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¿Cómo creer en el gobierno?

El gobernante de un país, independientemente de querer estar en una posición de poder, debe ser consciente que a su mandato lo debe regir el querer servir genuinamente a todo su pueblo, que sus decisiones deben buscar el bien común y que ya no es hora de continuar haciendo proselitismo sin ocuparse de los asuntos que están, por así decirlo, en el corazón mismo de la nación. Así, las políticas públicas deben corresponder al conjunto de fines, resoluciones y acciones que debe adelantar un gobierno para solucionar las diferentes problemáticas de la comunidad, que no a decisiones intempestivas con graves repercusiones económicas y sociales para ésta.

La seguridad normativa es una de las condiciones necesarias para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, atraer altos niveles de inversión y consolidar el tan anhelado desarrollo humano sostenible. 

De ahí que sorprenda que el 21 de noviembre de 2022 apareciera en la página web del Ministerio de Hacienda un proyecto de decreto para impedir la realización del día sin IVA programado para el 2 de diciembre de esta anualidad. La ley 2155 de 2021 reguló en su artículo 37 lo relacionado con los «días sin IVA» decretando que podrían ser hasta 3 al año. Durante estos días, determinados bienes corporales muebles señalados en otro artículo de la misma ley, estarían exentos del impuesto sobre las ventas o IVA. En desarrollo de esta disposición se expidió el decreto 290 de 2022 el cual dispuso que el tercer día sin IVA del 2022 se llevaría a cabo el 2 de diciembre del mismo año. Posteriormente, en el trámite de la reforma tributaria se presentaron iniciativas que fueron avaladas por el gobierno y aprobadas por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, en el sentido de preservar ese último día sin IVA del año. Quedó, entonces, que la derogatoria de los artículos 37, 38 y 39 de la citada ley 2155 de 2021 empezaría a regir el 1 de enero de 2023. Sin embargo, a último momento, el gobierno resolvió expedir un decreto adelantando la derogatoria y dejando a comerciantes y consumidores sumidos en el desconcierto.

En la parte considerativa del proyecto se cita, a modo de justificación, un oficio de la DIAN fechado 8 días después de que el ministro de Hacienda avalara el texto aprobado por las plenarias, cuyo objetivo era respetar el último día sin IVA del año.

Así las cosas, nos encontramos ayer frente a la desaparición de esta oportunidad, pese a que según encuestas la mayoría de los Colombianos expresaron su deseo porque se mantuviera el día sin IVA. Al parecer, la opinión de gremios y ciudadanía no motiva al gobierno para adoptar las decisiones que a éstos les afecta, a lo cual se suma lo inoportuna, por la poquísima anticipación en que se dio a conocer. Cabe anotar que su vigencia se señaló a partir de su publicación en el Diario Oficial, la que no fue posible ubicar. Por supuesto, los industriales y comerciantes, confiando en la seriedad y buena fe de las políticas gubernamentales, ya habían adquirido grandes cantidades de sus productos para atender la demanda en tan importante día, quedando totalmente frustrada su perspectiva. Y es, que no era para menos, al observar algunas cifras de los días sin IVA que sí se llevaron a cabo.  Según la DIAN, el primer día sin IVA del 2022 produjo ventas por 9.1 billones en transacciones realizadas a través de 6.858.695 facturas, cifra que superó las expectativas de los comerciantes que eran de 8 billones.

Las ventas en Santander, Norte de Santander, Antioquia y Atlántico reportaron gran incremento con respecto al primer día sin IVA de 2021. Las ventas a través de canales digitales fueron de seiscientos noventa y siete mil millones. En cuanto al 17 de junio de 2022, segundo día sin IVA del año, las ventas superaron los 10 billones, lo que significa un incremento de 16.6 % en valor y de 6% en número de transacciones, comparando con la jornada sin IVA inmediatamente anterior.

Los bienes más apetecidos son electrodomésticos, ropa y motos, así como los productos de belleza. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, recordó que el día sin IVA es también una oportunidad para la rotación de inventarios por cuanto los comerciantes hacen promociones de artículos no exentos.

En esta materia, artículos no exentos, Bogotá tuvo el 70% de la facturación.  En cuanto al 2021 las ventas por canales electrónicos del 19 de noviembre, día sin IVA, fueron de $723.090.000 para 1.981.870 transacciones digitales aprobadas. Este tipo de transacción aumentó en 8.8% con respecto al anterior día sin IVA. De manera general, hubo un crecimiento de 24.4% siendo las tarjetas de crédito y débito el medio más utilizado de la jornada. Los comerciantes vendieron seis veces más que en un viernes promedio.

Se podría continuar con más cifras de este tipo pero lo importante es en realidad registrar el perjuicio que en esta ocasión se le causa tanto a los compradores como a los vendedores. Se trata aquí, no se dude, de una violación al principio de la confianza legítima, más aún si en el texto del decreto se lee “no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”. Si no había claridad, lo prudente era realizar los estudios que le dieran nitidez a la decisión, que no “apresuradamente” eliminar esa ocasión y enviar un mensaje desesperanzador.

El epílogo de este decreto es que ya avanzada la tarde del 1 de diciembre se conoció, después de las 3 pm, el decreto 2357 que dejaba sin efecto el día sin IVA programado para el 2 de diciembre. Y se le fechó extrañamente con el 30 de noviembre. Lleva por título: «Por el cual se deroga el numeral 3 del artículo 1.3.1.10.16.del capítulo 10 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”. Por supuesto, lo primero que se advierte es que un decreto de esta naturaleza jamás podrá derogar una ley superior como se deduce que lo hace con la ley 2155 de 2021.

Y se conoció solamente el día 1 de diciembre, a altas horas de la tarde, a raíz de la instauración de una acción de tutela, no siendo posible allegar, por parte de los accionantes, ese decreto.

Si los días sin IVA han sido tan exitosos como lo atestiguan las cifras, ¿por qué este afán del gobierno en acabarlo? La nimia explicación del presidente Petro en un trino de su autoría parece sugerir que todo esto se trata de incentivar el consumo del producto nacional. Ese día, 2 de diciembre, sin IVA, también beneficiaba las ventas de productos nacionales y, claro está, el fisco estaba llamado a recaudar más por ventas de productos no exentos de IVA que ya no se harán, por ejemplo, varios padres de familia desistieron de sus compras de navidad por ese incremento de valor en el 19% que es bastante significativo, mayormente con la inflación que se está viviendo.

