EL salpicón del caos

Ad-portas de que los colombianos elijamos a nuestro próximo líder, observamos que debemos reconducir las alternativas posibles para evitar adentrarnos en turbulencias que pongan el país al revés y rescatar el orden. No resulta lógico, por ejemplo, que los avances que se dijo traía la Constitución de 1991 en la protección de los derechos de las minorías, quien lo hubiese imaginado, produjeran grave desorden institucional, un caos infernal que dificulta la gobernabilidad. Así, vemos, que ni las fuerzas del orden ni la mayoría de compatriotas, entre otras, pueden ingresar a los resguardos indígenas, pero éstos sí están autorizados para asentarse en cualquier espacio del país, verbi gracia, los parques de Bogotá, realizar conductas que atentan contra la paz y el bienestar de sus habitantes, utilizando la autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico nacional, como el linchamiento de un conductor por la comunidad embera, o la delicada situación de orden público que se vivió en las inmediaciones del parque nacional de Bogotá.

Panorama que resulta más complicado al advertir que la democracia, entendida, entre otras, como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir sus representantes, al día de hoy se encuentra en la penumbra. No se ha aclarado aún lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas, en las cuales, según reporte de la MOE, se produjo una diferencia de un millón y medio de votos entre el preconteo y el escrutinio. Este último, es claro, que no ha concluido por cuanto termina con la acreditación y entrega de las respectivas credenciales a los escogidos. Pero, una diferencia entre un 7 y 9 por ciento, cuando históricamente ha sido de entre 0.5% y 1% entre los dos reportes, nos alerta sobre la transparencia que debe regir en el conteo de la votación. Esa elección ha sido entutelada a través de una acción que, en los vaivenes de los trámites de reparto entre el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso, se ha enredado, por no decir que se ha frenado, como en otras instancias ha ocurrido con la revocatoria de mandatarios locales.

Continuamos con las “armas” utilizadas en campaña por algún candidato presidencial, precisando que, cualquier amenaza de muerte, venga de donde viniere, y sea contra quien fuere, debe ser enérgicamente rechazada. Sin embargo, la coincidencia entre la amenaza en cuestión y la manifestación del abogado Miguel Ángel del Río, respecto de que infiltraron la campaña de Federico Gutiérrez, lo cual ahora niega esa campaña a pesar del video de Revista Semana, siembra serias dudas de su existencia, más aún cuando tal manifestación ha sido anunciado  repetitivamente en oportunidades anteriores por el mes de mayo y extrañamente ningún organismo del Estado, ni la propia Policía Nacional, en sus organismos de inteligencia, conocieran o sospecharan de la existencia de esa amenaza.

Lo que sí resulta evidente y debe explicar la campaña de Petro es quién autorizó la operación de personal extranjero, en este caso español, ya que se dice fueron ellos quienes dieron cuenta de la existencia de la supuesta amenaza. Si el Estado colombiano dota de un completo y robusto esquema de seguridad a este candidato y a su fórmula vicepresidencial inentendible resulta que tengan agentes extranjeros en una operación de apoyo. También los organismos nacionales competentes deben decirle al país si han autorizado esa intervención en nuestro territorio, ya que podría tratarse desde consultores y hasta mercenarios en actividad.

El campo judicial no se escapa de este trastorno. Se conoce una absurda decisión de la Corte Constitucional, sentencia C – 148 de 2022, según la cual, pese a no existir consenso sobre si los peces son seres “sintientes” considera que la pesca deportiva vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, por lo que debe prohibirse. No puede uno menos que preguntarse: estos magistrados, ¿dónde se formaron? Recientemente, ocultando la verdadera entidad del nuevo ser humano y de su estado, tuvieron el desatino de despenalizar el aborto hasta los 6 meses de gestación y ahora vienen a preocuparse por los derechos de los peces. Esto nos corrobora el grado de inhumanidad al que han llegado.

Por su parte, el Consejo de Estado, en decisión unilateral del Consejero César Palomino, suspendió la extradición del peligroso narcotraficante Danilo Úsuga, alias Otoniel, cuando los organismos del Estado tenían fundadas sospechas de que se planeaba su fuga y, además, el Clan del Golfo había adquirido inmuebles cercanos a su lugar de reclusión, como lo dejó conocer el señor ministro de Justicia. Decisión que se reversó cuando la sala negó la tutela. Personajes de la oposición bajo la consigna de que “extraditaron la verdad”, guardan silencio respecto a la verdad que ocultan los congresistas de “Los Comunes”. ¿Por qué a éstos no le reclaman la verdad?

El ataque a las FFMM no cesa y nuevamente se presentó moción de censura al ministro de la Defensa, pretendiendo la oposición removerlo del cargo. Por fortuna primaron la sensatez y la verdad que tanto le molesta al senador Cepeda y la moción se hundió en una votación en la Cámara de Representantes de 28 a favor y 116 en contra. Lo ocurrido en el Putumayo en ese operativo produjo daños colaterales, cosa que ya ha ocurrido anteriormente, por la forma en que los narcotraficantes emplean a la población civil, esto es, como escudos humanos. De comprobarse en la investigación que hubo excesos pues que la justicia actúe, pero que no vengan a querer presentar una operación legítima del estado como “falso positivo”.

Terminando la semana se conoció la decisión digna y valerosa del comisionado Carlos Ospina de renunciar a la Comisión de la Verdad por considerar que estaba siendo discriminado y estigmatizado al interior de ella. Él cree que este trato se debe a que es ex militar y a que hay un fuerte sesgo ideológico en la Comisión y al no compartir él las ideas predominantes sus aportes estaban siendo excluidos.

Así las cosas, cabe preguntarse ¿qué clase de informe final puede presentar una Comisión que ignora el punto de vista realista y ponderado de uno de sus miembros? Esto por supuesto puede ser resultar abrumador para las fuerzas militares, que, como es lógico y sabido, se han llevado la peor parte en este conflicto y demandan justicia.

Lo cierto es que la situación presentada con el hoy ex comisionado Ospina estaba más que anunciada. Siempre hubo muchas diferencias entre él y todo el resto de la Comisión, especialmente en el tema de los militares en el conflicto. Se ha dicho que, en el sentir de Ospina, ellos no enfocaban correctamente a los militares como víctimas por tener desde el comienzo una posición antimilitarista. En realidad, el punto de vista del ex comisionado resulta muy correcto si consideramos que el propio ministro Molano informó que 403.352 militares fueron víctimas en el conflicto.

Grave, muy grave este retiro que impone la pregunta: ¿qué podemos esperar los colombianos del informe final de esta Comisión de la Verdad? Este informe será cátedra obligatoria en los colegios y si primó un sesgo ideológico y político, ¿qué podrá suceder?

