Entrevista: Colombia se transforma, Gustavo Petro y los acuerdos de paz ¿Rol de Venezuela?

La entrevista comienza hablando sobre el proceso propuesto por el presidente llamado “La Paz Total” que jurídicamente fue una mentira en la que incurrió el presidente Gustavo Petro, debido a que nunca hubo un acuerdo con el ELN. 

La actitud mentirosa del presidente le pasa cuenta de cobro, y el grupo ELN no es fácil de negociar, y empezó pasando por encima de la ley. 

Luego, se conversa sobre la JEP que es el tribunal al cual la FARC se somete, pero en lo que va hasta el momento en decisiones de fondo y sentencias, son mínimas, y para la reparación de las víctimas ha sido por completo ausente. 

Nuestra fuerza pública ha combatido con rigor el narcotráfico, en este nuevo gobierno se han dado retiros injustificados a más de 90 altos oficiales y es alarmante, debido a que nunca se ha procedido de esa manera y busca mermar el rigor de la fuerza pública. 

La cercanía del presidente con el narcotráfico, incorporándolos a unos procesos que favorecen a los delincuentes; a los criminales hay que perseguirlos y llevarlos a las cárceles para darle una justicia ejemplar porque tienen crimines de lesa humanidad. 

Continuando el tema sobre los procesos judiciales, se siguió hablando de La Primera Línea a la cual se le dió este beneficio de salir de la cárcel y volverlos gestores de paz, dando esta idea al ciudadano de que al delincuente se le premia, mientras a quien los ha perseguido con las armas de la República, luchando con los mandatos constitucionales no pueden actuar bajo la ley, las personas entienden este mensaje y es errado.

Luego, se continuó con el tema de las próximas elecciones, a lo cual Bernardo puntualizó que los centros de pensamientos debemos estar unidos y atentos con la Registraduria para que no se cometan delitos electorales como el financiamiento ilícitos y la manipulación en las urnas. Y que se den garantías de revisión en los procesos de conteos, y que la sociedad civil se haga presenta a vigilar los votos. 

Las narrativas que se están dando y se presentan, en Colombia nos metieron los 6.406 casos de los falsos positivos y lo que va en la investigación en el JEP va en 800 casos, pero quedo en la memoria colectiva los 6.406 casos. Es algo que daña y dan golpes a la sociedad. 

A continuación anexamos el link de la entrevista para visualizarla completa.
https://youtu.be/AWdJ2ImE-aA

El verdadero enemigo, el gobierno

Los diferentes medios de comunicación han informado que desde el momento en que asumió Petro la presidencia de Colombia las invasiones a la propiedad privada y fiscal se han “disparado” y quienes ilegalmente ingresan a los predios justifican su actuar en el discurso y las promesas del gobernante. El pasado 8 de octubre se le comunicó al país la celebración de un acuerdo entre el gobierno y el gremio de los ganaderos, Fedegan, para «lograr la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras». Es claro que ese gremio se encuentra inhabilitado para ser el vendedor, pues son únicamente los propietarios de las tierras los legalmente llamados a venderlas. Ya desde 1994 la ley 160 hizo muchas precisiones sobre el manejo de tierras.

Por supuesto, los colombianos se sorprendieron por la celeridad con la que se celebró ese acuerdo y se generaron muchas suspicacias. Incluso, se apreció que el mencionado convenio bien podría ser una respuesta al chantaje, a la provocación de las invasiones de tierras que en el sur del país se han convertido en poco tiempo en una verdadera plaga que afecta gravemente la propiedad privada y el sector de los trabajadores y que se ha replicado en varias zonas del territorio. No falta quien cree que se cedió y se cayó de rodillas ante el chantaje.

El presidente del gremio, algunos integrantes de la junta directiva y desde luego el gobierno concurrieron prontamente ante los medios para manifestar que se trata de un acuerdo histórico y enfatizaron que se comenzaría a cumplir con el primer punto del malogrado Acuerdo de la Habana, suscrito con las antiguas Farc- Ep.