Pildorita. Inquieta y preocupa saber del interés del gobierno en que los gremios sean dirigidos por gentes afines a su ideología y pensamiento. Los gremios han sido instituidos para defender a cada sector. Ya han renunciado 5 presidentes de gremios y el presidente de la empresa más grande del país. Por este camino lo único seguro es perder la sostenibilidad empresarial con negro futuro para el País.

Bogotá, D.C., diciembre 3 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

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Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.

Muchedumbre de Colombianos marchamos pacíficamente porque tenemos el sentimiento de patria, de democracia y de libertad. La elección de Gustavo Petro, visto por algunos medios como un mesías, despertó las esperanzas de algún sector de la sociedad que votaron por él bajo la promesa de “cambio”. Sin embargo, subsisten muchas dudas sobre esta elección que “mágicamente” hizo aparecer votos sin que tuviera auditoría internacional, pese a que el gobierno Duque trasladó los recursos para ella. Una primera motivación para que sin cumplir aún los cien días de esta administración el malestar, el descontento y el rechazo se multipliquen por doquier.

En la historia de Colombia no hay antecedente de un rechazo tan temprano y generalizado como este. Ni en Semana Santa se consigue semejante acto de contrición. Desde luego el rechazo del pueblo es por completo de recibo y esto es así por el desorden, el caos, la improvisación que han caracterizado al ejecutivo. Este gobierno arrancó como caballo desbocado. Ninguna o poca planeación previa pero sí reformas por todas partes. No hay escenario estatal en el que no se crea que se requiere de modificaciones. Tantas iniciativas laboral, energética, ambiental, política, de salud, tributaria, electoral y algunas más, sin un jinete que lleve las riendas como corresponde, sólo llevan al despeñadero.  Por esto el porrazo no se hará esperar. La devaluación es aterradora, no se diga de la inflación. El termómetro de estos indicadores está que se revienta ante tamaña subida. El indicativo del dólar pisando los $ 5000 tiene a más de uno pensando y tratando de entender el porqué del alza tan acelerada.

Es lógico que así ocurra pues los ciudadanos ven y siguen en los medios y redes las actuaciones de los ministros y directores de departamentos administrativos y de otras dependencias claves del gobierno. Son un completo desastre. Lo peor es que quien buscó hacerse cargo de llevar las riendas está agotado ya y eso que apenas está empezando. Será el primer damnificado y es bien probable que, surtido el trámite de las reformas, entre ellas la tributaria, la fuerza de las reclamaciones ciudadanas deje de lado algunas de ellas y otras las transforme en una mini reforma.  Pues tratando de usar un freno se ha visto enfrentado a la gasolina con la que, entre otros, la min Minas insiste en apagar la industria petrolera.

Y no para allí. En materia de justicia el ministro, desde el arranque, está por completo embolatado. Cree que premiando a los bandidos conseguirá la “paz total”. Craso error, es un desastre por donde se mire.

La cartera de salud está empeñada en acabar con el eficiente sistema de las EPS, como lo había manifestado en marzo de este año la hoy ministra Carolina Corcho. Hasta ahora ella no ha podido hacer frente al incremento asustador del Covid ni a la viruela del mono. No se sabe si ha tenido éxito en conseguir vacunas y tendrá

que ver como maneja el escándalo de las farmacéuticas acerca de que no son eficaces, mientras tanto fracaso.

Y no se diga nada de la min Agricultura, Cecilia López. Luego de entusiasmar a un sector del pueblo con la compra de tierras ha dicho que no serán tres millones de hectáreas las que el gobierno va a adquirir sino, a lo sumo, un millón y medio. Y quizás entre tanto trámite burocrático y suspicacias se acabe embolatando a los ganaderos. De todas formas, con las tierras confiscadas que están en la SAE se cumpliría con una parte de la entrega a los campesinos con verdadera vocación agrícola. Siempre el campo termina por llevar la peor partida.

El min Defensa ya ni marcha ni asiste a las revistas de las FFMM y de Policía. Vino, desbarató la organización y estructuras militares y policiales y ahora no se le ve por parte alguna. Será, por ventura, que considera que con la baja del alto mando militar y policial ya cumplió con su función, o anticipando sus alcances nos sorprenderá con más salidas en contra de las instituciones a su cargo. Su maltrato a la oficialidad se pudo ver en la forma como despidió a los generales con más de 35 años de servicio, a través de radiogramas a altas horas de la noche (10 pm ). Así lo reveló recientemente a IFM y al periodista Daniel Coronel el General (RA) Juvenal Díaz Mateus, Comandante de la Séptima División con sede en Antioquia.

La filósofa elegida para la cartera de Minas sólo ha dejado conocer su ignorancia en la materia, de especial trascendencia en la economía del país, por lo que puede llegar a ser la primera ministra censurada. No ha tenido sino desaciertos. Su terquedad, su imprudencia y su ignorancia en los temas energéticos y mineros han llevado a que nuestra economía “decrezca” y con ello al empobrecimiento de todos, en particular, de las clases menos favorecidas. La minería extractiva del oro y del carbón se encuentra al borde del cierre. Ella, causante de pánico económico, debe sin duda evaluar su pronto retiro.

La ministra de Cultura, Patricia Ariza, parece una estatua dirigiendo el ministerio, todo se lo hacen. Extrañísimo que en un acto sin precedente, posesionó a su amiga personal la historiadora y profesora Ivonne Suárez como directora del Archivo Nacional con este extraño juramento: «Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria ….». A lo que Ivonne Suárez respondió que juraba especialmente por la matria, que estaba en lo más profundo de su corazón. Será, quizás, para abandonar la carga pesada del concepto de patria?