Y para concluir la sinrazón de las razones se conoció la condena al Estado Colombiano (léase pueblo colombiano) por la masacre de Bojayá, mientras los responsables de ese doloroso episodio que aún enluta al país gozan de los privilegios de ser congresistas. Como lo dijera Jean De La Bruyére “Hay algo en el mundo que es todavía más raro que los brillantes y las perlas: el buen juicio.”

Bogotá, D.C. mayo 7 de 2022

Hora de registrar un buen balance

Por: Bernardo Henao Jaramillo Al retornar de unas felices vacaciones familiares es momento para compartir mi augurio de un exitoso 2022, en el que cada uno de nosotros será el artífice para lograr que nuestro país continúe enmarcando su rumbo bajo el lema Libertad y Orden, pilares esenciales de la democracia y a través de los cuales podemos seguir construyendo el progreso y el bienestar de todos sus habitantes. Para conseguirlo nuestro voto será crucial en las elecciones del Congreso de la República a realizarse el 13 de marzo y en las presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo, en su primera vuelta y el 19 de junio de 2022, en segunda, si es del caso.Como siempre acontece en la actividad previa al proceso electoral se dan toda clase de especulaciones, alianzas y por supuesto de consabidas agresiones y ataques entre los aspirantes, así como de retiros como el ya conocido de Juan Carlos Echeverri. Con la proliferación de listas unas de los partidos y otras por firmas lo que queda claro es que, lastimosamente, nuestra joven democracia no cuenta con unos partidos sólidos. Se mueve más hacia las aspiraciones caudillistas e individuales de quienes aspiran, entre quienes no faltan los que fundan su aspiración en ataques subjetivos al gobierno de turno, encontrando eco en diversos medios de comunicación.Como el balance del gobierno de Iván Duque será factor relevante en la toma de decisión de quienes van a sufragar, necesario resulta un análisis objetivo del mismo, el que resulta positivo, más aún si se recuerda la Colombia que Juan Manuel Santos le heredó a Iván Duque, radiografía que se encuentra en el discurso del Congresista Ernesto Macías del 7 de agosto de 2018, las continúas manifestaciones y paros que se llevaron a cabo a lo largo de su gobierno y la pandemia que se padece desde inicios de 2020.Es evidente que, si bien pueden existir críticas, más predicables en el frente burocrático, lo cierto es que el gobierno de Iván Duque registra reales y efectivos logros y así comienzan a informarlo varios medios y los propios indicadores de gestión. Por supuesto, esto obedece también a la mejora reciente en sus comunicaciones con los medios. De destacar los reportes que dan cuenta de las realizaciones alcanzadas en materia de infraestructura y lucha contra la pandemia, ubicándose en el sexto lugar del índice Bloomberg en el manejo de ésta, por encima de países como Suecia, Reino Unido y Francia, entre otros.Colombia, por otra parte, ocupó el primer lugar en el Indicador de normalidad global de “The Economist”, destacando ese medio los buenos resultados en políticas públicas logrados especialmente en 2021. Además, no obstante el impacto causado por Covid-19 el acertado manejo de la economía permitió un crecimiento de 9,6%, por lo que se consolidó, según el Fondo Monetario Internacional, como una de las economías de América Latina que más crecerá, y de conformidad con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sería la de mayor crecimiento.En reciente edición del Offshore BPO Confidence Index se ubicó a Colombia como el país mejor calificado por los ejecutivos de cerca de 100 empresas internacionales de la industria, lo que sitúa al país liderando el índice mundial de confianza para el desarrollo de operaciones BPO.En el campo internacional, que tuvo sustancial mejoría con el acertado nombramiento de la Dra. Marta Lucía Ramírez, quien desde su llegada optimizó las relaciones de amistad y cooperación con los países con los cuales Colombia mantiene relaciones diplomáticas. De destacar la promoción de la mujer consiguiendo el apoyo de la ONU, para convertir a Colombia en el primer país del mundo en emitir bonos de género. En dicho escenario consiguió impulsar la propuesta de crear un índice de libertad económica de las mujeres, que permita hacer un diagnóstico internacional de la situación real y de las necesidades de la población femenina. Aun hoy no se ha valorado en toda su dimensión el logro conseguido en la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que permitió conseguir el cierre del examen preliminar a que se venía sometiendo a Colombia, lo que no aconteció en Venezuela. Queda claro que la justicia ordinaria y la transitoria especial, están cumpliendo la labor, más la primera que la segunda pues esta última se encuentra retardada. No haberlo obtenido habría significado que la Corte Penal Internacional le abriese una investigación al país. Esto hubiese sido un retroceso inmenso en materia de su lucha por la preservación del DIH.Se consiguió fortalecer alianzas comerciales con países amigos y aliados estratégicos que contribuyen a la reactivación económica conseguida. Dan cuenta de ello las visitas de Estado del presidente Iván Duque a los Estados Unidos de América, Brasil, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Corea del Sur. El país gracias a su diplomacia hizo posible la elección de Sergio Diaz-Granados en la CAF, Juan Carlos Salazar como director de la OACI y Carlos Bernal como comisionado en la CIDH. Colombia mantiene las Presidencias Pro Témpore de la CAN, Alianza del Pacífico (AP) y PROSUR, y por último el país consiguió la adopción de la Carta Interamericana Empresarial en la OEA.La agenda del Pacífico, como podría llamarse, es de no olvidar. Se consiguió despertar en Asia y África un gran interés del sector empresarial por invertir en nuestro país, particularmente en los sectores de infraestructura, energías renovables y, de elogiar, la hoja de ruta del hidrógeno verde.Se quedan sin registrar muchas actividades claras en materia diplomática y consular pero lo cierto es que el trabajo cumplido por el gobierno Duque en materia internacional es de significativa importancia y sumado al éxito a nivel interno su reconocimiento se reflejará sin duda en el candidato que represente la continuidad.El avance en proyectos claves de infraestructura, el acertado manejo de Hidroituango, la gratuidad en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3, la Política Social de Vivienda llegó a más de 350.000 familias colombianas, significativo aumento del salario mínimo y cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno, muestran que no es con populismo sino con trabajo que se logra mejorar el bienestar de los colombianos, construir un orden legítimo a partir de un Estado eficiente y democrático, que a toda costa debemos preservar en las próximas elecciones. El denominado por la oposición “pseudo presidente” les ha dado una lección de grandeza fincada en su humildad, que le hace ser ya tenido como gran estadista.

