NO BASTA CON QUE SÓLO DIGAN LA VERDAD

Que enseñanza y aplicación de lo que es la DIGNIDAD. Los colombianos nos quedamos admirados de la actitud decente ejemplar y por supuesto admirable de la postura de la Sra. Carmenza López que, en un evento promovido por la Alcaldía de Bogotá, rechazó de manera clara, humilde y respetuosa no aceptar el abrazo hipócrita que le propuso la señora Griselda Lobo Silva que le encanta presentarse con su alias o nombre de pila Sandra Ramírez, quien en el pasado fuera la compañera permanente del peligroso terrorista alias Tirofijo.

En forma categórica la víctima de las Farc fue clarísima en indicar: “Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad, una verdad justa y honesta”. Que claridad y que profundidad la calificación “justa y honesta”, a contrario sensu como decimos los abogados, no quiero una verdad mentirosa y deshonesta.,

Doña Carmenza, expresión de respeto para aquella persona que se lo ha ganado, no sólo por su gesto y respuesta, sino por provenir en ser de origen noble, le asisten todos los derechos para exigir sea enterada a cabalidad de la circunstancia en que ocurrió la muerte de su marido.  Se necesita sin rodeos,  alabanzas y engaños que le entreguen la verdad de lo que pasó con su cónyuge Guillermo, quien fuera secuestrado y asesinado por el grupo subversivo de las Farc, en el año 2008 en el Sumapaz. A ese resonante grito, nos sumamos todos los colombianos a través de la sociedad civil, pero agregamos que no basta que sea sólo que digan la verdad, deben también cumplir con la justicia, desde luego con la reparación y no repetición.

Esos postulados, no se han cumplido hasta ahora. Los perdones públicos parecen más bien actos calculados de populismo. Es que no hay derecho a tanto muestra que pareciere “cínica e hipócrita” de querer abrazar a una víctima que, de haberlo permitido, la hubiese re victimizado más esa exguerrillera que por una concesión en la negociación con Santos, funge como Vicepresidenta del Senado. No se olvide que ella es conocedora de todos los secretos y actos de maldad y criminalidad ordenados entonces por su amante compañero Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”, apodo por las bajas que infringiera con un rifle 22 a los soldados de la Patria y, quien no se olvide, tiene un hijastro hoy levantado en armas contra la República. 

Si la verdad que dicen van entregar sea como la que se conoció ahora extendió en su versiónPastor Lisandro Alampe Lascarlo, en la que dejo saber que “desconoce de una serie de casos mientras se encontraba en las filas y al frente del Bloque Magdalena Medio” es entonces procedente que refresque su memoria con el relato que en el programa de la Hora de La Verdad entregó valientemente Alexander Vargas. El país quedó atónito con su crudo y documentado relato.

Quien comete falta o crimen siempre es amigo que su pecado se esconda al abrigo de la oscuridad. La forma como se conocen las supuestas versiones de quienes hasta ahora han concurrido hacerlo, extrañamente en un tema de tan magnitud lo hacen a puerta cerrada, bastante contrario como le corresponde hacerlo a los agentes de estado, militares y policías al entregar sus versiones que lo es en público.

Es tan inequitativo y tan absurdo el procedimiento para salvaguardar estos individuos que se les conoce un nuevo estilo de informar. Lo es a través de comunicados, como las altas cortes, de tal manera que no se permite que se escuche el relato en la JEP, que se recuerda en las voces de Rodrigo Echeverri alias Timoleón Jiménez o Timochenko fuera hecha a la medida del vestido que necesitaban. Son tan precarios y ofensivos esos comunicados que para formarse un criterio de ellos basta registrar el que acaba de extender Martín Cruz Vega, compareciente ante la JEP

“Con profunda tristeza me permito manifestar ante Colombia que nos equivocamos, y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras, fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las Víctimas”. (https://twitter.com/partidofarc/status/1298825580352278528?s=12)

Grotesco ver que este vocero de ese movimiento FARC trate un crimen atroz de lesa humanidad como es el reclutamiento de menores de esa manera. Disfrazarlo de error, vaya voluntad de paz y verdad la que quieren entregar si de esta forma descarada camuflan su atrocidad. Ese equivocado proceder es volver a revictimizar más a los niños reclutados muchos de ellos muertos, otros desaparecidos y los que sobrevivieron con secuelas físicas y afectaciones psicológicas de por vida.