La cartera de Gobierno que tiene al frente al experimentado Alfonso Prada volcó sus esfuerzos en conseguir la aprobación del proyecto de Paz Total. La paz recurrentemente invocada por años nada que se consigue y cada intento nos sale más caro que el anterior. La experiencia de la Habana así lo corrobora. Ahora este gobierno trae el mensaje de premiar al hampón e incurrirá posiblemente en el absurdo del regreso del terrorista alias Iván Márquez para participar en la futura mesa de negociación. Este criminal perdió todos los beneficios que tenía al incumplir el proceso de paz y alzarse de nuevo no solo en armas contra el Estado.

Por las actuaciones de los actuales gobernantes que sólo pueden ser el producto de la incapacidad humana para conducir por el destino más conveniente al pueblo  Colombiano, por su completa locura, por sus decisiones descabelladas, sólo nos queda pedir que se les perdone porque no saben lo que hacen, pues, nos están crucificando. Dios nos escuche.

Bogotá, D.C, octubre 29 de 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

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Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

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EL salpicón del caos

Ad-portas de que los colombianos elijamos a nuestro próximo líder, observamos que debemos reconducir las alternativas posibles para evitar adentrarnos en turbulencias que pongan el país al revés y rescatar el orden. No resulta lógico, por ejemplo, que los avances que se dijo traía la Constitución de 1991 en la protección de los derechos de las minorías, quien lo hubiese imaginado, produjeran grave desorden institucional, un caos infernal que dificulta la gobernabilidad. Así, vemos, que ni las fuerzas del orden ni la mayoría de compatriotas, entre otras, pueden ingresar a los resguardos indígenas, pero éstos sí están autorizados para asentarse en cualquier espacio del país, verbi gracia, los parques de Bogotá, realizar conductas que atentan contra la paz y el bienestar de sus habitantes, utilizando la autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, como el linchamiento de un conductor por la comunidad embera, o la delicada situación de orden público que se vivió en las inmediaciones del parque nacional de Bogotá.

Panorama que resulta más complicado al advertir que la democracia, entendida, entre otras, como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir sus representantes, al día de hoy se encuentra en la penumbra. No se ha aclarado aún lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas, en las cuales, según reporte de la MOE, se produjo una diferencia de un millón y medio de votos entre el preconteo y el escrutinio. Este último, es claro, que no ha concluido por cuanto termina con la acreditación y entrega de las respectivas credenciales a los escogidos. Pero, una diferencia entre un 7 y 9 por ciento, cuando históricamente ha sido de entre 0.5% y 1% entre los dos reportes, nos alerta sobre la transparencia que debe regir en el conteo de la votación. Esa elección ha sido entutelada a través de una acción que, en los vaivenes de los trámites de reparto entre el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso, se ha enredado, por no decir que se ha frenado, como en otras instancias ha ocurrido con la revocatoria de mandatarios locales.

Continuamos con las “armas” utilizadas en campaña por algún candidato presidencial, precisando que, cualquier amenaza de muerte, venga de donde viniere, y sea contra quien fuere, debe ser enérgicamente rechazada. Sin embargo, la coincidencia entre la amenaza en cuestión y la manifestación del abogado Miguel Ángel del Río, respecto de que infiltraron la campaña de Federico Gutiérrez, lo cual ahora niega esa campaña a pesar del video de Revista Semana, siembra serias dudas de su existencia, más aún cuando tal manifestación ha sido anunciado  repetitivamente en oportunidades anteriores por el mes de mayo y extrañamente ningún organismo del Estado, ni la propia Policía Nacional, en sus organismos de inteligencia, conocieran o sospecharan de la existencia de esa amenaza.

Lo que sí resulta evidente y debe explicar la campaña de Petro es quién autorizó la operación de personal extranjero, en este caso español, ya que se dice fueron ellos quienes dieron cuenta de la existencia de la supuesta amenaza. Si el Estado colombiano dota de un completo y robusto esquema de seguridad a este candidato y a su fórmula vicepresidencial inentendible resulta que tengan agentes extranjeros en una operación de apoyo. También los organismos nacionales competentes deben decirle al país si han autorizado esa intervención en nuestro territorio, ya que podría tratarse desde consultores y hasta mercenarios en actividad.

El campo judicial no se escapa de este trastorno. Se conoce una absurda decisión de la Corte Constitucional, sentencia C – 148 de 2022, según la cual, pese a no existir consenso sobre si los peces son seres “sintientes” considera que la pesca deportiva vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, por lo que debe prohibirse. No puede uno menos que preguntarse: estos magistrados, ¿dónde se formaron? Recientemente, ocultando la verdadera entidad del nuevo ser humano y de su estado, tuvieron el desatino de despenalizar el aborto hasta los 6 meses de gestación y ahora vienen a preocuparse por los derechos de los peces. Esto nos corrobora el grado de inhumanidad al que han llegado.

Por su parte, el Consejo de Estado, en decisión unilateral del Consejero César Palomino, suspendió la extradición del peligroso narcotraficante Danilo Úsuga, alias Otoniel, cuando los organismos del Estado tenían fundadas sospechas de que se planeaba su fuga y, además, el Clan del Golfo había adquirido inmuebles cercanos a su lugar de reclusión, como lo dejó conocer el señor ministro de Justicia. Decisión que se reversó cuando la sala negó la tutela. Personajes de la oposición bajo la consigna de que “extraditaron la verdad”, guardan silencio respecto a la verdad que ocultan los congresistas de “Los Comunes”. ¿Por qué a éstos no le reclaman la verdad?

El ataque a las FFMM no cesa y nuevamente se presentó moción de censura al ministro de la Defensa, pretendiendo la oposición removerlo del cargo. Por fortuna primaron la sensatez y la verdad que tanto le molesta al senador Cepeda y la moción se hundió en una votación en la Cámara de Representantes de 28 a favor y 116 en contra. Lo ocurrido en el Putumayo en ese operativo produjo daños colaterales, cosa que ya ha ocurrido anteriormente, por la forma en que los narcotraficantes emplean a la población civil, esto es, como escudos humanos. De comprobarse en la investigación que hubo excesos pues que la justicia actúe, pero que no vengan a querer presentar una operación legítima del estado como “falso positivo”.