Derecho o Política, el fallo de la Corte Constitucional

En momentos críticos, como por los que está pasando nuestro país, lo menos que puede esperarse es que la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, con sus decisiones contribuya determinantemente a la consolidación del Estado Democrático Social de Derecho, que no al caos y a la confusión. Sus sentencias, entonces, para lograr el cumplimiento de su importante función deben fundarse en derecho, no en motivaciones políticas, ideológicas o morales de sus miembros. Más sin embargo, a contrapelo del deber ser, en asunto de especial trascendencia por el tema a tratar, el pasado miércoles produjo tardía y demorada decisión sin fundamento jurídico, la que se distingue como SU – 382 de 2021, por medio de la cual resolvió de manera negativa la tutela propuesta por el Dr. Uribe Vélez contra el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, avalando la equiparación de imputación consagrada en la ley 906 de 2004 con la indagatoria contemplada en la ley 600 de 2000.

Fueron los estudiosos del derecho penal quienes dieron las pautas de las diferencias que gobiernan a una y otra figura, por ejemplo señalaron que pese a que ambas instituciones se erigen como una oportunidad para informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales se le investigará formalmente, su naturaleza, contenido y efectos responden a distintas estructuras de los sistemas procesales a los cuales pertenecen: la indagatoria al de tendencia inquisitiva y la imputación al de naturaleza adversarial. Además, la primera se clasificó por la doctrina y la jurisprudencia como un medio de defensa y de prueba, connotaciones de las cuales carece la segunda al tratarse de un acto procesal unilateral de la Fiscalía.

Luego, aún para los neófitos en la materia resulta material y jurídicamente un absurdo efectuar un símil entre dos formas de diversa naturaleza, de no olvidar que éste responde a una comparación para resaltar la semejanza entre uno y otro referente, para atribuirle al primero características del segundo, lo que resulta impensable en punto a dos modelos penales disímiles.

Mayor inquietud y desolación causa esa decisión al escuchar las declaraciones del magistrado ponente Alejandro Linares, entregadas a la FM y a Semana, en el sentido de que tal fue producto de un cuidadoso estudio por los integrantes de la Corporación, así como que “Algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Juan Manuel Santos y a César Gaviria. La mixtura entre política y justicia no debería existir.

La entrega del fallo en rueda de prensa y las declaraciones del Magistrado Linares enfatizan dos expresiones. Una de ellas parece clara, pero en su aplicabilidad no lo es; y la otra es bien discutible. Son: la existencia de un vacío normativo y la equivalencia funcional.

Huelga decir que las lagunas legales, en el hipotético evento de existir, encuentran en la integración normativa y en los principios generales del derecho una herramienta fundamental para su solución, a fin de evitar que esos vacíos lesionen los derechos de los ciudadanos y afecten la confianza de la ciudadanía en el derecho, pero, paradójicamente la Corte Constitucional prefirió ignorar ese mecanismo y con él el artículo 29 de la Constitución Política, para dar paso a la “creación” de una norma, función de competencia del legislativo: el Congreso de la República; y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, la sentencia que se comenta a más de carecer de apoyo en derecho, invade esferas de otras ramas del Poder Público y deja muy mal parada a la Corte Constitucional en su ya reiterada posición de legislar.

Pero si se equivocaron gravemente al corregir el vacío, resulta por completo riesgoso y perjudicial inventar y aplicar la inadmisible figura de la » equivalencia funcional » entre la indagatoria y la imputación. Es imperioso preguntarse ¿de dónde carajos sacaron tan absurda posición? Hacerlo así abre tremendo boquete al inaugurar una figura ajena por completo a la Constitución y al derecho penal vigente.

También resulta sorpresivo que la Corte resuelva darle total «validez» a lo actuado, y a la vez brinde una oportunidad procesal al implicado para que acuda ante un juez “si se le vulneró alguna garantía fundamental”, no es, por acaso, la tutela el medio constitucional idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales? Será que hubo un resquicio de conciencia jurídica?

A no dudarlo los salvamentos de voto de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán más relevancia y pasaran a la historia. Extraño sí resulta que el togado que tiene la preparación y el conocimiento en derecho penal, Dr. José Fernando Reyes, se encuentre entre quienes negaron la tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

Cuando pasamos por los claustros universitarios, durante la formación en la hermosa disciplina del derecho, aprendimos esa conquista de la humanidad que hoy recoge nuestra Carta Fundamental en su artículo 29:

 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.

Ignorar esa norma constitucional y ver lo ocurrido con el proceso del Expresidente en la justicia ordinaria, en la cual el trámite de la preclusión se ha convertido en un abuso permanente de la palabra para referirse a temas ajenos a éste, lo han llevado, pese a su disciplina y voluntad de asistencia, a alejarse de la participación en el actual debate electoral. Quien lo creyera, a través de la justicia se logró el propósito de ciertos grupos, “eliminar” al Dr. Uribe de la coyuntura política del país.

Como corolario de lo ocurrido, dos célebres frases. Aquella del pensador británico John Ruskin “Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”. Y la otra extractada del Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.

Se birlaron el Plebiscito

No debemos olvidar que hoy, hace cinco años, el 2 de octubre de 2016, pese a la publicidad gubernamental y contra todo pronóstico, los colombianos razonablemente decidimos lo que consideramos era más conveniente y justo para el país. Un nutrido grupo de ciudadanos colombianos concurrió a las urnas a votar el plebiscito convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz de la Habana, el que previamente la Corte Constitucional, en sentencia C-379 de julio 18 de 2016, declaró exequible bajo la consideración, entre otras, del principio de participación democrática y del valor político de la decisión tomada por los ciudadanos. Previa ycuestionada modificación del umbral para las votaciones, en una actuación cuestionable, se procedió a votar el plebiscito. La mayoría del pueblo se pronunció por el NO, resultado que incuestionablemente imponía que el mencionado Acuerdo, en un Estado de Derecho democrático, no podía ser aplicado. 

En esa fecha concurrieron a las urnas a sufragar el plebiscito 13.066.025 votantes que arrojaron un 37.43% de participación, obteniéndose 12.808.858 votos válidos, votos nulos 170.946, tarjetas no marcadas 86. 243, umbral 4.536.992 (13%) Los resultados finales fueron por el SI 6.377.464 (49.78%)por el NO 6.431.372 (50.21%.); resultado definitivo e inmodificable que traducía que el pueblo colombiano soberano rechazó por mayoría el Acuerdo de la Habana. 

