Ad-portas de que los colombianos elijamos a nuestro próximo líder, observamos que debemos reconducir las alternativas posibles para evitar adentrarnos en turbulencias que pongan el país al revés y rescatar el orden. No resulta lógico, por ejemplo, que los avances que se dijo traía la Constitución de 1991 en la protección de los derechos de las minorías, quien lo hubiese imaginado, produjeran grave desorden institucional, un caos infernal que dificulta la gobernabilidad. Así, vemos, que ni las fuerzas del orden ni la mayoría de compatriotas, entre otras, pueden ingresar a los resguardos indígenas, pero éstos sí están autorizados para asentarse en cualquier espacio del país, verbi gracia, los parques de Bogotá, realizar conductas que atentan contra la paz y el bienestar de sus habitantes, utilizando la autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, como el linchamiento de un conductor por la comunidad embera, o la delicada situación de orden público que se vivió en las inmediaciones del parque nacional de Bogotá.
Panorama que resulta más complicado al advertir que la democracia, entendida, entre otras, como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir sus representantes, al día de hoy se encuentra en la penumbra. No se ha aclarado aún lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas, en las cuales, según reporte de la MOE, se produjo una diferencia de un millón y medio de votos entre el preconteo y el escrutinio. Este último, es claro, que no ha concluido por cuanto termina con la acreditación y entrega de las respectivas credenciales a los escogidos. Pero, una diferencia entre un 7 y 9 por ciento, cuando históricamente ha sido de entre 0.5% y 1% entre los dos reportes, nos alerta sobre la transparencia que debe regir en el conteo de la votación. Esa elección ha sido entutelada a través de una acción que, en los vaivenes de los trámites de reparto entre el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso, se ha enredado, por no decir que se ha frenado, como en otras instancias ha ocurrido con la revocatoria de mandatarios locales.
Continuamos con las “armas” utilizadas en campaña por algún candidato presidencial, precisando que, cualquier amenaza de muerte, venga de donde viniere, y sea contra quien fuere, debe ser enérgicamente rechazada. Sin embargo, la coincidencia entre la amenaza en cuestión y la manifestación del abogado Miguel Ángel del Río, respecto de que infiltraron la campaña de Federico Gutiérrez, lo cual ahora niega esa campaña a pesar del video de Revista Semana, siembra serias dudas de su existencia, más aún cuando tal manifestación ha sido anunciado repetitivamente en oportunidades anteriores por el mes de mayo y extrañamente ningún organismo del Estado, ni la propia Policía Nacional, en sus organismos de inteligencia, conocieran o sospecharan de la existencia de esa amenaza.
Lo que sí resulta evidente y debe explicar la campaña de Petro es quién autorizó la operación de personal extranjero, en este caso español, ya que se dice fueron ellos quienes dieron cuenta de la existencia de la supuesta amenaza. Si el Estado colombiano dota de un completo y robusto esquema de seguridad a este candidato y a su fórmula vicepresidencial inentendible resulta que tengan agentes extranjeros en una operación de apoyo. También los organismos nacionales competentes deben decirle al país si han autorizado esa intervención en nuestro territorio, ya que podría tratarse desde consultores y hasta mercenarios en actividad.
El campo judicial no se escapa de este trastorno. Se conoce una absurda decisión de la Corte Constitucional, sentencia C – 148 de 2022, según la cual, pese a no existir consenso sobre si los peces son seres “sintientes” considera que la pesca deportiva vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, por lo que debe prohibirse. No puede uno menos que preguntarse: estos magistrados, ¿dónde se formaron? Recientemente, ocultando la verdadera entidad del nuevo ser humano y de su estado, tuvieron el desatino de despenalizar el aborto hasta los 6 meses de gestación y ahora vienen a preocuparse por los derechos de los peces. Esto nos corrobora el grado de inhumanidad al que han llegado.
Por su parte, el Consejo de Estado, en decisión unilateral del Consejero César Palomino, suspendió la extradición del peligroso narcotraficante Danilo Úsuga, alias Otoniel, cuando los organismos del Estado tenían fundadas sospechas de que se planeaba su fuga y, además, el Clan del Golfo había adquirido inmuebles cercanos a su lugar de reclusión, como lo dejó conocer el señor ministro de Justicia. Decisión que se reversó cuando la sala negó la tutela. Personajes de la oposición bajo la consigna de que “extraditaron la verdad”, guardan silencio respecto a la verdad que ocultan los congresistas de “Los Comunes”. ¿Por qué a éstos no le reclaman la verdad?
El ataque a las FFMM no cesa y nuevamente se presentó moción de censura al ministro de la Defensa, pretendiendo la oposición removerlo del cargo. Por fortuna primaron la sensatez y la verdad que tanto le molesta al senador Cepeda y la moción se hundió en una votación en la Cámara de Representantes de 28 a favor y 116 en contra. Lo ocurrido en el Putumayo en ese operativo produjo daños colaterales, cosa que ya ha ocurrido anteriormente, por la forma en que los narcotraficantes emplean a la población civil, esto es, como escudos humanos. De comprobarse en la investigación que hubo excesos pues que la justicia actúe, pero que no vengan a querer presentar una operación legítima del estado como “falso positivo”.
Terminando la semana se conoció la decisión digna y valerosa del comisionado Carlos Ospina de renunciar a la Comisión de la Verdad por considerar que estaba siendo discriminado y estigmatizado al interior de ella. Él cree que este trato se debe a que es ex militar y a que hay un fuerte sesgo ideológico en la Comisión y al no compartir él las ideas predominantes sus aportes estaban siendo excluidos.
Así las cosas, cabe preguntarse ¿qué clase de informe final puede presentar una Comisión que ignora el punto de vista realista y ponderado de uno de sus miembros? Esto por supuesto puede ser resultar abrumador para las fuerzas militares, que, como es lógico y sabido, se han llevado la peor parte en este conflicto y demandan justicia.
Lo cierto es que la situación presentada con el hoy ex comisionado Ospina estaba más que anunciada. Siempre hubo muchas diferencias entre él y todo el resto de la Comisión, especialmente en el tema de los militares en el conflicto. Se ha dicho que, en el sentir de Ospina, ellos no enfocaban correctamente a los militares como víctimas por tener desde el comienzo una posición antimilitarista. En realidad, el punto de vista del ex comisionado resulta muy correcto si consideramos que el propio ministro Molano informó que 403.352 militares fueron víctimas en el conflicto.
Grave, muy grave este retiro que impone la pregunta: ¿qué podemos esperar los colombianos del informe final de esta Comisión de la Verdad? Este informe será cátedra obligatoria en los colegios y si primó un sesgo ideológico y político, ¿qué podrá suceder?
Y para concluir la sinrazón de las razones se conoció la condena al Estado Colombiano (léase pueblo colombiano) por la masacre de Bojayá, mientras los responsables de ese doloroso episodio que aún enluta al país gozan de los privilegios de ser congresistas. Como lo dijera Jean De La Bruyére “Hay algo en el mundo que es todavía más raro que los brillantes y las perlas: el buen juicio.”
Bogotá, D.C. mayo 7 de 2022