Terminando la semana se conoció la decisión digna y valerosa del comisionado Carlos Ospina de renunciar a la Comisión de la Verdad por considerar que estaba siendo discriminado y estigmatizado al interior de ella. Él cree que este trato se debe a que es ex militar y a que hay un fuerte sesgo ideológico en la Comisión y al no compartir él las ideas predominantes sus aportes estaban siendo excluidos.

Así las cosas, cabe preguntarse ¿qué clase de informe final puede presentar una Comisión que ignora el punto de vista realista y ponderado de uno de sus miembros? Esto por supuesto puede ser resultar abrumador para las fuerzas militares, que, como es lógico y sabido, se han llevado la peor parte en este conflicto y demandan justicia.

Lo cierto es que la situación presentada con el hoy ex comisionado Ospina estaba más que anunciada. Siempre hubo muchas diferencias entre él y todo el resto de la Comisión, especialmente en el tema de los militares en el conflicto. Se ha dicho que, en el sentir de Ospina, ellos no enfocaban correctamente a los militares como víctimas por tener desde el comienzo una posición antimilitarista. En realidad, el punto de vista del ex comisionado resulta muy correcto si consideramos que el propio ministro Molano informó que 403.352 militares fueron víctimas en el conflicto.

Grave, muy grave este retiro que impone la pregunta: ¿qué podemos esperar los colombianos del informe final de esta Comisión de la Verdad? Este informe será cátedra obligatoria en los colegios y si primó un sesgo ideológico y político, ¿qué podrá suceder?

Y para concluir la sinrazón de las razones se conoció la condena al Estado Colombiano (léase pueblo colombiano) por la masacre de Bojayá, mientras los responsables de ese doloroso episodio que aún enluta al país gozan de los privilegios de ser congresistas. Como lo dijera Jean De La Bruyére “Hay algo en el mundo que es todavía más raro que los brillantes y las perlas: el buen juicio.”

Bogotá, D.C. mayo 7 de 2022

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El Petro Álbum

Los álbumes recopilan una selección, en este caso de personajes, los que vamos a coleccionar por el material ya conocido, y parodiando a los de Panini se encontrará que hay fichas o láminas muy repetidas y otras muy difíciles de conseguir. Este álbum del Pacto Histórico por su contenido es único.

En los inicios de la Colombia Humana y el Pacto Histórico están militantes, o jugadores, que desde antaño acompañan a su jefe natural, la mona número 1, Gustavo Petro. El punto de partida de este movimiento fue la excesivamente generosa amnistía que otorgara el gobierno de Virgilio Barco, tras realizarse el 8 de marzo de 1990 la dejación de armas en Santo Domingo (Cauca). En la tarde de ese inolvidable día de desprendimiento y entrega por parte del Estado se suscribió en Bogotá la desmovilización por el presidente Virgilio Barco y el líder de la organización guerrillera, Carlos Pizarro. Así nació la Alianza democrática M19. Petro, conocido, entre otras, por su militancia en la guerrilla, su participación ideológica en la toma del Palacio de Justicia, señalado de cometer delitos de lesa humanidad, condenado por porte ilegal de armas, registrado en video recibiendo dinero y criticado por el caos de Bogotá durante su administración. 

Sigue su escudero y adulador por excelencia Gustavo Bolívar, personaje que es, o dice ser, incondicional de Petro. Especialista en quejas, las formula continuamente y por todo, pero resulta que también se han presentado muchas quejas contra él. La más notoria y sentida, que mostró su inhumanidad, fue formulada por su antiguo compañero de aspiración, el actor Bruno Díaz, quien le culpó por el suicidio de su hijo Diego Andrés, a quien Bolívar le incumplió gravemente el pago de un contrato y le hizo endeudarse por él. Posteriormente, como las tragedias no vienen solas, se suicidó también Felipe Pasos, tras ser matoneado en las redes después de manifestar que Bolívar se escondía de Diego Andrés. Bolívar es senador y ha sido escritor, guionista, mal libretista y empresario. Actualmente cursa ante la CSJ denuncia en su contra por presunta financiación y apoyo a la primera línea.

La mona fea o maluca, como dicen, será la de Iván Cepeda, muy difícil de conseguir. Activista de derechos humanos, creó el Movimiento Nacional por las Víctimas, que dice, busca aclarar los crímenes ocurridos en las décadas de 1980 y 1990, principalmente contra la Unión Patriótica. Pero lo que en realidad busca es perseguir y judicializar al expresidente Álvaro Uribe. Se trata de una verdadera obsesión. Sus inicios como activista se remontan a 1994 cuando su padre Manuel Cepeda, dirigente del partido Comunista, fue asesinado. Ya desde 1990 se había acercado a la Alianza democrática M19. Sus años de formación transcurrieron en Checoslovaquia y Cuba.

Continúan en el álbum varios políticos escurridizos, que se camuflan y cambian de partido como si les molestara la camiseta cuando lo que en verdad buscan es estar cerca del poder. Bastante cuestionados y ad portas de enfrentar señalamientos graves por presuntos hechos delictivos, en estas láminas se encuentran Armando Benedetti, Roy Barreras y por supuesto la hoy excluida o suspendida de la campaña, Piedad Córdoba.

Armando Benedetti. Es periodista y político y uno de los senadores relacionados con el contrato de Centros Poblados. Como representante a la Cámara fue defensor a ultranza del gobierno de Álvaro Uribe. En 2006 fue elegido senador por el partido de la U. Hoy apoya a Petro, cambia de partido a conveniencia.  Radicó el proyecto de ley que permite la eutanasia y el de derechos para parejas gay. Tiene varias investigaciones en curso, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito, que fue precedida por la ocupación, por parte de la Fiscalía, de 8 bienes del senador. Esta medida fue ejecutada por la Dirección de Extinción de Dominio. Se dice que estos ocho bienes inmuebles están avaluados en más de ocho mil millones de pesos. Este político se apersona y adueña de la campaña. Participa en cada evento y certamen. Por alguna razón será.