Ante tan inesperado resultado se cambiaron las reglas y se desconoció la voluntad popular. Previamente el gobierno, a través del Presidente y su negociador Humberto de la Calle, había dejado saber que si el pueblo rechazaba el plebiscito se respetaría su decisión. Empero, ello no ocurrió. En su maquiavélico estilo se dieron a la tarea de revivir el acuerdo de pazderrotado. Y, finalmente contaron, quien lo creyera,con el ingenuo apoyo de los representantes de los vencedores. Éstos, en una posición inexplicable en cabeza del Expresidente Álvaro Uribe, en compañía de Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y un nutrido grupo de lagartos y lambones, se hicieron presentesen la sede de gobierno para buscar una salida. No se necesitaba ninguna simplemente se imponía respetar la decisión soberana del pueblo. 

Que error de estrategia, de cálculo y por supuesto de credibilidad política de los Vencedores. Es elementalque quien triunfa impone las condiciones y sin ninguna duda, que, si se apertura un proceso de diálogo, quien debe buscarlo es, por supuesto, el perdedor, para este caso, el Gobierno de entonces y la Farc. Absurdo que el vencedor hubiera concurrido a pactar con el vencidoy en su terreno. Ese equívoco hoy lo paga la mayoría del país estruendosamente. Ahí no había que pactar nada, simplemente se debía exigir cumplir y respetar el resultado. Con el tiempo estos vencedores son testigos de excepción del grave atropello cometido al pueblo colombiano y así no lo digan, lamentan haberse prestado a ese nuevo engaño de larenegociación, la que jamás se dio.  

Pero, más grave aún para la institucionalidad y la democracia la posición que adoptó  la Corte Constitucional, guardiana por excelencia de la Carta Fundamental.  Ante ese resultado y su sentencia no era constitucionalmente posible que para salvaguardar lo aprobado en la Habana un pronunciamiento positivo a lo que las entonces subversivas FARC, seguro asesoradas por el abogado español Enrique Santiago y su equipo, reclamaron como garantía, que el acuerdo debía estar por completo blindado constitucionalmente. Es ese, entonces, el antecedente de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 pomposamente titulado “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Ese Fast Track legislativo (Leyes de trámite rápido) que se dio y este inusual acto legislativo de dar estabilidad jurídica a un acuerdo en contravía del querer popular, como si no existiera posibilidad de revisar, adicionar, modificar e incluso derogarlo en todo tiempo por parte de la Rama Legislativa; vaya iniciativa, pero la Corte entró en ese delicado juego de revisar y estudiar la constitucionalidad de ese mal denominado blindaje constitucional para respaldar el indebidamente denominado proceso de paz acordado en la Habana, suscrito en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y nuevamente firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de ese año. La Corte debía y tenía que estar a la altura del momento y decidir, como se esperaba, por el respeto a la soberanía de la nación que reside en el pueblo. No lo hizo y le dio vía constitucional, a un acuerdo rechazado por completo.

De esta manera se forjó la peor división entre los colombianos, pues, incomprensible totalmente resulta que en un tema tan delicado se haya desconocido la opinión mayoritaria del pueblo para imponer el querer de una minoría derrotada. Cinco años después se confirma que el pueblo tenía la razón que, no es de buen recibo lo convenido en ese acuerdo como que criminales de lesa humanidad se hayan convertido en legisladores sin cumplir una condena previa, sin reparar a las víctimas y muy posiblemente sin intención alguna de no repetición, como lo evidencia la conducta asumida por algunos de sus negociadores;luego, hasta hoy solo tenemos total impunidad, que nos deja muy mal ante la Comunidad Internacional, ungrupo de insurgentes al que se denominó disidentes que siguen sembrando el terror en nuestro territorio y a unas víctimas revictimizadas.

Hoy, gracias al acuerdo rechazado y torticeramente revivido, funciona la Comisión de la Verdad, que a escasos dos meses de vencerse el término epara que rinda su informe, sobre el cual pesan serias dudas de su imparcialidad y su correspondencia con lo realmente acaecido, se sabe que no lo tiene listo, por lo que a través de diferentes organizaciones acudió al concurso de la Corte Constitucional para ampliar su período, lo que según informes periodísticos le fue concedido hasta junio 27 de 2022, al que le seguirá el período  de socialización del informe por dos meses terminando el 27 de agosto de 2022, sin que se encuentre el sustento normativo para adoptar esa decisión. ¿Será que el Presidente de la República y otros funcionarios públicos que ejercen sus cargos durante un limitado período también pueden solicitarle a la Corte Constitucional la ampliación del mismo, aduciendo idéntica circunstancia, esto es, que no pudieron ejecutar sus programas con ocasión de la pandemia? 

Hoy, a cinco años del triunfo del NO, otra entidad que se creo en el mencionado Acuerdo, la JurisdicciónEspecial para la Paz no ha emitido sentencia alguna y aquellas que se avecina se produzcan lo serán contundentes para los actores del conflicto que estuvieron con las FF.MM o fueron agentes del Estado, mientras que los fallos que involucran individualmente a los subversivos se insinúan lo serán en un actuar colectivo como organización. Rampante impunidad, personajes de ese grupo subversivo que la justicia ordinaria había condenado y se encontraban purgando las penas gozan actualmente de total libertad. Las víctimas, esperando, al menos, justicia. 

Mirando hacía el horizonte y hacía todos los costados,  Colombia en este día, no puede conmemorar nada de aquel histórico triunfo que alegremente celebró,  por el contrario,  debemos lamentar y arrepentirnos de no haber actuado para que se cumpliera la voluntad popular, más aun cuando presenciamos sus nefastas consecuencias en estos 5 años y, podemos concluir,sin temor a equivocarnos, que la impunidad sigue vigente, la reincidencia permanente, las llamadas disidencias de las Farc, un problema en auge; mientras que la reparación a las víctimas de medio siglo de conflicto es ninguna y, más grave, un narcotráfico a sus anchas y en pleno crecimiento,sembrando caos y destrucción. Vaya proceso de paz.

Pensando en el cambio inesperado del triunfo del NO cabría preguntarse ¿que hubiese sido de la historia de Colombia si el plebiscito de 1957 que le otorgó el voto a la participación femenina, a través de una renegociación como la ocurrida en el gobierno de Juan Manuel Santos les hubiese quitado el legítimo derecho a votar a la mujer? Lastimosamente los Colombianos actualmente no podemos manifestar lo que otrora dijera Francisco de Paula Santander “¡Qué mayor dicha ni qué mayor gloria que la de pertenecer a un país donde se respeten las leyes, la equidad y el juicio de la opinión pública!”

Bogotá, octubre 2 de 2021 

Bernardo Henao Jaramillo

Columnista de Opinión

Los Comunes, antes FARC, no sólo incumplen sino que …….