Pero, puesto que todo se hizo de modo improvisado y con inusitada urgencia, el Ministro de Hacienda, quien extrañamente no había sido consultado, les aguó la fiesta al dejar conocer que los tres millones de hectáreas no se podían adquirir con bonos de deuda pública y entonces se armó la grande. El apaga incendios de la Hacienda pública manifestó lo siguiente: «En el ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer.  No se puede[n] comprar tierras con Tes. Eso no está autorizado.»

Es de imaginarse la «piedra» que se le salió al presidente ante tamaña desautorización. Desde Caldono, Cauca, aseguró que uno de los enemigos del gobierno «es la misma normativa que este tiene en su funcionamiento y ha regido durante años.»

Quien dijo miedo! Acostumbrados a interpretar todo en las redes de manera extra rápida los opinadores e influencers dejaron saber que de quien se trataba era del Minhacienda, José Antonio Ocampo. Era él el enemigo al que aludía el presidente.

Y se desató una tormenta aduciendo la forma irresponsable en que se trató este asunto. Yesid Lancheros expresó que se entendía como un cuestionamiento al ministro por lo cual el jefe del Estado le espetó en su cuenta de Twitter: «Deja de sembrar cizaña Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional”. Legislación en la que en mucho, valga decirlo, intervino como congresista el hoy presidente.

Dada la forma de actuar de la izquierda radical no es de extrañar la descabellada manifestación que al respecto hizo el senador Iván Cepeda. Desde su cuenta de Twitter tuvo el atrevimiento de expresarse así: » El presidente @petrogustavo tiene toda la razón: nuestro enemigo interno es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante. Debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimiento eternos”. Olvido que ha sido congresista por más de una década y que sólo el acatamiento a la ley impide la arbitrariedad, máxime cuando no se puede predicar la presencia de un buen gobernante.

Entonces, muy grave y peligrosa resulta esa manifestación. Cepeda destapó las cartas y levantó el velo con el que ha estado cubriendo su pensamiento comunista, formado en los claustros universitarios de los adoradores de Stalin y Lenin, quienes, dicho sea de paso, figuran entre los mayores asesinos de toda la historia de la humanidad.

Esta postura del presidente y del senador constituye la revelación del despotismo que buscan implementar, una ofensa al pueblo colombiano y el desconocimiento del Estado de Derecho. Pretenden volver al más descarado absolutismo y pasar por encima de las instituciones construidas con gran esfuerzo a lo largo de los años de democracia. Sin duda el presidente anhela emular al Rey Sol, Luis XIV, quien reinó en Francia entre 1661 y 1715. Es célebre su frase «El Estado soy yo». Hamilton escribió “La mayoría de aquéllos que han subvertido la libertad de las Repúblicas, iniciaron su carrera tributando al pueblo un obsequio cortesano: empezaron como demagogos y acabaron como tiranos”. ¿Es esto admisible en el siglo XXI?  Ese sistema decayó en los últimos años del siglo XVIII, y fueron las clases desfavorecidas las que lo combatieron por absolutista voraz y generador de desigualdad social, para encaminarse hacia un gobierno constitucional. 

La verdad es que mostrar tanto desprecio por las normas habla muy mal de este gobierno por no decir que resulta aterrador. Por ello y por lo que ya se sabe que piensan hacer, amén de lo que ya han hecho, es por lo que la calle nos espera en las marchas del 22 y del 29 de octubre y en cuantas sean necesarias en el futuro, incluso, si es el caso, organizando acompañamiento para quienes ya anunciaron un paro.

Bogotá, D.C. octubre 15 de 2022 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión 

Colombia Ad-Portas de un incendio.

Corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

A poco más de un mes de asumir Gustavo Petro la presidencia del país se observa con estupor una situación inédita. Como una afrenta a la generalidad del pueblo colombiano aparecen la mayoría de los nombramientos de los funcionarios que acompañaran a este gobierno. Empieza el ministro de Defensa, personaje que profesa una evidente animadversión y es abiertamente hostil a las Fuerzas Militares y de Policía. Muy probablemente esa la razón para llamar a calificar servicios a un número superior de 80 oficiales de alto rango. Sin duda con esa resolución se expuso la Seguridad Nacional y se siguieron los lineamientos de la revolución predicada por Fidel Castro, neutralizar a la fuerza pública y dejar el país en poder de quienes de tiempo atrás lo vienen acabando. Nótese que en sus intervenciones señala que los miembros de la Policía no deben responder a los ataques de que son víctimas, sino que deben proceder a dialogar, más sin embargo no ha concretado cómo pueden hacer esa plática los policiales asesinados en el Huila o quienes laboraban en los Cai de Santa Librada que fueron objeto de ataques por “encapuchados”. Colombia al revés, son cosas que únicamente ocurren en el país del Sagrado Corazón.