Roy Barreras. Congresista, inicialmente del partido Liberal, pasó por el uribismo y el santismo y llegó al Pacto Histórico, pareciera un claro ejemplo de trasfuguismo electoral o mejor como lo expresa el común del pueblo “voltearepas”. Durante su etapa santista fue delegado del gobierno en las negociaciones con las Farc en Cuba. Ha enfrentado varias acusaciones de corrupción. Tiene, en particular, una investigación en su contra por un hecho de corrupción sucedido en la ESAP que involucra al representante a la Cámara Faber Muñoz y a su esposa Diana Grueso. No obstante, Barreras niega conocer el caso. En el sector salud también le endilgan bastantes cuestionamientos y aún hay muchos interrogantes sobre el maletín con fajos de dinero que dejó en el hotel La Ópera.

Piedad Córdoba. Abogada y política, perteneció al partido Liberal, del cual fue senadora y durante el gobierno de Álvaro Uribe se desempeñó como negociadora para la liberación de los secuestrados por las Farc, aunque a la postre, según su asesor, más bien los retuvo, para favorecerse y beneficiar a Hugo Chávez. Su entonces asesor y hombre de confianza, en recientes declaraciones, dio a conocer que ella es la guerrillera Teodora y que manipuló las liberaciones con fines políticos propios y de Hugo Chávez. Al día de hoy es investigada por la llamada Farc política y por sus vínculos con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Hoy, hace parte del Pacto Histórico por el cual resultó elegida senadora, pero, para la fecha de entrega del correspondiente aval ya eran conocidos los graves señalamientos que se le hacen. Es experta en escurrirse y evadir cuestionamientos. Acostumbra decir, por ejemplo, que si la atacan es por ser mujer y negra. No asiste a las diligencias judiciales a las que se le cita. Recientemente la JEP le dejó saber que nadie está por encima de la ley al programarle nueva diligencia para escuchar su declaración sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).  Su partido, el Pacto Histórico, le concedió el aval a sabiendas de los señalamientos que se le hacían y hoy, al parecer, la expulsan.

Francia Márquez. Es la candidata a la vicepresidencia. Es abogada, activista, feminista, líder social y ahora política. Hizo fracasar la proyectada alianza con los liberales por su grosero ataque a César Gaviria. No obstante su patrimonio está en el Sisben y recibió ingreso solidario, programa diseñado para apoyar hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica. A pesar de sus críticas a los fondos privados de pensiones cotiza en uno de ellos. En las páginas del ELN le profesan y registran su afecto.  

En próxima entrega, más láminas de jugadores de este equipo que como se les endilga y señala se les ve bien cercanos a la corrupción que tanto dicen combatir. Vale recordar a Mateo 7 “16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? 17 Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo.18 Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. 19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.”

Bogotá, D.C. abril 23 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de Opinión 

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Hora de registrar un buen balance

Por: Bernardo Henao Jaramillo Al retornar de unas felices vacaciones familiares es momento para compartir mi augurio de un exitoso 2022, en el que cada uno de nosotros será el artífice para lograr que nuestro país continúe enmarcando su rumbo bajo el lema Libertad y Orden, pilares esenciales de la democracia y a través de los cuales podemos seguir construyendo el progreso y el bienestar de todos sus habitantes. Para conseguirlo nuestro voto será crucial en las elecciones del Congreso de la República a realizarse el 13 de marzo y en las presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo, en su primera vuelta y el 19 de junio de 2022, en segunda, si es del caso.Como siempre acontece en la actividad previa al proceso electoral se dan toda clase de especulaciones, alianzas y por supuesto de consabidas agresiones y ataques entre los aspirantes, así como de retiros como el ya conocido de Juan Carlos Echeverri. Con la proliferación de listas unas de los partidos y otras por firmas lo que queda claro es que, lastimosamente, nuestra joven democracia no cuenta con unos partidos sólidos. Se mueve más hacia las aspiraciones caudillistas e individuales de quienes aspiran, entre quienes no faltan los que fundan su aspiración en ataques subjetivos al gobierno de turno, encontrando eco en diversos medios de comunicación.Como el balance del gobierno de Iván Duque será factor relevante en la toma de decisión de quienes van a sufragar, necesario resulta un análisis objetivo del mismo, el que resulta positivo, más aún si se recuerda la Colombia que Juan Manuel Santos le heredó a Iván Duque, radiografía que se encuentra en el discurso del Congresista Ernesto Macías del 7 de agosto de 2018, las continúas manifestaciones y paros que se llevaron a cabo a lo largo de su gobierno y la pandemia que se padece desde inicios de 2020.Es evidente que, si bien pueden existir críticas, más predicables en el frente burocrático, lo cierto es que el gobierno de Iván Duque registra reales y efectivos logros y así comienzan a informarlo varios medios y los propios indicadores de gestión. Por supuesto, esto obedece también a la mejora reciente en sus comunicaciones con los medios. De destacar los reportes que dan cuenta de las realizaciones alcanzadas en materia de infraestructura y lucha contra la pandemia, ubicándose en el sexto lugar del índice Bloomberg en el manejo de ésta, por encima de países como Suecia, Reino Unido y Francia, entre otros.Colombia, por otra parte, ocupó el primer lugar en el Indicador de normalidad global de “The Economist”, destacando ese medio los buenos resultados en políticas públicas logrados especialmente en 2021. Además, no obstante el impacto causado por Covid-19 el acertado manejo de la economía permitió un crecimiento de 9,6%, por lo que se consolidó, según el Fondo Monetario Internacional, como una de las economías de América Latina que más crecerá, y de conformidad con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sería la de mayor crecimiento.En reciente edición del Offshore BPO Confidence Index se ubicó a Colombia como el país mejor calificado por los ejecutivos de cerca de 100 empresas internacionales de la industria, lo que sitúa al país liderando el índice mundial de confianza para el desarrollo de operaciones BPO.En el campo internacional, que tuvo sustancial mejoría con el acertado nombramiento de la Dra. Marta Lucía Ramírez, quien desde su llegada optimizó las relaciones de amistad y cooperación con los países con los cuales Colombia mantiene relaciones diplomáticas. De destacar la promoción de la mujer consiguiendo el apoyo de la ONU, para convertir a Colombia en el primer país del mundo en emitir bonos de género. En dicho escenario consiguió impulsar la propuesta de crear un índice de libertad económica de las mujeres, que permita hacer un diagnóstico internacional de la situación real y de las necesidades de la población femenina. Aun hoy no se ha valorado en toda su dimensión el logro conseguido en la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que permitió conseguir el cierre del examen preliminar a que se venía sometiendo a Colombia, lo que no aconteció en Venezuela. Queda claro que la justicia ordinaria y la transitoria especial, están cumpliendo la labor, más la primera que la segunda pues esta última se encuentra retardada. No haberlo obtenido habría significado que la Corte Penal Internacional le abriese una investigación al país. Esto hubiese sido un retroceso inmenso en materia de su lucha por la preservación del DIH.Se consiguió fortalecer alianzas comerciales con países amigos y aliados estratégicos que contribuyen a la reactivación económica conseguida. Dan cuenta de ello las visitas de Estado del presidente Iván Duque a los Estados Unidos de América, Brasil, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Corea del Sur. El país gracias a su diplomacia hizo posible la elección de Sergio Diaz-Granados en la CAF, Juan Carlos Salazar como director de la OACI y Carlos Bernal como comisionado en la CIDH. Colombia mantiene las Presidencias Pro Témpore de la CAN, Alianza del Pacífico (AP) y PROSUR, y por último el país consiguió la adopción de la Carta Interamericana Empresarial en la OEA.La agenda del Pacífico, como podría llamarse, es de no olvidar. Se consiguió despertar en Asia y África un gran interés del sector empresarial por invertir en nuestro país, particularmente en los sectores de infraestructura, energías renovables y, de elogiar, la hoja de ruta del hidrógeno verde.Se quedan sin registrar muchas actividades claras en materia diplomática y consular pero lo cierto es que el trabajo cumplido por el gobierno Duque en materia internacional es de significativa importancia y sumado al éxito a nivel interno su reconocimiento se reflejará sin duda en el candidato que represente la continuidad.El avance en proyectos claves de infraestructura, el acertado manejo de Hidroituango, la gratuidad en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3, la Política Social de Vivienda llegó a más de 350.000 familias colombianas, significativo aumento del salario mínimo y cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno, muestran que no es con populismo sino con trabajo que se logra mejorar el bienestar de los colombianos, construir un orden legítimo a partir de un Estado eficiente y democrático, que a toda costa debemos preservar en las próximas elecciones. El denominado por la oposición “pseudo presidente” les ha dado una lección de grandeza fincada en su humildad, que le hace ser ya tenido como gran estadista.