Cambalache, un tango con letra atemporal, nos recuerda lo que curiosamente se
vive en Colombia. Dice esa canción “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que
traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es
mejor …” y, agrega “… Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera
es un señor, cualquiera es un ladrón …”, y con ese concepto las víctimas de los
horrendos crímenes de lesa humanidad deben soportar un homenaje por los
Comunes a quien fue su victimizador, “Jorge Briceño Suárez” o llanamente “El
Mono Jojoy”.
Gracias al minucioso cálculo y excelente tarea del Arma de Inteligencia de las
FFMM, en conjunto con la Policía Nacional, se ejecutó la operación denominada
con acierto “Sodoma”. Aquél 22 de septiembre de 2010, fecha para siempre
cargada de gloria para las Fuerzas Militares de Colombia se llevó a cabo una de
las operaciones más certeras contra un despiadado terrorista de connotación
infernal, la cual concluyó de forma más que exitosa, jubilosa. Las tropas
entregaron al país la noticia que había sido dado de baja el criminal Julio Suárez
Rojas, “el Mono Jojoy”, quizás, uno de los más sanguinario terroristas que se haya
conocido.
Su prontuario, que se anticipa no podrá jamás ser borrado por la Jurisdicción
Especial para la Paz y menos por la Comisión de la Verdad, es espeluznante y
aterrador, de espanto dirían otros. En su violento accionar, ocupó el ala militar de
las subversivas FARC, integrante de la cúpula asesina del entonces secretariado.
Sus inicios sangrientos le ubican en la Sierra de la Macarena participando, entre
otros, en el asesinato de 24 soldados. Determinador y responsable directo de la
muerte del Señor General Carlos Julio Gil Colorado en el año de 1.994
Además, secuestrador de oficio, como lo revelan los casos de Rodrigo Turbay
Cote, de Alan Jara en el año 2001, del senador Luis Eladio Pérez, de los
ocupantes del avión de Aires en el año 2002, en el que se desplazaba Eduardo
Gechen Turbay y por supuesto, ante su torpeza, del de la entonces candidata
Ingrid Betancur, así como del de Clara Rojas y, de contera, del niño Emanuel.
También, fue quien ordenó sangrientas tomas y permanentes ataques contra
bases militares; de recordar la de antinarcóticos de San José del Guaviare en el
año 1995 y de la propia de la Uribe en el Meta en el año 1998.
Nunca se olvidará la voladura con cilindros de gas de la iglesia de Bojayá en el
año 2002 que causó la muerte en completo estado de indefensión a 119 seres
humanos, entre ellos, muchos niños. Causante de la muerte de los misioneros
norteamericanos Stephen Evert Wells y Thimothy Van Dick. Responsable directo,
condenado por la justicia ordinaria por la acción violenta con carro bomba
colocado en el Club El Nogal de Bogotá, que cobró la vida de 36 personas civiles

indefensas y causó más de 200 heridos, dejando secuelas y en personas que
quedaron marcadas de por vida, no sólo físicamente sino también
psicológicamente
Pero ya muerto, se creería que cesaría en su itinerario criminal por parte de sus
comandados post mortem. Pero no. En un hecho bochornoso, cuestionable,
presuntamente disciplinable y eventualmente con visos delictuales, algunos de sus
antiguos compañeros de andanzas criminales, que hoy hacen parte del Partido
Comunes, antes movimiento FARC, han procedido a revictimizar, ofender y
agraviar a sus víctimas, promoviendo un grotesco homenaje al criminal Jojoy; no
es la primera vez que lo hacen, ya en años anteriores han hecho lo mismo, los que
también han divulgado, sin arrepentimiento ni vergüenza, recordando, además, la
memoria de los otros dos despiadados criminales consignados en la historia, esto
es, Raúl Reyes y Alfonso Cano, muertos en su ley. Bien establece la Palabra de
Dios que “el que a hierro mata a hierro muere”.
Los medios sensacionalistas y amarillistas, los que ya se encuentran identificados,
en evidente complicidad reprodujeron apartes del homenaje, refiriéndose con
familiaridad a “El mono”, pretendiendo construir la historia de manera artificiosa al
presentarlo como un gran luchador de su causa, cuando, en realidad, fue un
despiadado criminal, condición en la cual debe permanecer en la memoria de los
colombianos y, en particular, de la juventud que no puede llamarse a engaño. Un
asesino cruel como este no merece ni amerita homenaje. ¿Qué se pensaría de
que en Alemania le hicieran un homenaje a Hitler?
A los jóvenes se les debe dar a conocer esa verdad que, si bien no vivieron, sí
corresponde a la realidad. Las pescas milagrosas, el secuestro masivo de
soldados y policías, así como de población civil, la imposición de collares bomba
en los cuellos de inocentes personas y muchos más vejámenes por él cometidos u
ordenados. Aquella línea de pensamiento que ahora se nos quiere implantar como
producto del mal denominado “acuerdo de paz”, que más bien podría denominarse
“acuerdo de impunidad”, busca borrar los atroces crímenes de este criminal y de
los demás que en ellos participaron, sin embargo, es lo cierto, que no
permitiremos que queden en el olvido, nunca.
Lamentablemente, ante nuestra sociedad, fruto de la malograda paz, de la falta de
memoria y de la intervención de algunos medios de comunicación, está haciendo
carrera una narrativa que se finca peligrosamente en el seno de la juventud y de la
gente desprevenida, en la cual quieren hacer ver y mostrar a los terroristas
guerrilleros de entonces como los nuevos héroes patriotas colombianos y a
nuestros insignes militares, que entregaron el don más preciado, como es su vida,
para combatirles, en los villanos de la historia. La paradoja que describe
Cambalache.
El aporte de verdad, al que se comprometieron para gozar de los beneficios que
ostentan los ex Farc, debe ser cierto, sincero y probado, que no el que de forma