Si hay algo claro y contundente frente al tema del reclutamiento son las denuncias públicas que han formulado la Corporación Rosa Blanca, Fevcol y Manos por la Paz. En los oídos de los ciudadanos no se olvidan los testimonios desgarradores de las jóvenes de Rosa Blanca en la forma que fueron reclutadas y obligadas abortar. Ahora se anticipan ya dos informes entregados por el valiente periodista Herbin Hoyos sobre el reclutamiento de menores que dejan saber la gravedad de los delitos que no sólo son el reclutamiento sino también el fusilamiento.

Si la Jurisdicción Especial para la Paz fue hecha a la medida que dejo saber Timochenko, pareciera se anticipa que no se vaya a cumplir conocer la real verdad de lo ocurrido en el largo conflicto interno (53 años), por supuesto la reparación no va llegar, la no repetición tampoco pues baste ver lo que hacen las denominadas disidencias que siguen delinquiendo y desde luego, la total ausencia hasta hora de justicia,  que permite concluir sin asomo de duda que hasta el momento los señalados victimarios gozan de completa impunidad.

Bogotá, D.C. agosto 29 de 2020

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de Opinión

FRANCISCO DE ROUX, NO POR SER SACERDOTE SE ESTÁ CON LA VERDAD

En abril 4 de 2017 mediante Acto Legislativo 01, se creó un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Como consecuencia de ello nació La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sujeta a un régimen legal propio. En el artículo transitorio 2° se puntualizó que   la Comisión es un órgano temporal, de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al “esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. Mediante decreto 588 de 2017 se organizó entonces la Comisión, que es más conocida como la Comisión de la Verdad.

El artículo 8 del Decreto 587 de 2017 fue enfático en señalar que los procedimientos de postulación y escogencia debían ofrecer garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia, tanto a la sociedad colombiana como a las víctimas. El mentado proceso de selección individual necesitaba contar con la adecuada idoneidad ética de los comisionados, una correcta imparcialidad que evitará un sesgo ideológico en la construcción de memoria histórica, incluyendo la ausencia de conflictos de intereses.

Para la época de su conformación quedó en evidencia la injerencia del Secretario de Naciones Unidas y La Corte Europea de Derechos Humanos para elegir aquellos que serían los llamados a esclarecer la verdad en 53 años del conflicto interno. Se comenzó mal en la forma escogida para hacer la elección, bajo ninguna circunstancia se debió permitir la participación foránea.  El Comité de escogencia dio a conocer once nombres: seis hombres y cinco mujeres que representaban diversas regiones del país. Una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos; fueron elegidos entre 208 personas que se postularon.

La elección de Francisco de Roux dejó bastantes incertidumbres, no sólo por su imposibilidad de ejercer el cargo desde una perspectiva ética y canónica, sino también por su marcada tendencia a reivindicar la lucha de movimientos campesinos e indígenas desde una perspectiva dialéctica. Al respecto, el inciso 3 del canon 285 del Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983, establece que; les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”. Anotando, que la participación en los encargos que tienen como finalidad el servicio a la comunidad desde altas dignidades del Estado, se reservan para los laicos.

Los sacerdotes que sirven al bienestar de su comunidad lo hacen desde los sacramentos que emanan desde los cimientos del catolicismo, apartándose específicamente desde la polarización que implica estar en el debate de los asuntos de la vida nacional. Si bien, el Código de Derecho Canónico no es una ley de la República, su articulado no implica en modo alguno fuerza material de ley, se entiende que su incumplimiento no le es exigible a las autoridades de la nación, pero si, a las correspondientes autoridades eclesiásticas que para el efecto señale la Iglesia Católica. Si esto es así, ¿Estaba Francisco de Roux legitimado moralmente para ser comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición?, y, en ese caso ¿no debería ser sancionado por las autoridades de la Iglesia Católica por incumplir los deberes que le impone el Código de Derecho Canónico?, Con ello, solo se puede concluir que, no extraña ni sorprende el silencio hasta hoy de la iglesia en estas circunstancias, en otras épocas quizás no habría sido así.