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Derecho o Política, el fallo de la Corte Constitucional

En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.

Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.

Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.

Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.

La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.

Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.

Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.

También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?

A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:

 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.

Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.

Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.

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Debemos acudir a la verdadera memoria histórica

En frase escrita en la entrada del bloque No. 4 del campo de Auschwitz, se encuentra la atribuida al poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”, y aunque la memoria de hechos luctuosos horrendos me taladre el alma, considero que hay que recordarla para no caer en los mismos errores, por eso, evoco dos graves sucesos ocurridos en el mes de noviembre y que marcaron nefastamente el destino de nuestra patria.

El primero de ellos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, con posterioridad a un proceso de paz iniciado por el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas con los alzados en armas, entre éstos, con el grupo guerrillero M-19, el que a sangre y fuego asaltó el Palacio de Justicia, en una acción demencial, coincidente, con el análisis que realizaban los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del tratado de extradición y con las amenazas que a éstos les habían efectuado los denominados “extraditables”, según denuncias que ellos habían formulado. Se trató de una toma bárbara, violenta, que arrasó las instalaciones de la justicia, secuestró a más de 350 personas y le costó la vida a más de 60 personas inocentes, encontrándose entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de excelsas, inigualables e irremplazables condiciones y méritos. Esa reprochable e incalificable acción del M-19 afectó la institucionalidad, el balance de poderes y la vida de los colombianos, marcando el declive de la administración de justicia, propósito que  justamente sirve a puntuales y determinados sectores políticos.

El llamado Movimiento M19, desde la anunciada campaña publicitaria que le antecediera, se conoció como un grupo subversivo que inició su accionar con el robo de la espada de Bolívar. En su trasegar se encuentran otros sangrientos eventos, como el asesinato al líder sindical José Raquel Mercado; el secuestro a Gloria Lara, de quien se conoció después el trato inhumano y torturador al que fuera sometida y quien perdió la vida en poder de ellos; más de quinientos colombianos secuestrados, la mayoría de ellos con fines extorsivos, como el de Camila Michelsen, la hija del banquero mas importante de aquellos años. Y, por supuesto la toma de la Embajada de la República Dominicana en la que siempre se dirá pagaron cuantioso rescate para liberar a los embajadores secuestrados. También fueron los autores del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. 

El otro grave evento a recordar aconteció el 2 de noviembre de 1995, cuando se cometió el magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), destacado líder conservador, promesa de guiar al país por la senda republicana del respeto, la autoridad y la primacía de los principios. Lamentablemente pudieron más los intereses ocultos de los asesinos que le segaron su vida en un execrable asesinato cometido a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, la cual ayudó a fundar. Al dolor de su pérdida se une la tristeza de que han transcurrido 26 años de su asesinato y a hoy el crimen permanece en completa impunidad. Quien tanto abogara por la justicia hoy inmerecidamente tiene en ella la más completa injusticia, pese a los esfuerzos de su familia para el esclarecimiento de la verdad. Lo que se conoce es que se acude a todas clase de artimañas para desviar la investigación. 

Son dos hechos de gravedad extrema, que no podemos dejar en el olvido, máxime cuando siendo lo obvio y lógico que el Estado Colombiano persiguiera y judicializara de manera ejemplar al grupo terrorista que causó el Holocausto del Palacio de Justicia, hubiera optado por esa absurda y extraña generosidad que motiva a los líderes de antaño y de ahora a conceder inmerecidamente amnistías y perdones, lo que conduce a un imaginario social que deslegitima y transforma la realidad. El Presidente Virgilio Barco Vargas, desconociendo aquella máxima predicada por Sir Winston Churchill “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación  y con la guerra”, aperturó el inició de entrega de perdones y olvidos, inmerecidos por cierto, a los integrantes del grupo subversivo. Ese es por cierto el antecedente de la Ley 77 de 1980, cuando infortunadamente le dieron a las atrocidades de esos individuos el alcance de ser tenidas como  “delitos políticos”. Qué absurdo el que se cometió y que hoy se sigue replicando, sin que el pueblo colombiano conozca justicia diferente a que con sus impuestos, que no con dineros de los victimarios, se indemnicen a las víctimas.    