Los cambios intempestivos e innecesarios en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía provocan desconcierto en la tropa y en la Policía, la que se extiende a los hoy Comandantes que han quedado a cargo, los que hasta hace muy poco mandos medios, a más que no tienen, con alguna excepción, ni la experiencia ni el conocimiento suficientes para hacer frente al desastre en que se está sumiendo el país. Con tan baja moral les será bastante complicado y difícil enfrentar a los violentos, que cada día son más numerosos y que, pareciera, son los beneficiados en la administración llamada “del cambio”.

Otro sueño de la extrema izquierda también se hizo realidad en días pasados, acabar con el ESMAD. Y aunque parezca caricaturesco, tal propósito se logró con la participación, nada más ni nada menos, que de los integrantes de la denominada Primera Línea, cuyos horrores cometidos el año pasado contra los habitantes de esta patria y los bienes públicos aun está en la memoria de los colombianos, por eso la sabía voz del pueblo expresa que lo convirtieron en UNDAM “Hundamos a la policía”. Experimentos que, por ahora, sólo producen intranquilidad y zozobra.

Sentimientos que igualmente se avizoran respecto de la defensa de la propiedad privada, producto del trabajo diario y honrado de miles de coterráneos y cuyo desconocimiento, con ocasión de las arremetidas de los indígenas y de otros grupos va en crecimiento, entre otras, por la actitud y declaraciones del gobierno, particularmente de su ministra de Agricultura, quien anunció que el país había cambiado y que era necesario sentarse a negociar con los invasores. En el caso de los indígenas asentados en Cauca -CRIC- sus incursiones a territorios privados se salieron por completo de control, conducta imitada por otras organizaciones en diferentes departamentos, entre otros, Huila y Cesar. Y se ha visto el increíble kafkiano hecho de bautizar a una de esas indebidas e ilegales penetraciones ocurrida a las afueras de Neiva como “asentamiento Gustavo Petro”.

El presidente, en medio del caos descrito, no tuvo inconveniente alguno en designar como director de la Unidad de Restitución de Tierras al indígena Rangel Giovani Yule Zape, dirigente de la minga que llegó hasta varias ciudades en medio de la pandemia, cuando el paro nacional de 2021.   

Para completar lo complejo del momento y su gravedad se conoce que el cuestionable régimen venezolano, protector y refugio de subversivos, ha sido escogido como garante del nuevo proceso de paz a iniciarse con el ELN.

Y por si todo lo anterior fuera poco, que no lo es, se difunde que el incendio causado en nuestra patria se va a apagar con gasolina. ¿Increíble?, ¿verdad? Pues bien. Pese a la oposición que el actual presidente realizó al gobierno anterior en punto al aumento del precio de ese combustible, ahora comunica su alza la que, según Gustavo Bolívar, debería ser del ciento por ciento, cuya consecuencia, como es sabido, es un duro golpe al bolsillo de todos los hogares colombianos. Pero, hay no se queda la problemática que se está padeciendo. La cereza del postre es el anuncio que efectúa Petro acerca de cumplir con un tema de campaña “meterle la mano”, como popularmente se dice, a los fondos privados de pensiones para “democratizar” los ahorros de quienes han y vienen construyendo su retribución para el momento de su retiro. De hacerse realidad estas iniciativas, en la práctica, será encender la mecha para que arda la Nación. Cabe recordar el adagio “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

Ese panorama nos invita a mirar en dirección a Chile en donde, en las urnas, se derrotó la propuesta del gobierno de izquierda pro ruso de hacer una nueva Constitución. Triunfo la contrabrisa. En nuestro caso debemos obtener éxito en las elecciones del 2023 y confirmar esa conquista en el 2026, por supuesto, en elecciones legales y libres.