falaz y cínica presentan, como lo hiciera la compañera de Tirofijo, la tal alias
Sandra Ramírez, quien con ironía se burló de los secuestrados por años, de
quienes, contra las evidencias, manifestó se les tenía en magnificas comodidades.
Será que considera que no era suficiente vulneración a su dignidad su secuestro,
su pérdida de libertad, sino que el encadenamiento y el mantenerlos en
verdaderos campos de concentración, totalmente alejados de sus familia y por un
prolongadísimo término representa “magníficas comodidades”. Increíble.
Por supuesto, ante el justo reclamo de Humberto de la Calle rectificó su
manifestación, pero ya el daño estaba hecho por completo a las víctimas y a sus
familias.
En ese mismo ofensivo acto intervino Rodrigo Granda, antiguo canciller de las
FARC, quien, sin vergüenza ni empacho alguno, invocó al asesino indicando,
dizque, trabajó por la paz, cuando, contrario a ese dicho, lo único que hizo, de
conformidad con su prontuario, fue sembrar muerte y desolación. 62 órdenes de
captura lo corroboran. Cerró el ramillete de ofensa el representante Sergio Marín
que exaltó los principios del forajido. Hubo más intervenciones en favor del
terrorista, pero no hay que dilapidar la tinta.
La generosidad que se tuvo con la firma del Acuerdo de Paz, que no me cansaré
de decir fue negado por el pueblo, y que cobró vida de una manera que será por
siempre reprochable e inconstitucional, les permitió a esos criminales de guerra y
de lesa humanidad sentarse en el Congreso de la República, donde en vez de
contribuir a realmente conseguir la paz, con su cinismo y su desvergüenza
promueven actos inaceptables de homenajes a criminales, incumpliendo sus
compromisos y rectivizando a sus víctimas.
El partido de los comunes, sus directivos y promotores, están en deuda de hacer
un desagravio a las víctimas de su otrora violencia. Situación que unida al
homenaje al criminal asesino Jojoy y a los comprobados incumplimientos del
Acuerdo, les hacen ya merecedores de perder los beneficios que les concediera la
celebración del Acuerdo de Paz de La Habana.
La sociedad colombiana está en mora de reaccionar con firmeza y claridad, con
programas oficiales de divulgación de la verdad, consistentes y constantes. Aquí
no se puede seguir permitiendo la burla permanente y repetitiva a las víctimas del
secuestro, reclutamiento, asesinato, violación y a los más espeluznantes
vejámenes a los que sometieron a los niños, incluyendo desde luego el delito de
lesa humanidad de su reclutamiento. Llegó la hora de sancionar al victimario,
quien permanece en total y completa impunidad, y amparar a sus víctimas.
Un llamado adicional se debe realizar a aquellas personas que hoy silencian ante
la continuación de la barbarie. A ese grupo y corriente política que se lanza en
ristre contra las Fuerzas Militares pero callan ante las constantes burlas de este
grupo abominable se les invita a que replanteen su posición.

Bogotá, D.C., septiembre 25 de 2021

BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión

DE FRANZ KAFKA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Quien lo creyera en pleno Siglo XXI se revive por cuenta de la Corte Suprema de Justicia la célebre obra de “El Proceso”, escrita porFranz Kafka (3 de julio de 1883 – 3 de junio de 1924) nacido en Praga en época del Imperio austrohúngaro, que fuera publicado de manera póstuma en 1925;  obra que comienza con el arresto por la policía de Josef K,  sin que se le deje nunca saber la causa o motivo; el juicio le caracteriza siempre similar posición, incluso no supo nunca que tribunal le juzgó  y el final o epílogo,  termina trágicamente con la ejecución del inocente.

Es eso sin lugar a dudas lo que pretende este si conocido tribunal en Colombia. La Corte Suprema de Justicia que de tiempo atrás con algunos de los que son parte del denominado “Cartel de la Toga”, se dieron a la inmensa tarea persecutoria, no perdón, de cacería del señor Expresidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez.

Los anales de la historia judicial en Colombia y me atrevo quizás a registrar en el mundo no dan cuenta de tan ignominiosa persecución, que ya es sin lugar a dudas un gran Record Guinness en los anales judiciales.  Ahora, es incluso más desalentador y perjudicial cuando por obra y gracia de un perverso y depravado escritor, se empeña en injuriarle y afectar su buen nombre, so pretexto de ejercer el derecho a la libre expresión. Jamás el derecho de expresión está establecido para injuriar, calumniar e irrespetar a cualquier ciudadano y menos para hacer negocios comerciales so pretexto de explotar una mediocre serie que en lo que se conoce carece por completo de pruebas. 

En resumidas cuentas, son tantos los intentos en judicializar al señor Expresidente tendientes a tratar de privarle de su libertad que ante ausencia de acusadores que siempre deben mostrar su cara, ya sin vergüenza alguna, le dan trámite procesal nada más y nada menos que a escritos anónimos como acontece en el fracasado y estruendoso caso del Hacker y ahora en el que se dice se da con motivo del caso de los perfilamientos.

No es viable, es aberrante indagar y menos juzgar apoyados en escritos anónimos. Peor ahora, es apreciar como en Twitter la CSJ al parecer queriendo justificar y defender su posición, el pasado 3 de junio a las 5.54 pm en su cuenta de twitter deja saber que “Copias de correos electrónicos pueden aceptarse como pruebas, si no fueren tachadas de falsas y permiten su mínima individualización, al señalar de dónde provienen, o quién o quiénes van dirigidos y cuentan con fecha de emisión: @Corte Suprema SL5246-2019 bit.ly/3cxkZmW

Esa sentencia en la que se apoya la CSJ es por completo inadmisible, por no indicar risible, pues saca de contexto lo dicho por la entonces Sala Laboral:  “aquí, cabe recalcar, que no desconoce la Sala, conforme a los términos del artículo 11 de la ley 527 de 1999, que la autenticidad de los mensajes de datos, encuentra sustentó (sic) en su confiabilidad, la cual se determina en la forma como se hubieran generado y conservado, así como la identificación de su indicador”, ya que desconoce abiertamente un derecho universal y constitucional que deben velar, proteger y garantizar como es la presunción de inocencia en materia penal.

No nos vengan ahora a decir que se trata de un aforado cuyo caso se rige por los postulados de la ley 600 de 2000, para no dar aplicación concisa y precisa al artículo 430 de la Ley 906 de 2004 que desarrolla el Procedimiento en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, norma en la cual se registra con acierto que “Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en el código penal, se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”. 

Dicha prohibición opera para todos los medios o fuentes de información que tengan la condición de anónimos, en aplicación del principio lógico jurídico que enseña que donde existe el mismo supuesto fáctico debe existir la misma consecuencia jurídica, o que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, pues no tendría sentido que siendo la razón de ser la misma (el origen desconocido de la fuente informativa), la prohibición solo operara para los documentos. de manera, pues, que las declaraciones anónimas resultan inadmisibles como prueba y sólo sirven a manera de criterio orientador por el órgano investigativo para sus labores de averiguación, cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan verificar su contenido.

Confiemos en que en la persecución al señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez se logre cesar y de contera cambiar el resultado final injusto y trágico de la obra El Proceso de Kafka. Como consecuencia de ello, se debe disponer de inmediato corregir la actuación que se abrió en indagación preliminar para que sea por completo revocada y desestimada, máxime que al carecer de valor probatorio los escritos en correos anónimos no conseguirá producir ningún efecto en desvirtuar la garantía universal del derecho a la presunción de inocencia que cobija al señor Expresidente de la República.