Pero la mayor generosidad y entrega jamás vista en anteriores procesos de paz fue la negociación hasta hoy fallida del Acuerdo de Paz de la Habana. Ya han transcurrido cerca de 5 años de su firma y no solamente se desconoce la verdad, sino que ausente se encuentra la reparación y la no repetición. Tampoco a la fecha de esta columna se conocen condenas a ninguno de los autores de atroces crímenes, pero sí gozan de todo tipo de privilegios. Quizás, quienes celebran los procesos de “paz” borran de su memoria el fracaso de los acuerdos, por eso la historia se repite, sumiendo al pueblo colombiano trabajador y honesto en una prolongada crisis.

Los gobiernos que así han procedido no sólo se arrodillaron, expusieron al país a un futuro oscuro y espinoso. Es una paradoja observar que quien como miembro del grupo subversivo M19 trastornó gravemente la institucionalidad del país, hoy pretenda ser el regente del mismo y ocupar el solio presidencial. Recordar eventos pasados nos sirve para mantener activa la memoria, a la vez que nos permite pensando en el pasado planear nuestro futuro. No podemos ser “desmemoriados”.

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La injusticia de la Justicia. Los intocables salarios de las FARC

La mayor afrenta a la dignidad humana, en todos los tiempos, ha sido la injusticia. Josef Pieper sostenía que el acto injusto representa la “más nefasta corrupción del orden moral”, por la directa intervención de la voluntad humana, que obra con plena conciencia de causar un daño a otro; más grave aún, digo, cuando tal proviene de quienes están encargados de administrar justicia. 

En nuestro país, con finalidad de afianzamiento se instituyeron las medidas cautelares en todos los procesos, sobre las cuales la Corte Constitucionalexpresó, en sentencia C-054 de 1997, que están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelanta y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.

El proceso de Paz que se siguió en la era del expresidente Juan Manuel Santos se fincó, en expresión formal más no en realización, en pretender responderle prioritariamente a las víctimas. Hoy, cuando se venció el tema de la entrega de bienes para responder por la reparación, se aprecia que ese compromiso y obligación sigue ausente por completo. Es nimio lo que se ha entregado por el movimiento otrora subversivo. 

Entonces, para materializar la prometida reparación, en ejercicio legítimo del derecho de postulación y desde luego en representación de víctimas, el abogado Joan Sebastián Moreno en mayo 20 de 2020 fundamentó y peticionó una importante cautelar para conseguir el embargo y retención de salarios de los integrantes de las FARC, a quienes se les obsequiaron inmerecidamente, contrario a lo informado, cinco curules en el Senado de la República y cinco en la Cámara de Representantes.

Sabido es que acorde con el Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 1429 de 2010, dicho embargo y retención de dineros tiene como límite que sea hasta del 50% de la remuneración del congresista. En el año anterior sin contar el reajuste extraordinario recientemente decretado, los congresistas recibieron a título de salario la cuantiosa suma de $34.417.000 millones de pesos mensuales que, de haber sido embargado acordes con la petición formulada, en ese solo 50% por cada mes, se habría obtenido un posible embargo promedio de 170 millones de pesos mensuales, que, a la fecha, desde peticionada lamedida cautelar, arrojaría una suma aproximada de mil doscientos millones de pesos.

Sin embargo, no es comprensible ni se debe permitir,amén de ser objeto de investigación disciplinaria, que incluso puede llegar a tipificar un posible presunto delito de prevaricato que quien deba velar por las víctimas y buscar que sean resarcidas, “engavetó”, entiéndase bien el proceso, si la solicitud cautelar es prioritaria, hoy no se comprende ni se justifica ni explica que no se haya decidido con la celeridad que con urgencia siempre reclama el tema.

Antes este grave hecho el abogado peticionario de la medida cautelar se vio compelido, en actuación diligente, a instaurar una acción de tutela ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la propia JEP, la cual en una decisión controvertible y reprochable, rechazó eso sí la mora en que se incurrió, para a renglón seguido, quien lo creyera convalidarla, protegiendo a los señalados presuntos victimarios en sus copiosos ingresos, y sin una razón lógica, sensata y procedente decide no proteger los derechos fundamentales conculcados. Por el contrario, argumenta que, aunque, “es palpable que ha existido mora para resolver la petición, pero que la misma no constituye transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por encontrarse plena y razonablemente justificada, tal como ha quedado acreditado con lo expuesto por la accionada, lo que impone la denegación del amparo. No obstante, se torna necesario exhortar a la SRV para que imprima la mayor celeridad posible al trámite de esa solicitud, a fin de que cese el retraso en la resolución de ese asunto”.

En cambio, conocida la providencia que decide latutela, la que se allega a esta columna, se encuentra que la Magistrada Ponente Dra. Gloria Amparo Rodríguez                       en actuación inadmisible, pretende imponer obligado silencio al ejercicio legítimo de la profesión del abogado Dr. Moreno.

Muy extrañamente se aprecia en el fallo que previo adecidir y sin que fuese objeto del asunto propuesto, quiso saber la magistrada qué otras acciones de tutela, que nada tenían que ver con la solicitud de marras, instauró el profesional, para quizás registrarun mensaje intimidatorio para el desempeño futuro de su labor de profesional del derecho. 

La extraña subjetividad con la que se maneja esta situación tiene y merece ser rechazada y protestada por completo. La investidura del magistrado le impone el sagrado deber de actuar con independencia, trasparencia y objetividad para impartir justicia, características que en el caso mencionado y en la forma explicada se echan de menos por completo, para en su lugar observar un extraño favorecimiento alos victimarios esos sí, sin excusa válida alguna para no responder.

