millones. Yo alcancé a contar hasta dos mil pero sé que le dieron algo más. Yo estaba contando, pero me quité porque él me estaba mirando. Eso fue en una finca que era de mi mamá”, contó la mujer.

Esta última reunión a la que hace referencia la desmovilizada en su relato ocurrió hace pocos años cuando el oficial ya había alcanzado el grado de brigadier general.  

Con este indicio comenzó una labor de verificación de todos y cada uno de lo detalles que ella contó. Simultáneamente, con la ayuda de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIF– comenzaron a realizar un cruce de información sobre las finanzas del oficial y su círculo más cercano. “Se evidencia un incremento injustificado del patrimonio”, afirma uno de los apartes de la misión Harel. 

Las labores de búsqueda de información se extendieron por varios meses. Al final, basados en decenas de entrevistas y documentos, se llegó a la conclusión que al menos durante 18 años ese oficial había vendido información secreta no sólo a las Farc, sino también al ELN y más recientemente a las disidencias. “Recibió dineros producto del tráfico y fuga de información con los GAOr (grupos armados residuales o disidencias) colocando en riesgo la integridad física de la tropa y saboteando el desarrollo de operaciones militares”, dice otros de los documentos del voluminoso dossier de la misión Harel. 

Cuando la delicada información fue confirmada y documentada el caso escaló y fue puesto en conocimiento de algunos de los integrantes de la cúpula del Ejército. Discretamente le recomendaron al general solicitar su retiro para evitar un escándalo. Cosa que el alto uniformado hizo. Se fue en silencio. Esos hallazgos también fueron compartidos a la Fiscalía para iniciar una investigación penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, revelación de secreto, entre otros. El caso no ha avanzado. SEMANA se abstiene por ahora de revelar la identidad de este militar para no entorpecer las investigaciones sobre este delicado tema del general y las Farc.

Un Fallo Desastroso

Poco nos duró la alegría por la celebración del merecido y justo ascenso del General Nicacio Martínez Espinel a General de  cuatro soles,  cuando en una decisión inadmisible por completo,  la Corte Constitucional aguó la fiesta al decidir que son inconstitucionales  las expresiones ´alcoholicas´ y ´psicoactivas o´, contenidas en el artículo 33 (lit c. num2) y las expresiones ´bebidas alcohólicas y psicoactivas o‘ del artículo 140 (num. 7) del Código de Policía  (Ley 1801 de 2016) lo cual significa sencillamente en idioma comprensible,  que en los parques donde se recrean los niños y los jóvenes es permitido consumir licor y drogarse con sustancias psicoactivas.- Publicidad –

En rueda de prensa como ya parece normal notificar las sentencias, concurrieron  dos magistradas de la Corte Constitucional doctora Gloria Ortiz, Presidente de la Corporación y la Magistrada Diana Fajardo a dar a conocer el alcance del aberrante fallo que justificaron en señalar que la prohibición del Código de Policía “no es razonable constitucionalmente, pues a pesar de buscar un fin imperioso, como es la tranquilidad y relaciones respetuosas entre las personas, lo hace a través de un medio  que impide alcanzar dicho fin y esto es así porque  en la generalidad de la disposición invierte el principio de libertad e incluye en la prohibición casos para que el medio o bien no es idóneo…” 

Todo un galimatías su falaz argumentación que poco se entiende ni comprende. Ya habrá tiempo de ver como plasman esa decisión en la sentencia. Obviamente al conocerse la decisión del fallo en cuestión, la reacción en su contra no se ha hecho esperar, fue casi unánime  pero no se sumó la izquierda radical. Era obvio que así ocurriera. Los padres de familia y los abuelitos que tienen en los parques su lugar de recreación de los hijos y nietos quedaron impávidos ante lamentable decisión.

Los magistrados de esa Corte Constitucional, salvo el magistrado Carlos Bernal quien salvó su voto y defendió la norma, al asumir su cargo juraron defender la Constitución Nacional y hoy dudamos que así sea pues la decisión viola ostensiblemente los artículos 44, 45 y 82 de la Constitución Política de Colombia. El primero de ellos protege los derechos fundamentales de los niños. El segundo cuida a los adolescentes quienes tienen derecho a la protección y formación integral. El último contempla el deber del estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual siempre debe prevalecer sobre el interés particular.

No podemos llamarnos a engaño. Las minorías que se pretende proteger son la real excusa para favorecer al narcotráfico. Cruda conclusión pero no es gratuita, basta  recordar unos pocos fallos recientes de esa Corte que parece más legislador que juzgador cuando dispuso impedir la aspersión aérea con el uso del glifosato;  la misma que convirtió el narcotráfico como conexo con el delito político; aquella que envió al conocimiento de la Jep las conductas criminales de lesa humanidad de reclutamientos y maltrato de menores;  esa misma Corporación  que al estudiar  la demanda de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo apreciaciones que a la postre impidieron la extradición del requerido narcotraficante conocido con el alias de Jesús Santrich, son la comprobación de la afirmación.

En ninguna persona sensata cabe  aceptar que se permita el uso de bebidas alcohólicas y de consumir sustancias psicoactivas en parques públicos  sea  como consecuencia de permitir el desarrollo de la libre personalidad. No señores magistrados las drogas y el licor destruyen la personalidad y es deber de ustedes prevenir que eso ocurra en la defensa que le impone la constitución de velar  por la protección de los menores y los adolescentes.

La sociedad reclama seguridad. Al permitirse en  los parques consumo de drogas malditas y bebidas alcohólicas,  los jíbaros y gran número de desadaptados se harán con ellos  y la inseguridad se apoderará de los espacios públicos de recreación. La lucha de las autoridades por erradicar hoyas de microtráfico, no encuentran apoyo en tan cuestionable decisión.

Mal aporte le hacen esos magistrados  a la sufrida Patria colombiana flagelada por el narcotráfico y microtráfico con  su sentencia aberrante que antes que acatar los padres de familia y gente decente,  debemos en unión de la sociedad civil rechazar por completo e iniciar una cruzada nacional para defender el bien común y reconquistar los parques para la sana  recreación de nuestros niños.

Bogotá, D.C. Junio de 2019.

Bogotá, Octubre de 2019

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