Bogotá, D.C junio 4 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO  

El Afán desmedido de la Corte en investigar sin aplicar la ley más favorable

Los abogados penalistas y los sujetos procesales tienen claro que solamente al proceso se pueden aportar pruebas relacionadas con los hechos constitutivos objeto del proceso. El sonado caso contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez,   quien lo creyera,  tiene origen en una compulsa de copias con ocasión del auto inhibitorio expedido por la Sala Penal de la Corte el 16 de febrero de 2018, en  favor del denunciado Senador Iván Cepeda, dejando al expresidente como la persona objeto de investigación.- Publicidad –

Al respecto  en febrero se dispuso “… Dado que en la aludida investigación se advirtió la existencia de amenazas y posibles ofrecimientos –al parecer con la participación de terceros-, orientados a incidir en las declaraciones de varios de los testigos que comparecieron a declarar en dicho asunto y en otros tramitados ante diferentes autoridades, por los mismos hechos, la Sala ordenó expedir copias para investigar la posible participación del Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ”. 

En desarrollo de esa compulsa la misma Sala ahora,  a través del auto proferido el pasado 24 de julio de 2018, Rad No. 52.240, que no tuvo reserva alguna, ordena en su numeral “2. Citar a indagatoria al doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, diligencia a la que deberá comparecer en compañía de su defensor”.

Al decir de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no custodió debidamente el expediente y que no respeta la vigencia de la nueva ley que establece para todo aforado la aplicación del principio de las dos instancias que,  olímpicamente y violentando esa ley, Acto Legislativo No. 1 de 2018 irrespeta,  dispuso la vinculación al proceso de los dos aforados para intentar demostrar la existencia de los presuntos delitos de Fraude Procesal y Soborno, aunque también al parecer sin mayor fundamento  se mencionan en el mismo “amenazas”.

En aquel acto legislativo que modificó el artículo 186 de la Constitución Política, corresponde hoy a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. De existir mérito y pruebas que comprometan su responsabilidad y participación en los hechos en caso de estar en firme una imputación o acusación contra los aforados, esa Sala sería la llamada a conocer del juicio.  La apelación del fallo que se produjera en primera instancia, para  respetar las dos instancias de ley, su conocimiento le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  de la que hace pare el magistrado José Luis Barceló.

Esa actuación en criterio personal está por completo afectada de nulidad y más temprano que tarde esa espurea actuación de los magistrados debe ser materia de investigación. Ahora bien, si como reza la pieza procesal del llamado a indagatoria se trata de un proceso de única instancia en el que tienen competencia y aceptando  en gracia de discusión que así sea, es necesario  entonces ocuparse de la procedencia de las pruebas que debe siempre respetar los derechos individuales de las partes objeto de investigación,  con el fin de evitar arbitrariedades, que en caso de no serlo o rebasando puntual límite, no tendrá pertinencia la prueba así ordenada.

En materia penal los operadores judiciales incluyendo jueces y fiscales deben siempre pretender en el ejercicio de su actividad trabajar en procurar y averiguar la verdad. Deben entonces primar la objetividad por encima de cualquier subjetividad. Siempre será necesario para condenar una persona que su culpabilidad esté  demostrada con absoluta certeza; de allí que en caso de duda se debe absolver en lo que se conoce como el “in dubio pro reo”.   En ejercicio de su desempeño cuenta el funcionario instructor siempre con la más absoluta libertad probatoria en procura de alcanzar la investigación integral.

Cuando  de una parte se les visita a los delincuentes en establecimientos penitenciarios que  ya se conoce por difusión amplia en los medios se dice que quien lo hace,  en este caso el senador Iván Cepeda,  se ampara en que en su desempeño como congresista cumple una función humanitaria. Nueve comprobadas entradas y veintiuna permisos solicitados para entrevistar al mismo reo Juan Guillermo Monsalve y 160 visitas a distintos presos,  anota el doctor Luis Alfredo Ramos que le tiene documentadas al congresista,  no son propiamente un ejercicio de protección de los derechos humanos; pero no se investigó a fondo el porque de esas frecuentes visitas y  por el contrario le archivaron la investigación.

Pero, cuando se trata de la otra parte,  que no lo hace directamente ella, según el contenido del controvertido auto,  sino que son sus abogados quienes concurren en el desempeño de su labor profesional, si es entonces procedente indagar para determinar si hubo  o no manipulación de los testigos. Esto jamás es garantía de una justicia imparcial. Los magistrados que ordenaron la vinculación, lo mínimo que es de esperarse es que sean recusados antes de que se les adelante investigación por actuación sospechosa, temeraria y discriminatoria en la que no se da un trato igual y menos desconociendo el derecho que le asistía al señor expresidente de ser escuchado en versión libre como el mismo lo peticionara y en consideración a la dignidad que representa.

Repasando el texto del contenido del auto en que llaman a indagatoria a los dos aforados, solamente pareciera que la Sala Penal está interesada sólo en pruebas testimoniales. En su numeral 4 dicho auto ordena escuchar en declaración a 25 personas;   y,  en el numeral 5,  ordena escuchar los testimonios de 6 personas más. Los numerales 6,7 y 8 ordenan ampliar la declaración de otras tres personas, en total 34 testimonios.

La cantidad de testigos o declaraciones que se recepcionen,  no es la que determina la responsabilidad o prueba de la existencia de los hechos materia de investigación. El testimonio siempre es y será  prueba que universalmente se cuestiona. En un medio como el nuestro con mayor razón lo es cuando ya es notoria la existencia de carteles de “falsos testigos”.

El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera que otrora era admirado y respetado por su ejercicio que le significó llegar a ser fiscal anticorrupción, publicó su obra sobre este tema. En su momento, cuando gozaba de credibilidad, su libro se ocupó de los casos judiciales de destacados personajes públicos que padecieron la infamia de los testigos falsos, como fueron la recién nombrada ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el almirante Gabriel Arango Bachi, el senador Luis Fernando Velazco y el exdiputado Sigifredo López, son notoria muestra del grave daño de los falsos testigos.

Hoy sabemos que el ex fiscal se encuentra recluido en una cárcel en los Estados Unidos donde debió acelerar su proceso por el  temor de perder la vida pues es quizás un personaje tan siniestro que sus manifestaciones y revelaciones dejan saber los tentáculos del que ya se conoce en medios como el “Cartel de la Toga”; monumental escándalo que afecta por completo las altas cortes y del que apenas se conocen escasos nombres de presuntos vinculados, como son dos expresidentes de ese Máximo Tribunal José Leonidas Bustos y  Francisco Ricaurte. Son también materia de investigación el Dr. Camilo Tarquino   y el Dr. Gustavo Malo.