Antes esa clase injustificada de decisiones nuevamente el común de las personas entiende y comprende el alcance de esa Jurisdicción Especial hecha por ellos a su medida. Esta actuación no le abona nada a la JEP y por el contrario deja nuevos interrogantes del porque no se aplica una impone la cautelar que tiene por finalidad contribuir a resarcir tantos millonarios perjuicios causados a miles de víctimas en largos 53 años de conflicto.

Ante esta injusticia de la justicia queda por completo reiterado que, sin Justicia para las víctimas del conflicto, jamás habrá paz en Colombia.

Bogotá. D.C. enero 22 de 2021 

BERNARDO HENAO JARAMILLO 

Columnista de opinión 

Anexo fallo de tutela

SENTENCIA-SRT-ST-005-20211Descarga
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Al abrigo de la oscuridad algo se trama

De resaltar y reconocer la valentía y olfato periodístico de Gustavo Rugeles quien enterado por un vecino corrió como lo hacían los reporteros de guerra asegurar la noticia. Solo con su decisión y su cámara del celular se hizo presente en el edifico Los Alpes. Ya allí, los escoltas, en papel que no les corresponde, trataron infructuosamente que no cumpliera su labor; gracias a ella informó en su cuenta de twitter y en la del portal el expediente el pasado dos de septiembre la realización de la subrepticia reunión.

Era claro entonces que, en el apartamento de Juan Fernando Cristo, ubicado en el norte de la ciudad capital, conjunto Cerros de los Alpes, se dieron extraña cita varios integrantes de las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos, quienes al parecer no se reunían a escuchar o programar un especial concierto musical. Se conoció que concurrieron Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alampe y desde luego no podía faltar el senador Iván Cepeda. No estuvieron Iván Márquez y Jesús Santrich para que el grupo estuviera todo completo, pero por medios satelitales cualquiera pueda imaginarse que podrían participar en la reunión.

Informados por la red del particular encuentro se conocieron toda clase de reacciones. Desde luego suspicacias, memes, y toda una serie de comentarios defendiendo el encuentro al parecer con tintes de clandestino y otros interpretando y anticipando toda clase de conjeturas y conclusiones. El imaginario colombiano supera la realidad de la ficción de macondo o, por el contrario, ya tan cansados de ver tanta hipocresía y mentira, el país en su medio de expresión, corrió a la red a sentar su posición y rechazo.

La estupidez del anfitrión y los concurrentes no se hizo esperar. Temerosos de las fotos que se les harían trataron infructuosamente con un armario de tapar la ventana. Con una cobija lo hubiesen hecho más fácil y rápido; el querer ocultar el rostro es indicativo de que se actúa mal y es también la confirmación del temor por la verdad.

Pero la noticia si llevo a toda clase de especulaciones resultó peor la explicación del encuentro, entregado a los medios al día siguiente por parte del señor Juan Fernando Cristo. Al país con la cara más postiza que se pueda presenciar le informó solemnemente este particular fariseo, la razón del encuentro furtivo en su cuenta de twitter: “No tengo nada que explicar, pero le cuento como ya hice a algunos medios. Discutimos sobre la importancia de que las FARC digan verdad ante la JEP”.

Este si es la más destacable noticia. No por el texto de la manifestación sino por lo que significa su alcance y contenido. Esa expresión “digan verdad” impone inmediata conclusión, que hasta ahora todo lo dicho ante la JEP y Comisión de la Verdad y desde luego al país, no es la verdad; es la mentira y el engaño lo que ha primado, o como lo dejo saber el declarante reciente al mencionar el reclutamiento
forzado, que se trató de un error político, cuando en realidad es que es una práctica criminal horrorosa de lesa humanidad.

La confesión clara del santandereano Juan Fernando Cristo es evidente y se resalta las FARC al no decir la verdad, están por completo incursos en claro incumplimiento al Acuerdo de la Habana que pactó la fallida paz rechazada por la mayoría del pueblo colombiano. El gobierno debe tomar atenta nota de esta confesión.

Pero aceptando en gracia de discusión que ese era el motivo de la reunión, se colige entonces que en asuntos tan delicados jamás una casa de habitación u apartamento es el lugar indicado para hacerse. Esos encuentros tienen espacios en lugares públicos y su mejor escenario es el propio Congreso de la República

Ahora bien, los colombianos sabemos que las coincidencias se dan por alguna razón. Estas reuniones al parecer desprevenidamente tienen más explicación y justificación en el temor y miedo que les causan las denuncias sólidas, respaldadas en pruebas contundentes y en relatos desgarradores de víctimas de las subversivas FARC que en tres informes demoledores ha mostrado al país y a la opinión internacional, el también valiente periodista Herbin Hoyos.

Del cinismo de sus declaraciones a la demostración desgarradora de los actos criminales de reclutamiento de niños menores de edad, de la práctica sistemática que en reclutamiento se hizo y se hace aún por las disidencias y otros grupos al margen de la ley, les despertó a estos individuos inmensa preocupación y este sea un argumento sólido para entender ese encuentro extraño en la obscuridad de la noche. Es evidente que no se van a escapar del prontuario criminal de lesa humanidad.

Por último, es viable pensar que también tendría por propósito enfrentar el fracaso de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en no poder continuar el proceso en contra del Presidente Álvaro Uribe Vélez quien por falta de garantías y respeto a su debido proceso, en un acto de valentía, pues no tenía como defenderse con su fuero ante un Juez inquisidor, renunció a su curul. Esa posibilidad no estaba en los cálculos del senador Iván Cepeda y de sus contertulios conspiretas. La victoria justa y temprana de que la justicia ordinaria en cabeza de la fiscalía conozca su caso, les llevo también a reunirse en forma extraña y rápida. Seguro iban a estudiar como impedir que consiga la libertad para defenderse en el proceso que le siguen.

Al perder la competencia la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resulta claro que ya pronto se debe disponer de inmediato la libertad del Dr. Álvaro Uribe Vélez, concurriendo ante un Juez de Garantías, que hará que se dé otra victoria temprana para enrostrársela a estos personajes que celebraron con bombos y platillos su detención pero que ahora miran con preocupación su pronta libertad,

y sienten ya pasos agigantados de la justicia internacional que les va alcanzar.

Bogotá, D.C. septiembre 5 de 2020