Lo sucedido en Chile confirma que unidos se debe actuar ya, que no esperar, como algunos equivocadamente lo pretenden. No es válido el argumento de “hacer tiempo a ver qué pasa”, porque no obstante el corto lapso que lleva este gobierno a la hora de ahora existe certidumbre del precipicio al que nos estamos asomando, la destrucción de la seguridad, de la democracia y de la economía. Luego, corresponde a todos los estamentos ciudadanos proceder de inmediato y exigir al presidente y a sus funcionarios respeto por la Constitución, como lo juramentaron.  

Por lo pronto, todos a marchar el próximo 26 de septiembre.

Bogotá, D.C., 17 de septiembre 2022

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión  

Así no habrá paz

Esta semana se radicó el proyecto de ley para la «paz total». En nuestro país desde antaño los gobiernos y los políticos han enarbolado la idea de la paz y bajo ese manto se han concedido amnistías, entrega de beneficios económicos, territoriales,  y de toda estirpe a grupos al margen de la ley. La mayoría del pueblo colombiano, gente trabajadora y de buena fe, ansiosa de verdaderamente vivir en paz ha sido condescendiente con los “favores” que a su costa se les otorga a quienes han sido sus verdugos. Valga recordar, entre otras, la ley de amnistía que firmó Belisario Betancur y el pacto que suscribió con el M-19 en Corinto, Cauca, y en Hobo, Huila, en 1984, la respuesta de los insurgentes el asalto al Palacio de Justicia en 1985, acto nefasto que, además, de la muerte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de varias personas asistentes en el lugar, dio inicio al derrumbamiento de la justicia. Y más cerca se encuentra el Acuerdo de la Habana, incorporado al bloque de constitucionalidad por medio de fask track, el que según se anunció, se llevó a cabo para finalizar el conflicto armado y sentar las bases de una paz estable y duradera, esto es la paz total, la que mejor se hubiera obtenido respetando el querer de la generalidad de los colombianos e invirtiendo las cuantiosos y elevadísimas sumas que ha generado en la población más vulnerable. La paz sólo se logrará con justicia y libertad.

Entonces, ¿Cuál es la verdadera intención de una nueva ley con la misma finalidad? Básicamente se trata de modificar la ley 418 de 1997, mediante la cual se consagraron unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia.  Se aduce que la paz debe ser una política de Estado, para ello no es necesaria una nueva ley, la Constitución en el preámbulo y en sus artículos 22 y 95 la consagra como un derecho y un deber. Luego, la iniciativa debe dirigirse a dar ejemplo y actuar de conformidad con la Constitución. El respeto a la Carta Política es herramienta suficiente para lograr ese anhelado objetivo, que no un concepto que solamente tiene la apariencia de ser correcto, pues, dado que se trata de la humanidad y no de los ángeles, resulta completamente imposible que la paz sea total, completa, perfecta, plenamente satisfactoria. Eso jamás se podrá lograr y únicamente se utiliza para engañar, una vez más, al pueblo incauto.

Pero, ¿podrá haber paz cuando, como se viene viendo, es lugar común decir que en Colombia ser delincuente paga? El mencionado proyecto, entre otras cosas, pasa por el levantamiento de órdenes de captura, incluyendo las que tienen como fin la extradición, para los integrantes de los grupos criminales involucrados en este asunto. Otra parte del proyecto se refiere a ubicación, temporal, según se dice, en determinadas zonas del territorio nacional, de los criminales. Habrá regiones llamadas «de paz» y municipios Zomac que se suponen parte de zonas vulnerables.  Más que soluciones crea inconvenientes a las comunidades que deben convivir con la llegada de bandas criminales. Y se dice que el objetivo buscado es el alto al fuego que desafortunadamente no es igual a paz y menos a paz total.

La supuesta constitución de “regiones de paz” trae a la memoria de los colombianos las zonas de distensión, San Vicente del Caguán, y lo que en ellas ocurrió durante el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana, que no fue otra cosa que el recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de la FARC. Ahora nos dice Iván Cepeda, a quien se ha atribuido la autoría de este proyecto, que no es así, que no se trata de «pequeños caguanes» como inmediatamente fueron bautizados, más sin embargo, aparte de la burocracia que se crea -comisionados de paz designados por Petro- indicó que esas zonas “tendrán sus propias políticas”. ¿Se le puede creer?