Así las cosas,  con unos magistrados con amistad y vínculos con otros otrora magistrados hoy investigados que hacen parte de ese perjudicial para el país “Cartel de la Toga”,  con la citación de un sinnúmero de testigos que parecieron todos están cercanos a los presos detenidos como si estuvieren en los mismos establecimientos penitenciarios, es deducible si no están allí recluidos, que nada pueden relatar sobre lo que les conste o no de los hechos por lo que se sigue la investigación, es francamente cuestionable la pretensión de enjuiciar al señor Expresidente de la República y solo se infiere querer detenerle por el odio que se ha enraizado en algunos integrantes de esa cuestionada Corte.

De las 25 personas llamadas  a declarar están Piedad Córdoba, Iban Velázquez que se conoce de antemano la animadversión hacia el expresidente. Otro copioso número de  paramilitares que bien se sabe que en su Gobierno Uribe les declaró la guerra y extraditó la mayoría de ellos. Se impone obligada pregunta. ¿No será que esta amplia prueba testimonial parece más amañada para  condenarle que realmente sea procedente en  función de llegar a la verdad?

En fin no quedará claro porque insisten en juzgarlo en única instancia cuando ya existe norma de superior jerarquía que estableció para los aforados, en este caso congresistas las dos instancias de ley. Sabido es que siempre la ley más favorable en materia penal siempre será preferente a la menos favorable, en el caso la de una única instancia.

Bogotá, Julio de 2018

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Colombia Reclama Con Urgencia Reformar la Justicia

Sólo saber de la existencia del denominado “cartel de la toga” genera pánico y sería suficiente para ya entender que hay que reformar la justicia en Colombia. Que se conozca en los anales de la historia,  ningún país libre ha llegado a tener semejante operación criminal.

En materia penal el antecedente de lo que es un cartel criminal tiene su origen en  conductas de empresarios reprochables  que propiciaron prácticas anticompetitivas,  para sacar del mercado la competencia mediante acuerdos amañados de precios, arreglo de licitaciones,  división o reparto de mercados  en fin conductas que se hizo necesario tipificar y judicializar cuando ocurriese. –

Pero la expresión que más comprende el común de las personas para referirse a un “cartel”, es que se trata de un “concierto para delinquir”; pero alarma cuando se etiqueta el de la “toga” y no a cualquier nivel de operadores de justicia, se enquistó en las más altas cortes colombianas.

Tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia dos de ellos encarcelados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernándezotro al parecer fugado que pronto deba ser detenido José Leonidas Bustos Martínez son sin duda los artífices de tremendo plan criminal que se descubrió gracias entre otros  a la confesión de uno de sus compinches el otrora zar de anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera quien se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos y acaba recientemente de dejar saber y señalar que el ex fiscal y ex vicefiscal Eduardo Montealegre L. y Jorge Perdomo,  son parte de ese entramada delincuencial.

Cuánto daño la han hecho al país instrumentado mecanismos para enriquecerse indebidamente, aprovechándose de información privilegiada, usada como máquina de extorsionar a delincuentes políticos y de cuello blanco, enlodar testigos que gozaban de credibilidad;  en fin todo,  un aparato para manejar a su antojo la Justicia que les confiaron pero que fallaron a la honorabilidad y dignidad de la majestad que impone administrar justicia.

No es de recibo que la Corte Suprema de Justicia que recientemente  separara  del conocimiento a la magistrada Cristina Lombana recusada por el senador Iván Cepeda dizque porque ya hace  más de 20 años cumpliera un trabajo de abogada  en la oficina del defensor Jaime Granados.  Ese impedimento no existe pero si es claro que desde la época reprochable de Leonidas Bustos, y otros exmagistrados,  se tiene en la mira judicializar al expresidente Alvaro Uribe Vélez, que creyó y denunció ante la justicia el comportamiento del senador Cepeda de visitar las  cárceles buscando posibles testigos que, en giro poco imprevisible,  hizo que  de denunciante pasara a denunciado y ser investigado.

Pero no solo a la Corte Suprema se le cuestiona. Las quejas por doquier caen en la Corte Constitucional que en fallos discutibles y reforzados desconoció olímpicamente la decisión de un pueblo soberano de no aprobar la Paz. Esos fallos, y aquel por ejemplo de no mantener un régimen  impedimentos para los magistrados de la JEP, similar al de todos los jueces, que de haberlo sido,  por lo menos el 30% de los magistrados designados en la Jurisdicción Especial para la Paz estarían inhabilitados; peor fue, mantener el narcotráfico como delito conexo al delito político o reiterar que el conocimiento del reclutamiento y violación de menores no era del resorte de la justicia ordinaria sino de esa jurisdicción son aberrantes. De todas formas de esta Corte Constitucional es mucho peor, su intromisión en la Rama legislativa. Vía fallos judiciales se legisla y no se respeta división de poderes.

El Consejo de Estado no se queda atrás. Aún no se sale del asombro las condenas a la Nación por la Masacre de Bojayá, o por la condena al estado por el atentado con Bomba al Club el Nogal.

La JEP o Supra Corte si, como dice el común de las gentes,  lleno la tapa y no puede ser como dijo equivocadamente la exministra de justicia Gloria María Borrero,  que  poco aprendió  de justicia en su paso por la corporación excelencia de la justicia “que aquella vino para quedarse”, no está en mora de irse.

El propio Timochenko confesó que ellos la hicieron a su medida. Es un tribunal que en el tiempo de operación que lleva, injustificadamente alargó su período y está  claro que es un tribunal hecho a la necesidad de las otrora Farc. En cambio, para los militares y agentes del estado, ya es hoy calificada como  un tribunal de la infamia.

Tomar más de un año, en el caso de “alias” Jesús Santrich para confirmar  si se cometió en determinada fecha el delito es francamente risible y preocupante. Su fallo que poco lo es,  desconoce claros tratados internacionales. Cuando tenían la posibilidad de demostrar imparcialidad, confiesan en cuestionado comunicado que son un tribunal político,  garante  de la paz que se opone a la extradición. Es desde luego, rescatable, los  dos excelentes salvamentos de voto de las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez pero la decisión de los  tres magistrados de la sala de Revisión Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Caterina Heych Puyana y Adolfo Murillo Granados resulta presuntamente prevaricador.

Triste pero real. La Rama judicial no nos equivocamos esta infestada y requiere cirugía de precisión. No puede ser su solución un engorroso trámite de un referendo, no la enfermedad ya hizo metástasis y reclama actuar de inmediato con una reforma integral a la justicia que solo se consigue si el Gobierno del Sr Presidente Iván Duque reconsidera su decisión y convoca de inmediato la Constituyente.

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