Gracias a la firmeza, decisión y valentía del Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis, comisionado de esa entidad se conoció el pasado 24 de julio de 2020, en manifestación que extiende a los comisionados, una contundente denuncia que a manera de interrogantes deja conocer la actuación parcializada y sesgada de esa entidad en la que el Presidente de la Comisión asumió su responsabilidad por la censura o veto conocido. Esos excesos que no están en sus funciones como Presidente de la Comisión, impidieron que se expusieran desde otra perspectiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dieron los hechos que tuvieron lugar, específicamente en el Batallón de la Popa, donde el Coronel (RA) Hernán Mejía Gutiérrez fungió como comandante. 

Tiene pues la CEV la búsqueda de las causas del conflicto que  transversaliza a través de patrones sistémicos y masivos a partir de un enfoque territorial, en la que el papel de identificar a los responsables se hace desde una perspectiva colectiva y no individual. Para lograr tal objetivo, convoca a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces, se impone obligada pregunta ante los hechos que acaba de conocer la opinión pública ¿porqué fue vetado el evento organizado por el comisionado Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina Galvis? ¿Cuáles son las explicaciones que se utilizaron para censurar la participación de los panelistas en el evento organizado por el Comisionado Ospina, aún a sabiendas de que la Comisión de la Verdad tiene una función pluralista de escuchar a todo aquel que haya tenido injerencia en el Conflicto Armado Colombiano? ¿Acaso esta en las funciones del Presidente de la Comisión (Articulo 21) citar a un expresidente de la República para abrirle un espacio para contar ese si una “verdad” que nadie cree?.

Mientras se espera se resuelvan los puntuales interrogantes se anticipa de alguna manera que el cargo que ocupa el padre Francisco de Roux, le obnubiló, o como se dice en el común, se le subió el cargo a la cabeza, y deja conocer esa faceta desconocida u oculta de una personalidad arbitraria o para otros autoritarios, llegando a extremos inadmisibles, contrarios a lo que se espera del capitán del barco. Su proceder y justificación de un hecho que no tiene asidero legal le hace estar incurso en una conducta reprochable que debe ser materia de investigación. 

No quepan dudas sobre el propósito que animó la creación de La Comisión de la Verdad, pero el manejo sesgado e irresponsable que le imprime ahora su conductor, deja saber que se perdió el norte, y se casó ideológicamente con una visión de la historia para que sea contada por aquellos que siempre fueron parte del problema de la sociedad colombiana, y hoy, se presentan como figuras intachables que enjuician a todo aquel que se atreve a decir la verdad y lo hacen censurándolos.

En conclusión, o corolario, la censura y veto en que acaba de incurrir la Comisión de la Verdad con uno de sus integrantes, es la clara demostración que primó su sesgo ideológico y sectario, que ya anticipa, descalifica y pone por completo en entredicho la versión o relato final que entregue esa entidad al concluir su mandato que es de tres años de los cuales se han cumplido ya dos. Hoy, la sociedad civil, le compete exigir que se cree y conforme una verdadera “Comisión Civil de la Verdad”, en la que se escuchen todos los autores del conflicto, en particular los militares que en esos 53 años del conflicto tuvieron injerencia y actuaron con sus armas en nombre de la República. La historia triste y sangrienta del conflicto colombiano en cerca de medio siglo, no se puede reescribir con claro sesgo parcializado, las generaciones futuras que conozcan la trágica historia del conflicto colombiano merecen respeto.

Bogotá, D.C. Julio 31 de 2020 

BERNARDO HENAO JARAMILLO

Columnista de opinión