Tan preocupado se encuentra el senador de marras que no le prospere su genial iniciativa en el Congreso que, cuestionablemente, ha publicado un video en su cuenta de Twitter donde dice textualmente: «Llamo a la movilización social y ciudadana por el cese al fuego multilateral y la paz total». No podemos olvidar lo acontecido hace un año con esas movilizaciones y el daño que causaron. Por ventura será que ellos llaman paz a todos los desmanes que padecimos.

Es particularmente álgido el tema de pretender amarrar al siguiente gobierno y aún a los que vengan después a su estilo de paz, por considerar que esa es la paz total y lo que en la práctica resulte de ella debe ser una política de Estado, cualesquiera que sean sus reales resultados, cualesquiera que sean los problemas que presente.

Como ya se ha anotado en medios de comunicación la única “desmovilización” ha sido la de las Fuerzas Militares y de Policía, el «descabezamiento» de más de 86 generales, sólo produce incertidumbre y desconfianza en la población y desmoralización en la tropa, en nuestros héroes. Harán falta unos 30 años para llenar el vacío que ellos dejan. Con un ligero plumazo se causó grave daño a la seguridad del país, a la institucionalidad, sin tener en cuenta su tiempo de formación, su experiencia, su entrega. En cambio, se sublimiza a los denominados Primera Línea y se revela que el nuevo director de la Policía debe dialogar con ellos para concertar los cambios que se quieren hacer al Esmad, aunque los voceros de ese grupo ya dejaron conocer que su finalidad es eliminarlo. Es una afrenta a todos los colombianos.

Si la paz total pasa por algo parecido a la aniquilación de las FFMM y de Policía, a la amnistía de la peligrosa guerrilla disidente y narcotraficante, la negociación con criminales de todos los pelambres, incluyendo a los ladrones de celulares, según la descabellada propuesta del minJusticia, estaremos frente a una claudicación, la rendición, esa sí total.

Entregarse y ceder el país al crimen organizado. Ni más ni menos. Porque en algún punto se han encontrado izquierda radical y criminalidad extrema y al final del día lo que se pretende es imponer el imperio del terror y de las armas y hacer proliferar el negocio maldito del narcotráfico, germen de la corrupción, entre otros males. Eso les interesa más que las ideas de izquierda. Cuando ya no sean útiles a los fines de los criminales sabrán los políticos de extrema izquierda lo que es pactar con bandidos que no respetan la ley, con excepción de la ley del monte.

Si bien el prócer Francisco de Paula Santander dijo: «Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad», lo cierto es que el exceso de proyectos ha hecho añicos la sabia frase, la ha sepultado en una avalancha de iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes, creando inseguridad jurídica, situación totalmente extraña a la paz total. Al tiempo de escribir esta columna están en curso en el nuevo Congreso 300 proyectos de reformas de los cuales 32 se refieren a la Constitución. La justicia no se hace con toneladas de normas, la justicia se consigue cumpliendo y aplicando las que ya existen. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, expresó “El acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”, que no el perdón a los victimarios y la total ausencia de justicia y reparación a las víctimas.

Pildorita I: Falleció esta semana Mijael Gorbachov, abogado y político ruso, último dirigente de la Unión Soviética, de la cual fue su presidente de 1988 a 1991. En 1990 recibió el premio Nobel de la Paz, por lo que constituye su más importante legado: el fin de la guerra Fría entre las dos superpotencias de entonces Incomprendido en su país, pero admirado en el resto del mundo. La Perestroika fue quizás el mejor intento de una reforma política y económica para tratar de conseguir democracia en Rusia.

Pildorita II: Dolor y tristeza inmensa se siente por la vil masacre de los policías Wilson Cuellar Lozada, Luis Sabi Gutierrez, Duverney Carreño Rodríguez, Jhon Bautista Vargas, Cristian Cubillos Borbon, Santiago Gómez Endes y Arles Mauricio Pascual Figueroa, en el Huila. Dios les acoja en su Reino.  

 

Bogotá, D.C. 

 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión